AGLI

Recortes de Prensa     Domingo 18 Agosto  2002
El Partido de la Constitución
BENIGNO PENDÁS ABC 18 Agosto 2002

Cuestión de principios
GERMAN YANKE El Mundo 18 Agosto 2002

CiU se lava las manos
Editorial ABC  18 Agosto 2002

La financiación de los partidos
M. MARTÍN FERRAND ABC 18 Agosto 2002

Nervios
ALFONSO USSÍA ABC 18 Agosto 2002

Unamuno, Kennedy e Ibarretxe
COSME A. LUZARRAGA/ El Correo 18 Agosto 2002

Ibarreche paga ilegalmente a Batasuna 400 millones de pesetas al año para burlar su bloqueo económico
Redacción - Madrid.- La Razón 18 Agosto 2002

«A ETA le hace daño cada vez que se actúa contra Batasuna»
ISABEL LÓPEZ/BILBAO El Correo 18 Agosto 2002

El PP advierte a CiU de que «tomará nota» de su actitud si no apoya la ilegalización de Batasuna
BILBAO EL CORREO  18 Agosto 2002

El Partido de la Constitución
Por BENIGNO PENDÁS. Profesor de Historia de las Ideas Políticas ABC 18 Agosto 2002

DENTRO de unos días, cuando se traduzca en hechos concretos el pacto entre populares y socialistas, la democracia española será mejor y más fuerte que antes. Mejor moralmente, porque la única legitimidad en el Estado constitucional de nuestros días deriva del consentimiento de los ciudadanos, que exigen -ya es un clamor- medidas contundentes contra quienes amparan y sustentan el terrorismo. Más fuerte políticamente porque, por una vez, la iniciativa es nuestra, el compromiso entre los partidos se muestra sólido y eficaz y se trata de una medida de carácter constituyente en sentido material. Ojalá el acuerdo sea todavía más amplio. Los que aparentan tener dudas, deben razonar en el terreno de los principios y no de las tácticas: todo el mundo sabe que no se trata de perseguir ideas nacionalistas sino comportamientos totalitarios.

Vedere difcosto: prever los problemas con antelación para buscarles remedio. He aquí la máxima de Nicolás Maquiavelo, padre de la teoría política moderna, maestro al mismo tiempo de príncipes absolutistas y de republicanos cívicos. Releer «El Príncipe» y los «Discorsi» sobre el paisaje estival de la Toscana profunda invita a pensar en términos de alta política, acudiendo al Magisterio del gran Florentino que tanto aprendió «por medio de una larga experiencia de las cosas modernas y una lectura continua de las antiguas». Anticipemos, pues, algunos problemas: victimismo de los nacionalistas; trasvase electoral entre ellos; posible ofensiva terrorista. Veamos la respuesta razonable: frente al discurso lastimero, pedagogía permanente de la Constitución y la libertad; en cuanto a los préstamos de votos entre quienes comparten los mismos fines, refuerzo de la oferta común -no necesariamente homogénea- de los que defendemos, también allí, la vida, la dignidad y el pluralismo social y político; contra el terror, lo de siempre: eficacia policial, medidas preventivas rigurosas, aplicación estricta de la Ley penal. En todo caso, ideas claras y lucha implacable en el ámbito de la conciencia: el nacionalismo excluyente, aunque se disfrace con apariencia democrática, es el problema; la libertad y la convivencia civilizada la única solución aceptable. Cierto es que la sociedad vasca padece, después de tantos años, una enfermedad moral llamada -pura y simplemente- miedo. Alguna vez he recordado la frase demoledora de Montesquieu sobre la Francia del siglo XVIII: a su juicio el Absolutismo había dañado de tal modo la «constitución» del país que la libertad se había hecho imposible para siempre. Es imprescindible, no obstante, seguir siendo optimistas.

Desde el punto de vista del Derecho público, el acuerdo parlamentario y el trabajo del servicio jurídico del Estado y de la Fiscalía ofrecerán, sin duda, los argumentos precisos a la sala del Tribunal Supremo llamada en su día a resolver. Me extraña, sin embargo, que casi todas las opiniones formuladas por expertos (no pocas, también por aficionados) busquen una solución positiva o negativa desde la perspectiva del derecho de asociación y por tanto de los derechos fundamentales y libertades públicas. Es curioso, en efecto, que ese enfoque proceda del entorno socialista cuando su matriz ideológica es rigurosamente liberal. Hay quien parece ignorar el artículo 6º de la Constitución que refleja la plena incorporación de los partidos a la estructura institucional del Estado contemporáneo. Son bien conocidos al respecto los trabajos del profesor García-Pelayo, al hilo de la mejor doctrina alemana, sobre el Estado de partidos y su influencia decisiva en la realidad actual del principio de división de poderes.

La historia, como es frecuente, nos enseña casi todo. Existen partidos desde el origen mismo de la política en la Grecia clásica: unos, oligárquicos, próximos a Esparta; otros, democráticos, partidarios de Atenas durante el siglo glorioso de Pericles. Hay facciones en Roma que se comportan como auténticos partidos, entre patricios y plebeyos, entre defensores del Senado aristocrático o del hombre providencial, llámese Julio César o Augusto. Son célebres las peleas entre güelfos, burgueses y comerciantes partidarios del Papa, y gibelinos, antigua nobleza feudal cercana al Sacro Imperio, en las ciudades de la Italia Medieval. Cerca de aquí se vive todavía con pasión la rivalidad entre la Florencia papista y la Siena imperial: no es fácil determinar cuál de ellas es más hermosa que su adversaria. En fin, en Bizancio, «verdes» y «azules» competían en el hipódromo y también en la búsqueda de ventajas ante el trono y el altar.

