AGLI

Recortes de Prensa     Sábado 31 Agosto  2002
La autodeterminación alavesa
Enrique de Diego Libertad Digital  31 Agosto 2002

El fin de los santuarios
Editorial La Razón 31 Agosto 2002

EL HORIZONTE PENAL DE LOS LÍDERES DE BATASUNA
Editorial El Mundo 31 Agosto 2002

Batasuna, a juicio
Editorial ABC 31 Agosto 2002

Fraude de auto
Lorenzo CONTRERAS La Razón  31 Agosto 2002

«Demókratas»
J. A. MARTÍNEZ-ABARCA ABC 31 Agosto 2002

El terror no tiene disfraces
Ignacio Villa Libertad Digital  31 Agosto 2002

Terror ¿de cuánta intensidad
Fernando JAÚREGUI La Razón 31 Agosto 2002

Sin guión
TONIA ETXARRI/ El Correo 31 Agosto 2002

El cangrejo ermitaño
ANTONIO ELORZA El País  31 Agosto 2002

¿Qué hará el PNV
Pío Moa Libertad Digital  31 Agosto 2002

Enroque abertzale
Editorial El Correo 31 Agosto 2002

La demanda del Gobierno contra Batasuna aporta mil pruebas de su relación con ETA
J. L. LORENTE / M. CALLEJA ABC 31 Agosto 2002

El delegado del Gobierno recurre la autorización de la marcha aberzale
Vitoria El País  31 Agosto 2002

El PNV pretende minar la ilegalización de Batasuna diciendo que es una maniobra electoral del PP
Efe Libertad Digital  31 Agosto 2002

La autodeterminación alavesa
Enrique de Diego Libertad Digital  31 Agosto 2002

Me parece que el PP no ha dado suficiente cancha a Pablo Mosquera, de Unidad Alavesa, tras su fusión de facto en las últimas elecciones autonómicas. Error enmendable. Tiene uno de los discursos más coherentes y claros. Conoce y muestra las contradicciones del nacionalismo. Éste concibe el esotérico derecho de autodeterminación como inserto en un ente abstracto denominado “pueblo vasco”, preexistente desde la prehistoria y los dólmenes. Nada tiene que ver tal cuestión con la realidad concreta, y menos con la pluralidad de personas individuales. Incluso en la mentalidad nacionalista, no existe, ni de lejos, lo que se conoce como “comunidad moral”. Sólo hay un escenario semejante en algunas comarcas rurales de Guipúzcoa y Vizcaya, sobre todo en los pueblos más pequeños, merced a abrumadoras dosis de violencia y amedrantamiento, llegando con frecuencia al asesinato. El PNV gana gracias a ETA, y lo demás es comentario.

En Álava, a pesar de esas coacciones, los votantes de PP y PSOE suman el 53,36%. En Vitoria, alcanzan el 58,32. Hemos de suponer incluso que no todos los votantes de IU son independentistas, y para ello bastaría citar a Gaspar Llamazares en el debate del estado de la nación: “No somos independentistas”, aunque quizás Madrazo matizaría sustancialmente tal afirmación. Álava, Vitoria, otras muchas poblaciones, barrios, familias y personas han de tener derecho, en la lógica nacionalista, a la autodeterminación frente al proyecto imperialista, colonialista e impositivo del nacionalismo sabiniano. Porque, por ejemplo, no teniendo el Rh bueno, temieran una depuración étnica, o porque, siendo castellanoparlantes, sospecharan una previsible limpieza lingüística.

Todo el sentido tiene que frente a esa supuesta emancipación en avance, según el criterio de Egibar, se alzara la emancipación de Álava, a la que hace referencia con lucidez y racionalidad Pablo Mosquera. Y la de Ermua, donde el constitucionalismo es ampliamente mayoritario. La realidad es que, como viene destacando Joseba Arregi, la sociedad vasca es plural, y de ahí viene ese gran pacto del Estatuto. El nacionalismo lo que pretende es acabar con la pluralidad para imponer el monolitismo de una quimera ideológica. Eso es, ciento por ciento, totalitarismo. Frente a ello hay que oponerse y autodeterminarse.

El fin de los santuarios
Editorial La Razón 31 Agosto 2002

El proceso constitucional y judicial contra el brazo político del terrorismo cubre etapas con extraordinaria eficacia y meticulosidad. La maquinaria del Estado de Derecho no deja nada al azar y los proetarras sienten más que nunca el aliento de una Justicia implacable. La Fiscalía de la Audiencia Nacional materializó ayer su ofensiva internacional contra Batasuna para erradicar cualquier sucursal, ya sea material o virtual, de la estrategia terrorista. El fiscal Jesús Santos reclamó al juez Garzón que cursara las peticiones de cierre de las sedes de Batasuna en Francia, Bélgica y Nicaragua, una vez comprobado, como parece, que dichos lugares sirven de centros-refugio de la organización suspendida en nuestro país por formar parte del entramado etarra. No menos trascendente, por el enorme poder de difusión de Internet, es la reclamación del fiscal de solicitar ayuda a Australia para clausurar la página «web» batasuna y a Estados Unidos para que la Corporación de Internet para la designación de Nombres y Números elimine los dominios de la coalición nacional-terrorista. En esa ofensiva general, el Consejo de Ministros aprobó además presentar el martes la demanda sobre la deslegalización ante el Supremo, que irá sustentada en nada menos que un millar de elementos de prueba.

El cerco a los totalitarios del terror es, pues, general, sin que, a simple vista, puedan intuirse madrigueras legales o geográficas en las que cobijarse. Cabe ahora esperar la plena solidaridad de estas naciones amigas y su disposición real a combatir el terrorismo, en línea con el compromiso de las democracias del mundo de luchar unidas contra esta amenaza común. Es preciso destacar también la normalidad con que el proceso de suspensión de las actividades de Batasuna se desarrolla en el País Vasco y Navarra. Los agoreros nacionalistas habían pronosticado casi un apocalipsis con miles de vascos en las calles para evitar el «atropello». La realidad, mal que le pese al Gobierno vasco, es que los ciudadanos están en otra onda, y que lo que pueda ocurrir a quienes han violentado la convivencia desde la impunidad durante demasiado tiempo, es una cuestión que compete a los tribunales y no afecta a su vida diaria. El resultado es que, salvo alguna excepción, las sedes batasunas son cerradas con normalidad en presencia de diez o veinte sujetos marginales, representantes del lumpen social. En este sentido, son sintomáticas las pintadas que han aparecido en San Sebastián en apoyo al juez Garzón. Ésa es la realidad vasca y no la que traslada el PNV, preso del ventajismo electoral y la cobardía moral. Es la prueba de la farsa peneuvista, de esa mentira que supone coger el todo por una parte. Ibarreche puede gastar su tiempo en la defensa de Batasuna o comentar que la deslegalización es «una falsedad», como dijo ayer, pero la respuesta de las calles y de la opinión pública va en dirección opuesta.

