AGLI

Recortes de Prensa     Sábado 6 Julio  2002
Leviatán de feria
IGNACIO SÁNCHEZ CÁMARA ABC 6 Julio 2002

El fin del victimismo
Enrique de Diego Libertad Digital  6 Julio 2002

Terrible
Luis María ANSON La Razón  6 Julio 2002
 

EL CONTADOR PARA ILEGALIZAR BATASUNA YA ESTA EN MARCHA
Editorial El Mundo 6 Julio 2002

La honestidad del nacionalismo vasco
EMILIO LAMO DE ESPINOSA El País  6 Julio 2002

La serpiente empieza a pagar
ISABEL SAN SEBASTIAN El Mundo 6 Julio 2002

La sorpresa de Garzón
Lorenzo CONTRERAS La Razón  6 Julio 2002

Sube Redondo, baja López
CARLOS DÁVILA ABC 6 Julio 2002

Vivir en paz
Almudena SALAS La Razón  6 Julio 2002

«En ninguna parte del mundo se cuentan los votos que hay a favor de los asesinos»
M. A./ERMUA El Correo 6 Julio 2002

El Diccionario de la RAE se pondrá continuamente al día en Internet
EFE ABC 6 Julio 2002

 

Leviatán de feria
Por IGNACIO SÁNCHEZ CÁMARA ABC 6 Julio 2002

El Estado no es pura fuerza, pero no hay Estado sin amenaza del uso de la violencia. Así ha sido tanto en la teoría política moderna como en la realidad histórica. El concepto de soberanía de Bodino entraña la idea de un poder supremo. Y no hay poder sin coacción. Hobbes denominó Leviatán, nombre de un monstruo bíblico, al Estado, cuyo título de legitimidad no es otro que el de garantizar la seguridad de los ciudadanos mediante el uso de la violencia. También Rousseau considera que la fuerza es ingrediente esencial de la voluntad general. Según Burckhardt, el Estado es el que manda y sus secuaces, y Max Weber sostuvo que la esencia del Estado se encuentra en el monopolio de la violencia legítima. Un Estado que no ostenta el monopolio de la fuerza sino que, por el contrario, la padece, deja de ser un Estado.

Y he aquí que en una región de España, quizá la más castiza de todas, los dos grandes partidos de ámbito nacional apenas pueden completar sus listas electorales. Siguiendo este camino, el Estado español acabaría por ostentar el monopolio del miedo legítimo ante el terror ilegítimo de una banda criminal y de sus secuaces. Entonces ETA sería el Estado, por más que lo fuera ilegítimo y totalitario. Es en este contexto, propio de un risible Leviatán de feria, donde surge la cuestión de las listas conjuntas. Pero el problema no es ése; el problema consiste en determinar si en el País Vasco existe democracia, si existen las condiciones de posibilidad de unas elecciones libres. Si la vida de un candidato corre peligro por el hecho de no ser nacionalista, no cabe hablar de libertad. El miedo y la libertad son incompatibles. En estas condiciones, las elecciones no serían libres ni, por tanto, legítimas. El PSOE, perdido el norte patriótico, establece su patético orden de prioridades. Primero, intentará formar sus propias listas, si el miedo no lo impide. En segundo lugar, es decir, si quiebra el Estado, listas conjuntas pero con todos los «demócratas», incluidos los que apoyan su gobierno en Batasuna y quienes se oponen a la ilegalización del terror y a los autos ejemplares del juez Garzón. Y, por último, no acudir a las elecciones. Como se ve, en cuanto a listas, nada sin el PNV y todo menos ir solos con el PP. Una mezcla perfecta de coherencia y dignidad. Y mientras, Leviatán convertido en un muñeco de feria. Y uno se pregunta acerca del desuso de los preceptos constitucionales que permiten restaurar el orden y la libertad donde no existen e impedir que las competencias educativas regionales se utilicen para inculcar el odio a España y la falsificación del pasado y del presente. Sólo atempera el escarnio indigno la actitud firme del PP y de la parte marginada del PSOE y, sobre todo, la conducta heroica de sus cargos y concejales en el País Vasco, que rebasan con mucho lo que les exigible. En ellos reposa lo que le queda de dignidad al Estado en el País Vasco. Pero el heroísmo puede tener fecha de caducidad.

Menos mal que apuntan síntomas mejores. La ley de Partidos, que permite ilegalizar al partido del terror, e iniciativas como la del juez Garzón, felizmente empeñado en cumplir con su deber, cosa no insólita, pero tampoco generalizada, y en devolver a Leviatán parte de la dignidad perdida. Como informaba ayer ABC, ante este acoso legítimo, Batasuna traslada su infraestructura a Francia. Pero el Gobierno de París ya ha prometido intolerancia con el terrorismo. Son otras ventajas del europeísmo y de la globalización. Cruzar una frontera ya no impide que un terrorista conserve su naturaleza criminal.

