AGLI

Recortes de Prensa     Martes 20 Agosto  2002
Juicio a Batasuna
Editorial ABC 20 Agosto 2002

El fracaso del nacionalismo vasco
M. MARTÍN FERRAND ABC 20 Agosto 2002

Poncio Pujol
Enrique de Diego Libertad Digital  20 Agosto 2002

Ensayo con González de Otegi
ÁNGEL COLLADO ABC 20 Agosto 2002

Se alza el telón
Lorenzo CONTRERAS La Razón 20 Agosto 2002

Terror y bla-bla
Fernando JÁUREGUI La Razón 20 Agosto 2002

EL PNV SE QUEDA SOLO EN SU DEFENSA DE BATASUNA
Editorial El Mundo 20 Agosto 2002

El momento de la ley
Editorial El País 20 Agosto 2002

Los amigos de Batasuna
Ignacio Villa Libertad Digital  20 Agosto 2002

La posición de CIU
Editorial El Correo 20 Agosto 2002

Edurne Uriarte dice que «el terrorismo mata contra España y es xenófobo contra los españoles»
Antonio Sempere - Santander.- La Razón 20 Agosto 2002

Batasuna gestiona donaciones y ayudas sin control del Tribunal de Cuentas
Redacción - Madrid.- La Razón 20 Agosto 2002

PP y PSOE afean al PNV su pasividad: A nosotros nos matan, a ustedes no
AGUSTIN YANEL El Mundo 20 Agosto 2002

Uriarte destaca que la ley de Partidos pone fin a una «anomalía democrática»
FELICIANO TISERA ABC 20 Agosto 2002

Navarra prepara un nuevo decreto para regular el uso del esukera en las administraciones autonómicas
Agencias Libertad Digital  20 Agosto 2002

Un motivo del incidente, ocurrido en Santiago, fue que la alumna se dirigió a él en castellano
e. á. Santiago La Voz 20 Agosto 2002
 

Juicio a Batasuna
Editorial ABC 20 Agosto 2002

Los trámites parlamentarios para instar la ilegalización de Batasuna a través del Gobierno siguen el calendario previsto por PP y PSOE, tras la sesión de la Diputación Permanente del Congreso, que acordó ayer la celebración de un Pleno extraordinario el próximo día 26. Los grupos confirmaron el sentido ya anunciado de sus posiciones ante la proposición que se dirigirá al Gobierno, confirmándose el dato significativo de que han sido partidos nacionalistas -con la honrosa excepción de Coalición Canaria- o subsidiados por el nacionalismo -como Izquierda Unida- los que se han abstenido o han votado en contra de la iniciativa. A medida que se acerca el Pleno, el PNV está descubriendo con mayor nitidez el tránsito de su oposición a la ley de Partidos desde una crítica aparentemente de principios a una torpe y cerrada defensa de Batasuna. Por otro lado, la situación se ha hecho especialmente compleja para Convergencia i Unió, que no ha estado a la altura de su sentido de Estado. Decir que el Parlamento no es la institución adecuada para promover la disolución judicial de un partido es prolongar su oposición a este apartado de una ley ya aprobada y eludir irresponsablemente la cuestión de fondo, que es si el nacionalismo catalán considera que Batasuna vulnera los principios constitucionales y si debe ser sancionada por esta ilicitud. La posibilidad anunciada de que, una vez abierto el proceso judicial -cuando no haya que votar-, apoyará la demanda del Gobierno sólo aumenta el volumen de la esquizofrenia política en la que está inmersa CiU por sus afinidades nacionalistas con el PNV.

En todo caso, la decisión de la Fiscalía General del Estado de presentar su propia demanda de disolución judicial de Batasuna supone un importante respaldo jurídico a la iniciativa política conjunta de PP y PSOE. Con la Fiscalía General, órgano del Estado que actúa conforme a los principios de legalidad e imparcialidad, todas las instituciones legitimadas por la Ley para instar la ilegalización de Batasuna han dado el paso al frente y van a ejercer su responsabilidad a pesar de las amenazas mafiosas de ETA. Los que se han descolgado de este compromiso democrático o se han enfrentado a él tienen difícil explicarse políticamente. Los acontecimientos de las últimas semanas -atentados, amenazas y coacciones- y la trayectoria histórica de los brazos políticos de ETA, han marcado los tiempos de estas decisiones. No hay precipitación alguna en someter ya a Batasuna a juicio.

El fracaso del nacionalismo vasco
Por M. MARTÍN FERRAND ABC 20 Agosto 2002

ASEGURA Baura que el censo es a la política lo que al arqueo a la economía. No se trata del sistema más sofisticado, pero sí del más eficaz, para medir el éxito de una gestión pública o de un negocio. Ayer, cuando andábamos todos dándole vueltas, entre aburridos y desesperados, al más agudo e inquietante de los problemas españoles -el vasco-, cuando se reunía la Comisión Permanente del Congreso para convocar un Pleno extraordinario que inste la ilegalización de Batasuna y los nacionalistas catalanes entraban en la contradicción de una postura con barretina, Fernando González Urbaneja publicó aquí un artículo que, con el amor con que el abad de Silos debe regañar a los escolanos poco aplicados en el canto gregoriano, ponía en evidencia la errática política -el fracaso- de veinte años de Gobierno del PNV en Vitoria.

Señalaba Urbaneja que, hace veinte años, la renta per cápita de los vascos era el 110 por ciento de la media europea y que hoy es sólo el 90. También, que en ese tiempo el País Vasco ha perdido el 2,5 por ciento de su población. Unos se han ido y los demás son más pobres -o menos ricos, dicho sea con mayor precisión-. Si el nacionalismo fuese compatible con la reflexión, ahí hay materia para una autocrítica y contenido para un congreso extraordinario del PNV. El victimismo les ha llevado a ser víctimas, cosa que viene a ser una forma poética de la justicia.

