AGLI

Recortes de Prensa     Martes 9 Julio  2002
Falacias nacionalistas
BENIGNO PENDÁS. Profesor de Historia de las Ideas Políticas ABC 9 Julio 2002

El nacionalismo al desnudo
Editorial ABC  9 Julio 2002

PNV Y BATASUNA REEDITAN LA OBRA DE LIZARRA
Editorial El Mundo  9 Julio 2002

Fin de ciclo vasco
EDURNE URIARTE ABC  9 Julio 2002

El ultimátum vasco
Editorial La Razón  9 Julio 2002

Enemigos en casa
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC  9 Julio 2002

En busca del tiempo perdido
FERNANDO LOPEZ AGUDIN El Mundo  9 Julio 2002

La sonrisa de Otegui
Iñaki EZKERRA La Razón  9 Julio 2002

¿Qué quiere pactar el PSOE con éstos
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital  9 Julio 2002

El delirio paneuskaldun
EDITORIAL Libertad Digital  9 Julio 2002

Ibarretxe declara la guerra
Enrique de Diego Libertad Digital  9 Julio 2002

Conflicto de competencias
Miguel Ángel RODRÍGUEZ La Razón  9 Julio 2002

De hecho y de facto
SANTIAGO GONZÁLEZ/ El Correo  9 Julio 2002

Estatutazo
Editorial El País 9 Julio 2002

Estella en el Parlamento Vasco
ABC 9 Julio 2002

Error histórico
Editorial El Correo 9 Julio 2002

Choque de trenes en el País Vasco
Pablo Sebastián La Estrella 9 Julio 2002

La política
MARÍA MAIZKURRENA/ El Correo 9 Julio 2002

El tiempo que viene
MIGUEL ÁNGEL AGUILAR El País 9 Julio 2002

El PP advierte de que el Gobierno tiene «mecanismos» para recuperar la legalidad
L. P. / O. B./VITORIA El Correo 9 Julio 2002
 

Falacias nacionalistas
Por BENIGNO PENDÁS. Profesor de Historia de las Ideas Políticas ABC 9 Julio 2002

NADIE es capaz de adivinar hasta dónde puede llegar la pasión irracional que inspira a los fanáticos nacionalistas armados de sus imaginarios derechos históricos. Encerrados en un mundo minúsculo, alimentan cada día su propia neurosis, ya claramente enfermiza, y viven en un mundo que Thomas Hobbes definió con brillantez al explicar su hipótesis sobre el estado de naturaleza: una vida intelectualmente «solitaria, pobre, desnuda y brutal» en la que todo se resuelve por medio de falacias, sofismas y mentiras. Pero el autor del Leviathan se quedó muy corto al afirmar que aquella era una situación propicia a la «violencia latente». Ojalá fuera sólo eso. Una vez más, la perspectiva de la sociedad española sobre la eterna reivindicación del nacionalismo vasco exige firmeza, sosiego, rigor y, sobre todo, una sana pedagogía de la libertad, aunque es preciso reconocer que, incluso con el mejor talante, la paciencia empieza a convertirse en desesperanza. ¿Será imposible transmitir razonablemente los valores de nuestro Estado constitucional? Excluimos, por supuesto, a quienes viven del asesinato y a quienes sustentan de palabra o de obra a los criminales. En cuanto a los demás, pienso con frecuencia en las palabras nostálgicas de Montesquieu: a su juicio, el absolutismo había dañado de tal modo la «constitución» de Francia que la libertad se había hecho imposible para siempre.

La teoría política que sustenta la civilización contemporánea, es decir la democracia pluralista, ha sido capaz de superar las tentaciones totalitarias, en versión nazi o comunista, que amargan la memoria del siglo XX. Quede claro de nuevo: no hay derechos anteriores y superiores, no hay razas mejores, no hay clases sociales que encarnen el progreso de la Humanidad... El Estado constitucional contemporáneo es fruto de la Ilustración y del positivismo, hijo de las revoluciones atlánticas enriquecidas por la democracia y por los derechos fundamentales y deriva de la idea racionalista del pacto entre individuos libres. Asusta pensar en los mitos confusos que surgen de las brumas prehistóricas: «la tenebrosa fragua del espíritu del pueblo...» decía un jurista romántico del XIX. La mayoría preferimos las ideas claras y precisas: «Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos...», la Nación francesa en uso de su soberanía, «España se constituye...» El demos que encarna esta legitimidad popular es el Estado clásico nacido en el otoño de la Edad Media y en el primer Renacimiento, que ha demostrado su capacidad para ser flexible y modular su forma de gobierno desde el centralismo ya superado al más generoso modelo autonómico que se encuentra en el Derecho comparado.

Esa es, en efecto, la realidad de nuestro Estado autonómico, que algunos pretenden ahora subvertir llamando incluso a la vía de hecho y a la atribución ilegal de competencias. Pero, como dijo tempranamente el Tribunal Constitucional, «autonomía no es soberanía» sino que es un poder limitado en el que cada organización territorial es «una parte del todo». Más aún, la autonomía sólo tiene sentido dentro de la unidad y así debe interpretarse el básico artículo segundo de la Constitución de 1978.

Frente a estas verdades evidentes por sí mismas, que diría Descartes, la gran falacia nacionalista se construye desde una mentalidad historicista y romántica, con el lenguaje propio del antiguo régimen absolutista, barrido por fortuna de la Historia por los principios nucleares del Estado constitucional, entre ellos la democracia representativa, la división de poderes y el reconocimiento y garantía de los derechos de las personas y no de los pueblos. Así pues, sólo la nación española es titular «permanente, irrenunciable y perpetuamente actual» (según la fórmula clásica) del poder constituyente. Cabe incluso buscar antecedentes en el mejor constitucionalismo medieval: ahí aparece la fórmula quod omnes tangit ab omnibus debet approbari, lo que a todos concierne por todos debe ser aprobado. De ahí la falta de legitimidad del documento aprobado, por la mínima como siempre, en el Parlamento vasco. No estamos ante un asunto que deba resolverse por la voluntad de los vascos «sin más limitaciones». Existe, cómo no, un sujeto político que es precisamente la Comunidad Autónoma, que goza de un amplio marco para desarrollar su política propia. Pero no existe el «derecho a libre determinación del pueblo vasco». No cabe un «pacto político» con el Estado, ni tiene sentido hablar de «restricción unilateral del nivel de autogobierno». Nada que añadir acerca de un texto con redacción discreta y reiterativa, plagado de confusiones semánticas, que da saltos permanentes hacia el pasado y hacia el futuro.

¡Cuántos males se derivan del romanticismo trasladado a la política! Hay quienes todavía pretenden sublimar a la comunidad en perjuicio del individuo y de su libertad. No les basta con el daño causado por los discursos de Herder sobre la nación alemana, ni siquiera recuerdan el despertar sobresaltado del gran poeta Heine al pensar en su país. Tampoco recuerdan que las tonterías racistas de un inglés, Chamberlain, y de un francés, el Conde de Gobineau, de ínfimo nivel doctrinal, están en la base de las teorías repugnantes sobre la raza aria. Probablemente no saben que los enemigos de la Revolución Francesa, a fuerza de ser reaccionarios, llegaron a inventar la distinción entre francos y galorromanos como base de los periodos de éxito y fracaso en su historia nacional. La civilización liberal se compone de individuos, que la sociedad vertebra a través del contrato y no del status. Pero el nacionalismo vasco sigue empecinado en rechazar esta verdad elemental: ¿cómo pueden considerarse modernos y pensar que los demás rechazamos la libertad?

Leído con detalle (y con un irremediable sentimiento de hastío) el texto aprobado por el Parlamento vasco, se hace imprescindible recordar que es el tiempo de la política, del sentido de Estado y del patriotismo legítimo. Porque el patriotismo -abierto, generoso, creativo- es, en el lenguaje contemporáneo, la antítesis del nacionalismo exclusivista, estrecho, reaccionario. Hay que contemplar sin rodeos el asunto vasco desde el punto de vista global de la nación española. Es preciso insistir en la línea política iniciada con la aprobación de la Ley de Partidos Políticos, que ha devuelto a los ciudadanos de buena fe la creencia en la superioridad moral de nuestra democracia y la idea de que no actuamos siempre a remolque de las iniciativas ajenas. La inmensa mayoría (basta recordar el resultado de la votación parlamentaria sobre la Ley de Partidos) sentimos con absoluta naturalidad la condición de españoles a la vez que la creencia en el Estado constitucional. Ese es el poder constituyente que se actualiza cada día y que desea ver al Gobierno y a la oposición, a todos y cada uno de los partidos con representación parlamentaria y arraigo en la sociedad, expresar pública y rotundamente una condena tajante del documento llamado «Sobre actualización y potencialidades del Pacto Estatutario». Un documento que, como es notorio, no es ya un «borrador» o el producto apasionado de un congreso de partido, sino la expresión institucional del Parlamento vasco. Merece el más absoluto rechazo en nombre de la Constitución y de la libertad de los españoles.

