AGLI

Recortes de Prensa     Jueves 22 Agosto  2002
LA INTOLERABLE AMENAZA DE OTEGI PONE AL PNV ANTE SU CONTRADICCION
Editorial El Mundo 22 Agosto 2002

Batasuna exige claridad al PNV
CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN ABC 22 Agosto 2002

Razones de Estado
LUIS IGNACIO PARADA ABC 22 Agosto 2002

Josef Mengele y José María Setién
M. MARTÍN FERRAND ABC 22 Agosto 2002

Garzón
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 22 Agosto 2002

El terrorismo corruptor
José A. SENTÍS La Razón 22 Agosto 2002

Garzón embarga las subvenciones electorales a Batasuna
Madrid. Agencias ABC 22 Agosto 2002

La hora de la dignidad democrática
PATXI LÓPEZ El País  22 Agosto 2002

Reacciones anómalas
Editorial El Correo 22 Agosto 2002

Garzón mete la directa
Enrique de Diego Libertad Digital  22 Agosto 2002

Estertores de muerte
Ignacio Villa Libertad Digital  22 Agosto 2002

Martín Fiz da una lección al director de la TV vasca
J. Arias Borque - Madrid.- La Razón 22 Agosto 2002

Referéndum nacional sobre el País Vasco
Cartas al Director ABC 22 Agosto 2002

El artículo 129 y la ley de Partidos
JORGE TRÍAS ABC 22 Agosto 2002

23 demostraciones de la vinculación con la banda
N. C. ABC 22 Agosto 2002

Autonomías, en clave de realidad
Enrique Badía La Estrella 22 Agosto 2002

Motivaciones electorales
RAMÓN PI ABC 22 Agosto 2002

Garzón «made in Euskadi»
Lorenzo CONTRERAS La Razón 22 Agosto 2002

Conveniencia y unión
Iñaki EZKERRA La Razón 22 Agosto 2002

Abrir el silencio
LUIS DANIEL IZPIZUA El País 22 Agosto 2002

Tres escenarios para Euskadi
JAVIER ELZO  El Correo 22 Agosto 2002

Episcopales responsabilidades
José Javaloyes La Estrella 22 Agosto 2002

LA INTOLERABLE AMENAZA DE OTEGI PONE AL PNV ANTE SU CONTRADICCION
Editorial El Mundo 22 Agosto 2002

No fue ayer la primera vez que la visión de un Arnaldo Otegi con gesto crispado, dedo amenazante y tenebrosas proclamas de «emergencia nacional» estremeció a la opinión pública. Pero este último desafío del líder proetarra -cuando el Congreso, el Gobierno y Garzón han encarado la recta final para dejar a su partido fuera de la ley- tuvo dos novedades. Primera, lanzó su escalofriante intimidación rodeado de los actuales dirigentes de Batasuna y de los históricos de HB y EH. Jon Idígoras incluso hizo su aportación al victimismo por el que los nazis siempre le daban la vuelta a sus propias atrocidades: «Sólo faltan las cámaras de gas y los campos de concentración».

Pero la novedad más importante y con mayores consecuencias políticas para el futuro del País Vasco es que el objetivo de las amenazas de Otegi no fueron ayer el Gobierno central, ni el PSOE, ni las Fuerzas de Seguridad, sino el Gobierno vasco, al que advirtió que tendrá que «asumir las consecuencias» si utiliza los «mecanismos de los que dispone» para «colaborar con la estrategia genocida del Estado».

El reto del brazo político de ETA sitúa al PNV ante sus propias contradicciones. Los nacionalistas protegen a Batasuna oponiéndose a su ilegalización, a pesar de tener claro que forma parte del entramado de ETA. Pero, en tanto que tienen la responsabilidad del Gobierno vasco, han de cumplir y hacer cumplir la legalidad emanada de las leyes y los tribunales. Si Garzón suspende en los próximos días la actividad de Batasuna, será la Ertzaintza la encargada de ejecutar la orden judicial. Y si el Supremo ilegaliza a este partido, a Ibarretxe no le quedará más remedio que ordenar el cierre de sus sedes, provocando «un escenario» que Otegi dice no desear. Así pues, el PNV tendrá que retratarse si finalmente los tribunales ilegalizan Batasuna. El lehendakari aseguró ayer que su Gobierno «cumplirá la legalidad como es debido», pero Arzalluz advirtió que ningún tribunal «decente» tomaría esta decisión porque no se puede ilegalizar un partido por hechos anteriores a la Ley.

Aquí se nota que el líder del PNV se está quedando sin argumentos.Las 23 acciones de Batasuna que vulneran los supuestos previstos en el artículo 9 de la Ley de Partidos, recogidas en el informe de los servicios jurídicos del Estado, son -todas y cada una- posteriores a la entrada en vigor de la norma. En ellas se incluyen desde el boletín de ETA que expresa sus conexiones con Batasuna hasta los gritos en favor de la banda terrorista en las manifestaciones de este partido, pasando por las amenazas a la alcaldesa de Lasarte, los homenajes de sus alcaldes a los condenados por terrorismo y los autos de Garzón.

Pero la mejor prueba para desmontar el falso debate de la retroactividad planteado por Arzalluz -quizá porque ya no le queda otro- es esa foto en la que hacen causa común el ayer de HB con el hoy de Batasuna.

Batasuna exige claridad al PNV
Por CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN ABC 22 Agosto 2002

Quienes se empeñan en sostener el retorcido argumento de que la ilegalización de Batasuna es algo pretendido por la misma ETA por las ventajas que le reportará, o bien una medida inútil que no cambiará nada sustancialmente, tendrán que explicarnos entonces a qué se debe el creciente clima de histeria que parece apoderarse de Batasuna.

La rueda de prensa de ayer fue toda una demostración de este proceso. A las amenazas genéricas habituales se añadió una muy concreta e importante, aunque expresada de forma un tanto elíptica: la exigencia de que quienes tienen medios para aplicar las medidas en curso contra Batasuna se abstengan de hacerlo o, en caso contrario, se enfrenten a las consecuencias. Lo cual, hablando en plata, es una advertencia a los partidos nacionalistas, al Gobierno vasco y a la Ertzaintza para que opten de una vez por la ilegalidad y la desobediencia al Estado, rechazando acatar las órdenes judiciales contra el escaparate legal del terrorismo nacionalista. Esto sólo cabe interpretarlo como una amenaza en toda regla contra el PNV, al que quizás no le sirva de nada ese insostenible voto contrario a la ilegalización. Al PNV y EA pueden salirle muy caras sus bravatas de ruptura y pronunciamientos unilaterales de los últimos tiempos.

ETA ha tomado nota y reclama el paso de los discursos a los hechos. Por eso exige al nacionalismo gobernante que se decida de una vez y elija entre estar contra ellos o de su parte. ETA interpreta que el mantenimiento del pacto nacionalista en vigor requiere que el PNV opte también por ilegalizarse voluntariamente, desobedeciendo a los jueces y equiparándose así a Batasuna o, en caso contrario, asuma las agresiones, atentados y asesinatos que hasta ahora ha reservado a los constitucionalistas. De manera que, pese a lo que digan los detractores de la ley de Partidos, cuando menos el proceso en marcha tendrá la virtud de clarificar la situación de modo definitivo, acabando con los falsos neutrales y los parásitos de la situación. Que no es poco, sino mucho, y condición necesaria para un fin rápido del terrorismo

Razones de Estado
Por LUIS IGNACIO PARADA ABC 22 Agosto 2002

Por mucho que ronde en las cabezas de quienes buscan las máximas garantías jurídicas el aforismo escolástico de que «el hecho de tener muchas razones no significa que se tenga más razón», es indiscutible que rara vez un documento ha aportado tantos argumentos valiosos para documentación de los jueces como el que ayer hizo público la abogacía del Estado. Son treinta páginas de fundamentos básicos para interponer demanda de declaración de ilegalidad de Batasuna, de acuerdo con la Ley Orgánica de Partidos Políticos.

Francisco Tomás y Valiente, ex presidente del Tribunal Constitucional, asesinado por ETA escribió en una ocasión que «el mayor enemigo del Estado es la mala razón de Estado». Se refería a que en el siglo XVII se contraponían la mala y la buena razón de Estado. La mala es, obviamente, aquella que reviste la forma del sometimiento del Derecho a la divinización del poder, al estilo de las razones que pudieron llevar a la creación de los GAL. La buena es la que, según los teóricos de la Contrarreforma consiste en la subordinación del poder y sus instrumentos a la defensa de la vida, la paz, el Derecho, la ética y la moral. En la mala razón de Estado se han refugiado a menudo, ambiciones, miedos, sinrazones, y un ejercicio desmedido del poder en la persecución de fines no siempre legítimos ni legitimados que, al estilo del Estado maquiaveliano intentaba convencer de que un ataque al gobierno era siempre una asechanza contra el Estado.

Las 23 razones que aporta la abogacía, las citas textuales de dirigentes de Batasuna que prueban su vinculación con ETA, la legislación comparada y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos aportan suficientes razones de Estado para que la conciencia más escrupulosa no pueda encontrar un escape para los melindres.

Josef Mengele y José María Setién
Por M. MARTÍN FERRAND ABC 22 Agosto 2002

Afortunadamente para todos José María Setién, al que dicen emérito en traición al Diccionario, escogió el camino del sacerdocio y no el de la medicina. La salud del alma, más elástica, requiere menos objetividad que la del cuerpo, tremendamente concreta, por la misma razón que un pecado es algo más abstracto que un cálculo biliar y de etiología muchísimo más confusa. Dice monseñor Setién que la paz en el País Vasco -¿hay guerra o hay delito?- exige un «acuerdo de racionalidad política». ¿Se puede hablar de política, conforme a la razón, cuando andan por medio grupos como Batasuna y ETA, que se ejercitan en la dialéctica de la violencia y la retórica de las pistolas? La caridad, la máxima virtud cristiana, puede, y hasta debe, conducir al perdón, pero nunca al desvarío.

