AGLI

Recortes de Prensa     Miércoles 24 Julio  2002
Totalitarismo contra España
IGNACIO SÁNCHEZ CÁMARA  ABC 24 Julio 2002

La diáspora de la inteligencia
Luis María ANSON La Razón  24 Julio 2002

Limpieza étnica como arma electoral
Editorial La Razón  24 Julio 2002

Paredes y silencio
Román CENDOYA La Razón  24 Julio 2002

El otro basta ya
José Luis Manzanares La Estrella  24 Julio 2002

La sociedad del miedo
Ignacio Villa Libertad Digital  24 Julio 2002

Perejil y el reparto de culpas
EDURNE URIARTE ABC 24 Julio 2002

Francisco Llera: «El nacionalismo alimenta la limpieza ideológica»
Laura Nuño - Madrid.- La Razón 24 Julio 2002

«Exiliados» por el nacionalismo y por Eta
R. L. Vargas - Madrid.- La Razón 24 Julio 2002

Un no nacionalista primer párroco vasco obligado a llevar escolta
JOSEAN IZARRA El Mundo 24 Julio 2002

ARCHIVOS HISTÓRICOS Y NACIONALISMO
JOSEAN IZARRA El Mundo 24 Julio 2002

Nacionalismo archivístico
Aleix VIDAL-QUADRAS La Razón 24 Julio 2002

Los principios y la práctica
Cartas al Director ABC 24 Julio 2002

La segunda lengua extranjera será obligatoria en el Bachillerato
Redacción - Sevilla.- La Razón 24 Julio 2002
 

Totalitarismo contra España
Por IGNACIO SÁNCHEZ CÁMARA. Catedrático de Filosofía del Derecho. Universidad de La Coruña ABC 24 Julio 2002

LA declaración aprobada por los partidos nacionalistas vascos, incluidos los despojos del PC, entraña el anuncio de la decisión de vulnerar la Constitución. Con esta premisa, no cabe extrañarse de que la iniciativa carezca de todo vestigio de legalidad, pues es imposible que quien comienza por vulnerar la Carta Magna pueda encontrar el menor apoyo legal para sus pretensiones. Se trata de un desafío, de raigambre totalitaria, contra la unidad de España. Importa poco cuál de los dos aspectos sea el decisivo o determinante, pues ambos coexisten y confluyen. Por esta misma razón, los argumentos que pueden esgrimirse contra la declaración derivan tanto de la defensa de la unidad de España como de la necesidad de proteger el orden democrático y liberal contra la amenaza totalitaria. En las líneas que siguen, me ocupo de los aspectos jurídicos del problema.

No sólo la violencia y el crimen están excluidos por la Constitución. También lo están todas las reivindicaciones y actitudes que se opongan a ella, por muy pacíficos que sean los métodos. Es evidente que puede ser modificada. La propia norma fundamental prevé los procedimientos de reforma en su Título X. Pretender reformar la Constitución no es, por supuesto, inconstitucional. Pero aspirar a traicionarla e incumplirla, sí. Los promotores de la declaración no anuncian su intento de reformarla sino su decisión de incumplirla. Además, su pretensión de modificar el titular de la soberanía y reivindicar el derecho a la autodeterminación del llamado pueblo vasco no puede siquiera ser objeto de reforma constitucional. No es posible destruir legalmente la unidad nacional. Y ello porque no es ésta la consecuencia de la voluntad constituyente sino que, por el contrario, es la propia Constitución la que se asienta en la unidad nacional. Así lo establece el artículo 2: «La Constitución se fundamenta en la unidad indisoluble de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas». Si se rompe la unidad nacional, se destruye el fundamento de la Constitución. La autodeterminación de una parte entrañaría, aparte de otros males, la destrucción del orden constitucional y, con él, de la democracia y de la libertad. Cabría afirmar que aún sería posible reformar el artículo 2, mas eso sólo sería realizable legalmente a través de la voluntad del pueblo español, es decir, mediante un acto de cesión de la soberanía. Pero ni siquiera esto es lo que plantea la declaración aprobada por el Parlamento vasco, sino la ruptura por la vía de hecho de la convivencia constitucional. Sólo la apelación a la soberanía nacional podría dar cobertura legal a los secesionistas.

La idea de la existencia de un pueblo vasco puede ser un artificio retórico, una expresión de voluntad o la consumación de una ficción histórica, pero no puede ser un concepto jurídico o legal. La soberanía pertenece al pueblo español, es decir, al conjunto de los ciudadanos españoles, no a una parte de ellos, como tampoco a ningún individuo. La lógica autodeterminista sólo puede conducir a la anarquía, a la autodeterminación del individuo soberano.

Es evidente que en la insurrección que vive el País Vasco no se ventila sólo una cuestión de soberanía o de titularidad del poder, sino también un proyecto de naturaleza totalitaria, un proceso de toma del poder para imponer un orden de fuerza basado en la exclusión de todos los que no son nacionalistas. No estamos sólo ante una disquisición sobre el titular de la soberanía. Ésta parece más bien la coartada elegida para la conquista de un poder total de naturaleza criminal. Pero, aun planteado el problema en términos de soberanía, y es la consideración más benigna que cabe hacer sobre el proceso, el titular de la soberanía sólo puede ser determinado por la vía de hecho. Una Constitución proclama quién es ese titular, pero el poder constituyente es un poder previo, prejurídico, que sólo se determina por la fuerza de las cosas. Un nuevo poder soberano sólo podría surgir o por conquista violenta, y ese proceso es el que se vive en el País Vasco, o por concesión del actual poder soberano. Como la reivindicación del cuatripartito vasco, pues no hay que excluir a Batasuna, genuino beneficiario de ella, carece de todo fundamento jurídico, sólo puede conducir a la violencia civil, a menos que el Estado claudicara de su deber e hiciera dejación de su soberanía. Que el resultado de la secesión sería la instauración de un régimen totalitario lo prueba no sólo la actuación de los protagonistas del proceso sino también la evidencia de que todos los derechos civiles y políticos están garantizados por la Constitución. No se desencadena una insurrección para mantener el mismo régimen político.