El nacionalismo al desnudo
Editorial ABC  9 Julio 2002

EN agosto de 1998, el Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna pactaron con ETA «el compromiso de dar pasos efectivos para la creación de una institución única y soberana que acoja en su seno a Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi, Nafarroa y Zuberoa». El objetivo soberanista común implicaba el acuerdo de los dos partidos nacionalistas y de la banda terrorista de pactar «todas las iniciativas que tengan como objetivo la superación institucional y estatal existente actualmente». PNV y EA asumieron expresamente el coste de la ruptura política que implicaba el acuerdo con ETA, aceptando «el compromiso de abandonar todos los acuerdos que tienen con las fuerzas cuyo objetivo es la destrucción de Euskal Herria y la construcción de España (PP y PSOE)». El posterior Pacto de Estella, prolongación del acuerdo entre PNV y EA con ETA, definía los objetivos del frente nacionalista «en nuevas fórmulas que den respuesta a la tradición y aspiraciones de soberanía de las ciudadanas y ciudadanos de Eukal Herria».

Cuatro años después, el nacionalismo gobernante ha dado carta de iniciativa parlamentaria al proyecto soberanista que pactó con ETA. Los votos ponderados de PNV, EA e Izquierda Unida, con la abstención negociada de Batasuna, aprobaron someter al Pleno del Parlamento Vasco, que se celebrará el próximo viernes, una propuesta de resolución «sobre actualización y potencialidades del pacto estatutario», mendacidad que esconde la ruptura del Estatuto y del orden constitucional.

El documento se apoya en los dos principios básicos de la doctrina nacionalista: la territorialidad y la soberanía. Por eso se pretende comprometer al Parlamento en una declaración de reconocimiento de Euskal Herria como sujeto político que integra «a los vascos y vascas de los siete territorios», recuperando el pronunciamiento de febrero de 1990, aunque se prevea un tratamiento diferenciado para las provincias vascas y Navarra, por un lado, y las tres francesas. Las consecuencias de esta premisa se reflejan en la configuración del Pueblo Vasco como una entidad con derecho a la autodeterminación, que habrá de ejercerse «respetando la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas de cada ámbito político en el que éste se articula».

LA pretensión de los nacionalistas no puede ser más explícita en sus propósitos y en sus consecuencias, aunque se presente como una exigencia de cumplimiento íntegro del Estatuto, confusión forzada para dar apariencia de normalidad institucional a lo que realmente constituye una quiebra directa de la Constitución. Se busca una situación secesionista, en la que el Parlamento Vasco actúe como palanca de un impulso de autodeterminación, luego ratificado por la consulta popular anunciada por Ibarretxe tras las elecciones del 13-M. y que ha de llevar a Europa, al amparo del Tratado de la Unión y del derecho internacional, cuya cita constituye una novedad muy significativa en la profusa literatura nacionalista. Sin embargo, la autodeterminación que ampara el derecho internacional no es la que defiende el nacionalismo vasco, sino que se refiere a la de los pueblos colonizados, sin capacidad para acceder al gobierno de sus asuntos ni respeto a sus señas de identidad. En nada de esto pueden ampararse el PNV y sus socios, dispuestos a buscar una vestidura jurídica a su proyecto soberanista incluso en la Constitución, leyendo sus disposiciones adicional y derogatoria como una puerta abierta a la autodeterminación. Pero la Constitución, como toda ley, ha de interpretarse de forma sistemática y de conformidad con el tiempo en que se aplica, lo que obliga a recordar al nacionalismo que la unidad nacional es un principio básico del Estado y que los derechos históricos del pueblo vasco son los que la Constitución y el Estatuto les reconoce.

EL documento de superación del Estatuto enlaza directamente con los compromisos del PNV y EA con ETA, lo que hace lógico el apoyo pasivo, pero entusiasta, de Batasuna y supone un nuevo refuerzo político del nacionalismo a la banda terrorista cuando ésta más lo necesita, como sucedió a partir de julio de 1997. La ETA cercada judicial y policialmente, acosada internacionalmente y próxima a la pérdida de sus testaferros políticos, gracias a la ley de Partidos, recibe ahora la distinción de una iniciativa política que premia su terrorismo.

La propuesta de autodeterminación que se llevará al Parlamento Vasco el próximo viernes cierra completamente el margen de transacción política con el nacionalismo, que lleva su relación con el Estado a unos términos de disyuntiva en los que ya es muy difícil distinguir la burda provocación de un riesgo cierto de fractura institucional. Y en la medida en que así sea, la respuesta del Gobierno y del Parlamento nacional no podrá tener más contenidos que los que establece la Constitución. La responsabilidad de las decisiones que en el futuro hayan de tomarse para asegurar la vigencia del orden constitucional recaerá íntegramente en el nacionalismo y, en particular, en el lendakari Ibarretxe.

PNV Y BATASUNA REEDITAN LA OBRA DE LIZARRA
Editorial El Mundo  9 Julio 2002

La ponencia del Parlamento vasco sobre autogobierno aprobó ayer, con los votos de los nacionalistas e IU y gracias a la abstención de Batasuna, un informe en el que se da un ultimátum al Gobierno central para que ceda las competencias que reclama la Administración vasca, bajo la amenaza de tomárselas por su mano si Aznar se niega. Dicho así, puede parecer más dramático de lo que en realidad es. Veamos por qué. La asunción unilateral de las 37 competencias por el Gobierno vasco, sin un acuerdo previo con el central, además de ilegal, es una aberración jurídica, como señalaron ayer distintos catedráticos de Derecho Constitucional. O un «disparate», como atinadamente definió esta pretensión el vicepresidente Rajoy.

Pero es que además al Gobierno vasco le será imposible llevar a la práctica su amenaza de asumir estas competencias. ¿Qué va a hacer Ibarretxe para tener la Seguridad Social, crear sus propias oficinas o invadir las existentes?, ¿Obligar a las empresas a pagar dos veces la cuota? ¿Cómo se hará cargo de las prisiones, entrando por la fuerza en las cárceles y obligando a sus funcionarios a obededecerle? Seguramente Rajoy se quedó corto al calificar la pretensión de disparate.

Por eso tanto responsables políticos como expertos juristas opinan que lo ocurrido en el Parlamento de Vitoria -que aprobará en pleno el viernes este informe- es una «declamación para calentar el ambiente» y elevar los niveles de tensión entre el País Vasco y el resto de España. PNV y Batasuna decidieron unir sus destinos en Lizarra y ahora siguen representando juntos la continuación de aquella obra, aunque lo hagan cambiando sus papeles. Si antes aparecieron juntos en una mesa firmando una declaración, ahora a Batasuna le toca abstenerse.

Sin embargo, por mucho que a los nacionalistas les vaya a ser imposible aplicarlo en la práctica, el órdago es grave y no tiene vuelta de hoja: los nacionalistas democráticos y el brazo político de ETA están dando el primer paso para la superación del marco legal vigente desde el 78 y la ruptura con el Estado.

El lehendakari está siguiendo milimétricamente la estrategia que anunció en su debate de investidura y el paso siguiente es la convocatoria de un referéndum de autodeterminación. Un asunto que ya no sería declamación teatral, sino abierta ruptura con el resto de España porque «la soberanía nacional reside en el pueblo español» (artículo 1 de la Constitución). Un texto legal que también establece las medidas a tomar si una comunidad se sale «por la tangente», que diría Arzalluz.

Fin de ciclo vasco
Por EDURNE URIARTE ABC  9 Julio 2002

La posición del PNV y EA ante la ley de Partidos y el auto de Garzón y su intención de aprobar esta semana un dictamen en el Parlamento vasco en el que abogarán por la autodeterminación y la asunción unilateral de competencias no transferidas cierran el ciclo de la política vasca que los nacionalistas iniciaron en Estella, el de la radicalización y la independencia y el de la unidad nacionalista.

Emilio Lamo de Espinosa pedía hace unos días al PNV en El País («La honestidad del nacionalismo vasco», 6 de julio) que se preguntara lo siguiente: «¿desea ser un partido democrático que, en condiciones de igualdad, se enfrenta a otros con las mismas reglas de juego, o, como ha hecho hasta ahora, pretende seguir obteniendo el dividendo de la violencia?» Toda la argumentación de Lamo de Espinosa señalaba que hasta ahora la respuesta del PNV se ha puesto del lado de los beneficios de la violencia. Y las últimas posiciones del PNV ratifican que la respuesta seguirá siendo ésa en el futuro.

Cabe hablar de fin de ciclo porque la posición del PNV (EA es últimamente un apéndice) es más nítida que nunca y no quedan elementos para sostener las dudas que algunos han planteado en los últimos meses en torno a las intenciones de este partido. Su oposición frontal a la ley de Partidos, la descalificación del auto del juez Garzón que exige la responsabilidad económica sobre la kale borroka a Batasuna, la unidad creciente con Batasuna, la exigencia de independencia, y la promesa de que va a convocar una consulta popular sobre la cuestión, certifican la apuesta final y definitiva por la radicalización. Y ya no hay vuelta atrás en esa estrategia más que la que pueda ser provocada por una derrota electoral, una crisis interna y un relevo en la actual dirección del partido. Mientras esa derrota no se produzca, no habrá ningún cambio en el PNV.

El ciclo de la radicalización y de la unidad nacionalista se inició, como ya es bien conocido, con el asesinato de Miguel Ángel Blanco y la rebelión social que siguió a aquel asesinato. Se trataba de una rebelión protagonizada sobre todo por votantes del PP y del PSOE, y no sólo indicaba una voluntad más clara que nunca de movilización ciudadana contra ETA, sino que mostraba, además, que, por primera vez, los ciudadanos vascos no nacionalistas se percibían con la fortaleza, la autonomía y la legitimidad suficientes para reivindicar su espacio en su sociedad. Ermua marcó el inicio de la movilización ciudadana contra ETA, pero también el inicio de la articulación de una alternativa política con vocación de sustitución del nacionalismo y no con vocación de complemento como hasta ese momento.

