AGLI

Recortes de Prensa     Sábado 24 Agosto  2002
ADECUADO RIGOR DE LA FISCALIA CONTRA BATASUNA
Editorial El Mundo 24 Agosto 2002

El final, más cerca
Ignacio Villa Libertad Digital  24 Agosto 2002

El país de las vías
TONIA ETXARRI/ El Correo 24 Agosto 2002

Obispos de doble rasero
Editorial ABC 24 Agosto 2002

CiU y la deslegalización
Francisco MARHUENDA La Razón 24 Agosto 2002

Desunida y marginal

Editorial ABC 24 Agosto 2002

Empieza el ensayo
Lorenzo CONTRERAS La Razón 24 Agosto 2002

Votos de cloratita
Jaime CAMPMANY ABC 24 Agosto 2002

Una lectura para ciudadanos
RAFAEL JIMÉNEZ ASENSIO El Correo 24 Agosto 2002

A Odón Elorza
Fernando Savater/San Sebastián  El Correo 24 Agosto 2002

Una política inasumible
ENRIC SOPENA El Mundo 24 Agosto 2002

«Hay que ilegalizar a Batasuna por ética y por dignidad democrática»

FERNANDO GAREA El Mundo  24 Agosto 2002

Garzón comunica a Batasuna que va a suspender cautelarmente sus actividades como partido
EUFRASIO FDEZ-FANJUL. AGUSTIN YANEL El Mundo 24 Agosto 2002

Amenazan a una edil socialista metiendo un sobre con una diana en el bolsillo de su hija de dos años
Redacción - Madrid.- La Razón 24 Agosto 2002

Edurne Uriarte: «La abstención de CiU no se puede justificar desde el punto de vista democrático»

Antonio SEMPERE La Razón 24 Agosto 2002

Kakistocracia: Gobierno de los peores

Porfirio Cristaldo Ayala Libertad Digital  24 Agosto 2002

ADECUADO RIGOR DE LA FISCALIA CONTRA BATASUNA
Editorial El Mundo 24 Agosto 2002

En vísperas de una trascendental sesión parlamentaria en la que la inmensa mayoría de la representación popular solicitará la ilegalización de Batasuna, la acción penal que estrecha el cerco contra la coalición sigue cubriendo etapas. El juez Garzón inició ayer los trámites para poner bajo administración judicial las herriko tabernas y comunicó a la representante legal de Batasuna que ordenará la suspensión de sus actividades y la clausura de sus locales. Lo hizo tras recibir el informe del fiscal en el que éste respalda la medida con una rotundidad rigurosamente motivada. Es bastante probable que el próximo lunes, cuando el pleno del Congreso se reúna, el magistrado de la Audiencia Nacional haya decretado el cese de las actividades de los proetarras.

Conviene detenerse en el contenido de este escrito del fiscal.Si alguien alberga alguna duda acerca de la pertinencia de la aplicación del Código Penal a Batasuna, de la proporcionalidad de esta medida, grave sin duda, o de la sumisión de esta organización a los criterios de ETA, una lectura atenta de los 50 folios le ayudará a disipar cualquier prevención.

El fiscal comienza por motivar la aplicación a una formación política como Batasuna del artículo 129 que autoriza al juez a suspender una asociación, asegurando que el Tribunal Constitucional ha concedido expresamente el carácter de asociaciones a los partidos políticos. Y en cuanto a la proporcionalidad de la medida, alega que nos encontramos ante «infracciones criminales graves» por «pertenencia a banda armada u organización terrorista».

El núcleo central del informe del teniente fiscal Jesús Santos se centra en una exhaustiva recopilación de «elementos indiciarios» para evidenciar que Batasuna «es un instrumento más de ETA, como sus comandos armados o sus fábricas de explosivos». Se cita un total de 62 documentos internos de la banda, informes periciales de la Policía y declaraciones de imputados y testigos. Para muestra, un botón. En las elecciones municipales del año 95, figuraron en las listas de Batasuna 32 presos etarras. Por «formar parte de la organización terrorista ETA» y proporcionar a la banda «apoyo logístico y operativo», «recursos materiales, técnicos y humanos» para «aterrorizar a la población», el fiscal considera «imprescindible» la suspensión de sus actividades «como medio para evitar el suministro de fondos económicos que faciliten la comisión de nuevos atentados terroristas».

El único interrogante serio que puede surgir tras la lectura de este documento es por qué el Estado de Derecho no aplicó anteriormente el Código Penal al brazo político de la banda terrorista. Ahora ha llegado el momento porque, como hoy afirma el ministro de Justicia en EL MUNDO, «una democracia digna no puede permitir que se utilicen privilegios constitucionales para asesinar, chantajear y aterrorizar».

El final, más cerca
Ignacio Villa Libertad Digital  24 Agosto 2002

Este lunes pasará a la historia como una fecha clave en la lucha contra el terrorismo. La estructura del negocio del terror montada por los terroristas y sus cómplices quedará acorralada de forma efectiva. Quedarán acorralados por dos vías diferentes, aunque compatibles: la suspensión ordenada por el juez Garzón y el proceso de ilegalización que iniciará el Congreso. Son dos caminos eficaces y necesarios contra el terrorismo de ETA y su brazo político. Ahora, ellos van a empezar a sentir en sus carnes que el final está más cerca que nunca.

No es momento para entusiasmos, ni para cantar victoria. Ni mucho menos. Los demócratas, más que nunca, debemos trabajar desde la prudencia. Es un buen momento para pedir a políticos y jueces que los dos procesos iniciados se ejecuten cuidadosamente y con eficacia, procurando que se mime la letra pequeña y, en el caso político, que se mantenga la unidad de acción que han protagonizado Partido Popular y Partido Socialista. Es no sólo necesario, sino imprescindible para que concluya satisfactoriamente la ilegalización de Batasuna.

Este lunes coinciden en el tiempo dos iniciativas diferentes, pero con un mismo objetivo: acabar con el terrorismo. Los dos procesos buscan desmontar una organización mafiosa con decenas de ramificaciones que se mantiene gracias a un complicado sistema de negocios cuya única finalidad es poder financiar al terrorismo. Parece obvio que todo este entramado va a ir cayéndose hasta sus cimientos. Desmontada la trama, se supone que también desaparecerá el negocio del asesinato, ya que lo primero que se hará será cerrar el grifo del dinero que ha recibido impunemente Batasuna durante años.

Asimismo, esto vendrá a demostrar algo que sospechamos todos: que este supuesto partido político, ahora en vías de extinción, es una simple coartada de ETA. Durante años han estado recibiendo mucho dinero aprovechando su presencia en las instituciones municipales y autonómicas. Pero ese dinero se usaba con un único fin: matar y matar. Así pues, este lunes comienza una nueva etapa. El reloj empieza la cuenta atrás para que se termine el único y verdadero problema de nuestra democracia. Entramos en la recta final para acabar con el terror: la gran ilusión de los españoles de bien.

Mientras tanto, el nacionalismo vasco sigue empeñado en defender a un partido político que ha manifestado públicamente su identidad con ETA. Lo hace, primero, porque comparte los objetivos independentistas con los proetarras, pero también porque quieren los votos de Batasuna y están tratando de atraerse a los abertzales (nacionalistas). Sin embargo, ese mismo PNV que ha apostado por echar una mano a Batasuna –aunque sea dándoles el beso de Judas, como piensan los proetarras– también está sufriendo ahora sus amenazas y chantajes. Con esas amistades, no podían esperar otra cosa. Pero seguirán empeñados en no rectificar. Aunque si no hay árbol, tampoco caerán nueces...

En fin, el lunes 26 de agosto está llamado convertirse en una fecha clave en la lucha contra el terrorismo. Es sólo el inicio de una etapa que todavía tiene muchos meses por delante y que va a necesitar de muchas horas de trabajo político y policial. Antes decía que no es momento para el entusiamo y, en efecto, no lo es. No hay que ser ingenuos, porque ETA va a seguir haciendo lo único que sabe hacer: matar donde pueda y cuando pueda. Así pues, el final de los terroristas está más cerca que nunca, pero todavía tendremos la desgracia de sufrir sus últimos coletazos de rabia e impotencia.

