AGLI

Recortes de Prensa     Miércoles 7 Agosto  2002
España
FRANCISCO RODRÍGUEZ ADRADOS  ABC 7 Agosto 2002

¿A quién molesta la ilegalización de Batasuna
CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN ABC 7 Agosto 2002

EL CONTADOR DE LA ILEGALIZACION DE BATASUNA COMIENZA A CORRER
Editorial El Mundo 7 Agosto 2002

Batasunización
Ernesto LADRÓN DE GUEVARA La Razón 7 Agosto 2002

Ilegalización, cuando proceda
José María CARRASCAL La Razón 7 Agosto 2002

Ilegalizar Batasuna
JORGE DE ESTEBAN El Mundo 7 Agosto 2002

Ilegalización
CARLOS DÁVILA ABC 7 Agosto 2002

La maquinaria está en marcha
Ignacio Villa Libertad Digital  7 Agosto 2002

Doble filo de una ley
Lorenzo Contreras La Estrella 7 Agosto 2002

Prudencia y justicia
Pablo Sebastián La Estrella 7 Agosto 2002

La impostura moral de IU
Enrique de Diego Libertad Digital  7 Agosto 2002

Ilegalización de Batasuna

Ramón Villota-Coullaut Libertad Digital  7 Agosto 2002

Primeros trámites

Editorial El País 7 Agosto 2002

Lección de Francia: firmeza del Estado
Editorial La Razón 7 Agosto 2002

La unidad democrática ante la violencia
JOSU MONTALBAN El Mundo 7 Agosto 2002

El PNV impide que el Ayuntamiento de Bilbao condene el doble asesinato

J. J. S. ABC  7 Agosto 2002

Receta de paz
Luis J. Pedrezuela Idoeta/Bilbao Cartas al Director El Correo 7 Agosto 2002

Una decisión de riesgo
FERNANDO ONEGA La Voz  7 Agosto 2002
 


 

España
Por FRANCISCO RODRÍGUEZ ADRADOS, de la Real Academia Española ABC 7 Agosto 2002

HE estado en Nueva York, en la presentación del año dedicado a la cultura y el arte castellano-leoneses, y en Munich, en la reunión de la Comisión Internacional del Diccionario de la Lengua Latina, la lengua de que viene la cultura de que todos, a nuestra vez, venimos. He ido luego a la isla de Quíos, en Grecia, a una reunión sobre Homero. Sé algo de por ahí fuera, pues.

Cuando uno sale de España respira, se aleja del agobio de mil cuestiones intratables, de un aluvión de noticias que le pone a uno, desde el desayuno, enfermo para todo el día. Pero cuando vuelve siente la alegría de volver a casa. Al único lugar donde se vive bien, se come bien, se ve cómo prosperan las cosas día a día. Pese a la lucha de todos contra todos, a las fuerzas centrífugas, al cultivo del interés propio por delante del nacional. Ahora ha sido un respiro, un alivio, el olvido de los pretendidos soberanismos ante el protagonismo de España en la crisis de la isla Perejil.

¿Qué tiene esta nación? Es una desde Diocleciano, desde los godos después. La destrozaron no solo los moros sino, sobre todo, la reacción contra los moros, la Reconquista (que algunos niegan, tan insensatamente como niegan el Descubrimiento). Y ello, por la parcelación de esa reacción, que creó identidades diferentes. Cierto que nunca se perdió esa idea de la unidad, la predicó Alfonso X, la predicaron los Reyes que lucharon juntos en las Navas (emotivo su monumento allí).

La unidad fue luego recobrada, las diferencias no son entre las regiones de España mayores que las que hay entre Creta y Salónica o entre Prusia y Baviera. Pero hay quienes las magnifican, viven de ello.

España es un lugar luminoso, próspero, que crece. Nada hay comparable en el mundo a nuestra costa de Francia a Portugal, y la otra, la del Norte. A la larga, su mayor riesgo es su escasa demografía y la invasión incontrolada que recibe. Pero también: su paletismo, su complejo de inferioridad, que viene de las campañas contra Felipe II y de su recepción. ¡Ya somos europeos, dicen cretinamente! Lo hemos sido siempre.

Todavía otro problema son las tendencias centrífugas aunque, ya lo he dicho, España es un país vario, pero no más vario que otros. Los minipaíses, los antiguos y los que insensatamente han nacido en los últimos años, han sido y son un ejemplo detestable. ¡Hoy que todos nos unimos! Se ha preferido, desde el comienzo de la democracia, para evitar males mayores (nos dicen), la táctica del avestruz. Nadie ha intentado una política sensata que conciliara el español con el catalán. Por ejemplo.

Los sucesivos gobiernos han tolerado imposiciones que son gravosas, no solo para España y la unidad nacional (no me da miedo escribir esto), sino también para Cataluña (y Galicia y Valencia y el País Vasco). Dejan en una situación de miseria sentimental a los castellano-hablantes y, en realidad, a todos. La Cataluña vital, después de todo, no tiene vocación de Albania ni de vivir entre el inglés y el catalán.

También yo creo que los nacionalismos radicales fracasarán, que volverá, por el peso de los hechos, la racionalidad. Basta pasearse por Barcelona o Valencia o Bilbao para ver que se está tratando de imponer una falsa realidad. Pero es triste que haya que esperar tanto, que sufrir tanto. ¡Los niños del País Vasco van a examinarse a Burgos, los de Santiago a Madrid!

Pero en política, en otros lugares, mal que bien, las cosas van funcionando. ¿Pero qué me dicen del País Vasco? Yo, la verdad, no comprendo (y ya lo escribí en este mismo periódico cuando las últimas elecciones) que en el País Vasco se permitan unas elecciones municipales. Allí no hay democracia, luego no puede haber elecciones democráticas. La unión PP-PSOE, aparte de difícil, no resuelve nada, pierde: ya se vió. Hay un estado de pura coacción, el PNV es mucho más peligroso que ETA, en cuanto que va a los mismos fines por caminos sinuosos. Y si un gobierno autónomo toma acuerdos anticonstitucionales, ahí está el artículo 155.

En fin, algo se va progresando con el cerco a Herri Batasuna. Veremos si el apretar lentamente los tornillos lleva a la solución que todos quisiéramos: democracia para todos.

Porque la democracia se creó en Atenas bajo la idea de la unidad del Atica, de decisiones para toda ella. Y esto continúa en Alemania, en Francia, en Italia, en Estados Unidos. Una democracia que no es para todos no es democracia.

Estos son los terribles problemas de España que uno se encuentra, en el avión, leyendo los periódicos, cuando vuelve, después de unos días de descanso y trabajo. Y el terrible enfrentamiento PP / PSOE, dos partidos cuyas diferencias doctrinales (por evolución de los unos y los otros) no son tan grandes. Tienen que exagerarlas acudiendo a pequeños restos de las antiguas diferencias o a agravios o acusaciones personales.

Se pierde, así, el sentido de lo español general, que es lo que a todos nos importa, es triste. La imagen de España, hoy, en el Extranjero, es en términos generales, buena. En términos políticos y en términos humanos: de país de evasión y vacaciones. Felizmente para ellos, no se enteran de lo otro salvo que pongan una bomba en Santa Pola.

Afortunadamente, el sistema comunitario europeo se basa en la idea del estado-nación, por muy combatido que esté. Otra cosa sería una locura. Y nos apoya frente a las veleidades separatistas. Pongamos de nuestra parte lo nuestro. Después de todo, no se trata de otra cosa sino de lograr, con ciertos pretextos históricos, más poder para unos pequeños grupos.

En último análisis, las autonomías son compatibles con la democracia. Y algo bueno han aportado: atención a lo local. Mejor atención en muchos aspectos. Aunque es terrible que en tantos dominios (y yo me refiero al que me es propio, el de la enseñanza) sea una misión imposible el tener que debatir con 17 Autonomías ¡y además con lo que queda del Estado! Y es terrible el espantoso derroche. En todo caso, con aspectos favorables y no, la democracia puede convivir con ellas. No con los soberanismos y demás. Esto es su negación. Habría que decirlo, de una vez, claramente, cortar esa deriva.