De no darse ese acuerdo que Setién ha predicado en la Universidad Catalana d´Estiu, «estaremos esperando a ver si Aznar termina con ETA o a ver si ETA termina con la paciencia de Aznar». Sería muy difícil encontrar un uso más abyecto de la simetría analítica y por eso digo que tenemos la fortuna de la dedicación de Setién al sacerdocio en el que, por cierto, ha hecho buena carrera. Una teoría muy parecida le llevó al tristemente célebre doctor Josef Mengele, después de haber estudiado en profundidad la diferencia de las mandíbulas inferiores de las distintas razas, a investigar, en sus macabros laboratorios de Auschwitz, la respuesta ante distintos estímulos dañinos de personas se-mejantes. ¿Cuántos hermanos gemelos asesinó el nazi en su delirante búsqueda científica?

Equiparar a José María Aznar, un presidente salido de las urnas, con una banda de asesinos, aparte de la calificación moral que se ahorran los colegas del obispo, es políticamente improcedente, humanamente indigno, socialmente provocador e intrínsecamente perverso. ETA no quiere acabar con la «paciencia» de Aznar. Quiso hacerlo con su vida y consiguió que saltara por los aires del mismo modo que se ha llevado por delante, en ejercicio muy poco político y nada racional, a un millar de personas honradas: niños, mujeres, clientes de supermercado, políticos democráticos, militares con y sin graduación, policías diversos y paisanos en general. ¿Qué simetría puede establecerse entre lo uno y lo otro sin arrancar de un eje, literalmente, diabólico?

No dudo de la rectitud de intención de monseñor Setién y hasta es posible que Mengele, cuando hacía morir de frío o de asfixia, tratara de avanzar por los senderos de la ciencia; pero la sociedad tiene que defenderse ante el desatino y la desproporción. Los de Setién, que claman al cielo, son de responsabilidad vaticana.

Garzón
Por CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 22 Agosto 2002

El juez puso una X en la cúspide del GAL, en la instrucción del proceso a Amedo y Domínguez, ha demostrado, después de cuatro años de investigaciones, que Batasuna es ETA, como lo es todo el entramado de organizaciones paralelas. Tanto en un caso como en otro, Garzón aparece como un profesional que empeña todos sus recursos, incluida la seguridad personal, en la defensa del Estado de Derecho. Para él, es irrelevante que el violador de la ley pertenezca al aparato mismo del Estado o que sea el organizador de la subversión contra éste.

Yo no sé si, como dicen algunos, el juez Garzón se mueve por un desmedido afán de notoriedad. En todo caso, eso tendría que ver con la explicación de su personalidad pero en absoluto con los intereses de la sociedad y con los imperativos de la Justicia. Puestos a movernos en el plano de las sospechas y del psicologismo, habría que entrar también en las claves del comportamiento de los magistrados que militan en la pasividad ante el terrorismo y que podrían ir desde la cobardía a (lo que aún sería más grave) ciertas inconfesables connivencias ideológicas con los independentistas.

Garzón está salvando el honor de la magistratura del mismo modo que la están deshonrando todos aquellos magistrados que, para condenar a determinados miembros de Batasuna, necesitan comprobar que llevan el carné de ETA en la boca. Porque la existencia de Batasuna después de dos décadas (HB, EH) no sólo se explica por los complejos de nuestra sociedad neodemocrática y por la confusión entre libertad de pensamiento y subversión organizada de muchos de nuestros pensadores, periodistas y políticos sino por ese estado de perplejidad moral tan característico del llamado poder judicial y que tan poco poderoso se muestra con los partidarios del Terror.

Quizá por todo esto, los nacionalistas vascos han querido siempre que la ilegalización de Batasuna quedara en manos de los jueces. Hasta que ha llegado un juez que ha decidido «suspender» las actividades de esta ETA travestida, de tal manera que ya nadie podrá confiar en la posibilidad de dilatar, entorpecer y retrasar los mecanismos de la ilegalización hasta después de las elecciones municipales vascas. Tampoco el pasado de Batasuna quedará impune.

La acusación de personalismo, que se ha hecho como frecuencia a Garzón, se viene abajo en esta ocasión. Desde el primer momento apoyó la ley de Partidos. Suya es la recomendación: «aplíquese ya; las leyes no se hacen para exhibirlas en las estanterías de las bibliotecas». Para él no hay contradicción entre la ley de Partidos y la vía judicial: la suspensión sería el heraldo de la ilegalización. Como escribía ayer el editorialista de ABC, la iniciativa de Garzón es la culminación de la estrategia estatal, decidida a apurar todos los resortes legales para poner fin al terrorismo.

El poder judicial, el más terrible según Montesquieu, ha dado el salto que no esperaban los nacionalistas: ha pasado de juzgar a individualidades a la persecución de la organización, del «partido». Si éste puede conseguir subvenciones ¿por qué no, recibir sanciones? Si puede ser autorizado para actuar ¿por qué no puede ser desautorizado?

Dicen algunos -y yo he llegado a sospecharlo- que Baltasar Garzón necesita alimentar el ego constantemente, que está en la carrera transnacional, que aspira al Nobel, que busca una salida brillante en un hipotético tribunal internacional... No podemos asegurarlo. En cambio sí podemos afirmar con toda rotundidad que su contribución arriesgada, siempre en el filo de la navaja, es para la sociedad española promesa de paz y seguridad.

El terrorismo corruptor
José A. SENTÍS La Razón 22 Agosto 2002

Las últimas actitudes de algunos partidos sobre la iniciativa parlamentaria de deslegalizar Batasuna, además de dar algo de pena, sólo sirven para recordar la naturaleza corruptora del terrorismo. Acostumbrados a hablar de la corrupción en el sentido económico, nos cuesta relacionarla con el territorio moral. Pero corrupción es la renuncia sumisa a la libertad, la pusilanimidad. Es corrupción permitir, a cambio de recompensa de inmunidad, la degradación de los valores; la aceptación de un nuevo reparto de clases entre los que viven amenazados y los que disfrutan de impunidad; la transigencia de un statu quo represivo con la excusa de que algo habrá hecho el que merece la represión.

El terrorismo ha logrado, con tiempo y paciencia, invertir la carga de la prueba de moralidad. El que tiene que demostrar que es inocente es el asesinado, porque el que utiliza la violencia tiene una justificación histórico política. Por eso, hay quien propone diabólicamente que sean las víctimas las que dialoguen, y quienes dicen que nunca hay suficientes pruebas para acusar a los verdugos.

La naturaleza corruptora del terrorismo se demuestra en su capacidad para generar pasiones negativas. Se puede empezar con la venganza, y algo se ha visto en España. Por supuesto, es difícil que no cause odio. Todavía más fácil es que siembre cobardía. Pero, lo peor de todo, es que derive en la peor de las corrupciones, la intelectual. Lo es, por ejemplo, el enorme esfuerzo de muchos para justificar elípticamente el terrorismo, y a quienes lo practican por la vía civil o militar, con el argumento de la libertad política. Con la excusa de la libertad de expresión.

¿Se emplearían estas excusas al hablar de otros crímenes espantosos? ¿Se plantearía la libertad sexual para justificar una web de pederastas en internet? ¿Por qué se apela a la libertad política para mantener en la legalidad a una banda de delincuentes y no se apela a la libertad de movimientos para aprobar la trata de blancas?

Hasta que la gente no se convenza de que hacer apología del terrorismo es lo mismo que ensalzar la violación, o que el asesinato de la niña de Santa Pola tiene la misma consideración moral que el de las niñas de Soham, aquí no va a haber manera de afrontar el problema. Y me sigo preguntando: ¿Se hubiera abstenido CiU de la deslegalización de un grupo de apoyo al asesinato infantil? ¿Hubiera votado en contra el PNV de la ilegalidad de una organización dedicada al secuestro, a la coacción, al chantaje, a la tortura? La duda en la confrontación contra mafias organizadas que vulneran la ley es la peor de las corrupciones, la más abyecta, la más insidiosa, la definitivamente cobarde.

Garzón embarga las subvenciones electorales a Batasuna
Madrid. Agencias ABC 22 Agosto 2002

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dictó hoy un auto por el que ordena embargar 2. 604. 144 euros (más de 433 millones de pesetas) que el Estado debe a Batasuna en concepto de subvenciones
electorales desde los años 80.

La Administración se negó a abonar esta cantidad a la coalición abertzale y se abrió un proceso judicial que ha terminado con una cuestión de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional, órgano
que todavía no ha resuelto.

La decisión de Garzón se enmarca en el auto que dicto el pasado 3 de julio, por el que declaró a Batasuna responsable civil subsidiaria de los daños por "kale borroka" cometidos por los jóvenes de la organización Segi, sucesora de Jarrai y Haika, antes de junio de 2001. Así, obligó a esta formación política a pagar 24, 3 millones de euros y embargó 109 cuentas y 75 herriko tabernas.

Asimismo, el magistrado pidió el pasado mes de julio un informe al Ministerio de Interior para conocer a cuánto ascendía el dinero que, por sentencia del Tribunal Supremo, debía pagar el Estado a Batasuna en concepto de subvenciones electorales no abonadas.

Tras conocer que la cantidad era de 2, 6 millones de euros, Garzón, con el auto dictado hoy, se ha adelantado a la resolución del Constitucional y señala que "la medida se hace necesaria con el fin de que, si se pagara la suma, ésta no desaparezca en poder de la entidad afectada".

Por ello, el juez de la Audiencia Nacional insta al "organismo que corresponde" a que, en caso de que el alto tribunal ordene entregar los 2, 6 millones de euros a Batasuna, se deposite esta cantidad en la cuenta bancaria a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 5, del que Garzón es titular.

En el auto del pasado 3 de julio por el que declaró la responsabilidad civil solidaria de Batasuna en los daños de la "kale borroka", valorados en 24, 3 millones de euros (3. 993 millones de pesetas), Garzón señalaba que si no se consignaba esta cantidad acordaría el embargo del dinero, valores, bienes muebles e inmuebles de los que sea titular, directa o indirectamente, o a través de sus miembros, la organización Herri Batasuna-Euskal Herritarrok-Batasuna.