De todas formas, lo más importante ya está hecho.

El país de las vías
TONIA ETXARRI/ El Correo 24 Agosto 2002

Nada que ver las prisas que se le adjudicaban a Aznar para ilegalizar Batasuna con la zancada que ha dado el juez Garzón para comunicar su intención de suspender todas las actividades del grupo de Otegi, acusándole de sumisión a ETA. Habrá que ver en qué queda todo. Si miramos hacia atrás, sin ira, nos percataremos de que éste es, y ha sido, el país de las vías para acabar con la violencia. Las políticas, las judiciales, las policiales, las tres juntas y por separado. La de Argel, Santo Domingo o Zurich, pasando, incluso, por la de Leizarán. Sin éxito. Al menos, el Pacto de Ajuria Enea fue el mayor punto de encuentro democrático desde la transición. Se lo recuerdan a Ardanza quienes le paran por el coso taurino de Bilbao, diciéndole que le echan de menos y él, con pudor, comenta en un tono apenas perceptible: « que mal están las cosas ahora ».

Después, el Pacto de Lizarra, un acuerdo entre nacionalistas que excluyó a los partidos considerados españoles y, como de la ruptura solo fructifica el empobrecimiento, así estamos desde el 98. Desde que el PP y PSOE se pusieron a trabajar en la reforma de la Ley de Partidos, los nacionalistas han evitado cualquier referencia a las complicidades entre Batasuna y ETA. Tan sorprendente como real. Se han cruzado mensajes perversos. Y reina la confusión. Otegi, al menos, es más claro. «Se ha diseñado una estrategia para aniquilar a la izquierda abertzale», dice. El PNV, sin embargo, siembra la incertidumbre. El propio Urkullu (qué pena, con lo fino que era este jelkide ) dibuja el trazo grueso de su maestro para decir que «zumbar al vasco» está bien visto para ganar un puñado de votos. Y se arma el taco. Y los oyentes despistados llaman a la radio para decir que el PP quiere «eliminar a la segunda fuerza política de este país» refiriéndose, claro, a Batasuna. Y resulta que el segundo partido en el Parlamento vasco es el PP de Mayor.

Que ETA seguirá matando no hay nadie que lo ponga en duda. «Pero que, además de matarnos, Batasuna se aproveche de la democracia para burlarse de ella y viva del lobby de la violencia, no puede ser» dicen los socialistas, a quienes se les ve algo dispersos y con un liderazgo incierto. Militantes nada sospechosos de haber simpatizado con Jáuregui, se han sentido reconfortados al oír su mensaje «contundente con la Ley de Partidos». Con este vidrioso capítulo, la exhibición de banderas se ha relativizado. El alcalde Azkuna las expuso durante media hora mientras «la mayoría de vascos y vascas» comentaban que las fiestas, sin kale borroka han sido una gozada . Batasuna, que ve que su acumulación de fuerzas (principio básico en el que ha sustentado su confrontación con España) se desmorona, amenaza al PNV para que no le abandone. Cabe esperar que a nadie se le ocurra pensar en la suspensión de las elecciones. Sería una nueva vía, desde luego, pero con olor a naftalina.

Obispos de doble rasero
Editorial ABC 24 Agosto 2002

Jaime Larrinaga, el sacerdote acosado por los nacionalistas en su parroquia de Maruri, podrá prescindir de escolta para transitar por su pueblo al menos por un tiempo. La virtud de la obediencia inherente a su condición de sacerdote le ha obligado a seguir las «recomendaciones» del obispo de Bilbao, Ricardo Blázquez, de que se abstenga de hacer más declaraciones sobre su caso y de que se tome «un descanso» en la labor pastoral que desempeña en su municipio. El silencio de Larrinaga se explica por el principio de obediencia debida; el mostrado por Blázquez en un penoso asunto que afecta a un sacerdote de su diócesis se antoja difícilmente explicable. Del mismo modo, la llamada al orden cursada por el obispo de Bilbao se torna aún más inapropiada si se compara con la condescendencia que los prelados vascos muestran respecto a las peroratas que José María Setién airea a los cuatro vientos cada vez que tiene ocasión. La actitud de doble rasero que evidencian los obispos sugiere una más que clara permeabilidad a la presión que los nacionalistas ejercen en todos los sectores del País Vasco sobre quienes no comulgan con sus tesis. A los nombres de los jesuitas Miguel María Sagües y Antonio Beristain, ambos acosados por no estar dispuestos a rendir pleitesía al radicalismo, se une ahora el de Larrinaga, condenado a un silencio impuesto por demandar un respaldo que su obispo le niega.

CiU y la deslegalización
Francisco MARHUENDA La Razón 24 Agosto 2002

La actitud de CiU con respecto a la deslegalización de Batasuna pone de manifiesto que estamos ante un final de ciclo en la política catalana. Es un nuevo ejemplo que refleja las dificultades internas que sufre la federación nacionalista, cohesionada sólo gracias a la figura de Pujol y al reparto de poder que representa la Generalitat. Su abstención es un monumento impagable a la incoherencia política, al margen de una grave irresponsabilidad que erosiona el sentido de Estado que ha mostrado en numerosas ocasiones. Es un mezquino seguidismo con respecto al PNV, porque lo único que hay en el fondo de la decisión es un lamentable deseo de no molestar al partido de Arzalluz y mantener esa peregrina solidaridad entre nacionalistas que emana de la delirante Declaración de Barcelona.

Hubiera sido más coherente, a pesar de ser una irresponsabilidad, votar en contra del proceso de deslegalización. Estamos ante el final del mandato de Pujol, que no se volverá a presentar y quiere mostrarse más nacionalista que nadie. Estos últimos meses serán el broche final y quiere que sea en clave nacionalista. No quiere que le ganen en este flanco después de una vida dedicada la construcción nacional de Cataluña.

CiU pagará cara esta abstención y no porque el PP vaya a provocar un adelanto electoral, que no conviene a nadie sino por el desgaste que produce esta incoherencia. La excusa de los dirigentes de la federación ante su inexplicable decisión es que no tiene que ser el Congreso de los Diputados, pero olvidan que representa al pueblo español, que está en su inmensa mayoría a favor de acabar con el entorno político de Eta. Es urgente iniciar el proceso y si lo ponen en duda que pregunten a las familias que ha destrozado la banda asesina y a los que sufren los destrozos de la «kale borroka». CiU se equivoca si cree que el electorado catalán no le pasará factura por esta actitud sumisa ante el PNV. El problema de fondo es querer nadar en tantas aguas y, además, sin mojarse, lo que resulta imposible.

Es muy positivo mostrar a la opinión publica española e internacional que el Congreso de los Diputados promueve el proceso de ilegalización de un partido formado por unos indeseables que son cómplices de Eta y que actúan al dictado de sus pistoleros.

Desunida y marginal
Editorial ABC 24 Agosto 2002

Izquierda Unida, heredera de los restos del PCE, protagonista destacado de la Transición de la dictadura a la democracia, firmante de los Pactos de la Moncloa, referente de la izquierda más seria y honrada en lo intelectual y material en los primeros años del nuevo régimen de libertades que trajo la Monarquía de Don Juan Carlos, continúa su imparable descenso hacia la marginalidad política por el tobogán de la incoherencia, la falta de dirección y la traición a las propias siglas de su germen político: Partido Comunista de España.

El sueldo de Madrazo como consejero de Ibarretxe le cuesta cada día más caro a la izquierda desunida que encabeza Gaspar Llamazares. No es casualidad que sea el secretario general del PCE, Francisco Frutos, el dirigente de IU que opina con más sensatez sobre el reto secesionista del nacionalismo vasco, el que más claro habla contra el terrorismo, quien denuncia sin disimulo el coste que tiene para la coalición el papel de «tonto útil» que desempeña su compañero vasco en el Gabinete nacionalista. Pero él no es el que manda. Tampoco controla Llamazares la coalición.