El fin del victimismo
Enrique de Diego Libertad Digital  6 Julio 2002

Cuando en nombre del nacionalismo se ha asesinado a cerca de mil personas, el recurso al victimismo... nacionalista va más allá de la falacia para entrar de lleno en el sarcasmo. El auto del juez Garzón está teniendo la virtud de poner nervioso a partidos políticos que, si de verdad fueran democráticos y estuvieran a favor de los derechos humanos, deberían estar satisfechos de que los verdugos indemnizaran a las víctimas. Lo lógico sería que el gobierno vasco se mostrara encantado, pues su primer objetivo ha de ser que se cumpla la legalidad; de que, por ejemplo, los agresores indemnicen al diputado Rabanera, cuya academia ha sufrido cuatro agresiones en lo que va de año. Por el contrario el gobierno vasco se ha puesto histérico intentando que se mantenga la impunidad actual del terrorismo, que ellos mismos, con pretensiones de eufemismo comprensivo, bautizaron como de baja intensidad.

PNV y EA –desde Egibar a Azkarraga y Atutxa– están mostrando que necesitan a Batasuna para sus intereses electorales. Nada hay en el auto de Garzón que diabolice una idea –en el argot nacionalista, pues la diabolizada de hecho es la constitucionalista– ni que plantee más cuestiones de fondo que la evidente responsabilidad de Batasuna en la kale borroka. ¿Necesita el PNV que ese terrorismo callejero se mantenga como forma de amedrentamiento de los políticos constitucionalistas y como medio para que no puedan entrar en el normal contacto con los ciudadanos? PNV y EA se están mostrando como los “padrinos” de Batasuna. Han pervertido todos los principios –como suele suceder cuando se “comprende” y se aprovecha la violencia– y, entre ellos, el de la Justicia. Aspiran a que no exista el imperio de la Ley, y a que los matones campen por sus respetos, en beneficio de quienes tienen, al tiempo, la osadía de presentarse como garantes del orden. Del orden del miedo y la coacción.

Terrible
Luis María ANSON La Razón  6 Julio 2002
de la Real Academia Española

Dos grandes partidos juegan en España el papel de la alternancia democrática, robustecida por otras agrupaciones que permiten formar mayorías cuando los resultados lo exigen. Es terrible que en una región española, zarandeada por la dictadura del miedo, esos dos grandes partidos, en lugar de contender entre ellos, deban ponerse de acuerdo e, incluso, en algunos pueblos presentar listas conjuntas porque no se encuentran en número suficiente candidatos socialistas o populares dispuestos a arrostrar la situación.

Los errores acumulados por la UCD de Suárez y Calvo Sotelo, por el PSOE de González y el PP de Aznar han conducido a la situación límite que se vive en las provincias vascongadas. La falta de sentido histórico, la ligereza y el oportunismo han presidido la política de los Gobiernos nacionales hacia el País Vasco. Se sembraron vientos. Soplan huracanes. Se levantaron polvaredas. Ahí están los lodos engendrados. Aznar ha reaccionado ya y ha empezado a tomar las medidas que hace mucho tiempo debieron ponerse en marcha frente al contoneo provocador de los terroristas.

El martes, Javier Arenas tuvo una intervención espléndida. La gran alianza en el País Vasco puede no ser necesaria. Pero si lo fuera, PP y PSOE deben tenderse la mano con generosidad. Redondo Terreros y Mayor Oreja abrieron el camino. Los socialistas tienen el deber moral de transitarlo si hiciera falta, en lugar de entregarse al devaneo con Arzallus y sus marionetas. Pero vuelvo a repetirlo. Es terrible adónde se ha llegado en esas maravillosas provincias vascongadas que desde los balbuceos primeros de la Hispania están en el centro neurálgico de la identidad histórica española.

EL 'CONTADOR' PARA ILEGALIZAR BATASUNA YA ESTA EN MARCHA
Editorial El Mundo 6 Julio 2002

El auto del juez Garzón, que acredita que ETA y Batasuna son un mismo sujeto con distintos brazos, y el acoso que los radicales vascos ejercen contra concejales no nacionalistas son elementos que entran de lleno en las causas de ilegalización de un partido incluidas en la ley que ya está en vigor. De acuerdo con las declaraciones -claras y explícitas- del ministro de Justicia, Angel Acebes, el «contador» en el que se medirán las actuaciones susceptibles de ser invocadas por el Gobierno para pedir la ilegalización de Batasuna ya está en marcha.

Así, la Ley de Partidos recoge como motivos para instar a la ilegalización, que se «intimide» o «aisle socialmente» a quienes se oponen al terrorismo, haciéndoles vivir en un ambiente de coacción. Es evidente que las amenazas contra los ediles entran de lleno en este supuesto. Por otro lado, la acreditación judicial de que Batasuna «colabora y coopera a los fines de una organización terrorista a través de sus actividades», se ajusta al capítulo de la Ley que habla de «dar cobertura a las acciones de desorden, intimidación o coacción vinculadas al terrorismo y la violencia».Todo parece indicar que el Gobierno esperará unos meses antes de instar a la disolución de Batasuna con el fin de demostrar que estas conductas son «reiteradas» en el tiempo, tal y como se señala en la citada Ley.

Mientras la coalición radical tiene sus días contados dentro de la ley y el juez Garzón sigue los pasos para embargar los 1,2 millones de euros en subvenciones que recibe del Gobierno y el Parlamento vascos y navarros así como un centenar de sedes en otras tantas localidades. Los nacionalistas intentan disimular -sin éxito- la cobertura que prestan a la coalición proetarra.La Mesa de Arkaute -en la que también participa el PSOE- ha aprobado medidas para ayudar psicológicamente a las víctimas de amenazas y facilitarles el cambio de domicilio y de matrículas de los vehículos.