EL HORIZONTE PENAL DE LOS LÍDERES DE BATASUNA
Editorial El Mundo 31 Agosto 2002

Mil ejemplos parece un número suficientemente contundente como para probar la vulneración de los supuestos previstos en la Ley de Partidos. Son los que ha presentado el Gobierno en la demanda que aprobó ayer el Consejo de Ministros que servirá para seguir adelante con el proceso de ilegalización de Batasuna.

La demanda será entregada el martes en la Sala Especial del Tribunal Supremo e incluye listados, documentos, fotografías y vídeos como pruebas concluyentes que demuestran que Batasuna es una parte de ETA. En su recopilación ha participado eficazmente el nuevo Centro Nacional de Inteligencia.

Pero las acciones que ha emprendido el Gobierno sólo llegarán a tener efecto inmediato sobre Batasuna como organización. Cuestión distinta es la vía penal emprendida por Garzón. No se entiende que haya suspendido durante tres años a Batasuna por su responsabilidad en graves crímenes contra la Humanidad, como organización integrada en ETA, y que no se haya iniciado la persecución legal de sus dirigentes.

En este contexto cabría preguntarse si la espantada que ayer dio el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, al no presentarse a una convocatoria de rueda de prensa en el Parlamento Vasco, anunciada el día antes, no está dentro del temor a su posible imputación como miembro de la Mesa de su partido.

Cabría recordar que el Tribunal Supremo ya condenó, en diciembre de 1997, a cada uno de los 23 miembros de la Mesa de Herri Batasuna a siete años de cárcel por un delito de colaboración con banda armada por la cesión de sus espacios mediáticos a miembros de ETA, durante la campaña electoral de 1996. Más tarde, el Tribunal Constitucional anuló la sentencia en una muy controvertida decisión.

Hasta ahora, Garzón ha actuado contra Batasuna y no contra sus responsables. La acción penal debería dirigirse cuanto antes contra los dirigentes de la coalición abertzale aunque el juez perdiera de esta forma protagonismo al tener que elevar las causas al Tribunal Supremo.

Pero no adelantemos acontecimientos. Políticos y jueces deben seguir firmes en el camino emprendido para desmantelar el entramado terrorista de ETA.

Batasuna, a juicio
Editorial ABC 31 Agosto 2002

Cuando Aznar afirmó en Menorca que «no iba a dar a Batasuna un segundo de respiro», no iba de farol. Ayer, el Consejo de Ministros aprobó la presentación ante la Sala Especial del Tribunal Supremo de la demanda de ilegalización de Batasuna, a lo que fue instado por acuerdo del Congreso. Los datos que ofreció el ministro de Justicia, José María Michavila -entre otros, la fecha de presentación: 3 de septiembre-, muestran una demanda sólida y exhaustiva, ampliamente documentada (un millar de pruebas) para acreditar, por un lado, la trayectoria histórica de vinculación de Batasuna a ETA, y, por otro, la comisión de más de veinte conductas previstas por la ley de Partidos como actos contrarios a los principios democráticos.

Los trámites previstos por la ley de Partidos, previos a la intervención judicial, se han culminado con el nivel político y moral que exigía esta iniciativa histórica contra el terrorismo. PP y PSOE han reafirmado la validez de la política de Estado como impulsora de grandes consensos y han dado a las instituciones democráticas la fuerza moral y legal suficiente para afrontar una batalla decisiva, aunque no sea definitiva, contra el terrorismo. Sin embargo, no habrá que esperar a la decisión judicial, ni siquiera a la presentación de la demanda para que el nacionalismo vasco gobernante fije su posición ante la ilegalización de Batasuna. De forma progresiva, el PNV y el Gobierno de Ibarretxe han ido endureciendo su discurso contra Aznar y los partidos no nacionalistas para hacerlos responsables de la crispación que se pueda producir en el futuro. Desde el martes, todas las declaraciones de sus portavoces han sido homogéneas en la descalificación del acuerdo parlamentario y del auto de Garzón y en la defensa de Batasuna, que, según Egibar, no sólo no es ETA, sino que, además, tiene planteamientos democráticos. El lendakari Ibarretxe cerró ayer el capítulo de declaraciones con el cinismo que le caracteriza cuando quiere reescribir su propia historia política. Afirmar que PP y PSOE «han dado aire a ETA» y que han roto los puentes entre las fuerzas democráticas, no sólo es una burla a las víctimas del terrorismo -populares y socialistas-; es, además, una forma inmoral de hacer política, más aún porque la practica quien fue designado lendakari gracias al pacto con ETA y HB y al voto de sujetos como Josu Ternera. Las palabras de Ibarretxe le sitúan -y con él a su gobierno y a su partido- fuera de cualquier esfuerzo común contra ETA y Batasuna. Los que han visto en las actuaciones de la Ertzaintza algo más que un trámite, como las calificó Egibar, vuelven a equivocarse con el nacionalismo vasco, que sigue comprometido, por miedos y afinidades, a la unidad de fines con la izquierda abertzale. Por eso Ibarretxe rescató en su alocución de ayer el dictamen de autogobierno y por eso Egibar dijo que se estaba acelerando el proceso de «emancipación» del pueblo vasco, para que la dolida Batasuna no piense que los precintos de sus sedes tienen el más mínimo contenido político. El aire que ETA recibe cuando flaquea siempre se lo da el PNV con proyectos políticos en los que la banda terrorista y su entramado se sienten identificados.

Cada vez que sus portavoces hablan, queda más claro que el PNV se ha rebelado ante la idea de que el Estado rompa la inercia de la dinámica atentado-detención. Por eso siempre ha criticado cualquier iniciativa que mejorara la posición del Estado frente a ETA en terrenos distintos, aunque complementarios, de la mera acción policial y judicial -la lista europea de organizaciones terroristas o la ley de Partidos-, en los que, además de golpear a ETA, pudieran desvelarse las complicidades políticas con la banda terrorista y quedar deslegitimados sus objetivos soberanistas. Consecuencias que afectan directamente al PNV.

Fraude de auto
Lorenzo CONTRERAS La Razón  31 Agosto 2002

Prohibido sorprenderse, Batasuna efectúa un repliegue sobre sí misma, busca sus cuarteles de Francia y se realoja en sus viejos apeaderos del Midi. La Fiscalía de la Audiencia Nacional envía a las autoridades judiciales galas una comisión rogatoria para que se evite o se impida este «fraude de auto». Pero no es seguro que la solicitud sea atendida. Existe el riesgo de que Francia se acoja a su clásico doble juego. Buenas palabras para España y favores bajo cuerda para Eta y sus socios. El camino de las aplicaciones de las medidas garzonianas conoce sus primeros obstáculos. La coalición «abertzale» no renuncia a hacer sentir su presencia. Será difícil que pierda el uso de su página web, que no pueda transitar por internet y que, en definitiva, no consiga llegar a sus terminales.
Como extensión que es de Eta, esas terminales son el territorio donde aterrizan las consignas. Y para mayor despropósito va a seguir publicándose «Gara». No deja de ser curioso. Un periódico que sirve seguramente de vehículo a toda clase de mensajes cifrados y que resulta un perfecto equivalente del clausurado «Egin» va a disfrutar de una normal difusión.