El socialista Fernando López Aguilar ha encontrado una expresión diáfana para definir lo que se pretende con el Pleno del próximo día 26: «Lo que es inmoral e inconcebible no puede ser legal». Es posible, puestos en la hipótesis más negativa, que la ilegalización de Batasuna no traiga, por sí misma, grandes efectos positivos; pero servirá, cuando menos, para dotar de un tono ético la obsesión pragmática en la que, víctima de la electoralitis, ha caído nuestra democracia. Sólo por eso ya valdría la pena. Por eso y por poner en evidencia el fracaso democrático de la mayoría/mezcolanza que se sienta en el Gobierno que preside Ibarretxe.

Mientras, en eficaz proceso convergente, el conjunto nacional español se aproxima a la media de la riqueza europea, el País Vasco acerca sus índices a los del promedio español. El destacado punto de partida, obviamente, no era fruto de los benéficos efectos del nacionalismo; sino, sin andarse por las ramas, de los privilegios que la República y el franquismo otorgaron a las tres provincias vascongadas. El de llegada, después de más de veinte años de mayoría peneuvista, ofrece pocas dudas en su autoría. Arzalluz les debe algún sermón justificatorio a sus devotos votantes.

Poncio Pujol
Enrique de Diego Libertad Digital  20 Agosto 2002

La argumentación formal de Jordi Pujol para abstenerse no la mejora ni Poncio Pilatos con la jofaina. La idea de que ha de ser el Gobierno quien inste la ilegalización de Batasuna, sin comprometer al Parlamento, y por ende a los grupos políticos, es estricto escapismo y demuestra cierta incomprensión de base respecto al sentido de la soberanía nacional. Es, en términos intelectuales, rizar el rizo. A Pujol no se le entiende, incluso por la escasa convicción y la exagerada abundancia de tics que pone en sus palabras. Ahora que se celebra el veinticinco aniversario de la muerte de Groucho Marx, el presidente de la Generalitat ha entrado en la ambientación de “Sopa de Ganso” o “Una Noche en la Ópera”.

La cuestión no se queda en la forma. Hay un enervante relativismo moral en la posición de un Pujol declinante. Si el último atentado se hubiera perpetrado en Cataluña lo hubiera tenido aún más difícil. Esa mera hipótesis avala el relativismo moral. Es notorio que la abstención de Pujol es una muestra de solidaridad con el PNV, un frentismo nacionalista, que, por vía no demasiado indirecta, lo es con Batasuna. Y por el evidente silogismo Batasuna es igual a ETA, la solidaridad última se establece con los que acaban de matar a dos personas inocentes en Santa Pola. Una de ellas, una niña de seis años. Nada nuevo bajo el sol. Eso era lo que implicaba la Declaración de Barcelona, retaguardia del Pacto de Estella.

La actitud del Poncio Pilatos catalán nos pone en la pista de la premisa mayor, la que casi nadie quiere apuntar: el terrorismo tiene su origen en el nacionalismo. Es efecto del nacionalismo. También hubo terrorismo nacionalista en Cataluña. Es en el caldo de cultivo del nacionalismo –y no en Marte– donde crecen los violentos para atacar al hombre.

Muestra también que las condenas por los nacionalistas de los atentados son retóricas. Deploran el asesinato, pero no quieren nunca poner los medios para que no se produzca. Es una complicidad moral añadida a la ideológica de fondo.

Ensayo con González de Otegi
Por ÁNGEL COLLADO ABC 20 Agosto 2002

El mero trámite que era la reunión Diputación Permanente del Congreso para convocar el Pleno extraordinario del próximo día 26 para instar la ilegalización de Batasuna se convirtió en un ensayo general del mismo en cuanto a guión y argumentos. Dejaron la tarea los principales grupos parlamentarios a sus portavoces expertos en la materia, Bermúdez de Castro por el PP y López Aguilar por el PSOE. En el PNV Anasagasti prefirió seguir de vacaciones y se encargó de la defensa de Batasuna González de Txabarri. Y lo hizo con tal convicción que acabó por provocar las iras de los presentes. Se removían en sus asientos de la Sala Internacional populares y socialistas. Jaime Ignacio del Burgo no se aguantó las ganas de recordar que los nacionalistas habían ganado las elecciones con ayudas «externas».

Tampoco faltó el grito de «Estella» para calificar los argumentos del diputado González a favor de la legalidad del brazo político de ETA. «A nosotros nos matan y a ustedes no», recordaba Aguilar. Y a esa suprema explicación de la iniciativa de ilegalización, el parlamentario guipuzcoano lo llamaba «tono lastimero». González defendía las subvenciones para Otegi, Ternera y compañía y aseguraba hacerlo «por convicción», algo que nadie dudaba. Había otros diputados mucho menos convencidos de lo que iban a votar ayer y, menos aún, de los que votarán el día 26. A Francisco Frutos, secretario general del PCE y diputado de IU se le notaba que lo que le pide el cuerpo es pronunciarse contra Batasuna y Madrazo. Entre las huestes de Pujol tampoco faltaba al menos un parlamentario, el más próximo a Miguel Roca, que hubiera preferido sumarse al «sí» en vez de atrincherarse en una abstención que sólo satisface a Arzalluz. Para el día 26 se reservaron los portavoces y el Gobierno en pleno que asistirá al Pleno. No faltará nadie. González de Otegi ya actuó ayer.