Todo esto es lo que ensombrece el panorama de España, cuando uno llega del extranjero. Lo que no ven los turistas (por fortuna para ellos) y nosotros vemos demasiado. Demasiado, porque, después de todo, los aspectos favorables priman.

No es la misma España de antes: es mejor. Aunque un cierto desmadre, hijo de la euforia, debería cortarse. El 11 de septiembre va a abrogar, esperamos, la legislación que abrió el campo a los terroristas. Y al pequeño delito, al de los individuos condenados cien veces y cien veces puestos en libertad. Y a decisiones de los tribunales que sólo a los terroristas y narcotraficantes y delincuentes en general, favorecen. Aunque a nadie le sean gratos los registros y las sospechas.

No favorece esa legislación al común de los mortales, que vive, que prospera, que es hasta frívolo en un ambiente de libertad. Como el que se disfruta aquí y en pocos lugares del mundo. Ese ambiente que nos hace alegrarnos, difrutar, cuando el avión aterriza en nuestro suelo. Pese a todo.

¿A quién molesta la ilegalización de Batasuna?
Por CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN ABC 7 Agosto 2002

EL inicio del proceso para la eventual ilegalización de Batasuna, tras las amenazas vertidas por Arnaldo Otegi después del bestial atentado de Santa Pola, demuestra que, afortunadamente, la reforma de la ley de Partidos no ha sido una mera distracción de cara a la galería, sino un compromiso mucho más serio para conseguir la derrota y erradicación del terrorismo etarra, proceso en el que resulta vital la disolución escrupulosa de su trama político-mafiosa. Como dijo el lunes el juez Garzón en el curso sobre Terrorismo y Globalización celebrado en El Escorial, en España tenemos que ir acostumbrándonos a aceptar que las leyes no se hacen para colocarlas en una estantería. Aunque una parte de la opinión no parezca considerarlo así, las leyes son instrumentos con una finalidad práctica: ¿qué parte de la opinión va a rasgarse las vestiduras en cuanto comience a ponerse en práctica contra Batasuna la ley recién reformada? Fundamentalmente dos grupos: el sector interesado en un mayor deterioro de la situación vasca para denunciarlo como un fracaso del gobierno de Aznar y, por supuesto, el nacionalismo vasco infelizmente gobernante. Comencemos por los segundos. ¿Por qué se oponen PNV, EA e IU a la ilegalización de Batasuna? Sencillamente, porque les necesitan para mantener una situación de privilegio inaceptable.

Desde las movilizaciones de Ermua, el horizonte de una política vasca sin ETA asusta al PNV y compañía. Lo que el nacionalismo quiere es una ETA lo más inactiva posible, pero en la reserva y amenazante, tanto como «expresión del conflicto» -o sea, para seguir quedándose nueces- como para consagrar el régimen de monopolio político resultante del arrinconamiento y extranjerización del constitucionalismo vasco. En efecto, cuando el terrorismo sea algo marginal, es probable que asistamos a un derrumbe del tinglado de explotación activa del padecimiento ajeno montado por el nacionalismo vasco. La otra corriente de opinión que se opondrá a la presumible ilegalización del escaparate político de ETA también está interesada en mantener ese statu quo que si bien siembra España de miedo y asesinatos, y priva de libertad a la mitad de los vascos, tiene sin duda una utilidad instrumental en su empeño de desprestigiar como sea y al precio que sea al PP.

La única opinión que sí debe ser tenida en cuenta es la de quienes reclamen todas las garantías judiciales para que el proceso en marcha acabe como debe: con una ilegalización impecable de Batasuna que, además, sirva de precedente para cualquier intento de reconstitución en la sombra del negocio político de ETA. Sin Batasuna, el fin de ETA estará mucho más cercano. Y claro, sin terrorismo no hay conflicto vasco, y sin conflicto no hay negocio del chantaje en régimen de monopolio. Que de eso se trata.

EL CONTADOR DE LA ILEGALIZACION DE BATASUNA COMIENZA A CORRER
Editorial El Mundo 7 Agosto 2002

El Gobierno remitió ayer al Fiscal General del Estado un informe para poner en marcha el procedimiento de ilegalización de Batasuna.El informe recoge siete hechos que podrían ser considerados como motivos para proscribir a la formación de Otegi, según la Ley de Partidos. Al mismo tiempo que el Ejecutivo hacía pública esta iniciativa, el Fiscal General del Estado anunciaba una investigación por cuenta propia sobre la eventual ilegalización de Batasuna.

Entre los hechos que invoca el Gobierno, figuran la negativa de sus dirigentes a condenar el atentado de Santa Pola, las amenazas contra la alcaldesa de Lasarte, la imputación de la Fiscalía contra Josu Ternera y la muy reciente agresión contra el alcalde de Vitoria en las fiestas municipales. También se incluyen las declaraciones de anteayer de Arnaldo Otegi, portavoz de Batasuna, en las que culpaba Aznar de lo «que pueda suceder en el futuro».Ayer, precisó en un gesto de chulería que ese futuro puede ser «mucho más dramático».

El Gobierno considera que el Fiscal tiene material suficiente desde la entrada en vigor de la Ley de Partidos para solicitar ya la ilegalización de Batasuna, pero además ha creado un grupo de trabajo en el Ministerio de Justicia que elaborará un dictamen jurídico. En cualquier caso, el Gobierno remitirá a partir de ahora al Fiscal General del Estado todas aquellas conductas de los miembros de Batasuna que la Ley de Partidos contempla como causas de ilegalización. Entre ellas, agredir o intimidar a concejales o cargos públicos, participar en actos de apoyo a ETA, justificar la violencia o propiciar la confrontación civil.

Otro motivo que podría añadirse hoy a la lista es la posición de Batasuna en el Parlamento vasco, donde los portavoces de los partidos están convocados para consensuar un comunicado de repulsa del atentado de Santa Pola.

Tal y como Javier Arenas explicó ayer, el Gobierno no tiene intención de solicitar de forma inmediata y unilateral al Supremo la ilegalización de Batasuna, sino que prefiere que el Parlamento y el Fiscal General del Estado se sumen al Ejecutivo para adoptar esa iniciativa simultáneamente tras reunir pruebas sólidas y concluyentes.

Es, sin duda, la vía más sensata, ya que la ilegalización de Batasuna es un paso tan grave y trascendental que no cabe precipitación alguna. Mejor cargarse de razón, aunque haya que esperar unos pocos meses, que correr el riesgo de que el Supremo considerase no fundamentada la petición de ilegalización.

En ese sentido, sería muy conveniente que esa demanda de ilegalización fuera respaldada por los partidos que han firmado el Pacto Antiterrorista, que suman una gran mayoría en el Congreso. Se podría crear incluso una comisión parlamentaria para estudiar si existen fundamentos jurídicos para proceder contra la formación de Otegi.

Poner fuera de la ley a Batasuna es una decisión sin precedentes en nuestra democracia. Por ello, todas las cautelas políticas y jurídicas nos parecen pocas. Que la ilegalización sea instada por el Fiscal, el poder legislativo y el ejecutivo es la mejor opción para legitimar una medida que pretende defender a esa democracia de sus enemigos.

Batasunización
Ernesto LADRÓN DE GUEVARA es portavoz de Unidad Alavesa La Razón 7 Agosto 2002

Malos tiempos corren para los nacionalistas. Durante mucho tiempo han estado dando el pego, pareciendo civilizados mientras chantajeaban al Estado para que no estorbara demasiado en sus ansias hegemonistas y concediera patente de corso en sus afanes por el control político, social y económico de la sociedad vasca. Años y años han transcurrido en los que había un reparto de poder tácito, no escrito pero admitido en la práctica, por el que «desde Madrid» se permitía hacer y deshacer a los nacionalistas a cambio de que no incordiaran en exceso y nos dejaran al conjunto de los españoles en paz. Ellos han sido como un mal vecino, parasitando a su comunidad, y a la hora de la verdad no contribuyendo a la convivencia común, mientras que se les daba, ingenuamente, un voto incondicionado de confianza. El problema vino cuando, sin que nadie contara con aquel fenómeno, ese «pueblo» tan socorrido en el argot nacionalista se echó a las calles para sublevarse contra Eta. Ese antes y después del mes de julio del 98 quedó claramente delimitado tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, y fijó un cambio de rumbo y estrategia en el nacionalismo. Ese nacionalismo de Arzallus que era capaz de formular mensajes duales y de moverse con total soltura en la ambigüedad flotando como un corcho en aguas turbulentas, mientras otros se hundían, empezó a temer por su futuro al ver a las gentes en la calle, y vio la necesidad de echar un capote a Eta para que su derrumbe no fuera estrepitoso.