Ante estas evidencias, al Estado legítimo sólo le cabe el ejercicio de su poder soberano, de la violencia legítima que ostenta y la aplicación de la Constitución. La lectura del párrafo primero del artículo 155 es esclarecedora y no requiere difíciles ejercicios interpretativos: «Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general». El artículo 55 prevé la declaración de los estados de excepción y de sitio, y el 8 encomienda al Ejército la misión de «garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional». Esto es lo que establece el Derecho. Que se cumpla o no depende de la voluntad y la eficacia de los gobernantes y del patriotismo y el sentido del deber de los ciudadanos. Estamos ante una agresión totalitaria contra la unidad de España y el orden constitucional. Y éste proporciona los medios necesarios para repelerla. Pero el triunfo o el fracaso de la secesión no dependen ya del Derecho sino de la fuerza.

La diáspora de la inteligencia
Luis María ANSON de la Real Academia Española La Razón  24 Julio 2002

La hemorragia de los exilios obligados está desangrando a las provincias vascongadas. Mientras Arzallus y su marioneta se llenan la boca asegurando que «aquí no pasa nada», la caravana de los que se van porque no pueden aguantar más se ha hecho incesante. La intelectualidad vasca no soporta la dictadura del miedo. Algunos, de forma heroica, quieren resistir para no entregar las antorchas de la libertad a los batasunos y a sus cómplices, los arzallus. Otros buscan salida a su vida y se suman a la diáspora de la inteligencia.

El País Vasco es una sangre sin fin que se derrama. El Gobierno de Aznar ha reaccionado a décadas de errores y ha empezado a hacer frente decididamente a los terroristas y a sus cómplices, a los que agitan el árbol y a los que recogen las nueces. Están lejos los tiempos en que UCD enterraba vergonzantemente al amanecer y por la puerta trasera a sus muertos asesinados por Eta. Además, las máscaras se han venido abajo. El PNV está al lado de Batasuna. No quiere diálogo ni negociación ni concordia. Quiere la confrontación. El Gobierno vasco asiste mudo, y tal vez con complacencia, para qué vamos a engañarnos, a la fuga de los mejores cerebros vascos. Francisco Llera es la última muestra. La sinceridad con que ha explicado su caso merece el aplauso. Pero hay que alentar, hay que ayudar a los bravos que resisten y están dispuestos a arrostrar las amenazas y las coacciones para que el pueblo vasco mantenga los horizontes abiertos y no se someta a las mordazas de los ibarreches ni a la dictadura del terror de los batasunos proetarras.

Limpieza étnica como arma electoral
Editorial La Razón  24 Julio 2002

El catedrático de Sociología Francisco Llera, director del «Euskobarómetro», se marcha del País Vasco harto de la persecución nacionalista y de ver convertida su vida en un infierno. El profesor Llera, como otros 200.000 vascos desde 1985, no ha soportado la presión y ha optado por exiliarse. Su marcha es una gota más que se acumula en el haber del nacionalismo excluyente, que de un lado hace gala de un victimismo tan hipócrita como eficaz y, de otro, censura sin dudar a todo «michelín» que se atreve a pensar por su cuenta.

En el País Vasco, en lugar de defender la libertad de todos y cada uno de los ciudadanos, se señala como «enemigo de Euskadi» a quien se atreve a mostrar en público su desacuerdo con el proyecto de autodeterminación. Arzallus ha sido muy claro en este punto, y no es simple locura por su parte hacer referencias al «rh negativo» y a la «raza vasca».

El último barómetro sobre la sociedad, publicado la pasada semana por la cátedra de Llera, revelaba que siete de cada diez vascos rechazaba el proyecto independentista. Ahora, con su exilio, quedará uno menos para votar en contra del soberanismo en un imposible referéndum. Es el triunfo de la estrategia de la limpieza étnica y la razón que está detrás de que el democrático PNV cuide con esmero a Batasuna y luche contra su deslegalización. Sin asesinatos, sin carteles con dianas, sin amenazas a concejales y sin cócteles molotov en las calles, desaparecería el miedo y 200.000 vascos volverían a sus casas para decir no.

Paredes y silencio
Román CENDOYA La Razón  24 Julio 2002

Amanece otro día y otro nombre aparece en una pared. Un nombre, cuatro trazos y un círculo mal hecho. Otro nombre dentro de un punto de mira y silencio alrededor. La peste de la amenaza continúa extendiéndose por una sociedad cobarde, que pierde día a día lo mejor que tiene. Su gente. La mejor de su gente. Todo el ritual en el silencio que acompaña al amenazado. Lo más una mueca furtiva de un ciudadano asustado por la calle. Porque nadie de los que tendrían que elevar su voz dice nada. Como Manu Montero, que ha sufrido la transformación pestilente del miedo. Como el Gobierno Vasco que sabe mucho de exigir transferencias y de callar ante la persecución y la amenaza a sus ciudadanos. En cualquier país decente del mundo harían algo. En Euskadi el gobierno hace todo lo contrario, es decir, nada, para que no baje la presión y la persecución que lleve al exilio rápido a otro intelectual. Una buena solución que no afecta a la imagen internacional del país. El silencio del exilio no es titular en la CNN. El asesinato sí y además obliga a los burukides a poner cara de que lo sienten. Paco Llera se va y en las paredes queda un hueco para poner otro nombre sin que nadie rompa el silencio. No lo acepto. ¿Libertad ya!.

El otro "basta ya"
José Luis Manzanares La Estrella  24 Julio 2002

Ha terminado el largo juego del separatismo vasco con su reparto de papeles, sus ambigüedades —más aparentes que otra cosa— y su acatamiento puramente instrumental de la Constitución y del Estatuto de Guernica. Casi de improviso, la luz ha entrado a raudales en el escenario. Conocemos el papel de cada actor y hasta podemos adivinar con escaso margen de error quién es el director de la compañía. Así las cosas, bien cabría exigir responsabilidades a quienes al socaire o con el pretexto de la moderación, el apaciguamiento o la prudencia nada hicieron para impedir que la serpiente incubara sus huevos. Toda persona pública —los políticos tanto como los jueces— debe rendir cuentas de sus actos y de sus silencios. Cada cual en su ámbito y con las consecuencias que procedan.