El Pacto de Estella, en 1998, y todo lo que ha venido después, se explican por la reacción del PNV ante esos hechos. Porque el PNV percibió por primera vez la posibilidad de derrota electoral. Pero no se trataba de la percepción de derrota electoral propia de cualquier país democrático con sus ciclos de gobierno y oposición de los que no se puede librar ningún partido. Se trataba, se trata, del temor a la pérdida del control político, social y cultural sobre una sociedad que el Partido Nacionalista considera de su propiedad.

Es así como la movilización de Ermua desató la radicalización del PNV, porque la estrategia que este partido diseñó para la perpetuación del poder nacionalista fue la alianza con el resto de fuerzas nacionalistas y un acuerdo con ETA sobre los objetivos del nacionalismo radical. Y, desde entonces, esta estrategia no ha variado. Se ha producido una confluencia creciente entre el discurso del PNV y de Batasuna, concretado fundamentalmente en la exigencia de la autodeterminación y en la lectura del terrorismo como una manifestación de un conflicto político que hay que resolver, discurso, este último, articulado especialmente por Elkarri.

La postura del PNV ante la nueva ley de Partidos y ante el último auto de Garzón ha constituido la culminación de este proceso. El Partido Nacionalista ha afirmado su voluntad, no sólo de negarse a combatir el entorno etarra, sino de apoyarlo. Las declaraciones formales de condena al terrorismo han quedado definitivamente vacías de contenido ante la negativa del PNV de perseguir el terrorismo, con afirmaciones descalificadoras de la acción judicial como las del consejero de Justicia del Gobierno Vasco que podrían haber sido perfectamente firmadas por un dirigente de Batasuna.

Para todos aquellos que se empeñan en repetir que es preciso contar con el PNV para solucionar el problema vasco, es preciso clarificar que la posición del PNV es la que se acaba de describir: apuesta por la independencia y defensa de Batasuna y de todo el entorno etarra en contra de la voluntad democrática de perseguir al entramado de ETA. Y no estamos hablando de posiciones imaginadas sino de lo que este partido ha ratificado en las pasadas semanas en relación con Batasuna y esta semana lo hará en relación con el Estatuto y a la independencia. Es decir, que contar con la postura del PNV es sencillamente transigir con el terrorismo y apoyar la independencia. Que nadie se siga engañando.

El PNV ha cerrado su ciclo, y ahora lo importante es que otros lo cierren también, muy especialmente CiU y el PSOE. Porque CiU se plantea estos días un nuevo acercamiento al PNV en el marco de su crisis de relaciones con el PP y las presiones de su sector más radical. CiU no quiere acabar de reconocer que este PNV no tiene nada que ver con ellos, que el PNV hace tiempo que dejó de ser un partido nacionalista moderado, con aspiraciones a la estabilidad y al progreso en el marco europeo. Y, lo que es fundamental, CIU no quiere ver que este partido se ha embarcado en una aventura hacia la ruptura institucional de la mano de Batasuna y del conjunto del entorno terrorista.

Pero, sobre todo, es fundamental que el PSOE, y el PSE, dé por cerrado también de una vez este ciclo de la política vasca. Porque la posición del PSE aparece crecientemente confusa, débil e indeterminada, entre el horror ante la gravedad de la situación, y la incapacidad para reconocer la posición de cada cual en esa situación. Mientras el entramado terrorista persigue a los socialistas, y mientras el PNV defiende la impunidad de ese entramado, el PSE sigue lanzando patéticas llamadas al lehendakari para que lidere la rebelión social contra ETA. ¿Qué rebelión social puede liderar un lehendakari que apoya a Batasuna y que defiende los mismos objetivos que Batasuna? En todo caso, la rebelión social de los proetarras contra la ley de Partidos, y eso es precisamente lo que está haciendo.

Patxi López decía este domingo pasado en El Correo que los socialistas desempeñarán el papel que haga falta, que serán nexo de unión o que tirarán de unos y de otros para que se produzca el entendimiento, que trabajarán por la unidad democrática. Deseos quiméricos e inútiles sobre una sociedad de ficción, la sociedad que el PSE quisiera tener para continuar su política de hace años, o para ocupar ese imposible espacio propio que pretende entre el PNV y el PP. Y esas ficciones son una irresponsabilidad ante la claridad de lo que realmente está ocurriendo en el País Vasco bajo la voluntad y la dirección del PNV.

El ultimátum vasco
Editorial La Razón  9 Julio 2002

El Gobierno Ibarreche, a través de sus apoyos parlamentarios en el País Vasco, incluida la abstención de Batasuna, ha planteado un ultimátum de dos meses al Gobierno de la Nación para recibir todas las competencias posibles de acuerdo con el Estatuto de Guernica o, de lo contrario, las asumirán ¬amenaza¬ por su cuenta y riesgo.
El asunto no es, obviamente, una reivindicación competencial. Eso lo sabe cualquiera, incluso los nacionalistas que lo proponen. Porque es un hecho conocido que los traspasos autonómicos tienen un lento proceso de maduración y que no se trata de discutir si conviene o no que una Comunidad tenga, por poner un ejemplo, competencia sobre prisiones. El problema está en que hay que negociar cuál es la dotación del Estado para esa competencia transferida. Y ahí, muchas veces más que en el aspecto político, es donde embarrancan las transferencias.
Pero eso, aquí, es lo de menos. Lo que el PNV quiere es «visualizar» sus avances soberanistas. Porque para desarrollar su próxima jugada independentista, primero tiene que superar la fase previa, la estatutaria. Por eso quiere demostrar que el Estatuto se ha completado, aunque sea a la trágala, y proponer después otro salto en su programa hacia la autodeterminación.

La rebelión contra el Estado que plantea el gobierno nacionalista tiene, por tanto, más de gestos que de práctica. Porque, ¿va a montar Ibarreche una oficina del Inem al lado de la ya existente? ¿Va a expulsar a los agentes del Estado en el control de puertos y aeropuertos? ¿Va a gestionar los ferrocarriles previamente pagados, eso sí, por el Estado? Eso es un brindis al sol, con la bravuconería de los hechos consumados.

El PNV quiere estirar la cuerda, pensando que el Estado es débil y no se atreverá a romperla. Pero debería tener algo más de cuidado con esos órdagos que, por cierto, tienen ya harta a la opinión pública. El ultimátum del PNV puede ser contestado por otro del Estado. Parece que eso es lo que busca, para pasar por víctima quien es agresor. Por eso, en época de tribulación conviene mantener la cabeza fría. Pero, sin alterar la firmeza. Nadie quiere negarle transferencias acordadas al País Vasco. Pero éstas tienen que ser fruto de la negociación, no de la imposición.

Enemigos en casa
Por CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC  9 Julio 2002

A finales de 1935 Winston Churchill estaba tan obsesionado por la mejora espectacular de la Aviación alemana que no sabía hablar de otra cosa. Lo contó André Maurois en «La tragedia de Francia».

-«Monsieur Maurois, no hace falta escribir más novelas ¡No! Y no hace falta escribir más biografías... No hace falta más que escribir un solo artículo por día... un artículo en el que deberéis decir de las formas más variadas que podáis imaginar que la Aviación alemana que, era inexistente, está a punto de convertirse en la primera del mundo... Y si usted grita estas verdades a Francia y se hace escuchar, habrá cumplido una obra bastante más grande que describir los amores de una mujer o las ambiciones de un hombre... Porque vuestro país puede morir... La cultura, la literatura está muy bien... pero la cultura sin la fuerza en seguida termina por dejar de ser algo vivo...».

No iba a tardar el escritor en dar la razón a Churchill, pero ya era tarde. Mientras Francia era una pura contradicción e incluso había quienes querían creer -«wishful thinking»- los rumores sobre la debilidad del régimen nazi, la relación de fuerzas se tornaba cada vez más favorable a Alemania...

El episodio que cuenta Maurois es recurrente en la historia: la ceguera ante ciertos procesos que no sólo anuncian la tragedia sino que la cumplen en su propio desarrollo; la incapacidad para discernir lo necesario de lo secundario. En nuestro caso ¿hay que recordar que los españoles llevamos dos décadas con una sola gran cuestión, una cuestión de la que depende todo lo demás y que muchos se empeñan en no ver? La estrategia de los nacionalismos contra la unidad del Estado y contra la nación española, desarrollada a lo largo de este último cuarto de siglo con pasos hacia delante y hacia atrás (siempre dos de avance y uno de retroceso), con cambios tácticos, con la utilización más repulsiva de la violencia que imaginarse pueda desde el punto de vista moral... ha podido salir adelante gracias a quienes han rebajado su trascendencia y han negado su peligrosidad. Maurois, al menos, no llevó la contraria a Churchill respecto a la del nazismo, simplemente no supo reconocerla como iba a escribir en este breve y luminoso testimonio que es «La tragedia de Francia». Pero ¿qué decir de estos amigos nuestros, de estos seres «clarividentes» que vienen diciendo desde hace tiempo que las «amenazas de los nacionalistas son simples bravatas», que «no hay que tomar en serio sus apuestas independentistas», porque «en realidad no les conviene»? ¡Cuántas veces hemos asistido a esta su sucia tarea de ocultación de la realidad, de negación de lo obvio! Estos tipos, aupados en la dirección del PSOE, de medios de comunicación, ni siquiera han tenido la desvergüenza de hablar de la confederación de naciones como «fase suprema de la democracia española». No, éstos están en la estrategia de la desmovilización y puede sospecharse que muchos de ellos obedecen a su oportunismo innato. Objetivamente son responsables de haber contribuido al avance de los nacionalismos, a su hegemonía en el País Vasco y en Cataluña, a la tardanza de la concienciación colectiva respecto a estas amenazas... Majaderos criminales: mientras ellos hacían su discurso desmovilizador, iban cayendo (cayendo, digo, como en la guerra, muriendo digo) tantos compañeros, tantos españoles, con galones y sin galones, empresarios y empleados, profesores y estudiantes...

