AGLI

Recortes de Prensa     Martes 13 Agosto  2002
«Hay que denunciar la coacción lingüística de los nacionalistas»
Antonio Sempere - Santander.- La Razón 13 Agosto 2002

Los nacionalistas del PP
Nota del Editor  13 Agosto 2002

García de Cortázar: «La integración de los inmigrantes debe hacerse bajo el modelo europeo de nación»
FELICIANO TISERA ABC 13 Agosto 2002

Una operación bastante cara
Lorenzo CONTRERAS La Razón 13 Agosto 2002

Debates de leguleyos
Enrique de Diego Libertad Digital  13 Agosto 2002

El final de un engaño colectivo
Ignacio Villa Libertad Digital  13 Agosto 2002

Nacionalismo y democracia
M.MARTÍN FERRAND ABC  13 Agosto 2002

TRES FRENTES DE LA ILEGALIZACION DE BATASUNA
Impresiones El Mundo  13 Agosto 2002

Carta de Arenas
JAIME CAMPMANY ABC  13 Agosto 2002

Un fracaso colectivo
FERNANDO ONEGA El Mundo  13 Agosto 2002

El reto de Pujol
RAMÓN PI ABC 13 Agosto 2002

Buscar la paz
Cartas al Director ABC 13 Agosto 2002

Ibarretxe
RAUL DEL POZO El Mundo 13 Agosto 2002

En la raya de la vida
C. ÁLVAREZ DE TOLEDO ABC 13 Agosto 2002

La no condena del terrorismo y el Derecho
MARC CARRILLO El País 13 Agosto 2002

Etarras en Levante
Lorenzo Contreras La Estrella 13 Agosto 2002

La Comunidad valenciana, unida contra el terrorismo
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ  ABC  13 Agosto 2002

Arenas exige a Ibarretxe que explique sus planes sobre Navarra, competencias y autodeterminación
MADRID. JESÚS MOLINA ABC 13 Agosto 2002

La bomba colocada por ETA en Santa Pola no estalló por un fallo en el temporizador
AGENCIAS / T. R. I. / V. P. ABC 13 Agosto 2002

«Hay que denunciar la coacción lingüística de los nacionalistas»
García de Cortázar da un curso en la UIMP
El catedrático de Historia de la Universidad de Deusto Fernando García de Cortázar imparte en la UIMP un curso magistral, «Historia de España: de Atapuerca al euro. Imagen y palabra de España». Ayer dijo a LA RAZÓN que «ahora no estudiamos nuestra historia como fracaso sino como solución».
Antonio Sempere - Santander.- La Razón 13 Agosto 2002

A lo largo de cinco días García de Cortázar pretende «ofrecer una crónica de la existencia de España como realidad histórica y no providencial o metafísica». Y lo justifica: «En los últimos tiempos la historia de España ha sido orillada en beneficio de las historias locales o regionales. Ahora no estudiamos la historia de España como un fracaso sino como una solución».

¬¿Hemos madurado los españoles de Atapuerca al euro?
¬Hemos resuelto problemas como la desigualdad o el peso excesivo de la Iglesia, pero nos queda resolver el terrorismo y las tensiones territoriales.
 
¬¿Todas las Españas caben en una?
¬El curso tiene la idea de transmitir la idea de España como una idea abrumadora y no como metafísica. España es la geografía, la cultura, la sociedad, el arte, y existe desde hace 3000 años, en sus distintas denominaciones, desde Hispania hasta Al-Andalus, y no tenemos que recurrir ni a Numancia ni a Sagunto cuando los vascos o los catalanes la cuestionan.

¬¿En estos momentos es preciso incidir en esta unidad?
¬Sí. Cuando nos encontramos con los diferentes, por ejemplo con los inmigrantes, o los que tienen otra religión, es cuando reconocemos que las diferencias de lo español se limitan a lo gastronómico o a lo folklórico. En los últimos veinte años se ha vendido tanto la diferencia que algunos se la han creído. Existe una España, y la historiografía española lo viene diciendo desde hace muchos años.

¬¿Las lenguas de España, en este sentido, son un problema?
¬Hay problemas, y la Constitución no los ha amainado dando oficialidad a esas lenguas. El mecanismo que se establece desde los nacionalismos que manejan una lengua propia aparte del español, que es tan propia o más que la otra, es que existe una lengua impositora, invasora e invadida; una lengua inocente y una perversa, y ése es muy mal planteamiento para un bilingüismo en libertad. Habría que denunciar los mecanismos de coacción lingüística que existen en los lugares gobernados por los nacionalistas vascos y catalanes. Ambos tratan de imponer su idioma porque forma parte de su idea de nación. Hoy, los nacionalismos tratan de defender a su comunidad con un mecanismo de inclusión, pero también con uno de exclusión y limpieza étnica y lingüística, diciendo quiénes son los verdaderos vascos y catalanes.

¬¿Quién ha contribuido a afirmar mejor la idea de España?
¬Puede que la propia sociedad. No me duele decir que me resulta difícil conjugar el hecho diferencial en que tanto se insiste con el hecho igualitario. El que más ha contribuido a afirmar la idea de España ha sido Miguel de Cervantes. En «El Quijote» se menciona un centenar de veces la palabra España, y aparecen los habitantes de Cantabria, de Castilla y de Andalucía.

¬¿Cuáles son los pecados de los españoles, de Atapuerca al euro?
¬El mayor defecto ha sido el poco espíritu público frente a la iniciativa individual, haciendo que una de las expresiones de lo español fuera el caciquismo.

¬¿Qué momentos cumbre resaltan en nuestra historia?
¬Somos una superpotencia cultural en cualquier época. Tenemos un idioma que une a todos los españoles y que pasa al otro lado del Atlántico. El año 1492 es el gran momento de España. También es importante la influencia romana. Somos más romanos que árabes, hablamos la lengua de Roma, tenemos su derecho y su religión. También resalto las Cortes de Cádiz, que constituyen el momento en el que la nación española se hace carne, en forma de progreso, tratando de superar las diferencias del siglo XVIII, teniendo su expresión en el espíritu de consenso y acuerdo.

Los nacionalistas del PP
Nota del Editor  13 Agosto 2002

Con la autocensura que se aplican algunas personas hay que tener mucho cuidado: nadie se atreve a hablar de la república, nadie se atreve a meter en el mismo saco de los coaccionadores lingüísticos al Partido Popular de las mil caras, pero aquí estamos para testimoniar el incumplimiento de la Constitución por parte de la Junta de Galicia, lo mismo que los adláteres populares de otras regiones con el idioma español como lengua impropia.

En alguna ocasión he escrito que los nacionalistas, en el fondo, son monárquicos disfrazados, pues mientras anden a la greña con España, nadie se atreve a decir lo que piensa sobre el hecho increíble de que andemos bajo una monarquía.

García de Cortázar: «La integración de los inmigrantes debe hacerse bajo el modelo europeo de nación»
FELICIANO TISERA ABC 13 Agosto 2002

El historiador y colaborador de ABC ha demostrado, con el curso «Historia de España: de Atapuerca al euro. Imagen y palabra de España», que el debate sobre nuestra esencia histórica está más vigente que nunca con la integración en Europa y con la llegada de miles de inmigrantes de diferentes culturas.

SANTANDER. -¿Cuál es hoy el lugar de España en el mundo?
-Política, militar y económicamente es una potencia media. Pero es una superpotencia cultural. Tiene un patrimonio artístico asombroso, un gran idioma de comunicación internacional destinado a ser hablado por 600 millones de personas dentro de treinta años.

-¿Debería liderar la política cultural hispánica en el mundo?
-Yo creo que encabeza una gran política cultural hispánica, que engloba también a lo americano. Porque en mi concepto de España también entra lo americano. España es fruto de un gran contagio, de un gran mestizaje. Y, dentro de esta concepción de gran mestizaje, un ingrediente máximo es el americano.