Es verdad que el PNV, que persigue a los batasunos con la Ertzaintza y protege a esa militancia activista con su discurso político, practica una esquizofrenia. Como Francia. Pero también es esquizofrénico el planteamiento gubernamental y judicial. Por una parte, dureza; por otra, condescendencia. Se intenta cegar los canales electrónicos para que Batasuna no pueda circular. Pero no se investiga lo que publica el órgano «abertzale» o, por lo menos, eso parece. ¿O no es órgano oficioso del brazo político de Eta? Los periodistas solemos ser sensibles a todo lo que coarta la libertad de expresión, pero todo depende de lo que se exprese. No siempre van a ser los avisos de bomba, que tienen distintos procedimientos de comunicarse. A través de «Gara» puede transmitirse una instrucción mortal. Y eso, si ocurre, como es probable que ocurra, no es libertad de expresión. O no es libertad democrática. Más bien es libertad de colaboración con banda armada.

Sin embargo, ¿cómo no comprender que el poder judicial, también el político, tiene sus limitaciones? ¿Dónde estarían, en los comportamientos de un órgano de opinión «abertzale», las evidencias de que habla Garzón en su auto liquidador de las actividades de Batasuna? Lo único evidente es que en derecho penal, para castigar, hacen falta pruebas. No bastan las certezas morales. A la pregunta asesina de Sofía Vaninkhof han tenido que montarle otro nuevo juicio por insuficiencia de las pruebas aportadas. Y nadie dirá que no eran abrumadoras las certezas morales sobre su autoría.

«Demókratas»
J. A. MARTÍNEZ-ABARCA ABC 31 Agosto 2002

PRESENTARSE a unas elecciones no equivale, en absoluto, a ser demócrata. Me temo que el portavoz del PNV, el no demasiado despabilado Joseba Egibar, no se ha estudiado tampoco esta vez los temas, porque este verano se conoce que no ha pegado ni golpe. Cualquier profesorcillo adjunto de Ciencias Políticas lo hubiese cateado. El que Batasuna utilice las elecciones para cobrar del Estado no significa que «haya venido apostando por la vía democrática». Ha venido apostando, como ellos mismos se mofaban, por la vía de llevárselo crudo con los papeles constitucionales por delante y los hombres del saco por detrás.

Que Batasuna tenga cientos de miles de votos detrás no la hace democrática. La democracia no significa convocar elecciones de cuando en cuando y respetar sus resultados, como cree el tosco y últimamente lacio y caedizo Egibar. Significa, desde el siglo de las luces, que se pueda votar con libertad a una u otra opción, con los mismos derechos. Si el PNV no ha garantizado esto, mucho menos lo ha hecho Batasuna, en cuyo programa figura esplendente la dictadura del proletariado (con otros términos, claro).

Una democracia vigilada no es una democracia. Una democracia donde resulte impensable que triunfe otra cosa que no sea la «construcción nacional» es solo confitería. En el País Vasco, políticamente, puede haber ahora mismo un régimen plebiscitario, una comunidad de vecinos gigantesca, un orfeón ciclópeo que engloba a todos los nacionalistas, una manga de remeros del Cantábrico unidos, pero no una democracia. Por eso chirría la denominación de «los demócratas» cuando se incluye, no ya a Batasuna, sino al PNV. El partido de Egibar se sirve de la democracia en cuanto sea «constructora nacional». No se puede creer a la vez en un destino predeterminado para la nación y en la posibilidad de elegir entre alcanzar ese destino, u otro distinto. Ante esa contradicción, el Partido Nacionalista elige lo que todos sabemos.

La democracia, frente a lo que piensa Egibar, no es el gobierno de los más: es el gobierno salido de la libertad de los más. Si no hay garantías, no hay democracia. Hay una democracia orgánica, que viene a ser lo contrario de la auténtica. En realidad, Egibar, con «vías democráticas» ha querido decir «vías pacíficas». Sus pacíficos sólo amenazan y extorsionan. Lo normal dentro de la «demokrazia».

El terror no tiene disfraces
Ignacio Villa Libertad Digital  31 Agosto 2002

La eficacia y la experiencia indican que el acorralamiento que la banda terrorista ETA y su brazo político están sufriendo en España con la suspensión y el proceso de ilegalización iniciado por el Gobierno, deberá ir acompañado ahora por unas medidas similares en el plano internacional. En este sentido, hay que tener muy presente que durante años la estrategia policial contra los etarras ha tenido siempre el déficit de la nula colaboración internacional. Ahora que desde todos los foros internacionales se apoya, sin tapujos, la lucha contra el terrorismo etarra, es momento de recibir el apoyo para que también se pueda cortocircuitar el entramado organizado por Batasuna como trinchera de los terroristas fuera de España.

La iniciativa de la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidiendo el cierre de las sedes de Batasuna en Bayona, Bruselas y Managua es un claro ejemplo de las ramificaciones de la estructura que el brazo político de ETA ponía al servicio de la banda en distintos puntos de Europa o América. Todas estas "representaciones" batasunas han servido y sirven como centro de operaciones del terrorismo. Es decir, Batasuna es el instrumento utilizado, en el plano internacional, por la banda terrorista para tener rostro y voz "legal" fuera de España. Este engaño ha tenido una cierta validez, en los tiempos "duros" de la lucha contra el terrorismo, pero ahora todo ese montaje al servicio del terror deberá ser desmontado fuera de nuestras fronteras, al igual que se está ejecutando en nuestro país.

El ejemplo más claro de esta necesidad inmediata lo encontramos en el Parlamento Europeo. En estos momentos, la actividad política de ETA está suspendida en España y en unos meses será con toda probabilidad un partido ilegal. Por lo tanto, se hace urgente que desde los grupos parlamentarios popular y socialista del Parlamento Europeo se aceleren ya los trámites para que el eurodiputado de Batasuna, Koldo Gorostiaga, no pueda mantener su identidad batasuna aunque por el momento tenga capacidad para mantener el acta de eurodiputado. Se hace imprescindible, pues, que una vez que Batasuna ha sido prohibida en nuestro país y se encuentra camino de la ilegalización, encuentre la soledad en el terreno internacional.

Con este planteamiento, recupera una especial actualidad el mensaje repetido desde el Gobierno de forma machacona: todos los terrorismos son iguales. Dicho de otra forma, la unidad de criterios y de organización entre ETA y Batasuna, evidente en España, también deberá serlo en aquellos puntos de Europa y América donde Batasuna mantiene una oficina propia. Es más, habrá que añadir que para desmontar la estructura etarra con toda la eficacia posible habrá que cerrar "a cal y canto" todo conducto de contacto con el exterior. El terror no puede ser legal en ninguna parte del planeta. No es posible que aquel que es terrorista en España deje de serlo en Francia o en Bélgica. Los objetivos se mantienen, aunque el disfraz pueda cambiar.