Pero lo más esperanzador es que ha saltado por los aires el compromiso no escrito de dejar todas las iniciativas a los amigos del independentismo a cualquier precio. Incluso recordar determinados textos constitucionales se consideraba —también por muchos de los defensores oficiales del Estado de Derecho— poco menos que como una provocación a los violentos (según la terminología oficiosa del avestruz). Pues bien, ahí van algunos pasajes de la Constitución Española que quizá —leídos y repetidos a tiempo— hubieran servido para recordar a los amigos de los terroristas que no todo es orégano en el monte de la tolerancia.

“La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” (art. 12). Aquí no hay fragmentación autonómica de ninguna clase. “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles” (art. 2), lo que complementa la declaración anterior. La creación y el ejercicio de la actividad de los partidos políticos “son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley” (art. 6). Las Fuerzas Armadas “tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional” (art. 8.1). Corresponde al Rey “el mando supremo de las Fuerzas Armadas” (art. 62). Se prevén las medidas oportunas “si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes impongan o actuaran de forma que atentase gravemente al interés general de España” (art. 155.1). Y de los estados de alarma, de excepción y de sitio se ocupa el art. 116. Naturalmente que tales estados habrán de declararse con cuidado exquisito, pero si hubiera que poner algún ejemplo para la aplicación del precepto constitucional, el de la defensa de la integridad territorial de España ocuparía posiblemente el primer puesto. El enfermo no debe ser sometido a una dolorosa operación quirúrgica mientras no sea absolutamente necesario, pero tampoco se le puede dejar morir por una pasividad mal calculada.

España empieza a reaccionar. Precisamente porque los llamados nacionalistas democráticos (pero beneficiados en las urnas por la coacción ambiental y física que sufren quienes no comparten su ideología) están hoy más próximos que nunca al brazo político de ETA, la opinión pública española traza la raya de un nuevo “basta ya” que afecta no sólo a las andanzas de la banda terrorista sino también a las maniobras anticonstitucionales con las que sus compañeros de viaje colaboran para conseguir el objetivo común.

La sociedad del miedo
Ignacio Villa Libertad Digital  24 Julio 2002

La crueldad con que el nacionalismo está acorralando a los que piensan de forma diferente a ellos no tiene límite ni hace distinción de nombres y de personas. Ya son muchos los vascos que han tenido, y tienen todavía, que abandonar su tierra por la situación de ahogo social, profesional y psicológico a la que son sometidos constantemente. En la larga lista de deserciones hay un buen número de personas conocidas, pero hay otros muchos personajes anónimos que no pueden soportar, atónitos, la indefensión institucional que sufren en sus propias carnes. Muchos de ellos observan incrédulos como el Gobierno vasco y sus Instituciones se desentienden de una realidad cotidiana que se sitúa muy lejos de la normalidad democrática. Muchos de ellos padecen la complicidad del entorno nacionalista, que se refugia como mínimo en la pasividad, permitiendo la consolidación de una sociedad atosigada por el miedo. Muchos de ellos se desesperan, incapaces de entender cómo aquellos que se dicen demócratas permiten a los terroristas actuar con el respaldo de quienes deberían tener como primer objetivo la desaparición del terrorismo.

Con este panorama desolador para cualquier ciudadano con principios democráticos, el anuncio de que Francisco José Llera, catedrático de la UPV, abandonará el País Vasco, es un ejemplo más de la calamitosa actitud del Gobierno de Ibarretxe hacia sus propios ciudadanos. Es una nueva llamada de atención para aquellos que se pierden en afirmaciones mezquinas de ambiguedad permitiendo la actividad terrorista. No hay tiempo para más engaños. El terrorismo no consiste sólo en asesinar y en poner coches bombas. Terrorismo no es sólo el comando y la dinamita. Terrorismo es también provocar el miedo y la angustia vital en la sociedad con amenazas y actitudes extremistas. Terrorismo es la desaparición efectiva de las Instituciones democráticas, y su sustitución por la dictadura de un pensamiento único. Terrorismo es, en definitiva, destrozar a una sociedad entera sin dejar margen para la diversidad y la opinión. El concepto de terrorismo es, pues, muy amplio, por lo que la actitud pasiva, miedosa y deliberadamente imprecisa del Gobierno vasco ante la implantación evidente de una sociedad del miedo no es sino una colaboración directa con estas estrategias que están castigando al País Vasco.

El "abandono obligado" del director del Euskobarómetro de su tierra es un fruto más de los verdaderos objetivos del nacionalismo vasco. Es un nuevo resultado de esta pasividad cómplice del Ejecutivo de Ibarretxe. Esta es, en definitiva, la libertad que quiere su Gobierno para los ciudadanos vascos. Esta es la sociedad que buscan los nacionalistas para aquellos vascos que no piensan como ellos. Este es el ambiente de convivencia que el PNV pretende sea algo generalizado en la sociedad vasca. Este es el modelo que el soberanismo quiere para los vascos. Así se vive y se sufre en una sociedad paralizada por el miedo.

Perejil y el reparto de culpas
Por EDURNE URIARTE ABC 24 Julio 2002

Decía un editorial de «El País» que el conflicto de Perejil «nunca debió haber ocurrido» y que esa situación absurda surgió de los últimos meses de «errores de ambas partes». Y, según Trinidad Jiménez, la acción marroquí fue «una provocación», pero «aprovechando la mala relación». Es decir, que lo de Marruecos estuvo mal, pero se explica por la incapacidad española para mantener buenas relaciones con este país. En definitiva, ambos tienen su parte de culpa.

Dejando a un lado el objetivo de desgaste del Ejecutivo que hay en esas críticas, hay también una lectura de los conflictos bastante común en las democracias y muy especialmente en círculos intelectuales y en parte de la izquierda. Según esta lectura, los conflictos presentan siempre y necesariamente un reparto de responsabilidades. Pase lo que pase y ocurra lo que ocurra, todo es relativo, y nadie es totalmente un agresor y nadie es claramente la víctima, lo que, llevado a una de sus lecturas más extremas de los últimos tiempos, «explicaría» los atentados de Al Qaida como fruto de la explotación de los países ricos sobre los pobres.