-¿Dónde ve usted hoy las influencias romanas y musulmanas?
-En esta especie de exageración autonomista, fruto reactivo del anterior régimen centralista que produjo una especie de «sarampión» regionalista, se ha exagerado la influencia de los árabes, que es una singularidad. Me daría pena que los andaluces se reconozcan más herederos de los árabes que de los romanos. La gran herencia es la romana: nos deja la lengua, el derecho, la organización del territorio, las ciudades, las estructuras viarias antecedentes de las autopistas... Por el contrario, los árabes no nos dejan más que algunas especificidades en la cocina, en su afición a los dulces, bellísimas palabras en el idioma español y un gran cultivo del agua, tanto en la higiene de las personas como en su función de regadío u ornamentación. Los españoles somos mucho más limpios que el resto de los europeos y nos duchamos con mayor frecuencia; es probable que sea tradición árabe.

-¿Cuál será el papel de los inmigrantes en la identidad española?
-La identidad española es cambiante, enriquecida por préstamos y contagios. La inmigración debe enriquecer a España como han enriquecido siempre los inmigrantes, pero debe hacerlo bajo el liderazgo de la nación española. Lo que el inmigrante quiere es integrarse en el mercado de trabajo, pero no en la nación. Pero es que, quizás, el Estado tampoco integra a los nativos en un gran proyecto nacional. Entonces, si no integra a los españoles, difícilmente podrá integrar a los inmigrantes. Creo que el Estado debe hacer un gran esfuerzo de integración nacional o, por lo menos, resaltar los grandes valores que España o Europa han aportado. Por supuesto, la integración de los inmigrantes ha de hacerse bajo el modelo europeo de nación, una nación laica, democrática, con igualdad de derechos de las personas, que acabe con las diferencias sexuales, religiosas o de privilegio económico.

-¿Y qué papel pueden desempeñar frente a los nacionalismos?
-La presencia del inmigrante sirve para relativizar esa imagen de las diferencias de España que hace veinte años nos está bombardeando. Ahí aparece claro que al inmigrante, sobre todo el que procede de África, con una cultura religiosa claramente distinta, sí lo percibimos como diferente. Esas diferencias regionales, que han sido exageradas estos años, aparecen como nimias, puramente folclóricas o culinarias.

-Con la inmigración islámica aparece el tema de la religión y el Estado...
-Si Europa ha aprendido a separar lo público de lo privado, o lo religioso de lo público, también los inmigrantes deben hacerlo.

-¿Para usted los nacionalismos que hay en España son ficticios?
-Van en contra de la historia y, claramente, en contra de la democracia. Éstos no son nacionalismos que tratan de destacar la nación para tratar de fundamentar una sociedad libre y moderna, como hicieron el nacionalismo francés o español del siglo XIX. Los nacionalismos actuales son comunitarismos esencialistas, fundamentalistas, que atacan los fundamentos reales de la sociedad libre y moderna, que son la igualdad de las personas y la libertad, prescindiendo del origen étnico o lingüístico. Tratan de crear una comunidad con un proceso de exclusión, de afirmar su comunidad frente a otro, y son ellos los que definen el enemigo exterior, en este caso a España. Ese odio que están inculcando en el País Vasco, desde Sabino Arana hasta Arzalluz, no puede tener más consecuencias que una sociedad rota, enfrentada, amordazada y enferma.

Una operación bastante cara
Lorenzo CONTRERAS La Razón 13 Agosto 2002

A efectos informativos, Eta ha ocupado la casi totalidad del verano. Incluso el incidente de Perejil y el estado de las relaciones hispano-marroquíes van perdiendo eco en los medios de opinión. El atentado de Santa Pola ha marcado, como es fácil apreciar, el punto más alto de esta nueva psicosis provocada por el terrorismo. El dramatismo de los hechos, con la aparición de una nueva bomba en la playa de la localidad alicantina, previo aviso de la propia banda, está eclipsando parcialmente el significado profundo de los movimientos del Gobierno para conseguir que el consenso sea muy amplio. Sin embargo, no hay que perder de vista lo que se ventila por debajo de esta actividad: nada menos que la contrapartida que el poder ofrece a las dos principales comunidades autonómicas a cambio de su respaldo a la Ley de Partidos. En el peor de los casos, de su abstención. Ya sería un relativo éxito que los nacionalistas vascos optaran por esta neutralidad. Más al alcance estaría o está la consecución del apoyo de CiU. Unos y otros, de todos modos, no perderían la oportunidad de pasar factura. Talonario y competencias son las armas de Aznar en el difícil y problemático empeño de poner a Batasuna fuera de la ley. Cara se presenta la operación. Ya Coalición Canaria, con su nacionalismo de alquiler conoce las ventajas prácticas de colaborar con Madrid. Y hace bien antes que perderse en el laberinto de una mística independentista con Marruecos al lado. O con el Sahara, que viene a ser lo mismo tarde o temprano.

Es casi patética la «ofensiva política» que desarrolla Javier Arenas cerca de Ibarreche, con un fardo de promesas o un alijo de estupefacientes, ofertas que el «lehendakari» seguramente traslada a quien políticamente decide, que no es él. Arenas en esta situación ejerce más de ministro de Administraciones Públicas que de secretario general del PP. Arzallus está al fondo del túnel nacionalista con todo su radicalismo puesto. Pero aún así, el anuncio de Arenas sobre el propósito aznarista de negociar el llamado marco competencial «con todas las consecuencias» presenta un importante perfil «comercial». Los nacionalistas vascos, con su reclamación de competencias abundantes y su ultimátum para dos o tres meses, tienen que saber a qué atenerse. Hay que pagar un precio con la ilegalización de Batasuna. De gratis, nada. El Gobierno avisa. Sabe lo que se juega en este envite. Tampoco ignora que la actitud vasca puede arrastrar la catalana, con el pujolismo pasando la bandeja fenicia como él sólo sabe hacerlo.
Es una pena que el Estado de las Autonomías haya conducido a estas desembocaduras políticas. El saldo va resultando desolador. La gigantesca imprevisión de los padres de la patria, o de la Constitución «de todos, pero menos», va a tener en la historia española un elevado coste.

Debates de leguleyos
Enrique de Diego Libertad Digital  13 Agosto 2002

Resulta cuando menos llamativa la cantidad de tiempo que se pierde en España en debates inconsistentes. Debe ser una consecuencia de nuestro centrismo, ese concepto tan insustancial como de los de derecha e izquierda, juntos. Se pierde un tiempo precioso, sobre todo, cuando las cuestiones se aproximan a lo judicial. En buena medida, la ilegalización de Batasuna es la consecuencia de las concesiones continuas del Estado de Derecho, de lo que hay muy recientes muestras. El legislador se ve obligado a hacer un esfuerzo de clarificación porque el judicial hace la vista gorda. Aquí la única operación “manos limpias” ha sido la de las manifestaciones.

El último de estos debates ha sido la insistencia en la necesidad de prudencia a la hora de ilegalizar a Batasuna o la duda metódica respecto a la fundamentación de los motivos. Lo del silencio no delinque, tan traído y tan llevado por el Gobierno vasco, como si Arnaldo Otegi y compañeros patriotas fueran Santo Tomás Moro y los cartujos de Londres. Ha sido Batasuna la que ha entrado en este debate de casino como un elefante en una cacharrería, hablando de guerra, amenazando con un otoño de violencia y dando gritos a Eta. Nada nuevo bajo el sol. Es lo que llevan practicando desde su fundación. Eso no es óbice para que los cínicos Ibarretxe y Anasagasti persistan en que se ilegaliza ideas, tan sugerentes, civilizadas y tolerantes como “Eta, mátalos”, para que el esotérico Llamazares se abstenga, dejando en ridículo, por ejemplo, a sus concejales de Santa Pola, y Jordi Pujol dude.

El debate de leguleyos muestra de esta forma su inconsistencia moral, su intrínseca perversión, esa que va a trazar una línea entre la condescendencia con los criminales y la disposición a defender el Estado de Derecho frente a los asesinos.