Ahora, cuando el nacionalismo vasco -PNV, EA y Batasuna- pretende plantear la autodeterminación a corto plazo ya, estos nefastos desmovilizadores se dedicarán a prevenirnos en contra del artículo 155 de la Constitución. Será su último servicio.

En busca del tiempo perdido
FERNANDO LOPEZ AGUDIN El Mundo  9 Julio 2002

Idénticos protagonistas, escenario y desenlace. Como los personajes de Proust, los nacionalistas, que sólo representan a la mitad de la sociedad vasca, se esfuerzan en la búsqueda del tiempo perdido entre la ruptura de la tregua y la inminente ilegalización de los que asumen el asesinato como una de las bellas artes de la política. Ahora, como entonces, una Batasuna acosada judicialmente da un paso atrás, absteniéndose ante una propuesta de Ibarretxe, en espera de dar dos pasos adelante. No en vano el ultimátum retórico del lehendakari expira la fecha en que se va a enmarcar el cuarto aniversario de la rúbrica del pacto de Lizarra. Ni es necesario variar las instantáneas fotográficas. Son las mismas caras, los mismos gestos y, sobre todo, los mismos papeles. Sobran una treintena de sillas en el patio de butacas de los espectadores.Quienes la ocuparon ayer no pueden ocuparlas hoy. Han sido asesinados por los pistoleros abertzales durante ese tiempo perdido que busca recuperar el nacionalismo.

Lo grave de un error no es cometerlo, sino, una vez cometido, no corregirlo a tiempo. No basta una simple mayoría aritmética para poder cambiar un modelo de Estado, mucho menos para proceder a su ruptura, sino que es imprescindible una mayoría que pasa por el consenso sine qua non entre nacionalistas y constitucionalistas.Si Enrico Berlinguer consideró necesario un compromiso histórico previo para modificar el orden social, después de la trágica experiencia chilena de Salvador Allende, huelga decir qué nivel de acuerdo previo es imprescindible para modificar el orden estatal.Mucho más que un problema institucional o legal con el Estado, es un gravísimo problema social en el interior de Euskadi. Son la mitad de los vascos los que se oponen a que los nacionalistas, incluidos los cerebros políticos de los brazos asesinos, decidan sobre su futuro sin contar con los populares y socialistas. Al colocar la carreta nacionalista por delante de los bueyes democráticos, Ibarretxe corre el grave riesgo de convertirse en un lehendakari demediado.

Asombra, además, que invierta todo su capital político en una apuesta con tahúres políticos como Otegi. Nadie le puede asegurar que la autoridad militar competente, cuando lo considere oportuno, no vaya a sentenciar la abstención de ayer como una abstención trampa. El ultimátum es inútil políticamente e inviable técnicamente y, cuando el eco de los gritos soberanistas se pierda, volverá a sentir en su cogote de lehendakari el aliento fétido de los que, pistola en mano, le empujan a que sea el farsante que se da en toda historia, según advertía Marx, cuando se repite.

La sonrisa de Otegui
Iñaki EZKERRA La Razón  9 Julio 2002

Ocurrió cuando las autoridades francesas le impidieron a Otegui acudir a un mitin en el país vecino y le devolvieron a la frontera española. Al verle en la tele haciendo declaraciones noté un cambio en su rostro, algo que me llamaba la atención pero que al principio no sabía lo que era exactamente. De pronto caí en la cuenta. Se le había borrado por arte de magia esa sonrisa que antes mostraba ante cada crimen de Eta y para explicar de manera reincidente y aprendida que se trataba de una consecuencia del conflicto que vive Euskal Herria. Sí, era esa sonrisa estúpida la que se le había borrado con la humillación de ser expulsado de un país sin contemplaciones.

Ese cambio en la cara de Otegui, esa desaparición repentina de su tradicional sonrisa era una prueba de algo evidente que ya no recordábamos a base de obedecer al PNV y de olvidar las cosas que el PNV quiere que olvidemos: que esa gentuza de Batasuna también es vulnerable, que también sabe deprimirse y desanimarse, acusar los golpes. Hasta hoy hemos sido otros los vulnerables y los que llorábamos, porque los golpes eran para nosotros y porque eran mucho más duros que los de una simple expulsión de Francia. Hemos pasado demasiados años deprimiéndonos y desanimándonos por el amigo asesinado, el pariente exiliado, el compañero expulsado del trabajo, el artículo censurado, la sensatez amordazada, la evidencia silenciada, el sentido común perdido. Y la gente como Otegui lleva demasiados años sonriendo mientras todo eso ocurría.

Hemos llorado tanto y nos hemos hundido anímicamente tantas veces que hoy somos menos vulnerables que Otegui y los suyos curiosamente. Hemos tenido que desarrollar demasiadas defensas ante tanto horror y tanta hostilidad y tanto miedo, y tanto ninguneo y cara de póquer frente a nuestra indignación y nuestra conmoción y nuestro drama cotidiano. Ellos, Otegui y su gente, son más vulnerables, sí, porque su fuerza residía en su impunidad, porque la impunidad hace fuerte y sonriente a cualquiera, a cualquier amoral o cobarde quiero decir.

Con el embargo de Garzón, a Otegui se le ha vuelto a borrar la sonrisa. El sábado hizo amago de recuperarla al profetizar que funcionaría el «cepillo». Aunque fuera así y Batasuna lograra rehacerse, el embargo habría merecido la pena. Gracias a él veremos si les da dinero ese nacionalismo «democrático» que se siente perseguido por la medida, esa otra gente que dice que no es de Otegui pero tiene con él tantas cosas en común, esos que ¬como Otegui hasta ayer¬ sonríen y creen que sólo debemos llorar los que no somos nacionalistas para así ellos poder compadecernos y demostrar lo «buenos» que son.

¿Qué quiere pactar el PSOE con éstos?
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital  9 Julio 2002

El Gobierno vasco, sin mayoría y sólo gracias a la participación de ETA- Batasuna, ha roto la baraja. En términos más propios de matones que de representantes del pueblo han presentado al Gobierno de Madrid un chantaje económico, político e institucional que sólo tiene un mérito: la claridad. Nadie puede decir ya que los nacionalistas quieren otra cosa que la independencia y que en ese supuesto País Vasco independiente ETA tendría tanto papel como el que se les niega a los vascos no nacionalistas. Es evidente que estamos ante una reedición del Pacto de Estella y está claro que los partidos españoles, del Gobierno y de la Oposición, sólo pueden oponer firmeza ante la violencia y legalidad constitucional frente a ilegalidad insurreccional, que además pide dinero para sanear las finanzas de su fechoría.

La pelota está ahora en el tejado del PP y del PSOE. Sobre el PP y el Gobierno de Aznar, que ha salido rápidamente al quite y replicado al órdago, no caben dudas. Sobre la actitud del PSOE, todas. El PP ya ha dicho con claridad que se opondrá a todos y cada uno de esos pasos contados hacia el precipicio y el baño de sangre. El PSOE, al menos hasta ahora, no ha dicho nada. Pero nunca se ha visto más claro la estupidez y la inutilidad del asesinato político de Nicolás Redondo Terreros, perpetrado por Zapatero siguiendo órdenes de González y Cebrián. ¿Con este PNV es con el que quiere formar gobierno el partido de Polanko? ¿Con este PNV es con el que Eguiguren quiere “modular” el referéndum de autodeterminación? ¿Con militantes de estos partidos quiere completar Patxi López las listas electorales el año que viene?

A grandes males, grandes remedios, dice el refrán. Los males están a la vista. Como siempre y más claros que nunca. Pero todavía hay objetores a los remedios.

El delirio paneuskaldun
EDITORIAL Libertad Digital  9 Julio 2002

No nos encontramos ante una más de las folclóricas bravuconadas a las que los líderes del nacionalismo vasco nos tienen acostumbrados. El documento que el lunes aprobó el tripartito gracias a la activa abstención de Batasuna, lanza al Gobierno y a España el mayor desafío que se puede plantear a un estado de derecho: la amenaza de incumplir la ley abiertamente si el poder legalmente constituido no se aviene, asimismo, a incumplirla también cediendo al chantaje.

El cónclave nacionalista, después de 25 años, cree que ha llegado la hora de abandonar la fachada de moderación y victimismo –con la que ha logrado capitalizar los réditos políticos de los crímenes de Eta y engañar a dos generaciones de políticos siempre temerosos de que pudiera llegar este momento– para echarle un pulso a la democracia española. No tiene nada de extraño. Confiados en que durante 25 años nadie se ha atrevido a oponerse seriamente a sus exigencias –mucho menos a criticar su política o su ideario con ribetes filonazis, so pena de “excomunión” por parte del sumo sacerdote Polanco– amenazan, en el plazo de dos meses, con asumir competencias que pertenecen en exclusiva –tal y como prescribe la Constitución– al Gobierno de España.