Esta teoría suele tener efectos tan perversos y negativos en política como la aplicación desmedida de la fuerza. Porque iguala conductas, es incapaz de distinguir el bien del mal, o la acción legítima de la no legítima, o la democrática de la no democrática, o la respetuosa de los derechos humanos de la no respetuosa. La consecuencia es la paralización de la acción política, y, sobre todo, y en muchos casos, la dejación en la defensa de intereses legítimos o, lo que es peor, la dejación en la defensa de las víctimas de las agresiones.

Incluso en casos tan claros como el de la agresión militar en Perejil, hay gentes capaces de «entender» el hecho por las diferencias de riqueza entre Marruecos y España que justificarían cualquier comportamiento del país pobre respecto al rico, incluida la actitud hostil de las autoridades marroquíes hacia España en los últimos meses.

El reparto de culpas suele ir unido a la idea de que todo se resuelve dialogando y a la consideración de que las medidas de fuerza son siempre desaconsejables. Esto significa que todo se hubiera resuelto a través del diálogo, es decir, con un adecuado reconocimiento por las partes de sus respectivas culpas. En el caso de España, con un arrepentimiento por su mayor riqueza, por su actitud «imperialista», y por su incomprensión hacia el régimen autoritario de Marruecos.

Sin una respuesta militar española, los marroquíes se hubieran quedado en Perejil durante los próximos años, y nosotros hubiéramos tenido muchísimo tiempo para hacer un acto de contrición por nuestras responsabilidades y por haber provocado de esa manera a Marruecos, e incluso para asimilar y entender la posición marroquí sobre Ceuta y Melilla. Y, lo que es importante, se hubiera salvado el diálogo.

Es posible que el problema de Perejil sea menor. Pero es un buen exponente de los males, a veces menores y otras mayores, que la relativización de las conductas y el reparto sistemático de responsabilidades puede provocar en política. Los españoles hemos hecho un máster en el tema con la cuestión terrorista y los vascos incluso un doctorado cum laude. Después de décadas de asesinatos de ETA y de la defensa cerrada de Batasuna por parte del PNV, este fin de semana Gesto por la Paz decía que la solución era el diálogo entre todos. Es decir, que todavía no está claro si hay culpables y víctimas, y todos tienen que ceder por igual. Es la teoría del reparto de culpas de Perejil en el caso vasco. Todo es relativo, todos somos un poco culpables. Luego no hagamos nada, o, mejor, equiparemos a agresores y agredidos. El resultado será políticamente muy correcto y bellamente dialogante.

Francisco Llera: «El nacionalismo alimenta la limpieza ideológica»
Laura Nuño - Madrid.- La Razón 24 Julio 2002

Francisco José Llera, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad del País Vasco, anunció ayer su marcha inmediata de su tierra por al menos un año para ejercer la docencia en la Universidad de Georgetown (Washington), ocupando la vacante que José María Portillo deja en la cátedra Príncipe de Asturias que ofrece este centro. Llera no ha querido mostrar su marcha como un exilio pero reconoce que los linchamientos mediáticos y profesionales que recibe le han empujado a abandonar el País Vasco.

¬¿Qué factores han influido en su marcha o exilio de su tierra?
¬Me resisto a utilizar la palabra exilio. Prefiero la metáfora de los empujones, es decir, no te echan pero te empujan. Me siento empujado y me fastidia que me empujen los más zafios del país.Que los matones del pueblo te echen del pueblo, fastidia más todavía, pero te tienes que callar porque sabes que hay que callar
Son circunstancias que no facilitan nada el clima de sosiego que el académico necesita normalmente. Sobre todo el último año ha sido especialmente duro.

¬ Entonces, ¿existe una vinculación directa entre su marcha y el linchamiento que soporta?
¬ Está relacionado pero no es la razón principal. Prefiero pensar, me tranquiliza más, y prefiero convencerme a mi mismo de que es una razón académica.

¬ ¿Respira tranquilidad con su marchad de la UPV?
¬ Lo mío es un privilegio, soy un académico que tiene una oportunidad, además, es un alivio ejercer la docencia sin linchamientos mediáticos ni profesionales. Sin que tus compañeros o «Gara» o «Deia» te linchen y te insulten.

¬ ¿Esta marcha es definitiva o es un paréntesis en su vida en la sociedad vasca?
¬ Me quiero dar un tiempo para reflexionar donde está mi sitio, si a la vuelta en la UPV o en cualquier otra universidad del mundo. No lo descarto pero no es una decisión que tenga tomada, además en este momento no es conveniente que tome esta decisión.

¬ ¿Qué opinan los que le han criticado y han creado una situación de ruptura en la UPV de su marcha?
¬ Supongo que estarán encantados, ¿uno menos! A la vista de como son sus actitudes y como se expresan lógicamente aplaudirán. Pero no se relajarán por eso.

¬ ¿Se siente vasco?
¬ Soy un ciudadano vasco. Que he dejado una parte muy importante de mi vida allí, que tengo allí mis raíces y por eso me duele. No es mi lugar de nacimiento pero es mi sociedad. Y no voy a renunciar a la parte de compromiso que me corresponde. Yo siento la multiplicidad de identidades, la multiplicidad lingüística, la cultural, y esto es lo que tenemos que alimentar que es todo lo contrario de lo que hace el nacionalismo, que alimenta la limpieza, la simplificación y la exclusión.

¬¿Se puede identificar nacionalismo con terrorismo?
¬El terrorismo es de inspiración nacionalista y el nacionalismo dice que comparte los fines del terrorismo pero no los medios. En mi opinión ésta es una frase desafortunadísima porque si comparte los fines quiere decir que comparte los principios que tienen que ver muy poco con los democráticos. El nacionalismo vasco tiene serias dificultades con la democracia y vienen derivadas de su mal diagnóstico, de su relación con el terrorismo. El nacionalismo vasco no se ha modernizado, no ha revisado su ideología y eso es fundamental.