Madrazo y algunos comunistas que presumen de ortodoxia, como Ángeles Maestro -ocasional colaboradora de «Gara»-, piden que se defienda al brazo político de ETA de la ilegalización, otros más sensatos insinúan lo contrario. Al final se impone la abstención, el ni sí ni no. Del alineamiento con el PNV, a compartir posiciones con CiU. El PCE que aceptó la Monarquía como forma de Estado y la bandera tradicional en vez de la tricolor con la que habían luchado frente a Franco para poner así su propio pilar a la Transición -era el único partido de oposición con fuerza real en 1975- obtuvo en las elecciones de 1979 un total de 26 escaños.

Hoy, la IU de Llamazares se ha quedado en 8 diputados y los sondeos del CIS indican que siguen a la baja. La pérdida voluntaria de la propia condición de partido nacional por sus complejos ante la izquierda nacionalista en muchas zonas de España, además de ir por detrás de todos los movimientos sociales de nuevo cuño -ecologismo, feminismo, antiglobalización...- no le ha servido a IU para aglutinar un electorado propio. Es más, empieza a perder el más tradicional, el que le seguía, a veces por tradición familiar, desde 1977, unos votantes que, según apuntan las encuestas y reconocen algunos dirigentes del PCE, aborrecen a ETA y su brazo político tanto o más que los del PSOE o el PP.

Empieza el ensayo
Lorenzo CONTRERAS La Razón 24 Agosto 2002

El verano se ha ido convirtiendo, inevitablemente, en el espacio temporal casi monopolizado en España por el duelo Gobierno-Eta, con Batasuna y el juez Garzón metidos en el reparto de la representación dramática. El juez ha sacado adelante el primer paso de su iniciativa deslegalizadora de la coalición proetarra. Le ha apoyado el fiscal en su pretensión. La persona encargada de recibir en nombre de Batasuna la notificación correspondiente ha sido Jone Gorizelaia, sobrina carnal, si no estoy mal informado, de monseñor Uriarte Gorizelaia, obispo de San Sebastián. Una letrada que además, es militante de dicha formación vasca, híbrido de política y paraterrorismo.

Se ha iluminado, el escenario en el peor de los sentidos. Los actores principales ocupan sus puestos y van a desempeñar sus papeles. El «escenario no deseado» del que habló hace dos días Arnaldo Otegui, portavoz y líder de Batasuna, está listo para el espectáculo. Nadie en el fondo cree que la Ley de Partidos, cuya aprobación parlamentaria se producirá pasado mañana, pueda significar otra cosa que la entrada necesaria en un largo y turbulento drama. Cualquier realidad menos el «statu quo» que existía. La Ley que va a solemnizarse adquiere por momentos, por días, el aspecto de un ensayo. Preguntada en Galicia, por la virtud de la ilegalización, Luisa Fernanda Rudí, la Presidenta del Congreso, ha respondido así: «No es una varita mágica que va a solucionar el problema del terrorismo». Elemental.

Podrá ser casualidad, pero la fuga de Ismael Berasategui, especialista etarra en explosivos, de la prisión francesa de La Santé, es una preocupante coincidencia con el clima del momento. Es cierto que la situación previa al proceso ilegalizador de Batasuna ya era mala, pero puede empeorar. (Es irrelevante especular sobre la posible complicidad de los carceleros franceses en la fuga cinematográfica del activista de Eta). Lo que interesa ahora es que ese empeoramiento, si se produce, tenga para España el significado de lo peor como puerta de lo mejor. Y que la banda acabe conociendo el sabor de su propia medicina.

Pero la esperanza debe sustentarse sobre la valoración de los mimbres con que se cuenta. Esa valoración incluye conocer lo que no se tiene. Y entre lo que no se tiene, lo principal tal vez es una mímima sintonía con el nacionalismo vasco, al margen de lo que Ibarreche, en un reflejo de sinceridad pasajera, haya dicho sobre la división de Batasuna y el consejo de que ésta recuerde a Eta que su «línea» no es compartida por todos los militantes «abertzales». Ya veremos en qué medida el Gobierno de Vitoria, que no respeta la Constitución ni el Estatuto, obedece los mandatos judiciales de Baltasar Garzón. Será sugestivo comprobarlo.

Votos de cloratita
Por Jaime CAMPMANY ABC 24 Agosto 2002

La cloratita, esa tía explosiva, puta madre de etarras y batasunos, destructora de vidas y de urnas, amenaza con celebrar el final del verano con una fiesta electoral de muertos y catástrofes. «Cada muerto un voto», es el lema de esa carga mortífera que mata ciegamente, que mata sin saber quién morirá ni cuántos morirán.

La Policía francesa sospecha que la banda etarra dispone en estos momentos de cinco mil kilos de cloratita. Y es significativo que al mismo tiempo que se publica esa sospecha, casi esa evidencia, llegue la noticia de la evasión de un etarra llamado Berasategui de una cárcel francesa de alta seguridad. La especialidad «laboral» de Berasategui, ya lo habréis leído, es la manipulación de explosivos, cloratita y dinamita, y la fabricación con ellos de coches-bomba. La estratagema utilizada para la evasión, salir de la prisión dejando en ella al hermano parecido, da idea del interés especial de la banda etarra de disponer cuanto antes de ese experto en bombas, ese «perito en tumbas». A ése, por lo visto, no le fallan los detonadores.

Cinco mil kilos de cloratita dan para muchos atentados, para levantar una pirámide de muertos, si se tiene en cuenta que con veinte, treinta o cuarenta kilos de explosivo, mezclado o no con dinamita, se puede cebar un artefacto explosivo de efectos incalculables. Seguramente nos encontramos en las vísperas de una escalada del terror, una respuesta sangrienta al asedio legal de Batasuna, decidido y comenzado por los partidos políticos democráticos con algunas abstenciones más cobardes que neutrales.

¿Qué significa políticamente la abstención de Convergencia i Unió? ¿Qué significa ese desentendimiento de Jordi Pujol? Los catalanes y los españoles en general tenemos derecho a plantearnos esa pregunta y a no conformarnos con las explicaciones vagarosas del «molt honorable», cuyas respuestas no son precisamente honorables.

Bien. Ya lo avisó la banda y ya lo han avisado en lenguaje claro los batasunos. Van a matar, que esa es su manera de discutir. Van a matar, que esa es su forma de argumentar y de hacer política. Van a votar con sus cinco mil kilos de cloratita. Esperemos que antes la Policía francesa, o la española, o la Guardia Civil, eso que Javier Arzalluz llama «la tropa que nos van a echar encima», descubra el escondite de la carga siniestra.

Pero ese trabajo de matar es lo que están haciendo desde hace más de un cuarto de siglo esos hijos de la puta cloratita. No han descubierto ningún argumento nuevo. Y ahora, con la desaparición de Batasuna del paripé político en el País Vasco, los que gobiernan allí se quedan sin intermediarios para entenderse con «Eta». La banda ya les ha dado el aviso. «O conmigo o contra mí». Sólo la existencia de pactos inconfesables explica el nerviosismo y la rabieta del PNV. Como diría el poeta «todo más claro».

Una lectura para ciudadanos
RAFAEL JIMÉNEZ ASENSIO /CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL DE ESADE. UNIVERSIDAD RAMÓN LLULL. BARCELONA
El Correo 24 Agosto 2002

El período de vacaciones de verano es para algunas personas tiempo de lecturas. Lejos de la presión diaria del trabajo, el momento estival permite dedicar una parte de ese tiempo siempre escaso a leer libros pendientes recién adquiridos o que hace tiempo dormitaban en nuestra mesilla o estanterías. Sin embargo, el tiempo vacacional es escaso y la oferta de libros, enormemente amplia y rica. Lejos de mi intención pretender influir en una siempre arriesgada selección de libros para un espacio temporal limitado; pero, al margen de las preferencias de cada cual, hay en el complejo y abigarrado panorama editorial un libro que, a mi juicio, merece ser destacado, siempre y cuando el lector sea un auténtico ciudadano, esto es, ocupado o preocupado por la cosa pública y pretenda enriquecer su conocimiento sobre los innumerables problemas que aquejan a los sistemas políticos de nuestras democracias constitucionales.