Aunque esto sólo es el casus belli. El delirio paneuskaldun, que no respeta la voluntad de la mitad de los vascos, ni la de los navarros (donde apenas tiene arraigo el nacionalismo vasco) ni tampoco la de los franceses –tal y como muestran los libros de texto aprobados por el PNV y los mapas del tiempo de la televisión nacionalista–, queda patente a lo largo de todo el documento que ha firmado el tripartito. Y las constantes alusiones al pueblo vasco (nacionalista, se entiende) como entidad abstracta acreedora de derechos histórico-ancestrales tales como el de la autodeterminación (un concepto leninista aplicado a la descolonización de África en los años 60 con las secuelas de miseria y totalitarismo que todos conocemos), preludian el viejo esquema de la “vanguardia consciente” que dirige la revolución. No en vano, Ibarretxe se desplazó a Cuba para aprender de primera mano las esencias del “modelo referencial” que quiere para sus conciudadanos: una dictadura de partido único donde no tenga cabida otro pensamiento que el aranismo y donde los no nacionalistas queden relegados a la categoría de ciudadanos de segunda clase.

La democracia española no puede permitirse que unos visionarios consigan imponer impunemente un proyecto protototalitario a una ciudadanía que, mayoritariamente, se opone a él, y que no tendría cabida en una Europa –sobre todo con el precedente de Yugoslavia– que tiende a difuminar sus fronteras.

PNV, EA y Batasuna han apostado por el órdago en el camino hacia la independencia, poniendo al Gobierno en la disyuntiva de hacer una nueva concesión o plantar cara invocando la posibilidad –recogida expresamente en la Constitución– de suspender el Estatuto vasco. Y esta última es, probablemente, la única opción posible, que respeta la integridad del ordenamiento jurídico y la estabilidad de nuestra democracia. Los nacionalistas esperan ganar en cualquier caso, ya que si el Gobierno cede una vez más ante las exigencias de PNV-EA, o se aviene siquiera a negociar los términos, el siguiente paso que den los nacionalistas será exigir la independencia de facto. Y si el Gobierno opta por la firmeza y el cumplimiento estricto de la ley, los nacionalistas ex moderados no perderán ocasión de presentarse de nuevo ante el mundo como víctimas y los asesinos etarras tampoco vacilarán en poner su granito de arena manchada en sangre. Nada nuevo, si se piensa bien, respecto de la tónica habitual.

Y este es, precisamente, el factor que no han tenido en cuenta los nacionalistas “ex moderados” ni los cómplices de los verdugos etarras: a la democracia española ya no le queda nada por conceder y muy poco por padecer. Los españoles ya han perdido la esperanza de contentar a quienes, pase lo que pase, jamás se contentarán. Por ello, el órdago puede volvérseles en su contra a poco que el Gobierno continúe en su actual línea de firmeza, que goza del apoyo de la inmensa mayoría de los españoles. Ni siquiera González y Cebrián podrán cambiarlo.

Ibarretxe declara la guerra
Enrique de Diego Libertad Digital  9 Julio 2002

Cuando se lanzan órdagos contra el Estado de Derecho, no queda otra opción que aceptarlos. En el caso vasco es que además no queda margen de maniobra para la cesión. Es lo que se ha venido haciendo desde el comienzo de la transición.

El gobierno autonómico vasco no entrará en situación de deslealtad constitucional y de desobediencia civil, en el campo del delito, en el Pleno del viernes. Ya ha entrado. El documento firmado por el gobierno tripartito es una declaración de guerra. De ultimátum lo ha calificado Carlos Iturgáiz, lo cual es lo mismo. Si es muy grave que un ciudadano privado decida incumplir la Ley, la cuestión reviste una gravedad extrema cuando es el presidente de una autonomía, cuya misión es cumplir y hacer cumplir la Ley, y representa en su ámbito al Estado, mediante poder delegado por la soberanía nacional que reside en el Parlamento nacional.

No estamos ante una cuestión retórica, sino ante una declarada posición contra el imperio de la Ley, ante una manifiesta decisión de ir hacia la secesión, algo que el Gobierno de la nación y los partidos nacionales –Izquierda Unida ha dejado de serlo– están obligados a impedir con todos los medios legales, que son los previstos en el artículo 155 de la Constitución, que prevé la reversión de la autonomía al Gobierno central.

Aunque en esta materia es tan frondoso el bosque de los eufemismos, y aunque el nacionalismo vive instalado en el conflicto y en la irresponsabilidad, no queda más remedio que afrontar la realidad, y hacerlo cuanto antes. Y esa realidad es que Ibarretxe se ha situado fuera de la Constitución, dispuesto a romper el marco jurídico. No se necesita ser Abraham Lincoln para ver las consecuencias de una acción tan demencial. No estamos ante un debate, como comúnmente se entiende, sino ante la entrada en el campo del delito, del máximo, del que representa la negación del Estado de Derecho.

Esto es una crisis institucional en toda regla, ante la que las Cámaras han de reaccionar en defensa de la legalidad democrática. Los pulsos han de aceptarse al comienzo, porque cuanto más tarde será peor. Se ha cedido tanto, que ahora nos estamos jugando la democracia misma. El 8 de julio es una fecha de infamia. Esto no es un “viaje hacia ninguna parte”, como ha dicho Aznar, esto es una declaración de guerra en toda regla.

Conflicto de competencias
Miguel Ángel RODRÍGUEZ La Razón  9 Julio 2002

No es muy conveniente que las instituciones tomen resoluciones a las bravas ¿Qué es esto de que el Parlamento decida que dentro de dos meses entra en un conflicto de competencias si no cumple con la Ley y pone todos los medios para terminar con Eta? Todo parece indicar que es un abuso que daña la vista de cualquier demócrata.
Los gobernantes se diferencian de los bravucones en que saben cuál es el límite de las amenazas: el Gobierno vasco es responsable de su inquietud inconstitucional de proclamar la independencia, pero eso no justifica que el Parlamento le quite las competencias. El respeto y el diálogo institucional está por encima de las bravuconadas.
Cada uno debe saber cuáles son sus responsabilidades. Es cierto que el Gobierno vasco subvenciona con más dinero a los asesinos que a las víctimas de los asesinos, pero reaccionar tan furibundamente como quitarles las competencias en dos meses es muy fuerte.

Aquí hay un Estatuto de Autonomía y una Constitución que debemos respetar todos. Aquí hay una convivencia que está por encima de ideologías. Romper las reglas del juego es un error imperdonable. Los grupos parlamentarios, por muy mayoritarios que sean, deben reflexionar: de ninguna manera debe atacarse a nuestro sistema de convivencia y de libertad de esta manera. Hay que dialogar.

La respuesta a su idea de hacer de la política un conflicto cercano a la guerra civil es «no». Su propuesta es absurda. Tanto que no va a asustar a nadie... Quien la haya pensado es un desastre y debe abandonar urgentemente la política por bravucón y necio. Dicho claramente: no hay que quitar las competencias al País Vasco. Ni dentro de dos meses ni nunca.
(Creo que en el periódico me han dado la información al revés. Tengo que preguntar).

De hecho y de facto
SANTIAGO GONZÁLEZ/ El Correo  9 Julio 2002

Verá, lehendakari, mucha fue la confusión que me embargó al oír a mi admirado Javi Madrazo que el Gobierno vasco va a ejercer «de hecho y de facto» las competencias que aún no ha transferido el Gobierno central a la comunidad autónoma. ¿Cómo reprocharle nada a esta entrañable criatura? Por una parte, éste es el resultado de los malos ejemplos, de lo que oye en casa. Por otra, ya decía el clásico que lo que no es redundancia es mera gilipollez. Todos hemos tenido en la mili algún sargento que nos explicaba el hecho de que «al llegar a un punto de su trayectoria, el proyectil cae al suelo atraído por la ley de la gravedad. Pero si no, daría igual, porque caería por su propio peso».

Dicen que van a empezar a ejercer de hecho y de facto, lehendakari, y yo es que no lo entiendo. La mayor parte de esas competencias no han sido transferidas porque no hubo acuerdo sobre los recursos económicos que las acompañaban. O sea, que en el caso que nos ocupa, ¿tomarían ahora gratis competencias que no quisieron admitir antes porque estaban insuficientemente dotadas? Si uno estuviera en el pellejo de Aznar, mañana preparaba un decreto para transferírselas en estas condiciones.

Pero es que, además, no pueden. ¿Cómo ejercerían las competencias en materia de Seguridad Social? ¿Podría el Gobierno vasco obligar a las empresas a ingresar en su tesorería paralela las cotizaciones y las retenciones practicadas a los trabajadores? ¿Con qué base? La ley, lehendakari, es lo que tiene: proporciona a las instituciones legitimidad y capacidad coactiva. Lo único que separa la Hacienda de la extorsión es la ley. De otra manera estaría usted reinventando el impuesto revolucionario.

Lo de las prestaciones sería la parte positiva del asunto. Los jubilados podrían cobrar una pensión de hecho y otra pensión de facto, si no fuera porque carecen ustedes de los datos sobre la carrera profesional de los trabajadores. ¿Y las cárceles? ¿Van a tomar Basauri al asalto o piensan hacer un concurso entre sus alcaldes para ver quién cede el mejor terreno? Se me ocurre que la nueva gran prisión central de Euskal Herria quedaría muy bien en Amorebieta, en el solar que sobre en Boroa después de construir la central térmica. La nueva Justicia Soberanista inaugurará la prisión a la carta: «¿Desea usted cumplir sentencia en una prisión de hecho o en una de facto?», preguntará el juez al justiciable.

