AGLI

Recortes de Prensa     Domingo 11 Agosto  2002
Cuenta atrás para Batasuna
Editorial La Razón 11 Agosto 2002

Acuerdo contra Batasuna
Editorial ABC 11 Agosto 2002

HA SONADO LA HORA DE LA VERDAD PARA LOS DEMOCRATAS
Editorial El Mundo  11 Agosto 2002

La gran pregunta
César ALONSO DE LOS RÍOS ABC 11 Agosto 2002

Con pelos en la lengua
Fernando VIZCAÍNO CASAS La Razón 11 Agosto 2002

Terrorismo, terroristas y entorno
José María CARRASCAL La Razón 11 Agosto 2002

El final de Batasuna y de otras ficciones
CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN ABC  11 Agosto 2002

DESNAZIFICAR EL PAÍS VASCO
PEDRO J. RAMIREZ El Mundo 11 Agosto 2002

Santa Pola (¿y 2)
David GISTAU La Razón  11 Agosto 2002

La paga
J. P. AZAÚSTRE La Razón  11 Agosto 2002

Batasuna sin un duro
CARLOS DÁVILA ABC 11 Agosto 2002

Cautela
Pilar CERNUDA La Razón 11 Agosto 2002

Reloj en marcha
Editorial El País 11 Agosto 2002

El silencio, ¿es sólo silencio
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz  11 Agosto 2002

Malos gestos

AURELIO ARTETA El Correo 11 Agosto 2002

Contundentes informes contra Batasuna
El Mundo 11 Agosto 2002

«Navarra está sufriendo la presión del nacionalismo»
FERNANDO LAZARO El Mundo 11 Agosto 2002

Ahora sí: crudo y oscuro
JOSÉ LUIS AÑÚA AJURIA El Correo 11 Agosto 2002

Cuenta atrás para Batasuna
Editorial La Razón 11 Agosto 2002

El reloj que marca los últimos momentos de Batasuna como partido político legal ha comenzado su marcha atrás. PP y PSOE, los dos grandes partidos españoles, han acordado un calendario que parte del próximo día 19, con la convocatoria de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para señalar un Pleno extraordinario de la Cámara el día 26. Los asesinatos de Santa Pola han sido el punto de inflexión de una deslegalización anunciada, que únicamente los propios batasunos podían evitar. Otegui perdió su última oportunidad, la de condenar un acto de puro terrorismo que causó las muertes de una niña de sólo seis años y de un transeúnte. Era pedir imposibles, porque como ayer recordó el dirigente socialista Alfredo Pérez-Rubalcaba «hay argumentos jurídicos para afirmar que Eta y Batasuna son la misma cosa».

No es tiempo ya de hablar de «oportunidad política» o utilidad de una Ley votada por el Poder Legislativo; es hora de cada grupo, cada diputado, huya de las medias tintas o se apoye en la ambigüedad de la abstención, y actúe en aplicación de la legislación vigente. Y eso, ni más ni menos, significa que el Parlamento debe poner en marcha un proceso legal que, antes que complicaciones o «frentismo», producirá claridad democrática y ética donde hoy imperan confusión, mentiras, demagogia e intereses inconfesables de quienes recogen los frutos de la demencia criminal de Eta y sus cómplices.

Acuerdo contra Batasuna
Editorial ABC 11 Agosto 2002

Los trámites previos del proceso para disolver judicialmente a Batasuna ya tienen un calendario, fruto de un rápido y sólido acuerdo entre el Gobierno y el Partido Socialista. Este consenso político es, en sí mismo, un nuevo avance en la lucha contra el terrorismo, porque reitera que ya existe unidad democrática frente a ETA, y un sonoro fracaso de la política de división y amenaza propiciada por el nacionalismo. Ni el Ejecutivo se queda solo, ni el PSOE practica el seguidismo. Simplemente están ejecutando un gran pacto de Estado cuyos materiales no son las emociones de los últimos atentados, sino la voluntad y la determinación plasmadas en el acuerdo antiterrorista de diciembre de 2000. No fue este pacto una coyuntura electoral ni una convergencia esporádica de intereses, sino el acuerdo de Estado que ahora ha permitido dar a la futura demanda de ilegalización de Batasuna la más amplia legitimación social y política. El respaldo parlamentario está ya garantizado con el apoyo del PP, PSOE y Coalición Canaria, que han acordado celebrar el 26 de agosto un Pleno extraordinario del Congreso de los Diputados para aprobar la moción que emplace al Gobierno a preparar la demanda de disolución judicial de Batasuna. Posteriormente, el Consejo de Ministros hará suya la iniciativa parlamentaria en la reunión prevista para el día 30. Luego, todo quedará en manos de los magistrados de la Sala Especial del Tribunal Supremo.

Es evidente que el Gobierno y la oposición socialista no habrían alcanzado con tanta fluidez este acuerdo parlamentario sino estuvieran persuadidos de que concurren los presupuestos fácticos y jurídicos para la disolución de Batasuna, previstos por la ley de Partidos. No conviene olvidar que esta iniciativa política traslada a la Justicia la responsabilidad final de decidir sobre la ilegalización del brazo político de ETA. La relación intelectual de los magistrados del Supremo con la demanda de disolución únicamente puede basarse en los principios de independencia, imparcialidad y sumisión a la ley, garantías que sólo el nacionalismo ha cuestionado desde el primer momento. Tras el conocimiento literal de la demanda se podrá valorar la extensión y la solidez de los argumentos jurídicos. Hasta entonces, el acuerdo entre el Gobierno y la oposición socialista merece la máxima confianza, en términos políticos y jurídicos.

HA SONADO LA HORA DE LA VERDAD PARA LOS DEMOCRATAS
Editorial El Mundo  11 Agosto 2002

El Gobierno y el Partido Socialista Obrero Español han cerrado un acuerdo que tendrá como consecuencia la disolución de Batasuna si así lo estima el Tribunal Supremo. Se han concretado ya las fechas después de analizar los argumentos.

El lunes 19 de agosto se reunirá la Diputación Permanente del Congreso para convocar el Pleno de la Cámara para el día 26.Con esta fórmula, tanto el Consejo de Ministros del próximo 30 de agosto como el Fiscal General del Estado podrán sumarse a la resolución que adopte el Congreso para instar la disolución de Batasuna mediante la correspondiente demanda ante la sala especial del Tribunal Supremo, en base a las tres vías previstas en la Ley de Partidos.

Las consultas entre Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero han dado sus frutos. Pero tal vez la reunión más importante haya sido la del ministro de Justicia, José María Michavila, junto al secretario general de la Presidencia, Francisco Javier Zarzalejos, con Carme Chacón y Alfredo Pérez Rubalcaba, en nombre del PSOE.

Durante tres horas se pusieron encima de la mesa los elementos de hecho que, de acuerdo con la Ley de Partidos, fundamentan la disolución. Todo indica que los documentos analizados, elaborados por la Abogacía del Estado, tienen fundamento y esto es algo que conviene resaltar.

Resulta clara la necesidad de una ilegalización de Batasuna a la vista de su connivencia con ETA y el terror. Pero los argumentos para hacerlo deben contener motivos legales suficientemente sólidos para que la resolución salga adelante.

No hay que hacer el menor esfuerzo para demostrar, a estas alturas, la inmoralidad de un partido político que intenta destrozar, desde dentro del sistema, a la propia democracia de la que se aprovecha. Pero los juristas que examinarán los argumentos estarán distanciados del apasionamiento con el que puede ver la cuestión el estamento político. A quien de verdad habrá que persuadir, a partir del 30 de agosto, no será a la población española, harta de sangre inocente y dispuesta a aceptar de una vez por todas el envite de los terroristas, sino a los jueces de la sala especial del Tribunal Supremo que son los que tomarán la decisión final.

Por otra parte, para emprender una acción de tanta transcendencia será muy conveniente, y hasta podríamos decir que imprescindible, que exista el consenso más amplio posible entre las distintas fuerzas políticas. Izquierda Unida ya afirmó ayer que no se opondrá a la disolución de la formación abertzale y que, en todo caso, se abstendrá. Es necesario conseguir el apoyo de CiU y de Coalición Canaria.

Es importante resaltar que será el Congreso, el foro más representativo del pueblo español, quien tome la primera decisión de instar a la ilegalización de Batasuna. El PNV se encuentra en una encrucijada histórica. Deberá medir sus pasos para no quedar definitivamente marginado de un proceso de normalización democrática que se vislumbra inevitable para el conjunto de la sociedad española.

La disolución de Batasuna marcará un punto de inflexión muy importante en el devenir político. La cuenta atrás real ha comenzado. El Gobierno Vasco tiene todavía la oportunidad de rectificar un órdago al Estado que nunca debió pronunciar. Los últimos atentados de ETA indican que ya no queda sitio para la ambigüedad. Es la hora del basta ya definitivo.

La gran pregunta
Por César ALONSO DE LOS RÍOS ABC 11 Agosto 2002

La pregunta no es por qué se plantea ahora -y no antes- la ilegalización de Batasuna; ni cuáles podrán ser las consecuencias de ésta. La pregunta inquietante y que nos lleva al corazón de nuestras tinieblas nacionales es quiénes son los que defienden a Batasuna indirectamente y por qué lo hacen.

Están en primer lugar los nacionalistas «moderados». Porque ¿qué sería de ellos si desaparecieran los bárbaros? Eliminados los perros guardianes del crimen que llamamos eufemísticamente «brazo civil de ETA», el PNV no sólo no podría soñar ya con su proyecto separatista: ni siquiera demostraría que tiene un control real en el País Vasco ahora mismo. Por otra parte, sin Batasuna el PNV no podría mantener la división del trabajo con el que intenta justificarse moralmente ante la sociedad e incluso la parte más ilusa de sus bases. No habría ya nada que les separará formalmente de los terroristas.

