AGLI

Recortes de Prensa     Martes 3 Septiembre  2002
Gregorio Salvador: «Hay españoles que pierden su lengua familiar porque no se les enseña»
FELICIANO TISERA ABC 3 Septiembre 2002

BATASUNA NO, ESTADO DE EXCEPCION TAMPOCO
Editorial El Mundo 3 Septiembre 2002

El tragaluz
RAUL DEL POZO El Mundo 3 Septiembre 2002

La sombra del chantaje
Lorenzo CONTRERAS La Razón 3 Septiembre 2002

Ofensiva nacionalista
Francisco MARHUENDA La Razón 3 Septiembre 2002

Repliegue de Ibarretxe
Editorial El País 3 Septiembre 2002

Orgánica y estructuralmente
SANTIAGO GONZÁLEZ/ El Correo 3 Septiembre 2002

Garzón, al quite
EDITORIAL Libertad Digital  3 Septiembre 2002

Nacionalismo y sentido común
Manuel Martín Ferrand La Estrella  3 Septiembre 2002

Prohibición consecuente
Editorial El Correo 3 Septiembre 2002

Cardenal presenta la demanda ante el Supremo «para liberar al País Vasco de los nazis de Batasuna»
MADRID. AGENCIAS ABC 3 Septiembre 2002

La Cámara navarra veta a Batasuna y Atucha se niega a secundarla
D. Mazón / L. R. N. - Madrid / Pamplona.- La Razón  3 Septiembre 2002

Pilar del Castillo: «Desde instancias educativas vascas se fomenta el extremismo»
MILAGROS ASENJO ABC 3 Septiembre 2002

Conservar y transmitir el caló
Cartas al Director ABC  3 Septiembre 2002

Gregorio Salvador: «Hay españoles que pierden su lengua familiar porque no se les enseña»
FELICIANO TISERA ABC 3 Septiembre 2002

El vicedirector de la RAE, Gregorio Salvador, y el secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Humberto López Morales, participaron ayer en El Escorial en sendos cursos, con el idioma como protagonista. Ambos analizan para ABC la situación del español en el mundo.

EL ESCORIAL. Gregorio Salvador resalta que el español es «una lengua cohesionada, frente a la más importante, el inglés, que no lo está. No hay dos hispanohablantes que no se entiendan, mientras sí que hay muchos anglohablantes que no se entienden por ser de variedades distintas». Los avances informáticos también favorecerían al español, una lengua «de fonología muy clara, muy precisa en sus fonemas, lo que le da mayores posibilidades que ninguna otra de las importantes para la oralización de la informática. La tendencia es que no haya que teclear y que se dicte. Bueno, para dictar a los ordenadores, el español se presta mucho más que el inglés o cualquier otra lengua muy divorciada de la ortografía. En el español, cada letra y cada combinación responde a un sonido, y ya está».

Opina el académico que «es lamentable en España que haya castellanohablantes que estén perdiendo su lengua de familia, o reduciéndola a límites toscos y vulgares, porque no se les enseña en su lengua». Y reclama al Gobierno español que se cumpla el artículo 3 de la Constitución, que dice: «El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla».

El auge del idioma
Por su parte, el profesor López Morales ve el español «muy bien», y dice que «estamos en una época extraordinariamente buena para el español, y todo hace pronosticar que eso irá en aumento. El español se habla en muchísimos sitios como lengua materna, y en muchos otros como segunda lengua. La enseñanza del español como lengua extranjera va en auge, no sólo en EE.UU., también en el norte de Europa y, por supuesto, se da el gran "boom" de Brasil, donde todavía no todos los estados de ese enorme país tienen al español como lengua obligatoria, pero sí los mayores». El número de hablantes de español aumenta y esta extensión del idioma lo va modificando: «En los medios internacionales se está manejando un español más internacional, más panhispánico, que propicia una mejor comprensión». Resalta que el papel de Hispanoamérica «es fundamental, ya que de allí proceden más del 90 por ciento de los hispanohablantes. España no llega al 10. Y el resto está entre Guinea, Filipinas... En fin, hay lugares insólitos donde aparecen de pronto 500 señores que hablan español como lengua materna. El mapa está manchado por muchos sitios y eso es interesante».