Iniciada esa deriva sin rumbo, los nacionalistas han ido superándose en esa escalada de tensión hasta límites que hasta hace muy poco eran insospechados, quizás porque ven venir el final de su tránsito y que el tiempo se les acaba. Están acelerando de forma compulsiva para que su proyecto secesionista pueda cumplirse. O ahora o nunca. El tiempo va en su contra.

Lo peor de todo, o lo mejor, según se vea esta película propia de un guión de Berlanga, es que los pasos al vacío que están dando ya no tienen fácil retorno. Lo peor porque nos pueden arrastrar a la sociedad en su conjunto, incluso a los ciudadanos que no tenemos implicaciones ni interés en su locura secesionista. Lo mejor porque por fin aquellos que les atribuían un mero testimonialismo cultural y un moderantismo, al estilo del nacionalismo catalán, se han bajado del burro y han podido comprobar lo que algunos hace mucho tiempo decíamos: no hay nacionalismo democrático, todos cojean del mismo pie, no admiten posibilidad alternativa a la suya, en el fondo sólo aceptan la democracia cuando ellos ganan. El caciquismo de la época de Cánovas puede ser perfectamente análogo al caso. Es como si retrocediéramos más de cien años, pero ahora sustituyendo las asonadas por las pistolas de Eta.

Siguen hablándonos de autodeterminación del «pueblo vasco», a sabiendas de que una verdad a medias reiterada se convierte en verdad absoluta en lugar de en mentira, o lo que es lo mismo: una mentira repetida mil veces se convierte en verdad inconsciente para las mentes poco críticas y con menos herramientas de análisis. Nos ocultan la realidad del concepto autodeterminista a la luz del derecho internacional que es que Naciones Unidas aprobó por resolución 1514 de diciembre del año 1960 el derecho de los pueblos colonizados a decidir su futuro en un contexto de descolonización en continentes del tercer mundo. Es decir, aplican sin ningún rubor ni rigor una figura concebida para pueblos del tercer mundo invadidos, expoliados y colonizados.

Ya sabemos que los batasunos siguen con el estribillo ese de la ocupación de los territorios vascos por las fuerzas españolas, aunque eso choque de bruces con un análisis mínimamente soportado en el rigor histórico, sociológico o cultural, que es el de que desde la unificación de los reinos peninsulares se restituyó la Hispania existente desde tiempos de los romanos, y que los vascos somos españoles, desde cualquier punto de vista epistemológico que se analice. De todas formas, el hecho de ser de aquí o de allá no merece la menor pérdida de tiempo en la preocupación de los ciudadanos. El problema es otro: cómo garantizar mejor los derechos humanos que son siempre individuales y cómo asegurar un marco de derechos y libertades. La verdad es que el proyecto nacionalista produce más que serias dudas respecto a la posibilidad de mantener un marco democrático y de convivencia plural, a la luz de los hechos que son tozudos y contundentes. Ese es el verdadero problema y preocupación para las mentes librepensadoras que persigan la verdad desde un plano positivista y no mitológico.

Michael Burleigh, autor del interesantísimo libro El III Reich, analizando la sociedad alemana en los preámbulos del advenimiento del Hitler al poder y los fenómenos sociales durante el nazismo dice que su libro «trata del colapso moral progresivo, y casi total, de una sociedad industrial avanzada en el corazón de Europa, donde muchos de sus ciudadanos abandonaron el peso de tener que pensar por sí mismos» (El Mundo 28/07/2002).
Esta observación viene muy a cuento de lo que ocurre en el País Vasco donde abundantes personas ven como algo normal el que muchos de sus conciudadanos tengan que llevar escolta por el sólo hecho de pensar de una determinada manera o ser fieles a una Constitución a la que la mayoría de los vascos que votaron dieron su apoyo en 1978. O ven normal, con una frialdad escalofriante, que se pueda utilizar la violencia para la praxis política; entre otras constataciones dignas de estudio en tesis doctorales sobre comportamientos sociales. Ahí está el quid del meollo.

Puede ser que haya quien no esté satisfecho con el modo de funcionar de nuestra democracia. Ya sabemos que la democracia en los países occidentales es imperfecta, aunque mucho mejor que en los orientales en términos comparativos. Yo mismo afirmo que se debiera producir una regeneración del sistema democrático que introdujera reformas como las listas abiertas electorales, las consultas populares sobre cuestiones de amplia repercusión pública, la rendición de cuentas de los representantes de la soberanía popular ante su circunscripción, el estatuto del parlamentario más allá del sometimiento a sus grupos políticos, etcétera.
Pero de ahí a reventar el sistema político democrático como pretenden muchos nacionalistas mediante la institucionalización de ciertos inventos ¬ya ensayados en otros momentos de la historia¬ como Udalbiltza, etcétera, hay una gran distancia.

Ese es el meollo de la cuestión: la restitución de los principios, valores y formación en el rigor historiográfico y filosófico de partida que permita una nueva Ilustración en el cuerpo social, y el relegamiento de los conceptos de pueblo y nación al de ciudadanía, recuperando el legado de la revolución francesa desde la que el ciudadano es uno, indivisible e irreemplazable por encima del principio de nacionalidad.
Ese es el asunto del que deberíamos hablar en profundidad para no estar rizando el rizo sin solución de continuidad. De ello depende, a mi modo de ver, que superemos la desafección de los jóvenes respecto a la política que es algo que debiera obsesionarnos, pues de ello depende que podamos ver la luz algún día.
Y ese es el objeto de discusión real y no el falso debate al que nos llevan los nacionalistas.

Ilegalización, cuando proceda
José María CARRASCAL La Razón 7 Agosto 2002

Estoy a favor de la ilegalización de Batasuna porque no reconoce la Constitución, porque no participa en el debate político y porque no es un auténtico partido sino la tapadera de una banda criminal. Pero ¿ilegalizarla porque no condena un atentado? Yo me andaría con mucho cuidado y, sobre todo, esperaría a ver lo que dicen los jueces al respecto. Es el nuestro un Estado de Derecho, donde el respeto a las normas resulta fundamental. Y si ya es difícil enviar a alguien a la cárcel por lo que ha dicho, no quiero decirles nada lo difícil que debe ser enviarle por lo que ha dejado de decir, por mucha obligación moral que tuviera de decirlo. Pero las leyes no juzgan la moral de las personas. Juzga sus actos. Es verdad que existe el delito de no prestar la debida ayuda a alguien en peligro, pero la «no condena» de un acto delictivo es algo distinto, aunque la nueva ley la tipifica como delito, siempre que sea «de forma reiterada y grave».

Repito, dejemos hablar a los jueces, pues pocos desenlaces más tristes podría tener el doble crimen de Santa Pola que un patinazo de los partidos constitucionalistas, desautorizados más tarde por un tribunal, como ya ha ocurrido. La masacre de Eta sería rubricada por un triunfo de su brazo político. Cuando se actúe contra Batasuna hay que hacerlo cargado de razones, sin que quede el menor resquicio en la acusación. Hay que mirar con lupa lo que dice y lo que hace, y si sigue como hasta ahora, seguro que no van a faltar ocasiones. Lo que no puede hacerse es actuar empujado por las prisas o la legítima indignación, que pueden volverse contra nosotros. Tampoco hay que olvidar que el nacionalismo vive tanto de la violencia y de la mentira como del victimismo. Convertirles en objeto de una persecución desautorizada por los tribunales sería un auténtico festín para ellos. O sea, que mucho cuidado, pues ya sabemos con quien nos jugamos la libertad y la vida, aunque esos miserables pretendan que son ellos los que se las juegan.