Pero los partidos modernos nacen en el ámbito parlamentario, en la magnífica Inglaterra política del siglo XVII, en medio de revoluciones gloriosas y dictaduras puritanas: torief y whigs (más o menos, conservadores y liberales) actuaban ya en la Cámara de los Comunes y en la fórmula establecida para designar a los diputados; mucho más moderna, pese a la corrupción permanente, que las teorías de la época sobre el derecho divino del monarca en la Europa continental. Es muy significativo recordar que, en los orígenes, el Estado Constitucional rechaza la representación política: la «voluntad general» de Rousseau no puede dividirse en fragmentos; y por eso se rechaza a los partidos, cuyos deméritos durante la Revolución Francesa, ya fueran girondinos o jacobinos, tampoco favorecen su reconocimiento. De la prohibición inicial pasamos al agnosticismos liberal: los partidos no existen ante la ley, pero pueden ser disueltos cuando vulneran el código penal si actúan como asociaciones ilícitas. En esta fase, como se dijo, permanecen estancados algunos teóricos. Pero resulta que la vida sigue: los partidos de masas significan un cambio radical respecto de las antiguas camarillas de notables y se ganan el acceso a las leyes e, incluso, a las Constituciones, como ocurre señaladamente en la segunda postguerra mundial. Mientras tanto, la doctrina se muestra concluyente: escribe Hans Kelfen, en «Esencia y valor de la democracia» que sólo la hipocresía permite imaginar un régimen democrático que carezca de partidos.

Acceden, así, las asociaciones antes prohibidas al núcleo institucional del Estado contemporáneo que proclama como valor supremo el pluralismo, aunque la «tiranía de los valores» disgusta a los pocos lectores que le quedan a Carl Schmitt, y pese a que los liberales seamos escépticos ante la fractura entre intereses privados e interés público que deriva de la interposición de fines particulares o corporativos, «intereses siniestros» según el juicio severo de Jeremías Bentham; por cierto, que el buen pensador inglés solo reconocía irónicamente dos tipos de partidos en relación con el poder: los de dentro (the ins) y los de fuera (the outs). Los liberales sentimos nostalgia, tal vez, pero aceptamos la realidad porque somos gente sensata y defensora del sentido común.

En este contexto, la Constitución de 1978, como sus hermanas mayores en la gran generación nacida en 1945, otorga a los partidos una posición dominante, pero les exige mucho: no basta el respeto pasivo a los principios constitucionales, sino que éstos deben ser promovidos de forma activa, ha dicho alguna vez el Tribunal Constitucional en relación con los titulares de cargos públicos. ¿Qué decir cuando se trata de formaciones que ayudan al terror y la violencia? Es claro que los partidos totalitarios no caben en las Constituciones democráticas: lo sabían en Alemania durante la Guerra Fría, lo saben ahora en Francia, incluso en Turquía. Todo ello porque el sistema de partidos impone a sus actores una acción positiva en favor de la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo. Batasuna vulnera la Ley de Partidos, porque la Constitución así lo determina. He aquí una vía de razonamiento (fecunda, creo) para quienes tienen ante sí el honroso y delicadísimo deber de promover y decidir la expulsión del terreno de juego de aquellos totalitarios que no merecen compartir nuestro legítimo «Partido de la Constitución».

Cuestión de principios
GERMAN YANKE El Mundo 18 Agosto 2002

Ilegalizar Batasuna contribuirá al fin de ETA? SI

La respuesta es sí, como trataré de esbozar. Pero hay una cuestión previa que está en el territorio de los principios. Nadie puede dudar ya -incluso lo reitera la propia ETA, como en el último comunicado- de que la banda terrorista es un entramado complejo en el que juegan su papel los pistoleros y sus apoyos, la amenaza política y la violencia, los encubridores y los agitadores totalitarios.Batasuna es parte de ese conglomerado y, a poco aprecio que se tenga a la Justicia, el Estado de Derecho tiene que reaccionar contra todos los factores de esa trama criminal. Será en todo caso el sistema penal el que trate, si puede, de regenerar al delincuente. A la Ley y a los tribunales compete, según la vieja fórmula, dar a cada uno lo suyo: a quien lo merezca, castigo; a la sociedad, instrumentos para defenderse y para definir cada cosa como lo que realmente es. Y quien pertenece a una trama criminal, pertenece a ella se ponga la careta que se ponga.

Pero la ilegalización de Batasuna, precisamente por ser una cuestión de principios, tiene sus lógicas y convenientes consecuencias en el orden social más allá de simbolizar lo que se puede y no se puede hacer en un sistema democrático que quiere defender la libertad y los derechos individuales. Impedirá que el crimen sea un programa político amparado, como hasta ahora, por una acomplejada normativa, lo que no tiene nada de atentado contra las ideas (recuerdo una obviedad a menudo olvidada: no todas las ideas son respetables) ni de estrategia partidista. Los partidos que la impulsan en base a aquellos criterios saben que tras la ilegalización de este brazo de ETA pueda ser que, como ocurrió en las últimas elecciones autonómicas, haya temporalmente un trasvase de votos proetarras al renovado radicalismo del PNV, lo que deja bien claro que se combate el crimen y no el nacionalismo, por muy lamentable que sea su deriva.

Batasuna ya no contará con el apoyo y el sustento de los que buscaban el refugio a la sombra del delito contando con la impunidad en la que hasta ahora se han movido. El crimen con el que se pretendía doblegar la voluntad ciudadana y de las instituciones ya no tendrá financiación pública (y la privada será castigada por la ley). Se evitará el amparo político, y a veces institucional, de los pistoleros. Se impedirá asimismo que la extorsión, la amenaza y la presión de sus dirigentes se haga desde cargos públicos.Se ha dicho mil veces que la batalla contra ETA es difícil porque cuenta con un entramado de apoyo. Si se trata de terminar con la banda, hay que enfrentarse a ese entramado. No se acabará con el terrorismo como por arte de magia, pero se dificultará su actividad y se facilitará el combate contra ese crimen continuado.