Además, advertía de que el embargo también recaería contra los créditos que pueda tener concedidos y las subvenciones que perciba. El juez acordó la responsabilidad civil solidaria de Batasuna, junto con la de las demás organizaciones del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), integradas en ETA, en los actos de "kale borroka" que protagonizaron miembros de Segi, bajo el argumento de que suponen un "beneficio conjunto" al complejo de estructuras que componen la organización armada bajo el principio de la "complementariedad".

La hora de la dignidad democrática
PATXI LÓPEZ El País  22 Agosto 2002

Patxi López es secretario general del PSE-EE (PSOE).

Recuerdo las circunstancias traumáticas en que accedí a la Secretaría General del PSE, tras la celebración del Congreso extraordinario. Fue bajo la sombra del asesinato, por ETA, de nuestro compañero, el concejal socialista de Orio Juan Priede. En aquel ambiente de conmoción, y en mi intervención ante los delegados al Congreso, recordé que 'los asesinos de Juan y sus cómplices andan sueltos, libres y seguros por las calles de nuestros pueblos y ciudades, mientras que sus víctimas, en el mejor de los casos, se quedan secuestradas en sus domicilios'.

Me hacía eco, a través de este ejemplo, de la situación radicalmente anómala que se vive en Euskadi y que se caracteriza por el hecho de que quienes se mueven en el marco de la ley tienen que vivir escondidos como criminales por defender unas determinadas ideas, mientras que quienes se ríen de la legalidad democrática, la quebrantan sistemáticamente y jalean o no condenan el terrorismo, se pasean como dueños del país y con su libertad de expresión intacta. Y ya va siendo hora de acabar con esta anormalidad, que constituye un verdadero escándalo, aunque sólo sea por un elemental sentido de vergüenza democrática.

No se puede seguir soportando que quienes apoyan sin el menor pudor a los liberticidas en el País Vasco se burlen continuamente de nuestra democracia. Nadie puede entender a estas alturas que, mientras hay concejales socialistas y del PP que son acosados hasta la muerte por el terrorismo y sus cómplices, éstos no sientan a su vez el acoso legítimo del Estado de derecho.

No es asumible, y cada vez lo entiende menos gente, que haya representantes del pueblo perseguidos ilegalmente por defender sus posiciones políticas, sin que se reprima a los perseguidores y a quienes les instigan con toda la fuerza de la ley. Por estas razones, y bastantes más que podrían aportarse, el partido socialista ha defendido y pactado con el Gobierno central la modificación de la Ley de Partidos, y ha apoyado sin reservas la puesta en marcha del proceso de ilegalización de Batasuna.

Durante demasiados años, la democracia española ha mantenido actitudes sumamente prudentes con el entorno político de ETA. Los demócratas hemos alimentado la esperanza de que Herri Batasuna pudiera liberarse de la tutela de ETA y aceptara las reglas de juego del sistema de libertades. La espera ha sido prolongada, y el tiempo se ha agotado. A estas alturas resulta a todas luces evidente que HB (sea cual sea el nombre con que se disfrace) no tiene intención de independizarse de ETA, porque forma parte del mismo entramado.

No resulta, pues, en modo alguno coherente perseguir policialmente a ETA y dejar que sus colaboradores políticos operen en la legalidad. Para los socialistas, la unidad democrática frente al terrorismo, eje de nuestra política de libertades, exige que los partidos y las instituciones mantengan comportamientos claros y coherentes respecto a Batasuna. Por eso, propusimos en su día en el Parlamento vasco que los partidos democráticos se negaran a considerar siquiera las iniciativas de esta fuerza política en tanto no condenara abiertamente la violencia.

Por la misma razón, somos también partidarios de su marginación legal. Porque no puede haber en democracia formaciones políticas que, amparándose en el sistema democrático, lo utilicen para dar cobertura, financiar o procurar la comprensión social del terrorismo. Eso es, sencillamente, atentar contra la democracia. Y la democracia se tiene que defender, sobre todo cuando peligra. Porque en el País Vasco la ofensiva terrorista está erosionando seriamente pilares fundamentales de una sociedad democrática: el principio de representación popular, la libertad de pensamiento, de expresión, de cátedra, de prensa, la igualdad política son prácticamente inexistentes cuando una mitad de la sociedad vasca, la no nacionalista, carece de las mismas oportunidades y no está en las mismas condiciones que la otra para difundir sus ideas.

Ignoro los beneficios a largo plazo que la nueva Ley de Partidos aportará al combate contra el terrorismo. No creo, en cualquier caso, que sea menor el de introducir mayores dosis de credibilidad social en las instituciones democráticas y en el sistema de libertades. Porque no hay nada más letal para la democracia que permanecer de brazos cruzados cuando se atenta contra ella.

Resulta, por eso, pintoresco, cuando no abiertamente obsceno, sostener, como lo hace el nacionalismo vasco junto con la Izquierda Unida de Javier Madrazo, que la Ley de Partidos haya nacido con vocación de ilegalizar ideas, con la pretensión estratégica de dejar al nacionalismo en su conjunto fuera de la ley. Lo que se pretende, por el contrario, es ilegalizar conductas que no se ajusten a las reglas del juego democrático, precisamente para garantizar la igualdad de condiciones de todos los partidos políticos.

La Ley de Partidos no le está pidiendo a Batasuna nada distinto a lo que exige a cualquier otra fuerza política para ser legal, sea el PNV, el PP, el partido socialista... o Aralar, formación, esta última, que, compartiendo la misma ideología que Batasuna, ha cortado públicamente con la estrategia del terrorismo y no parece sentir ese temor que dicen sentir los dirigentes del PNV a una posible ilegalización por el hecho de ser independentista. Posiblemente sea bastante mayor el miedo que le inspiren sus antiguos compañeros que el que pueda albergar con respecto al Estado democrático.

Sería, por eso, bastante más sensato que el nacionalismo, que gobierna en Euskadi, que en lugar de buscar excusas para no comprometerse afrontara abiertamente sus responsabilidades para hacer causa común con la democracia. Desgraciadamente, en esta ocasión, como en tantas otras de su historia, el nacionalismo, acompañado en esta ocasión de la IU de Madrazo, se ha limitado a escurrir el bulto, perdiendo la oportunidad de ponerse al frente de la defensa de las libertades de todos, que son también, y principalmente, las de los ciudadanos del País Vasco. Ha preferido, por consideraciones electorales y con la vista puesta en los votos de Batasuna, fomentar un victimismo útil para cerrar filas, pero sin base en la realidad, porque somos otros quienes ponemos las víctimas.

Desorienta y desmoraliza con esa actitud a una gran parte de la población vasca, huérfana de liderazgo institucional para hacer frente al terrorismo y su sistema de valores. Y da la espalda también a las mejores tradiciones democráticas del nacionalismo, traicionando el espíritu del lehendakari Aguirre, quien argumentaba su apoyo a la República española amenazada por la insurrección militar de Franco afirmando que, entre el fascismo y la libertad, había que optar siempre por la libertad. No parece ser ese espíritu, en el que fueron educados tantos militantes del PNV, el que rige ahora en un nacionalismo dirigido por los añorantes del aranismo más reaccionario.

Evidentemente, hay que decirlo también, la aplicación de la Ley de Partidos no agota, ni mucho menos, las posibilidades de acción política para hacer frente, con mayor eficacia y con más espíritu de diálogo y de unidad democrática, al terrorismo y los graves problemas de crispación y división social que el terrorismo ha introducido en el País Vasco.

Ni excusa, por tanto, las responsabilidades exigibles al Gobierno central para que impulse un diálogo institucional a fondo con el Gobierno vasco tendente a acordar políticas compartidas para hacer frente al enemigo común de los demócratas y del sistema de libertades. Un diálogo institucional prácticamente inédito, y no sólo por falta de voluntad del Gobierno de Ibarretxe. Tampoco se ha intentado por parte del Gobierno de Aznar, más preocupado por agrandar y agravar las diferencias y polémicas con el nacionalismo gobernante que por buscar puntos de entendimiento. Por eso, todavía hoy no existe una verdadera política para resolver el problema que ETA representa. Una política con mayúsculas, global, compartida por todos los partidos e instituciones, complementaria de la acción policial y que facilite y precipite el fin del terrorismo. Hasta que no lleguemos a ese grado de entendimiento, lo que el terrorismo pierda por la vía policial lo irá ganando por la vía política.

Y, por ceñirnos al momento presente, tampoco estaría mal que el Gobierno de Aznar administrara con prudencia el amplio consenso alcanzado con las fuerzas políticas, y más particularmente con el nacionalismo catalán, en torno a la Ley de Partidos. En este sentido, considero desproporcionada la reacción del PP y su Gobierno por la abstención de CiU en la votación de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para iniciar los trámites de ilegalización de Batasuna. No es así como se mantiene el espíritu de entendimiento en cuestiones que desbordan ampliamente los intereses partidistas. Y, por otra parte, cabe preguntarse con preocupación: un Gobierno que reacciona de manera tan sectaria ante sus aliados más directos, en cuanto surge la primera discrepancia, ¿está en condiciones de emprender un verdadero diálogo con el nacionalismo que gobierna en el País Vasco?

Reacciones anómalas
Editorial El Correo 22 Agosto 2002

El funcionamiento armónico de las instituciones y su propia legitimación en las sociedades libres requiere que todo juicio sobre la actuación de jueces o tribunales en el desempeño de su cometido jurisdiccional -sea en sentido favorable o discrepante- haya de ser expresado con mesura y rigor conceptual, especialmente por parte de quienes ostentan cargos de responsabilidad o representación política. La reacción mostrada por dirigentes nacionalistas y responsables del Gobierno vasco ante la resolución del juez Garzón que, previo informe de la Fiscalía y tras oír las alegaciones de la formación encausada, podría llevar a la suspensión cautelar de las actividades de Batasuna por causa de su «integración aparente en el complejo terrorista» no sólo reflejan un anómalo comportamiento, sino que demuestran hasta qué punto la proximidad ideológica con los afectados por tal medida está siendo, al final, el motivo que aflora cada vez que el Estado de Derecho traduce en iniciativas legislativas o en actuaciones judiciales el clamoroso reproche político y moral de que es objeto la izquierda abertzale por su complicidad y dependencia respecto a ETA.