Dicho esto, no puede uno dejarse en el tintero el indigno papel interpretado por los nacionalistas vascos ante la atrocidad. Todos. Batasuna con su cínico silencio y tratando politizar lo que es un crimen repugnante. El PNV utilizándolo para soltar sus lágrimas de cocodrilo y encontrar argumentos contra la nueva ley de partidos. Barbarie e hipocresía, el nacionalismo bueno y el malo, los moderados y los radicales, los demócratas y los antidemócratas, repartiéndose los papeles en la tragedia vasca, que también es española, como acabamos de ver en un pueblecito levantino, donde pasan el verano miles de familias, vascas muchas de ellas. Si eso no merece, no ya la condena, sino el corte definitivo con los que están detrás de ello, es que se está con ellos. No estoy pidiendo, naturalmente, la ilegalización del PNV, ¿qué más quisieran ellos! Estoy pidiendo su denuncia pública por presidir esta situación y no hacer nada por evitarla.

Ilegalizar Batasuna
JORGE DE ESTEBAN El Mundo 7 Agosto 2002

Si por algo se distinguen los miembros de ETA, y por extensión los de Batasuna, desde luego no es por su finura intelectual y su racionalidad política, sino más bien porque viven en el mundo de lo imaginario, fuera de toda realidad. Arnaldo Otegi, en sus medidas declaraciones, de forma deliberada, tras los crímenes execrables de Santa Pola, se ha referido a ellos, a pesar de todo, como habiendo sucedido en «els paises catalans...».

Pero, por mucho que vivan en una psicopatología permanente, no creo que no hayan valorado convenientemente que la primera consecuencia de esos sucesos, estando vigente la nueva Ley de Partidos, sería sin duda el comienzo del proceso de ilegalizar Batasuna. Siendo conscientes de tal eventualidad, ¿por qué lo han hecho? Parece que han querido que el Gobierno y los partidos demócratas se apresuren a tal medida, como consecuencia del órdago que han lanzado. De esta manera, esperan que el Gobierno del PNV se oponga a ella y el foso que separa a éste del Gobierno central se convierta en una guerra institucional en la que, a río revuelto, los pescadores abertzales obtengan la ganancia esperada. Saben perfectamente que el PNV es su cómplice en la marcha hacia la «independencia», es decir, hacia ninguna parte.

Vistas así las cosas, la pregunta que se plantea es la de dirimir si conviene iniciar ya -una vez descartada, como sostuve el primero aquí, la retroactividad de la Ley de Partidos- dicha ilegalización o conviene esperar a que ETA vuelva a cometer otro atentando sangriento y Batasuna caiga en el desliz de apoyarlo de alguna forma, como ha hecho otras veces, y no limitarse, como ahora, a no condenarlo. Algunos juristas o políticos mantienen, así, que el silencio no está claramente tipificado en los supuestos que contiene el artículo 9 de la nueva ley, por lo que habría que esperar a una nueva ocasión más determinante. Tal afirmación es relativamente cierta si nos atenemos a una primera lectura literal de tales supuestos, puesto que muchos de ellos son conceptos jurídicos indeterminados que quedan a la interpretación de la Sala Especial del Tribunal Supremo. Pero en una segunda lectura cabría sostener que la no condenación expresa de los atentados de Santa Pola entra dentro de la tipicidad de algunos de los casos expuestos en dicho artículo. Así, por ejemplo, en su punto 1, se señala que los partidos políticos «deberán respetar los valores constitucionales, expresados en los principios democráticos y en los derechos humanos». Pues bien, el primero de los derechos humanos es el derecho a la vida, y si no se condena la muerte de dos personas inocentes, como ha ocurrido ahora, no se está respetando tal derecho fundamental, porque como dice el proverbio «el que calla otorga».

Pero además, el punto 3.a del mencionado artículo indica igualmente que concurren las circunstancias para ilegalizar a un partido político, cuando se dé «apoyo político expreso o tácito al terrorismo...».Es decir, como señala el diccionario de la Real Academia, tácito equivale a «callado o silencioso» o, lo que es lo mismo, «que no se entiende, percibe o dice formalmente, sino que se supone o infiere». Por consiguiente, la no condena de las acciones de ETA por parte de Batasuna, esta vez, como en todas las anteriores, es evidente que consiste en un apoyo tácito al terrorismo. Por supuesto, si esta interpretación dependiera de un único juez, como Garzón, es claro que se aplicarían los párrafos mencionados en este caso, pero la pregunta que se plantea es la de saber si entre los 16 miembros que forman la Sala Especial del Tribunal Supremo habrá una mayoría que avale tal interpretación.

De ahí que el Gobierno y las formaciones democráticas deban evaluar políticamente, y no sólo jurídicamente, si conviene ahora instar a la ilegalización de Batasuna, porque insisto en que los atentados de Santa Pola no se han realizado sin valorar la reacción del Gobierno para que éste caiga en la eventual trampa de una disolución anticipada de dicho partido. A tal respecto cabe citar el precedente ofrecido por el Consejo de Ministros francés, que en la sesión de ayer mismo ha oficializado la inminente disolución del partido de la extrema derecha Unidad Radical, debido a que tiende «a la discriminación, al odio y a la violencia respecto de personas por el hecho de no pertenecer a una nación, a una raza o a una religión». Supuesto que se podría aplicar también a Batasuna, como se demuestra por sus actuaciones en el Parlamento vasco y en los ayuntamientos en que gobierna. Es evidente, por tanto, que en Europa no caben los partidos de extrema derecha o de extrema izquierda que, de una forma u otra, apoyen expresa o tácitamente la violencia y la discriminación entre los ciudadanos, lo que es una violación, en nuestro caso, de uno de los valores fundamentales de la Constitución española, el pluralismo político, contenido en su artículo 1º.

A mayor abundamiento, creo que conviene traer a colación la importante sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, de 31 de julio de 2001, en la que se pronunció por la ilegalización del Partido de la Prosperidad turco, al tener como objetivo acabar con la democracia pluralista para imponer un régimen islámico. A este respecto, el Tribunal señala en su importante sentencia, comentada recientemente por Lorenzo Martín Retortillo, que «según la opinión del Tribunal, un partido político puede auspiciar el cambio de las estructuras legales o constitucionales de un Estado bajo dos condiciones:

Por una parte, que los medios utilizados a tal fin deben ser desde todos los puntos de vista legales y democráticos.

Y, por otra, que el cambio propuesto debe ser en sí mismo compatible con los principios democráticos fundamentales. De donde deriva necesariamente que un partido político cuyos responsables incitan a recurrir a la violencia o proponen un proyecto político que lesione alguna o algunas de las reglas de la democracia, o aspire a la destrucción de esta última, o desconozca los derechos y libertades que ésta garantiza, no puede prevalerse de la Convención de Derechos Humanos frente a las sanciones impuestas por tales motivos».

Este aviso europeo para navegantes no debe dirigirse únicamente a los dirigentes de Batasuna, que no lo entenderán, sino también a los del PNV, que no lo quieren entender. En definitiva, ilegalizar a Batasuna es algo que exige la salud pública, pero son el Gobierno y sus aliados democráticos quienes tienen que decidir sobre la oportunidad de cuándo hacerlo.

Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

Ilegalización
Por CARLOS DÁVILA ABC 7 Agosto 2002

NADA le puede gustar más a ETA, a Batasuna y al nacionalismo en general que tras el doble y pavoroso asesinato de Santa Pola, el debate se centre en la ilegalización de Batasuna. Es más: entre los objetivos colaterales de la banda figura, con certeza, el de provocar esta discusión. Una vez más ETA parece haber conseguido su propósito gracias a los pusilánimes que creen asegurada su inmunidad a los hipergarantistas que como los Jueces para la Democracia, apuestan por una justicia de «ong» y también, claro ésta, a los nacionalistas, que juegan una doble carta, por un lado, rascar votos apoyando las causas más abyectas de Batasuna, y, por otro, conmoverse ante dos cadáveres que ellos han podido evitar.