Esto tiene mal aspecto lehendakari. Reproducía Albert Speer en sus memorias una expresión de Hitler que parece una máxima de la Euskadi post Lizarra: «ciertos procesos deben iluminarse de manera que se vaya sembrando en la gran masa del pueblo, poco a poco y de forma automática, el convencimiento de que si una cosa no se puede conseguir por las buenas, no hay más remedio que recurrir a las malas; que de ningún modo las cosas pueden seguir como estaban».

Estatutazo
Editorial El País 9 Julio 2002

Los partidos que conforman el Gobierno vasco (PNV, EA, IU) han lanzado un órdago institucional de una gravedad sin precedentes. El informe sobre el autogobierno aprobado ayer en la ponencia de la Comisión Especial del Parlamento vasco viene a confirmar lo sabido, que su propósito real no era conseguir el cumplimiento del Estatuto de Gernika, sino avalar por escrito la conclusión previa nacionalista de que el pacto estatutario no satisface las aspiraciones del 'pueblo vasco', por lo que es necesario superarlo.

Las conclusiones del informe son tan radicales que sitúan la cuestión en el umbral de la confrontación institucional. Ante lo que considera 'unilateralismo' del Gobierno central en el desarrollo autonómico, reclama que en dos meses se transfieran todas las competencias en discusión, de acuerdo con la interpretación unilateral que hace el Ejecutivo vasco, y en caso contrario pide al Gobierno de Ibarretxe que asuma unilateralmente las competencias reclamadas. ¿Va a crear autónomamente una tesorería de la Seguridad Social? ¿Expropiará los centros penitenciarios? Son apenas dos ejemplos de esta disparatada iniciativa.

El informe abunda en reproches a la actitud cicatera y obstruccionista del Gobierno central, pero sin una sola crítica al nacionalismo gobernante, cuando éste tiene una parte de responsabilidad en el bloqueo de las transferencias pendientes. Denuncia la deslealtad de Madrid, mientras, como Arzalluz, anuncia la independencia en 'tres o cuatro legislaturas'. La cuestión de las competencias por transferir es discutible y negociable, pero no es aceptable imponer una solución unilateral. Con ser grave este enfoque, lo más preocupante es el ánimo de ruptura de las reglas de juego democráticas que subyace en la proclamación del 'derecho a la libre determinación del pueblo vasco'. En esta línea, en la que sólo parecen contar los ciudadanos que apoyan las tesis nacionalistas, se plantea abrir en Euskadi una especie de proceso constituyente para un 'nuevo proyecto' de autogobierno, en el que las instituciones democráticas quedarían supeditadas a 'la máxima participación de los agentes políticos, económicos, sindicales, sociales, y culturales'.

No puede extrañar que los partidos no nacionalistas hayan calificado el informe de 'provocación' y 'chantaje', ni que haya recibido el plácet de Batasuna. Pues encaja más en los parámetros soberanistas de un Pacto de Lizarra que se hubiera reactivado a raíz de la Ley de Partidos que en el marco parlamentario en que se ha generado. El informe refleja que para el Gobierno de Ibarretxe la construcción nacional va varios kilómetros por delante de la defensa de los derechos individuales amenazados. El lehendakari deberá explicar cómo concilia este proceso de desbordamiento institucional con el apoyo a quienes siguen bajo la amenaza de ETA y sus alevines y el 'respeto a la pluralidad' de los que, siendo vascos, no se sienten nacionalistas.

Estella en el Parlamento Vasco
ABC 9 Julio 2002

VITORIA. El acuerdo nacionalista de Estella, que suscribieron en septiembre de 1998, el PNV, Herri Batasuna, EA e IU, con el beneplácito de ETA, guarda una serie de similitudes con el dictamen de autogobierno, elaborado por el PNV, EA e IU y que, curiosamente, ha salido hoy adelante gracias a la ayuda de Batasuna.

Entre esas coincidiencias, destaca, sobre todo, la defensa que, en ambos acuerdos, se hace del derecho de autodeterminación, y de la premisa de que «Euskal Herria debe tener la palabra y la decisión». Asimismo, queda constatada que la articulación de la Comunidad Autónoma en siete y no en tres territorios es una de las cuestiones centrales a resolver para los nacionalistas.

Aunque el PNV negó ayer que hubieran hecho concesiones a la coalición abertzale, lo cierto es que el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, tardó escasos minutos en comparecer ante los medios de comunicación para explicar que el visto bueno dado por su formación al documento sobre autogobierno de los partidos que sustentan el Ejecutivo vasco no había sido «un brindis al sol», sino que en él quedaba recogida «nuestra propuesta de mínimos: derecho de autodeterminación, nuevo marco jurídico soberano y los siete territorios»: los tres vascos, más Navarra y otros tres al sur de Francia.

Es mas, ante el estupor general, Otegi declaró que el documento del PNV, EA e IU servirá de reconocimiento «a los hombres y mujeres que, desde hace 25 años, vienen trabajando y peleando para conseguir esto», felicitándose de que estas formaciones «sitúen el discurso donde nosotros lo planteamos hace 25 años».

En síntesis, el acuerdo de Estella y el dictamen de la ponencia de soberanía, que el próximo viernes votará el parlamento vasco, abordan las tres grandes reivindicaciones nacionalistas: «territorialidad, sujeto de decisión y soberanía política», que son, a su vez, los objetivos de la banda terrorista ETA.

En concreto, el acuerdo de Estella, que dio paso a la «tregua-trampa» de ETA, señala que las tres cuestiones anteriormente citadas «se constituyen en el núcleo de cuestiones fundamentales a resolver». Asimismo, señala que la solución política sólo puede venir a través de un proceso de diálogo y negociación abierto, «con la intervención de la sociedad vasca en su conjunto», lo que daría cabida a la consulta popular, que también reivindica el documento nacionalista.

Respecto a las claves de la «resolución», el pacto de Estella constata, asimismo, que la negociación deberá servir para profundizar en «la democracia en el sentido de depositar en los ciudadanos de Euskal Herria la última palabra respecto a la conformación de su futuro», y también «respetar la decisión por parte de los estados implicados. Euskal Herria debe tener la palabra y la decisión», subraya.

Así, la sintonía entre el acuerdo de Estella y el dictamen inspirado desde Ajuria Enea es clara y manifiesta. En el informe sobre autogobierno, el PNV, EA e IU instan al parlamento vasco a reconocer la existencia del pueblo vasco con «una identidad propia que pertenece por igual a los vascos de los siete territorios», y reiteran el derecho que le asiste a «establecer el marco de relaciones jurídico-políticas que estimen más adecuado sin más limitaciones que la voluntad de sus ciudadanos». Asimismo, afirman que «desde el derecho a la libre autodeterminación del pueblo vasco, como expresión de su nacionalidad y para acceder a su autogobierno, el pueblo vasco tiene derecho a ser consultado para poder decidir libre y democráticamente su status político».

Error histórico
Editorial El Correo 9 Julio 2002

Si un gesto de sensatez no lo remedia, el Parlamento vasco aprobará el próximo viernes un dictamen sobre el autogobierno que, auspiciado por los partidos coaligados en el Gobierno Ibarretxe y contando con la abstención de Batasuna, romperá definitivamente con el pacto que dio origen al Estatuto de Gernika, abocará a Euskadi a un horizonte de incompatibilidad y fractura entre los diversos proyectos que aun con dificultades han coexistido dentro del ámbito democrático y quebrará los últimos vínculos de normalidad que podrían todavía mantenerse en pie entre las instituciones gobernadas por el nacionalismo y los órganos centrales del Estado constitucional. Es evidente que el contenido del propio dictamen imposibilita un futuro consensuado para el autogobierno de Euskadi. Pero el hecho de que su aprobación haya sido posible gracias a la abstención de Batasuna confiere una extraordinaria gravedad al paso dado ayer por el nacionalismo democrático. La decisión de Batasuna no constituye un accidental episodio por el que, casualmente, resulta beneficiada la minoría gobernante. La abstención de Batasuna demuestra que la resolución acordada entre PNV, EA e IU se aproxima muchísimo más a las intenciones de la izquierda abertzale que a las concepciones defendidas por populares o socialistas. Supone, además, la expresa renuncia de Ibarretxe y su partido a tratar de acercar posiciones hacia las dos formaciones constitucionalistas que, por cierto, son las dos grandes fuerzas sobre las que recae el futuro político de España.

Ensoberbecidos por el resultado obtenido en las autonómicas de 2001, los dirigentes nacionalistas se han obstinado en presentar aquel escrutinio como si la posibilidad que les ofrecía para gobernar con enormes dificultades pudiera transformarse -con el inestimable concurso de Batasuna- en una victoria absoluta sobre la oposición no nacionalista. El dictamen elaborado por el tripartito podría muy bien interpretarse como la expresión de los postulados programáticos de PNV, EA e IU. Aunque en realidad su redacción excede incluso de los planteamientos que los socios nacionalistas del Gobierno Ibarretxe presentaron como propuesta electoral. Pero lo que constituye una auténtica aberración es que un gobierno en minoría establezca los ejes vertebradores de Euskadi como comunidad política y determine las relaciones que el País Vasco mantendrá en el futuro con el resto de España.