El final de un engaño colectivo
Ignacio Villa Libertad Digital  13 Agosto 2002

El nacionalismo vasco se ha convertido ya en el gran perdedor político de la ilegalización de Batasuna. Las declaraciones de su portavoz parlamentario Iñaki Anasagasti, desvelando que el PNV va a votar en contra de la ilegalización del brazo político de ETA en el Pleno extraordinario del Congreso, es una evidencia más de su complicidad con el entorno de los terroristas. El PNV, anclado en la ficción, siempre ha intentado esconderse en la cueva de la ambigüedad, pero lo cierto es que esta estrategia, ha ido confirmando, que era una auténtica trampa para sus militantes y votantes. Los argumentos expuestos por Anasagasti para justificar la posición de su Grupo Parlamentario, por lo menos, provocan la carcajada: "El PNV votará en contra de la ilegalización de Batasuna, puesto que la banda terrorista ETA es la única realmente ilegal". Toda esta argumentación infantil y ridícula está colocando realmente a los dirigentes del nacionalismo vasco en el lugar que ellos solos se han buscado. Habría que preguntar al señor Anasagasti varias cuestiones: ¿Es legal, como hemos oído de los dirigentes de Batasuna, apoyar los atentados de ETA? ¿Es legal, justificar los asesinatos? ¿Es legal fomentar y justificar la violencia callejera?. ¿Es legal incitar de forma permanente a la desobediencia de las leyes?

Desde luego que ETA es ilegal, pero Batasuna no se queda atrás desde el momento en que apoya y se identifica con los métodos y los objetivos de los terroristas. Y el nacionalismo vasco deberá ser consciente, de una vez por todas, del daño político y moral que está haciendo a la sociedad vasca cuando se muestra constantemente incapaz de dar muestras de fortaleza en la gestión del Gobierno de Vitoria, permitiendo que el brazo político de los terroristas imponga sus directrices totalitarias y asesinas, sin que se escuche el más mínimo reproche desde el mundo nacionalista.

Con la actitud anunciada por Anasagasti, el nacionalismo vasco está evidenciando sus miedos y temores, obsesionado con calmar a Batasuna. Hay que recordar, en este sentido, que en la manifestación del pasado domingo en San Sebastián el brazo político de ETA exigía al PNV que no asistiera al pleno del próximo 26 de agosto como señal clara de apoyo a las ideas del soberanismo y de la independencia que ellos defienden, como apoyo expreso a los terroristas y a sus estructuras políticas. EL PNV ha salido corriendo a calmar las aguas; y en su posición, habitualmente timorata, ha dejado en evidencia hasta qué punto su línea política y su estrategia de futuro dependen de los gritos y de las bravuconadas de los dirigentes de Batasuna.

Con el camino de la ilegalización iniciado, los terroristas se muestran nerviosos y crueles, los batasunos dan muestras de desconcierto y de miedo, los nacionalistas han quedado en evidencia y en ridículo. Con la ilegalización, ETA y Batasuna salen muy mal parados al quedar desmontadas sus estructuras políticas y cegadas muchos de sus fuentes de financiación; pero el nacionalismo vasco se queda descompuesto, sin recursos y sin excusas para una estrategia que se está convirtiendo en un verdadero suicidio político.

El PNV tiene que definirse respecto de la ilegalización de Batasuna. Ya no puede moverse en esa ficticia tierra de nadie, que sólo existía en la imaginación de sus dirigentes. Los nacionalistas vascos tienen que decidir, tienen que mostrar todas sus cartas con el peligro real que eso entraña para unas formaciones políticas que viven desde hace mucho tiempo pendientes de los caprichos de Batasuna. Con la ilegalización, el PNV ya no puede seguir buscando la complicidad del entorno político de ETA. El vicepresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comentado que en un plazo de seis meses puede verse ejecutada la ilegalización de Batasuna. Pues bien, esos seis meses anunciados se van a convertir en una lenta agonía política del nacionalismo vasco. O rectifican, algo por el momento impensable con los actuales dirigentes, o estaremos asistiendo a una gran ceremonia del ridículo más espantoso. Con la ilegalización de Batasuna ha llegado la hora de la verdad para el nacionalismo vasco, así como también el final de este engaño colectivo.

Nacionalismo y democracia
Por M.MARTÍN FERRAND ABC  13 Agosto 2002

DICE Iñaki Anasagasti, en un burdo ejercicio de retórica política, que a Batasuna «la tiene que ilegalizar el pueblo vasco con sus votos». Eso viene a ser como someter al escrutinio popular el canibalismo: tanto peor cuanto más abundante fuere el respaldo a una práctica tan abyecta. La democracia funciona cuando la ciudadanía, en libertad -¿hay libertad en el País Vasco?-, elige entre distintas opciones legítimas. La violencia, el asesinato, la bomba indiscriminada o el tiro en la nuca no pueden ser admitidos aunque, en un arrebato de locura colectiva, la totalidad del censo vasco respaldara con sus votos a ETA, a Batasuna y a toda la patulea de su entorno; cosa de la que, dicho sea de paso, estamos muy distantes. Lo que ocurre es que el PNV, y el dicho de Anasagasti tiene valor de síntoma, se vincula con el nacionalismo no democrático en una articulación sinartrósica, como la que une a los huesos del cráneo, y carece de movimiento propio.

Ignoro lo que dará de sí la futura ilegalización de Batasuna; pero será, cuando menos, una victoria moral de la democracia que, que al tiempo que reconforte a los no nacionalistas del País Vasco y a los demás demócratas españoles, pondrá al PNV ante una de sus muchas contradicciones. Solo por eso valdrá la pena. El nacionalismo vasco, entre la falsificación del tiempo pasado y la ensoñación de un futuro imposible, ha fraguado un presente difícil para la convivencia española. De hecho es el mayor entre los problemas endógenos y el único que frena de una manera real y palpable el desarrollo y la grandeza del Estado.

Buena parte del tiempo, la energía, el talento y la riqueza españoles se pierden en asuntos que, como el nacionalismo, no dejan de ser artificiales y anacrónicos. Afortunadamente ha decaído un poco, no del todo, el debate sobre el modelo del Estado, pero sigue efervescente el de sus límites. Eso, que ya era estéril cuando los delirios de Sabino Arana, es ridículo en tiempos de globalización y ampliación de horizontes, salvo que de lo que se trate sea, como parece, de un afán de perpetuación del caciquismo.

Es muy posible que, caducado el magisterio social y en la ausencia de las ideologías, a nuestra vida política le falten grandes ideales, líderes imaginativos, propuestas sugerentes y amplitud de miras. De ahí, quizás, el desenganche de muchos y el incremento del número de quienes se abstienen y no participan en lo que en demasiadas ocasiones tiene el aspecto de un juego de ocupación del poder; pero ahí sí que cabe aplicar la doctrina de Anasagasti: será el pueblo español -todo el pueblo español- el que valide o rechace la realidad establecida.

TRES FRENTES DE LA ILEGALIZACION DE BATASUNA
Impresiones El Mundo  13 Agosto 2002

La doble vía legal contra la coalición
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha abierto diligencias para aclarar si durante la manifestación de Batasuna en San Sebastián del pasado domingo se incurrió en los delitos de enaltecimiento o justificación del terrorismo, tipificados en el Código Penal. En ese sentido, la Fiscalía ha pedido a la Ertzaintza que individualice cada comportamiento e identifique a las personas que hicieron declaraciones para valorar su posible trascendencia jurídico-penal. Pero al margen de que el «Si quieren guerra, la tendrán» de Joseba Alvarez pueda ser un delito atribuible al autor, lo ocurrido puede encajar también en los supuestos previstos en la Ley de Partidos como argumento para la ilegalización de una formación política. En el poco tiempo transcurrido desde la aprobación de la ley, Batasuna ha acumulado una considerable cantidad de pruebas en su contra que en breve serán presentadas ante el Tribunal Supremo.