Las palabras pronunciadas ayer por el presidente del EBB o por el consejero de Justicia del Gobierno Ibarretxe revelan que el nacionalismo gobernante no trata de formular una crítica razonada y puntual en relación a las dudas o preocupaciones que pudiera suscitar la resolución del juez de la Audiencia Nacional. De igual forma, con el transcurso de los días, su radical oposición a la aprobación de la Ley de Partidos y a la aplicación de los supuestos contemplados en su artículo 9 para la ilegalización de Batasuna ha dejado de apelar a criterios constitucionales. Conviene recordar que, desde el momento en que populares y socialistas acordaron promover cambios legislativos que permitieran situar a la formación radical fuera de la legalidad, los dirigentes del nacionalismo democrático han silenciado toda censura dirigida a las connivencias entre Batasuna y ETA. Al final, el nacionalismo gobernante está proyectando hacia sus bases y, lo que es más grave, en su propia acción de gobierno un mensaje tan inequívoco como pernicioso: la idea de que Batasuna y su comportamiento tienen cabida en un sistema democrático, y de que el sistema dejará de ser democrático en el momento en que niegue a Batasuna su sitio en la legalidad. El arrope que objetivamente prestan PNV y EA para que todo siga igual en la izquierda abertzale y las amenazantes advertencias con que Arnaldo Otegi se dirige hacia ambas formaciones describen una elocuente simetría que, si bien no podría nunca llevar a la conclusión de que los partidos de Arzalluz y Errazti actúan así por miedo, no encuentra otra explicación que la existencia de un interés mutuo. Porque, al igual que el rupturismo terrorista trata siempre de subirse a los hombros del victimismo reivindicativo del nacionalismo gobernante para hacer valer su impostura, el nacionalismo gobernante no podría proyectar un futuro soberanista sin los votos o los escaños que administra la Mesa Nacional.

Garzón mete la directa
Enrique de Diego Libertad Digital  22 Agosto 2002

Sea por la vanidad del personaje, incapaz de ceder protagonismo, sea por coherencia en los principios, Baltasar Garzón no sólo se ha adelantado al Parlamento, sino que ha hecho algo tan sencillo como dar un tajo al nudo gordiano, sin entretenerse en desliar la madeja. La cuestión, al margen de circunloquios, es que Batasuna no es otra cosa que ETA. Eso hace accesorio el persistente debate sobre los sentidos de los silencios clamorosos. Es mucho más evidente el grito habitual de “ETA, mátalos”.

El gesto de Garzón pone en berlina muchas cosas. También al sistema judicial, en cuanto que la ilegalización de Batasuna por la vía de la Ley de Partidos es la consecuencia de muchas cesiones de la Judicatura, de la inexistencia de un Estado de Derecho comprometido. Hay sentencias recientes bien significativas en el sentido apuntado. Y nadie las tiene todas consigo respecto a la Sala Especial del Tribunal Supremo.

Batasuna es ilegal no porque se la ilegalice, como voluntad política, sino porque de hecho lo es, porque no es otra cosa que la banda terrorista utilizando en pro del asesinato los beneficios del sistema. Entre otros, los económicos. Es obvio que el Gobierno de Ibarretxe la subvenciona generosamente, puesto que gobierna gracias a ella, en muchos sentidos, también en el estrictamente parlamentario.

La vía penal de Garzón pone en evidencia las dudas metódicas y los argumentos de leguleyo de los nacionalismos periféricos y de la declinante Izquierda Unida, porque entra dentro de los sencillos silogismos lógicos de la estricta realidad: si Batasuna es igual a ETA, y la cuestión cae por su propio peso, es una obviedad que no precisa demostración, aunque ésta sea persistente, Batasuna ha de ser tan ilegal como ETA. Incluso antes de un debate de eficacia en la lucha contraterrorista, lo es sobre los principios, sobre el sentido común y los fundamentos del Estado de Derecho. No puede ser legal promover el asesinato. Sean muchos o pocos los homicidas.

Estertores de muerte
Ignacio Villa Libertad Digital  22 Agosto 2002

Con un mínimo de proyección histórica deberíamos marcar y señalar en rojo en el calendario, todo lo que está ocurriendo estos días del mes de agosto. Ante la inminente ilegalización de Batasuna, la banda terrorista ETA y su brazo político han utilizado los viejos resortes de amenazas, de advertencias y de insultos pensando que el resultado podría ser el del temor y la falsa prudencia. Y se han encontrado de bruces con la contundencia, la claridad y la eficacia de la ley. Ante la legalidad, las "machadas" de Batasuna se quedan en una simple pataleta.

El dato que ha hecho público el Gobierno habla por sí solo. En veintitrés ocasiones Batasuna ha violado la Ley de Partidos. En dos meses. Hasta ahora, ante esa actitud de ilegalidad que ha sido la habitual en los cómplices de ETA, no había mecanismos legales, que ofrecieran una segura eficacia para atajar una situación establecida fuera de la ley. Las iniciativas emprendidas –tanto la ilegalización de Batasuna como la suspensión de actividades del citado partido político– tienen como objetivo poder dar carta de naturaleza con la ley en la mano a una realidad. Batasuna desde hace años actúa fuera de la legalidad. Batasuna ofrece desde siempre un apoyo incondicional al terrorismo; es la estructura sobre la que se organiza el apoyo logístico y económico a los terroristas. Es, en definitiva, la cobertura política de una amplia organización terrorista.

Batasuna se siente acorralada. Rodeada por todas partes y sin una posible salida. La irrupción de Arnaldo Otegi en la escena, con sus habituales "bravuconadas", nos enseña que el nerviosismo está perfectamente asentado en los cómplices de ETA. Ellos siguen amenazando a todo el que se mueve, insultando a unos y a otros. Pero está vez no es suficiente. Esta vez va en serio. Es el principio del fin. Los batasunos saben perfectamente que pueden estar asistiendo a las últimas horas de su "aparente" organización política. No hay tiempo para más ficción. Batasuna es ETA y ya no hay más dudas. Batasuna es ETA y por lo tanto es también terrorismo en estado puro. La falacia ha terminado. Por desgracia, no hay que descartar que reaccionen con atentados y con coches-bomba, pero ciertamente esa reacción sería la misma sin ilegalización. ETA mata y sólo sabe matar. Por lo tanto, una teórica reacción violenta de los terroristas no podría ser nunca una excusa para no llevar adelante las iniciativas emprendidas para ilegalizar a Batasuna.

Y mientras los batasunos comienzan a ser conscientes de que pueden estar viviendo sus últimos días como partido político, el nacionalismo vasco se encuentra en una situación considerada como el mayor de los ridículos. El nacionalismo vasco que siempre ha jugado a la indefinición oficial y a la complicidad bajo cuerda con Batasuna se encuentra entre la espada y la pared. Los actuales dirigentes del nacionalismo están donde se merecen, han llegado al lugar que ellos mismos se han buscado. El PNV y EA no pueden ahora asombrarse por lo que está pasando. Su inoperancia, su incongruencia, su ineptitud, pero especialmente su miedo y su temor a los terroristas, les ha conducido a la trampa en la que se encuentran. Los nacionalistas vascos han buscado unos aliados políticos que ahora pueden ser ilegalizados. Los nacionalistas vascos han jugado con fuego, han coqueteado con los cómplices del terrorismo y ahora han quedado en evidencia. Mientras que no reconozcan su error, seguirán fulminando su propio futuro político. Aquellos que se dejan dominar por el miedo en política, al final, terminan siendo víctimas de sus propios errores.

Martín Fiz da una lección al director de la TV vasca
J. Arias Borque - Madrid.- La Razón 22 Agosto 2002

La retransmisión por parte de la EITB del chupinazo alternativo realizado por jóvenes proetarras en detrimento del oficial del ayuntamiento durante las fiestas de la Virgen Blanca de Vitoria ha creado un fuerte cruce de declaraciones entre los protagonistas. El alcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, acusó ayer al director de EITB, Andoni Ortuzar, de «humillar a todos los vitorianos» por lo que consideró una «flagrante manipulación» durante la retransmisión del chupinazo alternativo lanzado por Batasuna.

El atleta Martín Fiz, que fue uno de los encargados de presentar el programa de inicio de las fiestas envió al regidor vitoriano una carta a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, en la que denuncia que un directivo de EITB «impuso» la retransmisión del chupinazo alternativo y se puso a disposición de la ciudad para tomar medidas legales contra la televisión autonómica.

El director general de la televisión vasca, Andoni Ortuzar, que mandó una carta de disculpa al alcalde vitoriano en la que responsabilizaba del hecho a los presentadores, a la que también ha tenido acceso este periódico, negó ayer «de manera rotunda y tajante» que un directivo de EITB ordenara emitir el chupinazo de Batasuna en detrimento del oficial y calificó el hecho como «fruto de la confusión del momento».

Por su parte, el PP solicitó la dimisión de Ortuzar porque, en palabras del parlamentario Carlos Urquijo, «el nacionalismo no puede hundir más el crédito de ETB». Urquijo explicó que del desmentido del atleta Martín Fiz a la versión dada por el director de EITB «se evidencia el comportamiento sectario» del ente público autonómico. «Ortuzar no sólo ha faltado a la verdad, sino que en vez de reconocer la consigna dada a favor de Batasuna, prefiere dejar en evidencia a un invitado de la categoría de Martín Fiz».

Referéndum nacional sobre el País Vasco
Cartas al Director ABC 22 Agosto 2002

La verdad, verdad de toda la historia a la que me refiero, se basa en un planteamiento tan sencillo como básico. Es decir, ¿puede un brazo proclamarse independiente del cuerpo al que pertenece? Supongo que el estatus al que desean llegar los radicales nacionalistas del País Vasco es la separación por desgajamiento del resto de la Nación. Supongo que al igual que ellos mismos pretenden con respecto al territorio de su residencia, habrá igualmente que preguntar al resto de ciudadanos de la Nación qué piensan que debe hacerse con tal desgajamiento. Aparte de que no estoy tan seguro de que un referéndum a nivel de las Vascongadas obtendría el voto favorable de la independencia, razones más que objetivas, basadas en el chantaje y las amenazas, pondrían en peligro de neutralidad la respuesta de tal consulta.