Terror ¿de cuánta intensidad?
Fernando JAÚREGUI La Razón 31 Agosto 2002

Dicen algunos expertos, y ojalá no se equivoquen, que lo más probable es que Eta no cometa ahora un gran atentado como represalia por la ilegalización de Batasuna. No porque la banda del terror rehuya los derramamientos de sangre ajena, no. Pero ahora toca potenciar el lado victimista: los pobres muchachotes de Batasuna, siempre tan pacíficos, siendo desalojados, por temibles policías, de las herriko tabernas, lugares, como se sabe, dedicados a fomentar la sana camaradería y el chiquiteo, y nada más. Ilegalizados, cuando ellos, ya lo dice Joseba Eguíbar, el portavoz del PNV, nada tienen que ver con Eta, como ha quedado demostrado a lo largo de las dos últimas décadas.
Les quieren quitar hasta la página de Internet, a los pobres, esa página donde ellos se cuidan muy mucho de moderar su lenguaje, como lo han cuidado siempre en sus estatutos y nunca en sus mítines y concentraciones. ¿O es que nunca se ha gritado «gora Eta» en un acto de Batasuna? Porque, vistos los perfiles de algún debate fomentado por ciertos medios informativos y por algún constitucionalista deseoso de epatar y, al tiempo, patear a Baltasar Garzón, parecería que la ilegalización de Batasuna, aprobada por más del ochenta por ciento de los españoles (ya vienen las encuestas, ya), es un crimen contra el estado de Derecho, cuando no es sino una defensa de la democracia.

Así que es posible que haya algún atraco, alguna bomba menor, tal vez algún susto; alguien del Gobierno incluso llegó a expresar en voz alta, en un primer momento, su sospecha de que el incendio en el Pirulí, que dejó a muchos madrileños sin televisión, fuese una acción atribuíble a la banda. Pero Eta no se puede dar por enterada, repito que siempre de acuerdo con algunos expertos y con analistas fríos situados en el nacionalismo, de las acciones legales contra su brazo político, precisamente porque ahora no conviene demostrar tan claramente como antes que Batasuna no es sino eso: el brazo político de Eta.

En esto no se puede sino afirmar lo obvio, por mucho que, mañana, los columnistas del periódico batasuno se ensañen con quien nada dice excepto la verdad: que, sin Batasuna, la existencia de Eta va a ser mucho más difícil.
Otra cosa es que a algunos les gustaría ostentar la verdad única, la patente de lo políticamente correcto. Fin del debate y de las discrepancias. La semana que hoy termina comenzó con un debate en el Congreso de los Diputados en el que se escucharon varias voces contrarias a la ilegalización de Batasuna, pero nunca favorables a esta coalición. El Gobierno, el principal partido de la oposición y todos nosotros hemos de aprender a respetar las razones de las minorías, aunque no las compartamos. Personalmente, me quedé con algunos llamamientos al diálogo hechos por Iñaki Anasagasti (cuyo discurso resultaba difícil de compartir) y por el catalán Xavier Trías (que, en una intervención moderada, utilizó argumentos, para pedir la abstención, al menos discutibles).

Ni siquiera la identidad de posiciones entre populares y socialistas a cuenta de la ilegalización de Batasuna, que hará histórico este mes de agosto que se nos ha ido, va a propiciar, es de temer, el diálogo entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. Es, al menos, lo que dicen quienes han escuchado a ambos líderes: el uno no llama y el otro tardará en responder a la llamada, cuando se produzca.

Así que va a ocurrir como en el chiste del baile: si Aznar y Rodríguez Zapatero no se ven ahora, entonces, de un encuentro entre el presidente del Gobierno y el lehendakari, ya ni hablamos. Y, sin embargo, son muchos, incluso en el PP y en el PNV, desde luego son muchos en el PSOE, quienes piensan que solamente un acercamiento entre ambos cooperará a acelerar la solución. Una solución que ya ha comenzado a andar con el cierre de sedes y herriko tabernas.

Veremos qué nos dice el lehendakari cuando se cumpla su ultimátum al Gobierno central, dentro de pocos días, sobre el traspaso de competencias. En los mentideros madrileños apuestan: Ibarretxe va a estar, esta vez, en plan moderado, tendiendo la mano. Veremos.

Sin guión
TONIA ETXARRI/ El Correo 31 Agosto 2002

Salvo el PP de Aznar y Egibar, desde el PNV, la ilegalización de Batasuna, a pesar de haber sido tan anunciada, ha pillado a los demás, desconcertados y sin guión. Se cierran las sedes de Batasuna por orden judicial (en los actos de clausura, por cierto, la mayoría de simpatizantes hicieron mutis por el foro ; qué soledad la de Otegi y la de Goirizelaia) y se sienten atropellados los consejeros nacionalistas del Gobierno de Ibarretxe. El lehendakari de todos los vascos, cuya capacidad de reacción no figura entre sus virtudes, ha enmudecido en estos días. Al fin ayer habló para criticar a los promotores de la ley de partidos porque cree que dan oxígeno a ETA. Él tiene un plan. Eso dijo. Lo desvelará en el Parlamento vasco. Caminos para salir del agujero negro en el que lleva, desde luego, el gobierno de Aznar durante cinco años. Pero nada dijo de los veinte que lleva el PNV gobernando sin haber logrado tampoco el fin de la violencia.

Mientras, el partido de Arzalluz ha estado sin guión. Un incómodo Anasagasti sugirió que convendría recuperar el Pacto de Ajuriaenea. Unas declaraciones hechas (curiosamente apenas reproducidas) que contrastaban con las de su compañero y jefe, Egibar, al decir que la «emancipación nacional» vasca está al caer. Tal es la presión que está viviendo el PNV, que cada cual va a su aire. El portavoz Imaz (un nacionalista equilibrado y dialogante), perdió los papeles. Batasuna quiso desprestigiar a la Ertzaintza, dijo, al provocar su actuación contundente. «¿Pero no se desprestigian más los agentes al mirar para otro lado cuando los radicales insultan y amenazan?» se preguntan quienes ahora reconocen la diligencia y profesionalidad con que ha actuado el consejero Balza. Sigue Imaz: con la ilegalización de Batasuna se rompe el foro de Ibarretxe. Otra barbaridad posteriormente matizada.

El PSE tampoco ha estado a la altura. No es que esté en la nube, como cree Egibar, (ahí se está cuando te ha ocurrido algo tan fuerte en la vida que te sientes flotar). Ocurre que, a pesar de que su secretario general ganó el Congreso con holgada mayoría, muchos se sienten sin dirección. «Tuvimos más iniciativa cuando funcionó la gestora de la crisis que ahora». Tendrían que preguntarse por qué un mensaje de Jáuregui cala más en la opinión pública que el de Ares.