El PNV se opone y hace campaña
El PNV cierra filas en torno a Batasuna y no sólo se opone a su ilegalización, sino que, además, emprende una campaña de apoyo.Ayer, el portavoz peneuvista Iñaki Anasagasti pedía a CiU que «reflexione», «tenga presentes sus convicciones nacionalistas» y vote no. Pero poco tienen que ver las ideas nacionalistas con la extorsión y el asesinato de ETA y quienes la sustentan. Algo que sabe muy bien CiU, un partido con sentido de Estado y respetuoso con los valores democráticos, y que el PNV parece haber olvidado.Hasta ahora se especulaba con que la postura catalana sería, como la de IU, la abstención. Una actitud que Ana Mato calificó ayer, desde el PP, de «cobarde». Artur Mas respondió a Anasagasti y a Mato diciendo que su partido no ha decidido aún su voto pero que no aceptará presión alguna. CiU elegirá libremente, pero debe demostrar que sí entiende la diferencia entre defender la democracia o defender el crimen.

Las bombas de ETA bajo las playas
La policía halló ayer la bomba con la que ETA ha tenido en jaque a los vecinos de Santa Pola. Una semana después de la muerte de una niña y un viandante por un coche bomba, agentes del Tedax encontraban enterrado en la playa un artefacto con ocho kilos de cloratita. Dos llamadas en nombre de ETA avisaron el viernes y el domingo de su existencia, obligando a desalojar la zona y aterrando a la población. Fomentando el pánico colectivo con la colocación de la segunda bomba en Santa Pola, la banda ha querido capitalizar el impacto de las muertes del atentado anterior, aun a riesgo de matar a alguien nuevamente. Una estrategia de terror que parecen fomentar quienes, como los seguidores de Batasuna el pasado domingo, dan gritos de «Viva ETA». Queda una duda: ¿Cómo lograron los terroristas excavar sin ser vistos un hoyo de metro y medio de profundidad para esconder la bomba?

Carta de Arenas
Por JAIME CAMPMANY ABC  13 Agosto 2002

Alguien tenía que poner públicamente al PNV ante el dilema que se le presenta en esta hora política: O se constituye de una manera clara en protector de Batasuna, o ayuda a su disolución como partido ante el hecho evidente de que es una misma cosa con «Eta» y se comporta de acuerdo con su naturaleza terrorista. No es que sea posible albergar dudas acerca de la posición que vaya a adoptar el PNV ante ese dilema, que está bien a la vista. El PNV se alinea junto a Batasuna y se arrima a la organización del terror al tiempo que se separa de los partidos realmente democráticos, esos que cosechan sus votos sin necesidad de que nadie asesine a los adversarios. Pero conviene dejar bien claro ante la opinión pública que esa es la opción que elige el nacionalismo ante una ocasión histórica.

Alguien tenía que plantear al PNV el dilema, y lo ha hecho Javier Arenas con una carta a Juan José Ibarreche. Javier Arenas es, como se sabe, ministro de Administraciones Públicas y, al mismo tiempo, secretario general del Partido Popular. Y aquí surge una pregunta de necesaria formulación. ¿Javier Arenas escribe y firma su anunciada y ya famosa carta en el papel de ministro o de representante oficial del PP? El hecho de que la carta vaya dirigida al lehendakari Ibarreche y no a Arzalluz, presidente del PNV, hace pensar que quien escribe es el ministro. Pero el contenido de la carta y el carácter de la pregunta hacen pensar lo contrario, que es el representante oficial de un partido quien se dirige al representante oficial de otro.

Se supone que un ministro de Administraciones Públicas debe mantener con los gobiernos de las Comunidades (en este caso, el Gobierno del País Vasco) una relación fluida y a ser posible cordial, al margen de las diferencias de criterio político que puedan existir entre el partido en el Gobierno de la Nación y el de la Comunidad. Y se supone que el lehendakari vasco no es, en este asunto, el interlocutor más adecuado para plantear la pregunta de marras. Eso debe responderlo el partido, y no el Gobierno. Ya lo ha puesto de manifiesto Iñaki Anasagasti, y con razón.

Quedan así en evidencia los inconvenientes de que una misma persona desempeñe los dos cargos: ministro y secretario del partido, como esos pollos o esas cabritas que nacen con dos cabezas, o como las águilas bicéfalas de los escudos. No se puede pedir a nadie, ni siquiera a Javier Arenas, que es un andaluz con despachaderas, que esté todos los días quitándose un traje político para ponerse otro, o que vista con dos medios trajes diferentes, o que tenga dos caras como el dios Jano.

Todo esto ya lo avisó Álvarez-Cascos, pero no le hicieron caso. El PP es un partido que tiene a Álvarez-Cascos para que acierte en lo que se debe hacer, y luego no hacerlo. Un lujo, claro.

Un fracaso colectivo
FERNANDO ONEGA El Mundo  13 Agosto 2002

La última Carta del director de EL MUNDO, Pedro J. Ramírez, es un análisis brillante, pero estremecedor, de la situación en Euskadi. Su título, Desnazificar el País Vasco, ha sido un grito patético por la libertad de un pueblo manipulado por la ambición nacionalista. Su texto es la crónica de cómo la coincidencia de asesinos, cómplices y algún partido democrático ha llevado a los ciudadanos al escenario que conocemos: falsificación de la Historia, confiscación de libertades, persecución del disidente.Nazismo puro.

Nadie, salvo los propios denunciados, puede discrepar. Pero yo quiero añadir al diagnóstico que el nacionalismo no es el único autor de ese clima. El nacionalismo ha entendido el proceso como una guerra y aplicó el principio de que «todas las armas son válidas». Y está ganando: hoy es la fuerza que, por los votos, gobierna en plena estabilidad. Desde su punto de vista, lo ha hecho bien. Ha sido eficaz. Cuando habla de referéndum, sabe que lo puede ganar. Quiere construir un Estado, y todos los días gana una batalla. Todos los días hay un avance.

Frente a ello, ¿qué hace el Estado? ¿Qué acción hemos visto en sus gobiernos para crear un clima favorable a la idea de España? ¿Qué se ha hecho para evitar la falsificación de la Historia? ¿Cuál ha sido el antídoto contra el fraude en la enseñanza? ¿Cómo se ha vendido el autogobierno más amplio del mundo, que parece que el País Vasco sigue sometido a la bota de Madrid y a unas fuerzas de ocupación que los más jóvenes radicales ni siquiera han visto? En la última campaña electoral, los partidos españoles sólo tenían un mensaje contra ETA y el nacionalismo, mientras Ibarretxe hablaba de empleo y creación de riqueza. Por no saber, el Estado no supo encontrar el sistema de impedir que 200.000 personas hayan tenido que huir de la nueva opresión nacionalista.

Estamos ante un fracaso colectivo por ingenuidad, torpeza, imprevisión, o concesiones fáciles. Y encima, las voces que más se oyen desde el resto de España son voces -o insultos- que Arzallus puede utilizar a favor de su causa, demostrando a sus fieles de campa que «no nos quieren en Madrid» o que los cañonazos de palabras de hoy son las bombas de antaño. Lo malo de la nazificación de Euskadi es que la vimos y la seguimos viendo hacer ante nuestros ojos, y sólo podemos enviar jueces y guardias, mientras se excluye a los nacionalistas de instituciones como el Consejo del Poder Judicial. Esa es la otra parte del drama.

El reto de Pujol
Por RAMÓN PI ABC 13 Agosto 2002

La dinámica del proceso de ilegalización de Batasuna va deprisa. El Gobierno, junto con los dos grandes partidos parlamentarios (PP y PSOE), y otras formaciones como Coalición Canaria, opinan que se dan sobradamente en este caso las condiciones que la ley de Partidos exige para una eventual ilegalización. Ya opinaban lo mismo antes de la manifestación del domingo en San Sebastián, así que lo ocurrido anteayer en la capital guipuzcoana no ha hecho más que reforzar esta opinión, porque ya no hay siquiera posibilidad de alegar falta de reiteración en la actitud favorable a los terroristas que alberga y exhibe Batasuna.