Respuesta por respuesta y maniobra por maniobra, me parece que la decisión no está en manos de los políticos, tanto del País Vasco como del Gobierno, por cuanto el debate y su propósito final sobrepasa en mucho el objetivo que cada parte pretende, por muy mayoritario que sea el voto conseguido, y para ejercer tal poder no creo que hayan recibido mandato alguno, tanto los unos como los otros.

El Gobierno se está enfrentando al hecho de provocar un conflicto en una parte de España y los gobernantes del País Vasco están siguiéndoles la maniobra por cuanto lo que en el fondo desean es la independencia, todo ello sin tener en cuenta que caerán más tarde o temprano en otra especie de tiranía. Conclusión: ¿Pregunten a los ciudadanos, tanto del País Vasco, como a los del resto de la Nación?    Antonio Francisco Moya. Madrid.

El artículo 129 y la ley de Partidos
Por JORGE TRÍAS ABC 22 Agosto 2002

La decisión del juez Garzón de iniciar los trámites, de acuerdo con lo que estipula el artículo 129 del Código Penal de 1995 en su relación con el artículo 11 de la ley de Partidos para suspender provisionalmente las actividades de Batasuna es, a mi juicio, impecable, y contarán, muy probablemente, con el inestimable apoyo del dictamen del fiscal jefe, Eduardo Fungairiño. Nadie podría imaginarse en Alemania al Partido Comunista o a las organizaciones nazis, declaradas ilegales, campando por sus respetos sin una respuesta gubernativa avalada por los tribunales, ni en Estados Unidos a la organización terrorista Al Qaida dando mítines propagandísticos sin que sus instigadores sufriesen las más severas consecuencias legales.

Lógicamente, en España, mientras la respuesta política a las actividades de Batasuna ha sido ambigua, era muy difícil que ningún tribunal se atreviese a ir contra ellos. La instrucción de cualquier causa acababa siempre en el rompeolas de la interpretación más favorable a la legalidad de sus acciones, como cuando el Tribunal Supremo sostuvo que gritar vivas a ETA no era delito y la iniciativa del fiscal general del Estado quedó en nada.

Pero ahora, que el Parlamento con el apoyo mayoritario de los partidos políticos, ha iniciado el proceso que va a llevar a la ilegalidad a todo el entramado batasuno, resulta lógico que el juez que está investigando como instructor las acciones criminales de ese partido y su conexión con ETA, de conformidad con la ley, acuerde la suspensión temporal de sus actividades. Es lo que en Derecho Administrativo se denomina «apariencia de buen derecho» («fumus boni iuris») y que conduce a la adoptación de medidas cautelares para que cuando recaiga sentencia, ésta no resulte ineficaz.

Parece más que probable que el Tribunal Supremo acuerde por sentencia la ilegalidad de esa organización política. Aunque el camino que se inició el pasado lunes con la reunión de la Diputación Permanente del Congreso es largo y laborioso, lo cual es lógico en un sistema jurídico garantista como es el nuestro. Presumiblemente, hasta diciembre, más o menos, no estará terminado todo el proceso de ilegalización y resultaría lacerante, un verdadero insulto a la cara del Estado de Derecho, que estos meses hubiesen sido aprovechados por Batasuna para magnificar la amenaza que profirió ETA a todos los partidos que apoyaran su ilegalización, sembrando de más terror, si cabe, la sociedad. Ahora habrá que estar muy atentos a cómo aplican la decisión del juez el Parlamento vasco y la Cámara Foral navarra, y cómo y en nombre de quién se expresan los miembros de la coalición nacionalista a partir de la ejecución de esta medida cautelar.

23 demostraciones de la vinculación con la banda
N. C. ABC 22 Agosto 2002

MADRID. El informe de la Abogacía del Estado destaca 23 hechos «jurídicamente relevantes» y posteriores a la entrada en vigor de la ley de Partidos, que demuestran cómo HB, EH y Batasuna vienen «incurriendo en grave vulneración de los principios democráticos». Tales hechos permiten, por lo tanto, afirmar que se dan las circunstancias para poner en marcha el proceso que conduzca a la ilegalización del entramado formado por esos tres partidos políticos.

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Vitoria emitió el pasado 5 de agosto un acuerdo, que suscribieron todos los grupos municipales a excepción de Batasuna, para condenar el atentado cometido por ETA en Santa Pola el pasado 4 de agosto. Fueron asesinados un hombre de 57 años y una niña de 6 y resultaron heridas 34 personas.

Batasuna tampoco se sumó a la condena que de ese mismo atentado hicieron todos los grupos municipales con representación en el Ayuntamiento de San Sebastián.

El Parlamento de Navarra, por acuerdo de todas las fuerzas políticas a excepción de Batasuna, expresó su «rotunda condena» del atentado de Santa Pola y su «solidaridad y sentimiento de pesar».

La condena vertida por el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona tampoco contó con los votos de los ediles de Batasuna.

El portavoz de Batasuna en el Ayuntamiento de Vitoria, José Enrique Bert, dijo el 19 de julio que su formación política «no aspira a que ETA deje de matar».

Las declaraciones realizadas por Arnaldo Otegi, portavoz de Batasuna, al día siguiente del atentado de Santa Pola «vienen a suponer tres conductas extraordinariamente graves»: en primer lugar, responsabilizó de los asesinatos a las instituciones democráticas y, en primera persona, al presidente del Gobierno; en segundo lugar, amenazó con la continuidad de las acciones terroristas, algo especialmente grave en boca de «una persona que dirige una organización política en la que militan quienes han llegado a realizar tales asesinatos», asegura la Abogacía del Estado en referencia al parlamentario batasuno y ex jefe de ETA «Josu Ternera»; en tercer lugar, Otegi «no sólo minimiza la acción terrorista, sino que expresamente la justifica y legitima para la consecución de fines políticos presentando los asesinatos, a los que se denomina simplemente como «suceso», como consecuencia de un «conflicto político»».

Batasuna no condena y, por tanto, «apoya tácitamente al terrorismo» al no suscribir el acuerdo del Parlamento vasco contra el atentado de Santa Pola. Singular relevancia tienen las palabras del diputado batasuno Antton Morcillo, quien asegura que la no condena de los atentados de ETA es «una seña de identidad» de su formación política.

Incidentes provocados el 4 de agosto por los concejales de Batasuna, que se enfrentaron «violentamente» a lo acordado por las instituciones democráticas durante el chupinazo de las fiestas de Vitoria.

En el número de julio de «Zutabe», boletín interno de ETA, la banda terrorista expresa su interés «en que su brazo político no sea ilegalizado».

En un comunicado difundido la pasada semana, ETA amenaza al conjunto de los partidos democráticos que apoyen la ilegalización de Batasuna, lo que demuestra «una vez más, la clara vinculación existente entre la banda terrorista y la organización política».

Manifestación convocada por Batasuna el pasado 11 de agosto. Al término de la misma, se profirieron gritos de apoyo y ensalzamiento de ETA.

Hechos violentos provocados por militantes y concejales de Batasuna en el Ayuntamiento de Lasarte, el 29 de junio. Impidieron a la alcaldesa socialista, Ana Urchueguia, asomarse al balcón del Ayuntamiento; le usurparon la representación al aparecer en el balcón miembros de Batasuna, cuya representación es minoritaria en el Consistorio; asimismo, colocaron en el balcón pancartas a favor de los miembros de ETA y profirieron gritos en el mismo sentido.

Negativa del «entramado Batasuna» a suscribir el manifiesto institucional en defensa del derecho a la vida, la libertad y seguridad de todas las personas presentado por Eudel (asociación de municipios vascos) y adoptado por el Gobierno, Diputaciones y Ayuntamientos del País Vasco.

No participación de representantes de Batasuna en la recientemente creada Comisión de Apoyo a las víctimas en el Parlamento vasco. Los batasunos realizaron, además, actuaciones y declaraciones que «manifiestan claramente el desprecio a dichas víctimas».

Doble militancia. Miembros de ETA con historial delictivo grave e incluso sangriento han sido incorporados a los órganos de dirección de la formación política, a las listas electorales, forman parte de los grupos parlamentarios y municipales y son presentados «como emblemáticos de su acción política».

Manifestación convocada por Batasuna, el 16 de julio en San Sebastián, ante la Comandancia de Marina. El portavoz Josetxo Ibazeta advirtió a «las autoridades estatales que no podrán pasear con impunidad por Euskal Herria».

Auto con el que el juez Baltasar Garzón declara la responsabilidad civil de Batasuna por acciones de violencia callejera.

Participación del alcalde batasuno de Ondarroa en actos de apoyo a Kepa Badiola, condenado por delitos de terrorismo.

En un gran número de municipios gobernados por Batasuna con mayoría absoluta «aparecen de manera «oficial» en la sede de las instituciones democráticas reiteradas proclamas de extraordinaria gravedad estimulando el enfrentamiento contra el Estado de Derecho, apoyando a ETA, exhibiendo el anagrama que identifica a dicha banda terrorista, o apoyando de manera expresa a militantes de la organización condenados por terrorismo y a los que se denomina «presos políticos»».

Participación de Otegi, el 19 de julio, en actos de homenaje a presos condenados por terrorismo y terroristas fallecidos.

Declaraciones expresas de apoyo a condenados por terrorismo en la página web de diversos ayuntamientos gobernados por Batasuna.

Actos de homenaje a presos de ETA en Berango promovidos por Batasuna.

Amenazas por parte de concejales de Batasuna a los ediles socialistas en el Ayuntamiento de Amorebieta, el pasado 30 de julio.

Autonomías, en clave de realidad
Enrique Badía La Estrella 22 Agosto 2002

Una de las cuestiones que más ha incidido y sigue incidiendo en el devenir político español desde hace veinticinco años ha sido la dinámica reivindicativa de los responsables autonómicos, y muy especialmente la ejercida por los nacionalistas vascos y catalanes. No ha sido el único factor importante de estas dos décadas y media, puede que ni siquiera el principal, pero sí el que se ha mantenido de forma más constante, desde antes de iniciarse las tareas para la gestación del texto constitucional.