Tampoco dio el nivel Iturgaiz .Sobran los insultos: «alimañas, sicarios» y lo demás. Sobra también relacionar directamente al PNV con ETA. El PP lo hizo en las últimas elecciones. Y no cuajó. Mientras a EA le preocupa la división entre abertzales, el PNV no tiene las cosas tan claras como dice. ¿Si ha caducado el Estatuto, qué sentido tiene reclamar transferencias? ¿Si se zumba al vasco por ilegalizar Batasuna, de qué planeta son los socialistas y populares, principales víctimas de ETA, por cierto?

El cangrejo ermitaño
ANTONIO ELORZA El País  31 Agosto 2002

Antonio Elorza es catedrático de Pensamiento Político de la Universidad Complutense de Madrid.

En el abanico de declaraciones contrarias a la ilegalización de Batasuna destaca sin duda, en el plano de lo grotesco, la efectuada por el número dos del PNV, Joseba Egibar. Recupera el argumento expuesto en el Congreso por el airado Iñaki Anasagasti, en el sentido de que este proceso de ilegalización es el punto de arranque para una escalada represiva, con el propio PNV en el punto de mira, que incluye el encarcelamiento del grupo de dirección batasuno, nada menos que con el fin de culminar en la ceremonia de entrega del Nobel a Garzón y en el Estadio Bernabéu. Como alarde de imaginación, la gracia no da ni para chascarrillo de batzoki, pero, igual que las declaraciones sobre el supuesto atropello a la democracia del consejero de Justicia, sirve de advertencia sobre lo que cabe esperar en cuanto al cumplimiento de las disposiciones legales y de los autos judiciales por parte del Gobierno vasco. Lo más probable es que nos encontremos ante una reedición en forma de triste caricatura del 'se obedece, pero no se cumple', o, si se quiere, de la ejecución de las órdenes al modo del soldado Schweick, con el objeto de resaltar la incongruencia de lo mandado al mismo tiempo que se crean las condiciones para que Batasuna, a pesar de las sedes cerradas, cumpla lo esencial de su actividad. La autorización de la manifestación de protesta convocada por 'dos particulares' el domingo sería el primer signo de esa actitud.

Significativamente, ninguno de los adversarios de la ilegalización se plantea la cuestión esencial: si Batasuna es realmente un partido político o si, en verdad, como sostiene en el plano jurídico el juez Garzón, y como veníamos apuntando desde hace tiempo con menos datos los estudiosos del tema, nos encontramos ante un falso partido que sólo lo es de forma, ya que en realidad constituye la simple fachada legal de la organización terrorista, que gracias a Batasuna penetra en la sociedad civil y conjuga distintos niveles de acción terrorista con una intimidación de tipo nazi. Es el instrumento político privilegiado de la 'constelación ETA'. Por lo cual, mantener la legalidad de Batasuna equivale a admitir una ETA legal, ya que no se da una simple convergencia de objetivos o colaboración política, sino la pertenencia a una misma estructura. Cuando tras la matanza de Hipercor el líder de Hasi, antecedente de la Batasuna de hoy, se mostró contrario al acto de barbarie, secundado por otros militantes como la hija de Santi Brouard, no le quedó otro remedio que dejar su puesto en silencio, irse sin decir ni pío por orden superior. La pipa mandaba y manda. Un ejemplo entre muchos, y Garzón los cita. Otra cosa es que, del mismo modo que resultó en su tiempo muy arduo desmontar los tinglados económico-criminales del gansterismo, lo sea actualmente hacer encajar en las leyes penales al complejo político-terrorista. Ahí reside el punto débil de la actual ofensiva judicial contra ETA, que puede encallar en el Constitucional o en Estrasburgo, igual que los jueces se estrellaron una y otra vez contra Al Capone. Pero eso no borra el fondo de justicia en el procedimiento.

Claro que, si damos por bueno que Batasuna es un partido como otro cualquiera, como hacía aquí recientemente Javier Pérez Royo de forma dogmática -'en la persecución de Batasuna se está cancelando el sistema de división de poderes de la Constitución'- e hiriente -el auto de Garzón 'parece escrito por un funcionario del Ministerio del Interior'-, toda actuación contra el complejo ETA resulta imposible, ya que éste se ha configurado específicamente para burlar los supuestos de la ley. Es la versión política del cangrejo ermitaño, atrincherado en la concha del caracol. Un dirigente de la Mesa de Batasuna puede o no estar al corriente de lo que tiene lugar en un centro de decisiones situado, como plantea Garzón, fuera del partido. Los dirigentes reales del complejo no tienen por qué ser quienes salen en la foto, y por eso la aplicación literal de la norma propuesta por Pérez Royo puede desembocar en un puro despropósito. 'No se puede llegar en ningún caso -sentencia el político-jurista sevillano- a la conclusión de que Batasuna es ETA'. Conclusión: se ha dicho siempre que la justicia debe ser ciega, pero, obviamente, no en el sentido de que se proponga ignorar la realidad sobre la que tiene que actuar.

¿Qué hará el PNV?
Pío Moa Libertad Digital  31 Agosto 2002

Una de las cosas decepcionantes en la prensa y la política española es la deliberada ingenuidad respecto al nacionalismo vasco. Han bastado algunas apariencias de cumplimiento de la ley por el PNV para que casi todo el mundo eche las campanas al vuelo, olvidando la permanente utilización de la autonomía vasca por ese partido para vulnerar la Constitución y favorecer el acoso a los no nacionalistas y la mutilación de las libertades políticas y de la misma libertad personal. Esa realidad, asentada a lo largo de 20 años, revela mejor que mil argumentos la significación del nacionalismo vasco. Pero no se trata de recordar para alimentar el rencor. Si el desalojo de algunas sedes batasunas por la policía autonómica fuera el síntoma de un cambio de actitud del PNV, bienvenido fuera, y valdría la pena olvidar muchos agravios. Pero esperar tal cosa sólo sería una enorme demostración de estupidez. Esa estupidez que los peneuvistas siempre han sabido percibir y explotar a fondo en los demócratas, a quienes presentan cínicamente como opresores del “pueblo vasco”.

Hasta ahora, el PNV ha protegido el terrorismo de dos formas: prestándole todo tipo de justificaciones políticas –rentabilizadas por el propio PNV–, y sustituyendo la necesaria acción anti-ETA de la Policía Autónoma por condenas retóricas de la violencia, como si fuera un partido sin responsabilidades de gobierno. De este modo, unos y otros nacionalistas avanzaban, con riñas entre ellos, pero en lo fundamental de acuerdo, hacia el no menos fundamental objetivo que les une: la destrucción de la unidad de España y de la democracia. La trascendencia de la ley de partidos consiste en que va a dificultar ese turbio juego, cuya interrupción ve el PNV como una pesadilla, un camino hacia el “infierno” de la lucha entre “hermanos”.