La envidiable autonomía de que gozamos los vascos se sustentó en 1979 sobre un doble pacto: el acuerdo entre las fuerzas democráticas vascas y la coincidencia entre éstas y las instituciones que representaban la voluntad del conjunto de los españoles. Es cierto que la literalidad del texto autonómico refrendado por vizcaínos, alaveses y guipuzcoanos el 25 de octubre de aquel año no ha sido cumplimentada en algunas de las competencias en él previstas. Pero el razonable reproche que las instituciones de Euskadi pueden dirigir por ello a la Administración central no es en absoluto comparable con el gravísimo error en que incurre el partido de Ibarretxe y Arzalluz al convertir un incumplimiento siempre discutible pero, en todo caso, parcial y subsanable, del contenido del Estatuto en la palanca argumental que amenaza con romper con la propia historia de los vascos.

Tras la reunión de la ponencia parlamentaria, el nacionalismo democrático se jactará ante sus incondicionales de haber impedido que ETA frustre la agenda política prevista por los gobernantes abertzales. Pero lo cierto es que con el dictamen de ayer la coalición presidida por Ibarretxe ha sometido la agenda de los vascos al dictado de la variante más extrema del propio nacionalismo. El emplazamiento al Gobierno central para que éste ofrezca una fórmula para completar el Estatuto constituye todo menos una manera sensata de afrontar el futuro no sólo del autogobierno, sino de la convivencia entre los propios ciudadanos de Euskadi; representa el anuncio de la bifurcación definitiva de los caminos paralelos que han venido trazando el nacionalismo y el no nacionalismo desde la transición. Frente a tan grave circunstancia, el propósito del tripartito de asumir de facto las competencias no transferidas se queda en mera anécdota. Porque lo que dicho propósito representa no es una simple solución unilateral como salida a un conflicto de interpretación del Estatuto: es el fin del propio Estatuto como espacio de encuentro y el inicio de una nueva era en Euskadi. Una era en la que buena parte de los ciudadanos vascos corren el riesgo de pasar a la condición de súbditos de los designios de un nacionalismo que, en tanto se sirva del apoyo de Batasuna, no podrá presentarse por más tiempo como democrático.

Choque de trenes en el País Vasco
Pablo Sebastián La Estrella 9 Julio 2002

N
o hay solución posible a la vista en la crisis del País Vaco, ni solución política, ni policial, ni institucional. Y menos aún cuando tenemos en puertas dos años electorales (2003 y 2004) en los que la cuestión vasca juega un papel determinante en el resultado de las elecciones municipales y generales de todo el Estado. Con el añadido o la peculiaridad de que esta crisis provoca, a su vez, un recorte de garantías democráticas para los candidatos no nacionalistas que se presentarán a los comicios municipales vascos en unas listas de muy difícil configuración por las amenazas existentes.

E
stamos pues bloqueados políticamente y en una parte condicionados por los procesos electorales en curso, mientras los gobiernos de Madrid y de Vitoria calientan las calderas de sus respectivas locomotoras en pos de un choque institucional en el que el tren del Gobierno del PNV y EA tiene todas las de perder, aunque el choque abrirá una nueva crisis y más tensión y violencia, camino de la derogación temporal del Estatuto y, por lo tanto, del control de la gestión de toda la administración y economía vasca por el Estado central.

Sin duda una decisión audaz y arriesgada que contará con un masivo apoyo del pueblo español en su conjunto y de una gran parte de los que habitan el País Vasco. Una derrogación temporal del Estatuto que Ibarretxe quiere superar por su cuenta, al margen del proceso legal vigente, y que servirá de argumento a quienes esperan dar un vuelco institucional en el País Vasco sacando del poder a los nacionalistas por vía administrativa, una vez que fracasó en el 2001 la vía electoral.

Ante este proceso, que se adivina imparable y como prioridad del Ejecutivo de Aznar (en el PSOE, aunque no lo digan, prefieren otras vías más dialogantes para solucionar el conflicto político e institucional vigente entre Madrid y Vitoria), la cúpula del PNV apuesta más por el pulso y la tensión con Madrid que por buscar un remanso institucional, aunque incluya algunos pasos hacia atrás, a la vista de cómo está el patio vasco, español, europeo e internacional frente a los procesos nacionalistas, y si están tocados por la acción del terrorismo, con mayor razón. Eso es, por ejemplo, lo que hizo con gran habilidad Pujol, congelando la Declaración de Barcelona y su calendario de reivindicación hasta una mejor ocasión.

Pero en el PNV no se entiende la estrategia de un repliegue temporal, sino más bien el desafío, y no quisieron ver, por ejemplo, las consecuencias del 11 de septiembre para todos los procesos nacionalistas que, como el vasco, están ahora marcados por el terrorismo. Ni ven la crisis que provoca la fractura social del País Vasco (que es cosa de dos y no sólo de una parte) y siguen en el empeño de avanzar intentando un acuerdo con el PSOE que no será posible en este tiempo de elecciones estatales, y si empeoran las cosas, con mayor razón.

Lo ideal en estas circunstancias, y partiendo de la crisis abierta en torno a las listas electorales de los comicios municipales, sería abrir una mesa de debate tripartita entre PNV, PSOE y PP. Porque a pesar de los riesgos que incluye para el PNV un proceso de derogación temporal del Estatuto de Guernica, para el Estado central una decisión de este porte obligaría a la declaración de un "Estado de excepción", y al recorte no sólo de las garantías de autogobierno sino también de libertades, en un clima de la más alta tensión y de total ruptura social.

La propuesta de superación del Estatuto hecha por Ibarretxe y pendiente de su aprobación por el Parlamento de Vitoria y de su posterior puesta en marcha es a la vez un desafío, pero también una provocación que encrespa los ánimos más de lo que están. Y que no conducirá a ninguna parte ni a un lugar seguro y útil para nadie. Y si este proceso se pone en marcha con el apoyo de Batasuna, escenificando más el maridaje entre Batasuna y el PNV que denuncia el Gobierno del PP, pues peor todavía para todos.

Es ese maridaje o complicidad de nacionalistas democráticos y violentos lo que el PP busca con ansiedad, para aislar al PNV, hacer imposible su relación con el PSOE y consolidar el frente de los españolistas contra un frente nacionalista en el que estarían unidos PNV, EA y Batasuna, con ETA al fondo. Y en este sentido los del PP están consiguiendo una preescenificación de esa coalición global nacionalista con motivo de la Ley de Partidos y de las últimas acciones del juez Baltasar Garzón. ¿Por qué le preocupa al PNV el presente y futuro de Batasuna? ¿Qué propuestas alternativas tiene el Gobierno de Vitoria y el PNV para evitar que no se financie ETA con fondos públicos o que actúe impunemente y a placer la kale borroka? ¿Acaso en el PNV no se sabe que Batasuna es el aparato de propaganda y la retaguardia política de ETA, y no sólo una vía política de expresión radical?

Cuando el PNV dudó y luego tardó en romper el Pacto de Estella cuando ETA rompió la tregua, ahí comenzó su error. Y también el del PP, que no les ofreció una mano para salir de dicho pacto sino que les cerró las puertas de manera brusca para intentar luego derrotarlos en las elecciones autonómicas del 2001. Pero la estrategia no les sirvió a ninguno y ahora, unos y otros, están bloqueados, parados en la misma vía, con trenes enfrentados y con un excesivo calentamiento de las calderas de sus respectivas máquinas.

Intentar a estas alturas una vuelta del PNV al marco constitucional, en plena precampaña electoral municipal, no parece probable ni lo quiere nadie (salvo el PSOE). Pero la pérdida de la relación de Madrid con Vitoria es malo para todos y aumentará el problema político, aunque no sólo como problema vasco, sino también como problema de España que es. ¿Qué hacer? Dicen que la política es el arte de lo posible y por lo tanto esta crisis es competencia de los partidos y de los gobernantes, y a ellos les toca imaginar, hablar y pactar. Si no lo consiguen en un plazo de tiempo razonable (a ser posible antes de las elecciones municipales y aparcando todo trama electoralista), al final la crisis vasca estallará en un conflicto mayor y más difícil de controlar.

Urge un diálogo discreto (y no a través de los medios de comunicación) para buscar un margen de estabilidad institucional mientras se encuentra una solución o acuerdo político mayor entre los partidos democráticos afectados por la crisis; si los demócratas no son capaces de hablar entre sí, entonces las locomotoras arrancarán con fuerza y luego vendrá lo que vendrá.

La política
MARÍA MAIZKURRENA/ El Correo 9 Julio 2002

Parece ser que la dictadura de Franco despolitizó la sociedad española con un éxito largo y profundo, un influjo como de marea que retorna muchas veces con tesón cotidiano, con envergadura cósmica. Tal éxito se rastrea en la idea que tantísimas personas tienen aún de la política, pues ésta ha sido siempre para ellos algo que es preferible no nombrar, no tocar, dejar a un lado. De hecho, en el País Vasco la política hoy vuelve a ser tabú, vuelve a ser algo que, no solamente es preferible no nombrar, sino que empieza a ser innombrable, por si acaso. Disentir es peligroso. Cualquier idea tiene la potencialidad de alinearnos en algún bando de los que andan a la greña.

La actividad de los profesionales de la cosa tiene la virtud de meter la política en unos cauces como prefabricados que corresponden a estrategias cocidas con mucha astucia en las ollas del poder y en las marmitas de los aspirantes a poderosos.