Es innegable que pocos, acaso nadie, ni siquiera entre las filas nacionalistas, hubiese vaticinado a finales de la década de los setenta disponer de la realidad competencial que hoy ostentan las diecisiete autonomías españolas, comenzando por el País Vasco o Cataluña y siguiendo por todas las demás. Valorar si es mucho o poco desde la perspectiva presente sería otra cuestión, como asunto aparte sería analizar hasta qué punto tiene sentido la pervivencia del credo relativamente agraviado y victimista que muchos nacionalistas se empeñan en seguir practicando como eje sustancial de su discurso político.

Desde la realidad, quizás haya llegado el momento de ampliar la hasta ahora más bien laxa exigencia de cuentas a los gobiernos autonómicos por el ejercicio de las competencias y funciones que han ido asumiendo, en buena media como consecuencia del discurso exigente frente al Estado central. A lo que, en estas fechas, habría que añadir los recursos públicos asignados en el nuevo modelo de financiación de las comunidades situadas en el régimen común; algo que, de siempre, ya les era exigible a los territorios sometidos al privilegio de la foralidad: Navarra y País Vasco.

El credo nacionalista, autonomista si se prefiere, ha pivotado siempre sobre el supuesto de que la gestión de los servicios y el desempeño de las competencias son más eficaces cuanto más cercanos sean a la comunidad en que se deben aplicar. El razonamiento, a la par que sujeto al escrutinio del contraste, mantiene el flanco endeble de acotar dónde empieza y dónde concluye ese concepto de proximidad. Porque los responsables autonómicos se han mostrado y siguen mostrando tan firmes en sus exigencias para que el Estado central les transmita competencias como reacios a hacer lo propio hacia los ayuntamientos, pasando por alto su incuestionable mayor proximidad.

En todo caso, la dinámica descrita ha tenido éxito y son ya muchas las cuestiones que dependen en lo esencial o exclusivamente de los ejecutivos autonómicos. Está pendiente, sin embargo, la verificación empírica de que las cosas van mejor ahora que antes; esto es, que ha revertido en beneficio de los ciudadanos la aplicación del referido principio de proximidad. Y no cabe duda de que, sin prejuzgar en modo alguno las conclusiones, éste sería un excelente momento para evaluar si, además de envolverse en los símbolos y multiplicar sus proclamas, gobiernos y gobernantes autonómicos han sido o son la mejor alternativa para el conjunto de cada sociedad territorial.

Justificada o injustificadamente, el hecho autonómico ha disfrutado de cierta bula política, eludiendo buena parte del obligado escrutinio a que obliga el sistema democrático, tanto sin debatir a fondo una distribución de tareas que incurre en duplicidades y excluye quizás en demasía a los ayuntamientos, como escaseando la evaluación crítica del desempeño y la gestión. No parece, hacia el futuro, que perpetuar esa dinámica sea el mejor modo de afianzar el modelo de tres niveles administrativos que consagra nuestra Constitución. Apreciar sus presumibles bondades tiene que trascender el artículo de fe, sin que ello signifique recuperar conceptos jacobinos ni desandar un camino que tanto ha costado recorrer.    ebadia@hotmail.com

Motivaciones electorales
Por RAMÓN PI ABC 22 Agosto 2002

Convergència i Unió, la coalición nacionalista catalana liderada por Jordi Pujol, se abstuvo, en la Diputación Permanente del Congreso, en la votación para pedir al Tribunal Supremo la ilegalización de Batasuna, para disgusto profundo del Partido Popular y el PSOE, que habían ejercido presión sobre esa formación para que votase afirmativamente. La explicación dada por el propio Pujol y sus colaboradores ha sido coherente, pero bastante compleja. Sus líneas básicas son éstas:

CiU votó la ley de Partidos Políticos en conjunto, aunque había votado en contra del punto concreto de la Ley que establece la legitimación del Parlamento para iniciar un procedimiento de ilegalización. Llegado el caso concreto de enfrentarse a la situación de Batasuna, CiU no ha querido manifestarse contra esa ilegalización (al contrario que el PNV), sino que ha querido desentenderse de un protagonismo parlamentario del que discrepa abiertamente.

Eso, como digo, es coherente, y no puede decirse que no sea serio. Pero en política las cosas son muchas veces más como parecen que como son, porque los efectos de una decisión determinada desbordan con frecuencia sus móviles explícitos. Además, hay una motivación en CiU que se apuntó días antes de la votación, y que no se ha vuelto a repetir por parte de los nacionalistas catalanes, seguramente por buenas razones: «Alguna salida hay que dar al PNV», dijo un portavoz. Pues bien, eso es precisamente lo que una buena parte de la opinión ha percibido en la actitud de CiU el día de la votación parlamentaria: los nacionalistas catalanes quieren, en realidad, ayudar al PNV, y se escudan tras la formalidad de negar legitimación parlamentaria para un procedimiento de ilegalización de los amigos de los asesinos.

Jordi Pujol acusó a PP y PSOE de usar la ley de Partidos con fines electorales. Es posible, pero eso no quiere decir que hacer lo que hay que hacer, aunque sea con fines electorales, esté mal hecho. Es más: si buscamos móviles electorales, ¿no cabría decir lo mismo de la actitud de CiU? ¿No podrían encontrarse motivaciones electorales en una abstención que marca unas distancias con los partidos «estatalistas», aun-que esos partidos trabajen para un fin compartido, como es poner fuera de la ley al brazo político de los terroristas?

La solución, en las próximas elecciones, catalanas o generales.

Garzón «made in Euskadi»
Lorenzo CONTRERAS La Razón 22 Agosto 2002

No es la primera vez que Baltasar Garzón se adelanta a los políticos en la persecución legal de Batasuna y de la propia Eta. El superjuez de la Audiencia Nacional no parece tolerar que «su asunto», la destrucción de la banda terrorista, caiga del todo en otras manos. Esta puede ser una de las interpretaciones de su tendencia aparente al protagonismo de esta lucha. Otra visión sería considerar que el juez y el Gobierno son complementarios. Es la versión que al Ejecutivo y al PP ¬también el PSOE¬ les interesa para no desvirtuar el sentido de la Ley de Partidos Políticos. De ahí la distinción que ha empezado a establecerse entre lo político y lo penal como caminos no contradictorios para el logro de la misma meta.

Naturalmente a los nacionalistas vascos les seduce sentar la afirmación de que el juez y el Gobierno están confabulados. El antiguo entendimiento o sintonía de Garzón y el ex ministro Mayor Oreja, con resultados que fueron muy útiles para dañar a Eta, les sirve de antecedente en esa premisa. Politizar la justicia o judicializar la política sería el gran pecado según los nacionalistas vascos, en cuyo territorio precisamente no se ha practicado otra operación que «meter en vereda» política a los jueces con ínfulas de independientes. Bastaría repasar el censo de miembros de la carrera judicial que han optado por abandonar Euskadi para llegar a la más abrumadora y desoladora de las conclusiones. Y cuando no han abandonado, sencillamente han preferido ser «buenos chicos» a los ojos de los independentistas de uno u otro percal.

La Audiencia Nacional, enriquecida con otras competencias en materia económica y de narcotráfico, nació sobre todo para hacer imposible la impunidad práctica de los llamados «violentos» de Euskadi. Perseguir a Eta y sus secuaces en aquella comunidad fue desde el primer momento un objetivo utópico desde el punto de vista de los tribunales. Fue el nacionalismo y la actitud condescendiente cuando no cómplice hasta cierto punto de los «moderados», los factores que desde el principio determinaron una jurisdicción especializada y «a distancia». Baltasar Garzón, por ejemplo, vino a ser una fabricación circunstancial del llamado «problema vasco». Y no deja de ser un sarcasmo que los confabulados con el «abertzalismo» violento, los que asisten impávidos al espectáculo de jueces amedrentados, se escandalicen ante el hecho de que Garzón y el Gobierno puedan entenderse, si es que de verdad, en este caso del auto judicial contra las actividades de Batasuna, ha habido tal inteligencia y no el fruto de un espíritu competitivo por parte del magistrado de la Audiencia Nacional. Que los nacionalistas invoquen la ceniza del cielo es una cínica manera de tapar sus vergüenzas morales por tantas deserciones de su supuesto espíritu de justicia.

Conveniencia y unión
Iñaki EZKERRA La Razón 22 Agosto 2002

«Un día CiU se arrepentirá de no haber apoyado la deslegalización de Batasuna». Hay quien ha dado a estas palabras de Javier Arenas el significado más inmediato y pedestre, el de una advertencia de las posibles represalias que puede tomar el PP contra esa coalición a corto o medio plazo. Pero yo creo que este hombre tan curtido en el cara a cara realmente inmediato y pedestre de la cosa pública cotidiana, en las maniobras y las tácticas del rifi-rafe político del día a día, por una vez pensaba al decir esa frase en la historia de nuestra democracia, en el largo plazo, en un día de más trascendencia y calado que el de mañana o el de pasado mañana. Yo creo que pensaba en el juicio de las hemerotecas. A Arenas le honra ser de los políticos que saben que nada de lo que hoy se haga con un tema tan grave como el terrorismo quedará impune. El tiempo juzgará a todos, a los peneuvistas cómplices del terror, a los eclesiásticos cautelosos y a los directamente indecentes, a la falsa izquierda y a los listillos de Conveniencia y Unión que no aprobarán la disolución de un partido incivil por eso, porque les conviene la perpetuación de la situación vasca, porque así en Madrid se sigue diciendo «estos son interesados pero no matan así que vamos a calmarlos y a darles lo que quieren».