La ilegalización de Batasuna, en efecto, ha colocado a los nacionalistas “moderados” en el dilema de apoyar la ley, enfrentándose abiertamente a los terroristas, o de apoyar a éstos, enfrentándose no menos abiertamente a la ley. Siendo su juego tradicional una apariencia de ambigüedad –favorecer y explotar el crimen político desde una pretendida moderación–, el PNV se ve ahora abocado a clarificar su postura. La salida no es fácil, porque echarse al monte contra el Estado resulta muy difícil para un partido básicamente burgués y con demasiados intereses económicos. Y atacar a una ETA cada vez más acorralada les convertiría en objetivo de los terroristas. La salida no es fácil, y hemos visto en los últimos días cómo los jefes peneuvistas intentaban conciliar lo inconciliable: multiplicar su radicalismo y apoyo verbal a Batasuna, prometiendo a ésta, implícitamente, un resuelto avance por la senda del separatismo, y pidiéndole, también de modo implícito, un poco de paciencia y de aceptación de sacrificios; y, por otra parte hacer declaraciones de acatamiento a la ley, e incluso desalojar un pequeño número de sedes batasunas.

El PNV intentará navegar entre las dos posturas excluyentes, pero inclinándose sobre todo del lado de sus hermanos separatistas, pues tratará de evitar a toda costa la querella sangrienta dentro de la familia nacionalista. En la práctica, ello sólo puede traducirse en el intento más o menos disimulado, incluso muy poco disimulado, de sabotear la ley. En ese deporte tiene muy amplia experiencia, ya desde tiempos de la República, cuando protagonizó, aliada con los socialistas y jacobinos de Azaña, una peligrosa campaña de desestabilización contra el gobierno democrático de Samper, creando un clima de desobediencia civil y de hundimiento de la legalidad. La campaña se deshinchó en cuanto el Gobierno mostró firmeza, pero estuvo muy cerca de tener las más graves consecuencias. Otro tanto hizo durante la guerra, aprovechando las difíciles circunstancias del Frente Popular para sobrepasar sin tasa el Estatuto de Autonomía. Y desde el comienzo de la democracia, el sabotaje solapado a la legalidad ha sido la línea permanente del PNV. Sería un grueso error caer en la ilusión de que el PNV es un partido democrático y moderado, o susceptible de ser conducido a la moderación mediante algunas presiones cariñosas.

El Gobierno ha insistido en que las medidas tomadas persiguen únicamente al terrorismo. Y tiene toda la razón. Como tiene razón el PNV para darse por aludido y amenazado, ya que nunca ha dejado de ser cómplice. No se trata de una complicidad orgánica, como la de Batasuna, sino política y moral, y aunque ello le permite actuar en la legalidad, no dejará de ocasionarles serios choques con ésta, cuyo tratamiento debiera estar previsto por las autoridades de la nación. El Gobierno y los partidos democráticos debieran estar alerta contra las maniobras que seguramente intentará el partido de Sabino Arana y Arzallus.

Desgraciadamente, la ideología envilecedora de este partido ha contaminado a buena parte de la población vasca, por falta de adecuada respuesta durante mucho tiempo. Eso también debe ser tomado en consideración.

Enroque abertzale
Editorial El Correo 31 Agosto 2002

Desde que el pasado lunes se dio inicio a sendos procedimientos que tratan de situar a Batasuna fuera de la legalidad, las dificultades por las que atraviesa la izquierda abertzale evidencian hasta qué punto sus dirigentes, acostumbrados a dejarse llevar por la inercia generada por ETA, se resisten a interpretar la nueva situación como el final definitivo de una larga etapa de impunidad, cinismo y vulneración de los fundamentos de toda convivencia democrática. Desde que el 27 de junio entró en vigor la nueva Ley de Partidos, la dirección de Batasuna no ha dado señal alguna de estar dispuesta a adecuar su comportamiento a las nuevas exigencias, siquiera por mandato imperativo . Así lo reiteraron ayer dos de sus miembros en el Parlamento vasco. Atenazados por su propia sinrazón, se muestran incapaces de reaccionar más que con un discurso de enroque que, si difícilmente logrará soslayar sus tensiones internas, resulta absolutamente inútil para resolver los problemas de pervivencia política de un sector nada despreciable de la sociedad vasca. Buena parte del discurso de los dirigentes de la izquierda abertzale está orientado a subrayar ante sus bases las diferencias que les separan del nacionalismo democrático. Esta reacción instintiva trata sin duda de levantar una barrera de acusaciones dirigidas principalmente contra el Gobierno Ibarretxe y el PNV con el fin de evitar que la confusión reinante en el electorado radical lleve a muchos de sus integrantes a buscar refugio bajo el nacionalismo gobernante.

Por su parte, éste subraya el discurso de la equidistancia, del ni con unos ni con otros de Arzalluz, del ni abogados de Batasuna, ni traidores colaboradores del Gobierno español con el que Ibarretxe pretendió bosquejar ayer un espacio propio. En ese sentido, resulta elocuente que el nacionalismo democrático -cuyos portavoces se defienden estos días torpemente de las invectivas radicales por la actuación de la Ertzaintza- sigue sin emplazar a la izquierda abertzale a modificar su comportamiento como condición para solidarizarse con su estatus legal. Lo cual se contradice con el énfasis que esos mismos portavoces ponen en la existencia de una mayoría de votantes de Batasuna que rechazan el uso de la violencia por parte de ETA. De ser cierto este dato, en ningún caso invalidaría las razones de quienes consideran que Batasuna no puede tener cabida en la legalidad, sino que compromete a esa presunta mayoría a hacer efectiva su posición desligándose sin equívocos de las servidumbres del terror. En este marco, el hecho de que Xabier Arzalluz descalifique la iniciativa de PP y PSOE como «farsa electoralista» está plagado de ironía. Si para el PNV no es otra la intención de los promotores de la ilegalización de Batasuna, menos se comprende el tremendismo de los dirigentes jeltzales al rechazar dicha medida. Además, dado que la acusación de electoralismo es un recurso tan manido como reversible en la confrontación política, el PNV debería abstenerse de emplear tan sesgado argumento. Porque a nadie podría beneficiar electoralmente el descalabro de la izquierda abertzale como opción política relevante más que al partido de Arzalluz.

La acusación formulada ayer por el lehendakari Ibarretxe, afirmando que los promotores de la ilegalización de Batasuna están «reflotando políticamente a una ETA aquejada de una enfermedad terminal» constituye, en su gravedad, la expresión de un optimismo de conveniencia y una forma especialmente retorcida de imputar al Gobierno Aznar y al PSOE la responsabilidad directa sobre la más que probable continuidad de las acciones terroristas. Contrastando con el diagnóstico reiterado por su consejero Balza respecto a las intenciones de la banda terrorista, no es la primera vez que Ibarretxe aduce que ETA se encuentra en fase terminal, sugiriendo que conviene dejar que desaparezca sin que la acción de las instituciones perturbe su final. Tal posición resulta coherente con algo que el propio lehendakari manifestó ayer: que «la sociedad vasca no está dispuesta a sacrificarse por más tiempo, sino a vivir en paz».

