AGLI

Recortes de Prensa     Miércoles 28 Agosto  2002
Aplicación de la legalidad
Editorial La Razón 28 Agosto 2002

LA ERTZAINTZA COLOCA A BATASUNA A LA INTEMPERIE
Editorial El Mundo 28 Agosto 2002

Cerrado para siempre
Ignacio Villa Libertad Digital  28 Agosto 2002

La nueva encrucijada del PNV
Editorial ABC 28 Agosto 2002

La hora de la verdad
José María CARRASCAL La Razón 28 Agosto 2002

Ataques de nervios
Román CENDOYA La Razón 28 Agosto 2002

De lo deseable a lo posible
JOSEP RAMONEDA El País 28 Agosto 2002

Respiros de libertad
Cartas al director ABC  28 Agosto 2002

Auto de choque
Lorenzo Contreras La Estrella 28 Agosto 2002

Izquierda suficiente
Carlos Rodríguez Braun Libertad Digital  28 Agosto 2002

¿Todas las ideas Pero, ¿todas, todas
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz 28 Agosto 2002

La Ertzaintza cierra las sedes de Batasuna tras enfrentarse a los radicales
O. B./BILBAO El Correo 28 Agosto 2002

ETA coloca una bomba en el juzgado de Tolosa horas después del auto de Garzón
BILBAO EL CORREO  28 Agosto 2002

PNV y CiU ante la nueva situación
Pablo Sebastián La Estrella 28 Agosto 2002

Aplicación de la legalidad
Editorial La Razón 28 Agosto 2002

No podía ser de otra forma en una democracia consolidada. Policía Nacional, Guardia Civil y Ertzaintza procedieron a cumplir el auto de suspensión de las actividades de Batasuna y al cierre de sus locales en las capitales vascas y en la Comunidad Foral de Navarra, pese a las peculiares trabas de la consejería vasca de Interior, que incluso reclamó a la Audiencia Nacional aclaraciones sobre la forma de proceder, y las quejas del Gobierno de Ibarreche acerca de la falta de recursos humanos para acometer la operación cuando la Ertzaintza agrupa a más de 7.000 agentes. En cualquier caso, la labor de los tres cuerpos fue impecable y profesional, aunque especialmente complicada para la Ertzaintza, que encontró una violenta resistencia en Bilbao y Vitoria, donde se vivieron momentos de enorme tensión. Pero lo positivo fue que el Estado de Derecho funcionó y que las instrucciones del órgano judicial se cumplieron a rajatabla. Los rostros desencajados de los proetarras denotaron ayer que la página de la impunidad se había consumido y que la maquinaria del Estado de Derecho no parará hasta la derrota del terrorismo. Todo sería mucho más sencillo y rápido si el PNV abandonara su complicidad con Batasuna, pero no parece factible. Sobre todo, después de escuchar ayer al portavoz Imaz dar por «rota» la colaboración entre los partidos tras la deslegalización. Lamentable.

LA ERTZAINTZA COLOCA A BATASUNA A LA INTEMPERIE
Editorial El Mundo 28 Agosto 2002

El Gobierno Vasco ha aceptado el reto de esta encrucijada histórica colocando la lealtad al ordenamiento de la legalidad vigente por encima de sus propios planteamientos. En un primer momento hubo quien vio en las pegas expuestas para el cumplimiento del auto dictado por el juez Garzón unas simples excusas dilatorias.El consejero del Interior vasco comentó que no se trataba de vacilaciones sino de un retraso operativo para poder llevar a cabo la orden con eficacia. Los hechos demostraron ayer que tenía razón. La Ertzaintza llevó a cabo el precintado de sedes de la coalición abertzale en Vitoria, Bilbao y San Sebastián. Para hacerlo necesitó emplear la fuerza ante la actitud de grupos de militantes que trataron de impedirlo.

La actuación del Gobierno de Vitoria remarca que no pretende romper la baraja y que está dispuesto a acatar la legalidad que emana del Estado aunque eso le suponga un enfrentamiento grave con ciudadanos vascos que comparten sus ambiciones independentistas.

Los sucesos de ayer revelan, por otra parte, que Batasuna, a la hora de la verdad, posee una limitada capacidad de movilización de sus militantes. Tras el toque a rebato que marcaron sus dirigentes para la defensa de sus sedes respondieron grupos que apenas si sobrepasaban el centenar de personas.

El dato ya fue constatable en la última manifestación que la coalición protagonizó en Bilbao para protestar por su ilegalización.Apenas 3.000 personas acudieron a una cita que se presumía importante y que pretendía demostrar la fuerza de un partido frente a la amenaza más grave que puede soportar: su propia disolución. Algo similar se pudo comprobar cuando fueron encarcelados los componentes de la Mesa Nacional de Batasuna. Una prueba más de que sin la presencia de ETA y sus atentados son realmente muy poco.

Batasuna siempre ha estado en la intemperie moral. Desde ayer se encuentra en la intemperie jurídica y hoy se coloca, en el sentido literal del término, en la intemperie física.

La medida de la ilegalización va a tener un coste duro a corto plazo. Las amenazas graves que profirieron ayer los dirigentes de Batasuna presagian un recrudecimiento del terrorismo. Gritos como el de «pagaréis por lo que habéis hecho» sólo sirven para iluminar aún más el escenario y reafirmar las razones de una ilegalización pactada por una sociedad decidida al «basta ya» definitivo. La Ertzaintza y el Gobierno Vasco se limitaron a cumplir con su deber, a disgusto, y eso habla en su favor.

Cerrado para siempre
Ignacio Villa Libertad Digital  28 Agosto 2002

El Gobierno vasco ha cumplido finalmente lo indicado por el juez Baltasar Garzón, acabando así con unas horas de incertidumbre sobre la respuesta final de la Consejería de Interior del Gobierno vasco a la hora de poner en práctica el auto. Así pues, el Ejecutivo de Vitoria ha aceptado, como ya habían anunciado, los principios de la legalidad vigente. Esta actitud, que supone una buena noticia para todos, deberá tener una continuidad en el tiempo. Son muchas las medidas adoptadas por Garzón para suspender la actividad política de Batasuna que deberán ejecutarse en los próximos días. Quizá el gesto más impactante, el de mayor contenido mediático, es el cierre con precinto incluido de las sedes de Batasuna. Un cerrojazo que se deberá mantener y que tiene un significado mucho mayor del que pueda parecer.

En efecto, el primer resultado es que Batasuna se ha quedado en la calle. Es más, a la espera de la ilegalización, el brazo político de ETA no puede desarrollar actividad política alguna. Sus diputados regionales, forales y concejales se quedan sin siglas de referencia. Se cierra el grifo de las ayudas oficiales a grupos parlamentarios o municipales. Se remueven sus cuentas corrientes. Se cierra todo tipo de locales encubiertos en los que los batasunos diseñaban su perversa actividad de complicidad con el terrorismo. En definitiva, Batasuna desaparece como engaño político. Garzón le ha echado el cerrojazo temporal. Además, esta medida será reforzada definitivamente cuando la ilegalización sea una realidad. La sucesión de los acontecimientos durante las últimas semanas está demostrando que las dos vías emprendidas para cercar a Batasuna son complementarias. De esa circunstancia surge una mayor eficacia y, por ende, una gran contundencia en los resultados. Aquí no percibimos protagonismos por parte de nadie. En este caso, los tres poderes, guardando escrupulosamente la independencia entre sí, están trabajando en la misma dirección.