Se alza el telón
Lorenzo CONTRERAS La Razón 20 Agosto 2002

La primera consecuencia que se desprende de la reunión de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados es que, de acuerdo con lo previsible, el Gobierno no ha conseguido convertir en un acuerdo de todos los partidos legales la convocatoria de un pleno de la Cámara para iniciar la aplicación de la Ley ilegalizadora de Batasuna. El primer fracaso de la tentativa ha sido, como tanto se viene diciendo, la actitud de CiU. Los nacionalistas catalanes de Pujol se resisten a verse «globalizados» parlamentariamente. Para ellos una cosa es dar su voto a una Ley que el Gobierno puede «aplicar» por su cuenta y riesgo ¬sobre todo riesgo¬ con el lógico apoyo fiscal y judicial, y otra distinta quedar implicados en una operación que no todo el nacionalismo catalán considera razonable, ni tan siquiera viable. Desde el punto de vista de los respaldos, los criterios expeditivos de Baltasar Garzón distan de los criterios todavía ignotos del Tribunal Supremo. Por otra parte la razón moral y política puede no coincidir con la razón jurídica. En resumidas cuentas, pillarse los dedos con la ilegalización pretendida es algo perfectamente posible, aunque cueste trabajo creer que llegue a ver probable.

El despliegue de estas reservas o cautelas fuera del estricto ámbito nacionalista no significa que la ilegalización de Batasuna, si se consigue a plenitud, deje de constituir una enorme satisfacción para las sensibilidades democráticas. Ojalá no se produzcan los temidos contratiempos. Contratiempos o inconvenientes que también alcanzarían a CiU, cuyo líder, Jordi Pujol, viene observando silencioso en esta polémica y delegando en otros dirigentes o notables de la coalición que preside, por ejemplo Trías o Duran Lleida, la defensa de las objeciones. Una buena parte de la opinión catalana seguramente no perdonará a CiU que contribuya a favorecer, aunque sea mínimamente, la causa «abertzale». Será difícil que esa opinión olvide las barbaridades perpetradas en suelo catalán por la organización matriz de Batasuna, o sea, Eta. La memoria hará estragos en la línea nacionalista pujolista cuando se aplique al caso de Hipercor, por ejemplo, o a varios atentados contra personalidades catalanas, alguna de las cuales, caso de Ernest Lluch, estaba o se consideraba cercana a la «comprensión» del asunto vasco. El catalán de la calle, sobresaltado en diversas ocasiones cuando no concernido por la barbarie etarra, no guardará en su memoria ninguna palabra de condena o de solidaridad por parte de Batasuna, o de Herri Batasuna que es lo mismo, cuando ha tenido que soportar las consecuencias, más o menos cercanas, de ese terrorismo proyectado sobre Cataluña. La visión de algunos nacionalistas catalanes en el sentido de que Eta «disparaba por ellos» pudo ser lamentablemente pragmática cuando se discutían los aspectos más permisivos de la «Constitución de las nacionalidades». Pero ya no es de recibo.

Terror y bla-bla
Fernando JÁUREGUI La Razón 20 Agosto 2002

Me preocupa el uso fácil del concepto terrorismo. Putin, desde su dacha veraniega, califica de terroristas a los chechenos que han atacado un helicóptero ruso. Bush y la CNN dicen haber encontrado unos vídeos que muestran la crueldad con los animales de Al Qaeda (como si la crueldad con los humanos no fuese bastante). Según Bono, «hay que ser inmisericorde» contra Eta como se fue con la banda Baader-Meinhof; peligrosa comparación. Pujol, todo con tal de no decir «sí» a la Ley de Partidos, acusa a PP y PSOE de usar el terrorismo «como arma electoral» Se vulgariza, en fin, se globaliza, se instrumentaliza, el uso del término «terrorismo». Como si fuese igual la intifada que Ben Laden. O algunos movimientos centroamericanos que Eta. Eso beneficia a «nuestros» etarras, los más crueles y gratuitos en el uso de la bomba y la pistola. Hay que dejarse de comparaciones: nada es tan injusto, tan absurdo, tan sin fundamento, como esa Eta que deforma los hechos, la Historia y la geografía para justificar seguir matando. Allá otros si cuelgan la etiqueta del terror para tapar problemas internos ajenos al terrorismo. Está muy clara la diferencia: pregúnteselo a las víctimas. Ellas saben por qué hay que ilegalizar a Batasuna, por ejemplo.

EL PNV SE QUEDA SOLO EN SU DEFENSA DE BATASUNA
Editorial El Mundo 20 Agosto 2002

Aunque a simple vista, la reunión que ayer celebró la Diputación Permanente del Congreso -en plenas vacaciones parlamentarias- fue una sesión de trámite, nada más lejos de la realidad. La votación en la que, por 41 votos a favor, dos en contra y siete abstenciones se dio luz verde a la convocatoria de un pleno extraordinario para instar al Gobierno a que solicite ante los tribunales la ilegalización de Batasuna tiene una gran trascendencia política.Primero, porque es el Congreso -la institución más representativa del pueblo español- quien legitimará la actuación del Ejecutivo.Segundo, porque la decisión se ha tomado con el respaldo de la inmensa mayoría de los diputados. PSOE y PP votaron a favor, CiU, IU -que sensatamente desoyó los llamamientos de Madrazo-y el Mixto se abstuvieron y sólo el PNV votó en contra.

Tampoco el debate fue precisamente de trámite. A pesar de que únicamente se trataba de decidir la convocatoria de un pleno extraordinario que se celebrará el próximo lunes, los portavoces de los grupos parlamentarios no desaprovecharon la oportunidad de abordar el fondo del asunto, puesto que la ilegalización del brazo político de ETA será -con todas sus consecuencias- un hito en el combate del Estado de Derecho contra el terrorismo.