A todos éstos ETA les tiene metido el miedo en el cuerpo. Se refugian en las merecidas descalificaciones de quienes ya no les aguantamos un minuto más para presentarse como víctimas, a pesar de que ellos lloran, o fingen llorar, siempre por los ajenos, nunca por los propios. Escuchar al consejero de Justicia vasco, Joseba Azcárraga, produce lástima. Pero, ¿qué es eso de que ETA no respeta a la sociedad vasca? Pero, ¿es que esta niña y este hombretón machacados por la banda eran de Gallarta o de Llodio? La reacción produce espasmos de indignación. Y, ¿para qué hablar de Ibarretxe? Ya ni sabe llorar. Después de recomendar a los vitorianos que «en fiestas» se comporten, como «personas no como bestias» se pone a gimotear sin mencionar ni una sola vez a los auténticos animales de los que él se aprovecha para, sin ir más lejos lanzar un ultimátum que vence -ojo al dato- el 12 de septiembre, un ultimátum que quiere ilegalizar por la vía de los hechos, a todo el que en el País Vasco se siente español.

¿Y qué sucede? Pues que ETA sigue con su cantinela del mata que te mata. Y que el PNV y EA comparten fines con los asesinos y utilizan sus votos para forzar lo que no quiere hacer el 50 por ciento por lo menos de los vascos: marcharse de España. Mientras la sociedad paniaguada del PNV y EA calla porque un buen «pil-pil» disimula cualquier horror, los timoratos, como denuncia Garzón, consienten con la ley de Partidos siempre que no se aplique, y los Jueces para la Democracia hacen el caldo gordo a los criminales y a los conmilitones, con un pacatismo revestido de progresía con telarañas. Ésta es la bestial realidad del «ya no podemos más». Por eso, y porque Batasuna es la pura ilegalidad, hay que llevarla a ella cuanto antes.

La maquinaria está en marcha
Ignacio Villa Libertad Digital  7 Agosto 2002

La reacción del Gobierno ha sido rápida y adecuada. El Ejecutivo de José María Aznar ha actuado con la celeridad que requería la ocasión. En este sentido, el presidente del Gobierno ha querido lanzar el mensaje de que no va a quedarse quieto a la espera de que se precipiten los acontecimientos. Después del último atentado de la banda terrorista ETA en Santa Pola, el Gobierno ha decidido poner en marcha la maquinaria puesta a punto con la reciente reforma de la Ley de Partidos Políticos. El mecanismo se ha puesto en marcha e inmediatamente se han iniciado todos los preparativos necesarios para que la ilegalización de Batasuna se convierta en una posibilidad real.

Con los resortes técnicos y judiciales en funcionamiento –todos ellos imprescindibles para que esa ilegalización sea una realidad– ahora es necesario un trabajo de auténtica orfebrería política. El Gobierno ha actuado correctamente, reaccionando como ha reaccionado; pero ahora es preciso conseguir un alto nivel de consenso entre las fuerzas democráticas "razonables", es decir, Partido Popular, Partido Socialista, Convergencia y Coalición Canaria. Un trabajo que deberán realizar con discreción pero con eficacia, para que desde todas estas formaciones se apoye sin fisuras una de las decisiones más importantes de la historia de la democracia española. El consenso es, pues, uno de los requisitos más convenientes para esta ilegalización. Una posible imagen de desacuerdos entre los partidos políticos citados sería un precedente triste y de efectos muy nocivos para la lucha contra el entorno del terrorismo. En todo caso, lo absolutamente imprescindible es que populares y socialistas caminen de la mano en este largo trayecto que se nos presenta, y que eviten hacer públicas posibles diferencias de planteamiento.

De todas formas, la iniciativa del Gobierno ya ha provocado un primer efecto: la aparición pública de los complejos y las actitudes, ya conocidos, del nacionalismo vasco y de Izquierda Unida. Las formaciones políticas que conforman el Ejecutivo vasco, con su negativa y sus críticas al proceso de ilegalización de Batasuna, están quedando, una vez más, en evidencia. Su actitud mezquina y rastrera cuando todavía están calientes los cadáveres del atentado de Santa Pola es una señal más de su complicidad política con Batasuna, permitiendo y alentando el ambiente de inestabilidad real y social que se vive en el País Vasco. Los nervios, los ataques furibundos al Gobierno y las reacciones que estamos oyendo son una señal clara de que la posible ilegalización de Batasuna desmontaría una estrategia común diseñada junto al nacionalismo vasco.

Con el proceso puesto en marcha, sin perder de vista la necesidad de consenso, con la evidencia de los nervios nacionalistas, el Gobierno deberá actuar ahora con prudencia. Todo indica que el Ejecutivo actuará recabando todos los datos, cimentando correctamente la petición de ilegalizacion y sabiendo que una vez que la maquinaria está en marcha lo importante es que todos los pasos se den en el momento adecuado. La eficacia, la claridad, la contundencia en la respuesta son siempre compatibles con la prudencia política, que nunca se puede confundir con una actitud timorata. El Gobierno ha comenzado con buen pie este proceso. Un proceso que será largo y que se ha convertido en algo prioritario para la vida democrática española.

Doble filo de una ley
Lorenzo Contreras La Estrella 7 Agosto 2002

Ha sido anunciar el presidente del Gobierno la ilegalización "cuanto antes" de Batasuna, en aplicación de la Ley de Partidos, y ya ha comenzado el "run-run" de objeciones jurídico-políticas. Algunos medios de comunicación y otros centros de opinión han señalado la necesidad de caminar en esa dirección con pies de plomo, si es que se camina algo. Es evidente que Aznar no está para contemplaciones.

Las protestas de familiares de la Guardia Civil y de las víctimas del atentado de Santa Pola durante el funeral celebrado en dicha localidad alicantina han salpicado a los ministros allí presentes, incluido el "premier" Aznar, aunque la indignación principal se orientara, como es lógico, hacia ETA y sus cómplices. Pero cualquier observador con suficiente recorrido en el tiempo podrá notar que ha empezado a repetirse la actitud de protesta contra el poder cuando, en los años de transición política, ETA cometía sus famosos atentados contra militares, policías y, por supuesto, guardia civiles, incluidos algunos de sus mandos. Era la época en la que zarandeaban el coche de Gutierrez Mellado, por ejemplo, o se insultaba a los ministros y al Gobierno en general a la salida de los funerales inevitables.

Puede decirse que ETA ha iniciado la fase de su peor desafío. Ha optado por lo peor, entendiendo seguramente que para ella lo peor es el comienzo de lo mejor dentro de su línea soberanista y "liberadora" del pueblo vasco. Ya es significativo que el secretario general del Consejo de Europa, el austriaco democristiano Walter Schiwimmer, haya proclamado en un comunicado de condena de la atrocidad de Santa Pola, "la necesidad inmediata, tanto en Israel como en el País Vasco, del diálogo político y la negociación".

Ya está liada. Primero porque la comparación de la situación de Palestina con la del País Vasco resulta difícil de admitir. En segundo lugar porque quien establece ese parangón y además pide un diálogo que ETA ya se ha encargado de boicotear varias veces es nada menos que el secretario del órgano o institución más característica, en términos generales, de la Unión Europea.

El pasado 11 de abril, Javier Arzalluz anunció que el PNV acudiría a los tribunales europeos si la entonces próxima y ahora ya vigente Ley de Partidos se aplicara a la ilegalización de Batasuna.

El Gobierno de Aznar, en uso de su lógica y del sesgo de sus palabras contra "la basura" de Batasuna, se ha convertido políticamente en prisionero de la propia ley que inspiró. Quiérese decir que ha surgido la dificultad de aplicarla y que esa aplicación es enormemente vidriosa. Batasuna se ha refugiado ya de inicio en el valor evasivo de las palabras referentes al crimen de Santa Pola. "Graves sucesos" y "resultados dolorosos". O sea, lo de siempre. Un proceso "histórico" de reivindicaciones vascas que Madrid desatiende y no asume en la dirección que el nacionalismo desea. Luego España y sus gobernantes cargan con la responsabilidad de lo que sucede. Lo que se avecina es una enorme polémica en la que la Iglesia, sobre todo la vasca, decepcionará a más de uno.