Las políticas internacionales de América también favorecen a nuestro idioma: «Hay convenios comerciales muy poderosos, como el Mercosur, aunque últimamente se está resquebrajando, pero se vislumbra para el 2005 la posibilidad de hacer ese gran convenio para toda América; o el ALCA (Área de Libre Comercio para América), desde Canadá hasta el Cono Sur, con todos los países americanos menos Cuba. Desaparecerán la barreras arancelarias. Se espera que sea verdaderamente portentoso desde lo económico. Las lenguas serán inglés, español y portugués».

Humberto López Morales destacó «la vocación cada vez más creciente de la RAE por Hispanoamérica. La colaboración interacadémica de igual a igual es inédita. Antes, la RAE se interesaba sólo por el español de España, y a las Academias de Hispanoamérica sólo se les consultaba. Ahora todo (diccionarios, gramática, ortografía) se hace de manera consensuada. Se hacen comisiones panhispánicas y eso es muy importante para la lengua española, que se va haciendo más conocida en sus variedades regionales y va adoptando una norma estandarizada y aceptable que se acerca bastante a lo común». Cree que desde un punto de vista emotivo «sería mejor que se mantuviesen las diferenciaciones específicas de cada país, un exponente muy importante de su personalidad cultural». Pero, desde el punto de vista económico y de las comunicaciones, «quizás lo más mejor sea una unificación cada vez mayor».

BATASUNA NO, ESTADO DE EXCEPCION TAMPOCO
Editorial El Mundo 3 Septiembre 2002

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha decidido comunicar al Gobierno vasco y a la Ertzaintza «que no tendrá carácter legal o lícito «...» cualquier manifestación, ya sea convocada corporativamente, personal, pública o privadamente y que, de hecho, se refiera a Batasuna».

Simultáneamente el Departamento de Interior del Gobierno vasco prohibió ayer las manifestaciones anunciadas para los días 7 y 8 en Bilbao y San Sebastián, respectivamente, en contra del proceso de ilegalización y suspensión de Batasuna. Esta prohibición se ha argumentado en previsión de que se repitan los incidentes que tuvieron lugar el domingo en San Sebastián ya que los lemas y las pancartas son «los mismos».

La providencia de Garzón, redactada con un lenguaje poco preciso y por tanto muy interpretativo, -¿qué quiere decir eso de que se refiera a Batasuna?- nos lleva a una doble reflexión. Por un lado es evidente que no deben aceptarse manifestaciones como la ya suspendida de Batasuna ni de nadie de su entorno o que lo represente aunque sea a título individual.

En este sentido parece lógico que no se autoricen marchas como las de Bilbao y San Sebastián después del precedente que supuso la del domingo pasado en la capital guipuzcoana en la que se amenazó gravemente a la Ertzaintza y se exaltó el terrorismo de ETA.

Otra cosa sería prohibir una manifestación convocada por el Tripartito o Elkarri en la que se criticara la ilegalización o se defendiera la necesidad de que Batasuna continuara siendo un partido político dentro de las instituciones.

Si en cualquier manifestación de este tipo se incurriera en gritos o posturas que defendieran el terrorismo existen mecanismos de actuación puntual, en el mismo momento en que se produjera el incidente o a posteriori, exigiendo la responsabilidad individual y la que correspondiera a los convocantes. Ir más allá estaría en contra del derecho genérico de manifestación y supondría un paso peligroso hacia lo que se podría considerar como un estado de excepción encubierto.

Las Fuerzas de Seguridad tienen la obligación de acreditar la filiación de los convocantes de cualquier manifestación y más en las actuales circunstancias. Los que tienen facultades para aprobar una manifestación en el País Vasco deberían tener sumo cuidado en que los promotores no mantengan la menor vinculación, directa o indirectamente, con Batasuna.