Tampoco quieren la ilegalización de Batasuna los nacionalistas catalanes y gallegos, aunque es posible que no se opongan a ella en el Parlamento sino que mantengan la posición, doblemente cobarde, de la abstención. CiU, ERC y el Bloque gallego asisten, estupefactos, al proceso que dirigen el PNV, EA e Izquierda Unida y que no es sino la consolidación del País Vasco como una excepción del Estado de Derecho. Pujol, Trias, Mas (Beiras está mudo, de momento) ven con alarma que día a día aumenta el desprestigio de los nacionalismos en la medida que el vasco se identifica con el terrorismo y la subversión.

Con ellos -con CiU y ERC- está una buena parte de la dirección del socialismo catalán y vasco. Para estos la ilegalización de Batasuna es un triunfo del nacionalismo español (de la derecha y de Aznar concretamente) y el alejamiento de proyecto de Estado confederal que quiere Maragall.

Están, luego, los Madrazo y los Llamazares, patrones de unas siglas en almoneda, representantes de una frustración histórica convertida en odio a España, simples comparsas...

Y, por fin, está toda una patulea jurídica, profesoral, periodística, la alianza de las fuerzas del trabajo subvencionado y de la cultura acrítica, que vienen moviéndose por una real aversión a la Nación de «todos» y una admiración antidemocrática a las Naciones de «pocos» y que, en este caso de la ilegalización de Batasuna, disimulan sus intenciones reales con aparentes purismos democráticos: ¿cómo prohibir un partido político? se preguntan cuando ellos deberían responder a la siguiente pregunta: ¿por qué estáis en la defensa de una organización que no sólo comparte con ETA los objetivos de la disgregación del Estado sino que «realmente» apoya los medios de ésta, esto es, el crimen metódico...?

Estamos rodeados de gentes -cualificadas gentes con frecuencia- que han interiorizado el crimen de las más diversas maneras; que cierran los ojos de su alma ante la barbarie; que tienen tal sentido «histórico» de la realidad que entienden el asesinato como un hecho justificable políticamente a posteriori; que por encima de todo consideran que deberá imponerse aquel dogma en el que creyeron, y siguen creyendo, según el cual éste es un Estado que deberá dar lugar a otro nuevo, en absoluto autonómico. Más aún, piensan que los responsables de que continúen las muertes no son los agentes de ETA sino los que se oponen a este proceso inevitable. Aznar es el responsable del crimen de la niña de Santa Pola, ha dicho Otegi, porque se niega a dar una salida a las aspiraciones del independentismo. Sin decirlo en alto, todos éstos que se niegan a ilegalizar a Batasuna piensan como Otegi.

Por eso dije al comienzo que la pregunta nos llevaba al corazón de las tinieblas.

Con pelos en la lengua
Fernando VIZCAÍNO CASAS La Razón 11 Agosto 2002

Tenía el español, castellano le llama la Constitución, lo que enfadaba mucho al difunto don Camilo, fama de idioma rotundo, claro, incluso duro, pródigo en sinónimos, rico por tanto de vocabulario y siempre directo, poco proclive a las elípsis. Aquí se decía mucho, para elogiar (o criticar) a las personas que hablaban sin rodeos, que no tenían pelos en la lengua. O que llamaban al pan, pan y al vino, vino (aunque estuviese aguado). Bueno, pues de unos años a esta parte, el idioma castellano se ha ido edulcorando, proliferan los eufemismos y parece como si hubiera cierta prevención a decir las cosas por su nombre. Se trata de una especie de hipocresia lingüística, que unas veces pretende disimular la realidad de ciertos oficios, otras hermosear presuntamente los vocablos e incluso en bastantes ocasiones renegar de definiciones tradicionales.

Ahí está, por ejemplo, lo de empleadas de hogar familiar, puesto curiosamente en circulación cuando van desapareciendo los hogares familiares en su concepto clásico. De acuerdo en que anteriores definiciones eran feas, algunas incluso denigrantes. Pero fámulas o domésticas no puede resultar más halagador, pues vincula a la trabajadora con la familia y con la casa. Comprendo la supresión de criadas, palabra devenida absurdamente en humillante; aunque suponía nada menos la crianza de la servidora en el propio hogar. (Claro que hoy las empleadas en cuestión se crían mayormente en el Ecuador o en las Filipinas). Mucho me divierte lo de trabajadoras del amor aplicado a las izas, rabizas y rameras en general. Y me divierte porque hace veinte años así las definí yo en una de mis novelas, claro que desde la óptica del humor. Confío en que también prospere la denominación que entonces inventé para los proxenetas, chulos o macrós: administradores de rentas eróticas.

Aquellos abnegados peones camineros, que parcheaban con grava y azadón las infames carreteras de medio siglo atrás, fueron llamados en la prosa administrativa del BOE y cuando estaban a punto de desaparecer conservadores de firmes asfiálticos. En cierta ocasión escribí acerca de la huelga de maleteros en Barajas; en carta muy respetuosa, su representante sindical me reprendió por mi error terminológico. Resulta que la denominación oficial de estos trabajadores es la de empleados de tráfico: «Mil perdones». Ya no hay sordos: ahora son (somos) disminuidos auditivos. Los manicomios se han convertido en residencias de disminuidos psíquicos. Y las cárceles en centros de rehabilitación, no de presos, sino de internos. Porteros ya quedan pocos, al menos en su tradicional concepto; los supervivientes se intitulan empleados de fincas urbanas. Al menos los porteros automáticos mantienen la vieja denominación de un oficio en vías de extinción. Sin razón determinada, a los antiguos jueces de línea o liniers hay que decirles asistentes, quizás para compensar que han desaparecido los que, así llamados, atendían a los jefes y oficiales en el ejército. Y que no se nos ocurra llamar enfermera a una eficacísima ATS ni alguacil al agente judicial ni guardaespaldas al escolta.

El eufemismo se hace irritante en el tratamiento a los salvajes de Eta, banda armada le suelen denominar y acciones violentas a sus crímenes; y duros enfrentamientos a las zarabandas de tiros que a veces se organizan entre ellos y las fuerzas de seguridad. ¿Y qué decir del abuso de las presunciones, que ha llegado a extremos grotescos? Porque se juzga en la Audiencia Nacional a un terrorista, que con la chulería habitual en esta gentuza, asegura pertenecer a Eta e incluso se jacta de ello delante de los magistrados y aún de la familia de su víctima. Bien; pues leeremos y oiremos en las informaciones subsiguientes que se ha celebrado el juicio contra el presunto etarra. Valga la presunción sobre la autoría del crimen, hasta que la determine una sentencia; pero resulta ridículo poner en duda una afiliación reconocida por el propio delincuente.

Igualmente necio se me antoja encubrir con el eufemismo de autodeterminación lo que no es otra cosa que afán de separatismo. Esa creciente locura que amenaza destruir al País Vasco, sobre cuyo gravísimo peligro para España alertó don Juan de Borbón, con patriótica lucidez, en sus últimas declaraciones públicas, días antes de su fallecimiento. Sí, vendría bien recuperar la pureza de nuestra lengua, limpiándola de los pelos espurios que la están prostituyendo.

Terrorismo, terroristas y entorno
José María CARRASCAL La Razón 11 Agosto 2002

«El terrorismo es un tipo de guerra que se concentra deliberadamente en los no combatientes, con el fin de institucionalizar el miedo», escribe Jessica Stern, profe- sora de Harvard y experta en la materia. La definición encaja como anillo al dedo en la nueva ofensiva de Eta en el Levante español. Se trata de sembrar el pánico entre la población civil, atentando indiscriminadamente contra ella. Después de haber atenazado con el miedo a la población vasca, Eta trata de hacer lo mismo en otra zona peninsular. ¿Por qué Levante? Pues por diversas razones, y dos en particular: es uno de los puntales del turismo español, clave a su vez de nuestra economía, y la extraordinaria afluencia de visitantes por estas fechas hace más fácil la tarea de los terroristas, que cuidan tanto su seguridad como desprecian la de los otros. Es ésta, creo, la novena temporada que vienen apareciendo por allí y mucho me temo que no será la última. Saben que no van a poder repetir su éxito del País Vasco, donde han conseguido que los más valientes tengan que llevar escolta y el resto calle o se haya marchado. Pero confían en que muchos dejen de ir allí y en amargar las vacaciones a los que sigan yendo. Dado que el turista es ave espantadiza, de continuar las cosas como hasta ahora es posible que lo consigan. Y un añadido al respecto: que avisaran en el segundo atentado no se debe a su buen corazón. Se debe a puro cálculo político. Habían visto el efecto negativo que tenía para su causa el asesinato de una niña y prefirieron evitarlo anunciando la puesta de la bomba en una hamburguesería. Pero la «violencia indiscriminada contra los no combatientes» continúa. Y si cae alguno, qué le vamos a hacer.

¿Puede hacerse algo contra ello? Claro que puede y las autoridades están en ello. Pero no creo que sea bastante. Este nuevo tipo de guerra no puede combatirse como las clásicas. El ejército, la policía, la Guardia Civil no bastan. No bastan porque no se trata de un enfrentamiento contra otro ejército o contra una banda de malhechores cuyo objetivo es obtener un botín. El objetivo de estos malhechores es, como queda dicho, la población civil. Y sin la cooperación de ésta, entre la que se camuflan, va a ser muy difícil detenerles. En el País Vasco, imposible, pues cuentan con la cobertura de parte de aquella población civil. En el resto de España no tienen esa cobertura, pero cuentan con la despreocupación que impera en ella para los temas de seguridad. Los españoles los dejamos enteramente en manos de la policía. Pero el terrorismo desborda la capacidad policial. La primera serie de atentados en Levante se evitó gracias a la perspicacia de un ciudadano que se dio cuenta de la falsedad de unas matrículas. Si todos hubiéramos actuado así, no hubiera habido atentados en Santa Pola y Torrevieja. Los terroristas están entre nosotros y todos tenemos el deber de detectarlos. Por nuestro propio bien.