La incógnita es cómo reaccionará el Tribunal Supremo cuando le llegue la solicitud en forma para que proceda a poner concretamente fuera de la Ley al partido amigo de los asesinos de ETA. Una posible discusión acerca de lo que deba entenderse por «reiteración» no tendría sino la apariencia de debate técnico, y sería poco menos que inevitable considerarla como una forma especiosa de eludir el fondo de la cuestión y, a fin de cuentas, como un modo de interpretar la Ley para evitar hacer justicia.

Es lógico que partidos como el PNV o EA se agarren a bizantinismos de esta naturaleza como a un clavo ardiendo, porque políticamente tienen mucho que perder en este envite: Carlos Martínez Gorriarán comentaba recientemente este aspecto con elocuencia en estas mismas páginas. En efecto, ¿qué sería de los partidos nacionalistas llamados «moderados» sin el apoyo inestimable de los que hacen el trabajo sucio aplaudiendo a los criminales? ¿Qué sería del nacionalismo vasco en su conjunto sin el rodrigón político de los totalitarios amigos de ETA? Cabe la posibilidad de que a corto plazo, tras la ilegalización de Batasuna, el PNV y EA aumentasen su cuota electoral, pero ellos saben que ése sería un regalo envenenado, que los forzaría a asumir el papel de amigos de los asesinos más pronto que tarde o, en otro caso, los pondría en el trance de engrosar la nómina de los objetivos terroristas.

Lo que llama poderosamente la atención es que análisis parecidos se produzcan en el seno de CiU. Jordi Pujol supo matar a la serpiente en el huevo cuando los primeros atisbos de Terra Lliure, lo cual dio su talla de hombre de Estado. Ahora está ante un reto semejante. ¿Por qué amaga con comportarse de forma distinta, en lugar de empujar al PNV a la racionalidad?

Buscar la paz
Cartas al Director ABC 13 Agosto 2002

Los cachorros, los gudaris, la lucha armada, ETA político-militar, buscar la paz dialogada... y otros términos análogos empleados en el País Vasco, pueden hacer pensar a alguien -con pocas luces, desde luego-, que estamos realmente ante una guerra; y nada más lejos de la realidad, ya que en las guerras, sin quitarle nada de su dramatismo, han existido casi siempre personajes que pasaron a la historia por su coraje y heroicidad, no pudiéndose comparar en nada a estos cobardes que matan por la espalda y ponen bombas en las playas, escondiéndose y dejando al descubierto su miseria...

¿Dónde se habrá metido el valiente guerrero que venció a la niña de Santa Pola?

Esperemos que esa paz dialogada de la que tanto se habla, en la que se imponga el chantaje de esa gentuza, no llegue nunca; pensarían que habrían ganado una guerra gloriosa en la que incluso veríamos a un Arzalluz victorioso desfilar por las calles de Bilbao, «y la más hermosa sonríe al más fiero de los vencedores», como diría Rubén Darío.    Jesús Martínez Martín.   Toledo.

Ibarretxe
RAUL DEL POZO El Mundo 13 Agosto 2002

Cuenta uno de los prisioneros de Auschwitz que llamaron Bobby a un perro vagabundo que apareció porque soñaban que los norteamericanos vendrían a liberarlos. Bobby se acostumbró a saludar con alegres ladridos a los presos cuando formaban por la mañana. «Para él, aún éramos hombres». Pero el frágil consuelo no duró; al cabo de unas semanas los centinelas echaron al inoportuno animal.

A veces pienso que el que echa del País Vasco al perro vagabundo es Juan José Ibarretxe. No creo que los constitucionalistas que resisten sean como los franceses del interior, ni tampoco partisanos civiles, porque la ideología de los batasunos no tiene nada que ver, se diga lo que se diga, con Hitler; está más cerca de Pol Pot. Pero ese hombre sobrio, ciclista, de tartufería jesuítica que pisa donde pisa el buey, no deja que el perro ladre. Hace política con el miedo. Los etarras, al fin están en la cárcel, en el cementerio o en el destierro, pero este alcalde de pueblo, se aprovecha de ellos para su proyecto.

Cada época descubre un aspecto de la condición humana. Es verdad que antes de Aznar hubo en Madrid muchos hipopótamos metidos a relojeros, pero no hay nada tan infame como un político conservador aprovechándose del terrorismo. Ibarretxe oye más el ladrido del perro que el grito del muerto.

Los que escribimos también estamos cerca del crimen, que es no decir nada, hablar de que la cobra es el amor más ardiente, en vez de escribir sobre la serpiente del hacha; pero es difícil evadirse cuando Ibarretxe, con su cortesía trémula, apela a las vascas y a los vascos para exigir competencias con el aliento del amonal en la nuca.

Se avecinan tiempos de incertidumbre. Pero si Ibarretxe lograra una independencia basada en la exclusión étnica y 300.000 españoles salieran en vagones del País Vasco, el crimen habría sido perfecto.

En la raya de la vida
Por C. ÁLVAREZ DE TOLEDO ABC 13 Agosto 2002

Batasuna, probablemente con plena consciencia, activó el proceso de su deslegalización. Gobierno y PSOE no tenían prevista la aplicación de la ley de Partidos tan de inmediato. Pero la muerte de la niña Silvia y de Cecilio en Santa Pola marcó sobre la arena de agosto la raya inexorable que separa la muerte de la vida; el terror y el derecho; la democracia y la tiranía. Ya nada puede ser igual.

Será en plena canícula, con la luz blanca de un verano extraño, cuando la soberanía del pueblo diga el gran «¡Basta ya!» que tanto asusta a quienes se habían ya instalado en la monotonía del terror. Y ahora el PNV se lamenta y gimotea porque se les ha acabado el chollo de la ambigüedad.

El Estado democrático y de Derecho nacido de la Constitución acumula fuerzas, recaba apoyos, perfecciona argumentos para su propia autodefensa. Hay circunstancias históricas en las que un sistema se pone a prueba. Y estamos en ciernes de una de ellas. Nada de lo que vamos a vivir en los próximos días hubiera sido posible sin la complicidad personal de quienes desde PP y PSOE han asumido lo que de verdad significa estar al servicio del interés general. Hablo de Mariano Rajoy, de Alfredo P. Rubalcaba, de Ángel Acebes, de Álvaro Cuesta... Horas de hablar, horas de pensar, horas de sufrir... Vacaciones... ¿quién dijo vacaciones? Y todo ello a partir, claro es, de Aznar y R. Zapatero, unidos por un mágico teléfono de verano.

Y de Coalición Canaria, diáfana a la hora de ponerse de este lado de la raya... Después está la empanada mental de IU, agónica y terminal. Pero las manos tendidas hacia el PNV por Rajoy y Ru- balcaba en nombre del Gobierno y del PSOE se quedarán en el aire, como un último grito de libertad. Y encaramado en una vergonzante equidistancia, el portavoz Anasagasti apurará dislates, balbuceará incongruencias para convencer a CiU a fin de que libere a Batasuna del peso de una ley votada en Cortes.

El cambio de estrategia acordado por PP y PSOE es tan sustancial que al nacionalismo vasco ya le han empezado a entrar los vértigos propios de cualquier cobarde ante lo desconocido. Acorralado por los hechos, obligado a definirse, el PNV busca estimular los resortes nacionalistas de CiU, sin darse cuenta de que Jordi Pujol hace mucho tiempo que se puso del lado de la raya de la vida. El nacionalismo de CiU no ha de admitir equidistancias con el terrorismo.

La no condena del terrorismo y el Derecho
MARC CARRILLO El País 13 Agosto 2002

Marc Carrillo es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona.