Hay quien dice que ETA y sus lacayos se exacerbarán e incrementarán sus ataques. Son, sin duda, los que no lo sufren ya.                    Germán Yanke es director de la revista Epoca

CiU se lava las manos
Editorial ABC  18 Agosto 2002

TRAS mucho pensar lo que, vista la tozudez de la realidad, es incontestable desde el sentido común (Batasuna está incardinada en la estrategia de ETA), CiU parece decantarse por una actitud abstencionista en todo lo relacionado con la ilegalización del partido arbertzale. Por lo pronto, los nacionalistas catalanes ya han anunciado que se abstendrán cuando la Diputación Permanente del Congreso plantee mañana la convocatoria de un Pleno extraordinario en el que se inste al Gobierno a promover ante la Justicia la aplicación de los contenidos de la ley de Partidos (aprobada por cierto con los votos de CiU) a la coalición proetarra. En los últimos días, tanto desde el Gobierno como desde el PP, el PSOE e incluso desde las asociaciones que agrupan a las víctimas del terrorismo, son muchas las voces que reclaman a la formación presidida por Jordi Pujol que reconsidere esta pacata actitud, temerosos todos de que repita la peripecia cuando el 26 de agosto la Cámara Baja vote definitivamente sobre el asunto.

Sobre esta desconcertante actitud de CiU (apoyar una norma que ahora parece que le da igual que se aplique) se debaten varias claves de consumo interno, esos asuntos en los que habitualmente se enreda el nacionalismo para encontrar no se sabe qué seña de identidad diferencial, en definitiva, para ser «distinto». Una de ellas es la errónea interpretación del caso como la ilegalización de un partido de corte nacionalista. Batasuna lo es, pero no tiene a la Justicia tras de sí por esta circunstancia, sino por contravenir una ley que todos, nacionalistas y no nacionalistas, están obligados a cumplir. El despropósito llega hasta tal punto que desde la propia CiU se denuncia esa relación y se exige al cabecilla batasuno, Arnaldo Otegi, que diga a ETA que deje de matar. A pesar de ello, los nacionalistas catalanes anteponen banales cuestiones de procedimiento que tratan de marginar el asunto (la ilegalización) de la esfera política y centrarlo enteramente en el ámbito judicial. Que sea «cosa de los jueces». Por supuesto, serán los jueces quienes tras observar directa y exhaustivamente las pruebas en su contra determinen si Batasuna debe ser o no ilegalizada. Pero ¿cómo los partidos políticos y el Gobierno no van poder intervenir en el debate sobre un (supuesto) partido político?

Pesan también en ella las ataduras que CiU tiene con los partidos que firmaron la Declaración de Barcelona, que, aunque ciertamente desactivada por el desinterés de Pujol en sumarse a la deriva radical del PNV, supone una especie de entente entre «hermanos ideológicos» (los mencionados partidos y el BNG), custodios todos ellos de la causa nacionalista. Los convergentes, que en otras cuestiones de Estado han mantenido tradicionalmente posturas diáfanas y de innegable sensatez, parecen atascados por el compromiso derivado de estas «hermandades», como ya quedó claro, tiempo atrás, con su negativa a suscribir el «Pacto por las libertades y contra el terrorismo», que fue ideado por populares y socialistas y que contó con el aval de decenas de formaciones (políticas, sociales y sindicales). Parece que el nacionalismo es una seña de identidad más fuerte que la defensa activa de la Constitución, el texto que vela por el mantenimiento de las libertades y el sistema democrático.

CiU se queja también de la precipitación (¡un Pleno del Congreso en agosto!), un argumento también dislocado que abona el terreno de la excusa, donde el nacionalismo catalán parece que quiere hacer vivaque en estos días. Estamos acostumbrados a que tanto los políticos como la opinión pública reconozcan que la Justicia tiene que ser rápida, pero resulta ciertamente insólito que alguien pida la ralentización de la Justicia.

Por encima de esta colección de ««peros» de todo a un euro» en los que se escuda CiU se erigen dos cuestiones de fondo: ¿Batasuna debe o no ser sometida a juicio de constitucionalidad? ¿Es ésta una cuestión en la que CiU debe opinar? Esa es la yema de todo.

Convergencia ha de ser consciente de que su electorado (habrá comicios autonómicos en poco más de un año) tendrá muchas dificultades para entender por qué sus representantes no votan a favor de la ilegalización de Batasuna. Cataluña -tan castigada por el terrorismo y tan humillada después por los batasunos que justifican esos crímenes y se niegan a condenarlos- no se merece ese pasar de puntillas que promueven los convergentes. Lavarse las manos a destiempo no impide que después, cuando uno cae en la cuenta del error, tenga muy desaseada la conciencia.

La financiación de los partidos
Por M. MARTÍN FERRAND ABC 18 Agosto 2002

Javier Arenas, en virtud de su pluriempleo como secretario general del PP y ministro de Administraciones Públicas, es un manantial para la duda y perplejidad de los ciudadanos. Debiera aprender a cambiar la voz y utilizar tonos y lenguajes distintos, como hacen los ventrílocuos con sus muñecos, para que pudiéramos saber a cuál de sus empleos corresponden las cosas que dice. Tan anfibológico personaje ha afirmado en Málaga que «debe haber un mayor cuidado en la administración de las ayudas económicas a determinados partidos políticos». Sería difícil construir una frase con más posibilidades de interpretación y, más aún, si se tiene en cuenta que cada una de ellas es susceptible de ser multiplicada por dos en razón de la doble personalidad que ostenta su autor. No es la misma cosa predicar la castidad como abadesa de un convento de clausura que hacerlo como estrella del cine porno.

Si se entiende, en razón del contexto, que Arenas piensa cuando habla en la doble financiación que, según denuncia el Tribunal de Cuentas, disfrutan los partidos presentes en el Parlamento de Vitoria. Si es capaz de olvidar su condición de secretario general del PP -beneficiario con el PSOE, PNV, EA e IU, además de Batasuna, de esa doble financiación-, le sobra a la frase lo de «determinados parti-dos». Unas personas con menos ataduras partidistas y responsabilidades en el Ejecutivo podría haber ido más lejos y preguntarse: ¿es razonable disponer del presupuesto, el dinero de todos, para la financiación de los partidos políticos?