Vivimos unos días en los que han tocado techo muchas cosas, no sólo Eta sino quienes rebañan el centro o los bordes del plato del chantaje político basado en Eta. Se acaba la alegoría del árbol y las nueces no sólo para el PNV respecto a Eta y Batasuna sino también para el nacionalismo catalán respecto al vasco. ¿Ya está bien de recoger en Cataluña las nueces del árbol que se agita en Euskadi a balazos! ¿Ya está bien de Pujoles que se creen muy sagaces por usar a los brutos del Norte y se vanaglorian en privado de ese tacticismo egoistón y grosero! ¿Ya está bien de hacer una seña identitaria de la política y el carácter catalanes con la mezquindad, la insolidaridad y la racanería universales! Si los líderes de Convergencia y Unión representan a un electorado democrático, que no lo traicionen o no lo envilezcan arrastrándolo por ese feo camino del utilitarismo y el pragmatismo más amorales; que no imiten la ceguera del nacionalismo vasco, la del ciego que no quiere ver.

Un día se arrepentirán de su silencio o, lo que es lo mismo, las hemerotecas los juzgarán. Y las videotecas. Hoy queda todo grabado. El mapa de las responsabilidades en el terror de Eta se dibuja cada día con mayor nitidez en la medida en que se dan pasos serios para acabar con él. «El árbol y las nueces» de Isabel San Sebastián y Carmen Gurrutxaga pide una segunda parte dedicada a los gorrones a distancia de frutos secos.

Abrir el silencio
LUIS DANIEL IZPIZUA El País 22 Agosto 2002

Luis Daniel Izpizua es escritor.

Escribe Rafael Sánchez Ferlosio en Medios sin fin que 'absolutizada redundantemente como puro instrumento de sí misma, la ETA 'se sale con la suya' en cada acción lograda, porque en ella se cumple de manera plena y autosuficiente su sentido y contenido'. Las acciones de ETA carecerían de la índole de medios porque no servirían a otro fin que no fueran ellas mismas. Su eficacia no sería pragmática, sino simbólica, cultural, y demostrarían la justicia de una causa que no les precede, sino que se les pospone. ETA no mata para alcanzar unos fines cuya naturaleza, coyunturalmente mutable, se presenta siempre como un imposible en relación con los medios que se disponen para alcanzarla. El propósito de ETA, su razón de ser, sería el de convertirse en causa de sí, en publicitarse como manifestación de un problema que es el problema mismo. Sus epifanías sangrientas serían pura tautología, porque ETA mata para liberar una Euskadi -hoy Euskal Herria- que es ella misma. Es decir, ETA mata para seguir matando, que es hoy por hoy el objetivo, el contenido de eso que llama Euskal Herria, carente de otra concreción, por más y más ampliables que se hagan sus ideales límites geográficos, que no sea el ámbito de poder de la propia ETA.

Aun admitiendo esa dimensión cultural de las acciones de ETA que Sánchez Ferlosio señala, cabe no obstante subrayar algunas repercusiones pragmáticas de la misma, que convertirían el terror de ETA en una obra en marcha. Es evidente que sus acciones sangrientas tratan de sacralizar la patria, es decir, de hacer presente una ausencia, pero no es del todo exacto que no sean medios para alcanzar la patria. Para ETA, la patria es pura ausencia irredenta, una tierra usurpada que se extiende desde el Ebro hasta el Adour, sin que posea legitimidad alguna cualquier nueva institución -llámese Gobierno Vasco o Gobierno Foral de Navarra- que convierta esa realidad del alma en una realidad política. ETA sólo se reconoce a sí misma como germen de esa transformación, y entre ella y la patria futura no hay absolutamente nada, salvo escollos a superar o torpezas a utilizar instrumentalmente. Lejos de ser el ejército de un Estado ya constituido, o el ejército de liberación de una tierra ocupada, ETA es la patria en marcha hasta hacer realidad esa idealidad jamás configurada políticamente. Es la patria y es el Estado; es, de hecho, una realidad trascendental.

De ahí que sus acciones, además de instaurar un culto a la patria, traten de configurar un mundo. Éste puede ser el fin primordial que convierta a sus acciones en medios. Por vagos y nebulosos que puedan parecer los otros fines declarados -la independencia de un territorio huidizo y casi imposible, o el derecho del pueblo vasco a decidir su futuro-, las acciones de ETA buscan, a través de la representación de un conflicto que les sería anterior y de su perpetuación, involucrar a sectores crecientes de la población en ese conflicto dramático que se pierde en el origen de los tiempos y del que serían parte afectada. El fin no declarado de ETA es crearse su pueblo, un pueblo para una tierra a redimir y que la legitimara a ella como Estado, pueblo cuyo rasgo diferencial prioritario no serían ya las características raciales, como tampoco el euskera ancestral, sino pura y simplemente el dolor y el sufrimiento. La socialización del dolor, y su casi elevación a categoría mística, forman parte de la práctica de ETA desde sus inicios. No se trata sólo del dolor de sus víctimas directas, sino de la configuración de un país sufriente, eterno compañero de la muerte como principal tarea redentora. Las tácticas para provocar la represión generalizada, las estrafalarias escenografías mortuorias, la persistentemente buscada vinculación entre festejos y sufrimiento, la quema en su descabellada pira de miles de adolescentes abocados a la locura y el crimen, etcétera, son prueba evidente de ese deseo de crearse un pueblo ad hoc, que hallaría en el sufrimiento su principal seña de identidad y su más definitivo elemento de cohesión. Y ese pueblo se llama Batasuna.

Batasuna es, por lo tanto, mucho más que la correa de transmisión o la simple expresión civil de ETA. Es su pueblo, es Euskal Herria -y así se llamó en su anterior denominación, Euskal Herritarrok-, de donde resulta vana la pretensión de que llegue a independizarse de ETA y a convertirse en una formación política autónoma. Sólo la desaparición de la organización armada, su derrota, haría posible esa autonomía del abertzalismo radical, articulado quizá en una organización de nuevo cuño. Sorprende, por todo esto, el descubrimiento reciente del tutelaje de ETA sobre Batasuna, o de la dependencia orgánica de ésta respecto a aquélla, cuando el rastreo de las relaciones entre ambas organizaciones desde el momento mismo en que se constituye Herri Batasuna hace 23 años, convertirían las pruebas últimas en minucias. Presumiblemente, esta insistencia en las últimas pruebas de ese tutelaje, que serían las definitivas, se debe a la necesidad de fundamentar el proceso de ilegalización de Batasuna, que se pondrá en marcha a partir del próximo día 26. Y da la impresión de que el empeño en convencer de ese carácter definitivo de la prueba reciente, así como el casi compulsivo afán por alcanzar la unanimidad en el posicionamiento de todas las fuerzas parlamentarias, sean indicativas de la inseguridad con que se inicia el proceso y del temor a un fracaso de nefastas consecuencias para la credibilidad de las instituciones del Estado.

Por otra parte, cabe preguntarse si la ilegalización de Batasuna conseguirá la desaparición de ésta, es decir, la desaparición del 'pueblo de ETA', sea cual sea su nombre en el futuro. No es mi profesión la de agorero, ni quiero utilizar la profecía como argumento a favor, tal como lo hacen los nacionalistas moderados o Ezker Batua. No, ignoro cuáles pueden ser las consecuencias, aunque sí estoy convencido de que, mientras siga existiendo, ETA no va a renunciar a ese su fin verdadero de crearse un pueblo a través de la socialización del dolor y el sufrimiento. Y que buscará ese pueblo incluso entre quienes fueron sus más directos rivales, sus claudicantes enemigos, hasta que firmaron con ellos un pacto en Estella: los nacionalistas moderados de PNV y EA. He ahí un peligro que éstos nunca han querido sopesar, a saber, el de que mientras ETA siga existiendo, cualquier aproximación, por bienintencionada que sea, a los imprecisos fines declarados de ETA y el abandono de los propios, los convierte en el fin verdadero de la organización armada: su pueblo irredento, que sólo ella está capacitada para dirigirlo por una tierra ausente. Desde que el PNV abandonó 'sus' fines, que sí los tenía -ese pragmatismo que tanto se le criticaba- ha podido caer en ese destino aciago. La estrategia futura de ETA y de lo que quede de Batasuna puede ir en esa dirección, la de involucrarle como 'su pueblo' en la línea de ese 'independencia o muerte' que gritó Otegi en un mitin reciente.

No sé si es hora aún de hacer un balance de la política gubernamental de estos últimos años. Si se puede hablar de un antes y un después de Ermua, no está claro que lo que ha venido después haya supuesto un avance, y no un retroceso, con respecto a la situación anterior. La impresión de caos, de discordia civil, y la huida al silencio de la ciudadanía vasca son ahora mucho mayores que hace cinco años. También lo es la sensación de que se ha destapado no el 'verdadero rostro' del nacionalismo vasco, como le gusta decir a Jaime Mayor, sino su peor rostro. Frente a la estabilidad, la normalización democrática de los nacionalistas, y el enquistamiento y la progresiva disminución de la influencia y de los efectivos de ETA y su entorno, de la etapa anterior, lo que hoy nos domina es la incertidumbre. Puede que sólo sea la crisis con la que se manifiestan algunas enfermedades antes de su remisión definitiva. Así lo deseamos. Y que el pueblo real se imponga al pueblo de la promesa, y que el dolor y el sufrimiento dejen de ser la llave del silencio. Y se abra éste a las voces.

Tres escenarios para Euskadi
JAVIER ELZO /CATEDRÁTICO DE SOCIOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO El Correo 22 Agosto 2002

No cabe duda de que el proceso para ilegalizar a Batasuna pasará, en breve, a manos judiciales y es muy probable que el Tribunal Supremo procederá a disolver Batasuna. De ahí en adelante todo son conjeturas e incertidumbres. Sin embargo, es preciso pensar ya en el después de la ilegalización. Tres escenarios me parece que son los más plausibles.