Iniciativas positivas, pero superficiales y defensivas. Los concejales se sentirían más protegidos si el Gobierno vasco, en vez de costear el cambio de puerta de sus casas, acosara con todas las consecuencias a quienes las rompen. El PNV hace causa común con los proetarras e incurre en una contradicción al decir que no hace falta la Ley de Partidos porque el Código Penal tiene instrumentos suficientes para ilegalizar a una formación vinculada al terrorismo y cuando un juez decide aplicar este código le acusa de estar al servicio de la política del Gobierno. ¿En qué quedamos?

Para saber qué causa defiende el lehendakari, basta recordar que, a pesar de los llamamientos del PSOE para que acudiera a la concentración de anteayer en defensa de los concejales amenazados, Ibarretxe prefirió asistir a un acto de homenaje a refugiados de la posguerra en la localidad francesa de Bidart.

La honestidad del nacionalismo vasco
EMILIO LAMO DE ESPINOSA El País  6 Julio 2002

Emilio Lamo de Espinosa es catedrático de Sociología de la UC y director del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos.

Los vascos carecen de libertades. Cualquier análisis que se haga sobre el País Vasco debe partir de un dato radical: Euskadi vive en un estado de excepción democrático continuado. No se trata de hacer un juego de palabras que prepare el camino desde un estado de excepción de facto a otro de iure, sino de comprender simplemente que la sociedad vasca vive en una situación muy alejada de la normalidad democrática. Por una vez tiene razón ETA: los ciudadanos vascos carecen de libertades. Cuando la mitad de los diputados vascos y buena parte de los concejales necesitan escolta para protegerlos de un asesinato inminente es que no hay normalidad democrática. Cuando más de 3.000 ciudadanos, según escribió el comisario de Derechos Humanos Gil-Robles, viven bajo la misma amenaza y miles de empresarios son chantajeados, nos encontramos con una sociedad sometida al yugo de una mafia, mucho más poderosa de lo que pudo ser el Chicago de Al Capone o la Sicilia del juez Falcone, y más próxima a la violencia de los camisas pardas o los jóvenes nazis en los días finales de la República de Weimar. 'He podido constatar la realidad de una violencia urbana con objetivos políticos de persecución de los no nacionalistas,' señalaba Gil-Robles, para añadir: 'Ya nadie niega esta violencia que se burla cada día de los derechos humanos de numerosos ciudadanos vascos'. Éste es el punto de partida, dramático pero cierto, de cualquier análisis sobre el País Vasco. Hace años pudo ser una sociedad en paz esporádicamente asaltada por la violencia; hoy es una sociedad que ha interiorizado (hacia adentro, psicológicamente) e institucionalizado (hacia fuera, sociológicamente) esa violencia, de modo que ella es la realidad más real, la verdad más verdadera y la certeza más cierta de la vida cotidiana. Digámoslo claramente: no hay verdadera democracia en Euskadi.

Luego, recobrar la libertad es el objetivo prioritario. La situación es tan grave y el deterioro de la convivencia tan profundo, que cualquier otro objetivo político que pueda aventurarse es claramente secundario. No es de sorprender que, preguntados los ciudadanos vascos por los problemas de Euskadi, el fin de la violencia es siempre el primero y principal. Y es lógico, pues eliminar la violencia para establecer un orden pacífico de convivencia no es un objetivo político, sino pre-político, constituyente de la misma sociedad política, que no existe en tanto no se haya eliminado el estado de guerra. He escuchado a Ibarretxe en varias ocasiones hablar sobre la situación en Euskadi y siempre insistía sobre el magnífico estado de su economía o de los servicios públicos. Sé que tiene razón en ello, pero todo modo de ver es un modo de no ver, y la insistencia en esos éxitos sólo sirve para ocultar el horror en el que viven muchos miles de ciudadanos. La deshonestidad del PNV y, en general, del nacionalismo vasco, empieza aquí: al no hacer del restablecimiento de las libertades el objetivo prioritario al que supeditar radicalmente todos los demás. Tiene razón el lehendakari al decir que la violencia de ETA no le debe impedir defender su ideario nacionalista, pero lo que olvida es que esa misma violencia sí impide a otros hacer lo propio.

Pero no hay condiciones para el diálogo político. Pues la consecuencia evidente de ese estado de cosas perverso es que es muy discutible que en Euskadi haya hoy condiciones objetivas que permitan la formación de una voluntad ciudadana. Todos hemos presenciado cómo, durante las últimas elecciones, algunos candidatos tuvieron que ir a votar con escolta. Muchos de ellos, todos los no nacionalistas, tienen que hacer campaña electoral acompañados de una nube de protección. Dos de cada tres vascos aseguran tener mucho miedo a la hora de participar en política, pero ese miedo es doble entre los no nacionalistas que entre los nacionalistas, de modo que no es de sorprender que el PP o el PSOE tengan serias dificultades para confeccionar sus listas de candidatos o para sustituir a quienes son asesinados o, simplemente, arrojan la toalla. Y si no hay libertad para el sufragio pasivo, tampoco la hay para el activo. Sólo uno de cada cuatro ciudadanos asegura sentirse libre para hablar de política; otros tantos aseguran que no tienen confianza con nadie, y el resto, la mitad, sólo tiene confianza con unos pocos. Los medios de comunicación son objeto de amenazas. Los profesores de universidad son vigilados por sus mismos alumnos. ¿Cómo abordar un debate político honesto en tales condiciones? Sería interesante contrastar en qué medida las exigencias que Naciones Unidas impone para dar validez a procesos electorales en democracias emergentes se cumplen o no allí. De nuevo tiene razón ETA: hay que dejar hablar a los vascos. Hoy no pueden hacerlo sin arriesgar su vida. Y, por supuesto, pretender debatir en tales condiciones nada menos que la eventual autodeterminación del País Vasco es una simple burla de la democracia.