La larga entrevista que, en el libro Después de la democracia (Crítica, Barcelona, 2002), Antonio Polito realiza al prestigioso intelectual Ralf Dahrendorf es, a no dudarlo, una de las mejores contribuciones del mercado editorial a las numerosas incógnitas que, sobre el futuro de la democracia, de los sistemas constitucionales y del Estado nación, flotan en el ambiente político del momento.

Bajo el manto de unas simples respuestas, Dahrendorf apunta una serie de reflexiones políticas de largo alcance y dotadas de una profundidad fuera de lo común. De sus numerosas e inteligentes apreciaciones me interesa únicamente destacar aquí algunas de aquéllas que tienen que ver directamente con las relaciones entre democracia y sistema constitucional y, más precisamente, las que tienen aplicación efectiva a los problemas políticos que aquejan a la sociedad vasca y española. Veamos.

La democracia, aunque es una palabra «envilecida» por el lenguaje coloquial de la política, sigue siendo, junto al Estado de Derecho ( rule of law ), el elemento principal del orden liberal. Donde desfallece el sistema democrático y se perturban las libertades públicas no puede haber sistema constitucional. La afirmación es importante, pues una de las finalidades básicas de todo sistema democrático que se precie es precisamente producir los cambios en nuestras sociedades sin violencia.

Dahrendorf defiende que el Estado nación (en su concepción actual heterogénea y plural) sigue siendo el «espacio apropiado para la democracia», abogando por un autogobierno local en sentido estricto y repudiando aquel fenómeno que (el traductor) denomina «regionalismo homogéneo» y que consiste en la creación de «nuevas entidades políticas étnicamente puras ». Su diagnóstico no puede ser más demoledor: las «regiones» proporcionan una tentación para demagogos que, «en el nombre del autogobierno, quieren dibujar fronteras». Sin duda, es la tesis más polémica recogida en esta entrevista, y en este punto la percepción de Daherndorf sobre los procesos de descentralización política en Europa requeriría alguna matización, pues su enunciado en frío puede desconcertar a quienes profesan un nacionalismo de convicciones democrático liberales.

Pero donde las opiniones pueden ser más contundentes y polémicas, aunque aquí la opinión de Dahrendorf es la de un experto, es en la concepción crítica que muestra del referéndum como medio de expresión democrático. Su juicio se apoya en el dato de que en los referendos se pide únicamente al electorado que saque «una fotografía de un determinado momento histórico, con la esperanza de que sea el momento oportuno para los intereses de los que han promovido el referéndum mismo». No hay en el referéndum un debate genuinamente democrático, porque «los partidos invierten grandes energías en la táctica con la finalidad de determinar cuándo deben ser celebrados y cuál debe ser la pregunta: porque la pregunta y el momento en que se formula influyen en el resultado». Y adviértase que lo escribe alguien que, aparte de experto, es ajeno a nuestra contingencia política.

El libro finaliza con un decálogo de propuestas para construir la nueva democracia, que constituyen una apuesta encendida por el orden liberal democrático (cuyos elementos principales son los siguientes: el cambio sin violencia, el control del poder y el derecho a voz y voto de la ciudadanía), así como por la defensa del imperio del Estado de Derecho (de la libertad y de los derechos humanos, a fin de cuentas). El elemento central del orden liberal, que ha representado una enorme conquista de la Humanidad frente a las fracasadas experiencias jacobinas (entiéndase correctamente este término y no como se utiliza en el debate político ) y marxista, es la expresión plural de las ideas y su contraste en un contexto democrático marcado por la deliberación.

Particular énfasis se debe poner en el papel de los ciudadanos en el mantenimiento de una sociedad democrática que pretende ser vigorosa y no enferma. En efecto, los ciudadanos, para ser tales, no pueden abdicar de la política ni ejercer la «apatía» como medio habitual de comportamiento político. No deben dejar exclusivamente en manos de unos «intermediarios» (los aparatos de los partidos políticos) las decisiones y el control de la actividad del gobierno; pues una «democracia sin demócratas» (esto es, sin ciudadanos que ejercen sus derechos) «constituye sin duda el comienzo de algo nuevo y desagradable».

En definitiva, las actitudes de «abandono político» por parte de los ciudadanos unidas al asedio de las libertades más básicas, por mucho que se aderecen con «un proteccionismo social» que permita estándares de vida aceptables o de una pretendida «calidad de vida» elevada, pueden ser la antesala de sistemas políticos de «democracia autoritaria». Tome nota el lector de tales advertencias.

A Odón Elorza
Fernando Savater/San Sebastián Cartas al Director El Correo 24 Agosto 2002

He releído mi artículo en busca de las inexactitudes que me reprocha Odón Elorza y no consigo encontrar ninguna. Tampoco critiqué que hiciese un homenaje a las víctimas, sino que fuese de un modo aparentemente improvisado y con un tono de supuesta intimidad que no corresponde a una institución pública como la que representa. Pero mi objeción fundamental era que se las hubiera ingeniado para enfrentarse a gran parte de las víctimas, a quienes las representan y al partido al que tantísimas pertenecen. No parece buen comienzo para un homenaje.

No fui yo quien utilizó la expresión show , sino Elorza. Le intenté mostrar la contradicción que existe entre calificar derogatoriamente de show a los homenajes muy publicitados y haber organizado el mayor de ellos en el Kursaal con ocasión del asesinato de Lluch. ¿Por qué hoy ya no está bien lo que ayer le parecía estupendo? En cuanto a cuando se encontró con la foto de Franco, no se lo mencioné porque me pareciese mal su reacción, sino porque en ese mismo momento la alcaldesa en funciones de San Sebastián, María San Gil, trataba de lograr que la Policía Municipal retirase el cartel de los presos del Ayuntamiento, sin ser obedecida ni luego secundada por Elorza cuando volvió a su puesto. Me parece otra contradicción. Como que si tenía preparado un acto de homenaje multitudinario durante los fuegos (la casa pirotécnica encargada de lanzarlos ese día dice que no sabía nada), no lo llevase a cabo por culpa de la polémica suscitada por la intimidad del otro homenaje. ¿No habría sido un buen modo de demostrar públicamente lo infundado de los reproches que se le hacían?

Estas objeciones me parecen lógicas, pero a Odón le resultan partidistas. También puede que fuesen partidistas los motivos por los que no fue secundado en 1999 cuando propuso esa iniciativa de la que habla y que confieso que desconocía. En cambio, me parece no sólo partidista, sino indecente que Elorza no estuviese presente el 23 de septiembre de 2000 en la mayor manifestación que ha tenido lugar en la ciudad de la que es alcalde para apoyar a las víctimas y en defensa de la Constitución. A partir de ahí, no puede quejarse de que sus iniciativas posteriores hayan sido miradas a veces con suspicacia. No todas, claro: lo del nuevo bidegorri me parece muy bien.

En lo que tiene razón Elorza es en lo de que escribí el artículo por encargo. En efecto, ése y muchos más me los encargan miles de lectores que no pueden expresarse en los medios y quieren que yo haga públicas sus protestas contra todos los que, con mejor o peor intención, nos mean encima y pretenden convencernos de que llueve. En la medida que pueda, procuraré seguir cumpliendo su encargo.

Una política inasumible
ENRIC SOPENA El Mundo 24 Agosto 2002


Iñaki Anasagasti ha vuelto a explicar, en esta oportunidad a través de micanoa.com, la escena vivida por él en Génova 13 -tras las elecciones de 1996-, cuando compareció ante José María Aznar y, en nombre de Xavier Arzalluz, le presentó las condiciones peneuvistas para respaldar su investidura. En esos momentos el sí, el no o la abstención del PNV era, a los efectos de su nombramiento como presidente, irrelevante, pues Aznar ya había conseguido el número suficiente de diputados gracias al apoyo de CiU y de Coalición Canaria. Sin embargo, tal vez con el fin de sacarse la espina de la humillación sufrida -menos de 300.000 votos respecto a Felipe González, cuando muchos habían vaticinado una marcha triunfal hacia La Moncloa-, deseaba concitar en torno suyo la mayor cantidad posible de adhesiones. Lograr la del PNV era, además, relevante. No en vano, el PNV había sido, desde la época del exilio, aliado de los socialistas.