¬¿Puede llegar una persona a acostumbrarse a las presiones?
¬La presión terrorista la acabas asumiendo pero el linchamiento mediático y profesional no.

¬Lo suyo no es un exilio pero, ¿es cierto que son muchos los que han tenido que marcharse de forma silenciosa?.
¬Las estadísticas migratorias anuncian que desde 1985 son más de 200.000 los que se han ido. No sabemos cuantos pertenecen a cada cosa, pero lo que no es cierto es que sean la tercera edad de inmigrantes de retorno sino que la mayoría son gente joven y muy bien formada. Lo mío es un privilegio, no se puede comparar. Hay miles de vascos que se tienen que ir y por la misma razón por la que tienen que abandonar deben hacerlo silenciosamente para que no les persigan.

¬En su opinión, ¿en qué situación se encuentra Eta?
¬Eta operativamente está muy condicionada en este momento por los éxitos policiales, el contexto posterior al 11-S a nivel internacional, el papel de Francia y el de Garzón.

¬¿Está cercana una tregua de la organización terrorista?
¬Anunciando una tregua sólo se quiere narcotizar a la gente, quieren tranquilizarla. Es una intoxicación que viene del nacionalismo gobernante. En mi opinión, Eta no tiene ninguna voluntad de negociar, nunca la ha tenido. Yo creo que es una estratagema del nacionalismo para vender su moto, la moto soberanista, porque sino no cuela.

«Exiliados» por el nacionalismo y por Eta
Desde el año 1985, al menos 200.000 vascos como el catedrático Francisco Llera han abandonado la comunidad por la presión de la banda y el nacionalismo Uno de cada diez afirma que haría lo mismo si pudiese
Francisco Llera, profesor de historia en la Universidad del País Vasco (UPV), ha sido el último en engrosar una lista tristemente interminable, la de los que no pueden resistir más el acoso, la persecución del nacionalismo más reaccionario y violento y han tenido que abandonar su tierra natal. Como él, desde el año 1985, 200.000 vascos, conocidos y no tan famosos, se han tenido que marchar de la tierra que los ha visto nacer pero que, muy posiblemente, no los verá envejecer y morir. Porque de eso es precisamente de lo que huyen: de una muerte casi segura a manos de aquellos que no respetan las ideas no nacionalistas más radicales. Y la sangría seguirá: uno de cada diez vascos se iría si pudiese de su tierra.
R. L. Vargas - Madrid.- La Razón 24 Julio 2002

Cada día, en algún pequeño pueblo de Álava, o en alguna de las ciudades industriales de Vizcaya o Guipúzcoa, una familia, una persona, hace las maletas para no volver jamás a la tierra que le vio nacer. No se van en busca de trabajo, o porque el húmedo clima del norte agrave los problemas de sus reumáticas articulaciones. Se van, sencillamente, para poder seguir viviendo, para no acabar pagando con su propia existencia el tributo de no pertenecer a la «tribu» de los nacionalistas más violentos, de los acólitos de Eta. De la propia banda, en una palabra.

El mecanismo de esta «limpieza étnica» es casi un ritual para las víctimas: se empieza con insultos, pintadas, vacio de los vecinos; y se acaba con un coche calcinado, un «cóctel molotov» en casa o, en el peor de los casos, en una lista de un «comando». Sólo queda la marcha.

El último «famoso» en marcharse ha sido Francisco Llera, director del Euskobarómetro y profesor en la Universidad del País Vasco, para quien dar clases se había convertido en un verdadero suplicio. «Me empujan los más zafios del país, los matones del pueblo», dice.

El enemigo en casa
Los zafios de los que habla Francisco Llera son «los chicos de la gasolina» de Javier Arzallus, los muchachos de la ilegalizada Segi que, con el tiempo, se integran en los «comandos» de Eta pero que, de momento, cumplen otras labores. «Es muy duro saber que en tu lugar de trabajo hay alguien que está pasando información para atentar, es decir, que tienes al fascismo en casa, en la puerta de al lado», declaraba José María Portillo. Profesor en la UPV, Portillo también se vio obligado, como Llera, a marcharse. De eso hace dos años. «Prefiero no dar facilidades a nadie para que me quite de enmedio», explicaba.

El ámbito de la docencia se ha visto duramente castigado por estos exilios forzosos en los últimos años. Desde el atentado contra la profesora Edurne Uriarte en diciembre de 2000, al menos seis docentes se han marchado del País Vasco. Antes que Portillo y que esta media docena de profesores, Mikel Azurmendi había emprendido la marcha. Azurmendi, militante de Eta en los años 60 y que había votado en contra de la Constitución y del Estatuto vasco por entender que «había fuerza para exigir más», no pudo más el 15 de agosto de 2000. Aquel día, un atentado frustrado contra su vivienda le decidió a adelantar la marcha a EE UU que ya estaba meditando «por la insoportable presión» que tenía que vivir a diario. «El clima irrespirable que se vive aquí ayuda mucho a tomar la decisión a los que no somos nacionalistas. Nos hace la vida imposible». Azurmendi regreso pasado un tiempo, pero no al País Vasco.
A Jon Juaristi su nombramiento como director de la Biblioteca Nacional en 1999 le llevó a un «exilio interior» en Madrid, justo cuando tenía las maletas preparadas para irse a Estados Unidos. Aunque el actual director del Instituto Cervantes no se sienta como un exiliado. «Madrid no es el exilio porque toda España es mi país», ha declarado.

El cantautor Imanol
Nadie en el País Vasco está a salvo de convertirse en víctima de la presión filoetarra y de sucumbir a la misma, sea cual sea su profesión. El ejemplo, el cantautor Imanol, quien también tuvo que hacer las maletas hace dos años. Imanol había recibido «fuertes amenazas» en 1989. Pero entonces pensó que merecía la pena luchar, aguantar en su tierra. Hasta que no pudo más. «Hace tiempo que estaba más fuera de Euskadi que dentro», reconoció el día que anunció su marcha.