La mención a «los sacrificios que aún nos esperan» hecha recientemente por el presidente Aznar no es la expresión más afortunada para que un responsable político se dirija a la ciudadanía, en tanto que más que señalar la tarea pendiente puede propiciar una sensación de fatalidad ajena al ánimo democrático. Pero la frase de Ibarretxe revela una visión compartida por aquellos que en Euskadi prefieren vivir en la cara iluminada de una sociedad próspera y feliz mientras afean la conducta a quienes señalan la existencia de esa otra cara oscura, cruel e injusta, cuyo olvido no es más que un síntoma de envilecimiento colectivo. En demasiadas ocasiones el lehendakari Ibarretxe olvida que todos los ciudadanos vascos no padecen por igual el sacrificio bajo y contra el terrorismo. Y olvida que quienes más anhelan vivir en paz son precisamente aquellos que se encuadran en las formaciones que consideran que la actuación de Batasuna no puede seguir beneficiándose de la legalidad. Ninguna persona sensata podría afirmar que hoy estamos más cerca de la paz que ayer. Pero más insensato resulta proclamar -como hizo ayer el lehendakari- que «hoy la paz está más lejos de nosotros».

La demanda del Gobierno contra Batasuna aporta mil pruebas de su relación con ETA
J. L. LORENTE / M. CALLEJA ABC 31 Agosto 2002

El Gobierno no quiere dejar ningún cabo suelto en el procedimiento de ilegalización de Batasuna. La demanda del Ejecutivo -que será presentada el próximo martes ante la Sala Especial del Tribunal Supremo-incluirá cerca de mil pruebas que demuestran, según el Ejecutivo, la relación entre la banda terrorista y su brazo político.

MADRID. El Gobierno avanzó ayer un paso más en el camino hacia la ilegalización de Batasuna, según los trámites que establece la ley de Partidos Políticos. El Consejo de Ministros, en su primera reunión tras las vacaciones de verano, aprobó la presentación de la demanda de ilegalización ante el Tribunal Supremo, tal y como le instó el Congreso de los Diputados en el Pleno histórico del lunes. El documento se presentará el martes y confluirá con el que también aporte el mismo día la Fiscalía General del Estado.

Con la intención de que la demanda cuente con plenas garantías de éxito, el Ejecutivo incluirá un amplio informe con cerca de mil «elementos de prueba» que acreditan, según el Gobierno, que Batasuna forma parte del entramado terrorista. Según adelantó ayer el ministro de Justicia, José María Michavila, se trata de actas notariales, notificaciones oficiales, informes de las Fuerzas de Seguridad y de las instituciones democráticas, certificaciones judiciales, reproducción de páginas web y fotografías digitales, todo ello para demostrar que Batasuna es «la proyección política» de ETA.

Trayectoria de los proetarras
Estos mil elementos de prueba no se circunscriben exclusivamente al periodo de tiempo transcurrido desde la aprobación de la ley de Partidos -hace ahora dos meses-, sino a la trayectoria que el brazo político de ETA ha desarrollado en estos últimos años. La recopilación de pruebas está ya lista, no así el texto de la demanda, que será ultimado por los Servicios Jurídicos dependientes del Ministerio de Justicia a lo largo del fin de semana.

De todas formas, ya se conocen los tres ejes sobre los que girará el documento. El primero, se refiere al hecho probado para el Gobierno de que la coalición proetarra forma parte de «entramado político» de la banda terrorista. Según el Ejecutivo, el partido de Otegi ha cambiado de denominación en tres ocasiones -Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna- y, bajo distintas siglas, ha compartido sedes, candidatos y dirigentes con ETA. La demanda recuerda que cuatro de los siete diputados actuales de Batasuna en el Parlamento vasco fueron condenados con anterioridad por su relación con ETA -entre ellos, Josu Ternera y el propio Otegi- y ninguno de ellos rechaza la violencia.

El segundo eje de la demanda se centra en probar que Batasuna ha utilizado las instituciones democráticas y los cargos públicos que ha ostentado para apoyar a ETA. El documento recuerda que la coalición proetarra se ha servido de subvenciones públicas para financiar a la banda, que ha entregado documentos reservados -como el censo electoral- a los asesinos y que ha usado sus sedes como lugar para la captación de nuevos terroristas y el almacenaje de armas.

Con el tercer pilar -quizá el más importante- el Gobierno intenta demostrar que Batasuna ha vulnerado reiteradamente la ley de Partidos. En este punto, el Ejecutivo aporta pruebas de «doble militancia» en ETA y Batasuna, exaltación de la violencia en plenos de varios ayuntamientos, declaraciones de dirigentes de la coalición abertzale en defensa de la banda y amenazas a cargos electos y ciudadanos. Tras la reunión del Consejo de Ministros, Michavila explicó que la demanda consiste en explicar en términos jurídicos algo que es ya una evidencia para la sociedad española: «Batasuna es la proyección de ETA en la política, que utiliza para abastecer el terrorismo los privilegios que la democracia otorga a los partidos».

Lucha «sin complejos»
El vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, en la línea de lo manifestado por Aznar el miércoles pasado en Quintanilla de Onésimo, quiso dejar claro, en primer lugar, que con la ilegalización los únicos que pierden son los terroristas y sus colaboradores. Por eso, argumentó que no queda lugar para el victimismo político, porque la ley no persigue ninguna idea sino a aquellos que no dejan vivir en libertad u opinar. No obstante, lamentó que haya partidos que no apoyaron la ilegalización -como el PNV y CiU- cuando han tenido una «oportunidad histórica» para hacerlo de manera «contundente e inequívoca».

Además, Rajoy reconoció que la medida contra Batasuna no significa que se haya ganado la guerra al terrorismo, pero supone una victoria en la batalla contra sus cómplices. El vicepresidente primero señaló que en estos últimos meses queda demostrado que todas las instituciones democráticas quieren actuar «sin complejos» para defender los derechos y libertades de los españoles.

El delegado del Gobierno recurre la autorización de la marcha aberzale
La Consejería de Interior permite otra manifestación en San Sebastián
Vitoria El País  31 Agosto 2002

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Enrique Villar, ordenó ayer a los servicios jurídicos del Estado que interpongan un recurso contra la decisión del Ejecutivo vasco de no prohibir la manifestación convocada por dos particulares para el próximo día 7 en Bilbao en protesta por la suspensión de actividades de Batasuna. El anuncio de la manifestación fue hecho durante un acto político de la organización en vías de ilegalización.

La Delegación del Gobierno en el País Vasco sostiene que a pesar de que la manifestación fue convocada por particulares que no representan a Batasuna, 'parece evidente que subyace una intención inequívoca de contravenir y hacer frente a las disposiciones dictadas por el auto del juez Baltasar Garzón'.

El pasado sábado, al término de una conferencia de prensa que ofreció en San Sebastián el portavoz de la suspendida Batasuna, Arnaldo Otegi, una persona presente en el acto, Jon Urrujulegi, anunció la celebración de una manifestación para el día 7. En ese mismo momento explicó cuáles serían los eslóganes que iban a corear por las calles de la capital vizcaína.