Sostiene Anasagasti que Aznar, leídos los papeles que él le presentaba, se levantó muy solemne y dijo: «No hace falta firmar. Basta la palabra y lo que se acuerda, se cumple». Así comenzó, pues, el idilio entre PP y PNV que se prolongó un par de años hasta quebrar, no obstante, a raíz del nefasto Pacto de Lizarra e incluso durante algún tiempo más. Resulta, en todo caso, asombroso, por no decir escandaloso, que el acuerdo se fundamentara en diversas reivindicaciones del PNV, desde luego legítimas, sin abordar en absoluto la necesidad -simplemente de sentido común- de que Moncloa y Ajurianea concertaran criterios a la hora de combatir el terrorismo: el principal y más dramático problema.

Luego de aquellos hermosos días de vino y de rosas, Aznar y Arzalluz pasaron a ser enemigos irreconciliables. Fueron ambos irresponsables entonces, en el momento del pacto, y continúan, en este sentido, siéndolo ahora mismo. Con la diferencia, en contra de Arzalluz, de que resulta injustificable su permanente tendencia a amparar, de hecho, a Batasuna frente a las ofensivas -perfectamente ajustadas al Estado de Derecho- emprendidas desde el Parlamento y desde la Justicia. La política del PNV repecto a la realidad sociológica en Euskadi resulta cada vez más inasumible. También para cuantos creemos que, antes o después, tendrá que ser el diálogo el instrumento indispensable para la paz y para la libertad de todos los ciudadanos vascos, incluidos, por supuestos, aquéllos que son ajenos o contrarios al nacionalismo imperante.

JOSE MARIA MICHAVILLA / Ministro de Justicia
«Hay que ilegalizar a Batasuna por ética y por dignidad democrática»
FERNANDO GAREA El Mundo  24 Agosto 2002

MADRID.- El domingo 4 de agosto, apenas unas horas después del atentado de Santa Pola en el que murieron dos personas, entre ellas una niña de seis años, José María Michavila recibió una llamada: el presidente del Gobierno quería que interrumpiera sus breves vacaciones para poner en marcha el proceso de ilegalización de Batasuna.

Tras 20 días de trabajo en el Ministerio de Justicia, el lunes el Congreso de los Diputados iniciará el trámite que terminará en el Tribunal Supremo, previo paso por el Consejo de Ministros del día 30. La semana siguiente se presentará la petición en el Supremo, en paralelo a la iniciativa del fiscal general del Estado. Se trata de aplicar la Ley de Partidos, en cuya aprobación participó directamente Michavila como secretario de Estado de Justicia y número dos del anterior ministro, Angel Acebes.

Para el próximo curso, Michavila tiene, entre otros, el encargo de Aznar de poner en marcha un plan contra la delincuencia. De hecho, de los 20 proyectos anunciados por el presidente del Gobierno en el Debate sobre el estado de la Nación, nueve se refieren al Ministerio de Justicia.

PREGUNTA.- ¿Por qué hay que ilegalizar a Batasuna?
RESPUESTA.- Porque Batasuna viene demostrando con hechos que es el brazo político del terrorismo etarra.

P.- ¿Era necesario actuar con tanta celeridad?
R.- El Gobierno impulsó la Ley de Partidos Políticos como una gran conquista ética de una democracia sin complejos y lo hizo con todo el rigor jurídico. Con ese mismo rigor va a ser aplicada ahora, manteniendo las garantías, cuando se cumplen los requisitos de la Ley.

P.- ¿Es causa de ilegalización la no condena de atentados? ¿Existe el derecho al silencio?
R.- No se trata sólo de ilegalizar por no condenar. El informe de la Abogacía del Estado muestra que Batasuna acredita toda una trayectoria activa de apoyo y legitimación del terrorismo que no se ha interrumpido con la entrada en vigor de la Ley.En ese contexto se incluye su negativa a distanciarse de los atentados terroristas como muestra de que no se ha quebrado su trayectoria como brazo político de ETA. Porque es obligación de todos los demócratas luchar contra el terrorismo y los reiterados silencios ante los asesinatos suponen actitudes de legitimación.

P.- ¿Qué le parece la abstención de CiU?
R.-Ha sido una extraordinaria sorpresa, porque ha sido un partido que siempre ha estado apoyando la lucha contra el terrorismo.Además, se aceptaron sus 36 enmiendas a la Ley de Partidos, participó en el acuerdo para aprobar la Ley y, por eso, me cuesta entender que no acepte que el Parlamento pueda participar en el proceso de ilegalización del brazo político de ETA.

P.- ¿Cómo afectará esa abstención en las relaciones del Gobierno con CiU?
R.- Yo voy a mantener una relación de diálogo con CiU. La he mantenido con Xavier Trías y con Manuel Silva y en el marco del Pacto de Estado de la Justicia seguiremos colaborando. Eso no quita para que los ciudadanos juzguen la posición de CiU en la ilegalización de Batasuna, porque igual que me ha sorprendido a mí estoy seguro de que tampoco lo entenderán sus propios votantes.

P.-¿Qué opina de la posición del PNV?
R.-El PNV ha llegado a decir que esta es una ley para ilegalizar a los nacionalistas. Creo que los hechos y el informe jurídico desmienten esa versión y trazan una raya entre los que están con la democracia y los que están con los terroristas y contra la democracia. Habrá que preguntar al PNV de qué lado está y por qué quiere trazar una raya distinta, situándose en el lado de los que atacan a la democracia. No es verdad que se ilegalicen ideologías y el PNV está contrayendo una deuda moral con el pueblo vasco al no estar a la altura de la calidad de tantos ciudadanos que luchan diariamente contra el terror, la persecución o la exclusión.

P.- Pero con acusaciones como estas da la sensación de que el Gobierno niega el derecho a discrepar con la ley o con su aplicación.
R.- No, simplemente como demócrata me resulta dificil de entender que haya gente que quiera que tenga financiación pública un partido que dedica ese dinero a financiar atentados. Eso ya está acreditado.

Como lo está que ETA utiliza para mandar cartas de extorsión y amenaza el censo electoral que Batasuna tiene como partido legal que concurre a las elecciones. O cuesta trabajo entender como demócrata que hay quien quiera que siga siendo legal un partido que legitima permanentemente el asesinato y la extorsión.O un partido en el que la selección de sus dirigentes no se hace por mérito y capacidad sino que el mérito es haber cometido acciones terroristas.

O que se utilicen las sedes de ese partido para extorsionar.

P.- Pero desde una posición democrática hay quienes opinan, por ejemplo, que los efectos de la ilegalización van a ser negativos.
R.- Creo que la ilegalización de Batasuna va a ser muy positiva, primero como acto ético y de dignidad democrática. Una democracia digna y de calidad no puede seguir permitiendo que se utilice la propia democracia para asesinar, chantajear y aterrorizar.

En segundo lugar tendrá el efecto positivo de que se dejará de financiar con los impuestos de todos los españoles a un partido que utiliza los privilegios constitucionales de los partidos políticos en beneficio del terrorismo.

Van a desaparecer otros privilegios porque, no hay que olvidar que, por ejemplo, Batasuna, brazo político de ETA, da licencias de urbanismo en muchos sitios donde gobierna y donde se excluye a todos los que no son nacionalistas radicales. Esos son efectos positivos y no veo ninguno negativo porque será un paso muy importante en la lucha contra el terrorismo.