El debate, que tuvo momentos muy vibrantes sobre todo en el duro enfrentamiento dialéctico del socialista Juan Fernando López Aguilar -muy inspirado ayer- con el portavoz del PNV tuvo la virtud de poner definitivamente en evidencia a los nacionalistas vascos que se quedaron solos en su cerrada defensa de Batasuna.

Frente a la contundencia de los discursos del PSOE y el PP, acusando al PNV de pasividad a la hora de combatir a las organizaciones proetarras y de no apoyar las iniciativas judiciales contra el entorno de ETA, el portavoz nacionalista echó mano de un catálogo de descalificaciones -«juego perverso», «maquinaria infernal»- contra la iniciativa de los dos partidos mayoritarios. Especialmente desafortunado y engañoso -una vez más- resultó el intento de González de Txabarri de identificar la postura de la mayoría social vasca con la que mantiene su partido. Y particularmente brillante estuvo López Aguilar cuando le respondió que si el PNV no respalda la ilegalización es porque no se siente concernido por la situación «dramática» y el sufrimiento de muchos vascos.«La diferencia», apostilló, «es que a nosotros nos matan y a ustedes no». La frase resonó con tal eco que el portavoz nacionalista sólo acertó a responder: «¿De qué va usted?»

Capítulo aparte merece la abstención de CiU, muy controvertida incluso en sus propias filas. Su portavoz se justificó alegando que no están de acuerdo con la intervención del Congreso en un proceso de ilegalización que sí respaldan. Sin embargo, la posición de CiU de nadar y guardar la ropa es -como mínimo- decepcionante desde el punto de vista de los principios que debe defender un partido democrático.

El momento de la ley
Editorial El País 20 Agosto 2002

El debate de ayer en la Diputación Permanente del Congreso sobre la eventual ilegalización judicial de Batasuna resultó más interesante que muchas de las polémicas previas. Lo cual más bien avala la decisión de implicar a la Cámara en la iniciativa, aunque sea el Gobierno el que formalmente la promueva ante el Tribunal Supremo. Su rechazo a esa implicación del Parlamento fue el argumento de CiU para abstenerse en la votación, pese a manifestar su criterio de fondo a favor de la ilegalización: que un partido que favorece al terrorismo 'no puede permanecer en la legalidad'.

Su portavoz, Manel Silva, tuvo interés en desmarcarse de planteamientos equidistantes o favorables a mantener la Ley de Partidos congelada: CiU defiende el imperio de la ley y se opone a condicionar su aplicación a criterios de oportunidad. 'Es el tiempo del derecho, no de la política', dijo Silva. Pero es el Gobierno el que debe responsabilizarse de la iniciativa para no involucrar al Parlamento en un posible fracaso de la misma en el Supremo o si fuera luego desautorizada por el Constitucional o por Estrasburgo. Esa posición ya fue defendida por CiU en la tramitación de la ley, sin que su rechazo le impidiera votar a favor de la norma.

Lo importante es que la decisión corresponda a los jueces, y no tanto quién inste su intervención. En todo caso, una vez que la ley aceptó el criterio que faculta al Parlamento para instar al Gobierno a tomar la iniciativa, resulta exagerado tomar pie en esa divergencia procesal para desmarcarse del voto mayoritario. Las razones de Silva fueron muy diferentes a las del portavoz del PNV, González de Txabarri, pero es evidente que el desmarque tiene un significado político en sí mismo: el de no dejar solo al nacionalismo vasco. Es discutible que ese respaldo sea la mejor manera de apoyar a los sectores del PNV (ahora silenciados) con los que seguramente se identificaba Pujol cuando hace meses admitió que 'todos nos hemos equivocado respecto a ETA' y criticó la no ruptura inmediata del nacionalismo vasco con Lizarra tras el primer atentado, y cuando avaló la nueva Ley de Partidos.

El debate de ayer dio ocasión a socialistas y populares para responder a algunos de los tópicos del PNV sobre la cuestión: por ejemplo, el de que sus promotores presentan la ley como la panacea para acabar con ETA, el que atribuye a la iniciativa la intención de trastrocar el mapa electoral en beneficio de los no nacionalistas o el de que la norma favorece a ETA porque su mundo se fortalece en la clandestinidad.

A esto último replicó el socialista López Aguilar preguntando a Txabarri si proponía la legalización del terrorismo para que no se beneficie de esa clandestinidad. El portavoz del PP, Bermúdez de Castro, refutó la acusación de que se ilegalizaban ideas recordando que existen partidos independentistas pacíficos que nadie ha pensado prohibir, y también que quienes hoy se ven empujados a la clandestinidad son los demócratas no nacionalistas, perseguidos por defender sus ideas en público. Estuvo muy desafortunado Txabarri al acusar de utilizar un 'tono lastimero' a quienes le recordaron esas evidencias.

Felipe Alcaraz defendió la coherencia de que Izquierda Unida se abstuviera ayer pese a haber votado contra la Ley de Partidos en junio. Su argumento fue que querían aparecer como abogados de la libertad y el pluralismo, y no como defensores de Batasuna. El resultado final de la votación refleja un menor respaldo (del 95% al 90%, aproximadamente) a la iniciativa que el que tuvo hace dos meses la ley. Pero también se reduce, merced a las abstenciones de IU y del BNG, el rechazo directo, lo cual es bastante significativo del efecto del último atentado de ETA. Ayer se votaba únicamente si se convocaba o no un pleno extraordinario, pero los portavoces no esquivaron las cuestiones de fondo que deberán ser el eje del debate del lunes próximo: en resumen, si Batasuna es un partido como los demás, al que ampara el principio pluralista, o parte del entramado terrorista.