Donde hay subvención hay, por lo menos, perturbación y, las más de las veces, corrupción. Cualquier financiación pública para Batasuna constituye, sin duda, una aberración democrática. Doble o sencilla. No es legítimo que quien no quiere formar parte del todo y no respeta las leyes se beneficie del patrimonio común. Eso puede defenderlo un ministro de Administraciones Públicas que lo es como resultado de la expresión democrática de la ciudadanía que aporta, con sus impuestos, ese patrimonio. La autoridad para el dicho del secretario general de un partido que, también en trampa de ley -perpetuada desde 1991-, goza de la doble financiación pródigamente establecida en Vitoria, es menor.

Según Gaspar Llamazares, el cerebro de IU, ese tipo de ayudas a los partidos se hace, aunque «de tapadillo», en casi todas las Autonomías. Escalofría pensar que tenga razón. El «tapadillo» como sistema financiador le quita el fondo al pozo del dinero público que llega a los partidos. ¿Le dejará el secretario general abordar tan delicado problema al ministro que debiera hacerlo? ¿Se puede ser piadosa abadesa durante el día y frívola cabaretera al llegar la noche?

Nervios
Por ALFONSO USSÍA ABC 18 Agosto 2002

LO único que me une a los batasunos es que tanto ellos como yo ignoramos quién es y a qué se dedica Girólamo Della Angostura. Podría haber escrito Leonardo Maguncia en lugar de Girólamo Della Angostura, pero el resultado sería el mismo. Y lo que más distingue a los batasunos del resto de la humanidad -con el autor de estos reglones incluido- son los nervios. Están perdiendo los nervios. En el ámbito rural de la vieja España, se decía a menudo de los locos y los irascibles. «Está de los nervios». Bueno, pues los batasunos están de los nervios y por primera vez en tres décadas manifiestan su inseguridad. Saben que la ilegalización de su banda puede llevarles al cierre del negocio, que, en el fondo, de eso se trata. De un buen negocio que toca a su fin. Sin dinero en las cuentas corrientes, sin ingresos fáciles y con el riesgo de obtenerlos exclusivamente desde el delito, la afición se va a cambiar de equipo y los dirigentes se verán obligados a trabajar para dar de comer a sus hijos, esos seres de las misma edad que ellos asesinan tan bien cuando otros padres no piensan como ellos.

¿A qué se dedicará Otegui cuando deje de percibir sueldo y subvenciones? ¿Y Rufino Echevarría? Jone Goricelaya, al menos, es licenciada en Derecho y sobrina del señor obispo de San Sebastián, y algún asuntillo le caerá en suerte. Y Permach puede acceder, sin esfuerzo alguno, al elenco de actores figurantes en películas de terror. Para Jon Idígoras el problema no se presenta tan acuciante, porque vive a costa del dinero de los españoles con su buena pensión de ex parlamentario, y no necesita demasiado para agarrarse su cogorza diaria. Me preocupa, en cambio, el futuro de Fernando Barrena, y el de la payasa de Lasarte, y más aún después de lo de Colombia. Que en un circo colombiano, salió un payaso con poca gracia a la pista, no hizo reír a los niños, y el padre de uno de ellos, extremadamente molesto por la torpeza del polichinela, le descerrajó dos tiros y terminó con el asunto. Aquí -excepto ellos-, no somos tan contundentes, pero a esa payasa guarra la pueden correr a palos después de una actuación cuando deje de tener poder político y capacidad para decidir quién tiene derecho a vivir y a quién hay que molestarle con un disparo en la nuca. No van a tener dinero ni para hacerse camisetas con el mapa de la utopía ni para organizar viajes de visita a sus presos, que, en mi opinión, donde tendrían que estar es en las islas Chafarinas.

Su chulería es también una muestra de su preocupación. Están que no les llega la camisa al cuerpo. Ni las promesas de apoyo de Arzallus y Eguíbar calman su nerviosismo. Son conscientes de que, al final, el nacionalismo burgués, étnico y religioso que ampara sus actividades, terminará por abandonarlos a cambio de su propia supervivencia en el negocio principal. Cuando Arzallus entienda que su nómina está en peligro, zanjará el asunto con su habitual sequedad. Y aquí paz y después gloria y que os pudráis en las cárceles de los maquetos, que en eso todos estaríamos de acuerdo con Arzallus.

Las actuaciones abiertas por el juez Baltasar Garzón parecen haber encontrado un camino imparable. La ley de Partidos Políticos, que no convence del todo a Pujol -quizá influido por alguno de sus millonarios hijos-, espera a la vuelta de la esquina. Se han terminado los tiempos de las vacas gordas, incluyendo en la figuración a muchas de sus propias madres. Están nerviosos porque pueden empezar a perder todo lo que han conseguido durante décadas en el negocio de la coacción y la sangre.

Unamuno, Kennedy e Ibarretxe
COSME A. LUZARRAGA/ El Correo 18 Agosto 2002

Decía don Miguel de Unamuno, refiriéndose a la situación social y política de la Segunda República: «Es un espectáculo lamentable el estado mental y moral de nuestra sociedad española». Setenta años más tarde se podría aplicar a la situación social y política de Euzkadi. Partimos de la base de que somos gobernados por un Gobierno de centro derecha, conformado por dos partidos que dicen estar a la derecha y a la izquierda del mapa electoral, ambos coaligados con una formación de izquierdas, hecho que puede tener cierta lógica cuando hay un reparto de poder, y el menos representativo tiene un gran trozo para gestionar, pero todo ello no es porque sí, puesto que, sin IU, PNV y EA serían más vulnerables en la Cámara vasca.

Enfrente, por un lado, tenemos a un grupo antisistema, que apoya la lucha armada y practica la intolerancia y la xenofobia; por otro, a los grandes partidos españoles, PP y PSOE, cuyos miembros padecen el acoso y el azote del terrorismo y tienen los puentes rotos con el Gobierno autonómico. Por si la mezcolanza fuera poca, ETA, grupo terrorista, asesina a los no nacionalistas, ahora, y extorsiona a todo el mundo.