P.- ¿Asume el riesgo de que pueda anularse en el futuro en Estrasburgo una decisión de la inmensa mayoría del Parlamento?
R.- Esta Ley se ha hecho con el pleno respeto al Estado de derecho y a los principios democráticos y su objetivo es acabar con la impunidad. Supera con mucho todos los estándares de calidad democrática establecidos en países de nuestro entorno y por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay una Ley que ilegaliza actuaciones y no ideologías; da la competencia al máximo órgano del Poder Judicial independiente y no al Ejecutivo, como ocurre en Francia; se permite que la sentencia del Tribunal Supremo sea recurrida al Tribunal Constitucional, y no en una única instancia como ocurre en Alemania y se establecen las garantías de un proceso contradictorio con periodo de pruebas, no como en Francia.

Y se cumple la jurisprudencia del Tribunal Europeo que señala que un Estado de derecho tiene la obligación de defenderse de quienes, desde la democracia, atacan a la propia democracia.

P.- ¿Hay una carrera entre el Gobierno y Garzón por ver quién ilegaliza antes a Batasuna?
R.- Lo único que hace el Gobierno es aplicar la ley y el juez Garzón cumple también su función de hacer cumplir el Estado de derecho. Esta Ley ha sido posible precisamente porque hay muchos hechos probados que demuestran la estrecha relación entre Batasuna y ETA.

P.- ¿Es posible aplicar a un partido un artículo del Código Penal referido a asociaciones y empresas como hace Garzón?
R.- Los partidos son asociaciones, según explica la exposición de motivos de la Ley de Partidos y el propio Tribunal Constitucional en todas sus sentencias, como la 3-80. La ley de Partidos es desarrollo del artículo 22 de la Constitución sobre derecho de asociación.

P.- Uno de los efectos de la ilegalización puede ser que el PNV recoja los votos de Batasuna en las municipales de 2003, ¿han previsto esa posibilidad?
R.- La ilegalización no está marcada por una estrategia electoral, sino por principios de dignidad democrática, al margen de previsiones electorales. Es un paso más para acabar con ETA, aunque por sí sola no sea la solución definitiva.

P.- ¿Es cierto que la ilegalización lleva a la clandestinidad a miles de votantes de Batasuna como dice Arzalluz?
R.- No, los votantes de Batasuna podrán votar ahora a cualquier formación que no financie al terrorismo, que no defienda el asesinato.A lo mejor, lo que quiere el señor Arzalluz es que se legalice a ETA.

P.- ¿Qué más reformas legales se pueden hacer contra el terrorismo?
R.- Lo primero es aplicar con toda firmeza el Estado de derecho y seguir aplicando las medidas policiales y la cooperación internacional que tan bien está funcionando. Hay que concretar las medidas legales acordadas con el PSOE dentro del Pacto contra el terrorismo para proteger a los concejales en el País Vasco.

P.- ¿Hay previsión de que los terroristas cumplan íntegramente sus condenas?
R.- Ahora estamos centrados en la aplicación de la Ley de Partidos y, por el momento, no está planteado.

P.-¿Cuándo tiene previsto aprobar las medidas legales aunciadas por Aznar para combatir la delincuencia?
R.- En los próximos días empezaremos a poner en marcha los trabajos para cumplir los objetivos marcados por el presidente del Gobierno.Nueve de las 20 propuestas que hizo en el Debate sobre el estado de la Nación se refieren a asuntos relacionados con el Ministerio de Justicia.

P.- ¿Las presentará el Gobierno en solitario o dentro del Pacto para la Justicia?
R.- No son elementos de reforma de la Administración de la Justicia, sino de la lucha contra la delincuencia. No tiene nada que ver con el Pacto de la Justicia, sin perjuicio de que se intentará el diálogo y el acuerdo con el mayor número de partidos con el objetivo de perseguir con más eficacia a los delincuentes.

P.- ¿En qué se va a concretar?
R.- El primer objetivo es el de reducir el tiempo hasta que se celebren los juicios. Ya se aprobaron los juicios rápidos y el objetivo es evitar que a los delincuentes que se detiene entren por una puerta y salgan por otra.

El enjuiciamiento rápido permitirá la reducción del número de presos preventivos.

Otro objetivo es acabar con la multirreincidencia, porque ahora se cometen muchos delitos antes de que se celebre el primer juicio.La habitualidad en el delito debería impedir la libertad provisional a la espera de juicio.

Otro objetivo de la reforma será la revisión del sistema de concesión del tercer grado penitenciario y de los requisitos para expulsar a extranjeros que cometan delitos.

P.- ¿Funciona el Pacto de la Justicia?
R.- Si, es la primera vez en la historia judicial española que los tribunales resuelven más causas de las que entran y se está empezando a poner en hora el reloj de la Justicia.

Por primera vez hemos superado el número de 4.000 jueces y magistrados y estamos iniciando reformas importantes. Por ejemplo, estamos haciendo que el derecho sea más sensible a los problemas reales de quienes generan puestos de trabajo, es decir, los pequeños y medianos empresarios. Por eso, vamos a crear juzgados especializados en mercantil, con jueces especializados y asistidos por peritos, y una nueva ley concursal que no dé la espalda a los trabajadores y a las empresas con dificultades, en favor del mantenimiento de los puestos de trabajo.

En breve también presentaremos un nuevo código de sociedades.

P.-¿Ha fracasado el Pacto en el objetivo de eliminar la politización del Poder Judicial al repetirse reiteradamente las mayorías en función de quién propuso a cada vocal?
R.-Ya hay un pacto positivo porque el Consejo General del Poder Judicial era el único órgano constitucional sobre el que se discutía su forma de elección. Había modelos distintos de cada partido y ahora se ha hecho un pacto de Estado que cierra esa lucha partidista.Hay un modelo consensuado con una doble legitimación: la elección de los propios jueces y la del Parlamento. El hecho de que haya mayorías en el seno del CGPJ forma parte de las reglas de la democracia para tomar las decisiones cuando no hay unanimidad.En este consejo se han tomado muchas decisiones por unanimidad, pero me parecería preocupante que todas las decisiones fueran por unanimidad.

P.- ¿Cómo se va a aplicar la limitación temporal para fiscales y jueces en determinados cargos?
R.- Una de las actuaciones que se lleva a cabo es la modernización del papel de los colectivos que participan en la Administración de Justicia. Por ejemplo, se revisa el estatuto de la Abogacía, el de los procuradores, el régimen retributivo y la carrera profesional de los jueces y se modificará el estatuto del Ministerio Fiscal.El objetivo es incentivar la profesionalización y la especialización, incorporando criterios de modernización.

Por el momento estamos en la fase de hablar con los grupos parlamentarios.Se incluye el criterio de la temporalidad en las jefaturas de las fiscalías.

P.- ¿Tiene previsto cambiar la Ley del Menor?
R.- Yo creo que la aplicación que hacen las comunidades autónomas es positiva. Está demostrado que los menores de 18 años que ingresaban en prisión en un 85% volvían luego a la cárcel, mientras que ahora se les da una nueva oportunidad para intentar su reeducación.Nos falta el reglamento de la ley y para eso se está trabajando con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

P.- ¿Qué hay que cambiar del sistema de penas del Código Penal?
R.- Hay una comisión que está terminando su informe y parece muy sensato pensar que deben actualizarse algunas penas e introducir algunos nuevos tipos delictivos. Por ejemplo, la ablación del clítoris que habría que penalizar.

P.- ¿Es partidario de indultar al ex general de la Guardia Civil Rodríguez Galindo?
R.- En este momento la instancia que le enjuició está haciendo su informe y se tramita el expediente como en cualquier otra petición de indulto. Por eso, no tengo una opinión formada hasta que no reciba todos los pronunciamientos.