Lo cierto es que, cerradas las sedes de Batasuna, suspendida toda actividad del brazo político de ETA, lo que no es fácil de entender y tiene una difícil explicación es la actitud del nacionalismo vasco. El PNV se ha quedado en tierra de nadie. Lejos de sumarse a los partidos que están de acuerdo en defenderse de los enemigos de la democracia, se han refugiado en los brazos de Batasuna. Pero han sido precisamente los batasunos, cuando el Gobierno vasco ha ejecutado el auto de Garzón, los que han arremetido contra los nacionalistas vascos. El tiempo está confirmando que la doble estrategia y el doble lenguaje del nacionalismo está conduciendo al PNV y a Eusko Alkartasuna a una encrucijada de difícil salida. El último ejemplo es el anuncio del portavoz, Josu Jon Imaz, que ha dicho que el Gobierno vasco da por rota la colaboración con el resto de partidos vascos –léase de carácter nacional, como PP y PSE– en la lucha contra el terrorismo. Alguien nos podría explicar las razones de esta pataleta. Como siempre, el nacionalismo vasco reacciona con unas respuestas en las que salen perdiendo los ciudadanos vascos, mientras que el terrorismo y su entorno se refuerzan como si fueran los "buenos de la película". Una vez más, un auténtico desaguisado.

En estos momentos, el nacionalismo vasco se han quedado en la soledad producto de su egoísmo político. Una soledad de tremendos efectos y de incierto tratamiento que ellos mismos se empeñan en que sea irremediable.

La nueva encrucijada del PNV
Editorial ABC 28 Agosto 2002

La suspensión judicial de Batasuna y el acuerdo parlamentario que insta al Gobierno a demandar su disolución sitúan nuevamente al nacionalismo vasco en una encrucijada, que le obliga a elegir entre el Estado democrático o la denominada izquierda abertzale. Hasta ahora, el PNV siempre ha resuelto sus disyuntivas anteponiendo la comunión nacionalista a los principios de la democracia, que sólo exigen la colaboración incondicional para acabar con ETA. La reacción social que cercó a la banda terrorista y a la entonces Herri Batasuna tras la liberación del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara y el asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco desembocó en una crisis de nervios del nacionalismo, resuelta después de la manera más equivocada al elegir el camino del Pacto de Estella. Tras las elecciones autonómicas del año pasado, el PNV volvió a tener a su alcance la marginación definitiva de una izquierda abertzale que había perdido nada menos que 80.000 votos y la mitad de sus parlamentarios. También en esa ocasión, la respuesta política del nacionalismo democrático fue la escalada de tensión con el Estado, primero torpedeando de manera tosca y aparatosa la renovación del Concierto Económico y, luego, en julio pasado, implicando al Parlamento de Vitoria en un proyecto soberanista que contó con el visto bueno de ETA, a través de la abstención de Batasuna. Dos ocasiones históricas en las que los peneuvistas pudieron haber realizado una contribución determinante para asfixiar política y socialmente al entramado etarra, arrinconando a su «comando político» y erigiendo la erradicación del terrorismo como único fin legítimo de las instituciones vascas. No fue así y por eso estamos donde estamos.

Ahora, la desarticulación de Batasuna por los autos del juez Baltasar Garzón y la declaración política del Congreso de los Diputados contra esta formación proetarra sirven una nueva oportunidad al PNV para liberar a su política de las comprensiones y complicidades con la trama civil etarra, acumuladas en estos años de enloquecimiento soberanista. No es suficiente, como muestra de un cambio de actitud o de alineamiento con las fuerzas democráticas, que la Ertzaintza cierre las sedes de Batasuna en las tres capitales vascas. La sequía de gestos positivos hacia el Estado no puede convertir lo obvio en meritorio. La Ertzaintza, integrada en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha cumplido con su obligación legal como Policía judicial, ejecutando las órdenes de un magistrado de la Audiencia Nacional, lo mismo que han hecho los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en la Comunidad Foral de Navarra. Para eso están las competencias asumidas por las instituciones vascas, para hacerlas efectivas cuando lo exigen las leyes y los tribunales de Justicia.

La prueba del cambio reside en otros ámbitos y la primera reacción política del Gobierno que preside Juan José Ibarretxe no alimenta demasiadas esperanzas. Su portavoz, Josu Jon Imaz, declaró ayer rota la colaboración con las fuerzas políticas no nacionalistas establecida en la Mesa de Arkaute y en los demás foros abiertos por el lendakari para hacer creíble sus compromisos éticos contra la violencia. Con decisiones de esta naturaleza, el PNV se asegura el acierto de su propio diagnóstico sobre el aumento de la crispación a causa de la ilegalización de Batasuna y abunda en el victimismo de que hizo gala su portavoz parlamentario, Iñaki Anasagasti, durante el histórico Pleno de la Cámara Baja celebrado anteayer.

Una vez más, el PNV rompe la frágil colaboración entre demócratas -para un fin tan claro como la seguridad de los concejales amenazados- para reafirmar que ante todo es nacionalista. Por eso no será fácil que el partido presidido por Xabier Arzalluz acierte esta vez con el camino correcto y aproveche la nueva encrucijada para zafarse de un pasado inmediato que sería todo un baldón para cualquier demócrata. Su propia estrategia de crisis permanente le exige no aproximarse al Estado y a los partidos democráticos. Cualquier síntoma de normalidad -como la unidad sin atisbo de fisuras contra ETA- iría en contra de la teoría del conflicto, imprescindible para sostener después ante las bases nacionalistas el proyecto de ruptura que se describe en el dictamen de autogobierno. Renunciar a este proyecto para no favorecer coincidencias de fondo con la izquierda proetarra sería el único gesto creíble de cambio de actitud en el PNV. La línea está ya mucho más nítida, sólo hace falta que los nacionalistas se atrevan a mirarla y dejen aislados en el lado más oscuro del camino a quienes ayer, en sus sedes, se encadenaban a sí mismos, es decir, a ETA.

La hora de la verdad
José María CARRASCAL La Razón 28 Agosto 2002

¿De qué sirve condenar el terrorismo si luego no se le combate? ¿Cómo se puede estar contra Eta y no estar contra su brazo político? Son preguntas que no nos han contestado todos los nacionalistas moderados. Excusas, disculpas, alegatos, todos. Respuesta, ninguna. Y cuanto más traten de explicarlo, más problemas tendrán para salir del dilema en que ellos mismos se han metido. Por mucho que hablen de diálogo, la realidad, que es muy burra, demuestra que Batasuna no dialoga, exige. Y por mucho que reclamen una negociación con los violentos, ellos son los primeros en saber que los violentos no negocian, imponen. Entonces, ¿por qué siguen en su ambigüedad, en su indecisión, por qué se resisten a ilegalizar a quienes se han puesto al margen de la legalidad ellos mismos? La única explicación es que son nacionalistas antes que moderados, por mucho que presuman de lo segundo. Y, como ha quedado en evidencia cien veces, entre el nacionalismo democrático y el totalitario existen unos lazos ideológicos que, como los lazos de sangre, les unen por encima y por debajo de cualquier otro tipo de consideraciones, del mismo modo que se está con alguien de la familia, no importa lo que haya hecho. Aparte de existir en el nacionalista moderado un complejo de culpa ante el nacionalismo violento, un sentimiento de deuda hacia el que está haciendo el trabajo duro y sucio, mientras uno se queda tranquilamente en casa.