El final de Batasuna y de otras ficciones
CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN ABC  11 Agosto 2002

Es previsible que Batasuna no sobreviva al acuerdo adoptado por PP y PSOE para iniciar el procedimiento parlamentario previsto para ilegalizarla. Incluso puede que se adelante el juez Garzón recurriendo a las leyes penales ordinarias y declarando ilegal al partido de ETA por evidencias análogas a las que usó para proscribir las Gestoras pro-amnistía y las juventudes terroristas de Segi. En cualquier caso será una decisión histórica: si Garzón se adelanta, demostrará que la reforma de la ley de Partidos no era indispensable para acabar con ETA-Batasuna, sino para obligar a actuar a esos magistrados más aficionados al relativismo semántico que a impartir justicia. Y si la ilegalización nace del acuerdo PP-PSOE, tanto mejor desde el punto de vista político.

El acuerdo de los dos grandes partidos constitucionales culmina el Pacto Antiterrorista y excluye cualquier tolerancia futura del terrorismo camuflado de partido, sindicato o taberna. Que sea el propio Zapatero quien se compromete a votar e impulsar la ilegalización es una noticia excelente. Despeja las dudas acerca del compromiso socialista al respecto, fundadas en el patético intento de asociación al PNV tras las elecciones autonómicas vascas, y también en la ruidosa actividad filibustera del felipismo pronacionalista y anti-PP de Cebrián y la cadena Ser, sin olvidar la solidaridad con los atropellos abertzales que tanto complace a las huestes de Maragall. Zapatero sabe que, ilegalizando a Batasuna, además de abrir posibles problemas internos (ojalá que sobre todo para los felipistas y maragallistas), complica mucho las cosas al presunto socio del PNV, cuya estrategia de unidad nacionalista y división de los constitucionalistas habría fracasado estrepitosamente.

La ilegalización en curso puede acabar con dos de las ficciones que hasta hoy han impedido terminar con ETA con medios rigurosamente democráticos. La primera ficción es, naturalmente, la supuesta autonomía de Batasuna y su abigarrado tinglado mafioso. La segunda, la existencia de un nacionalismo democrático vasco interesado en terminar de verdad con ETA, pero a su manera. Como hemos sostenido tantas veces, PNV y compañía explotan una simbiosis práctica con los terroristas que no por conflictiva resulta menos beneficiosa para ellos y más dañina para los demás. La verdadera faz del nada moderado ni democrático nacionalismo étnico vasco saldrá a la luz en el pleno extraordinario del Parlamento que vote el inicio del procedimiento de ilegalización. El PNV (EA ha decidido votar en contra) se enfrentará a una decisión que no admite más prórrogas: o vota la ilegalización asumiendo los peligros derivados de oponerse a ETA, o vota por Batasuna e inicia una ruptura con la España constitucional que también puede terminar fatal para el nacionalismo gobernante.

Comoquiera que sea, estamos en condiciones de hacer lo que, por una u otra razón -desde aberraciones como los GAL hasta la falta difusa de autoestima democrática-, no se ha hecho en los últimos veinticinco años: perseguir a ETA con todas las consecuencias y sin excepciones, allí donde se refugie y caiga quien caiga. Este final necesita del cambio de Gobierno vasco que no se logró el 13-M, porque el fin de ETA requiere de medidas culturales, educativas y policiales que competen a las instituciones vascas. Es urgente que el PSOE de Zapatero lo entienda, que deje de considerar al PNV un partido privilegiado que debe gobernar eternamente y se avenga a recomponer en Vitoria la alianza que, de hecho, funciona en Madrid para acabar con ETA. Aunque ello signifique rectificar el grave error de haber tolerado la defenestración de Nicolás Redondo, Rosa Díez y Carlos Totorika en beneficio de oportunistas sin escrúpulos ni inteligencia como Odón Elorza y la mayoría del equipo del invisible Patxi López.

No serán únicamente el PSOE y el PNV quienes, por razones muy distintas, van a retratarse en el asunto de la ilegalización: también lo harán CIU e IU. Los de Pujol tienen la oportunidad de probar que el suyo es un nacionalismo verdaderamente constitucional, sin las perversiones del de Arzalluz. Respecto a IU, puede elegir entre seguir la suerte de Ibarretxe -quien, según algunas estimaciones, podría estar subvencionado casi el 20% de los gastos de Llamazares a través de la consejería de Madrazo- o constituir una izquierda todo lo crítica y colorista que se quiera, pero de este lado de la barricada democrática.

Lo indudable es que la ilegalización de Batasuna es vital para terminar con ETA, y los terroristas lo saben. Los atentados de Santa Pola y Torrevieja expresan a su modo matarife el pánico que les produce un futuro de persecución integral. Llegará un día, esperemos que cercano, en que no se entenderá como tardó tanto la democracia española en tomar medidas tan evidentes para acabar con ETA como la de ilegalizar y perseguir todas sus máscaras, fueran éstas políticas, juveniles, sociales o culturales.

DESNAZIFICAR EL PAÍS VASCO
PEDRO J. RAMIREZ El Mundo 11 Agosto 2002

n mayo del 97, dentro de la extensa entrevista que le hice con motivo del primer aniversario de su investidura, yo le pregunté literalmente al presidente Aznar: «¿Ha tenido alguna vez la sensación de que el PNV utilizaba esos elementos específicos de la violencia en el País Vasco como palanca para negociar asuntos más materiales?» Y su respuesta categórica fue: «No, el comportamiento del PNV siempre ha sido leal, dentro del marco de las reglas del juego».Es evidente que cinco años después no contestaría lo mismo y que quien ha cambiado no es él, sino el PNV. Hasta un árbitro con tan pocas simpatías hacia el presidente como el PSOE lo interpreta también así, por si no hubiera suficiente huella documental antes de Estella, durante Estella y después de Estella.

Las cosas hay que decirlas claramente: sin este viraje del PNV que algunos como el ex lehendakari Ardanza consideran desde dentro como un tremendo error estratégico de sus sucesores y otros, como ciertos antinacionalistas crónicos con megáfono en Madrid, celebran desde fuera como el clarificador destape de su verdadero ser; sin este bandazo del PNV desde el acomodo con un marco constitucional, cuestionado en teoría pero legitimado en la práctica, hasta la declarada pretensión y explícita praxis de contribuir a destruirlo, ni para el Gobierno ni para la sociedad española sería una necesidad prioritaria la ilegalización de Batasuna.

Históricamente, tanto la ciudadanía como su representación política han sabido distinguir entre el partido catalizador de un nacionalismo que unas veces se apellidaba «moderado» y otras «democrático» a secas y el conglomerado urdido en torno a ETA. El delirio de los terroristas nunca podría consumarse, alegábamos según las épocas, porque su apoyo no excedía del quince, diez o doce por ciento del electorado. Los grandes partidos nacionales siempre consideraron al PNV y a su escindida EA, del conciliador y pacifista Garaikoetxea, como los mejores diques de contención frente a un separatismo tan irracional como sanguinario. Por eso se les ayudó a protagonizar la transición en el País Vasco cediéndoseles incluso la Presidencia del Gobierno autonómico cuando no habían sido la fuerza más votada. Por eso se les permitió convertir la bandera de su partido en la de la Comunidad Autónoma. Por eso se les permitió ejercer la competencia de orden público y seguridad ciudadana a través de unos ertzainas dispuestos a sacrificar sus vidas para defender un marco estatutario que emanaba expresa e inequívocamente del constitucional.

Fue hermoso mientras duró. Pese a toda la sangre ignominiosamente derramada de sus funcionarios y cargos electos, el Estado español ha dado durante este cuarto de siglo un ejemplo de pluralismo interno y flexibilidad institucional al dotar a una comunidad con raíces históricas, a la vez compartidas y específicas, de unas cotas de autogobierno que para sí quisieran pueblos con la identidad y la solera de bávaros, corsos o escoceses. Con mejor o peor cara, el caso es que todos los partidos representados en el Ejecutivo autonómico contribuían, mediante los pactos de Madrid y Ajuria Enea, a la lucha antiterrorista y al extrañamiento político y moral de los proetarras.

Solamente cuando eso ha dejado de ser así es cuando se ha abierto el abismo que necesariamente habrá de tragarse a Batasuna tan pronto como la ley lo permita. Como en el clímax de la peor pesadilla, en unos casos de repente y en otros poco a poco, hemos descubierto que existe un proyecto compartido entre PNV, EA y Batasuna que, con la adherencia de algún destacado aspirante al titulo de tonto del milenio, pretende sumar en la calle, en las urnas y en las instituciones esos diez, quince o doce por ciento de votos apestados a los del nacionalismo supuestamente moderado o democrático, con la pretensión de completar una mayoría aritmética desde la que destruir el Estado que a todos nos ampara y al que ellos tanto deben. Se trata lógicamente de una orquesta de instrumentos desafinados que a menudo discrepa incluso de cuál debe ser la partitura pero que, tal y como vino a quedar patente en el último pleno del Parlamento vasco, en las grandes ocasiones nunca deja ya de tocar junta.