Tremendo puzzle político, lleno de situaciones duras, sangrientas, dramáticas y de desencuentros políticos, sin confrontación social, sin que los ciudadanos se hayan exacerbado hasta la fractura civil. Quizás ése es el gran fracaso de ETA. Pero toda paciencia tiene un límite, y aunque hasta ahora la sociedad ha demostrado un grado de madurez que les falta a algunos políticos, es hora de recuperar la sensatez.

Decía John F. Kennedy: «No pienses qué puede hacer tu país por ti, piensa qué puedes hacer tú por tu país», en la creencia de que todo buen ciudadano, todo patriota, debería ser ante todo solidario y aunar esfuerzos para superar las diferencias y los problemas del país, cada uno en la medida de sus propias responsabilidades.

Analizando formas, fondos e intenciones, observo que hay cosas en las que coincido con Mayor Oreja. Tremenda y desagradable sorpresa para mí, pero la verdad no se debe ocultar nunca por dura que sea. ¡Horror!, dirá alguno, se ha vuelto del PP. Si así fuera, como ciudadano libre estaría en mi derecho. Para que les quede claro a los comisarios políticos y no lo utilicen como coartada, diré que en los últimos tiempos hay muchos actos del Gobierno PNV-EA, y de los partidos que lo conforman, en los que han compartido espacios en la calle y en las instituciones con Batasuna, y por eso no voy a decir que son lo mismo.

Por todo lo expuesto, analizo aquello que hacemos mal los nacionalistas -lejos del victimismo y de manifestar que toda la culpa es del rival político-, los que tenemos la responsabilidad de gobernar porque somos mayoría -minoritaria, pero mayoría-, de pacificar y normalizar el país, de darle un bienestar social, económico, de contribuir a su desarrollo. Hay una premisa fundamental en la vida y en la política que incumplimos: practicar el diálogo.

Dialogar es conversar, hablar, intercambiar opiniones. Nosotros estamos en la confrontación permanente, la utilizamos como herramienta política, y una vez sí y otra también caemos en la incoherencia: el Cupo, la Ertzaintza, ahora las transferencias no transferidas en los últimos veinte años, cuando hace dos meses decíamos que el Estatuto era un cadáver... Desde luego, alguna responsabilidad, alguna culpa, tendremos por esos veinte años de incapacidad negociadora.

Escenificamos y proclamamos que el PP está en la confrontación permanente, y no es mentira, pero hemos caído en su trampa, porque hacemos lo mismo. Somos incapaces de pactar nada, si no es con Batasuna. Hace unos meses el problema con el PSOE era la intransigencia de Nicolás Redondo. ¿Ahora cuál es el problema?

Estamos tomando la vía de un Lizarra bis , encima sin tregua, y aunque no es bueno para ningún sistema democrático que haya una ley que pueda ilegalizar a formaciones políticas, ¿qué alternativa se ha ofrecido, además de la protesta pura y dura?

Pretendemos construir un país, pero ningún país se hace sin ciudadanos unidos en torno a un proyecto homogéneo, que se explica y escenifica como una herramienta eficaz que va a solucionar problemas y transformar la sociedad para mejorarla. Esa imagen, ese proyecto, no se ve igual en Álava, en Vizcaya o en Guipúzcoa. Mucho menos cuando hay un grupo que extorsiona y mata a quien no piensa en clave nacionalista, por lo que no es extraño que muchos ciudadanos, sean de la ideología que sean, opinen que, antes que la soberanía, están la paz y la convivencia.

Por otra parte, ¿hay alguien en este país que crea que si se hace un referéndum sobre la autodeterminación, y éste triunfa, ETA va a dejar de matar? Cambiaría los objetivos, pero seguiría en la brecha.

Una imagen vale mil palabras. El lenhendakari Ibarretxe, hoy en día, tiene mucho menos de lehendakari de todos los vascos y vascas que Ardanza y Garaikoe-txea. Ambos eran nacionalistas, reinvindicadores, y jamás abjuraron de sus principios ideológicos, pero daban una imagem menos crispada, más dialogante, al igual que sus gobiernos. Había confrontación, pero no siempre y para todo.

Vivimos en un país muy plural, en el que nadie detenta la mayoría aplastante, ni política ni sindicalmente, y cuando no hay consenso se perjudica a toda la sociedad -como ocurrió con los dos días de huelga, con el perjuicio que causaron a la economía vasca-. La confrontación permanente, el diálogo siempre en la misma dirección, Batasuna y su entorno, ni construyen nada en el presente, ni nos van a traer nada bueno en el futuro más inmediato.

Ibarreche paga ilegalmente a Batasuna 400 millones de pesetas al año para burlar su bloqueo económico
El Tribunal de Cuentas advierte que esta doble financiación se aparta de lo que establece la ley
El órgano fiscalizador advierte en su último informe sobre la contabilidad de los partidos políticos, correspondiente a 1999, que los pagos extraordinarios que el Gobierno vasco ha abonado a HB para su funcionamiento ordinario, al margen de las subvenciones electorales, se apartan de lo que establece la Ley de Financiación de los Partidos. Así, Ibarreche ha permitido la formación abertzale cobrar, entre 1995 y 1999, más de dos millones de euros (400 millones de pesetas) y burlar así el bloqueo económico estatal. Javier Rojo (PSOE) propuso ayer descontar esta ayuda adicional de otras cantidades adeudadas.
Redacción - Madrid.- La Razón 18 Agosto 2002

La subvención extra del Ejecutivo de Juan José Ibarreche a los partidos vascos ha permitido a Batasuna recibir, entre 1995 y 1999, más de dos millones de euros (400 millones de pesetas) y burlar así el bloqueo financiero estatal, una circunstancia que, según advierte el Tribunal de Cuentas en su último informe sobre la contabilidad de las formaciones políticas, «desvirtúa» la Ley de Financiación de los partidos, que establece que los pagos a los partidos son incompatibles con otras ayudas públicas.