Pero una convocatoria libre de esos vínculos en contra de la Ley de Partidos o de las decisiones de un juez, o incluso de sus interpretaciones de la Ley, no debería tener el menor obstáculo para su normal desarrollo porque lo que se trata de impedir no es el derecho de manifestación sino la colaboración con ETA.

El tragaluz
RAUL DEL POZO El Mundo 3 Septiembre 2002

Otro otoño, otra vez la maldición del Norte y otra vez los columnistas sin poder evadirnos de la ferocidad humana. Tienes que tomar partido, no te vale el subterfugio de la prosa artística, ni los temas de interés humano, ni los obituarios, ni el costumbrismo.La herida del Norte sangra, respira, salpica, amenaza; no podemos escaparnos a las naderías ni refugiarnos en el onanismo formalista.Los que no queremos avergonzarnos de escribir sobre los pajaritos cuando estallan las madrugadas, los que no tenemos ganas de hablar para no decir nada, estamos otra vez a la intemperie, asumiendo riesgos, uno de ellos el de desorientarnos.

Comentó Sartre que cada escritor y cada periodista está abrazado a su época y que cada palabra suya tiene su repercusión y cada silencio también. Consideraba a Flaubert y Goncourt responsables de la represión que siguió a la Comuna porque no escribieron ni una sola palabra para impedirla. «Se dirá que no es asunto suyo. Pero, ¿es que el proceso de Calas era asunto de Voltaire? ¿Es que la condena de Dreyfuss era un asunto de Zola? ¿Es que la administración del Congo era asunto de Gide?». Cada época mide el compromiso, algo que parecía ya estar en el cuarto de los trastos.

Los escritores franceses se comprometieron ante la ocupación alemana o ante Argelia, los americanos ante el Vietnam y los españoles estamos comprometidos ante el País Vasco. Jodámonos: el País Vasco es nuestra Argelia, nuestro caso Dreyfuss, nuestro Vietnam.

A estas alturas del odio, debemos acertar en la búsqueda de la claraboya. Y en plenas barricadas de San Sebastián los nacionalistas vuelven al camino que iniciaron en la Declaración de Barcelona.¿Eso es buscar la claraboya, el tragaluz? Hay partidos, abogados, columnistas, premios Nobel, que han alquilado sus plumas o sus despachos o sus tribunas a los nacionalistas. Pero ya hay una gran mayoría de intelectuales y la mayoría de los ciudadanos que piensan que los nacionalistas son los maquinadores de esa gran farsa sangrienta en su camino a ninguna parte o camino a Bruselas en distinto vagón. Han hecho ideología con el gusto del puchero, nos han declarado especie enemiga, han proyectado en nosotros sus fracasos, se han aprovechado de la cárcel y del exilio de los etarras. Medran en los desórdenes. La gran lucha no está en las calles de San Sebastián, sino en los bulevares de las letras.

Ya es hora de desmochar, políticamente por supuesto, esa gran patraña, ese embeleco, ese embuste, que consiste en echar la culpa de todo a la maldad de los forasteros, a Madrid, a España, a la derecha o la izquierda. Hay que desmontar ese martirologio de ex curas y ex seminaristas, esa ideología arqueológica, ese afán por sacar de todo ventajas predemocráticas. La salida no es quitarles la autonomía, sino quitarles la razón y contarles el dinero a los patriotas de la codicia.

La sombra del chantaje
Lorenzo CONTRERAS La Razón 3 Septiembre 2002

¿Cabe «desmarcarse» del tema vasco pese a la dramática vigencia de su realidad? Precisamente ahora, cuando otros dramas del mundo reclaman atención, se han registrado dos acontecimientos con mucho porvenir: el anuncio de Ibarreche sobre la reforma del Estatuto de Guernica y el frustrado atentado de Eta contra la Ertzaintza en Bilbao. El primero plantea el peligro de su unilateralidad nacionalista; el segundo, máxima expresión hasta ahora de la declaración de guerra etarra contra la policía autónoma encargada de aplicar el auto de Garzón para liquidar las actividades de Batasuna, es probablemente la más contundente prueba de la connivencia del brazo político de Eta con su matriz y el aviso de que se puede esperar lo peor.