¿Es este análisis una mera expresión de nacionalismo español contrapuesto al nacionalismo vasco? No, de ninguna manera. Al margen de cuáles fueran las reglas, las mayorías cualificadas y los ámbitos de decisión para que una generación pudiera romper el legado de las anteriores y determinar el futuro de las siguientes, la conducta del PNV y sus adjuntos sería antipática, taimada, traicionera e incluso, por todo ello, odiosa; pero sería legítima si la coacción más repugnante no hubiera contribuido y no continuara contribuyendo a sembrar la cosecha que ahora pretende recoger en comandita con las ensangrentadas hoces y guadañas de Batasuna.

Acabamos de ver la previsible reacción de ambos partidos al asesinato de una niña de seis años. Al PNV le da «asco» y le produce el suficiente rechazo como para pedir por enésima vez a ETA -en la seguridad de que no lo va a hacer- que se autodisuelva. A Batasuna no le parece sino un lamentable «exponente del conflicto político de Euskal Herria» e incluso tiene el cinismo de declararse solidaria con la familia de la víctima. Pero ni uno ni otro están dispuestos a penalizar a los asesinos por los medios políticos al alcance de su mano. Otegi y Morcillo porque están a las órdenes de ETA para construir una sociedad totalitaria. Ibarretxe y Arzalluz porque no sienten el menor escrúpulo al seguir utilizándola como palanca para el desistimiento de cuantos se oponen a la creación de su mítico Estado vasco.

Ambas formaciones son en la práctica rehenes del tigre en cuyos lomos cabalgan. Tanto Batasuna como el PNV desearían que el agujero negro del olvido engullera cuanto antes la memoria de Silvia y su delantalito blanco, como la de todas las demás víctimas, para reanudar, cada uno a su ritmo, sus espasmódicos avances hacia la revolución o la ruptura, sin nuevas salpicaduras de sangre ni incomodidad moral alguna. A ambos partidos les hubiera convenido que la impresión de tregua tácita, fruto en realidad de las dificultades operativas de ETA, se hubiera prolongado hasta mediados del mes próximo para enmarcar el envite al Estado, pergeñado al alimón entorno al traspaso de competencias, con una apariencia de estricta confrontación política. Pero los cadáveres de la niña y el transeúnte de la parada del autobús están ahí, ahuyentando a los bañistas de las playas de Santa Pola y a los intelectuales, empresarios o simples ciudadanos no nacionalistas del País Vasco. Como buena gestora del terror, tal y como lo inventaron los jacobinos, ETA se recrea además en la suerte con nuevas amenazas de bomba contra los convecinos de las víctimas, como si exhibiera macabramente sus cabezas en la punta de una pica; y la cruda realidad es que todos los diputados nacionalistas del Parlamento vasco, además de los de Esker Batua, continúan bailando la caramañola en torno a madame Guillotina.

¿Qué hacer? Sin habernos recuperado del pasmo que para muchos espíritus bienpensantes supusieron los acuerdos secretos de PNV y EA con ETA en el verano del 98, aún estamos bajo el shock que nos produjo comprobar el respaldo que el electorado nacionalista otorgó a ese viraje en la primavera de 2001. Lo primero es, pues, entender todo lo ocurrido y eso no cabe en dos páginas de periódico.Por analogía merece la pena acompañar en su perspicaz viaje intelectual a quien ha empleado un volumen de 915 páginas para diseccionar un antecedente histórico plagado de inquietantes similitudes.La obra comienza asi: «Este libro trata de lo que sucedió cuando sectores de las elites y las masas de gente normal y corriente decidieron renunciar... a sus facultades críticas individuales a favor de una política basada en la fe, la esperanza, el odio y una autoestima sentimental colectiva de su propia raza y nación.Es, por tanto, una historia muy del siglo XX. Se aborda en ella el colapso moral progresivo y casi total de una sociedad industrial avanzada del corazón de Europa, muchos de cuyos ciudadanos abandonaron la carga de pensar por sí mismos, a favor de lo que George Orwell describió como el ritmo de tamtam de un tribalismo de nuestro tiempo».

Se trata del primer párrafo de El tercer Reich de Michael Burleigh, el gran ensayo que, después de ser elegido como mejor libro de no ficción el año pasado en Gran Bretaña, ha pasado ahora la dura criba de entrar en el zurrón de lecturas veraniegas de José María Aznar, después de que el presidente quedara enganchado por la personalidad del autor a través de la reciente entrevista que Ana Romero le hizo en EL MUNDO. Aunque el otro libro de historia que se ha llevado a Menorca es el segundo tomo de una obra que yo he prologado -las memorias de la II Guerra Mundial de Churchill-, mi recomendación al padre de la novia es que aproveche la oportunidad de abstraerse en estas próximas semanas del creciente ajetreo familiar y se empecine con Burleigh desde la primera a la última página. Enseguida irá reconociendo con contornos bien precisos esos paralelismos que de forma mucho más vaga e intuitiva le habían venido reiteradamente a la cabeza en los últimos años.

Empezando por el factor emocional que tan bien han descrito en el caso vasco un Jon Juaristi o un Bernardo Atxaga y que Burleigh borda con puntadas precisas: «Un cálido brillo sensiblero dejaba sin destacar y sin examinar contradicciones estridentes. Reemplazaba al dolor una morbidez adolescente; a la política habitual de dignidad, pragmatismo, decoro y buen juicio, un atroz sentimentalismo de masas, compuesto de ira, miedo, resentimiento y autocompasión, así como la idea de que el destino nacional debería determinarlo el juicio soberano de individuos independientes. Creencia, fe, sentimiento y obediencia al instinto derrotaban al debate, el escepticismo y el acuerdo. La gente se entregaba voluntariamente a las emociones de rebaño o de grupo, algunas de un género notoriamente repugnante. Entre los creyentes decididos, un mundo mítico de primavera eterna, héroes, demonios, fuego y espadas (en una palabra el mundo de fantasía del parvulario) desplazaba a la realidad...Esto era política de niños para adultos».

Y siguiendo por el sinfín de trazos equivalentes: el papel de la bandera del partido y su transformación en enseña nacional, los cánticos a la memoria de los caídos por la causa, la escenificación de los mítines de la dirigencia -esa «chusma malvada»- en exteriores idóneos para el rito, el valor de la oratoria al servicio de la sinsustancia, la mística quasi religiosa, el constante coqueteo con la jerarquía eclesiástica, el papel de las organizaciones juveniles, el adoctrinamiento en las escuelas, la tergiversación de la Historia, la depuración del profesorado en función del canon racial (o idiomático), la infiltración en el sindicalismo, la constante movilización social bajo la apariencia de marchas, eventos culturales o deportivos, la intimidadora exhibición de poder en la vía pública, las pintadas contra personas y comercios, la condescendencia ante la violencia callejera y los peores crímenes, el trato de favor a los terroristas presos, la pugna por su excarcelación, la domesticación de la judicatura, la exaltación de la pureza étnica a través de una pseudociencia, la exclusión de los impuros y rebeldes de la comunidad nacional, la negación de sus derechos, el acoso a sus propiedades, los ataques a su integridad física, su expulsión por la vía del exilio... Y todo ello, adobado de un constante victimismo por el que los más contumaces agresores terminan creyendo ser los permanentes agredidos, depositarios de una duda eterna por cobrar. (No, el nacionalismo español no tiene nada de esto: aquí nadie denuncia en el Ayuntamiento a un municipal por exclamar fuera de servicio y de paisano que el país «es una mierda»...)

El catalogo de diferencias respecto al análisis anatómico de Burleigh también podría ser extenso, entre otras razones porque la más importante de todas ellas es que el nazismo se apoderó por completo del poder en Alemania y en el País Vasco, de momento, sólo lo ha hecho a medias. De todas cuantas nos aporta el ex profesor de Oxford y Stanford, la reflexión más útil y de mejor extrapolación inmediata es la que se refiere al modo en que, al cabo de unos años, se produjo la transformación total de una sociedad hasta el punto de hacerla irreconocible respecto a sus pautas anteriores. Es decir, al porqué ese País Vasco apreciado por todos sus vecinos, en el que personas a las que todos queremos y admiramos eran representativas de un tono y un talante convivencial e integrador, se ha convertido ahora en una antipática amenaza para navarros, cántabros y riojanos y un foco de emigración tan intenso como para generar un exilio que ronda ya las 200.000 almas.

Por dos veces, tanto en la introducción como en el capítulo tercero, Burleigh subraya la clarividencia del anónimo informante de la cúpula del Partido Socialdemócrata refugiada en Viena que en 1937 explicó a sus líderes lo ocurrido, comparándolo con la reconstrucción del puente de una línea férrea: «Los ingenieros no podían limitarse a demoler una estructura ya existente, debido a las repercusiones en el tráfico ferroviario. Lo que hacían en su lugar era ir renovando lentamente cada viga, tornillo y raíl, un trabajo que apenas sí hacía levantar la vista de los periódicos a los pasajeros.Sin embargo, un día se darían cuenta de que el viejo puente había desaparecido y que ocupaba su sitio una nueva estructura relumbrante».

Así es como el nacionalismo vasco ha hecho lenta pero inexorablemente su tarea desde las instituciones, la escuela, la universidad, las organizaciones sociales o los medios de comunicación, abusando de la ingenua buena voluntad con que la democracia española le ha tratado desde el inicio de la Transición. Ahora pretende rematar la terminación del nuevo puente con las traviesas chorreando sangre que aporta Batasuna. Pretende que el tren que lo cruce conduzca a la creación del Estado vasco. Y pretende que los no nacionalistas que rehúsen viajar en vagones de tercera puedan ser directamente arrojados al río.