Los cuatro casos relatados no pueden ocultar la realidad de cientos de miles de ciudadanos vascos anónimos que, durante los últimos años, han tenido que optar por la misma opción que los anteriores. Desde 1985, al menos 200.000 han tenido que seguir el camino del exilio. Y uno de cada diez, según recientes estudios, estarían dispuestos a hacer lo mismo y prolongar la sangría. «Todos los días se marcha gente del País Vasco por el mismo motivo», reconocía ayer apesadumbrado el filósofo y escritor Fernando Savater, que lamentaba que el ambiente en el País Vasco cada día se está volviendo «más homogéneo y más totalitario». Todos los días, dijo, hay personas anónimas que deciden abandonar la comunidad porque no soportan las «coces» que reciben de forma permanente. Sin embargo, no todos pueden escapar. «Cada uno tiene una situación familiar y personal diferente». Para desgracia de muchos.

Indignación y comprensión por la marcha de Llera
La marcha de Francisco Llera del País Vasco motivó ayer un verdadero torrente de reacciones denunciando la situación que viven los no nacionalistas que residen en esta comunidad. Para la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), el caso de Llera es especial, al tratarse de una persona muy conocida por el «extraordinario» trabajo que realiza en el País Vasco. «Desgraciadamente, no solamente es él, también son muchas personas anónimas. De nuevo se nos va uno más. Toda la sociedad está amenazada», reconocieron fuentes de la asociación, que añadieron que en el País Vasco «las familias tienen amenazas en las escuelas y los mercados, no sólo en las instituciones. Es toda una sociedad la que está amenazada».

Amando de Miguel, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, declaró que el nacionalismo vasco democrático tiene «toda la responsabilidad» de que miles de ciudadanos abandonen el País Vasco por las presiones de los radicales, ya que «son el Gobierno, son los que mandan y lo controlan todo». En declaraciones a Servimedia, De Miguel manifestó que la vida de Llera se había convertido en «un infierno». El sociólogo dijo que el profesor vasco «llevaba ya mucho tiempo con presiones», lo que a juicio de Amando de Miguel sucede «con todas las personas libres en el País Vasco», que se sienten presionadas, lo que ha hecho que «muchos hayan abandonado». «Miles han abandonado y seguirán abandonando hasta que se queden sólo los que van a decir sí al referéndum; esa es la técnica», continuó. En opinión del catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, el proceso, de momento, «es imparable» y «va a más».

El portavoz del Foro Ermua, Rubén Mújica, pidió a los nacionalistas que se preocupen de los más de 100.000 vascos que «en los últimos diez años han tenido que dejar esta tierra por culpa de Eta y la presión de su mundo». Mújica declaró que la decisión de Llera «es una mala noticia», aunque la consideró comprensible.

Un no nacionalista primer párroco vasco obligado a llevar escolta
Un escolta acompaña desde ayer al sacerdote Jaime Larrinaga, párroco de Maruri y fundador del Foro El Salvador, tras recibir múltiples amenazas - El Ayuntamiento gobernado por el PNV 'buzoneó' una nota tildándolo de «nostálgico del franquismo»
JOSEAN IZARRA El Mundo 24 Julio 2002

BILBAO.- El sacerdote y presidente del Foro El Salvador, Jaime Larrinaga, se ha convertido en el primer sacerdote vasco que requiere la protección de un escolta para garantizar su seguridad.

Larrinaga, párroco de la localidad vizcaína de Maruri, solicitó la semana pasada a la Ertzaintza que se le incluyera entre los ciudadanos vascos con seguridad personal después de que el Ayuntamiento de esta localidad distribuyera por todo el pueblo una nota oficial en la que le acusa de ser «nostálgico» del régimen franquista.Larrinaga es miembro de un colectivo religioso crítico con el nacionalismo vasco y se convierte en el primer religioso que necesita de un escolta personal para garantizar su seguridad.

«Que tenga que recurrir a un escolta para, como sacerdote, poder hablar de la tolerancia resulta kafkiano», señaló ayer este sacerdote que vivió un día muy especial. Larrinaga dirigió la pasada semana una carta al viceconsejero de Seguridad del Gobierno vasco, Mikel Legarda, para contar con una protección individual tras lo que consideró una campaña de «difamación» del Ayuntamiento de Maruri.

El sacerdote desempeña desde hace 33 años las funciones de párroco en esta localidad de 700 habitantes gobernada por el PNV y en cuyo consistorio también cuentan con representantes tanto EA como Batasuna.

Larrinaga conoció en la mañana de ayer a su escolta, un profesional contratado a una empresa de seguridad privada por el Gobierno vasco. El párroco de Maruri reconoció ayer que la petición de protección se produjo al sentirse en «el punto de mira de los terroristas».

Un sentimiento de desprotección acentuado después de conocer la existencia de un comunicado oficial del Ayuntamiento de Maruri en el que se le acusa de crear problemas dentro de este municipio vizcaíno. El documento aprobado por unanimidad por la corporación municipal el pasado 18 de junio fue distribuido junto a una fotocopia de una información publicada por EL MUNDO en el que se recogían las difíciles circunstancias en las que Larrinaga desempeña su misión sacerdotal al oponerse a las tesis oficiales de la Iglesia vasca.

En el documento del consistorio nacionalista se denuncia que Larrinaga reafirme su compromiso con las ideas con las que llegó a Maruri hace 33 años. «En aquella época, la Iglesia era la Nacional Católica, la del brazo en alto, palio, Santa Cruzada, caudillo por la gracia de Dios... Se deduce que nuestro párroco es nostálgico de aquel régimen, felizmente desaparecido», se recoge en uno de los párrafos de este comunicado oficial del consistorio.

El texto aprobado y distribuido por todas las viviendas de la localidad también se refiere a otras manifestaciones públicas de Larrinaga en las que presumía de ser «vasco por los cuatro costados». Los representantes políticos de Maruri señalan a continuación que «en aquella época oscura nadie le escuchó clamar, con riesgo de su libertad, por una sociedad plural alejada de dogmatismos y absolutismos, ni contra el avasallamiento del euskera».