Prudencia y justicia
Pablo Sebastián La Estrella 7 Agosto 2002

La emoción de los crímenes de Santa Pola perpetrados por ETA y silenciados en su condena por Batasuna, no debe permitir al Gobierno caer en el riesgo de intentar ilegalizar Batasuna aplicando la nueva Ley de Partidos sobre la base del silencio de los batasunos y de su pasado de complicidad con ETA, lo que supondría aplicar una retroactividad delictiva que no contempla el ordenamiento jurídico español.

Los crímenes de ETA vienen de muy lejos y lamentablemente van a seguir, pase lo que pase con Batasuna. Entendemos la indignación de la opinión publica por estos graves acontecimientos que nos afectan a todos y que claman justicia contra ETA y su entorno político. Pero a los gobernantes, sobre todo, les toca tener la cabeza bien fría, a la hora de tomar decisiones tan graves como las que pretende en este momento el Gobierno en replica al atentado de Santa Pola, ilegalizando Batasuna por su silencio y basándose en los antecedentes de esta organización.

La Ley en cuestión no obliga al pronunciamiento de una condena explícita y creemos que los tribunales, como ya lo han subrayado importantes juristas, no aceptarán el argumento del silencio como causa suficiente para ilegalizar Batasuna y menos aún su pasado porque ya está claro que la retroactividad no se puede aplicar en el ordenamiento jurídico español. Si el Gobierno pone en marcha esta iniciativa en las actuales circunstancias corre el riesgo de que ello se vea como una venganza y no como una justicia tal y como lo negaba el presidente Aznar. Y lo que es peor, el intento de ilegalizar Batasuna no puede resultar fallido en los tribunales porque el desánimo en la opinión pública y entre los demócratas sería similar al jolgorio del entorno terrorista.

Estamos seguros de que en los próximos días, semanas y meses no faltarán ocasiones para que estos desalmados que circulan por la política y que se acogen en su ambigüedad o con su silencio a los beneficios de un régimen de libertades y de un Estado de derecho, pierdan la careta y muestren con toda su crudeza cual es su posición para que entonces la ley caiga sobre ellos. Pero ahora están jugando con el propio marco legal, con la intención de provocar el error del Gobierno y de las fuerzas democráticas, rompiendo la delgada línea roja de la legalidad. Por eso ahora es tiempo de frialdad y de firme decisión, es tiempo de más unidad de los demócratas y aquí incluimos a los líderes del nacionalismo vasco democrático, que deberían situar la lucha contra ETA en el número uno de sus prioridades políticas de la misma manera que también es hora de la eficacia policial.

En el Ministerio del Interior han ocupado el primer sillón de ese departamento tres primeros dirigentes del PP (y candidatos a la sucesión de Aznar) en el plazo de un año y medio. Y es hora de que el nuevo ministro Acebes, que viene del Ministerio de Justicia, se tome su tiempo para coordinar, organizar y para que funcionen los servicios de información con la mayor eficacia posible a pesar de que sabemos todos que el terrorismo traidor es casi imposible de detectar con antelación. Pero Acebes, que viene de Justicia, no debe caer en la tentación de la escalada con riesgo en el ámbito judicial, sino que debe hacer coincidir la actuación de la Ley con todas las garantías de su propia definición con la firmeza y la eficacia de la acción policial.

Veremos cómo se desarrollan los próximos acontecimientos anunciados en el Parlamento vasco y qué dicen los portavoces de Batasuna tras el último acto de terror, además de pronunciar su falso dolor por lo ocurrido. Porque tenemos la impresión de que, además de la muerte de personas y niños inocentes, ETA y su entorno están buscando la ruptura de la legalidad democrática como un objetivo y una conquista política, y eso los demócratas no lo deben aceptar.

Está muy bien que el Gobierno y el PSOE estén unidos en todo ello y que Izquierda Unida también se sume con firmeza a las posiciones de los grandes partidos, pero hay que mantener la firmeza y también la legalidad.

La impostura moral de IU
Enrique de Diego Libertad Digital  7 Agosto 2002

El partido socialista gobierna en coalición con Izquierda Unida en Santa Pola, la ciudad sacudida por la crueldad criminal del terrorismo nacionalista. Pero, en una ficción insostenible, los restos del Partido Comunista defienden una cosa en Santa Pola y otra bien distinta en Vitoria, donde IU es la comparsa del nacionalismo y donde va de la mano de Batasuna pidiendo la secesión del País Vasco, fin que se utiliza para matar a una niña de seis años y a un buen ciudadano.

De esta forma, votar a Izquierda Unida en Santa Pola establece una complicidad política con los asesinatos y una sintonía moral con Batasuna, que, en realidad, esos votantes están lejos de sentir. Pero esa es la obviedad. La abrumadora contradicción interna.

El Gobierno y el PP, para ilegalizar a Batasuna, cuenta con el respaldo del PSOE y negocia los votos de CiU y Coalición Canaria. Con Izquierda Unida no es preciso ni hablar. En el caos moral en el que ha sumido a esa formación el tándem Llamazares-Madrazo, IU es una fuerza política que respalda a los proetarras para que puedan, amparándose en la legalidad, organizar y perpetrar atentados, señalar objetivos, amedrentar a demócratas, desarrollar la violencia callejera y formar a los terroristas que luego asesinan en Santa Pola, donde IU está en el poder.

El cinismo de IU sólo tiene parangón con el del PNV. No puede decirse que lo supere, porque eso es imposible. Pero, en muchos aspectos, lo iguala, pues Madrazo y Llamazares no dejan de ser los mamporreros plebeyos de Arzalluz e Ibarretxe, pero con el añadido de la incoherencia de que se pretenden un partido nacional, que en el País Vasco está por la independencia y es probatasuno, y fuera de allí –por ejemplo, en Navarra– está supuestamente contra la independencia y contra la violencia.

La situación es tan caótica, penosa e inmoral que Llamazares y Madrazo merecen un anexo en el Libro negro del comunismo.

Ilegalización de Batasuna
Ramón Villota-Coullaut Libertad Digital  7 Agosto 2002

La cuestión que están planteando por diversos políticos y juristas es si la negativa a condenar un atentado puede ser entendida como una forma de apoyo a las acciones terroristas que daría lugar a la consiguiente ilegalización de Batasuna, puesto que entienden que un delito consiste en un hacer: es cierto que aunque hay delitos omisivos en el ámbito penal, lo lógico es que el delito consista en un hacer.

Pero esa interpretación olvida dos factores: en primer lugar, que en este caso no estamos ante un procedimiento penal propiamente dicho, sino ante la aplicación de la actual Ley Orgánica 6/02, de 27 de junio, de Partidos Políticos, que si ha de entrar dentro de un orden jurisdiccional, este es el contencioso-administrativo. Por supuesto que el derecho administrativo sancionador ha de tener en cuenta los principios del Derecho Penal, pero el respeto a principios tales como tipicidad, legalidad o culpabilidad no es contrario a una interpretación más o menos expansiva de la omisión.

En segundo lugar, en el ordenamiento penal existen conductas omisivas que por sus especiales circunstancias pueden conllevar una situación similar a una acción positiva, como lo es, en este caso, la obligación legal que tiene todo partido político de defender los principios democráticos, de acuerdo con nuestra propia Constitución y con la nueva Ley Orgánica de Partidos Políticos.

Ya entonces, tan sólo queda como punto más problemático el de la repetición o acumulación de dichas actividades, recogida en el artículo 9.3 de la indicada Ley Orgánica, para las que se discute si tan sólo es necesario que, como resultas de único atentado, los representantes de Batasuna en las distintas administraciones se nieguen a condenar la acción terrorista –habría reiteración en una única acción terrorista– o si, por el contrario, se requieren diversos atentados con las consiguientes negativas de los representantes de Batasuna a condenarlos. Así, es el concepto de reiteración el que habrá de interpretar la Sala especial del Tribunal Supremo, y de esa respuesta dependerá que Batasuna sea ilegalizada más pronto que tarde.

Primeros trámites
Editorial El País 7 Agosto 2002

El Gobierno no ha esperado a iniciar los primeros trámites para la posible ilegalización de Batasuna, tras el silencio cómplice de esta formación política sobre el último atentado sangriento de ETA. Pero antes de instar directamente ante la Sala Especial del Tribunal Supremo la declaración formal de ilegalidad, quiere que el Congreso se implique en esta iniciativa y, además, ha querido asegurarse la garantía de la Fiscalía del Estado de que actuará con el máximo rigor y fundamento jurídicos. Ayer, el Ministerio de Justicia se apresuró a remitir a la Fiscalía del Estado el material acumulado sobre la actividad de Batasuna supuestamente relacionada con ETA.