Por eso, el «hasta aquí hemos llegado» que el presidente Aznar pronunció el lunes debe tener un alcance proporcional a la magnitud del envite. Sin tremendismos pero con la determinación y constancia suficientes como para tener a raya a los nazis vascos y obligarles paulatinamente a desandar el camino andado. La inmediata confiscación de esas traviesas que Batasuna ha fundido en el horno de la extorsión y forjado en la fragua del crimen debe ser la primera medida, pero no la única. Mientras construía en el ostracismo su vía a ninguna parte, la democracia española podía permitirse el lujo de que hasta el brazo político de ETA, apenas camuflado de mera sintonía ideológica, tuviera representación legal. Pero si el PNV quiere completar con ellos esa mayoría aritmética, a la sombra de las metralletas humeantes -muy distinto sería que vinieran con tal combinación al cabo de veinte años sin violencia-, para que «el juicio soberano de individuos independientes determine el destino nacional», entonces que ambas partes se atengan a las consecuencias.

Y digo ambas partes no porque especule con ilegalizar también al PNV, sino porque sus dirigentes deben saber, a un mes del final de su arrogante ultimátum, que la democracia española no va a consentir vulneración alguna de la legalidad. Que todas las previsiones constitucionales -todas- se pondrán en marcha contra ellos si continúan por el camino de la confrontación, los hechos consumados o la asunción unilateral de competencias.España no tiene ya nada de lo que avergonzarse -todo lo contrario- ni ninguna deuda que saldar con el País Vasco. Con la reforma radical de los servicios secretos, sustituyendo el viejo CESID de los generales implicados en la guerra sucia por un Centro Nacional de Inteligencia con dos civiles de impecable trayectoria al frente, sometidos a control judicial y parlamentario, se ha aprobado la última asignatura pendiente de la modernización y democratización del Estado. El emblemático episodio de Perejil demuestra que hemos recuperado el margen moral que la Historia nos había arrebatado para actuar sin complejos en defensa del derecho y de nuestros intereses legítimos.

Hacerlo en el País Vasco puede resultar incómodo, costoso, desagradable y hasta enormemente traumático. Pero frente a los pesimistas que ven algo endémico y sustancial, y por lo tanto irresoluble si no es desde el entreguismo, en el llamado problema vasco, cabe subrayar que que una vez concluida con el alma anegada de tristeza la interminable vía dolorosa por la que nos conducen las 915 páginas de Burleigh, es bien fácil comprobar, al asomarse a la ventana de la realidad, que, apenas dos generaciones después de su apogeo, de los nazis no queda en Alemania ni el hedor en el cubo de la basura de la Historia.   pedroj.ramirez@el-mundo.es

Santa Pola (¿y 2?)
David GISTAU La Razón  11 Agosto 2002

Sobre fútbol, una de las frases más hermosas que he leído la escribió Mario Benedetti: «Un estadio vacío es un esqueleto de multitudes». La he recordado al contemplar la playa de Santa Pola, abandonada después de una amenaza de bomba, convertida ella misma en un esqueleto ¬o en un vestigio¬ de multitudes de pronto borradas. Las sombrillas, las tumbonas, los castillos de arena, todo indemne pero inútil como un decorado al que le falta la gente. Todo nostálgico como cuando alguien ha muerto y sus chaquetas permanecen colgadas en el armario. A Eta le basta una llamada de teléfono para borrarnos a la gente y decretar una ausencia, una interrupción de nuestra cotidianeidad, que es también derrota aunque no cave zanjas nuevas en el cementerio.

Ni en Santa Pola ni en Torrevieja, esta vez, murió nadie. Igualmente le cagaron la vida a una mujer que no tiene por qué comprender que esos escombros en los que ha quedado todo cuanto había edificado son el más reciente síntoma de una patología pretextada con argumentos políticos que no consiste sino en ir borrando gente, casi por inercia, por sumisión a una naturaleza licántropa: el Hombre Lobo, metáfora del psicópata, del lunático, que al menos tenía la honradez de no ampararse en una bandera. Ni en Santa Pola ni en Torrevieja, esta vez, murió nadie, pero que un farol que se tira un cabrón por teléfono baste para convertir una multitud en una ausencia demuestra que somos rehenes de Eta, aun cuando las bombas son dialécticas y sólo nos arrebatan el gozo de la cotidianeidad. Al menos, mañana volverá la gente a la playa de Santa Pola. Al menos, esa ausencia no será definitiva, como la que soportan quienes deben vaciar el armario de un muerto sin tener por qué comprender que esa sangre casual es el tributo exigido por el Hombre Lobo, que sólo por haber encontrado una bandera se siente justificado, y no enfermo. Ojalá no haya que volver a escribir de Santa Pola. Qué anhelo ingenuo, ¿verdad?

La paga
J. P. AZAÚSTRE La Razón  11 Agosto 2002

A una semana de Santa Pola se agitan las palabras como un cuerpo de aire. Lo malo es que los cuerpos siguen agitándose, mientras la palabra queda dormida en el café del desayuno, en el periódico que llega hasta el buzón. Lo malo es que hay cafés, hay desayunos, hay buzones y hasta felpudos pagados por el terrorismo. Se trata de una paga mensual que incluye todo: colchones y somieres, juegos de cama, televisión y DVD, y hasta las copas del sábado. Se trata de una paga mensual que incluye dietas de transporte, camisas y zapatos, abrigos y guantes en invierno. Olvídense de la causa ideológica, porque no existe; no niego la existencia del conflicto, porque hace siete días, como anteayer, vivimos lo tangible, la ausencia repetida de un valor moral al que apelarles. El conflicto existe, como han sabido bien en Alicante; pero eso no nos dice que el conflicto sea la causa, ni siquiera que importe al terrorista.

Al terrorista le importa su paga, y poco más. Cobrar a fin de mes sin que le importe el fin, sólo su cheque. No perder la paga, ese subsidio. Distinto es el chaval que mira hacia el cajero, que busca un enemigo inexistente, que ve, en el cajero, una causa absurda fijada a lo salvaje. Distinta es la cantera, la nada que se vuelve violencia en plena calle, distintos son los niños que quieren macerarse, hacerse duros, emprendiéndola duro con una librería de Bilbao que tiene a Blas de Otero en el escaparate. Pero ahora hablamos de los terroristas, de la primera plantilla, de los que tendrían en sus manos, si quisieran, una posible épica de paz. Sólo quien dispara puede elegir dejar de disparar.

El terrorista no quiere que acabe su guerra, precisamente porque es su guerra. Acierta Garzón al disparar, metáfora en mano, al cinturón económico de Eta. Todas las guerras son económicas, y lo que mantiene a esta gente en pie de guerra es una economía. Imaginen todas las familias, todos los pisos francos, todas las economías, domésticas o no, pendiendo de una bala. No les interesa que la paz nos llegue. No les gusta la idea, porque pierden la paga. Como en cualquier mafia. Como una gran empresa funeraria.

Batasuna sin un duro
CARLOS DÁVILA ABC 11 Agosto 2002

El Estado tonto que tenemos ha estado sufragando a ETA unas decenas de años. Siempre con complejo de legitimidad, como si fuera el vino en cartón, el Estado ha soportado no sólo los asesinatos de los terroristas, sino que, encima, les ha comprado en buena parte las pistolas. Los miles y miles de millones de pesetas que los españoles hemos pagado a las sucesivas denominaciones del abertzalismo feroz han servido para que ETA nos extorsione y nos mate a todos un poco mejor. La banda ha recibido dádivas del Estado que ha intentado tronchar, y sus cómplices han recibido pingües salarios como concejales, consejeros de cajas, parlamentarios o representantes sociales.

Únicamente el año pasado, el Gobierno de Ibarreche entregó a los conmilitones de ETA más de tres millones de euros, una cantidad que no debemos olvidar porque es muy parecida a la que Batasuna, o sea, ETA, señor desahogado Egibar, se quedará sin recibir si, al fin, este Estado tonto se convierte en serio y no deja que nunca más los desalmados cobren como las personas dignas y decentes, muchas de las cuales han muerto a golpe de los cañones de ETA.

Ahora mismo, Batasuna, o sea ETA, angélico (o no lo es) Azkarraga, tiene una cincuentena de alcaldes, casi novecientos ediles, treinta junteros en las tres provincias vascas, siete parlamentarios en Vitoria y ocho en Navarra, y un sinfín de gentuza colocada dentro del poder municipal, de los centros de influencia social y económica, que nutren el entramado civil de Batasuna, o sea ETA, deplorable Ibarreche, y que, claro está, cruje ahora mismo ante la posibilidad de quedarse a dos velas.

Es escalofriante: ¿En qué país del mundo se ve todavía que los contribuyentes paguen a sus asesinos? Pues aquí. El Gobierno vasco no quiere que Batasuna, o sea ETA, repugnante Otegi, deje de beneficiarse de la mamandurria que le cede estúpidamente el tonto Estado español al que ellos tantos desprecian, al que ellos tanto chantajean, al que ellos tanto matan.

A Batasuna no le duele nada, pero que nada, ser legal o ilegal, que al fin y al cabo el destino natural de este oprobio nacional es la cárcel. Lo que no aguanta es que no lleguen dineros a sus bolsillos, que es lo que sucederá si, tras cuarenta años de soportar que los chulos nos guarreen, estos, al menos, se quedan en la indigencia.