Tras los dos asesinatos de ETA cometidos en Santa Pola y una vez constatado el, por otra parte, habitual rechazo a condenar el atentado por parte de Batasuna, se ha planteado la necesidad de poner en marcha las previsiones de la recientemente aprobada Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, con la finalidad de declarar ilegal a dicha formación política. El motivo por el que formalmente se insta a la aplicación de esta ley es el hecho mismo de la negativa de Batasuna a la condena de la violencia terrorista cometida por ETA, cuando los representantes de esta entidad política, junto al resto de partidos, son instados a pronunciarse al respecto en las diversas instituciones democráticas de las que forman parte. Se entiende que la no condena supone apoyar al terrorismo y es una manera de legitimarlo expresa o tácitamente o de exculpar o minimizar sus acciones, por lo que se trata de un supuesto previsto por la ley para la ilegalización, si dicha conducta se produce de forma repetida o acumulada, tal como prescribe el artículo 3.a) de la nueva Ley de Partidos. Sin embargo, desde un punto de vista jurídico, la cuestión es mucho más controvertida de lo que a primera vista pueda parecer. Y ello sin perjuicio de reconocer, sin ningún género de dudas, que la actitud de Batasuna respecto de la última barbarie de ETA es un ejemplo más de su condición política de correa de transmisión política del terrorismo. Ambas conforman un siniestro binomio que ha convertido a Euskadi en una dramática y patética excepción en el territorio de la Unión Europea, a causa de la flagrante ausencia de condiciones imprescindibles para ejercer los derechos y libertades que son propios en una sociedad democrática.

Ahora bien, sentado esto, y ante la eventualidad de una pronta aplicación de la nueva ley, la trascendencia jurídica que presenta, strictu sensu, el acto de abstenerse en la condena de un atentado, ofrece más aristas de las que puedan derivarse de la actividad que consista, por ejemplo, en una manifestación de enaltecimiento del terrorismo, supuesto éste que sería perseguible, individualmente, por la vía penal contra la persona que incurriese en esta acción ilícita, de acuerdo con lo previsto por el artículo 578 del Código Penal. Y las aristas pueden aparecer si el comportamiento consistente en la negativa a condenar la violencia, bien a través del silencio o mediante las singulares argumentaciones políticas basadas en una supuesta racionalización (sic) del conflicto vasco, pueda llegar a ser considerado como una forma más de libertad de expresión o de libertad ideológica. Y por crudo que pueda parecer, no se trata de una hipótesis que en cualquier caso quepa descartar, sobre todo ante la controversia jurídica que, a buen seguro, suscitará el eventual y muy delicado proceso de ilegalización que al parecer se va a poner en marcha.

Porque es evidente que la libertad de expresión en el Estado democrático es un derecho fundamental que puede dar cobertura tanto a las ideas y opiniones más excelsas del raciocinio humano como a aquellas otras que manifiestan su condición más miserable. Entre estas últimas se encuentran, por ejemplo, las opiniones racistas y xenófobas y, sin duda, la actitud de no condenar la barbarie de Santa Pola. Por su parte, es sabido que la libertad ideológica también puede amparar cualquier idea o convicción, con el único límite de que su defensa sea a través de métodos pacíficos; así, el Tribunal Constitucional ha afirmado que 'la libertad ideológica indisolublemente unida al pluralismo político que, como valor esencial de nuestro ordenamiento jurídico propugna la Constitución Española, exige la máxima amplitud en el ejercicio de aquélla y, naturalmente, no sólo en lo coincidente con la Constitución y con el resto del ordenamiento jurídico, sino también en lo que resulte contrapuesto a los valores y bienes que en ellos se consagran, excluida siempre la violencia para imponer los propios criterios, pero permitiendo la libre exposición de los mismos en los términos que impone una democracia avanzada' (STC 20/1990, FJ.5º).

La conducta de Batasuna, basada en no condenar los dos asesinatos recientes, es la manifestación de una ideología menospreciable; asimismo, las argumentaciones expuestas por su líder más visible actualmente son la expresión del cinismo y la amoralidad del fascismo en versión provinciana. Sin embargo, la no condena en sentido estricto difícilmente puede se calificada un ilícito jurídico. Claro es que se podría considerar que tal comportamiento se inscribe en las previsiones de la novísima Ley Orgánica de Partidos, cuanto establece que: un partido será declarado ilegal cuando con su actividad de forma reiterada y grave vulnere los principios democráticos, justificando o exculpando los atentados (art. 9.2.a); y cuando dé apoyo expreso o tácito al terrorismo, exculpando y minimizando su significado y la violación de derechos fundamentales (art. 9.3.a). Sin embargo, como es obvio, se trata de una ley cuya vigencia no alcanza todavía a los dos meses, no ha sido aplicada por los tribunales y sobre la que, por tanto, no existe experiencia jurisprudencial. Pero sobre todo es una ley que, como todas, no puede hacer abstracción de la Constitución como norma suprema.

A este respecto, diversos actores políticos se han referido, razonablemente, a la necesidad de una aplicación prudente de su contenido. Y el supuesto que ofrece el rechazo a condenar un atentado terrorista constituye una buena ocasión para pensarse más de una y más dos veces si, jurídicamente (no ética ni políticamente), esta conducta es ilícita. A mi modesto entender, no lo es porque se inscribe en una franja de la libertad ideológica y de la libertad de expresión que también queda tutelada por la Constitución. La no condena constituye un acto de subjetividad política y ética rechazable que en nada ayuda a la resolución del problema del terrorismo vasco, pero que permite a la sociedad vasca y española en general -ciertamente, de forma dura- percibir el grado de perversidad de algunos de sus representantes políticos. La pregunta es si cabe pagar el precio de que un partido no condene un atentado. Y la respuesta en una sociedad democrática avanzada a la que se refiere la sentencia del Tribunal Constitucional ha de ser afirmativa, más que nada para conocer más y mejor cuál es el talante de estos salvapatrias y que a la postre el electorado saque las consecuencias.

La afectación que puedan tener estos dos derechos fundamentales en la actitud de rechazo a condenar un atentado pone de relieve su naturaleza en sociedad democrática y la incidencia del Estado en su garantía. Así, de acuerdo con una posición liberal clásica, no hay duda de que el acto de

no condenar un atentado no ayuda al debate público para intentar resolver el conflicto vasco, pero es una manifestación de una ideología que, por menospreciable que sea -y lo es-, ha de ser conocida en toda su dimensión. En este sentido, siguiendo la doctrina del juez norteamericano Holmes, sentada desde la Primera Guerra Mundial, una forma de expresión como ésta podría ser permitida salvo en los casos en los que con ella se provoque un riesgo claro e inminente de causar un comportamiento violento. Si tal riesgo no existe, la sociedad ha de oponer a esta expresión ideológica otras opciones, que frente a Batasuna no pueden ser otras que el debate democrático frente a las ideas totalitarias que esta tribu política defiende. Son argumentos que, quizás, podrían ser retenidos en una aplicación prudente de la Ley de Partidos.

Porque en el envite que supone la aplicación por esta causa de la ley, el Estado democrático no debería salir escaldado. En este sentido, no puede ser menospreciable la posibilidad de que ante un proceso de ilegalización de Batasuna por su negativa a condenar los atentados puedan suscitarse criterios contradictorios entre la sala especial del Tribunal Supremo que entenderá del caso y el Tribunal Constitucional al que, a buen seguro, le será planteado un recurso de amparo en caso de una sentencia favorable a la ilegalización. No se olvide que la controversia se suscitaría, probablemente, en relación a los derechos fundamentales citados y que en esta materia el Tribunal Constitucional, como es sabido, es la suprema jurisdicción, únicamente sujeta a la Constitución y a su Ley Orgánica reguladora. No a la Ley de Partidos. ¡No sería nada bueno un conflicto entre ambas jurisdicciones por esta causa! ¡No es el caso Preysler! Y a mayor abundamiento: nada excluye que el tema acabe finalmente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y sería muy preocupante que el Estado español no obtuviese aquí una sentencia favorable. Porque de no ser así, Batasuna habría obtenido su mejor regalo político.