Pero eso, la ambigüedad, la duplicidad, la anfibología, se han acabado. La democracia tiene mucha paciencia, pero cuando se le acaba es tremenda. Que se lo pregunten a Hitler y a sus secuaces. La democracia española ha dicho «¿Basta!» al terrorismo etarra. Le ha dado mil ocasiones para el diálogo y la negociación, y la respuesta han sido mil asesinatos. Llega la hora de la verdad y el PNV (como CiU y el BNG en menor grado) tienen que decidir, no con palabras, sino con hechos, si están con la violencia o contra la violencia. Si están por el Estatuto o por la independencia. Hasta ahora, venían jugando a ambas cartas, en un ejercicio de victimismo y reivindicación permanente. No más. El Rubicón en este caso es la ley. Se cruza o no se cruza. Se acata o no se acata. Se obedece el auto de Garzón o no se obedece. Sin que sean posibles los términos medios. Hay que ser demócratas antes que nacionalistas y quien desobedezca la orden de la justicia es nacionalista antes que demócrata. Tan claro y simple como esto.

En cuanto a los efectos que tanto se temían, pues ya lo están ustedes viendo. El desalojo de la sede de Batasuna en Pamplona se realizó sin incidentes en cuanto se despachó una unidad antidisturbios. Mientras Otegui ya no grita sino que habla en tono normal. De momento, es lo que hemos ganado.

Ataques de nervios
Román CENDOYA La Razón 28 Agosto 2002

Un nervioso Anasagasti dando gritos fue la prueba de que al PNV le produce vértigo la modificación del cómodo escenario en el que llevan viviendo los últimos veinticinco años. Los nervios abren la puerta del subconsciente y por eso pudimos comprobar que los únicos que están haciendo electoralismo y cuentas con los votos de Batasuna son los del PNV. Sólo ellos hablaron de votos y dijeron que la medida «supone sacar de la UVI política a Batasuna, que iba a perder las próximas elecciones». Cuando Anasagasti dijo que la medida «nos aleja de la paz» pudo tener razón y que la ilegalización de Batasuna les aleje de la paz en la que viven los nacionalistas. Empiezan a preocuparse porque les han organizado cuatro concentraciones delante de sus Batzokis. Para saber cuál es la paz que hemos vivido merece la pena revisar las cifras hechas públicas por el juez Garzón. El PNV se retrató cuando dijo estar en contra del método. Aplicar la ley para luchar contra los terroristas les parece un «planteamiento simplista» y una «inmensa falsedad». La prueba de que algo va a cambiar después de veinticinco años es que en el PNV están al borde de un ataque de nervios.

De lo deseable a lo posible
JOSEP RAMONEDA El País 28 Agosto 2002

1. Ilegalizar un partido es un acto extremadamente grave. Más todavía en un país en que la dictadura franquista prohibió los partidos políticos y los que hoy están en la oposición parlamentaria eran ilegales hace 30 años. Cualquier objeción o discrepancia a una iniciativa de esta envergadura no sólo es legítima, sino que debería ser reconocida como aportación al debate democrático. El PP ha querido llevar el asunto por el camino de las adhesiones incondicionales: o estás a favor de la ilegalización o estás con los terroristas; además de injusto, es antidemocrático. Planteando la cuestión en estos términos, como ha hecho el Gobierno, no hay debate posible; sólo hay presiones y rechazos.

Nadie ha pensado nunca -ni siquiera la propia ETA, que por eso se inventó Batasuna- que ETA pudiera ser un partido legal. Un partido que utiliza la violencia como método de acción política no cabe en una sociedad democrática. Después del auto de Garzón no sólo desaparece cualquier duda, sino que hay muchas pruebas de que ETA y Batasuna son la misma cosa. Si así es, Batasuna forma parte de una organización terrorista, lo que la excluye del sistema democrático. La ilegalización no sólo tiene fundamento, sino que es ineludible. Y la pregunta que habría que formularse es: ¿por qué no se hizo antes? Porque algunos tópicos de la cultura de la transición lo impedían: en especial, la idea de que el PNV tenía el monopolio de la política vasca y la fantasía de la solución negociada que quedó definitivamente enterrada en Lizarra. Sólo una vez superados estos tópicos ha sido posible enhebrar una política antiterrorista fundada en la posibilidad de derrotar a ETA.

2. PP y PSOE dicen que la ilegalización de Batasuna es una cuestión de principios, CiU afirma que PP y PSOE están utilizando el terrorismo políticamente. ¿Desde cuándo los partidos se preocupan más de la justicia que de la victoria electoral, como diría Stefan Zweig? ¿No es el objetivo de todo partido conquistar el poder? ¿Por qué sorprendernos de que también en la ilegalización de Batasuna haya razones de estrategia electoral? En asuntos humanos hay que confiar siempre en sacar virtudes públicas de los vicios privados. Efectivamente, el PP ha visto que la opinión pública sintonizaba con su estrategia frontal en la cuestión vasca y profundiza en ella, sabiendo que le da muchos votos en España. El PSOE acepta la ilegalización sin apenas marcar distancias con el PP, a pesar de que las tiene, porque teme que cualquier otra posición le dejaría en fuera de juego ante una parte sustancial de la opinión pública. El PNV actúa con un objetivo muy concreto: arrastrar el voto de los electores que, sin Batasuna, se queden sin representación. Izquierda Unida busca, como siempre, el voto de los que consideran que el PSOE se amarra demasiado al PP. Y los inmaculados nacionalistas catalanes de CiU, que dicen ser los únicos que no utilizan electoralmente la cuestión terrorista, tratan de capitalizar la distinta forma de entender el problema que tiene la opinión pública (o quizá sólo la opinión publicada) en Cataluña, sabiendo que el PSC está obligado, aunque sea a regañadientes, a acompañar al PSOE.

Ante ETA hay tres posiciones que son las que deberían debatirse abiertamente. Unos piensan que la derrota de ETA no sólo es deseable, sino que además es posible; otros que es deseable, pero no posible, y unos terceros, que no es posible ni, en cierto sentido, deseable. Se podría pensar que estas tres posiciones se corresponden con las tres opciones de voto: el sí, la abstención y el no. Pero no es exactamente así, porque dentro de algunos partidos hay posiciones divergentes que el imán de la unanimidad frente al terrorismo y de la razón de partido obligan a silenciar. Está en el haber del PP que la confianza en la posibilidad de derrotar a ETA esté más extendida que nunca.

3. Una estrategia unitaria sólo es sólida si nadie se queda con reservas. La ilegalización de Batasuna se emprende sin la confianza necesaria entre las distintas fuerzas y sin la garantía de lealtad suficiente a la hora de aplicar las decisiones judiciales. ¿Qué hará el PNV, que está en contra, el día después de que los jueces pronuncien la ilegalización? Entre un debate abierto, para restaurar la confianza y disipar dudas y sospechas, y un debate cerrado, para organizar las adhesiones, se ha escogido esta última opción. ¿Era realmente la única posible? Si fuera así habría que apuntarlo en el debe del PP y del PNV, que cada cual desde su 'nosotros' contempla al 'otro' como aquel con el que no hay comunicación leal posible. Las razones del 'otro' también existen. El Gobierno de Ibarretxe se ha comprometido a aplicar la ley. ¿Podría darse, paradójicamente, que el cumplimiento de la ley de la que se discrepa fuera el punto de reconstrucción de la unidad democrática?

Desde un punto de vista político, el objetivo principal de la acción de gobierno debe ser que los ciudadanos vascos recuperen las libertades y los derechos básicos que en estos momentos, por la acción de ETA, no tienen garantizados. Todo otro objetivo debe subordinarse a la restauración de la normalidad democrática en Euskadi. Por tanto, retórica e hipocresía aparte, la pregunta es: ¿la ilegalización de Batasuna nos hace avanzar o nos hace retroceder en relación con el objetivo citado?