Cautela
Pilar CERNUDA La Razón 11 Agosto 2002

Háganlo bien, señores del Gobierno y de la oposición, háganlo con cautela, con el máximo rigor, aunque Santa Pola y Torrevieja nos han llenado de espanto y de rabia. Pero no den a los batasunos la menor posibilidad de que les acepten un recurso, la menor oportunidad a hacer demagogia contra los buenos y se presenten ante su opinión pública como víctimas de maniobras antinacionalistas. A los malos, a los terroristas, ni agua. Sería insoportable que enarbolaran la bandera de una ilegalización precipitada a la que los jueces se vieran obligados a dar marcha atrás. Tómense su tiempo, señores del Gobierno y de la oposición, no se dejen llevar por la impaciencia. Si llega la fecha de las municipales y los batasunos aún son legales, pues que se presenten a las elecciones, en peores situaciones nos hemos visto y hemos logrado salir de ellas con la cabeza alta, aunque sus más de cien mil votos duelen de forma insoportable. Pero es necesario hacer las cosas bien, extremar las precauciones, seguir al pie de la letra los cauces legales. La mayoría de los españoles apoyan la ilegalización de HB: no demos bazas a los etarras y filoetarras a que den un corte de mangas a los que apostamos por echarlos de las instituciones democráticas.

Reloj en marcha
Editorial El País 11 Agosto 2002

Los atentados de ETA en la costa alicantina y el silencio cómplice de Batasuna, así como las retorcidas pero concluyentes explicaciones exculpatorias de su portavoz, Arnaldo Otegi, han convencido al Gobierno del PP y al PSOE, comprometidos por el Pacto sobre las Libertades y contra el Terrorismo, de que es hora de iniciar formalmente los trámites que deben concluir en la presentación de la demanda para la ilegalización de la formación aberzale ante la Sala Especial del Tribunal Supremo. El acuerdo de los dos partidos mayoritarios, que suman 307 de los 350 escaños del Congreso, era un punto de partida básico para adoptar una iniciativa de tanta transcendencia jurídica y política como la de ilegalizar una fomación política. Pero es deseable que ese acuerdo se amplíe al resto de las fuerzas políticas, y no sólo a las que mantienen pactos con el Gobierno como CiU y Coalición Canaria, sino a Izquierda Unida y, desde luego, al PNV.

El procedimiento acordado por el Gobierno y el PSOE es que sea un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados, que su Diputación Permanente debería convocar para el día 26 de agosto, el que inste al Gobierno a presentar la demanda de ilegalización. Es una vía contemplada en la Ley de Partidos y, sin duda, la más acertada para la ocasión. Ese pleno es el escenario adecuado para debatir públicamente las razones de la iniciativa y para fortalecer el consenso entre las fuerzas políticas. Y dará ocasión de explicar su posición a las que, por motivos de fondo o de oportunidad, mantengan su oposición a la iniciativa. Pero ese pleno debería ser también el momento de abordar algunas de las medidas que habrán de tomarse para prevenir posibles efectos no deseables, además de los positivos que se esperan, que pueden derivarse de poner a Batasuna fuera de la ley. El Gobierno y el conjunto de las fuerzas políticas tienen obligación de evaluarlos y de prevenirlos en lo posible. Y también de advertir claramente a la ciudadanía de que se trata de un primer paso político y que esta medida no está concebida para acabar de inmediato con los comandos operativos de ETA. La Ley de Partidos, digámoslo una vez más, no es una ley antiterrorista.

La iniciativa de ilegalizar a un partido político siempre plantea legítimas dudas de fondo y de oportunidad. ¿Es el momento procesal y político oportuno de plantear ante los tribunales la ilegalización de una formación política como Batasuna, que no ceja en manifestar su connivencia con ETA y su estrategia de terror? El diputado por el PNV, Iñaki Anasagasti, ha expresado esas dudas de oportunidad al señalar que el 'estado emotivo' producido por los últimos atentados de ETA no es el más propicio para plantear una medida que exige serenidad y una cuidadosa evaluación de sus consecuencias. Pero el problema es que la persistencia de las acciones terroristas de ETA no da opción a momentos más serenos y propicios a la reflexión.

Con su última campaña de terror, la banda terrorista ha anudado en el cuello de Batasuna la soga de su posible ilegalización. Lo cual demuestra, si hiciera falta, que es ETA la que manda y marca la estrategia en la constelación de organizaciones que se mueven a su alrededor. Ello debería hacer reflexionar a formaciones políticas como IU que, tras constatar la dependencia de Batasuna respecto de la banda terrorista, apuesta ilusoriamente por que esa formación rompa esa dependencia por propia iniciativa. Los hechos son tozudos y muestran para quien quiera verlos sin orejeras que la vía política que representa Batasuna, así como su papel en las instituciones, sólo los consiente ETA si complementan y refuerzan su estrategia militar, basada en la coacción y el chantaje y en el terror permanente a la sociedad. Ni los más reticentes a la ilegalización de Batasuna pueden pretender que el Estado de derecho permanezca impasible ante tamaña impostura y subversión de las reglas democráticas.

El silencio, ¿es sólo silencio?
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz  11 Agosto 2002

DESARBOLADO: así se encuentra desde hace mucho el PNV. Y así, desarbolado, navega a la deriva por un mar infestado de seres sanguinarios: el de la política en el País Vasco. El miércoles pasado, tras los atroces crímenes de ETA en Santa Pola, se reunía la Junta de Portavoces del Parlamento de Vitoria y el representante de Batasuna se negaba a suscribir el comunicado de condena aprobado por la Junta. Ninguna novedad, pues eso es lo de siempre: ETA mata y los infames compinches de su empresa mortuoria justifican los atentados como manifestaciones del conflicto.

Apenas la Junta de Portavoces hubo terminado, los diputados del PP y del PSE manifestaron lo evidente: que la negativa de Batasuna a condenar entraba de lleno en los supuestos que la Ley de Partidos ha previsto a los efectos de disolver a aquellas fuerzas que den «apoyo político expreso o tácito al terrorismo, legitimando las acciones terroristas para la consecución de fines políticos». A la vista de esa reacción, la respuesta del PNV defendiendo a Batasuna fue inmediata: «el silencio es solo silencio», dijo Egibar, con su habitual desfachatez.

¡Es difícil imaginar que un partido que se dice democrático pueda haber sido llevado por una camarilla envenenada por su antiespañolismo patológico a tales extremos de abyección! ¡Y de cinismo! Pues, ¿es sólo silencio, como afirma el PNV, el silencio de quienes nacen para ser los portavoces legales de una banda terrorista?; ¿cabe interpretar el silencio de Batasuna ante los crímenes de ETA de otro modo que como un grito de apoyo a los etarras? Nadie, salvo un desalmado, puede dudar de la respuesta que ha de darse a estas preguntas.

El supuesto silencio de Batasuna -que constituye una asentimiento tácito evidente al asesinato de un jubilado que esperaba el autobús y una niña que bailaba en casa ante sus padres- no es más que la sucia triquiñuela de quienes, como leguleyos de ventaja, creen poder jugar con las palabras para eliminar así una evidencia aterradora: que Batasuna (como antes HB) existe con el único objetivo de dar cobertura a los crímenes de ETA, canjeando la sangre de sus víctimas por contrapartidas políticas legales.

Con esa vergüenza es justamente con la que la Ley de Partidos trata de acabar. El objetivo es tan fundamental para nuestra convivencia en libertad, que constituiría un error imperdonable que las prisas llevasen a los defensores de la ilegalización de Batasuna a no acertar a la primera. Aunque, por desgracia, el último atentado de ETA en Torrevieja parece indicar que la banda facilitará las cosas al Supremo. Para que quede claro, una vez más, que quien manda es ETA y quien obedece Batasuna.

Malos gestos
AURELIO ARTETA El Correo 11 Agosto 2002

Y dice usted que, a propósito de Gesto por la Paz, ha habido en este periódico una polémica ? ¿Pero es que alguien conoce a esa señora? Tanto gesto silencioso y, claro, cuando se trata de dar cuenta de las propias convicciones, uno se queda mudo. No paramos de convocar al diálogo, y ya ven. Es lo que pasa cuando no usamos las palabras: que tampoco ejercemos el pensamiento.

A lo largo de tres artículos quien suscribe se tomó en serio varias tesis principales de esa Coordinadora reunidas en un reciente escrito de A. R. Gómez Moral (y tan principales que en su página web este escrito figura bajo el epígrafe Fundamentos ). Primera, el valor supremo de la existencia humana y la condena absoluta de todas las muertes; una existencia reducida a su simple naturaleza biológica, por lo demás, puesto que sólo ésta permanece cuando no se valora lo que hagamos en esa vida. Segunda, la prevalencia de la vida humana sobre cualquiera de las causas a las que el individuo se entrega, de manera que no existe causa alguna que justifique matar pero tampoco morir por ella, de igual modo que -mueran matando o mueran matados- no hay muertos buenos ni muertos malos. Y tercera, el rechazo sin paliativos de todo tipo de violencia, así como de sus resultados, pues como se admita una violencia legítima por parte del Estado de Derecho se desmoronarían los pronunciamientos anteriores... Creo que esas declaraciones son falsas y, por si acaso, añadiré que tampoco suenan a cristianas. Pero en lo que me interesaba insistir es en que, en tanto que morales, resultan además peligrosas por inspirar una actitud ciudadana demasiado frágil a la hora de enfrentarse al terrorismo. Y para probarlo y sostener las tesis contrarias dispuse, con mejor o peor tino, unos cuantos argumentos.

Salvo el profesor Calleja, a quien mi reflexión le parece «fundamentalmente cierta» (aunque advierte de sus presuntos riesgos), los demás replicantes no se han molestado en atender o rebatir uno solo de esos argumentos. Pero es que ni uno. En su lugar, y cartas al director aparte, ya para la segunda entrega ciertas almas sensibles se estremecían ante el «linchamiento de Gesto» (J. Elzo) o lamentaban que se le sometiera a un «examen de filosofía» (I. Zubero). Mejor aún estuvo la propia Gómez Moral, quien, como si casualmente pasara por ahí, ni se da por aludida y publica de nuevo su artículo , sin prevenir al lector de que lo ha modificado en dos párrafos sustanciales con respecto a la versión citada. Lo cual no obsta para que otro de mis críticos (V. Carrión) considere semejante desaire como una muestra de «exquisita elegancia», pues ya se sabe que discutir es hoy cosa de mal gusto. Sólo faltaba que uno quiera tener razón y, pecado imperdonable, pretenda incluso convencer.