Etarras en Levante
Lorenzo Contreras La Estrella 13 Agosto 2002

El nuevo episodio de Santa Pola, con esa nueva bomba avisada por ETA esta vez, pone en cuarentena el funcionamiento de la Seguridad del Estado cuando sus responsables afirman que ETA carece de infraestructura en la costa levantina, tan "cotizada" por el terrorismo. El nuevo ministro del Interior, Ángel Acebes, ha tenido que asumir una pesada herencia policial, a través de una gestión no tan brillante como algunos piensan durante el mandato de Mariano Rajoy. La teoría de que la banda actúa a través de un comando itinerante venido de Francia, pero con "colaboraciones estables" en la zona afectada, delata en realidad la existencia de esa infraestructura, salvo que la expresión "colaboradores estables" tenga un significado exótico. Resulta difícil entender que esa "estabilidad" de los cómplices sea algo fantasmal cuando aquellos necesitan mantenerse económicamente, moverse, ocultarse, informar y todo lo que comporta un montaje asesino de cierta magnitud para perjudicar al turismo alicantino o levantino y traer en jaque a la Guardia Civil con ataques directos a sus instalaciones.

La existencia de una importante colonia vasca en las principales localidades de verano convertidas en objeto terrorista invita a sospechar que los etarras se hayan infiltrado entre esa población, aprovechando el principio táctico de que el mejor disfraz consiste en confundirse con el paisaje. Los camaleones y otros representantes del reino natural ya lo tienen demostrado.

La Guardia Civil es eficaz, pero no es seguro que sus mandos políticos estén a la misma altura. La desprotección de la casa-cuartel de Santa Pola es ya una denuncia pública y el aviso de una vulnerabilidad que el instituto armado no debería mostrar nunca. El recuerdo de Zaragoza, Vic, ahora Santa Pola, son otros tantos hitos de un fracaso gubernamental que se prolonga a lo largo del tiempo y abarca a distintas administraciones.

La preferencia de ETA por el Levante español es ya demasiado evidente e incluso antigua. Hace más de un año, la bomba que le estalló a la terrorista Olalla Castresana dejaba un rastro de activismo que no parece haber sido suficientemente investigado. Y ahora, en estos días, la repetición de los atentados, aunque de menor importancia, en Torrevieja y Santa Pola, este último frustrado por los artificieros en el día de ayer, habla de una cierta comodidad de la banda en sus evoluciones.

Por desgracia queda todavía mucho verano por delante, concretamente la mitad de la temporada estival en lo que a turismo respecta. Y la sensación es que en el terreno policial y de la seguridad hay bastante despiste. La salida de sus respectivos cargos de la Dirección General de la Policía y la Secretaría de Estado de la Seguridad por parte de Juan Cotino y Pedro Morenés ha sido valorada en medios políticos y de opinión como sendos y oportunos aciertos del nuevo ministro Ángel Acebes. Otra cosa será que sus sucesores, poco ligados a experiencias propias de los cargos que asumen, resulten bien elegidos. El tiempo lo dirá. Todavía es pronto para valorarlo. La politización de las responsabilidades, en perjuicio de su dotación técnica, es siempre un riesgo, aunque pueda derivar en beneficio según las circunstancias. Ojalá.

La Comunidad valenciana, unida contra el terrorismo
Por JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ. Presidente de la Generalitat Valenciana ABC  13 Agosto 2002

Durante los últimos días se han perpetrado en la Comunidad Valenciana actos terroristas que han ocasionado tremendo dolor y consternación entre todos nosotros. Estos hechos nos hacen recordar y tener muy presentes a todas las víctimas del terrorismo, de ahora y de antes, de dentro y de fuera de la Comunidad Valenciana.

Hemos sentido toda nuestra solidaridad con las personas más afectadas, las víctimas, porque todas ellas forman parte de un colectivo de inocentes que han sufrido el infortunio de una barbarie que avergüenza hoy a Europa y al mundo occidental.

Con toda la firmeza posible, los ciudadanos de bien -la inmensa mayoría de todos nosotros- han rechazado los últimos ataques, tan cobardes como inútiles, que no han hecho más que convencernos todavía más de lo equivocados que están quienes piensan que la presión terrorista puede terminar por condicionar la acción política.

En momentos como los que se han vivido en la Comunidad Valenciana en los últimos días, quisiera transmitir a todos los ciudadanos y, en particular, a todas las personas que nos visitan durante esta época de merecido descanso, un mensaje de confianza. De confianza en sí mismos, en nuestras instituciones legales, políticas y judiciales, en sus Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

La sociedad está dotada con los instrumentos necesarios, legales, judiciales y policiales para desarticular a los terroristas y a quienes les apoyan. Todos los servidores del Estado trabajan, arriesgan y entregan diariamente sus vidas por defender la libertad y garantizar la seguridad de los demás y nunca estará la sociedad lo suficientemente agradecida por el espíritu de entrega y sacrificio que conlleva realizar estas tareas.

No les quepa la menor duda de que los responsables políticos hacemos todo lo que está en nuestras manos para erradicar el terrorismo de la sociedad española. Todos sabemos que la derrota del terrorismo no es fácil, pero también tenemos la certeza de que la sociedad española ganará la batalla y que lo hará desde la firmeza y no desde la debilidad: unidos, sin fisuras y convencidos de la razón que nos asiste.

Sabemos que ninguna desaparición de ningún fenómeno terrorista ha sido fácil y que la de ETA tampoco va a serlo. Pero a todos los terrorismos la sociedad ha terminado por sacudírselos de encima y todos, todos los que empuñan las armas o los que les amparan, terminan finalmente en la cárcel. Nadie escapa a la acción combinada de la Policía y de la Justicia, aunque no siempre se pueda realizar con la rapidez y efectividad que todos quisiéramos.

Es evidente que se equivocan todas las personas que se sitúan en el entorno del terrorismo: no sólo quienes lo practican, ensalzan o promueven sino también quienes silencian su condena, justifican o explican su existencia en base a supuestos derechos territoriales o quienes piensan que desaparecerá por las buenas.

Uno de los objetivos que persiguen las acciones terroristas es el de causar daño irreparable para asustar y desmoralizar a la población civil; convencer a la ciudadanía de que no hay esperanza en que el terrorismo llegue a terminarse algún día. Pero si el dolor sólo puede mitigarse con el consuelo, la ayuda y la solidaridad de los demás, el miedo y la desesperanza pueden desterrarse llevando a cabo un ejercicio de rearme moral y de convencimiento de nuestras posibilidades de acabar con esta lacra. Mantener hoy la plena confianza en nuestras instituciones significa infringir una derrota actual al objetivo terrorista.

Es el propio terrorismo el que a través de las acciones cruentas y descerebradas se sitúa en un callejón sin salida, se convierte y degenera en una cobarde barbarie, indigna de nadie que pretenda ser considerado persona humana, que mancha la dignidad de antepasados y de descendientes de un pueblo, y que le hace recurrir más y más a la coacción y a la amenaza para conseguir los supuestos apoyos populares.

La sociedad puede y sabe defenderse del terrorismo, aunque no le sea imposible evitar acciones esporádicas, y para todo ello cuenta con instituciones profesionales y con la solidaridad de todos nosotros. Nuestra tarea debe centrarse en prestar la máxima ayuda a las víctimas, mantener alta nuestra moral y nuestra confianza y prestar la colaboración ciudadana que tan buenos resultados ha producido hasta el momento. Los valencianos debemos continuar nuestras vidas dotándolas de la máxima normalidad posible y convencidos de que, entre todos y desde la firmeza, terminaremos por derrotar al entorno del terrorismo etarra.

Arenas exige a Ibarretxe que explique sus planes sobre Navarra, competencias y autodeterminación
MADRID. JESÚS MOLINA ABC 13 Agosto 2002

La vicelendakari Idoia Zenarruzabeitia, encargada del desarrollo estatutario por Juan José Ibarretxe, tendrá que esperar a que el lendakari conteste a los requerimientos y aclaraciones que Javier Arenas, ministro de Administraciones Públicas y secretario general del PP, le plantea en una carta que ya está en Ajuria Enea y cuyo contenido íntegro será conocido hoy.