El nacionalismo es parásito objetivo de ETA. Es ahora cuando la deshonestidad del nacionalismo vasco se hace más evidente. No voy a decir, pues sería falso, que el PNV no busque el fin de la violencia. Pero lo grave es que al hacer avanzar otros objetivos políticos sin supeditarlos al primordial, se aprovecha objetivamente de la asimetría de espacio público que genera ETA. El nacionalismo vasco, le guste o no (y no dudo que a muchos de sus votantes les disgusta) se encuentra así en una relación objetiva de free-rider o gorrón en relación con ETA. Aceptemos, pues, que desea acabar con ETA. Aceptemos incluso que no desea obtener beneficios de la violencia; no tenemos por qué hacer juicios de intenciones. Pero el hecho objetivo es que se aprovecha de esa violencia en tanto en cuanto ella genera un clima de opinión que refuerza sus argumentos y silencia los contrarios de modo que nacionalistas y no-nacionalistas no se enfrentan en un espacio público simétrico, sino con las cartas marcadas. La política del PNV, sus discursos y argumentos, sus ideas, símbolos y banderas, reciben a diario una prima, un dividendo de la violencia, que es pagado por los ciudadanos chantajeados y atemorizados por ETA.

El PNV no puede zafarse de esa asimetría, incluso si nada tiene que ver con ella. Podría alegar falta de culpa, pero no puede alegar ignorancia. Y mientras se beneficie de la falta de libertades de los vascos, como lo hace actualmente, su política será deshonesta en términos democráticos, pues obtiene rendimientos de lo que dice rechazar.

Y nótese que, en contra de este argumento, nada vale el tu quoque: también el PP se beneficia electoralmente de la violencia. Pues ni el PP ni el PSOE (ni la Guardia Civil o la policía) impiden a los vascos que hablen y se expresen libremente. La amenaza viene sólo de un lado; el silencio afecta sólo a una parte. No estamos hablando del uso electoral de la violencia, sino de ella misma como elección alternativa y previa. Antes de que la gente pueda pensar, ya está amenazada y esa amenaza es la elección misma.

El nacionalismo vasco puede recobrar la honestidad política. A mi entender, el nacionalismo vasco sólo tiene dos modos de zafarse del dilema moral objetivo en el que se encuentra: bien tratando de restablecer el equilibrio mediante algún modo de discriminación positiva que favorezca a los no-nacionalistas, bien posponiendo sus demandas nacionalistas hasta el fin de la violencia.

Teóricamente, la primera sería una solución elegante que restablecería el equilibrio. No es impensable, desde luego, y algo de eso ya se ha hablado, pero no es nada fácil de implementar, pues no basta con hacer listas conjuntas aquí o allí, como si la violencia tuviera espacios definidos. Si el PNV deseara de verdad apoyar una discriminación positiva sería necesario ir a la formación de un Gobierno de salvación democrática que anteponga la recuperación de la libertad a cualquier otro objetivo, firmando con el PSOE y el PP un nuevo pacto antiterrorista que sirva de programa del nuevo Gobierno. Es evidente que el PNV está hoy a mil leguas de ese hipotético Gobierno de salvación nacional que antepondría la recuperación de la libertad a cualquier otro objetivo.

De modo que ambas soluciones confluyen en la segunda. El PNV debe aceptar que, si el nacionalismo se beneficia hoy de la violencia, el único modo de hacerla inútil es negarse a obtener dividendo alguno de ella. Lo que significa que, aun cuando siga gobernando, debe posponer todas y cada una de las políticas y objetivos específicamente nacionalistas al fin de la violencia etarra manifestado en una tregua indefinida y sin condiciones. Sólo así puede ser aceptado como partido democrático que se niega a obtener réditos del asesinato. Creo recordar que esto mismo fue lo que sugirió el lehendakari Ardanza en Madrid hace un par de años, y lo que latía detrás del llamado Documento Ardanza, que algunos apoyamos. Una declaración de este tipo restablece la honestidad del PNV y sitúa el objetivo vasco prioritario (la lucha contra la violencia) como tema central y único al que supeditar cualquier otro, incluidas las diferencias políticas con los no-nacionalistas.