El Gobierno ha apostado por una vía que, al tiempo que pone de manifiesto ante la opinión pública que la iniciativa es suya y que responde a la voluntad política de ilegalizar a Batasuna 'cuanto antes', como ha reiterado Aznar con tan malos modos, deja al ministerio fiscal la función de asesorarle sobre los fundamentos legales de su decisión. Ese papel del ministerio público no deja de ser anómalo, pues su tarea no es la de asesorar al Gobierno, ni siquiera en una materia tan delicada como la posible ilegalización de un partido. Pero que el Gobierno se sitúe en segundo plano en los trámites preparatarios del proceso no deja de ser inteligente por su parte. De un lado, le pone a cubierto de la marcha siempre azarosa de un proceso judicial. Y de otro, deja traslucir la idea de que el posible proceso contra Batasuna tendrá el máximo de garantías y no se convertirá en una carrera movida más por la indignación del último atentado que por estrictas razones de legalidad.

Es importante, en todo caso, que el Gobierno quiera implicar al Congreso, pues se trata de un asunto de una trascendencia política incuestionable, que requiere el máximo concierto entre las fuerzas políticas, máxime cuando se imprime tan inusitada rapidez a una decisión de tal gravedad. La participación del Congreso y el Senado en esa iniciativa está prevista en la Ley de Partidos y otorgará, sin duda, mayor legitimidad y fundamento a la decisión del Gobierno. En todo caso, la significación y trascendencia del proceso iniciado obligará al Ejecutivo a mantener informado de sus pormenores al conjunto de partidos políticos. Y a la opinión pública. Habría que evitar mensajes, subliminales o explícitos, que relacionen en exceso la posible ilegalización de Batasuna con el fin de ETA. La Ley de Partidos no es una ley antiterrorista, y no tenerlo en cuenta podría crear falsas y siempre frustrantes expectativas. Si se aplica a Batasuna es porque, si existen evidencias de que forma parte del conglomerado de ETA, ese partido no puede ser legal ni beneficiarse de las ventajas de la legalidad. Es una cuestión de principios y de coherencia democrática. Más allá de sus eventuales efectos positivos o de la situación 'mucho más dramática' con la que amenaza Otegi.

Lección de Francia: firmeza del Estado
Editorial La Razón 7 Agosto 2002

La democracia francesa decidió ayer la disolución del partido al que pertenecía el terrorista que intentó asesinar, en fechas recientes, al presidente de la República, Jacques Chirac. Lo hizo en pleno uso de sus atribuciones legales, de la misma forma en que ha deslegalizado más de un centenar de organizaciones políticas de toda índole, de ultraderecha o de ultraizquierda, en la medida en que éstas suponían una amenaza para el Estado, ya sea en su unidad, sea en la seguridad de sus ciudadanos o sea en la defensa de los principios democráticos de convivencia y libertad que fundamentan a la nación francesa.

La decisión del Estado francés, a través de su Gobierno, no sólo es absolutamente legítima, sino que es indiscutida. Lo mismo hizo contra el entramado del terrorismo separatista vasco (Iparretarrak), como lo hizo con un grupo también secesionista corso, como con muchos más partidos o asociaciones de corte etnicista, racista, xenófobo o similares.

A Francia no le tiembla el pulso cuando se trata de la defensa de sus principios constitucionales. No hay que decir que su decisión constituye una clarividente lección para España, donde cada vez que alguien plantea la deslegalización de un grupo sedicioso, que apela al terrorismo o lo justifica para dinamitar la democracia constitucional y la unidad nacional, debe asistir a incontables reacciones atemorizadas o acomplejadas.
Cuando un grupo de personas se asocia para subvertir el orden constitucional, sea a través de una mafia económica o de un grupo armado revolucionario, el Estado tiene el derecho y el deber de acabar con ellas, es decir, de defenderse. Porque la defensa del Estado y de sus ciudadanos es la primera obligación de las instituciones: Gobierno, Poder Legislativo, que incluye a la oposición, y Poder Judicial.

En España, por fortuna, empiezan muy tardíamente a caer los complejos derivados del franquismo y perpetuados por una transición dubitativa. Por eso, una ley de Partidos plantea ya la posibilidad de actuar contra la cobertura política del terrorismo, y la Fiscalía ha podido, gracias a esa vía acordada por la inmensa mayoría de las Cortes, emprender acciones tendentes a deslegalizar Batasuna. Los jueces tendrán la última palabra, pero el sentido común dicta que no les faltarán, en ese momento, razones de peso.

Hay quien apela a criterios de utilidad para no afrontar valientemente la batalla legal contra los cómplices del terrorismo. Lo dice el propio portavoz batasuno: si nos deslegalizan, «será peor». ¿Peor que aguantar la humillación de ver en la calle a los coristas del terrorismo; peor que ver a conspicuos terroristas del pasado camuflados ahora tras un escaño del Parlamento vasco? ¿O es ésta otra amenaza inaceptable sobre un futuro aún con más muertes de niños, para que la sociedad se arrodille por lo que ya sufre y no se atreva a provocar más a la bestia?

Pues ante esas amenazas hay que decir que lo que se juega España es una cuestión de dignidad nacional y de justicia ante chantajes inaceptables y ante cobardías innecesarias. Es lo que reclama la inmensa mayoría de la sociedad, harta de que los cómplices de los asesinos se paseen impunemente por la calle, dispongan de espacios en los medios de comunicación y, además, vivan a costa del erario público que le pagan con sus impuestos los mismos ciudadanos que después son asesinados.

Aunque tarde, ha llegado la hora de defender activamente la Constitución, que se fundamenta en la unidad indivisible de la Nación española y que proclama el derecho a la vida y a la libertad de sus ciudadanos.

La unidad democrática ante la violencia
JOSU MONTALBAN El Mundo 7 Agosto 2002

Ayer fueron enterradas las dos últimas víctimas del terrorismo etarra, hasta ahora. Se trata de una niña de seis años y un hombre de cincuenta y tantos. Ha sido en Santa Pola, a más de 600 kilómetros del ámbito geográfico vasco, pero en el mismo centro del ámbito vasco de decisión.

Cuando el nacionalismo acuñó este término no sopesó, quizás, que un terrorista actúa allí donde puede; que busca notoriedad y, a veces, la propaganda es más eficaz fuera de las fronteras que pretende levantar; que, si el supuesto contencioso es con el Estado, todo él puede ser considerado un campo de operaciones; que la internacionalización del problema convierte las zonas turísticas en un lugar idóneo para tal fin. Sobre todo, el nacionalismo debiera haber entendido que el fenómeno terrorista trasciende nuestros límites y, por tanto, jamás podrá resolverse desde ese ámbito vasco de decisión exclusivamente.

También el Gobierno central debiera haber entendido que la lucha antiterrorista debe abordarse con firmeza y contundencia, pero sin altanería. Si se desea que sea toda la sociedad la que se rebele, al unísono, contra la lacra terrorista, es preciso que no se extiendan dudas sobre los comportamientos de quienes, habiéndose comportado como demócratas, no creen que el método emprendido sea el más adecuado. No creo que se deba dudar de la vocación antiterrorista del nacionalismo democrático. Es tan evidente esa vocación como su deriva independentista, pero mientras ese independentismo debe ser combatido con la dialéctica, el didactismo y las urnas, la lacra terrorista precisa, para su erradicación, de unidad democrática. Máxime cuando Batasuna va perdiendo sus votantes poco a poco, e incluso se va desgajando en grupos y grupúsculos que dicen «basta ya» a los terroristas y condenan los atentados.