4. La derrota de Batasuna en las elecciones vascas fue el preludio de una serie de síntomas de aislamiento político y de crisis en el mundo aberzale radical. La situación internacional después del 11-S ha dejado a ETA con las espaldas desprotegidas y ha acrecentado su imagen anacrónica en Europa. La eficacia policial contra los comandos de ETA, que caen con una rapidez inusitada, y la acción judicial contra el entramado ETA-Batasuna han debilitado enormemente su estructura organizativa. Batasuna está en un callejón sin salida con su incapacidad para imponer cualquier iniciativa política a ETA. En este contexto, la ilegalización ¿es un instrumento indispensable para seguir avanzando, como pretende el Gobierno, o permitirá a Batasuna apelar a la solidaridad aberzale para reaparecer con más fuerza con otras formas, como sustentan los nacionalistas?

No es el argumento de los efectos no deseados -un posible aumento de la violencia etarra- lo que me hace plantear esta duda. Mata, luego existe. ETA seguirá matando, esté o no ilegalizada Batasuna. Si se dejaran de tomar decisiones por el peligro de que ETA mate, estaríamos completamente paralizados y entregados en sus manos. Son otras razones las que me inquietan: el procedimiento y la representatividad.

El auto de Garzón viene a despejar muchas incógnitas. Por un lado, confirma que la vía penal podía ser suficiente para desactivar a Batasuna; por otro, aporta pruebas contundentes sobre la relación ETA-Batasuna. Es fundamental que la propuesta de ilegalización se fundamente en estos aspectos. Sería muy problemático que un partido pudiera ser ilegalizado por cuestiones de opinión (o de omisión de juicio: no condenar un atentado). Y sería catastrófico que el Tribunal Constitucional o -mucho más grave todavía- que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo se cargara la ilegalización. Batasuna, por tanto, ETA, tendría un éxito insoportable.

La representatividad: algunos medios de comunicación se precipitaron poniendo como ejemplo la rápida ilegalización, por parte del Gobierno francés, del partido ultraderechista en que militaba el hombre que atentó contra Chirac. La efectista decisión del Gobierno galo era gratis: el tal partido era un grupúsculo del que nadie sabía su existencia el día antes del atentado. Batasuna representa a decenas de miles de electores vascos. El criterio numérico no hace verdad ni bondad. No por ser muchos tienen razón o dejan de ser delictivas sus actividades. Pero decenas de miles de personas son un problema político. Aunque estén montadas sobre la violencia. Y, por tanto, hay que medir muy bien las consecuencias de lo que se hace, aunque se haga por principios.

5. 'Todo conflicto violento acaba con una negociación y toda negociación tiene efectos sobre el marco institucional del país', me decía, a propósito de los conflictos latinoamericanos, un alto militar español especializado en mediaciones. Éste es el argumento que, desde sectores nacionalistas e incluso desde alguna opinión de izquierdas que todavía no ha completado la ruptura sentimental con ETA, o desde cierto pragmatismo de las relaciones de fuerzas, se traslada a la situación vasca para rechazar la ilegalización de Batasuna. Hay que preservar la expresión política del aberzalismo radical, dicen, que puede ser el camino para la integración de ETA en la vida civil. Es, a mi entender, un doble error: por un lado, se da carta de naturaleza al falso argumento del contencioso con el Estado, cuando la única figura que altera la vida democrática en Euskadi es ETA; por otro, se sigue pensado en ETA como agente político, cuando ETA sabe -y más todavía después de la tregua en que se dio cuenta de que en dos días habría perdido todo su protagonismo- que, si no mata, no existe. Cualquier cambio o negociación que se pueda producir será después de ETA, como exige la más elemental lealtad democrática. Por eso, el nacionalismo vasco debe ser el primero en considerar deseable la derrota de ETA. Son precisamente los sectores más fundamentalistas del nacionalismo español los que piensan que ETA es la garantía para que el País Vasco no se vaya. Y así se frustró en el pasado más de una oportunidad.

Decía Paolo Flores en El individuo libertario que hoy, más que nunca, la legalidad es el poder que tiene la ciudadanía para defenderse de los abusos de los poderosos; también, de ETA. La ciudadanía tiene derecho a exigir al Gobierno que aplique la ley. Pero, ¿por qué no dejar que Garzón complete el desmontaje de la trama político-económica ETA-Batasuna? Con las pruebas en la mano, todo el procedimiento será más claro y mucho menos vulnerable a los recursos judiciales. La democracia debe defenderse de sus enemigos, pero lo que la distingue de los otros regímenes es que en ella hasta éstos tienen derecho a expresarse. Por doloroso que sea para los demás. Cuando la democracia estrecha el marco de lo que se puede decir, se resiente toda ella.

Respiros de libertad
Cartas al director ABC  28 Agosto 2002

Somos testigos estos últimos días de una de las demostraciones más férreas de nuestra democracia. Ya iba siendo hora de que los ejecutores dejasen de compartir asiento con sus víctimas. La democracia ya no tiene por qué morderse la lengua cuando de manera pública se le insultaba de manera impune y «legal».

Se puede ver la desesperación de los batasunos en sus últimas intervenciones públicas. Incluso Arzalluz debe de estar ofendido viendo que sus polluelos, después de estar tanto tiempo bajo el calor de su ala, le amenazan. Anacarsis dijo una vez que la ley es una telaraña que detiene las moscas y deja pasar los pájaros. Esta vez no es así. Los buitres se quedarán pegados a la telaraña. Podrán seguir alimentándose de carroña, pero ya no los amparará la ley, sólo estarán refugiados por el odio, la sinrazón y la ceguera sabiniana. La ley de Partidos no es más, que es bastante, que una medida en la cual los vascos y el resto de los españoles estaremos más protegidos por la ley frente a la violencia etarra, que evitará que Josu Ternera, Arnaldo Otegi o Jon Idígoras obtengan cargos públicos. Esas 23 demostraciones de la vinculación de HB con la banda terrorista desde la entrada en vigor de la ley de Partidos nos enseña la cara pálida de este partido, y que ahora ni con máscaras conseguirán burlar a la ley.

Vienen aires frescos, son respiros de libertad.    Alberto Cruz-Mayor.   Madrid.

La hora de la verdad
Lorenzo Contreras La Estrella 28 Agosto 2002

Ahora, a esperar. Nada hay más digno de expectación que el horizonte que se abre ante la vista después de la aprobación por el Congreso del proceso político para ilegalizar Batasuna. Una, digamos, curiosidad que se acentúa tras el adelanto del juez Garzón con sus medidas inmediatas para conseguir por vía penal lo que populares y socialistas, con el apoyo de otras fuerzas políticas y la "neutralidad" más o menos colaborante de los abstencionistas, pretenden lograr por vía política. El procedimiento ha tenido, al tiempo de escribir estas impresiones, una primera manifestación con el cierre de la sede central de Batasuna en Pamplona, de donde horas antes salió con urgencia Arnaldo Otegui mientras sus colaboradores navarros, entre ellos el "notable" Pernando Barrena, esperaban la llegada nocturna de la policía nacional, que selló las instalaciones. Batasuna ha quedado bloqueada al mismo tiempo que su dirección navarra era desalojada y privada de toda comunicación, como el resto de las sedes abertzales a partir de ese momento. Ni teléfono, ni internet, ni luz, ni agua. O sea, desahucio completo.