Y puede hacer que ETA sea inútil. Nótese, y no es poca cosa, que una afirmación así del PNV priva a ETA de cualquier sentido, pues a partir de ese momento su violencia deviene inútil, si no contraproducente. Inútil porque ningún asesinato o chantaje hará avanzar la causa nacionalista un ápice, ya que no habría contraparte política para recoger las nueces. Y contraproducente, porque cuanto más tiempo mantuviera ETA la violencia, más se retrasaría el momento de hacer avanzar la causa nacionalista.

Pero nótese también que, si le damos la vuelta al argumento, lo que emerge es que si ETA continúa existiendo es porque alguien recoge los frutos políticos de su violencia. Y así, si el PNV se beneficia objetivamente de ETA, ETA no podría existir sin el nacionalismo democrático. De modo que si el PNV 'no admite bromas' -como dice el lehendakari- respecto el fin de la violencia, ¿a qué espera? ¿Cuánto tardaría ETA en comprender su inutilidad? ¿Cuánto tiempo tendría que renunciar el PNV a sus objetivos nacionalistas? ¿Un año, dos, tres? ¿Es eso un tiempo relevante en la vida de los pueblos? ¿No vale eso la libertad de los vascos?

Sin poner precio a la libertad. Sé que la reacción natural del PNV será pedir, a cambio, una nueva asimetría, a saber: si nosotros renunciamos a nuestros objetivos, que ellos (PP / PSOE) renuncien a los suyos y reconozcan que, eliminada la violencia, se abre el camino para la autodeterminación. Ésa fue justamente la razón por la que se rechazó el Documento Ardanza, porque restablece de nuevo la asimetría, le pone precio a la paz y se cobra el dividendo de la autodeterminación condicionando la libertad al objetivo nacionalista. Es tanto como obtener la gran nuez de la independencia a cambio de dejar de sacudir el árbol.

No sé si el PNV convocará o no un referéndum sobre el referéndum, como han declarado sus portavoces en varias ocasiones, o no lo hará. Pero antes de lanzarse a ello, y de hecho antes de las próximas elecciones municipales, debe responder a este dilema moral que, creado o no por él, le afecta: ¿desea ser un partido democrático que, en condiciones de igualdad, se enfrenta a otros con las mismas reglas del juego o, como ha hecho hasta ahora, pretende seguir obteniendo el dividendo de la violencia? La honestidad y credibilidad democráticas del nacionalismo vasco están en sus manos.

La serpiente empieza a pagar
ISABEL SAN SEBASTIAN El Mundo 6 Julio 2002

Una de las más antiguas y sentidas reivindicaciones de las asociaciones de víctimas de ETA es la que se refiere al pago, por parte de los terroristas capturados y juzgados, de las indemnizaciones fijadas por los tribunales de Justicia. Estas cantidades, que sumadas deben ascender, a día de hoy, a una cifra astronómica, jamás han sido satisfechas por uno sólo de los condenados de la banda, y únicamente hace un par de años, en virtud de la Ley de Solidaridad con las Víctimas aprobada a instancias del PP con los votos de la práctica totalidad del Congreso de los Diputados, sus destinatarios recibieron algo del dinero que se les adeudaba, con cargo, eso sí, a los Presupuestos Generales del Estado; es decir, a los bolsillos de todos los españoles.

Aquella ley terminó con muchos lustros de injustificable abandono y supuso un alivio considerable para la precaria economía de la gran mayoría de las víctimas, pero no ha satisfecho sus ansias de justicia y ha dejado en muchas de ellas un regusto amargo de derrota, porque la solidaridad inexcusable y tardía del conjunto de la sociedad española, con ser indispensable, no puede borrar la intolerable injusticia derivada del incumplimiento sistemático de las resoluciones judiciales, tanto más flagrante cuanto que en algunos casos, documentados por la AVT, los condenados morosos se han beneficiado de las generosas medidas de reinserción previstas por nuestra democracia, y están trabajando para organismos o empresas cercanos al mismísimo Gobierno vasco. ¿Por qué no se les detrae del sueldo un porcentaje destinado al pago de la indemnización fijada en su sentencia condenatoria? ¿Por qué se consiente esa doble forma de impunidad, que constituye una humillación añadida para la víctima? Ese es uno de los múltiples interrogantes que se plantean en torno a la existencia misma de la banda etarra y al modo más o menos acomplejado, o lo que es peor, en algunos casos cómplice, en que hasta ahora nos hemos enfrentado a ella.Una pregunta que se suma a otras muchas, como el por qué de la presencia de un terrorista sanguinario, llamado José Antonio Urruticoetxea, en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Vitoria; o de la existencia misma en nuestro escenario político de un partido como Batasuna, integrado en una estructura terrorista a la que siempre ha prestado apoyo y cobertura; o de las sistemáticas palabras de condena del portavoz del PNV, Joseba Egibar, a las organizaciones de víctimas en lugar de a los asesinos. Preguntas que sólo encuentran respuesta coherente en un contexto de sacudidores de árboles y recogedores de nueces beneficiarios de las profundas convicciones democráticas de quienes les circundan.

Pues bien, precisamente en virtud de esas profundas convicciones, la democracia española, a través de la Ley de Partidos, ha dejado por fin de esperar una conversión milagrosa de quienes la combaten, y ha puesto en marcha la formidable maquinaria de que dispone para defenderse de los que pretenden acabar con ella, mientras el juez Baltasar Garzón reúne con paciencia, una a una, las piezas del gigantesco puzzle de terror al que nos enfrentamos, para poder desmontarlo con las armas del Estado de Derecho al que sirve. Y la pieza financiera no es de las más pequeñas.