El alcalde de Maruri, Joseba Alzaga, señaló a EL MUNDO, que la decisión de elaborar el comunicado se adoptó para defender la imagen del pueblo. «No podíamos permitir que se diera una imagen de pueblo violento ni hostil porque no se ajusta a la realidad y en la información se introducen falsedades», señaló el joven alcalde nacionalista de Maruri.

Alzaga incidió en la «buena relación» con el párroco y rechazó que la intención del ayuntamiento consista en expulsarle del pueblo. «El comunicado se hizo para distribuirlo sólo a los vecinos del pueblo, sin ninguna voluntad de violentarle ni de colocarle en ningún punto de mira. Si hubiéramos pensado eso no lo habríamos redactado», aseguró Alzaga antes de conocer que Larrinaga había solicitado un escolta personal para garantizar su seguridad.

Sin embargo, la reacción adoptada por el consistorio de Maruri ha incrementado la sensación de peligro para un sacerdote que constituye una de las pocas voces religiosas críticas con el nacionalismo vasco. Larrinaga considera que la decisión del consistorio vizcaíno pretende «cerrarle la boca» en una estrategia que ya se hizo pública cuando en el año 2000 publicó un artículo crítico con el obispo de San Sebastián, Monseñor Setién, y en el que incluía algunos comportamientos de nacionalistas en su propio municipio.

Entonces, el mismo consistorio acusó a Larrinaga de «confundir religión con sociopolítica», de «ahondar en la crispación social» y de mantener un «comportamiento nada acorde con los valores de tolerancia y respeto que la Iglesia vasca asume y defiende».

La moción municipal no amilanó a Larrinaga que mantiene la presidencia del Foro El Salvador, un grupo de religiosos vascos que consideran que el reconocimiento del papel de las víctimas del terrorismo y el lograr la libertad de todos los ciudadanos constituyen objetivos básicos tanto para la Iglesia vasca como para las instituciones políticas locales.

Fuentes del Foro El Salvador reconocieron que la presión ejercida contra Larrinaga en las últimas semanas ha impedido que se haya hecho público un pronunciamiento sobre la polémica pastoral de los obispos vascos sobre la situación sociopolítica del País Vasco.

Un vecino le advirtió hace dos años: «Te harán la vida imposible»
J.I.

BILBAO.- Jaime Larrinaga no puede ocultar su malestar cuando repasa una y otra vez el comunicado elaborado por el Consistorio del pueblo en el que ha dedicado sus últimos 33 años de vida.Ayer, recibió en la vivienda en la que se aloja la visita de un oficial de la Ertzaintza que le presentó al escolta privado que intentará garantizar su vida.

Larrinaga mantuvo su actividad dedicada a los feligreses de su parroquia; visitó a un enfermo en el Hospital de Cruces en Bilbao y acudió a un funeral en Mungia. Sin embargo, le resultó imposible olvidar aquella frase, una fatal premonición, de un vecino que le advirtió hace ahora dos años que su vida iba a cambiar tras dar el paso adelante de posicionarse ideológicamente contra el nacionalismo. «Te harán la vida imposible», recuerda Larrinaga, convencido de que tanto la primera moción municipal como la buzoneada el pasado 18 de junio fueron textos impulsados desde Sabin Etxea.

«El riesgo de ser sacerdote no se limita a hablar del pasado sino a denunciar la corrupción, la mentira, la maldad. Consiste en estar con los más débiles; con las víctimas, con los amenazados, con los que sufren la agresión por pensar de forma diferente», señala este sacerdote euskaldún. No renunciará a su compromiso pese a reconocer la existencia del «miedo». «El miedo esta ahí pero resulta más evidente cuando hablas con feligreses que te piden que no vayas a su casa para que no se vean marcados o cuando te apoyan y te dan palabras de ánimo en privado pero no se atreven a acercarse», explica.

ARCHIVOS HISTÓRICOS Y NACIONALISMO
Editorial El Mundo 24 Julio 2002

La decisión del Patronato del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca de no devolver a Cataluña los documentos incautados a la Generalitat republicana durante la contienda ha desatado las iras de las autoridades catalanas y los partidos nacionalistas. El Patronato, presidido por la ministra de Educación, ha dado por zanjada la polémica, ante la imposibilidad de un acuerdo en el seno de la comisión técnica compuesta por cuatro historiadores, dos en representación del Gobierno y otros dos designados por la Generalitat.

La reivindicación de los documentos fue planteada por Pujol cuando accedió al Gobierno catalán y se reabrió en 1995, al aprobar el entonces Gobierno socialista el traslado a Cataluña de la documentación requisada por Franco. La decisión originó una auténtica batalla política en Castilla y León -manifestaciones incluidas- y el PSOE dio marcha atrás. El asunto encalló sobre la mesa de una comisión técnica y ahora el Gobierno ha resuelto cerrar este capítulo con la permanencia de los documentos en el importante archivo salmantino. El Patronato fundamenta esta decisión en la necesidad de preservar la «unidad archivística», un principio considerado fundamental para la investigación por la mayoría de los historiadores, las autoridades universitarias españolas e instituciones culturales de ámbito mundial como la UNESCO.

Frente a estos argumentos científicos expuestos por los expertos se alzan los de la Generalitat, que reclama los fondos que le fueron incautados por considerar que se trata de un «botín de guerra». Aunque el Gobierno ha dado el asunto por zanjado, es posible que la Generalitat, los partidos y algunos particulares reclamen por vía judicial los documentos.

Estamos ante una cuestión en la que se enfrentan por un lado el interés en preservar la adecuada investigación histórica y por otro el sentimiento nacionalista que ve en esos papeles un símbolo de identidad. Algunos dirigentes de CiU llegaron a decir ayer que la decisión del Patronato «hiere los sentimientos» del pueblo catalán.

Se trata de una exageración y de una polémica que, en esta época, no tiene sentido. Lo importante de un archivo es que pueda ser consultado, incluso a distancia a través de las nuevas tecnologías, y eso está garantizado. Los documentos de la Guerra Civil proceden de muchos lugares, no sólo de Cataluña. Su reparto significaría la desaparición del archivo.