Con tal de no argumentar, pues, se recurre a la acusación de hacer trampas para así trampear mejor. Mientras uno (J. L. Zubizarreta) me achaca no reproducir «con fidelidad» los presupuestos teóricos de Gesto, su Comisión Permanente me echa en cara nada menos que la «tergiversación sistemática» de su mensaje , aunque yo entrecomille cada una de las proposiciones que analizo y mis fiscales no hagan lo mismo ni una sola vez con las mías. El ejercicio retórico es sencillo: como es obvio que las conclusiones del autor chocarán con la mentalidad reinante, se las enuncia evitando mentar ninguna de las premisas en que aquél las funda. Tan malos gestos no parecen juego limpio, la verdad. Y si por denunciarlo vuelvo a ser tachado de «arrogancia intelectual», pues nada, que no se enfade nadie y hagamos un ideal del resentimiento.

Pero culpemos de estos tiquismiquis a la calentura del momento y, a falta de réplicas solventes, recojamos algunas observaciones que suscitan comentario más impersonal. Pertenecen casi todas a J. L. Zubizarreta, una pluma a la que sigo con provecho por más que su pasada condición de asesor de lehendakari revele sus querencias. Mi crítica a Gesto es «inoportuna», comienza por reprocharme. Y hay un sentido en el que acepto con pesar su dictamen: debía haberla escrito años atrás por si ello hubiera contribuido a mejorar las cosas. En lo demás, francamente, desconozco quién será el intérprete fiable de nuestra oportunidad política y me pregunto cuántas barbaridades se han consentido en este país en nombre de una oportunidad que por lo común nunca pasa de ser medroso oportunismo.

Me imputan asimismo él y otros el haberme confundido de enemigo y quebrar así la unidad de nuestra lucha. Si me permiten, más bien creo que se equivocan de enemigo quienes lo limitan tan sólo al que mata y a sus amigos directos, y pasan por alto la beligerancia de cuantos comparten con el asesino y sus cómplices (de palabra, obra u omisión) tanto los fines políticos como los medios ideológicos etnicistas que impulsan a aquéllos al asesinato. Por eso seguramente no estamos «en la misma lucha», por desgracia, quienes parecen conformarse con la paz y quienes buscamos una paz justa, ni tampoco los que adoptan el silencio como arma de combate y los que creemos preciso levantar la voz en una sociedad envilecida. Allá quienes -se diría que por penuria de criterios políticos- responden a la iniquidad colectiva con consejos morales y separan la compasión de la justicia, porque esos mansos no poseerán la tierra. Cada vez se hace más claro que, para acabar con la «violencia de persecución», no basta proteger al perseguido, sino que hay que perseguir también con todas las de la ley al perseguidor. Y por eso invitaba yo a Gesto a enderezar su ideario.

Bien sé que Gesto no es «un foro de debate intelectual», sino un movimiento cívico, pero un movimiento cívico a mi parecer desorientado por nutrirse de ideas mal fundadas. Y al que juzgue mi insistencia como manía de intelectual, le respondo que tal vez se halle bajo el influjo de dos topicazos a cual más funesto. Uno sería el de que una cosa es la teoría y otra la práctica, dejémonos de filosofías y vengamos a lo concreto Eso es ignorar a estas alturas que la filosofía práctica (ética, política) produce efectos prácticos y que, según nuestra idea o juicio acerca de qué sea la virtud, la democracia o la violencia, así será probablemente nuestra conducta personal o ciudadana. El otro tópico repite que, por contraste con los saberes científicos -precisos, necesarios, universales-, en cuestiones éticas o políticas sólo hay lugar para meros pareceres, siempre relativos a gustos o intereses. De manera que las primeras materias exigen aprendizaje y las segundas podrían prescindir de él, pues allá tienen autoridad los expertos mientras que aquí cada cual debe regirse por su opinión tan legítima o respetable como cualquier otra. Y así nos va, naturalmente.

De todo esto cabía haber debatido, por lo mucho que a nuestra comunidad pública le importa. La Comisión Permanente de Gesto, en cambio, rehúye este debate so pretexto de que una espiral de réplicas «resultaría estéril y prolija». Lo de menos es que desdeñe mi palabra; mucho más grave es perder una ocasión de sacudir la conciencia ética y política de esta sociedad y no haber entendido que la democracia digna de tal nombre se llama democracia deliberativa. A no ser que, condenada la razón de la fuerza, entre nosotros haya que renunciar también a la fuerza de la razón.

Contundentes informes contra Batasuna
El Mundo 11 Agosto 2002

Los servicios jurídicos del Estado elaboran, entre otros, informes sobre las declaraciones de Otegi, los incidentes de Lasarte y los comunicados de ETA

MADRID.- Los servicios jurídicos del Estado han elaborado varios informes en los que se apoyará la previsible ilegalización de Batasuna. Así, el equipo dirigido por Arturo García Tizón, que ha contado con la colaboración de algunos de los más destacados miembros de este servicio, ha analizado detalladamente las últimas actuaciones de los dirigentes de la coalición radical desde que el pasado domingo ETA perpetrara el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola.

Uno de los informes más completos es el que analiza pormenorizadamente las declaraciones del líder de Batasuna Arnaldo Otegi. En el Ministerio de Justicia se ha diseccionado la cinta con la grabación completa de sus declaraciones. Destacan, además de la no condena, las frases en las que acusa a José María Aznar del atentado y le hace responsable de lo que pueda acontecer próximamente, lo que se ha interpretado de forma clara como una amenaza de próximos atentados. También se consideran amenazas del líder abertzale las palabras en las que habla de que habrá más dolor. Estos servicios jurídicos consideran, tras el análisis de todas las palabras de Otegi, que demuestran su justificación del atentado, al que califica de «suceso».

Otro de los informes calificado de clave por el Ejecutivo es el elaborado por estos servicios sobre los incidentes que se sucedieron el pasado mes de junio en las fiestas de la localidad guipuzcoana de Lasarte, donde la alcaldesa, la socialista Ana Urchueguía, no pudo ni salir al balcón del Ayuntamiento. En este asunto, el equipo jurídico considera que se han vulnerado tres principios de la Ley de Partidos por parte de Batasuna. En primer lugar se produce una clara coacción al impedir a la autoridad municipal ejercer libremente su trabajo. En segundo, desde Batasuna se produce una usurpación de funciones de la alcaldesa. Y en tercero, el equipo jurídico destaca la exhibición que por parte de miembros de Batasuna se hace de pancartas en favor de la organización terrorista ETA.

También se ha tomado muy en cuenta a la hora de elaborar estos informes jurídicos, calificados por el Gobierno de «muy sólidos», el vídeo en el que se observa al portavoz de Batasuna en el Ayuntamiento de Vitoria negándose a firmar la condena al último atentado de ETA, pese a la insistencia del alcalde, Alfonso Alonso. Como ya adelantó EL MUNDO, los servicios jurídicos del Estado que han intervenido en la elaboración de los informes (muchos de cuyos miembros tuvieron que interrumpir sus vacaciones) han estudiado también el último zutabe de ETA (boletín interno), del pasado mes de julio, en el que la organización terrorista se muestra claramente en contra de que se produzca la ilegalización de Batasuna.

También se han analizado todas las imágenes recogidas de ayuntamientos regidos por EH y Herriko Tabernas donde se hace ostentación de simbología en favor de ETA.

Los expertos también han valorado las declaraciones realizadas por el portavoz de Batasuna en la Junta de Portavoces del Parlamento de Vitoria, Antton Morcillo, en las que se negaba a condenar el atentado y aclaraba que la no condena de la violencia por parte de Batasuna es una «seña de identidad» de esta formación.Este, como ya adelantó este periódico, es uno de los soportes jurídicos más importantes.

MIGUEL SANZ / Presidente de la Comunidad de Navarra
«Navarra está sufriendo la presión del nacionalismo»
FERNANDO LAZARO El Mundo 11 Agosto 2002

MADRID.- El presidente de Navarra, Miguel Sanz, está dispuesto a lograrlo. Apuesta por una reforma legal que impida ondear la ikurriña en los balcones de los ayuntamientos navarros.

-¿Por qué ahora, en este momento?
-Soy consciente de que es mucho más difícil desandar lo mal andado que comenzar el camino. Pero yo estoy dispuesto a asumir los riesgos desde la responsabilidad para hacer las cosas que creo que deben hacerse en relación con Navarra y en la defensa de nuestro autogobierno. Hay quienes dicen que esto es un ataque a la pluralidad y yo entiendo que es todo lo contrario. Precisamente no respetar la pluralidad y, sobre todo, no respetar el sentimiento mayoritario del pueblo navarro, es reflejar a través de simbologías que distorsionan nuestra realidad política institucional, algo que no se corresponde con ese sentimiento mayoritario. Nadie entiende que en ayuntamientos de Navarra se esté mostrando y estén siendo presididos por las banderas de otra comunidad autónoma, muy respetable, pero otra comunidad. Esta posición está muy ligada a la defensa de la identidad de nuestro pueblo. No estoy dispuesto a que nuestra Comunidad vea cuestionada su territorialidad a través de otros símbolos que no nos corresponden.