El primer momento de la "ejecución" se ha cumplido o, mejor dicho, ha empezado a cumplirse. La expectación antes referida consiste en la comprobación elemental de cómo se cierra el "trámite". Son muchas las instalaciones y locales de la coalición abertzale que van a ser visitadas por la policía con el candado en mano. Y, claro está, esa Policía se llama también Ertzaintza, o sea, Policía autónoma vasca, que usará de sus competencias según el Estatuto. Una delicada misión rodeada de amenazas etarras y de avisos de precaución y alarma por parte de la Consejería de Interior del Gobierno vasco. Los llamados "cipayos" pueden convertirse en el primer objetivo etarra en la nueva situación. Es lo cómodo para ETA y para sus adictos callejeros. Todavía no le ha llegado el turno, posiblemente, al PNV, que habrá de probar hasta dónde llega su acatamiento de las medidas judiciales. Ya lo veremos. La irritación demostrada por Anasagasti durante el pleno del Congreso es bastante elocuente. Y no es para menos, ya que el Gobierno vasco y el PNV tienen que asumir, como los toreros, su hora de la verdad. En la sesión parlamentaria del lunes pasado, el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, Joan Puigcercos, lo expresó con claridad: "Se pone contra las cuerdas al Gobierno vasco".

ETA ha asomado la oreja con sentido madrugador en su nuevo compromiso. Ha empezado avisando de la colocación de un artefacto, pero es imposible que deje de recurrir al atentado indiscriminado. Y ni siquiera en el funcionamiento de las instituciones se puede abrigar de entrada un sentimiento de tranquilidad. Los concejales de Batasuna no pueden perder sus escaños por ser electos, como tampoco lo perderán hasta nuevas elecciones los diputados abertzales del Parlamento de Vitoria, entre ellos el más distinguido y ruidoso, Otegui. Aquello puede convertirse en un infierno institucional. Eso sí, todo dentro de lo previsible. El reto fue asumido por el Gobierno central, por el PSOE y sus "complementos". La suerte está echada. El largo periodo de resignación tenía que acabar algún día. Y ha terminado.

Auto de choque
Editorial El País 28 Agosto 2002

En el pleno parlamentario del lunes sobre la ilegalización de Batasuna, ninguno de los grupos que se abstuvieron o votaron en contra de la aplicación de la Ley de Partidos -en el ejercicio de un legítimo y democrático derecho a discrepar de la mayoría- defendió abiertamente el mantenimiento de la legalidad de esa formación pase lo que pase. Incluso expresaron su apoyo a la ilegalización por la vía penal; es decir, si se demostrase en sede judicial que forma parte de un entramado claramente delictivo. Y eso es, justamente, lo que se demuestra en el auto del juez Garzón.

Sus casi cuatrocientos folios se fundamentan en la sistematización de datos aportados por la policía, y en particular en un informe, fechado en julio pasado, de la Unidad Central de Inteligencia. Algunos de esos datos -tomados de boletines internos de ETA, transcripciones de conversaciones, actas de reuniones- eran desconocidos, pero otros habían aparecido en la prensa o en libros recientes. Y era de conocimiento público que Batasuna presentaba casi siempre a presos de ETA en sus listas electorales. En las municipales de 1995, por ejemplo, hubo 32 presos en las candidaturas, según recoge el escrito del instructor.

La novedad no es tanto los datos como su sistematización. Leído de seguido, lo que más choca del auto es la transparencia de los jefes de ETA: les parecía tan natural que la vanguardia armada dirigiera todo el tinglado, incluyendo un partido que competía en las elecciones y cobraba subvenciones públicas, que dejaban constancia escrita de ello. Sólo muy recientemente, cuando Garzón se acercaba a lo que buscaba, tomó esa vanguardia decisiones como la de enmascarar, primero, y negar, más tarde, la existencia de KAS, la coordinadora utilizada por ETA para ejercer el mando. Fue Arnaldo Otegi el que, a finales de 1998, informó de que hacía años que KAS había desaparecido, cosa que se ignoraba; a fines de 1999 aparecía Ekin, que asumió, según Garzón, las mismas funciones.

Episodios como la intervención directa de ETA en los congresos del partido Hasi, núcleo ideológico duro de la vieja Herri Batasuna, incluyendo las purgas fulminantes, se conocían por las memorias de algunos protagonistas y otras fuentes. Pero el auto incorpora actas de numerosas reuniones de KAS que revelan el modo de funcionamiento. Todos tienen voz, pero la última palabra la tiene ETA. Su intervención se extiende a los nombramientos de directivos de medios de comunicación, y hasta al estilo poco entusiasta de algún locutor de uno de esos medios. También hay papeles relacionados con la participación de personas de la trama civil en el cobro del llamado impuesto revolucionario, y evidencias sobre una financiación de doble dirección: la rama ilegal financia iniciativas legales, pero a partir de un momento dado los beneficios de ciertos montajes legales sirven para financiar actividades ilegales, según se desprende del auto.

Lo que se deduce del conjunto no es tanto que ETA y Batasuna sean lo mismo, sino que ambas estructuras forman parte de un entramado común dirigido por ETA; pero esa ETA dirigente puede estar formada por miembros de los comandos y otras personas que no se dedican a eso. Ésa es la hipótesis de fondo de Garzón.

El auto tiene efectos inmediatos, aunque haya recursos. La ejecución de la sentencia -que en el País Vasco corresponde a la Ertzaintza en funciones de policía judicial- había planteado inquietudes políticas, a la vista de algunos gestos rupturistas del PNV en los últimos meses. Sin embargo, tal como adelantó el lehendakari y defendió el diputado Anasagasti en el pleno, el Gobierno de Vitoria 'aplica la ley, como no puede ser de otra manera', y en este caso la resolución judicial. Los desalojos de las sedes de Batasuna en las capitales vascas por parte de la Ertzaintza provocaron ayer varios incidentes, pero no las catástrofes que algunos habían augurado.

Lo más importante es la actitud política de las autoridades vascas. Una negativa a actuar, como le exigían los dirigentes de Batasuna, sería equivalente a una declaración de rebeldía: al conflicto. El PNV, un partido con vocación institucional y tradición democrática, se habría separado de su electorado de haberse resistido a ejecutar la sentencia. La divergencia política con una iniciativa como la Ley de Partidos, o la jurídica con la del juez Garzón, no debe ser incompatible con el acatamiento de la legalidad. Ésa fue la doctrina del PNV tras la aprobación de la Constitución. El diputado nacionalista Iñaki Anasagasti declaró ayer que quizá 'deberíamos volver al Pacto de Ajuria Enea'. Sería un efecto colateral muy beneficioso de la iniciativa del juez Garzón.

Izquierda suficiente
Carlos Rodríguez Braun Libertad Digital  28 Agosto 2002

Dos perlas de Izquierda Unida. El inefable Gaspar Llamazares defendió la doble subvención del Gobierno vasco a los partidos políticos, espurio mecanismo mediante el cual los amigos de ETA cobran del contribuyente, con el argumento de que la financiación de los partidos políticos es “insuficiente”. Felipe Alcaraz, según informó El País, propuso “aumentar las ayudas públicas para evitar que los partidos se sigan endeudando y sufran presiones de los bancos al pedir condonaciones”.

La forma de hablar de estos señores revela una inquietante predisposición a desdeñar la crucial diferencia entre el Estado y los ciudadanos, entre la política y la sociedad: el uso de la coacción. La mayor parte de nosotros consideraría que lo que ganamos es “insuficiente” para los muchos objetivos loables y gratos que podríamos perseguir con más fondos. Pero nosotros no podemos exigirle al vecino que nos entregue su dinero. Los políticos sí pueden. En el hipotético caso de que a don Gaspar le preocupara la libertad, se cuidaría mucho de hablar así porque, en efecto, los recursos son siempre insuficientes, pero ello no es excusa para extender la coacción sobre los ciudadanos.