EL ESTADO ESTRECHA EL CERCO / Acuerda nombrar un administrador judicial para las 'herriko tabernas' y sociedades 'abertzales' que ha embargado / Anasagasti dice que, aunque no les guste, tendrán que cumplir la Ley de Partidos
Garzón comunica a Batasuna que va a suspender cautelarmente sus actividades como partido
EUFRASIO FDEZ-FANJUL. AGUSTIN YANEL El Mundo 24 Agosto 2002

MADRID.- El juez Baltasar Garzón continuó ayer con la ofensiva legal que ha iniciado contra el partido abertzale Batasuna: por una parte, a primera hora de la mañana comunicó a la abogada Jone Goirizelaia, representante de esa formación política, que va a suspender de manera cautelar sus actividades; poco después, citó a los representantes de las herriko tabernas y de las asociaciones culturales que dependen de Batasuna, para que comparezcan el 23 de septiembre en el Juzgado y notificarles que va a nombrar un administrador judicial que se encargue de su control.

Goirizelaia acudió al Juzgado porque, tal y como exige el Código Penal, el juez debe oír a los representantes legales de las empresas, asociaciones o fundaciones antes de ordenar su clausura temporal por un plazo no superior a cinco años.

Esta abogada no quiso hacer ningún comentario a los periodistas cuando concluyó su comparecencia ante el magistrado. Previamente, en el juzgado, pidió al juez que no acuerde ilegalizar a Batasuna porque, si lo hace, vulneraría derechos fundamentales como el de poder constituir partidos políticos y, además, sería «desproporcionada», según informaron fuentes jurídicas.

El fiscal Jesús Santos, por el contrario, entregó ayer un informe al juez Garzón en el que indica que la suspensión cautelar no vulneraría el derecho de asociación y es «proporcional» a la gravedad de las acusaciones que se imputan a este partido político abertzale.

Tutela judicial
Además, siempre según las mismas fuentes, la abogada de Batasuna argumentó que Garzón, titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, no tiene competencias para acordar una resolución como la que pretende llevar a cabo, por lo que Goirizelaia considera que se vulneraría también el derecho a un juez predeterminado por la ley.

A esos argumentos, la abogada agregó una posible vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que el juez ha mantenido bajo secreto una parte de esta investigación hasta el pasado 20 de julio, lo que ha impedido a Batasuna conocer las diligencias que llevaba a cabo y los informes que ha realizado la Unidad Central de Información de la Policía.

Sin embargo, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, se mostró en contra de la petición de la nulidad de actuaciones porque considera que la posible paralización de las actividades del partido abertzale «cumple con todos los presupuestos de legalidad en cuanto a que tiene perfecta cobertura y encaje legal en los artículos 520 y 129 del Código Penal».

En su opinión, en estos momentos es «indispensable» acordar la suspensión de actividades de Batasuna «como complemento de otras medidas cautelares ya acordadas». «Con esta medida, de alguna forma se va a tratar de impedir la continuidad y reiteración delictiva, así como los efectos de esa actividad» criminal, aseguró el número dos de la Fiscalía de la Audiencia.

Respecto a la supuesta falta de competencia de Baltasar Garzón, el fiscal estimó que no cabe plantear ahora ese argumento porque la posible ilegalización será adoptada por una autoridad judicial con competencia «objetiva material», a través de una resolución motivada.

Goirizelaia también denunció que en este caso no se han dirigido las acusaciones contra personas concretas, que es lo que exige el Código Penal.

Garzón, además, acordó ayer citar a los administradores de las sociedades que figuran como titulares de las herriko tabernas y de las asociaciones culturales que dependen de Batasuna, para comunicarles que va a nombrar un administrador judicial sobre las mismas.

Esta decisión se produce después de que el 3 de julio el juez declarara a Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna responsables civiles subsidiarios de los daños y desperfectos ocasionados en los actos de violencia callejera (kale borroka). Garzón acordó entonces el embargo de 75 entidades, entre ellas 23 herriko tabernas.

El portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, aseguró ayer, en declaraciones a la emisora catalana RAC 1, que el Gobierno vasco cumplirá la Ley de Partidos. «Aunque no nos guste, se tiene que cumplir con la ley. Si el ertzaina ha de actuar como policía judicial, lo hará», sentenció. No obstante, Anasagasti, que defenderá el lunes el voto en contra de la ilegalización de Batasuna, rechazó valorar la decisión del juez Baltasar Garzón .

Amenazan a una edil socialista metiendo un sobre con una diana en el bolsillo de su hija de dos años
Los proetarras aprovecharon un descuido para introducir entre las ropas del bebé la «advertencia»
Un proetarra «estrenó» ayer un nuevo método para amenazar a un edil no nacionalista. Un individuo introdujo en el bolsillo de una niña de dos años un sobre con una diana dentro. Su madre, concejal socialista en la localidad vizcaína de Musquiz, descubrió poco después la «advertencia». Mientras Idoia Correa y su bebé paseaban por el parque de la localidad, una persona aprovechó un descuido de la madre para introducir entre las ropas de la niña la carta con la diana. El método utilizado, que ayer denunció Antena 3 Televisión, ha causado conmoción y profundo malestar en Musquiz.
Redacción - Madrid.- La Razón 24 Agosto 2002

Idoia Correa, concejal socialista de la pequeña localidad vizcaína de Musquiz, fue amenazada ayer a través de su hija de dos años, según han logrado saber los servicios informativos de Antena 3. El episodio, que ha causado conmoción, tuvo lugar mientras la edil paseaba por el parque con su bebé, de apenas dos años. Sin que la madre se diera cuenta, un individuo proetarra, introdujo un sobre en el bolsillo del vestido de la pequeña mientras jugaba en el parque de la localidad. En el interior del sobre, un papel con una diana dibujada. Al coger a la niña, la madre se percató de la presencia de la carta con la amenaza, sin que pudiera identificar a la persona que introdujo el sobre.
La localidad vizcaína, que está gobernada por el Partido Nacionalista Vasco, cuenta con una población de seis mil habitantes. En su Ayuntamiento hay ocho ediles de la coalición PNV Eusko Alkartasuna (EA), tres concejales del Partido Socialista, al que pertenece la concejal amenazada a través de su hija, y el mismo número de ediles de la formación abertzale Batasuna.

Este «novedoso método» para amedrentar a ciudadanos no afines con las teorías abertzales, en concreto contra una de las tres ediles socialistas en el municipio, ha causado profundo malestar.

A pesar de que no es un método habitual de amenaza, la organización criminal Eta no ha tenido nunca reparos para incluir entre sus víctimas niños. El último infante asesinado fue la pequeña Silvia M. S., de seis años, hija de un guardia civil, muerta el pasado cinco de agosto en Santa Pola, tras colocar la banda terrorista un coche bomba junto a la casa cuartel de la localidad levantina. En el atentado murió también un hombre de cincuenta y siete años y hubo cuarenta heridos. Muchos de los veinticinco menores asesinados por los pistoleros de Eta fallecieron en ataques contra otras casas cuartel. El más sangriento fue el llevado a cabo en 1987 en Zaragoza, en el que murieron varios niños, entre ellos las gemelas Miriam y Esther B. A. tras la colocación de un coche bomba contra un edificio de la Benemérita. Otro atentado brutal, en el que Eta segó la vida de otros cuatro pequeños, fue el cometido en Barcelona el 19 de junio de 1987 contra Hipercor. Murieron veintiuna personas.

Edurne Uriarte: «La abstención de CiU no se puede justificar desde el punto de vista democrático»
Valiente a la hora de hablar de lo que sabe, política, Uriarte afirma que nadie entiende la confusión generada dentro de CiU por su actitud ante la deslegalización de Batasuna
Antonio SEMPERE La Razón 24 Agosto 2002

Edurne Uriarte, profesora de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco, imparte un curso magistral en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo sobre «España: nación, patria o estado», cuyas tesis se recopilarán en un volumen publicado por Espasa Calpe antes de final de año. Uriarte considera prioritario el fortalecimiento de España como nación. «Un nacionalismo político fuerte es necesario para una democracia fuerte».

¬¿Cómo valora la última acción del juez Garzón?
¬La decisión de Garzón es la consecuencia de un trabajo que viene realizando desde hace mucho tiempo dentro del entramado Batasuna-ETA. Por lo tanto no me ha sorprendido porque es una decisión que va en la línea de todas las investigaciones anteriores. En relación con la ley de partidos la decisión de Garzón complementa la emprendida por el parlamento.