Javier Arenas somete la posibilidad de una negociación posterior con el Gobierno vasco sobre algunas competencias reclamadas por el Ejecutivo autónomo a la transparencia política sobre tres cuestiones previas que fuentes próximas al Ministerio de Administraciones Públicas han calificado como de «principio».

El ministro requiere a Ibarretxe sobre las intenciones políticas de su Gobierno y del PNV en relación con Navarra, planteando así al lendakari un asunto sensible en la Comunidad Foral, cuyo Parlamento está en trance de prohibir la ikurriña en los ayuntamientos navarros.

Sin intromisiones
Al plantear esta cuestión al Gobierno vasco, Arenas le está implícitamente advirtiendo para que no se entrometa en los asuntos de Navarra, y de forma simultánea está respaldando al Gobierno de UPN en la Comunidad Foral. El Gobierno quiere dejar claro que Navarra, con su ley de Amejoramiento Foral, no puede estar sometida a la presión constante de los nacionalistas vascos.

El ministro de Administraciones Públicas, en su misiva a Ibarretxe, le pregunta de qué modo la Comunidad Autónoma vasca y con qué base jurídica y política asumiría unilateralmente las competencias objeto del ultimátum del pasado 12 de julio. El Gobierno considera que es una conducta totalmente ilegal asumir unilateralmente competencias que deben ser objeto de negociación del Ejecutivo, que deben ser traspasadas con sus medios materiales mediante un decreto del Consejo de Ministros.

Por último, el secretario general del Partido Popular interroga al Gobierno vasco sobre si estima que la autodeterminación, proclamada en los términos de la declaración del Parlamento vasco del pasado 12 de julio, es o no constitucional y estatutaria. El Gobierno considera que la cuestión de fondo que plantea la declaración del pasado mes, no es tanto la relativa a las competencias sino a la pretensión de romper el actual marco jurídico y político.

Sólo después de que todas estas cuestiones fuesen contestadas por el lendakari Ibarretxe conforme a criterios constitucionales y estatutarios, el Gobierno estaría dispuesto a entrar a considerar el traspaso de algunas materias.

El ministro de Administraciones Públicas, por último, invita al Gobierno vasco a que se implique en la ilegalización de Batasuna. La carta de Javier Arenas constituye un nuevo emplazamiento político al PNV y al Gobierno vasco; sin embargo, el Ejecutivo central no será contestado por Ibarretxe.

No obstante, Aznar y su Gabinete cumplen con la estrategia pensada: situar al PNV en un terreno de máxima transparencia ante la opinión pública, obligándole a abandonar su tradicional ambigüedad y la distancia que mantiene entre lo que dice y lo que hace. Fuentes consultadas por ABC, sostienen que el propósito de la carta de Arenas consiste también en reforzar la interlocución técnica y política del Ministerio de Administraciones Públicas, que se perfila como una de las bazas más importantes del nuevo equipo de José María Aznar.

Poco margen para el PNV
Por otra parte, la iniciativa de Arenas se inscribe en un contexto de progresiva dificultad política para el Partido Nacionalista Vasco, al que ETA con sus asesinatos y Batasuna con sus reacciones ante ellos, le están restando margen de maniobra y credibilidad.

En este sentido, se señala la manifestación del pasado domingo en San Sebastián como ejemplo de cómo Batasuna seguirá apoyando a la banda terrorista y como expresión del desprecio que los dirigentes proetarras dedican al Partido Nacionalista Vasco, al que exigen que su grupo parlamentario no acuda al Pleno del Congreso del próximo 26 de agosto, tras el cual el Gobierno promoverá la acción para ilegalizar a la coalición abertzale.

La bomba colocada por ETA en Santa Pola no estalló por un fallo en el temporizador
AGENCIAS / T. R. I. / V. P. ABC 13 Agosto 2002

Sobre las 8.15, enterrada a metro y medio de profundidad y próxima a un conjunto de palmeras en la Gran Playa de Santa Pola. Allí apareció la mochila con la bomba colocada por ETA que desde el pasado viernes ha traído de cabeza a las Fuerzas de Seguridad y ha sembrado la inquietud entre los vecinos de esta localidad. El explosivo, según fuentes de Interior, era especialmente letal.

VALENCIA / SANTA POLA. Los bañistas volvían ayer a extender sus toallas sobre la arena, no sin cierto recelo, después de que a primera hora de la mañana artificieros de la Guardia Civil desactivaran un artefacto explosivo cargado con 7,8 kilos de cloratita que habían sacado a la superficie con una máquina excavadora. Habían transcurrido tres días desde que ETA dio cuenta al diario Gara de su colocación.

Un fallo en el sistema de detonación del artefacto evitó que explotara el pasado viernes a las 14 horas, tal y como había anunciado un comunicante anónimo en nombre de la banda terrorista, quien también advirtió de la colocación de una bomba en una hamburguesería de Torrevieja, que en cambio sí explotó, aunque lo hizo cuando el establecimiento ya había sido desalojado. El artefacto de la playa, según fuentes de Interior, era especialmente letal por la mezcla de sus componentes.

Según las primeras investigaciones, los autores de la colocación de estos artefactos son los mismos que el domingo 4 de agosto hicieron estallar en Santa Pola el coche bomba que causó dos muertos y 36 heridos.

El subdelegado del Gobierno en esta provincia, Luis Garrido, atribuyó la tardanza en la localización de la bomba a la dificultad de los perros adiestrados para localizar un explosivo enterrado a una profundidad «nada habitual». Esas labores iniciales de búsqueda se prolongaron desde el viernes poco antes de las 14.00 horas, cuando se produjo el primer desalojo, hasta el sábado a las 15.00, momento en el que los artificieros de la Guardia Civil determinaron su inexistencia. Una nueva llamada de ETA el domingo obligó a reanudar la búsqueda y a desalojar la playa, ocupada por miles de bañistas que habían conseguido vencer el miedo y se esforzaban en volver a la normalidad que se rompió hace una semana cuando un coche bomba de ETA voló la casa cuartel de la Guardia Civil y segó la vida a la hija de una agente, de sólo seis años, y a un vecino de una localidad cercana que esperaba en una parada de autobús.

El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, no hizo ayer demasiados esfuerzos en neutralizar la lluvia de críticas recibidas por haber levantado el cerco de la playa antes de que fuera localizado el explosivo. Se limitó a subrayar que nunca se había dado carácter de «falsa alarma» al aviso de ETA y que los agentes de la Polícía y la Guardia Civil han trabajado «en las prerrogativas y circunstancias en que han creído oportunas» en cada momento.

Esta explicación le ha parecido del todo insuficiente a los socialistas valencianos, que ha solicitado su dimisión. El PSOE, por el contrario, se da por satisfecho con los argumentos utilizados por Camps.

Más explícito fue el subdelegado del Gobierno en Alicante, quien atribuyó la tardanza en la localización del explosivo a la profundidad «nada habitual» del escondite habilitado por los terroristas. La búsqueda se había centrado en el primer medio metro. En un intento de neutralizar críticas, Garrido trató de restar importancia al riesgo que habría corrido la población al reabrirse la playa cuando aún no se había localizado el explosivo. Los artificieron sostienen que «a partir de las 24 horas posteriores a la hora teórica de la deflagración ya no hay riesgo» de explosión porque «el artefacto queda desoperativo». La culpa, en este caso, la tuvo un fallo en el detonador.

El Sindicato Unificado de Policía libera de toda responsabilidad a los artificieros, de quienes dice que «se limitaron a constatar que, con los medios de que disponen, no habían encontrado ningún artefacto». Y desmiente por completo la versión oficial de los responsables de la seguridad en la Comunidad: «No es verdad que el artefacto estuviera desactivado a pesar del tiempo pasado. Podía haber estallado en cualquier momento, incluso dentro de semanas o meses después», añadió el SUP.

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