Los amigos de Batasuna
Ignacio Villa Libertad Digital  20 Agosto 2002

Todo ha sucedido según el guión previsto. El PNV ha destapado en el Congreso de los Diputados su estrategia de defensa de la legalidad de Batasuna. El nacionalismo vasco, inmerso ya en una desesperada huida hacia delante, se ha alineado sin tapujos con Batasuna en contra de su ilegalización, utilizando los mismos argumentos que los cómplices del terrorismo airean para defenderse de las acusaciones sobre su unidad de acción y de criterios con la banda terrorista ETA. El nacionalismo vasco está consumando paulatinamente su propio suicidio político. Esgrimiendo razones sin razón, utilizando una demagogia propia de los totalitarismos, defendiendo públicamente al brazo político de ETA, desmarcándose de los principios democráticos de preservar los propios cimientos de la convivencia pacifica, desde el Partido Nacionalista Vasco se han posicionado sin matices a favor de Batasuna y lo han hecho además en el Congreso de los Diputados.

Escuchando la intervención del representante del PNV, José Juan González de Txabarri , en la Diputación Permanente del Congreso saltan algunas preguntas de complicada respuesta para cualquier persona de principios democráticos y de un mínimo sentido común. ¿Qué entiende el PNV por represión? ¿Qué entiende por libertad de expresión? ¿Qué es para el PNV jugar con las cartas marcadas? ¿Qué es para el nacionalismo vasco la perversión política?

EL PNV, que durante tanto tiempo ha intentado buscar una posición indefinida y encubierta de colaboración con los batasunos, ahora ha dejado al descubierto sin defensa posible su propia estrategia. EL PNV habla de "escalada represiva de la escuela Bush" cuando ellos están permitiendo y facilitando una represión ideológica en el País Vasco donde los ciudadanos para vivir tranquilos tienen que llevar la etiqueta de "Yo soy nacionalista". El PNV habla de falta de libertad de expresión cuando ellos han favorecido y jaleado la partición en dos de una sociedad, en la que no se puede decir lo que se piensa bajo la permanente amenaza del terrorismo. El PNV habla de cartas marcadas cuando ellos han estado diseñando cuidadosamente trampas a las instituciones democráticas con el apoyo expreso y la ayuda de la propia Batasuna. El PNV, por último, habla de perversión cuando ha conseguido que en el País Vasco se tenga que vivir con escolta y mirando debajo de los coches ante el peligro de la bomba, sin que desde el Gobierno de Vitoria se pongan los medios para erradicar una permanente actividad terrorista que se ha adueñado de las calles de las ciudades vascas sembrando cada esquina de miedo y ansiedad.

El nacionalismo vasco sale de la Diputación Permanente del Congreso señalado como enemigo de resguardar, a toda costa, los principios democráticos. Como enemigo de cortar el grifo de las ayudas económicas que financian el terrorismo. Como enemigo de ahogar desde el Estado de Derecho a aquellos que quieren laminar la sana convivencia de todos. Y, al mismo tiempo, el PNV ha realizado públicamente la presentación en sociedad de una amistad. Después de lo visto y oído, el PNV ha reconocido su amistad con el brazo político de ETA. Ha reconocido su amistad, su estrecha amistad con Batasuna. Una amistad que les ha llevado a dar la cara por ellos, defendiendo la necesidad de mantener su legalidad. ¿Hacen falta más pruebas?

La posición de CIU
Editorial El Correo 20 Agosto 2002

La Diputación Permanente del Congreso acordó ayer la celebración de un pleno extraordinario con la abstención de una de las formaciones que apoyó la Ley de Partidos, tras contribuir a la mejora de su contenido: CiU. La posición convergente es acorde con la enmienda que presentó al proyecto de ley, y que proponía contemplar como órganos legitimados para instar la declaración de ilegalidad de un partido sólo a la Fiscalía y al Gobierno. Pero la ponencia parlamentaria asumió el criterio de CiU, contemplando en todo caso que el Parlamento «podrá instar al Gobierno» para que dé inicio al procedimiento de ilegalización ante el Supremo. Para explicar su abstención, los portavoces de CiU insisten en la inconveniencia de que el Parlamento asuma tan especial protagonismo, por el riesgo de que el propio Supremo, el Constitucional o una instancia europea puedan contradecir el parecer del legislativo. Nadie puede desdeñar los argumentos convergentes desde el punto de vista de la armonía que debe guiar la división de poderes en una democracia. Pero el hecho de que el legislativo resolviera asumir en el articulado de la Ley de Partidos un papel propio, que se ciñe a su función ordinaria respecto a las atribuciones del ejecutivo, demuestra que los legisladores comprendían que, adoptadas las cautelas propuestas por CiU, siempre sería conveniente contar con el máximo consenso entre los grupos parlamentarios. Ése es el consenso que se formalizará mediante una resolución del Congreso en pleno extraordinario.

La duda que aflora es si la abstención de CIU ayer y la anunciada para el día 26 responden a una fidelidad a los argumentos que defendió en la tramitación parlamentaria de la Ley o si reflejan el propósito de desentenderse de la aplicación inmediata y concreta de una norma que CiU respaldó al final. La reticencia ante la toma de iniciativa por parte del legislativo dejará de ser coherente si, una vez que el Consejo de Ministros adopte la decisión de instar la declaración judicial de ilegalidad de Batasuna, CiU no muestra su expresa conformidad con la acción de gobierno. Entonces habrá que concluir que su posición no obedece a criterios tan respetables como los expuestos por sus portavoces, sino que refleja un ejercicio oportunista y nada responsable de su propio cometido como formación de gobierno.