Según el último informe del máximo órgano fiscalizador, Euskal Herritarrok (Batasuna) recibió en 1999 por esta vía 554.400 euros.

Además, la formación abertzale obtuvo ese año 885.181 euros en concepto de subvenciones electorales autonómicas, 268.474 euros de las diputaciones forales y 714.187 euros en ayudas de los ayuntamientos para el funcionamiento de sus grupos locales.

De este modo, por vías de financiación no estatal, incluídas las subvenciones electorales, Herri Batasuna cobró en el ejercicio auditado más de tres millones de euros de fondos públicos.

Según recuerda el Tribunal de Cuentas, la ley establece que los pagos anuales a los partidos son incompatibles con otras ayudas públicas, salvo las destinadas a costear campañas electorales o el funcionamiento de grupos parlamentarios nacionales o autonómicos.

Desvirtúa la ley
Por ello, el órgano fiscalizador asegura con rotundidad que «estas vías de financiación, no previstas en la Ley Orgánica 3/87, además de desvirtuar el carácter específico otorgado a esta ley por razón de la materia, quiebran la unidad normativa e incorporan un inadecuado grado de determinación en la cuantificación total de la financiación pública a percibir por las formaciones políticas, junto a un tratamiento dispar entre las mismas».

Al mismo tiempo, subraya que «únicamente» el Gobierno vasco concede estas subvenciones al margen de lo que establece la ley.

El Tribunal de Cuentas destaca asimismo que, en virtud de este sistema de financiación paralelo, el Partido Nacionalista Vasco aumenta en un 115 por ciento sus fondos públicos para funcionamiento ordinario, mientras que Eusko Alkartasuna los incrementa en un 113 por ciento. De este modo, el partido que preside Javier Arzallus suma a sus 740.539 euros de ayuda estatal los 855.090 de fondos autonómicos.

Su socio de Gobierno, EA, añade a los 227.954 euros de subvención estatal otros 251.324 de las arcas públicas vascas. El Ejecutivo de Vitoria reparte estas ayudas conforme a los criterios de la ley orgánica de 1987, pero «tomando como base los resultados electorales de las últimas elecciones autonómicas».

En este sentido, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Luis de Grandes, emplazó ayer al Gobierno vasco a «cumplir la ley» y a acabar con la doble financiación que concede Ibarreche.

En cambio, los nacionalistas no daban ayer crédito a la petición de los populares, apoyada también por el PSOE, que calificaron de «un montaje terrible» y, además, de «gran hipocresía», porque las partidas se aprobaron por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, a excepción de Batasuna.

De Grandes destacó la contundencia con que el Tribunal de Cuentas refleja en su informe la ilegalidad de esta práctica, aunque consideró necesario hablar con el Gobierno vasco «para buscar una salida consensuada».

Descontar de otras ayudas
Por su parte, el miembro de la Ejecutiva Federal y secretario general del PSOE en Álava, Javier Rojo, propuso, en declaraciones a LA RAZÓN, que estas ayudas extraordinarias se descuenten de otras subvenciones pendientes de cobrar.

Mientras, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Iñaki Anasagasti, manifestó que el hecho de que PP y PSOE coincidan en este tema en el mes de agosto es una cuestión más que «curiosa» que muestra una ofensiva terrible contra el nacionalismo democrático. En la misma línea, el dirigente de EA Rafael Larreina aseguró ayer que el Parlamento vasco tiene competencias para tomar esas decisiones que «han sido tomadas por unanimidad de todos los grupos políticos, excepto Batasuna, que se suele abstener y otras veces vota en contra».

PNV y EA, los más favorecidos
El informe del Tribunal de Cuentas pone de manifiesto que en virtud de esta doble financiación el Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna incrementan en un 115 por ciento y un 113 por ciento, respectivamente, las subvenciones para su funcionamiento ordinario. Los partidos constitucionalistas también se benefician, pero en menor medida, ya que el cálculo se establece a partir de los resultados de las elecciones autonómicas.

Sin embargo, si esta ayuda extra se suprimiese los más perjudicados serían los partidos nacionalistas, ya que la ayuda estatal que perciben respecto a los demás partidos con implantación nacional es mucho menor.

Por su parte, Batasuna ya no podrá disfrutar de la doble financiación que ofrece el Ejecutivo de Juan José Ibarreche, ya que está sometida al bloqueo de sus cuentas y el embargo de subvenciones públicas acordado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el sumario contra el entramado etarra. Sin embargo, si es deslegalizada y se presenta con nuevas siglas volverá a tener derecho a la subvención.

RODOLFO ARES, PORTAVOZ DEL PSE-EE EN EL PARLAMENTO VASCO
«A ETA le hace daño cada vez que se actúa contra Batasuna»
«El PNV tiene la responsabilidad histórica de combatir a los radicales en el mundo nacionalista»
ISABEL LÓPEZ/BILBAO El Correo 18 Agosto 2002

Rodolfo Ares aguarda el inicio del nuevo curso político en el País Vasco con la mirada fija en el Congreso, donde se ha puesto ya en marcha el proceso para que los jueces decidan sobre la ilegalización de Batasuna. «A ETA le hace daño cada vez que se actúa contra Batasuna», asegura el coordinador de la ejecutiva del PSE-EE y portavoz de la formación en el Parlamento vasco. Ares, que acude a la entrevista cargado de notas y apuntes, reclama al PNV que renuncie «por responsabilidad, y no por generosidad, a sus aspiraciones maximalistas».

-El escenario político parece complicarse cada día más.
-Sí, pasamos por una grave crisis política, social e institucional; no sólo porque ETA siga matando y una base social ampare a los terroristas, sino también porque los partidos que apoyan al Gobierno, lejos de estar por la unidad de los demócratas para combatir al terrorismo, han apostado por la unidad de los nacionalistas y por la ruptura unilateral del Estatuto. Estamos al borde de una fractura social.