Nacionalismo archivístico
Aleix VIDAL-QUADRAS La Razón 24 Julio 2002

La exigencia de la Generalitat de Cataluña de que le sean devueltos los fondos documentales depositados en el Archivo General de la Guerra Civil existente en Salamanca empieza ya a aburrir a las ovejas. Un rasgo de los nacionalismos de identidad que siempre me ha llamado la atención es su capacidad de insistir durante muchos años en una misma reclamación, incluso cuando las circunstancias políticas y sociales han cambiado de tal forma que han transformado la reivindicación en cuestión en anacrónica e inoportuna. Este es un caso perfectamente ilustrativo de esta indiferencia a la realidad de los obsesos por la pervivencia de la tribu. Por supuesto que el origen del Archivo está estrechamente ligado a actuaciones del régimen de Franco en función de su particular y totalitaria manera de entender España, pero de ahí a extrapolar al día de hoy lo que se califica de «expolio» dista un gran trecho.

La Guerra Civil es un episodio fundamental de la historia española y europea del siglo XX y sobre ella se ha publicado tal cantidad de libros y artículos que su reunión llenaría una biblioteca entera de respetables dimensiones. Este tipo de estudios e investigaciones sigue realizándose todavía con gran intensidad y es previsible que el interés por aquella tragedia colectiva continúe durante largo tiempo. Por consiguiente, el agrupamiento en una única localización física de toda la información relevante sobre la contienda que enfrentó a los españoles entre si en uno de los mayores ejercicios de irracionalidad de los que hemos sido protagonistas desde que España cobró cuerpo como entidad reconocible, parece una medida de elemental sensatez si es que el mismo concepto del archivo en cuestión tiene algún sentido. Ahora bien, si lo que se pretende es borrar la memoria de tan sombrío acontecimiento y desquitarse así de lo que incomprensiblemente a estas alturas es percibido aún como una derrota, que se explique claramente. En primer lugar, la Guerra Civil afectó a España en su conjunto y su visión fragmentada en compartimentos estanco no responde al ámbito en que se desarrolló el proceso. Y en segundo lugar, una nación moderna y democrática, por muy plural que sea, ha de poseer al igual que proyectos comunes, recuerdos compartidos. La manía de trocear el Archivo de Salamanca no es más que el reflejo del propósito destructivo de eliminar la conciencia nacional española, civil, constitucional, ilustrada y solidaria, actualmente vigente, de la faz de la tierra.

¿Qué diría el Muy Honorable si alguien propusiera dividir el Archivo de la Corona de Aragón para «devolver» a Aragón, Baleares, la Comunidad Valenciana, el Rosellón y la Cerdaña franceses, Sicilia, Córcega y Atenas, lo que les corresponda? En definitiva, que la decisión del Patronato está llena de lógica histórica, funcionalidad investigadora y optimización de recursos. Tema, pues, archivado.

Los principios y la práctica
Cartas al Director ABC 24 Julio 2002

Es cada vez más obvio que el PNV se siente mucho más cómodo compartiendo mesa con los que utilizan las armas para defender sus fines que con los partidos que defienden sus ideales respetando los derechos humanos.

«Euzko Alderdi Jeltzalea- Partido Nacionalista Vasco, se define a sí mismo como un partido vasco, democrático, participativo, plural, aconfesional y humanista, abierto al progreso y a todos los movimientos de avance de la civilización que redunden en beneficio del ser humano». Así reza uno de los principios generales de la ideología de este partido. No es que sea muy democrático manifestarse en contra de la Constitución... siendo esto además una paradoja, ya que sin dicho documento el PNV no existiría.

Por supuesto que es un partido plural. Respeta tanto la pluralidad que políticos nacionalistas como Emilio Guevara han sido expulsados de su propio partido por decir unas cuantas verdades.

A mi parecer, puede que me equivoque, redundar en beneficio del ser humano no significa preferir dialogar con el brazo político de ETA que con el resto de los partidos. La manera en la que el PNV está manejando su 42,7 por ciento de votos es pésima, perversa, desastrosa, lamentable e impropia. Hace poco, Javier Arenas manifestó su agotamiento tras su ardua labor por conseguir dialogar con el lendakari Juan José Ibarretxe. Éste, con evasivas, ha evitado entrevistarse con el ministro. No hay atajo sin trabajo, ni rodeo sin deseo, y no sé por qué extraña intención el PNV prefiere que sigan las malas relaciones entre el Gobierno autonómico y el central, en vez de intentar atajar el problema mediante el diálogo. Alberto Cruz-Mayor. Madrid.

La segunda lengua extranjera será obligatoria en el Bachillerato
Redacción - Sevilla.- La Razón 24 Julio 2002

Andalucía se ha convertido en la primera comunidad autónoma que establece la enseñanza de la segunda lengua extranjera con carácter obligatorio en el Bachillerato, una vez que el Consejo de Gobierno de la Junta acordó ayer modificar la normativa sobre las enseñanzas de Bachillerato, vigente desde 1994, para su adaptación al Real Decreto 347/2000, regulador de las enseñanzas mínimas en todo el Estado. El portavoz del Ejecutivo andaluz, Enrique Cervera, explicó en rueda de prensa que, al margen de la obligatoriedad de la segunda lengua extranjera --oferta ya prevista con carácter optativo desde 1994--, estas modificaciones normativas --que comenzarán a aplicarse a partir del próximo curso en Primero y del 2003-2004 en Segundo-- incluyen otras aportaciones como el reforzamiento de la cultura andaluza en los contenidos educativos y la ampliación de las posibilidades de cursar asignaturas optativas.

Para reforzar la presencia de la cultura andaluza, la nueva normativa establece que «los contenidos de las distintas enseñanzas deben partir de las características y peculiaridades del pueblo andaluz, servir a la comprensión de la realidad de la comunidad autónoma y reflejar su contribución a la construcción de España y Europa». Se incorporan referencias a los valores cívicos, éticos, y se prestará atención a la igualdad de derechos.

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