Edurne Uriarte dice que «el terrorismo mata contra España y es xenófobo contra los españoles»
Antonio Sempere - Santander.- La Razón 20 Agosto 2002

«El terrorismo mata contra España. Es xenófobo contra España y los españoles, y sus víctimas son o bien españoles o bien los representantes de la identidad española». Así de contundente se mostró Edurne Uriarte en el coloquio celebrado tras la sesión introductoria del curso «España: nación, patria o estado». Uriarte afirmó que «Eta mata a un ertzaintza por colaboracionismo con lo español; para ella son traidores todos los que colaboran con lo que ellos consideran la represión nacional». Asimismo, resaltó el hecho de que la palabra España y los signos externos de lo español estén desaparecidos del País Vasco.

La profesora de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco afirmó que «España se ha construido como un estado, y no como una nación, y ese es el problema». Y matizó que «en el País Vasco ha quedado muy claro el debilitamiento del nacionalismo español, haciendo desaparecer por vía de la imposición los rasgos de la identidad española».

A propósito del proceso de deslegalización de Batasuna, Edurne Uriarte fue optimista al asegurar que «terminará positivamente para todos los españoles, y que va a significar el logro de una mayor libertad para los ciudadanos». Para ella, «es el momento de acabar con la impunidad de una organización que apoya al terrorismo de múltiples maneras. Era una anomalía democrática que esta organización se moviera con libertad hasta nuestros días, y esto se está solventando con este proceso». Por último, señaló que «el aumento de esa crispación será para Batasuna en primer término, y más tarde para los nacionalistas».

Batasuna gestiona donaciones y ayudas sin control del Tribunal de Cuentas
Redacción - Madrid.- La Razón 20 Agosto 2002

Batasuna gestiona desde hace años donaciones y ayudas públicas sin que esta formación responda de las mismas ante organismos fiscalizadores como el Tribunal de Cuentas, algo que sí que hacen las principales organizaciones políticas. Este hecho se produce porque las cuentas de la organización política que lidera Arnaldo Otegui no son examinadas, por distintos motivos, ni por el Tribunal de Cuentas estatal ni por el del País Vasco, según confirmaron a Servimedia fuentes de estas instituciones. Estas fuentes indicaron que, en el caso del órgano estatal, esta ausencia de control se debe a que los electos de la formación «abertzale» no llegan a tomar posesión en las Cortes al negarse a jurar la Constitución, motivo por el que la Administración se ha venido negando a darles las subvenciones que les corresponderían.

Esta ausencia de control impide que las cuentas de Batasuna sean revisadas como las de los otros partidos, lo que permite conocer aspectos como su endeudamiento con las entidades bancarias o si reciben donaciones de particulares. El seguimiento sobre la contabilidad interna sí se produce en la práctica con las principales formaciones nacionalistas vascas, PNV y EA, cuyos electos sí que toman posesión en el Congreso y el Senado, por lo que sus organizaciones reciben las subvenciones estipuladas.

Donaciones privadas
Asimismo, el Tribunal de Cuentas estatal viene poniendo de manifiesto que diversos partidos reciben donaciones de ayuntamientos que gobiernan, algo no permitido por la legislación.

Este aspecto, conocido respecto a las principales organizaciones políticas, es ignorado respecto a Batasuna.
La falta de control por parte del Tribunal de Cuentas estatal no se compensa con la actuación del organismo homólogo en el País Vasco, puesto que éste tribunal no lleva a cabo un análisis similar de las cuentas de los partidos.

PP y PSOE afean al PNV su «pasividad» frente al terrorismo / El Congreso pone en marcha el proceso contra la formación 'abertzale' al convocar un Pleno extraordinario para el próximo lunes
PP y PSOE afean al PNV su 'pasividad': 'A nosotros nos matan, a ustedes no'
El Congreso pone en marcha la ilegalización de Batasuna al convocar el pleno extraordinario para el lunes, con el voto en contra de los nacionalistas vascos - Pujol confirma la abstención de CiU
AGUSTIN YANEL El Mundo 20 Agosto 2002

MADRID.- La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados decidió ayer, tal y como estaba previsto, convocar un Pleno extraordinario para el próximo lunes, en el que los diputados acordarán pedir al Gobierno que solicite al Tribunal Supremo la ilegalización de las formaciones políticas Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna. El Ejecutivo, según la Ley de Partidos Políticos, está obligado a hacerlo.

Los portavoces del PP y del PSOE, partidos que han presentado esta propuesta, protagonizaron un duro cruce de acusaciones con José Juan González de Txabarri, del PNV. El socialista Juan Fernando López Aguilar llegó a decirle: «La diferencia de su discurso político y jurídico con nuestra iniciativa es que a nosotros nos matan y a ustedes no». José Antonio Bermúdez de Castro, del PP, dijo que lo que da alas a ETA es la «pasividad».

Bermúdez de Castro recordó que, desde que entró en vigor la Ley de Partidos Políticos, el pasado 29 de junio , «Batasuna y su entorno político han seguido manteniendo la misma actitud del pasado», una actitud que definió como «de agresión permanente a la legalidad y al estado de Derecho». «Ni una sola muestra de corrección, ni un sólo gesto de modificación de su conducta», añadió.

Recordó, también, que Batasuna se ha negado a condenar el reciente atentado que costó la vida a un hombre y a una niña de seis años en Santa Pola (Alicante), así como distintas declaraciones de portavoces de esa coalición abertzale.

Todas esas conductas, en su opinión, entran de lleno en los presupuestos que prevé la citada ley para declarar ilegal a un partido político, y son «más que suficientes para demostrar que hay una connivencia entre Batasuna y ETA».

Tras indicar que la ilegalización de Batasuna hará perder a ETA «su financiación, su altavoz de propaganda y su único apoyo político», Bermúdez de Castro concluyó: «Es necesario y urgente aplicar esta ley sin tibiezas ni ambigüedades, porque la razón está de nuestro lado».

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Fernando López Aguilar calificó esta ley de «extremadamente importante en nuestro sistema constitucional». Añadió que, a la hora de luchar contra el terrorismo, el PSOE deja a un lado la bandera partidista y mantiene una «política de Estado».