Si, una vez demostrada la simbiosis existente entre Batasuna y ETA, el brazo político de la organización terrorista empieza a pagar los crímenes y destrozos perpetrados por sus pistoleros y vándalos callejeros, no sólo conseguiremos dañar seriamente el motor económico que mueve a la serpiente, sino que cumpliremos un objetivo igualmente importante y moralmente inaplazable: que por fin los asesinos resarzan a sus víctimas siquiera por una mínima parte del inmenso daño infligido. Que también en esta faceta las víctimas obtengan justicia.

LA LLAMADA
Un 'buen consejo'

Boca cerrada. Al poco tiempo de leer la carta en la que se le anunciaba que la próxima visita a su domicilio sería para matarle, el concejal socialista de Andoain, José Luis Vela, recibió la llamada de un alto cargo de la Consejería de Interior del Gobierno vasco, con un consejo: dadas las circunstancias, lo mejor que podía hacer el edil amenazado era marcharse del pueblo. Algo parecido le dijeron de la misma fuente al portavoz del Foro de Ermua en Guipúzcoa, Rubén Múgica, tras el asesinato de López de La Calle: «Ya sabes, la mejor protección es mantener la boca cerrada».

La sorpresa de Garzón
Lorenzo CONTRERAS La Razón  6 Julio 2002

El auto del juez Garzón contra Batasuna ha sido la primera y tal vez la definitiva operación que Eta jamás habría esperado. En reali- dad, la Ley de Partidos Políticos se perfilaba como un instrumento cautelar, algo así como un sistema de avisos a través de una serie de normas de aplicación retardada. El Gobierno estaba incluso orgulloso de hacer, sin acabar de hacer, sus deberes, amagando sin dar pero prometiendo dar. Y de pronto llega un juez que se cree su materia y sin pedir permiso, por la sola virtud de sus competencias, aparta pulcramente la Ley de Partidos recién salida de la fragua y la sustituye por una antigua herramienta llamada Código Penal y toda su normativa accesoria. Con Batasuna a la expectativa y sin gran sentimiento de alarma y con el Gobierno vasco en actitud de decirse «a ver qué hacen ahora éstos con el invento», viene Garzón y se adelanta. Con lo cual el Gobierno de Aznar y su ministro del Interior quedan sorprendidos y en la necesidad de felicitar al hombre que acaba de darles una lección de cómo emprender las cosas con la debida contundencia y rapidez. La Ley de Partidos queda en el fondo amortizada, aunque lógicamente esto jamás se reconocerá desde las instancias oficiales. Eta funcionaba libre de problemas financieros y ahora empieza a temer que se les vengan encima. Garzón ha actuado contra su consejo de administración, contra su caja de caudales, confiscándole a plazo el producto de sus extorsiones y de los negocios emprendidos con esos dineros rapiñados.

El Gobierno vasco, por supuesto, ha dictaminado que la conducta del juez ha sido un acto de obediencia al Gobierno central. No ha querido pensar que ha sido un acto de obediencia a la ley, a la ley de siempre, a la ley que el Gobierno central no utilizaba en todas sus posibilidades. El fiscal general pudo ser estimulado en su celo, que es la manera de decir que debió recibir la orden de actuar. Sin embargo, ahí se quedó como tal fiscal, pasivo, pendiente de una ley que ha de ser consensuada en su futura aplicación por parte de todos los partidos y, por tanto, nace con el freno de mano echado.

Que lo sepa el Gobierno vasco, tan interesado en señalar con el dedo al juez Garzón para que vaya tomando más precauciones frente a Eta. Aquí lo que ha habido es un ejercicio de independencia de un juez y no una operación gestada en el Ministerio del Interior. A los nacionalistas vascos les interesaba insistir en la idea de la Ley de caso único, y no tanto, en el concepto de persecución judicial inspirada para acabar con un conjunto de ideas y proyectos independentistas. Ahora tienen que aferrarse a esta segunda teoría. Garzón será lo que sea, y merecerá las críticas que se le quieran dirigir. Pero acaba de hacerle un pie agua al Gobierno y decretar anticipadamente la obsolescencia de la Ley de Partidos o, por lo menos, el fundamento de su significado práctico.

Sube Redondo, baja López
Por CARLOS DÁVILA ABC 6 Julio 2002

Ahora que judicialmente Batasuna está siendo cercada valerosamente por el juez Baltasar Garzón, corre prisa que el PSOE adopte, de una vez por todas, una postura unitaria en el tratamiento no sólo de ETA, sino del nacionalismo vasco. El radical, o sea, el terrorista, y el otro, que ya no se sabe qué demonios es. Resulta estúpido que, a estas alturas, aún haya dirigentes políticos que continúan esperando sentados a que el Partido Nacionalista Vasco vuelva al redil donde habitan los buenos de la película.

Garzón está haciendo el trabajo de demostrar, prueba sobre prueba, qué es Batasuna, pero, sin embargo, el nacionalismo no quiere -porque no le conviene- enterarse de lo que hace Baltasar Garzón. El PNV nunca terminará de condenar definitivamente a sus hermanos separados y en ese viaje siempre encuentra algún aliado. El último, Convergencia i Unió, que desbarra protegiendo a un partido que -lo dicen los catalanes en privado- «hace tiempo que nada tiene que ver con nosotros».