El desencuentro entre el PNV y el PP es muy peligroso. De alguna forma justifica la actitud de tantos ciudadanos que afirman que los políticos no sólo somos ineficaces para resolver el problema sino que somos sus causantes. Puede que, por disputarse un puñado de votos, toda la política se resienta y el hastío se encarne en los ciudadanos. Aznar ha dicho: «Me niego a que la basura de los líderes de Batasuna se pasee impunemente mientras enterramos inocentes». La frase es lógica: los sentimientos y la ocasión lo requerían. Pero ni Otegi ni los suyos son capaces de mostrar sus sentimientos contrarios a que dos inocentes mueran a causa de una bomba.

Seguro que tienen esos sentimientos y que, a escondidas, habrán comentado y repudiado la matanza, pero cuando se deja abandonada la humanidad en la trastienda de la existencia, uno puede llegar a eludir sus responsabilidades cargándoselas a ese amasijo abstracto de los políticos. Por eso creo que la unidad de los políticos es imprescindible en esta lucha.

Puede desaparecer Batasuna y lo puede hacer mediante dos procedimientos: por la aplicación de la Ley de Partidos aprobada recientemente, o por inanición. Si desaparece por la aplicación de la Ley, sus líderes continuarán paseando impunemente por la calle y nunca les faltará una asociación de lobos con piel de cordero capaces de reivindicar la libertad y la democracia, a su modo, desde una pancarta portada por ellos. Si lo hace por inanición, sus líderes dejarán de serlo porque dejarán de tener seguidores y, si quieren hacerse notar, solos como se habrán quedado, no podrán hacerlo tan impunemente.

El ámbito del terrorismo etarra es toda España y ha de ser toda España la que se rebele contra él. Ni Aznar tiene que ser remilgoso para sentarse con Ibarretxe, ni el lehendakari para consensuar con Aznar. Un terrorista y sus cómplices son asesinos, y todos sabemos qué hay que hacer con ellos. No hace falta ser político para saberlo. Sin embargo, si queremos que la política sirva para solucionar el problema terrorista hay que estar dispuestos al ejercicio del diálogo entre demócratas, aunque sus opiniones, ideas y métodos sean diferentes. Es curioso que a la unidad democrática que se suele reclamar para luchar contra la violencia sólo le falte el nacionalismo, desde mi punto de vista, indiscutiblemente democrático.

Josu Montalban es portavoz del PSE-EE en las Juntas Generales de Vizcaya

El PNV impide que el Ayuntamiento de Bilbao condene el doble asesinato
J. J. S. ABC  7 Agosto 2002

VITORIA. El PP arremetió ayer con dureza contra el alcalde en funciones de Bilbao, Ibon Areso, del PNV, ante su negativa a reunir a la Junta de Portavoces para condenar los asesinatos de la niña de seis años y del hombre de 57 en Santa Pola al no considerarlo «procedente». En vísperas de la reunión en el Parlamento vasco, el portavoz municipal del PP, Antonio Basagoiti, denunció la «falta de rubor» del PNV «a la hora de echar un cable a Batasuna».

Basagoiti denunció que Bilbao, gobernada por el PNV, será la única capital vasca que no realice una condena del atentado, y afirmó que la única explicación a la actitud de la formación nacionalista es su deseo de «no incomodar y no poner en aprietos a Batasuna».

El peneuvista Ibon Areso, que sustituye en la alcaldía a su compañero Iñaki Azkuna, comunicó al Grupo Popular, a través de una carta, el rechazo a su petición de reunir a la Junta de Portavoces. En la misiva, explica que no lo considera «procedente» porque, según explica, es «importante mantener el criterio que se ha seguido durante los últimos meses ante estos sucesos». Añade que la Junta sólo se ha convocado «en caso de atentados en la villa o en el entorno más próximo» y agrega que en el resto de atentados «la dinámica ha sido secundar las movilizaciones de repulsa impulsadas desde las instituciones». Por último, aprovecha para recordar al Grupo Popular que el PNV ya ha manifestado su rechazo y condena al último crimen de la banda ETA.

Las otras dos capitales vascas, Vitoria y San Sebastián, gobernadas por PP y PSE, respectivamente, sí convocaron el pasado lunes sus Juntas de Portavoces para condenar el doble asesinato de ETA. Los plenos de condena son una de las estrategias del PP encaminadas a poner en evidencia a Batasuna.

En el Parlamento vasco
Mientras, el presidente del Parlamento vasco, el peneuvista Juan María Atutxa, anunció la convocatoria para hoy, a propuesta del PP y del PSE, de una reunión extraordinaria de la Junta de Portavoces.

Con esta reunión, a la que han sido convocados los portavoces de los seis grupos parlamentarios que integran la Cámara, populares y socialistas quieren que el resto de los grupos, PNV, EA e IU, contribuyan a desenmascarar a Batasuna. Así, los representantes de ambos partidos tratarán de que los proetarras «se retraten» y dejen claro si condenan o no los asesinatos de ETA. También exigirán que el texto incluya, de forma clara y sin ambigüedades, una declaración de repulsa a la banda terrorista. En aras al acuerdo, populares y socialistas no plantearán, según pudo saber ABC, incluir referencias a la ley de Partidos y a la ilegalización de Batasuna ante el rechazo y la oposición del PNV, EA e IU, los tres partidos que sustentan el Ejecutivo vasco.

Receta de paz
Luis J. Pedrezuela Idoeta/Bilbao Cartas al Director El Correo 7 Agosto 2002

Interiorizar con todas sus consecuencias el discurso nacionalista vasco: descubrir en cada uno de nosotros a un nacionalista español y asumir que no tenemos derecho a vivir en una tierra que nunca fue nuestra y que venimos ocupando vete tú a saber desde cuándo. Si a esto unimos un perdón por tamaña impostura, mejor que mejor, todo un salvoconducto para no salir por la puerta de atrás. Pedirle al Gobierno español que organice un plan de desalojo de Euskal Herria con fondos públicos que garantice el mismo nivel de vida para todo el que decida acogerse a él. Desde el amparo que nos da sabernos por fin en una tierra nuestra por española, comprobar con impropia nostalgia cómo nuestro vecino nacionalista vasco de toda la vida se queda solo, sin tenernos a nosotros como culpables de todos sus males. La soledad de nuestro vecino nacionalista vasco de toda la vida no se debe a nuestra ausencia, sino a las trazas de su nuevo vecino, nacionalista como él.

Una decisión de riesgo
FERNANDO ONEGA La Voz  7 Agosto 2002

CINCO RIESGOS amenazan el éxito del proceso para ilegalizar Batasuna. 1), que se trate de una decisión precipitada, fruto de la indignación producida por un atentado. 2), la inquietante duda del consejero vasco de Justicia: el silencio no es una condena del terrorismo, pero tampoco es un delito. 3), la contradicción entre sentimientos humanos y las pruebas que necesita un juez. Para el ciudadano, no condenar un atentado es un apoyo tácito al terror, pero esa creencia no siempre ha sido asumida por los jueces. 4), el ámbito de responsabilidades. Cuando Otegi culpa a Aznar del atentado del domingo, ¿es perseguible a título personal, o se debe repercutir su acción en toda su formación política? Y 5), hay que prever que Batasuna alegará ante el Constitucional que fue condenada por un delito de opinión. Mayores cinismos hemos contemplado ante los Tribunales.

La expresión de estas dudas es un pequeño indicio de las dificultades que encontrará la iniciativa del Gobierno. Frente a ellas, no valen de nada los antecedentes (porque no se puede aplicar la ley con carácter retroactivo) ni la certeza moral de que Batasuna es ETA. Pero Aznar no detendrá la maquinaria que puso en marcha. Quiere a esa «basura» fuera de la ley cuanto antes. Por higiene y por algo menos confesable: porque se acercan las urnas municipales. Sabe que cuenta, además, con el aplauso de la mayoría de la sociedad, horrorizada y asqueada por el último crimen. La Ley de Partidos se hizo para eso. «No aplicarla sería un fraude», ha dicho Garzón. Y eso piensa la mayoría de la población. Ahora sólo queda esperar la evolución de los hechos y las consecuencias, porque el PNV (que algo conoce el País Vasco) es muy pesimista.

Ante este complejo cuadro, sólo es posible un comentario: sólo el tiempo dirá si Aznar se comportó como un político movido por impulsos o como un hombre de Estado que hizo lo que tenía que hacer.

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