López Aguilar, que es catedrático de Derecho Constitucional, afirmó que la Ley de Partidos con la que se va a ilegalizar Batasuna y otras formaciones abertzales tiene todas las garantías legales necesarias, por lo que no habrá ningún problema si es recurrida al Tribunal Constitucional o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Anunció que, además de promover esta iniciativa de ilegalización junto al PP, el PSOE apoyará otras medidas, como puede ser una solicitud similar que plantee el fiscal general del Estado, que también tiene competencias para hacerlo.

Votantes de Batasuna
González de Txabarri, del PNV, afirmó que Batasuna tiene el 15% de respaldo electoral en el País Vasco, mientras que los promotores de su ilegalización (PP y PSOE) «perdieron estrepitosamente las últimas elecciones vascas y ahora vuelven por sus principios, tratando de sacar rendimientos electorales a su iniciativa» para las elecciones municipales de mayo de 2003.

El portavoz del PNV en la Diputación Permanente del Congreso dijo que su partido, como todos los democráticos, defiende el derecho a la vida y está en contra de la violencia. Y añadió que considera «miserable» que Batasuna no condene los atentados.

Pero también afirmó que se está tratando de «confundir y manipular» a la opinión pública, ya que se presenta la ilegalización de Batasuna como si fuera a resolver el problema del terrorismo y no será así.

«El PP y el PSOE se lo guisan y se lo comen», añadió, «y convierten en sospechoso a todo aquel que no comparte sus argumentos». «¿Van a acusar al 15% de la población vasca de colaborar con el terrorismo?, ¿van a suspender las elecciones municipales?», se preguntó.

La intervención de González de Txabarri provocó una dura respuesta del diputado popular Bermúdez de Castro, quien indicó que con la ilegalización de Batasuna no pretenden «llevar a la clandestinidad a nadie, porque el problema es que están en un estado de práctica clandestinidad en el País Vasco miles de personas por miedo a defender ideas contrarias».

Dirigiéndose al diputado peneuvista, el portavoz del PP afirmó que lo que ayuda a ETA es «la pasividad», y que ahí el PNV no podrá contar con el PP.

El socialista López Aguilar, también como réplica a González de Txabarri, dijo: «Sólo puede hablar así quien no se siente concernido por el problema [del terrorismo]».

El portavoz del PNV le replicó que ETA mataba más cuando gobernaba el PSOE. «Nosotros», añadió, «llevamos muchos años dando la cara en ayuntamientos gobernados por HB, no le admito lecciones de democracia. ¿Pero de qué va?».

Tras ese rifirrafe, Felipe Alcaraz, de Izquierda Unida, explicó que su grupo condena el terrorismo y rechaza a ETA, y que se abstiene que no defiende a Batasuna pero considera que el PP y el PSOE se equivocan en este asunto.

IU: «Un error histórico»
IU no está de acuerdo en que sea el Congreso el que insta la solicitud de ilegalización, añadió, y menos que lo haga «a ciegas» [sin un informe jurídico que reiteradamente han solicitado], porque esa iniciativa debiera plantearla el Gobierno o el fiscal general.

«Es un grave error, histórico y político, obligar al Congreso a que inste esta ilegalización, porque no queremos mezclar el Poder Legislativo con el Judicial», dijo. «No vamos a decir que PP y PSOE le hacen el juego a ETA con la ilegalización, pero sí que se equivocan».

Manuel Silva, de Convergència i Unió (CiU), explicó que su grupo se abstiene porque está en contra de que el Congreso intervenga en el proceso de ilegalización.

Finalmente, de los 50 miembros que integran la Diputación Permanente, votaron a favor de convocar ese pleno los 41 que suman el PP y el PSOE; en contra, los dos del PNV, y se abstuvieron siete (los cuatro de Convergència i Unió, los dos de Izquierda Unida y el portavoz del Grupo Mixto).

En el Pleno del lunes votarán contra la ilegalización el PNV y tres diputados del Grupo Mixto; se abstendrán CiU, IU, el BNG y la Chunta Aragonesista, y votarán a favor PP, PSOE, Coalición Canaria y Partido Andalucista.

Uriarte destaca que la ley de Partidos pone fin a una «anomalía democrática»
FELICIANO TISERA ABC 20 Agosto 2002

La catedrática de la Universidad del País Vasco Edurne Uriarte afirmó ayer que la aplicación de la ley de Partidos para ilegalizar Batasuna «terminará con la anomalía democrática» que supone que esta formación «se mueva en la impunidad». Asimismo, señaló que la puesta en práctica de esta norma supondrá más «libertad y confianza de los ciudadanos en la instituciones».

SANTANDER. Edurne Uriarte, a quien ETA intentó asesinar en la Universidad del País Vasco en diciembre de 2000, imparte esta semana el curso magistral «España: nación, patria o estado» en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Ayer, al referirse a las posibles consecuencias que la ilegalización de Batasuna puede tener en el País Vasco, dijo que «la ley de Partidos se ha hecho para impedir que esté en la legalidad un partido que apoya al terrorismo y que está relacionado con el mismo, y ése no es el caso del PNV, ni creo que lo será nunca». Para la catedrática y colaboradora de ABC, «decir que el PNV se vincula con el terrorismo es, afortunadamente, ciencia ficción. Otra cosa es el grado de responsabilidad que tiene en la prolongación del terrorismo, pero ésa es ya otra cuestión».

Uriarte criticó la actitud que tiene el PNV respecto a la lucha contra el terrorismo y a la ley de Partidos: «Creo que esta norma no tiene nada que ver con el PNV. La ley está para perseguir al terrorismo, y no como suele decir el PNV, manipulando la finalidad de esa ley, para perseguir al nacionalismo. Su objetivo es sólo hacerlo con grupos políticos vinculados con el terrorismo».