-¿Cree que la aplicación de la Ley de Partidos a Batasuna está poniendo a cada cual en su sitio?
-Todos nos estamos retratando, y muchos ciudadanos no comprenden que, una vez más, el PNV, pero también EA e IU, tengan una actitud comprensiva hacia Batasuna. La historia les juzgará muy severamente -sobre todo, al PNV- si siguen en esa actitud. Yo también me preguntó por qué cada vez que se quiere actuar judicial o políticamente contra Batasuna, el PNV está en contra. Por tanto, luego no puede quejarse si denunciamos que hace de abogado de Batasuna.

-El PNV siempre lo niega.
-El PNV rompió con EH porque no condenaba el terrorismo. Batasuna sigue sin condenarlo; por tanto, el PNV debe plantear una alternativa para evitar que los radicales sigan campando a sus anchas en su ataque constante a la democracia. Si la respuesta, como quiere Egibar, es comprensión y diálogo con Batasuna, habrá que pagar un precio político para que Batasuna se incorpore a las reglas de juego y ETA deje de matar. Quizás al PNV no le importe pagar ese precio, puede que coincida incluso con sus reivindicaciones máximas, pero los demócratas no podemos aceptarlo.

«Grave equivocación»
-¿Por qué cree que el PNV se opone frontalmente a la ilegalización de Batasuna?
-Primero, por electoralismo; el PNV quiere mantener en las municipales el respaldo que tuvo en las autonómicas; sobre todo, los votos procedentes de EH. Pero también por pensar que Batasuna le puede ser útil para lograr sus objetivos. Y es una grave equivocación, porque el PNV debe encabezar la lucha contra ETA y también contra quienes la apoyan, ese mundo totalitario y fascista que anida en Batasuna. El PNV tiene la responsabilidad histórica de combatir a Batasuna en el mundo nacionalista.

-¿Cree que los jueces cuentan ya con pruebas suficientes para dejar a Batasuna fuera del marco legal?
-Sí, por su comportamiento, sus declaraciones y provocaciones constantes. El último comunicado de ETA pone de manifiesto que la vinculación es clara, que Batasuna es el brazo político de ETA.

-Arzalluz dice que ETA quiere a Batasuna fuera de la legalidad.
-Yo pienso que no, que la prefiere en las instituciones, para que sea el altavoz de su radicalismo, para que intente deslegitimar al Estado. El PNV debería tener en cuenta, al decidir su postura en esta cuestión, que a ETA le hace daño cada vez que se actúa contra Batasuna.

-¿Qué pasará si Batasuna no puede concurrir a las elecciones municipales?
-Si los jueces lo deciden, habrán actuado en defensa del Estado de Derecho y de la libertad y contra quien justifica la violencia. Hay que ver la cuestión con normalidad y firmeza democrática, estamos poco acostumbrados a que las instituciones se defiendan del fascismo con instrumentos legales.

-En septiembre, el Parlamento celebra el pleno sobre política general. ¿Qué espera que anuncie el lehendakari, habida cuenta del ultimátum dado el 12 de julio por la Cámara vasca al Gobierno de Aznar?
-Imaz ha dicho esta semana que sólo quieren completar el Estatuto, aunque, eso sí, han utilizado un método impresentable como un ultimátum. Espero que Ibarretxe aclare cuál es su posición, porque el acuerdo de julio propone romper de forma unilateral el Estatuto y caminar a un nuevo marco jurídico-político que satisfaga las reivindicaciones de los nacionalistas. Y eso lo hace un Gobierno en minoría, que tiene dificultades para sacar adelante sus propuestas, y en un clima de falta de libertad, lo que raya la inmoralidad.

-¿Pero ve en el PNV intención de rectificar?
-Tengo pocas esperanzas, esa es la verdad. Ibarretxe sabe que sólo puede sacar sus objetivos de la mano de Batasuna, y eso es mucho más grave, aunque en estos meses ya ha gobernado con la complicidad o el consentimiento de los radicales.

El relevo de Arzalluz
-¿Cree que el PNV tiene definida su estrategia o que han planteado un órdago a ver qué pasa?
-El PNV está acostumbrado a jugar a órdagos. No creo que tenga definidos los pasos a dar, pero la Historia nos demuestra que el PNV nunca cede en sus posiciones, sólo exige a los demás que lo hagamos. Ya va siendo hora de que asuma la responsabilidad de aparcar sus reivindicaciones máximas, al menos, hasta que ETA deje de existir. Y como partido gobernante, debe renunciar a algunos de esos objetivos, no por generosidad, sino por responsabilidad. Los demás lo hicimos.

-El PNV prepara su renovación por la marcha de Arzalluz de la dirección. ¿Cómo influye ese proceso en la vida política del país?
-Esa situación de tránsito está lastrando la capacidad de autocrítica del PNV, de renovación programática e ideológica. Puede que el PNV pueda esperar tiempo, pero el problema es que el país no, y ellos tienen la responsabilidad del Gobierno. Espero que quienes vayan a dirigir el PNV sean capaces de reconducir la situación, pero, mientras, Ibarretxe debe poner fin a tanta desmesura.

-¿Cree que Arzalluz es el problema?, porque los discursos de otros dirigentes del PNV son similares.
-El PNV está en la encrucijada de decidir qué camino quiere seguir, si el de la radicalidad y la ruptura del Estatuto, yendo de la mano de Batasuna, o el de la política responsable para buscar un consenso que permita construir el país en base al respeto a la pluralidad.

-Ha pasado más de un año desde las elecciones autonómicas y la situación, lejos de calmarse, se ha crispado. ¿Estamos acostumbrándonos a vivir de esta manera?
-Los ciudadanos sienten preocupación e incertidumbre. Y es normal que sea así, porque la apuesta por romper el Estatuto genera incertidumbre en el sector económico. Un país no puede construirse en base a incertidumbres permanentes, a cambios radicales de marcos jurídicos.