-¿Es necesaria una modificación de la actual ley?
-Es precisa una modificación de la ley para no dejar resquicios legales a quienes entienden que lo que no está prohibido, puede estar permitido. La ley de símbolos en Navarra dice las banderas que deben ondear pero no dice las que no deben ondear. En cualquier caso es necessario implantar una serie de calificaciones, de faltas, para poder actuar en el incumplimiento de la ley. Porque lo que no existe es una norma específica de cómo se castiga o califican las faltas a esta ley. Eso llevaría implícito que las sanciones que podrían ser aplicadas podrían ser descontadas de la cuenta de repartimientos de los ayuntamientos.

-¿Cómo es el actual plano de las banderas en Navarra?
-No tenemos hecho un estudio detallado de cada municipio. No sabemos con exactitud. Hay una serie de ayuntamientos que están gobernados por EH o por partidos nacionalistas que son los que en definitiva exhiben las banderas. A mí lo que me parece inconcebible es que extrañe y sea noticia lo que en ningún sitio lo sería.No creo que ningún español pueda pensar que que en Getxo ondee la bandera de Navarra en edificios públicos, o que en pueblos de Valencia con un sentimiento nacionalista catalán, ondee la segnera. Hay algunas manifestaciones intentando confundir la ikurriña con un símbolo del pueblo vasco y la ikurriña no es ningún símbolo del pueblo vasco, es el símbolo o la bandera de la Comunidad Autónoma Vasca, porque el pueblo vasco de Navarra, su bandera no es la ikurriña, su bandera es la roja con las cadenas de Navarra.

-¿Le sorprende la reacción del PSOE?Ç
-A mí, del secretario general del PSN, y quiero poner el énfasis en él, me sorprenden pocas cosas. Hay políticos que al final actúan en una primera instancia cuando ejercen la oposición bajo los auspicios de la crítica por la crítica a todas las iniciativas del Gobierno, sin pararse a pensar que es algo que cae en la más absoluta normalidad. Entendería que se me criticase si no ejerciese la responsabilidad para defender lo que son nuestros símbolos, nuestra territorialidad y nuestra identidad. Lo que hay que tener en cuenta es que aquí en Navarra estamos atravesando una presión por parte del nacionalismo que se refleja en las manifestaciones y en toda la simbología que lleva implícito ese objetivo que tiene el nacionalismo de crear una patria llamada Euskal Herria alrededor de una simbología. Y cuando esa simbología se refleja en una comunidad que mayoritariamente dice que no quiere formar parte de esa supuesta patria, bajo los auspicios de la ikurriña. Aquí las manifestaciones de Batasuna se hacen bajo la bandera de la ikurriña, las manifestaciones en contra de nuestra identidad en los estadios o en nuestra plazas de toros se hace bajo la misma bandera, y cuando alguien quiere reflejar que forma parte de una supuesta patria diferente a la de la patria española y a una comunidad diferente a la Navarra, se refleja bajo esa bandera determinada.

-¿Es una iniciativa personal suya o está amparada por UPN al completo?
-No es una iniciativa partidista sino gubernativa. Estoy convencido de que la mayoría social de Navarra está a favor de esta propuesta.

Ahora sí: crudo y oscuro
JOSÉ LUIS AÑÚA AJURIA /PRESIDENTE DE UNIDAD ALAVESA El Correo 11 Agosto 2002

Los obispos vascos nos ofrecieron, a finales de mayo una Carta Pastoral en la que, con «libertad evangélica y voluntad conciliadora», brindaban a los ciudadanos, cualesquiera que fueran sus creencias, enunciados para dar respuesta a algunas cuestiones. Decían ellos que «la crudeza y oscuridad del momento» reclamaban de su parte «una palabra pública y explícita». Añadían que «numerosos cristianos la están demandando» y, además, que «muchos ciudadanos la están esperando». Tal vez fuera así desde su atalaya, pero desde la de algunos vascos no parece que aquella crudeza y oscuridad fueran realmente acuciantes. Porque prefiero no pensar que la iniciativa era de ellos mismos. Pero sí es crudo y oscuro lo que está ocurriendo ahora mismo. Los planteamientos parlamentarios vascos no son precisamente claros, ni tampoco amagan más que mayor confusión y más cruel crispación.

Es verdad que este asunto que tanto nos preocupa es -al igual que el que señalaban los obispos- «candente y resbaladizo». Tal vez por eso, hasta ahora, han preferido callar para evitar ingratas reacciones. Una medida de prudencia, puede ser, pero que a uno le estimula a buscar respuesta del mismo nivel. Y acude, en su interés y movido por sus convicciones personales, a buscar respuesta a lo que está sucediendo en el Parlamento vasco, y a lo que estamos viviendo.

Y la encuentra, sí, aunque de modo diverso. En esa ocasión no se trata de varios obispos, sino de uno solo; ni se trata de una solemne Carta Pastoral, sino del epílogo a un libro reciente, La iglesia frente al terrorismo de ETA . Me refiero al escrito del arzobispo de Pamplona que ha motivado la réplica de más de trescientos curas, de nuestra tierra, de Navarra y de una parte de Francia. Hemos de subrayar, curiosamente, que esa territorialidad clerical que exigen esos curas coincide exactamente con la territorialidad que, en el ámbito político, solicitan también nuestros nacionalistas democráticos en el giro institucional que están propugnando.

Vayamos, pues, a la luz que nos brinda -no en Carta, sino en discreto epílogo; no en colectividad, que desdibuja responsabilidades personales, sino de modo individual- esta oportuna reflexión, al menos para muchos que la hemos leído, que nos ofrece el obispo navarro. Aunque es aragonés (tampoco el de Bilbao es vasco y la cosa ha valido), lleva en nuestra entrañable y modélica provincia vecina años más que suficientes para enterarse de lo que aquí se está incubando.

Dice así: «Lo que en política es teóricamente posible, para que sea legítimo en la práctica, ha de manifestarse como un medio para conseguir un bien mayor para la mayoría de la población. El independentismo es una opinión posible. Pero, ¿es tan claro que la ruptura independentista, en las actuales circunstancias, es mejor para la mayoría de la población que la continuidad democrática? ¿Qué pasaría con esa casi mitad de la población que se sienten a la vez vascos y españoles y no quieren separarse de España? ¿Quién tiene el derecho y la autoridad para privarles de su plena ciudadanía en el territorio donde han nacido y nacieron sus antepasados? ¿Quién puede condenarlos a vivir en su propia tierra como extranjeros? Y, ¿qué pasa con las relaciones y vínculos sociales, familiares, políticos y hasta económicos que se han ido tejiendo entre los ciudadanos vascos con el resto de los españoles durante los largos siglos de convivencia? ¿Cómo se puede suprimir de golpe la red de relaciones humanas de todo género y el patrimonio cultural común, resultado de siglos de vida común ininterrumpida?».

No me sorprende, cuando vuelvo a leerlo, que el presidente del PNV arremetiese sin piedad contra, para muchos vascos, la sagrada persona del arzobispo navarro. Pero las interrogantes ahí siguen y ninguna respuesta parlamentaria de las que se están aprobando parece afrontar con claridad lo que queda propuesto, a modo de interrogante, en el epílogo citado.

Por si hubiera alguna duda, ahí van las palabras que siguen a las que acabo de transcribir: «Actualmente la valoración del nacionalismo y el enjuiciamiento moral de sus actuaciones no puede prescindir de la existencia y la influencia de ETA en la sociedad vasca y navarra. En estos momentos, los nacionalistas no pueden invocar el diálogo ni la libre manifestación de la voluntad popular, como medio para resolver el contencioso político, sencillamente porque mientras exista ETA los ciudadanos no tienen libertad real para manifestarse. En el País Vasco, en Navarra y aún en España entera, los ciudadanos no tienen libertad real para manifestarse en las mismas condiciones. Los nacionalistas pueden decir lo que quieran, saben que nadie les va a matar por eso. En cambio, los no nacionalistas, si hablan, si dicen lo que sienten, si votan libremente, si se significan en una acción política que no sea del gusto de ETA, se exponen a que ETA los mate por la espalda, o por lo menos se vean obligados a desafiar los insultos y los asaltos a esos jóvenes guerrilleros nocturnos que ETA alimenta e impulsa. Basta ver lo que ocurre en muchos pueblecitos pequeños del País Vasco y de Navarra para convencerse a ello».

Y basta ya de citas. Comprobarán que, aquí sí, hay algo que da réplica a esa «crudeza y oscuridad del momento presente». Y que ya ha sido pronunciada una «palabra pública y explícita» sobre la realidad que nos está tocando vivir. Para mí, estas ajustadas palabras de un obispo, aunque no sea en Carta Pastoral colectiva, son un bálsamo y una luz esperanzadora que afianzan las creencias de muchos vascos. Tal vez mi atalaya no sea la privilegiada de los obispos vascos, pero hemos de reconocer que también en esa atalaya se encuentra el obispo de Navarra, quien, por cierto, no firma la famosa Pastoral de sus colegas vascos. Por algo sería.

Porque no se me oculta una sospecha, tal vez una maldad que no deseo: los obispos vascos tenían guardado eso que dijo el navarro y le replican para que vea lo que vale un peine. O sea, confrontación en cuestiones discutibles. Con la ventaja, en cuanto a responsabilidad, de que el navarro habla en un epílogo mientras los vascos le replican en una Carta, y además Pastoral, y además colectiva. Desproporcionado. Ya pueden seguir compendiando documentos contra el terrorismo que basta una Carta así para que todo se disuelva como un azucarillo en un vaso de agua. Lo mejor es no tomárselo demasiado en serio. Por eso me acuerdo del inmortal Don Hilarión, el de La Verbena de La Paloma : una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid, daban el opio al boticario. Éste decía que no sabía cuál de las dos le gustaba más. Pues eso, hay que tomarlo como un requiebro y pensar: los nacionalistas, cómo no, prefieren la Carta; los demás preferimos el epílogo. Y nuetra fe, hecha unos zorros.

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