Lo de Felipe Alcaraz no tiene desperdicio. Quiere aumentar la presión fiscal ¡para que los partidos no se endeuden! Por supuesto, no se le ocurre recortar su burocracia y sus gastos. Eso es lo que hace la gente corriente que sólo vive de su dinero; Alcaraz, en cambio, vive del dinero de los demás. De ahí que le parezca mal que los partidos sufran presiones de los bancos ¡cuando van y dicen que no quieren pagar sus deudas! ¿Qué pensará don Felipe que nos sucede a los españoles de a pie? Igual cree que no sufrimos presiones y, sobre todo, que los bancos nos condonan las deudas, como a los partidos políticos. Pero se equivoca: nosotros sí somos responsables, pagamos nuestras deudas y jamás se nos ocurriría obligar al vecino a que nos las pague.

¿Todas las ideas? Pero, ¿todas, todas?
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz 28 Agosto 2002

LO HEMOS OÍDO a lo largo de estos días y lo oiremos todavía en los que nos quedan por vivir tras la suspensión de Batasuna y el comienzo del proceso destinado a ilegalizarla por vulnerar los principios democráticos. «Todas las ideas son legítimas», se nos dice. Y también: «El hostigamiento contra Batasuna no tiene otro objetivo que reprimir el independentismo». Pues bien: ninguna de las dos cosas es verdad.

No lo es, desde luego, la afirmación de que «todas las ideas son legítimas». ¿Es legítimo, por ejemplo, defender el apartheid? ¿O la superioridad racial de los blancos sobre las personas de color? ¿Es legítimo defender los malos tratos como forma de corregir a los menores o de sancionar el adulterio? ¿Y defender la mutilación sexual de las mujeres? ¡En forma alguna! Que se lo pregunten, si no, a aquel profesor de la Complutense de Madrid que fue sancionado por explicar que los negros eran inferiores a los blancos. O a los propietarios de la librería madrileña, clausurada por orden judicial, desde la que se propagaban las ideas raciales del nazismo.

No, nadie duda entre nosotros de que hay ideas tan atroces que su misma defensa constituye un atentado a los principios de la libertad civil y la igualdad ante la ley en que se basa la convivencia en las sociedades democráticas.

¿Es legítimo defender la independencia de un territorio sin Estado? Por supuesto. Tanto como postular la república, el comunismo o la anarquía. Por eso a nadie en su sano juicio se le ocurre la posibilidad de ilegalizar al PNV, que defiende la independencia del País Vasco y de Navarra. O a Esquerra Republicana, que defiende la de Cataluña, además de la república.

No es eso, sin embargo, lo que desde su nacimiento ha venido defendiendo Herri Batasuna. No, no engañemos a la gente. Lo que ha venido defendiendo es que para conseguir la independencia es legítimo hacer lo que hace ETA: matar, secuestrar y extorsionar. Y ello hasta el punto de que según un libro del profesor vasco José María Mata López ( El nacionalismo vasco radical ), el 48% de las acciones de HB entre 1978 y 1988 tuvieran por finalidad el apoyo explícito a ETA militar.

Ahí es donde radica la cuestión: en que Batasuna debe ser ilegalizada no por defender la independencia, sino por amparar las acciones criminales de quienes la defienden mediante la violencia terrorista. Mantener que tal cosa es legítima y debe, por ello, ser legal, sería tanto como decir que lo fueron las ideas de quienes dieron cobertura ideológica a la solución final con la que se pretendió poner fin a otro conflicto : el que suponía la existencia de millones de judíos.

La Ertzaintza cierra las sedes de Batasuna tras enfrentarse a los radicales
Cargos públicos se encadenaron en los locales de San Sebastián y Bilbao Los manifestantes provocaron incidentes y profirieron amenazas contra la Policía autónoma
O. B./BILBAO El Correo 28 Agosto 2002

La Ertzaintza clausuró ayer entre cargas, forcejeos e insultos las sedes centrales de Batasuna en las tres capitales vascas, tras desalojar a los cargos públicos y militantes que ocupaban los locales desde el lunes, cuando el juez Baltasar Garzón notificó oficialmente su decisión de suspender las actividades de la formación radical y proceder al cierre de sus dependencias. La Policía autónoma vasca cumplió de este modo una segunda resolución redactada por el magistrado de la Audiencia Nacional, quien, al tener conocimiento de que representantes y simpatizantes radicales se concentraban en las sedes para tratar de impedir su precinto, ordenó el «desalojo inmediato» de quienes pretendieran entorpecer las diligencias y despejó así cualquier duda sobre el procedimiento a seguir en caso de encontrar resistencia.

Por la mañana, el portavoz del Gobierno vasco, Josu Jon Imaz, atribuyó la tardanza de la Ertzaintza en la ejecución del auto -en Navarra, el Cuerpo Nacional de Policía comenzó su intervención el mismo lunes por la noche- a cuestiones «operativas» relacionadas con la escasez de «recursos materiales y humanos» y a la complejidad del dispositivo policial. Fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional explicaron que «un alto mando de Arkaute» les planteó la dificultad de poner en marcha el operativo con buena parte de la plantilla de vacaciones u ocupada en la cobertura de las inundaciones y las múltiples celebraciones festivas de agosto. La Audiencia transmitió a su vez la posibilidad de ejecutar el auto de forma escalonada -comenzando por el cierre de las sedes principales-, y clausurar el resto de forma paulatina durante los próximos días.

Insultos y abucheos
Así, a partir de las cuatro de la tarde unidades antidisturbios procedieron ya a desocupar y precintar los locales, pese a la resistencia de los seguidores radicales concentrados frente a las oficinas, que se encararon con los agentes, trataron de agredirles y profirieron constantes insultos, amenazas y abucheos contra este cuerpo y contra el PNV, al que calificaron de español , traidor y criado del Estado .

Los incidentes se sucedieron en las inmediaciones de los locales de Vitoria, Bilbao y San Sebastián. La Ertzaintza se vio obligada a cargar contra los manifestantes en varias ocasiones. La primera intervención se produjo en la capital alavesa. A las cuatro y cuarto, varias dotaciones de la Policía autónoma se desplazaron hasta la sede de la calle Ramiro de Maeztu. Los policías rompieron la puerta con una maza y, posteriormente, procedieron a desalojar a la docena de militantes que se atrincheraba dentro, entre los que se encontraba el parlamentario Antton Morcillo.

La tensión provocó conatos de enfrentamiento entre los agentes y el medio centenar de manifestantes que se arremolinaban frente a la sede, en los que tres personas habrían resultado lesionadas, según fuentes de la formación radical. No obstante, el Departamento vasco de Interior negó que se hubieran producido heridos y destacó la ausencia de incidentes graves durante la clausura.

La tensión subió varios grados en Bilbao. La sede central de Batasuna en la capital vizcaína, ubicada en pleno Arenal, registró la mayor concentración de cargos públicos y simpatizantes, alrededor de dos centenares, entre ellos el líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, que permanecía encerrado desde el lunes por la tarde junto a Jone Goirizelaia, Karmelo Landa e Ibon Arbulu, entre otros.

A la llegada de los efectivos policiales -cuatro furgonetas y otros tantos vehículos- los simpatizantes de Batasuna se parapetaron en el portal y trataron de cortar el paso a los ertzainas. La Policía logró finalmente retirar a los concentrados, entre golpes y empujones. Un delegado de LAB, según informó el propio sindicato, tuvo que ser atendido tras sufrir una crisis de ansiedad.