El escenario continuista. Batasuna es asfixiada, económica, judicial y políticamente. Su presencia se hace discontinua y bajo fórmulas de clandestinidad poco relevantes. Intentará deslegitimar las elecciones de mayo de 2003, en las que la nueva situación le impide participar, proponiendo la abstención, sin éxito garantizado. No hay que olvidar que la mayoría de sus votantes y simpatizantes no aceptan la violencia etarra, lo que las encuestas muestran cada vez con más claridad. Esas gentes, apretadas por las insoportables acciones de ETA, aprovechan la ilegalización de Batasuna y dan el salto, en el anonimato de las cabinas electorales, hacia Aralar, PNV, EA básicamente y quizá también a IU, sin olvidar al PSE-PSOE. A ello colaborará, por lo que estamos viendo ya, la actitud del PP con su acoso sistemático al nacionalismo vasco en general y al Gobierno vasco, PNV, EA e IU, en particular. Chantajea al Gobierno vasco asimilando, implícita o explícitamente, transferencias y apoyo a la ilegalización, acusa al nacionalismo de votar en contra de la ilegalización por acuerdos con ETA o por miedo a ETA. El PSOE apenas le va a la zaga.

Entretanto, ETA seguirá matando, no sé si cuando puede o, más bien, cuando quiere, como afirmó un representante de un sindicato policial después de la barbarie de Santa Pola. El PNV y EA, mientras, coqueteando en tiempos de desdichas con mudanzas estatutarias. En definitiva, este escenario continuista refleja la confrontación permanente en la que estamos instalados, como dos trenes que han de chocar irremisiblemente, en un proceso de acumulación de fuerzas para ver quién sale mejor librado del enfrentamiento.

El siguiente escenario sería el de la hibernación del MLNV. Batasuna y ETA entran en sus cuarteles de invierno. Muchos en Batasuna, y a lo que parece también en ETA, piensan que la ilegalización de Batasuna es un mazazo, que hay muchos activistas de ETA que caen con demasiada facilidad, que gran parte de la estructura orgánica del MLNV está tocada del ala (por las iniciativas de Garzón, por ejemplo) y que la estrategia de Oldartzen ya ha dado sus (macabros) frutos y que hay que pensar en otra cosa. De hecho, ya este verano la kale borroka es prácticamente inexistente y las fiestas están pasando sin mayores incidentes.

Batasuna, en este escenario, además de portarse bien una temporada y escribir y hablar tras consultar a un experto judicial, llevará el dictamen de ilegalización del Tribunal Supremo al Constitucional y, si éste lo ratifica, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde las cosas no están tan claras. Procurará que coincida con las elecciones europeas, significando que, si Batasuna puede presentarse a las convocatorias en Francia, por qué no puede hacerlo en España. Antes adoptará los mismos estatutos legales de Batasuna-Francia y, si fuera preciso, porque los duros de ETA exigen algún atentado, lo condenaría. Pero es más probable en este escenario que ETA no actúe, como si hubiera una tregua de facto, no declarada. Sería otro proceso de acumulación de fuerzas en espera de tiempos mejores, pues no hay que olvidar que hay mucho chaval huido tras el endurecimiento de las penas a los actores de la kale borroka . En un proceso de endurecimiento, sin embargo, las tendencias más radicales se afianzan y acaban imponiéndose a las más posibilistas. Si esto sucediera, nos encontraríamos en el tercer escenario: el rupturista.

Ni continuismo, ni hibernación: ruptura total, con una intensificación cualitativa del conflicto vasco. ETA se siente reafirmada en sus planteamientos adoptados en el momento de la Transición española. Además ve la ocasión de oro para, al fin, suplantar al PNV como referente del nacionalismo vasco. Para eso nació y ahora vería la posibilidad de conseguirlo. Para ello necesita de la colaboración del PP y del seguidismo del PSOE. Los demás ya no cuentan. ETA decide atentar básicamente en Euskadi y contra militantes del PP y del PSOE con el objetivo de impedir las elecciones en Euskadi y, a lo que parece, pudiera muy bien conseguirlo. Ya hay voces en el PSOE que lo han apuntado, y la posibilidad de establecer listas electorales de populares y de socialistas con apoyo de nacionalistas, en puestos de relleno, en localidades donde no consiguen un número suficiente (solución inmejorable para demostrar el apoyo a la libre expresión política de todas las opciones, incluso arriesgándonos físicamente), ya ha sido reiteradamente rechazada por dirigentes del PP.

Y es el Gobierno de España el que puede decidir la suspensión de unas elecciones alegando ausencia de libertad y de condiciones democráticas para que las elecciones tengan lugar (que, de celebrarse, supondrían, además, un nuevo éxito para el nacionalismo democrático). En consecuencia nos convertiríamos en el único enclave europeo en el que no habría elecciones y, con la capacidad mediática del Gobierno y el arrinconamiento de las instituciones democráticas vascas, ETA se sitúa, la sitúan, en el referente del nacionalismo vasco, luego más fácilmente criticable. Aunque a primera vista esto supondría al PP gobernar cuatro años más en España y ahorrarse otro disgusto electoral en Euskadi, a medio y largo plazo sería el gran fracaso de Aznar y el gran éxito de ETA. El sabio Pujol no ha dicho en vano, anunciando la abstención de CIU en la votación del próximo día 26, que ellos «nunca han utilizado el terrorismo como arma política, menos aún electoral».

Ya sé que hay otras opciones posibles. En los extremos, cabría pensar, por un lado, que ETA y el entramado del MLNV no podrían soportar la ilegalización de Batasuna y que con eficacia policial y judicial, el martilleo mediático, el arrinconamiento de las instituciones vascas, y el cansancio de los vascos, hartos de todo, al fin acabar con ETA. No lo veo probable, aunque no sea más que por la fuerza de ETA en estos momentos. Pero, en el extremo opuesto, también cabe pensar que ETA decida dar ese salto cualitativo que negaba haber dado en su reciente atentado de Santa Pola y poner bombas en los metros, en los grandes almacenes, en medio de un partido de fútbol... Pasarse sin tapujos al terrorismo indiscriminado de masas. Tampoco lo veo probable, porque ése es su último cartucho y ese cartucho se guarda para la debilidad suprema, para el final, si ése es sangriento.

Si mis análisis (disquisiciones de una noche de verano si quieren) son correctos, nos esperan tiempos difíciles. Además, tal y como están las cosas, no veo cómo parar los tres escenarios que acabo de presentar. El mejor es el segundo (con una remota esperanza de hacer política antiterrorista alguna vez) pero todos dependen básicamente de ETA y secundariamente del PP, el tercero sobre todo. Sólo queda esperar que el choque de trenes sea lo menos doloroso posible. Entretanto hay que trabajar pensando a medio y largo plazo, sabiendo que, necesariamente, habremos de volver al espíritu de la Transición, a la unidad de las fuerzas democráticas contra ETA y su mundo, al diálogo y al pacto como método para resolver problemas enquistados, a la transversalidad, que las soluciones que se proyectan en los laboratorios electorales al margen de la realidad social están condenados al fracaso, que en la Europa naciente sólo hay sitio para Estados cosmopolitas, plurinacionales, de ciudadanos con identidades múltiples, compartidas, plurales, aunque siempre dirán pertenecer y sentir, en mayor medida, como ciudadanos de esta o aquella región o nacionalidad. Y en España está la nacionalidad vasca (artículo 2º de la Constitución española), la mayoritaria entre nosotros. ¿Cuántos muertos más hacen falta para entrar en razón?

Episcopales responsabilidades
José Javaloyes La Estrella 22 Agosto 2002

Como el eco de un error colectivo de los obispos vascos —y se dice “error” en ejercicio de la caridad—, las palabras del obispo Setién allende los Pirineos, estableciendo simetrías y paralelismos entre la mafia etarra y el presidente del Gobierno español, José María Aznar, recuerdan, de la primera a la última, el coro episcopal vasco de los comienzos de la transición, cuando la violencia separatista y leninista sembraba España de funerales casi clandestinos. Los cánticos del coro de las amatistas enchapeladas condenaban la violencia “viniera de donde viniera”, como Setién dice ahora en ese jardín de verano del nacionalismo catalán por tierras de Francia, en Prada de Conflent.

Aparte del valeroso desmarque de “un tal Blázquez” —así saludado por Arzalluz cuando el actual obispo de Bilbao accedió a su presente responsabilidad pastoral— y al margen de las precisiones del presidente de la Conferencia Episcopal Española y del arzobispo de Pamplona, la niebla del compromiso episcopal con los nacionalismos subsiste ahí, pegada a los campanarios de un aldeanismo que colisiona con dos cosas de idéntica importancia en cada uno de sus respectivos órdenes: en el eclesial, al chocar con el ecumenismo y la universalidad que son propios de la catolicidad; en el político, al dinamitar la idea de bien común, por transigir de modo implícito con la fractura violenta y terrorista de la unidad civil de la convivencia en la comunidad autónoma vasca.

Las palabras de Setién han servido de irritante recordatorio de ello. El integrismo nacionalista de la parte más notoria del episcopado vasco y de una fracción significativa del nacionalismo catalán percute contra el marco institucional, histórico y político que, de una parte, es el interlocutor parigual del Vaticano en lo que concierne a la dimensión jurídica de las relaciones, mientras que de otra parte ofende a la inmensa mayoría de los españoles, comenzando por aquellos que pertenecen a esa autonomía vasca y cuyo peso político real no se puede conocer por estar viciada de raíz la libertad de voto, precisamente por la presión de la fuerza terrorista cuya legitimidad parangona Setién con la del Gobierno de la nación, representado a los efectos presentes por José María Aznar.

Creo compartir con muchos la pregunta de si subsistiría esta prevaricación pastoral de los prelados, no necesariamente vascos, que se mantienen en la estela de lo manifestado por ese que fue obispo de San Sebastián y que ahora ya no ejerce irresponsabilidades pastorales. Y ahora que está institucionalmente abierta y activada la doble vía para la ilegalización y bloqueo operativo de Batasuna, quizá haya llegado el momento de auditar las responsabilidades contraídas, por esos y otros obispos, en la capitalización del problema terrorista en España. Posiblemente, sin la infección particularista de muy concretos segmentos del clero español no habría encontrado cierto nacionalismo impunidad moral para cohabitar con el discurso rompedor del nacionalismo terrorista. Se repara en los suscribientes del Pacto de Barcelona y no falta ninguno, en verdad, de los que se han opuesto o se han abstenido en la votación para ilegalizar Batasuna.

Las palabras de Setién en la Cataluña francesa son ecos de un pasado que es presente todavía.

Recortes de Prensa   Página Inicial