Eso está sucediendo mientras, en el PSOE, sus dirigentes se pierden en florituras dialécticas o en maniobras de distracción con las que el «zapatismo» rehúye cualquier acercamiento al Partido Popular. Les repugna a Rodríguez Zapatero y a Pérez Rubalcaba, el interlocutor último de Arzallus, ofrecer cualquier impresión de unidad con un partido, como el PP, que está tratando el acoso de los asesinos etarras y sus allegados a los representantes vascos del PSOE, como si cosa propia fuera.

La feria de declaraciones contradictorias que mueven los socialistas tiene que acabar urgentemente. Patxi López, el monago que puso en Bilbao José Luis Rodríguez Zapatero, pensaba por su cuenta algo realmente incoherente, y es que el Partido Nacionalista Vasco vendría a sus brazos en el momento en que él se los ofreciera, pero nada de eso hay. Nicolás Redondo Terreros continúa solo, alejado de la política orgánica, y crece y crece a medida que mengua la estatura política de su sucesor.

Al PSOE oficial le da cien patadas esta constancia, pero, por enojosa que sea, es menos perjudicial caer en la cuenta de ella que insistir en una estrategia errónea que conduce al partido, tanto en el País Vasco como en toda España, al desprestigio más absoluto.

Vivir en paz
Almudena SALAS La Razón  6 Julio 2002

Zaragoza, ciudad en la que se ha cebado en múltiples ocasiones la barbarie de Eta, con sangrientos atentados, se pronunció, de forma oficial, en su último pleno municipal, a favor de la Ley de Partidos Políticos. La capital aragonesa, cuya última víctima de la banda criminal fue el presidente del Partido Popular en Aragón, Manuel Giménez Abad, rubricó una moción en cuyo texto se elogia una ley que «permitirá impedir que en nuestro país puedan existir partidos que amparen la utilización de la violencia como forma de actuación política».

Todas las fuerzas políticas, a excepción de los nacionalistas de la CHA, apoyaron la moción. «por obligación moral con las víctimas del terrorismo» y en defensa de los «valores éticos», según aseguró el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza, el popular Antonio Suárez. Por su parte, desde el Grupo municipal del PSOE, proponente de la moción, su presidente Juan Alberto Belloch calificó la Ley como «un instrumento perfecto para ejercer la solidaridad». Belloch ensalzó, a su vez, el «heroísmo cívico» de los concejales del PP y del PSOE en el País Vasco y, en general, «de cualquiera que no tenga la cobertura de unas siglas determinadas».

Es cierto que con la aplicación de esta Ley, aprobada por las Cortes Generales y ya vigente, tras su publicación en el BOE, no sólo se persigue el terrorismo político, pero también lo es que la Ley se ha cambiado para combatir de forma más eficaz la connivencia que ha venido practicando una determinada organización, «disfrazada» con diferentes nombres. Un partido político será declarado ilegal por «fomentar o propiciar el odio o la violencia como método para la consecución de objetivos políticos... por completar la acción de organizaciones terroristas para la consecución de los fines perseguidos... por dar apoyo expreso o tácito al terrorismo... por acompañar la acción de la violencia con programas y actuaciones que fomenten una cultura de enfrentamiento y confrontación civil... por incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo... por utilizar símbolos, mensajes o elementos que representen o se identifiquen con el terrorismo, por proporcionar intendencia o cobertura para la realización de actos terroristas...», entre otras consideraciones.

Transcurridos 25 años desde la aprobación de la primera Ley de Partidos, la nueva ley regula, en general, la ilegalidad de cualquier organización por «vulnerar sistemáticamente o promover, defender o exculpar... los atentados contra la vida, la integridad o la dignidad de la persona o el libre desarrollo de la personalidad o la discriminación, exclusión o persecución de personas por razón de su opinión, nacionalidad, raza, sexo o religión». En concreto, en el punto número uno de su artículo nueve, la Ley dice expresamente que «los partidos políticos deberán respetar en sus actividades los principios democráticos y los valores constitucionales, desarrollando las funciones que constitucionalmente se les atribuyen de forma democrática y con pleno respeto al pluralismo». Por eso, quienes no la apoyan como es el caso de los nacionalistas de la CHA, dejan en el aire algunos interrogantes sobre su modelo de estado.

Al margen de consideraciones legales, la postura de los nacionalistas de la CHA, que en sus diatribas califican el momento actual, de «involucionista», resulta preocupante, en una tierra, la aragonesa, que lo último que necesita es el azote de un nacionalismo radical. No podemos olvidar que «por la lucha armada» de otros nacionalistas, la Comunidad Autónoma de Aragón cuenta, como trágico balance de los últimos quince años, con dieciséis víctimas de Eta. En Enero de 1987, un coche bomba causó la muerte de dos militares en la zaragozana plaza de San Juan de Panetes. En diciembre de este año, Eta perpetró su atentado más sangriento, en la casa cuartel de la Avenida de Cataluña: Once personas perdieron la vida, cinco niños, cuatro guardias civiles y dos familiares. El veinte de agosto de 2000 la banda asesinó en la localidad oscense de Sallent de Gállego a dos guardias civiles haciendo explosionar una bomba lapa adosada al vehículo en el que hacían sus rondas de vigilancia. A finales de julio de ese mismo año, las Fuerzas de Seguridad del Estado detuvieron en el centro de Zaragoza a los presuntos etarras Aitor Lorente y David Pla que habían previsto atentar contra el alcalde, José Atarés. El seis de mayo de 2001 fue abatido, en plena calle, el dirigente del PP, Manuel Giménez Abad. Y el pasado uno de junio, Eta colocó un coche bomba en el aparcamiento del Corte Inglés, que causó tres heridos.