Por esas coincidencias, y ante la previsión de que se puedan producir alteraciones del orden público, la Delegación del Gobierno del País Vasco pide a la consejería de Interior que 'limite el derecho de manifestación en este caso', prohibiendo de manera taxativa la marcha de protesta contra el proceso de ilegalización de Batasuna.

Sin embargo, el departamento que dirige Javier Balza subraya que la convocatoria en ningún caso vulnera la ley, y por tanto no se puede desautorizar. El vicepresidente primero y portavoz del Gobierno, Mariano Rajoy, dió por supuesto ayer, tras la reunión del Consejo de ministros que 'el Gobierno vasco habrá estudiado, ya que es su competencia, si esta marcha es o no legal, y tengo que entender que si el Gobierno Vasco dice que es legal, será por que así lo han entendido'.

También dijo que si durante el transcurso de la misma se producen gritos o manifestaciones que vayan en contra de la ley 'existen los procedimientos clásicos de la denuncia, la Fiscalía y el Juzgado'.

Mientras tanto en San Sebastián otro grupo de particulares ha convocado para este domingo otra manifestación con los mismos lemas: Faxismoaria stop. Euskal Herria aurrera, (Fascimo stop. Euskal Herria adelante).

Entre los convocantes están los escritores Joxe Mari Pérez, Joxe Agustin Arrieta y Joxe Luis Alvárez Enparantza Txillardegi, uno de los fundadores de ETA en los años 50; los sindicalistas de LAB Mari Xabel Gastañaga, Joxean Urkiola y Marian Esnaola; los ex-concejales de HB de San Sebastián, Nekane Basauri y Felix Soto; el ex-futbolista también próximo al partido radical Iker Sarriegui y varios miembros del movimiento vecinal, feminista y juvenil cercanos ideológicamente a esta formación. La manifestación, que no ha sido prohibida por Interior, coincidirá con la regata de traineras de La Concha, un acto deportivo que atrae a mucho público.

El concejal del Ayuntamiento de San Sebastián, Josetxo Ibazeta, que presentó la convocatoria popular de manifestación llamó a la movilización a la izquierda abertzale y a todos los ciudadanos de Euskal Herria durante la presentación de la manifestación. También dijo que 'la Ertzaintza es un aparato más que impide a Euskal Herria realizarse y construirse'.

Otra concentración, convocada ayer en Pamplona ante la sedes del partido socialista y de Unión del Pueblo Navarro, no llegó a celebrarse ante la fuerte presencia policial y el escaso número de manifestantes.

Por otra parte, la Ertzaintza cree que el atraco cometido el jueves en una empresa de máquinas recreativas de Lasarte (Guipúzcoa), fue obra de delincuentes comunes. Tres individuos encapuchados y armados, que dijeron ser miembros de ETA, entraron en la empresa, retuvieron a los empleados y huyeron en una furgoneta con casi 18.000 euros.

Apedreado un autobús con pasajeros
El conductor de un autobús urbano de la Compañía del Tranvía de San Sebastián que cubría la línea de Eguia resultó ayer herido leve cuando un grupo de violentos rompió con una herramienta pesada varios cristales del vehículo. Aunque en ese momento había varios pasajeros, sólo resultó herido el conductor, que sufrió un ataque de ansiedad y un golpe en un dedo. El ataque ocurrió sobre las 14.05 en la calle Virgen del Carmen. No fue el único ataque en San Sebastián, ya que varios desconocidos arrojaron una cadena a la catenaria de Renfe, tiraron aceite en el suelo de otra calle y quemaron varios contenedores. Mientras, el número de ataques a sedes del PNV en los últimos diez días se eleva a nueve. El último fue contra la sede de Durango.

El PNV pretende minar la ilegalización de Batasuna diciendo que es una maniobra electoral del PP
Mientras el Gobierno anuncia que presentará mil pruebas  de la identidad ETA-Batasuna, Ibarretxe y Arzalluz tratan de minar el proceso.
Dicen que la lucha contra ETA es una farsa con fines electorales. Egibar, Azkarraga y Balza siguen trabajando en la “emancipación”. Ya hay autorizadas dos manifestaciones pro Batasuna si Enrique Villar no consigue impedirlo.
Efe Libertad Digital  31 Agosto 2002

Ibarretxe y Arzalluz han abierto el curso político en el País Vasco con una defensa de Batasuna. Como ya han hecho miembros de su Gobierno, como Azkarraga, o el portavoz de su partido, Egibar, el lehendakari ha arremetido contra la decisión del Gobierno de presentar una demanda de ilegalización contra la formación abertzale. También ha tenido reproches para el auto judicial de Garzón. La operación del nacionalismo, autodenominado "democrático", para salvar a Batasuna de la ilegalización ya no tiene límites. Todos contribuyen.

Para el presidente del Ejecutivo vasco, Aznar persigue con la Ley de Partidos tapar su propio “fracaso” mientras “ETA se frota las manos”. Es, considera Ibarretxe, una forma de “romper los puentes entre los partidos democráticos”. Cree Ibarretxe que "ETA está en fase terminal" y con la ilegalización de Batasuna, el Gobierno está dando oxígeno a la banda terrorista. Además, ha anunciado un paquete de medidas para el próximo mes de septiembre que estarán encaminadas, según el lehendakari, a conseguir la paz. No ha querido anticipar ninguna.

Rechazó las declaraciones de José María Aznar, quien aseguró en Quintanilla de Onésimo (Valladolid) que en materia de lucha antiterrorista "vamos en la dirección correcta" con la propuesta de ilegalización de Batasuna, aunque advirtió de que aún "tendremos que hacer muchos sacrificios".

Opinó que la ilegalización de Batasuna es una "gran farsa", ya que no traerá la "solución a todos los males", "aleja la paz", "da aire a ETA" y "rompe los puentes" tendidos entre las fuerzas democráticas después de iniciativas como la mesa de partidos del lehendakari. El PP y el PSOE al poner en marcha esta iniciativa "sabían que dividirían a los partidos políticos y que entraban en un escenario de ruptura con todas aquellas iniciativas conjuntas que habíamos puesto en marcha en los últimos tiempos", agregó Ibarretxe, al tiempo que afirmó que "quienes proponen una medida que divide no están legitimados para trasladar respuestas conjuntas".

Arzalluz, a la carga
El presidente del PNV, Xabier Arzalluz, dice que la ilegalización de Batasuna sería "una trampa política al electorado" y opinó que el debate suscitado en torno a esta posibilidad constituye "un tema propagandístico impuesto por el PP". El dirigente nacionalista dijo que es "una mentira" que con la ilegalización de Batasuna se pretenda "la destrucción de ETA", sino que se piensa en "las próximas elecciones".

Y mientras Arzalluz, Ibarretxe, Egibar y Azkarraga trabajan para salvar a Batasuna, Balza aporta todo lo que puede permitiendo que un partido suspendido por Garzón convoque manifestaciones a través de terceros que es como siempre ha actuado Batasuna.

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