El proyecto político de la izquierda abertzale, en su línea oficial, lo hace todo en nombre del pueblo, pero sin el pueblo, y nos quiere dejar definitivamente al margen de la política, avasallando la voluntad popular, arrasando toda oposición, toda discrepancia, definiendo el pueblo bien definido desde las propias posiciones y oráculos para afianzar en esa definición, que deja fuera cuanto no conviene, la lucha. Su soberbio desprecio hacia lo que la gente realmente quiere y piensa se concreta en unas estrategias para hacer que la gente quiera y piense según cierto concepto de Euskal Herria y del mundo que todos debemos aceptar como quien acepta la evidencia de que el sol es el centro del sistema solar y de que la Tierra se mueve.

La democracia, por otra parte, en esta versión que nos rodea por todas partes menos por una o dos, ha remozado la idea arraigada de que la política es algo peligroso, turbio y ajeno. Una sociedad muy poco ingenua, bien entrenada en el pragmatismo ramplón y la picaresca, ha aceptado que la política sigue siendo cosa de unas castas que la detentan y la ejercen en beneficio propio, y en general considera que quien no la ejerce en beneficio propio es tonto de baba.

Lo cual no obsta para que, en consecuencia, la política se vea como un desempeño de gran especialización que no concierne a quien no está en ella . Tal vez por eso, en el País Vasco, asuntos que nos conciernen a todos, como el de los amenazados, como la dictadura del miedo que cercena la libertad de expresión y deforma oscuramente la vida, les parecen aún a muchos asunto y riesgo profesional de quienes se dedican a poco recomendables actividades públicas. Y, quizás, en parte, esta democracia no muy participativa y quienes la gestionan estén cosechando lo que han sembrado lejos, mucho más lejos del pueblo, también ellos, de lo que siempre dicen en sus mítines.

El tiempo que viene
MIGUEL ÁNGEL AGUILAR El País 9 Julio 2002

Con cuánta razón experimentada escribió Luis Vives aquello de 'vivimos tiempos difíciles en los que no es posible hablar ni callar sin peligro'. Y más recientemente El Roto, viendo la situación del episcopado español en Gescartera y su resistencia a ofrecer disculpas por las molestias ocasionadas a sus fieles, proponía una adaptación de ese modismo evangélico y hacía decir desde el púlpito al orador sagrado: 'En aquellos tiempos dijo Jesús a sus accionistas...'. Claro que las referencias al tiempo están cargadas de una polisemia peligrosa. Por eso, hace años que el Instituto Nacional de Meteorología (INM) en su libro de estilo propuso valerse de un término vigente en el diccionario de la Real Academia, temperie, para acabar con el equívoco actual que seguimos arrastrando para general confusión entre el tiempo cronológico y el tiempo atmosférico. En el idioma inglés la cuestión está resuelta con vocablos tan distintos para cada una de las acepciones como time y weather. Pero aquí todos los intentos de acreditar el uso de temperie siempre a nuestra disposición han sido vanos y de ahí que sigamos enredados en tan penosa anfibología.

En todo caso conviene volver sobre esta cuestión de la meteorología ahora que el Gobierno tripartito del País Vasco acaba de declarar su intención de asumir el ejercicio de las competencias del Estatuto de Guernica todavía pendientes de ser transferidas pese a tratarse de una Ley Básica de obligado cumplimiento para las autoridades del Estado, habida cuenta de que entre ellas figuran al parecer las propias del INM. Semejante ultimátum de los de Vitoria ha sido considerado por los del PP como un 'chantaje', pero más allá del lenguaje abrupto propio de estos desencuentros debería procederse al examen analítico de las pretensiones y a la cuidadosa evaluación de las consecuencias previsibles según sea el comportamiento que se adopte. Otra cosa es que al Gobierno corresponda dar ejemplo permanente en el cumplimiento de las leyes y alejar de su trayectoria cualquier sombra de actitud caprichosa o partidista. Por eso cundieron sospechas sobre el comportamiento del primer Aznar, el de la legislatura sin mayoría absoluta, al escuchar reiteradamente de boca de los dirigentes del PNV que habían logrado en los dos años iniciales del Ejecutivo aznarí más que en los 14 precedentes de los socialistas. Más aún cuando constaba que los del PP pretendían el voto peneuvista para la investidura de su líder entonces emergente.

La actual situación política en pleno uso y disfrute de la mayoría absoluta es otra y la prueba es que Álvarez-Cascos ha dejado de remitir camelias asturianas a Arzalluz y de ser correspondido con botellas de las más excelentes cosechas de Rioja alavesa. Todo apunta a parálisis en las transferencias mientras se alimentan las hostilidades PP-PNV, aunque esta última formación al igual que EA haya denegado cualquier ayuda a Batasuna mientras ésta no pida el fin de ETA. Pero por si acaso hubiera desbloqueo, se preguntaba ayer un buen amigo periodista en la cadena SER sobre los efectos que en el comportamiento de las variables climáticas de temperatura ambiente, presión atmosférica, humedad relativa, dirección y fuerza de los vientos dominantes, pluviosidad, etcétera pudiera tener el desguace del INM y el traspaso de sus competencias a las comunidades autónomas.

Desde luego en algunas regiones del Norte un viajero atento puede apreciar el disgusto permanente manifestado por los representantes del sector de la hostelería en relación con los avances de la temperie esperada difundidos por TVE en sus informativos con cargo al INM. Por ejemplo, en Cantabria cualquiera que sea reconocido como procedente de Madrid, el lugar geométrico donde tantas veces se residencian todas las adversidades, se expone a ser interpelado de modo más o menos amable o impertinente sobre la diferencia entre el pronóstico difundido de mal tiempo, siempre tan dañino por desalentador de las reservas hoteleras, y la realidad climática que se insiste en presentar como mucho menos adversa cuando no del todo benigna. La cuestión es si se llevará el principio de subsidiariedad hasta el pronóstico del tiempo y si pronosticará cada comunidad autónoma el tiempo atmosférico que consideren los empresarios del sector turístico más favorable para cumplir sus objetivos. La solución, el próximo martes tras el debate sobre el estado de la nación, que nos permitirá barruntar mejor el tiempo que viene. Atentos.

El PP advierte de que el Gobierno tiene «mecanismos» para recuperar la legalidad
El PSE cree que la «locura» del tripartito supone la «ruptura del pacto estatutario» y pide a la sociedad que reaccione
L. P. / O. B./VITORIA El Correo 9 Julio 2002

Populares y socialistas dejaron claro ayer que no se quedarán de brazos cruzados ante la «gravísima» y «vergonzosa» decisión del tripartito de ejecutar por cuenta propia las competencias no transferidas en caso de que el Gobierno central no haga efectivo el cumplimiento íntegro del Estatuto en un plazo de dos meses. Tras conocerse la abstención de Batasuna en la votación del dictamen de PNV, EA e IU, los representantes de PP y PSE en la ponencia de autogobierno comparecieron para denunciar la «quiebra» del pacto estatutario que supone la postura de los partidos del Gobierno y adelantar que tomarán «medidas» para contrarrestarla.

El popular Fernando Maura quiso hacer una llamada a la «serenidad» porque, advirtió, el Ejecutivo central dispone de los «mecanismos» necesarios para «reponer la legalidad» vigente en caso de que «alguien la quiebre» en Euskadi. A preguntas de los periodistas, Maura no quiso «anticipar» a qué medios se refería, si bien precisó después que cualquier respuesta de José María Aznar se apoyaría en la Constitución, donde se contempla de hecho una eventual suspensión de la autonomía.

El parlamentario popular consideró que el apoyo de la formación de Arnaldo Otegi -que, insistió, «forma parte del entramado de ETA»- demuestra que «el pacto de Estella sigue vigente» y advirtió de que la actitud de los nacionalistas «pone en peligro» los avances en el autogobierno vasco de los últimos veinticinco años.

Maura subrayó que el dictamen supone un «chantaje» al Gobierno central, al plantear un «ultimátum» de dos meses «en período estival» y avanzar la intención de asumir de facto las competencias «desde la ilegalidad». El dirigente del PP observó un componente «kafkiano» en la iniciativa, al no contemplarse los procedimientos para la ejecución efectiva de las materias. «¿Va a entrar la Ertzaintza en las oficinas del Inem o en las cárceles de Basauri y Martutene?», se preguntó.

«De tapadillo»
Desde el PSE, Jesús Eguiguren también expresó su alarma por una «locura» que, salvo sorpresas, contará el viernes con el refrendo del Parlamento vasco y anunció que la ejecutiva del partido se reunirá con carácter de urgencia «para estudiar una situación extraordinaria y adoptar medidas también extraordinarias» encaminadas a preservar la vigencia del actual marco. «Se ha dado el primer paso hacia la ruptura unilateral del consenso estatutario».

Eguiguren, que negó que el tripartito se haya dirigido al PSE para buscar su apoyo, criticó las «formas» utilizadas por PNV, EA e IU para «colar de tapadillo» su propuesta como si fuera «la ley del Taxi» y al estilo «del Generalísmo», que, dijo, aprobaba leyes en verano para eludir «la respuesta social». Precisamente, instó a la sociedad a que «reaccione» y apeló a la «responsabilidad» del lehendakari y a «los nacionalistas de buena voluntad» para que den marcha atrás en una decisión que sólo provocará «confrontación».

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