-¿No tiene la sensación de que el PSE ha perdido protagonismo?. Apenas se ha oído su voz en temas como el caso del párroco de Maruri o la marcha de Francisco Llera, que es militante socialista.
-No ha habido silencios. El PSE ha fijado su posición con claridad en estos y otros casos de acoso. Siempre denunciamos la actitud fascista de quienes coaccionan a los que no somos nacionalistas, y también el comportamiento mezquino de muchos dirigentes nacionalistas hacia quienes sufren las amenazas; por ejemplo, Llera. Pero tenemos una actitud responsable de no satanizar permanentemente al nacionalismo democrático, como hace el PP. Nosotros no lo haremos; diremos con claridad lo que no compartimos, pero el PNV es un partido democrático.

-Usted mismo le responsabiliza de la crispación social y de querer romper el pacto estatutario.
-Sí, pero, en todo caso, es una política equivocada, y por eso no podemos satanizar al nacionalismo vasco, como a veces hace el PP, abriendo incluso polémicas. Por ejemplo, estos días andan a vueltas con que si Azkuna izará o no la bandera española en el Ayuntamiento de Bilbao. Si no lo hace, ya lo denunciaré, pero no entiendo a qué viene plantear una polémica así.

-¿Piensa que el PP se equivoca?
-Lo que digo es que el Gobierno del PP y el PP deben ser firmes en sus posiciones, pero también buscar el entendimiento cuando sea posible y no estar en una confrontación del todo por el todo. El PP gobierna en España y debe administrar con inteligencia sus posiciones, sin dar excusas al nacionalismo, que así justifica sus posiciones radicales.

-¿Cómo valora la homilía del obispo de Bilbao de apoyo a las víctimas?
-Creo que, por primera vez, la Iglesia vasca ha tenido la firmeza, la claridad y la sensibilidad necesarias para colocarse al lado de las víctimas de una forma expresa. Por eso, valoro de forma muy positiva sus palabras. Seguramente, el obispo de Bilbao ha reflexionado desde la desgraciada polémica creada por la última pastoral. Me consta que ha hablado con gente, también con nuestro secretario general, Patxi López, y esos encuentros habrán servido para fijar una posición tan clara y tan positiva.

-¿Y no le sorprende que ese apoyo explícito a las víctimas llegue ahora, tras tantos años de terrorismo?
-Más vale tarde que nunca.

El PP advierte a CiU de que «tomará nota» de su actitud si no apoya la ilegalización de Batasuna
Insta a los nacionalistas catalanes a votar a favor en el Pleno del Congreso porque en la lucha contra ETA «hay que asumir riesgos y ser valientes» El PSOE les recuerda que «no se puede estar a las duras y a las maduras» El magistrado considera que sólo hay que examinar la Ley de Partidos y «esperar acontecimientos»
BILBAO EL CORREO  18 Agosto 2002

El PP advirtió ayer a CiU de que «tomará nota» de su actitud si finalmente se abstiene en el Pleno que el Congreso de los Diputados celebrará el próximo día 26 para instar al Gobierno a pedir la ilegalización de Batasuna, tal como hace prever la anunciada decisión de los nacionalistas catalanes de no apoyar mañana la convocatoria de la sesión plenaria en la reunión de la Diputación Permanente. El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Luis de Grandes, instó a la federación a reconsiderar el sentido de su voto y estar así «a la altura de las circunstancias» en un momento que calificó de «histórico».

De Grandes rechazó los argumentos ofrecidos por la formación de Jordi Pujol para inhibirse en el debate -CiU cree improcedente implicar al Legislativo en el proceso para solicitar la ilegalización de la coalición radical-, al considerar que será finalmente el Ejecutivo quien, a instancias del Parlamento, pida a la Sala Especial del Supremo que inicie los trámites para dejar a Batasuna fuera del juego político. El dirigente popular recordó a los nacionalistas catalanes que ésta fue la fórmula que ellos mismos defendieron en su enmienda a la Ley de Partidos y que, por tanto, el Congreso sólo desempeñará «el papel que le permiten las leyes».

Al margen de los aspectos técnicos, el portavoz del PP hizo hincapié en que la ilegalización de la formación de Otegi es un paso «clave» en la lucha contra el terrorismo ya que, subrayó, «Batasuna y ETA son la misma cosa y forman parte de un mismo todo». Por ello, reiteró la necesidad de que CiU recapacite y acceda a hablar del asunto con los populares, sin que estas conversaciones sean entendidas como un elemento de presión, sino como «reflexiones entre amigos».

También desde el PP, su presidente en Cataluña, Alberto Fernández Díaz, pidió a la federación que, «por encima de una malentendida estrategia de partido y de solidaridades nacionalistas», haga valer sus convicciones democráticas, y entienda que en el combate contra la banda «hay que asumir riesgos y ser valientes». Fernández Díaz subrayó además que sería «incongruente» que una fuerza que votó a favor de la Ley de Partidos se abstuviera a la hora de poner en marcha su aplicación.

Sin ambigüedades
Con argumentos muy similares, los socialistas también pidieron a CiU que se lo piense dos veces antes de tomar una decisión definitiva de cara al Pleno del 26. El secretario de Organización del PSOE señaló a los nacionalistas que «no se puede estar a las duras y a las maduras, porque en los momentos difíciles hay que tomar decisiones». José Blanco confesó no entender las razones que llevan a CiU a abstenerse, cuando se plantea la aplicación de una ley que antes respaldaron y que «trata de ilegalizar a quien amparan con sus actuaciones el terror y la barbarie», consideración que hizo extensiva a IU y al BNG. «No van a estar a la altura histórica que requiere el momento actual», incidió.

También los socialistas catalanes recordaron a CiU que contra ETA no valen «dudas ni ambigüedades» y se mostraron convencidos de que en la federación hay muchas voces partidarias de votar a favor de la ilegalización, aunque pesen más los sectores «más vinculados al PNV».

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