Con cizallas
El desalojo resultó complicado. Una vez despejada la entrada, los agentes emplearon más de una hora en abrir la puerta blindada de la oficina, al negarse sus ocupantes a facilitarles el acceso. Posteriormente, la Ertzaintza obligó a los encerrados a abandonar las dependencias, pero éstos salieron de uno en uno o en pequeños grupos entre los aplausos de los concentrados, que profirieron consignas como lo que habéis hecho lo vais a pagar o el pueblo no perdonará y cantaron que se vayan a los agentes de la Ertzaintza.

Además, ocho cargos públicos de Batasuna -los mahaikides Ibon Arbulu, Eusebio Lasa, Itziar Abellanal y Eider Casanova, dos junteros y dos concejalas- se encadenaron al balcón. Los agentes tuvieron que romper la ventana y utilizar una cizalla para cortar las ligaduras, mientras los representantes radicales forcejeaban puño en alto y los manifestantes escupían y lanzaban objetos contundentes. El propio Otegi, que salió también a la terraza, tuvo que ser apartado a empellones.

En San Sebastián, la Policía autónoma logró precintar la sede del Paseo de Arriola minutos antes de las diez de la noche, tras acceder al interior por la ventana y enfrentarse a más de un centenar de radicales que trataban de cortarles el paso. Pasadas las ocho de la tarde, una treintena de agentes llegaron al local. Tras mostrar el auto judicial a los dirigentes radicales Joseba Álvarez y Jon Salaberria, los ertzainas dispusieron un doble cordón policial frente a la puerta de entrada, bloqueada por dos vehículos.

Álvarez recordó a los congregados el llamamiento de Batasuna a «resistir», por lo que la Ertzaintza se vio obligada a abrirse camino con porras y escudos y a dispersar a los alborotadores con material antidisturbios. Un cámara de televisión fue atendido en una mano por el impacto de una pelota de goma y otro informador resultó herido en una clavícula al ser golpeado por una piedra. Una persona fue detenida, según Interior. La sede fue precintada, tras liberar a Joseba Permach, Juan José Petrikorena y Anjel Mari Elkano, que, entre otros, permanecían también encadenados.

ETA coloca una bomba en el juzgado de Tolosa horas después del auto de Garzón
El artefacto, compuesto por diez kilos de cloratita y titadine, fue desactivado por la Ertzaintza en la madrugada de ayer Jueces reiteran que aplicarán la ley con serenidad y firmeza
BILBAO EL CORREO  28 Agosto 2002

Los artificieros de la Ertzaintza lograron desactivar en la madrugada de ayer una bomba compuesta por diez kilos de explosivo que se encontraba colocada en la puerta del Palacio de Justicia de la localidad guipuzcoana de Tolosa. El artefacto permanecía oculto en el interior de una bolsa que contenía una olla a presión con cinco kilos de cloratita, otros cinco de dinamita titadine y un cordón detonante en su interior, lo que podría haber ocasionado serios desperfectos en el edificio.

Una llamada anónima realizada al diario Gara hacia las 22.30 horas de ayer alertó de la existencia de una bomba en la entrada de los juzgados de Tolosa. El comunicante, que se identificó como un miembro de ETA, dio el aviso de que el artefacto haría explosión cuarenta minutos más tarde, pasadas las once de la noche.

Una vez notificado a la Ertzaintza, varias unidades de la Policía autónoma se desplazaron al lugar y procedieron a acordonar la zona y a desalojar el propio juzgado y los edificios de las inmediaciones, entre ellos un ambulatorio.

Localizado el artefacto, los agentes colocaron distintos cebos y lograron explosionarlo de forma controlada, sin provocar daños materiales. El cordón policial no fue levantado hasta pasadas las tres de la madrugada.

Este atentado es la primera acción de ETA después de que el lunes el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, notificara el auto por el que suspendía durante tres años las actividades de Batasuna y decretaba el cierre de sus locales. El mismo día en que el Congreso de los Diputados acordaba por mayoría la petición de ilegalización de la coalición radical al Tribunal Supremo.

De hecho, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) mostró ayer su convicción de que el atentado fallido responde a «los mensajes que está lanzando» Otegi contra la «legalidad española»

«Sin fisuras»
Las asociaciones de jueces y fiscales no tardaron en responder a la nueva acción de la banda terrorista, reiterando su intención de aplicar la ley a pesar de las intimidaciones. «Es la forma que ha tenido siempre la banda terrorista de responder ante medidas legales», aseguró el portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, quien abogó por recurrir a la «serenidad y firmeza» para ejecutar la ley.

Algunos magistrados, como Juan Luis Gascón, de Jueces para la Democracia (JpD) reconocieron que era «previsible» el «recrudecimiento» de las acciones terroristas contra jueces o instituciones judiciales. Sin embargo, desde su asociación advirtieron de que este hecho no producirá «fisuras» en el trabajo de la Judicatura, porque «no se logró ni con un atentado directo contra un magistrado», en referencia al asesinato el pasado noviembre del juez José María Lidón.

Aún así, la totalidad de los miembros de la Justicia que se pronunciaron ayer solicitaron un aumento de las medidas de seguridad ante la amenaza terrorista.

Las condenas contra el atentado se extendieron también entre las distintas formaciones políticas, que lamentaron la última acción de ETA.

PNV y CiU ante la nueva situación
Pablo Sebastián La Estrella 28 Agosto 2002

Los partidos mayoritarios representados en el Congreso de los Diputados y el juez Garzón han puesto en marcha la ilegalización y suspensión de la presunta actividad política de Batasuna, dejando al descubierto su complicidad y relación con ETA y poniendo punto final a 25 años de clara y descarada impunidad al servicio del terrorismo, así como su mofa de las instituciones democráticas, una vez que la democracia española agotó todos y cada uno de los caminos posibles de pacificación y diálogo, aquí incluida la negociación directa con ETA, como en su día lo intentaron los gobiernos del PSOE y el PP.

La sociedad española ha dicho que se acabó la pantomima del entorno político de ETA como una posible plataforma política en la que un día iba a desembarcar ETA cuando dejara las armas. Y la sociedad española, a través de sus máximos representantes, decidió pasar a la acción directa y desenmascarar la actividad de la banda a través de Batasuna con todos los instrumentos legales y democráticos a su alcance: el Código Penal y la Ley de Partidos.

Decisión en la que PP y PSOE han querido estar presentes de manera muy directa y comprometida usando la vía del Congreso de los Diputados para impulsar el proceso de ilegalización de Batasuna, a pesar de que podían haber dejado la iniciativa en manos del poder judicial para evitar la lectura de la unificación de poderes del Estado o de lucha de partidos contra partidos. Unos argumentos que fueron esgrimidos por CiU y IU para abstenerse en la votación del lunes sobre Batasuna. Una votación donde el PNV se opuso con su voto negativo a la iniciativa de PP y PSOE, lo que deja al Partido Nacionalista Vasco en una posición comprometida y ambigua con Batasuna y sumido en confusiones y en su eterna huida hacia adelante, la que no ha sabido rectificar a tiempo desde el mismo día en el que ETA rompió la tregua a tiros y dejó en evidencia el pacto de Lizarra.