Ante el recuerdo de tales barbaries: ¿Qué podemos pensar de quines ponen en tela de juicio la idoneidad de una ley que posibilita excluir del sistema político a quienes sustentan el terror? La Ley de Partidos Políticos refuerza el Estado de Derecho y, en ningún caso limita la creación de formaciones pacíficas. Pero, sobre todo garantiza la división de los que están con los violentos y los, que simplemente queremos vivir en paz.

«En ninguna parte del mundo se cuentan los votos que hay a favor de los asesinos»
Fernando Savater participó ayer en Ermua en la inauguración de una escultura de Agustín Ibarrola en homenaje a las víctimas
M. A./ERMUA El Correo 6 Julio 2002

Una amplia representación de los partidos constitucionalistas y de los colectivos Basta ya y Foro Ermua acudió ayer a esta localidad para inaugurar el primer monumento que una institución vasca dedica a las víctimas del terrorismo. La obra, una escultura de hierro de diez metros de altura, es obra de Agustín Ibarrola, que ha trabajado de forma gratuita, según informó el alcalde, Carlos Totorika, tras agradecer al artista su gesto.

El monumento preside la plaza donde está ubicado el polideportivo Miguel Angel Blanco. La inauguración quiso convertirse también en un homenaje y un recuerdo emotivo al que fue concejal del PP de Ermua -el día 13 se cumplirá el quinto aniversario de su asesinato¯ y, por extensión, a todas las víctimas de ETA. «Queremos que sea la memoria ejemplar que ilumine la oscuridad del rencor y de tanto sufrimiento inútil», un homenaje a las víctimas que «han sabido resistir en este magma de inanición ética», que han tenido que «aguantar la indecisión de los gobiernos nacionalistas para derrotar a ETA política y socialmente», enfatizó la presidenta de Covite, Cristina Cuesta. La portavoz de este colectivo de víctimas reivindicó, en nombre de su asociación, que «en cada pueblo o ciudad donde alguna persona sea asesinada se erijan monumentos» para «dignificar a las víctimas y acabar con la legitimación del terror».

Falta de libertad
Las críticas a los nacionalistas abundaron en todos los discursos. Contundente fue Fernando Savater, quien refiriéndose al rechazo del Ejecutivo vasco a la Ley de Partidos por el respaldo social con que cuenta Batasuna, recordó que «en ninguna parte del mundo se cuenta los votos que se recogen a favor de los asesinos, sino cuántos años de cárcel deben imponerse». Entre los aplausos del público criticó que, en algunos ámbitos, se «reconozca al terrorismo como si fuera una opción política válida entre las demás».

Mari Mar Blanco, quien llegó acompañada por sus padres, hizo un discurso eminentemente político. Recordó una frase que pronunció el ex-lehendakari Ardanza tras el asesinato de su hermano -«que lo tengan en cuenta los seguidores de ETA: su silencio les hace cómplices»-, para lamentar «qué lejos quedan esas palabras de las de Ibarretxe, especialmente en las declaraciones contra la Ley de Partidos».

Al igual que las recientes medidas judiciales contra Batasuna, el Espíritu de Ermua fue de boca en boca entre los protagonistas del acto, que hicieron hincapié en la necesidad de recuperar aquel ambiente de resistencia cívica frente al terrorismo, cuya germen brotó en esta localidad vizcaína.

Ibarrola animó a los artistas vascos a que hagan «un arte de compromiso» para contrarrestar «la falta de libertad» que impide expresar en los pueblos el hastío frente a la violencia y la coacción.

El Diccionario de la RAE se pondrá continuamente al día en Internet
EFE ABC 6 Julio 2002

MADRID. El director de la Real Academia Española, Víctor García de la Concha, señaló durante su intervención en el curso de verano de El Escorial «Internet. La Red en español» que la página web de la Docta Casa «suscita un interés grande» en diversos países, entre los que destacan España y EE.UU., que se ha convertido en «el segundo país hispanohablante». A su juicio, la entrada en Internet ha supuesto «un cambio fundamental» para el Diccionario de la RAE ya que «nos permite presentar la versión electrónica, y dentro de la página del diccionario se ofrece información sobre el mismo». Además, gracias a Internet, no habrá que esperar diez años para publicar una nueva edición del Diccionario con las enmiendas y adiciones. «Ahora, a medida que vayamos haciendo modificaciones, en cuanto un bloque esté ya terminado puede situarse en la Red» y, por tanto, «en Internet estará el Diccionario ya actualizado y mucho más cercano a la evolución del trabajo».

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