-¿Y sobre la abstención de CiU?
-Es incomprensible y creo que no se puede justificar desde el punto de vista democrático. Creo que Convergencia i Unió es consciente de ello y eso ha provocado que el partido haya llevado a cabo declaraciones confusas que nadie entiende. Si este partido tiene una actitud antiterrorista no ponga en práctica esta actitud con medidas contra el entramado ante el terrorismo. Lo que ha hecho como partido es no asumir su parte de responsabilidad contra el terrorismo.

¬¿Cuándo hablamos de España, ¿a qué nos referimos?
¬España en los últimos años es sobre todo un estado, y es necesario fortalecer España como nación, y me parece que como nación es mucho más débil que como estado. Creo que una de las tareas fundamentales para los españoles y sus élites políticas debe pasar por ese fortalecimiento.

Nacionalismo político y étnico
¬¿España es integración?
¬Cuando hablo de fortalecer a España como nación estoy pensando en un concepto de nación política, que es el que en buena medida ha querido definir el patriotismo constitucional con un acierto relativo, porque tiene sus problemas. Pero me parece importante distinguir los conceptos de nacionalismo político y el nacionalismo étnico. Creo que un nacionalismo político fuerte es necesario para una democracia fuerte.

¬¿Qué papel juega la identidad en este proceso?
¬En relación con la nación política me refiero a un tipo de identidad que es la del ciudadano que se percibe miembro de un proyecto político común, que en este caso se llama España, e incluye un sistema democrático fuerte. Cuando hablamos de identidad lo hacemos de identidad democrática, en el caso de ciudadanos que tienen la obligación de contribuir al sostenimiento de ese proyecto, y por supuesto no se trata de una identidad étnica, sino abierta a todos aquellos que quieran formar parte de ese proyecto democrático.

¬El concepto de patria se usa poco.
¬Hay quienes señalan que el patriotismo nos remite al concepto de nación política. Para mí el patriotismo y el nacionalismo político son lo mismo. Tanto el concepto de patria como el de nación, referidos a España, no se utilizan. Sí se alude a ellos para hablar de los nacionalismos periféricos. ¿Por qué están tan poco asumidos? Por la forma en que hemos construido la democracia y sobre todo por la forma en que se hizo la transición. Hubo un papel determinante: el deseo de superar totalmente el franquismo. Lo que ocurre es que ese deseo positivo tuvo unos efectos negativos en este sentido, porque nos llevó a desaparecer la idea de España como nación; porque nos hizo pensar que cualquier fortalecimiento de la idea de nación era una vuelta al pasado franquista. Esa idea ha pervivido hasta nuestros días. Yo creo que ese complejo empezamos a superarlo ahora.

-¿Cómo se explica el fervor étnico en el siglo XXI?
¬En las sociedades desarrolladas siguen perviviendo y conviviendo sentimientos de este tipo, a mi juicio, contrarios a la modernización y poco compatibles con la democracia. No ocurre sólo en la sociedad española, aunque en cada una se manifiesta con unos rasgos diferentes.

¬¿Qué papel juegan signos como la bandera y los himnos?
¬La importancia de los símbolos es relativa. Hay ocasiones en que dicha importancia se pone de relieve porque no los cuidamos, y un ejemplo lo tenemos en el País Vasco. Dentro de la desaparición de España en el País Vasco está la desaparición de los símbolos españoles, como la bandera, y como ella, el conjunto de símbolos que representan a España. La desaparición significa que está ocurriendo algo muy grave. Hemos descuidado los símbolos, y, al menos, hay que cuidarlos.

Kakistocracia: Gobierno de los peores
Porfirio Cristaldo Ayala Libertad Digital  24 Agosto 2002

El Paraguay es un país fácilmente próspero, al que le sobran valiosos recursos. Tiene abundantes tierras fértiles, agua dulce y energía eléctrica, una población joven, técnicos capacitados y una ubicación estratégica en el inmenso mercado del Mercosur. ¿Cómo es posible que se esté hundiendo en la desgracia, con millones de personas en la pobreza extrema? ¿Qué clase de gobierno puede ser tan ruinoso? La culpable es la kakistocracia, ‘‘el gobierno de los peores‘‘.

La kakistocracia –expresión creada por el filósofo Jorge Luis García Venturini a partir de kakós, malo, y cracia, gobierno– no define sólo el gobierno de los peores, de los gobernantes, legisladores y jueces más incapaces y corruptos, sino también de los dirigentes con las peores ideas y políticas económicas. Malos políticos, con malas políticas. La kakistocracia es un sistema que busca perpetuarse a sí mismo. Desde 1989, cuando cayó la dictadura stronista, los mismos políticos permanecen aferrados al poder, colgados del Presupuesto, viviendo a expensas de la población.

Al gobierno de los peores le importa un bledo la democracia y el estado de derecho. En marzo de 1999, el Parlamento derrocó al gobierno de Cubas, elegido apenas siete meses antes, luego del asesinato del vicepresidente Argaña y la muerte de siete manifestantes. La kakistocracia destituyó así al primer gobierno electo en elecciones transparentes, con padrones limpios y el 54% de los votos. Y no se hicieron nuevas elecciones. Más recientemente, una iniciativa popular con la firma de 75.000 ciudadanos, tendente a votar con listas abiertas, fue descartada por el Senado. Los jefes partidarios prefieren elegir ellos a los representantes y que el pueblo se limite a votar inútilmente.

A la kakistocracia no le interesa sanear el Estado, reducir el gasto político, combatir la corrupción o modernizar la economía. No están dispuestos a impulsar medida alguna que implique una merma en sus privilegios o el riesgo de un costo electoral. Para gobernar, los políticos deben ser electos, y para ser electos, no deben propugnar medidas impopulares, aunque sean justas, morales o beneficiosas para el país, como las privatizaciones, la reforma de la seguridad social y la flexibilidad laboral. La kakistocracia tampoco puede sanear el Estado, eliminando regulaciones, monopolios y burocracia, porque estos constituyen el gran botín que persiguen los políticos. Sin los monopolios, podría acabar la impunidad y corrupción.

Tampoco puede combatir la corrupción. Es poco menos que imposible para el gobierno de los más corruptos combatir la corrupción que rebosa por todos los resquicios del Estado. Sería absurdo exigir o implorar a la kakistocracia que persiga y castigue a sus propios miembros. A diferencia de la dictadura, donde Stroessner organizaba y controlaba cuidadosamente toda la corrupción, en la kakistocracia la corrupción está democratizada y descentralizada. Cada uno defiende su propio nicho de corrupción, repartiendo a sus “recaudadores” en los cargos públicos donde se manejan fondos, se cobran impuestos o se verifican las importaciones.

La kakistocracia no puede reducir el gasto político, ni el déficit fiscal o la deuda, porque ello le obligaría a reducir los salarios de gobernantes, legisladores, jueces y funcionarios. Para los políticos esto sería como cortarse las venas. Antes preferirían ver a la gente comer de los basureros, como en la Argentina, que restringir sus propios salarios y privilegios. No pueden achicar el aparato estatal, reduciendo el número de funcionarios ociosos (alrededor de la mitad de los 200.000 funcionarios actuales no cumplen función alguna de utilidad para el país), porque ello atacaría la fuente misma de su poder: el clientelismo político. Su poderosa maquinaria electoral se sostiene por el clientelismo y las prebendas.

El gobierno de los peores defiende el estatismo y sus privilegios del mismo modo que lo hacían las monarquías absolutistas que derribó el liberalismo. Por la misma razón, los políticos radicales y dirigentes sindicales y campesinos de izquierda aborrecen la reforma del Estado, los derechos de propiedad privada, la privatización, la libre competencia, la apertura de los mercados, la globalización, el gobierno limitado, la libertad de elegir, trabajar, comprar y vender y todo lo que pueda significar modernidad, inversiones, empleos y bienestar para la población.    © AIPE <http://www.aipenet.com>

Porfirio Cristaldo Ayala es corresponsal en Asunción de la agencia de prensa AIPE.

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