En cuanto al mundo de ETA, Uriarte dijo que «no se podrán mover con la impunidad con la que lo han hecho hasta ahora, ni tener organizaciones legales para colaborar con el terrorismo». Y celebró que la nueva ley prevea y evite la posibilidad de que Batasuna, para burlar la ley, vaya cambiando de nombre «porque hasta ahora es lo que ha hecho».

«Último paso»
En su opinión, el proceso que comenzó ayer en el Congreso de los Diputados supondrá «un aumento de la libertad y de la confianza de todos los ciudadanos en las instituciones democráticas». Asimismo, dijo que se trata del «último paso que tenemos que dar» para acabar con las grupos que amparan el terrorismo.

En referencia a las hipótesis de sectores nacionalistas que auguran una mayor crispación si se ilegaliza Batasuna, Uriarte dijo que las consecuencias de este hecho serán, primero, para la formación abertzale y «después para los nacionalistas, pero en ningún caso para los amenazados».

Asimismo, Uriarte valoró la revocación de su cátedra en la UPV, que finalmente le ha sido devuelta de acuerdo con una sentencia del mes de julio de la Audiencia de Vizcaya. En este sentido, afirmó que «lo ocurrido sólo se entiende en el contexto político del País Vasco y en las presiones anómalas que se producen allí y que no ocurrirían en ningún otro lugar de España».

Se refirió a esta Comunidad como la «región española donde se ha producido la sustitución del nacionalismo español del franquismo por un nacionalismo periférico que está teniendo unos efectos semejantes, es decir, «se ha pasado de una situación de falta de pluralidad a otra igual» que ha quedado en manos «muy especialmente del nacionalismo».

Navarra prepara un nuevo decreto para regular el uso del esukera en las administraciones autonómicas
Agencias Libertad Digital  20 Agosto 2002

El Gobierno que presidente Miguel Sanz ha iniciado los trámites para elaborar un nuevo decreto que regule el uso del euskera en las administraciones públicas de la comunidad. El acuerdo ya ha sido ratificado por el Ejecutivo después de que el pasado mes el Tribunal Superior de Justicia anulase el anterior decreto al observar defectos de forma.

El presidente del Ejecutivo foral, Miguel Sanz, de UPN, ya anunció entonces que sólo se renovaría el documento ya que el tribunal no había observado fallos en su contenido. En esta ocasión será el departamento de Presidencia, Justicia e Interior el que lo elabore.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra atendió a principios de julio pasado un recurso interpuesto por la Fundación Euskara Kultur Elkargoa contra el decreto foral que regula el uso del euskera en las administraciones públicas de Navarra desde 2001. Además, anuló el plan que lo desarrollaba en la zona vascófona. También recurrieron el acuerdo IU, EA, PNV, Batzarre y concejales de los ayuntamientos de Lecunberri, Lesaca, Orcoyen, Pamplona y Tudela. El tribunal navarro sentenció que no cabían recursos de casación ante el Tribunal Supremo ya que afectaba directamente al ordenamiento jurídico vigente en Navarra.

El decreto suponía, a juicio de los demandantes, restricciones lingüísticas respecto al euskera. Además, dividía en tres áreas geográficas Navarra según el uso del euskera: zona vascófona, zona mixta y zona no vascófona. Como consecuencia de su puesta en marcha se creó el Consejo Navarro de Euskera y todos los responsables del departamento de Política Lingüística del Ejecutivo presentaron su dimisión. El Tribunal Superior dejó sin efecto el decreto porque carecía del preceptivo informe del Consejo Navarro del Euskera y del de la Dirección General de Función Pública.

La Universidad expulsa a un joven radical por agredir a una estudiante
Un motivo del incidente, ocurrido en Santiago, fue que la alumna se dirigió a él en castellano
El implicado no podrá matricularse en ninguna facultad gallega en un plazo de tres años
Miembro de Agir, un grupúsculo que fue creado en el 2000
Afán constante por llamar la atención
e. á. Santiago La Voz 20 Agosto 2002

La Universidad de Santiago no está dispuesta a consentir actos de violencia en sus aulas. El equipo de gobierno de la institución académica decidió expulsar durante tres años a Alexandre Fernandes, estudiante de Historia y miembro de la organización radical Agir, por agredir a una alumna de Económicas el pasado mes de abril.

Los hechos ocurrieron en el local estudiantil de dicha facultad. Según la denuncia presentada, Fernandes insultó, amenazó y agredió a la universitaria cuando ésta le preguntó por qué manipulaba los archivos de una asociación. Además, desde la Universidad se añade que uno de los motivos del incidente fue que la joven se dirigió a su interlocutor en castellano. El equipo de gobierno manifestó que se trata de una actuación «extremadamente grave», ya que no hubo ninguna provocación previa.

Denuncia y expediente
La estudiante agredida presentó una denuncia en el juzgado, de la que aún no hay sentencia. Por su parte, la Universidad decidió abrir un expediente administrativo de carácter disciplinario y nombrar a un juez instructor, que fue el decano de Económicas, Javier Rojo. Realizado el informe, y basándose en la normativa actual, el equipo de gobierno resolvió suspender temporalmente a Alexandre Fernandes, una decisión que se amplía a todo el sistema universitario gallego por un período de tres años.

Desde la asesoría jurídica de la USC están pendientes de un posible recurso administrativo o por vía judicial del estudiante. La organización Agir negó los hechos, y dijo que la normativa en la que se basa el Rectorado para imponer la sanción es de 1954. Anuncia acciones legales y medidas de presión.

Recortes de Prensa   Página Inicial