La posterior escalada política del PNV, mezclando sus legítimas reivindicaciones de autogobierno con sus demandas de soberanía y autodeterminación y con la defensa de Batasuna, a pesar de conocer las íntimas relaciones de la coalición con la banda de ETA, ha llevado a los nacionalistas democráticos a un callejón sin salida. El que creyeron sorteado con la victoria electoral autonómica del 2001, pero que se ha vuelto a cerrar ante la firmeza de las fuerzas políticas mayoritarias españolas contra Batasuna y que ahora, tras las iniciativas de Garzón y con la nueva Ley de Partidos en la mano, le obligan al Gobierno de Vitoria en manos del PNV a actuar contra Batasuna con la dureza que quizás ellos mismos debieron emplear tiempo atrás antes de verse confundidos con el entorno de ETA. De lo contrario, el Gobierno de Ibarretxe se vería en una situación ajena al marco legal y constitucional y por tanto correría el riesgo de su suspensión como tal, dejando las competencias autonómicas en manos del Gobierno central español, de acuerdo con el mandato que incluye la Constitución.

Si se llegara a esa situación, y parece claro que al Gobierno de Aznar no le va a temblar la mano ante una situación de dudosa legalidad, el PNV perdería el poder autonómico, foral y local y entraría en una situación política de profunda crisis, como por otra vía y más graves motivos ha entrado Batasuna camino de la disolución.

La ceguera del PNV, tras la ruptura de la tregua de ETA, ante la rebelión frontal de la sociedad española y de las instituciones que sufren el terrorismo (que tuvo su arranque en el crimen de Ermua), y ante la toma global de conciencia internacional en contra del terrorismo, tras los acontecimientos del día 11 de septiembre en Washington y Nueva York, no tiene explicación lógica ni política posible. Es fruto del error de su dirigentes al no percatarse del profundo cambio en su entorno político y al creer que el terror de ETA era imbatible y todavía una palanca posible para alcanzar cotas de soberanía al estilo o como si estuviéramos en el Oriente Próximo (lo de "paz por territorios") cuando ni siquiera en Palestina, que nada tiene que ver con la situación vasca en el Estado español, se acepta ya este cambalache.

Entre otras cosas porque el PNV no se ha dado cuenta que la sociedad española e instituciones de los demócratas están dispuestos a sufrir todas las sacudidas y los coletazos de ETA (llevamos sufriendo el terrorismo años y años) con tal de impedir que nadie se mofe de la democracia y las instituciones y de vetar cualquier proyecto de soberanismo bajo la amenaza de muerte que propaga ETA. Y lo que es más claro: la sociedad y los grandes partidos y las instituciones no van a aceptar más ambigüedades como la que ha permitido a Batasuna sobrevivir en la impunidad veinticinco años, ni otros trucos o disfraces más o menos legales, porque actuará con la celeridad y con la misma firmeza contra todo ello como lo acaba de hacer con Batasuna.

Los tiempos de perspectiva soberanista que en el País Vasco propició la tregua de ETA y el Pacto de Lizarra o la Declaración de Barcelona se han acabado, y los ha destruido ETA con su estrategia de terror permanente. Y también con la connivencia de Batasuna con el nacionalismo del PNV, que arrastró al nacionalismo democrático en la espiral de la contradicción y la sospecha, y de paso o de pasada también a los de CiU, por no sumarse a la lucha contra Batasuna con la dedicación que piden y propugnan los grandes partidos PP y PSOE. Al final, ETA y su falso entorno político, aprovechándose de la amplia generosidad del marco democrático español, no sólo han agotado su propio territorio político, sino que ha arrastrado momentáneamente a los partidos nacionalistas democráticos creando la mayor confusión. Y las fuerzas españolistas han sabido aprovechar esta ocasión y confusión para frenar en seco y sin contemplaciones el proceso soberanista que emanaba del Pacto de Lizarra y de la Declaración de Barcelona, nacidas en un proceso de conquista de autogobierno y ante la debilidad de los gobiernos centrales minoritarios del PSOE (última legislatura de González) y del PP (primera legislatura de Aznar).

De manera que por culpa de ETA y por la confusión de la relación del PNV con Batasuna los avances de autogobierno y la nuevas derivas soberanistas del PNV y de CiU no sólo se han frenado, sino que retrocedieron y han caído bajo sospecha, tal y como señalan desde el PP y se vio en el debate parlamentario del lunes, por más que desde el PSOE se les tienda una mano hacia la corrección del rumbo, como se hizo con IU, que pasó del voto en contra a la abstención.

Para los nacionalismos democráticos (PNV, CiU y BNG) hace tiempo que ha cambiado el viento en España y en la escena internacional. Y cuando el viento sopla por la proa resulta inútil mantener las velas desplegadas de manera horizontal, porque la nave no sólo no avanza, sino que retrocede y puede naufragar. Naturalmente que caben las posiciones matizadas y el derecho legítimo a la discrepancia, pero en plena tormenta política, mediática y policial (nacional e internacional) y con el viento de cara y rugiendo a favor del sentimiento legítimo de una sociedad machacada por el terror y de unos partidos como el PSOE y el PP a los que les están matando los cargos públicos, no hay mucho tiempo ni sitio para los matices.

Y este mensaje único de la nueva gran coalición (PP-PSOE), que tiene además sus ventajas en el campo electoral, es cierto que pone en evidencia y cuarentena libertades y garantías democráticas, abundando en el debate surgido en Estados Unidos de seguridad por encima de la libertad. Pero éste es el paisaje y el momento en el que estamos, con el agravante de que Batasuna no es ficción, sino una realidad ligada a ETA y a su escalada de terror, que en Estados Unidos u otro país democrático habría sido disuelta y sus dirigentes encarcelados hace tiempo, y máxime en los tiempos actuales. El caso del IRA y del Sinn Fein de Irlanda no se habría resuelto en este contexto de la misma manera que ocurrió meses atrás, sino que habría empeorado, tal y como empeora la situación de Palestina sin que ni en Estados Unidos ni en la Unión Europea nadie se ponga plenamente del lado de su antiguo amigo o aliado Arafat.

Por todo ello, los partidos nacionalistas, a la luz de los nuevos y difíciles tiempos que corren, deben reconsiderar su posición. No renunciar a sus proyectos y ambiciones de autogobierno o de independencia desde la legalidad, pero sí evitar cualquier tipo de contaminación con todo lo que tenga que ver con la violencia o el terror y defender los derechos políticos y humanos de todos los ciudadanos de su entorno, luchando a la vez y de manera evidente contra la diáspora del miedo y la marginación de todo demócrata. De igual manera, los partidos estatales no deben utilizar esta situación para intentar el exterminio o la marginación de los nacionalistas, convirtiendo la crisis de Batasuna en el preámbulo de un ataque político mayor contra los nacionalistas, tal y como se desprende de algunos discursos del PP, porque ello dañaría seriamente la democracia, el marco de libertades y el gran consenso que hizo posible la transición.

Y todos, nacionalistas y españolistas, no deben sacar conclusiones ni argumentos con la que ahora se espera como una feroz y nueva oleada de atentados de ETA en respuesta criminal a la suspensión e imparable ilegalización de Batasuna. Una nueva situación en la que sólo hay un solo y muy claro responsable: ETA. Y ello es lo que se debería decir en estos momentos desde el PNV y CiU con la mayor claridad, y especialmente ante la sociedad vasca, lo que facilitaría un clima de diálogo y unidad entre demócratas y puede que, en un tiempo no lejano, la recomposición del consenso perdido. Otros caminos de resistencia ofrecerían un futuro malo e incierto para los nacionalistas si no aclaran definitivamente ahora su posición. Las amenazas y críticas contra el PNV y el Gobierno de Ibarretxe que emanan de ETA y de Batasuna por aplicar la suspensión de sedes que acordó el juez Garzón puede ayudar al PNV en su necesaria reflexión y clarificación.

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