Respecto al primer asunto se abre paso la impresión de que el Gobierno tiende a refugiarse en un forzado optimismo. Las declaraciones de los ministros Michavila y Arenas pretenden ver con cierta diafanidad algo que sigue oscuro, ese horizonte espeso que las iniciativas nacionalistas crean cuando tantean el terreno del chantaje. El PNV no se divide, como algunos insinúan, pero se diversifica su estrategia. El juego, en efecto, está repartido. El Gobierno de Vitoria ofrece diálogo desde posiciones maximalistas muy difíciles de aceptar desde lo que suele entenderse por Madrid. El partido que Arzallus comanda y en el que Eguibar y Azcárraga cumplen consignas filobatasunas elaboradas por el jefe, situan el mensaje en su verdadera dimensión con la nostalgia de Lizarra al fondo y la bandera de la desobediencia civil a medio desplegar.

Mientras tanto, el «estado mayor» pensante de los proetarras estudia presumiblemente todos los puntos resbaladizos de la Ley de Partidos y del auto de Garzón. Todos sus aspectos vulnerables. Pero no se nota todavía la ofensiva dialéctica a fondo. Circulan, eso sí, los rabiosos tópicos de Otegui y restantes «mártires» oficiales de la causa independentista. Diríase que las cargas jurídicas de profundidad se reservan para mejor ocasión. Iruín y compañía parecen desaparecidos. No se ha encausado a los dirigentes de Batasuna, pero se les arrebata la marca. Circulan ellos individualmente por la legalidad y se prohibe su organización, su instrumento práctico, contra el principio lógico de que las personas jurídicas no delinquen... solas.

La democracia constitucionalista tiene a su lado, de su parte, la razón política y la certeza moral de la legitimidad de su causa. Pero es mucho menos claro que tenga la razón jurídica. Es lo lastimoso. Tal vez el Gobierno sopesaba las insuficiencias de la normativa penal y por eso se lanzó a fabricar la Ley de Partidos. Garzón no necesitaba matizar tanto. Es expeditivo y no le frenan las desautorizaciones que ha sufrido en más de una ocasión desde instancias superiores. Tiene algo de kamikaze.

Ofensiva nacionalista
Francisco MARHUENDA La Razón 3 Septiembre 2002

Los dirigentes de CiU no sólo no reducen la presión nacionalista sino que la agitación va en aumento. Ha regresado el viejo y cansino discurso de la reivindicación. Estamos ante una estrategia recurrente que sacan del baúl de los recuerdos conforme se acerca una convocatoria electoral. CiU quiere marcar distancias con el PP, aunque no les importaría que voten los presupuestos de la Generalitat para el 2003, aunque al día siguiente volverían los gestos displicentes. El problema sigue siendo el mismo: en su día se tendría que haber impuesto entrar en el gobierno catalán. Durante estos años, el PP ha sido clave para garantizar la gobernabilidad en Cataluña, pero esta lealtad, con un importante coste, no se ha visto agradecida.

La situación ha llegado a extremos grotescos, donde parece que CiU cuente con mayoría absoluta para gobernar. Esta actitud es contraproducente, sobre todo, para los intereses de Pujol y la federación nacionalista. La estigmatización del PP no funciona, porque los catalanes saben que CiU gobierna de la mano de los populares desde 1996. Por tanto, insistir ahora en que el Gobierno de Aznar no es sensible con Cataluña o tiene una deriva centralista es poco creíble.

Este deseo de marcar distancias se comprobó ayer con las declaraciones del secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, acusando al Gobierno de deslealtad constitucional y estatutaria por negarse a traspasar a la Generalitat las competencias pendientes que se desprenden del Estatuto de Autonomía. El nacionalismo catalán se suma a las tesis del PNV, con un lamentable seguidismo, e intenta imponer un determinado modelo de traspasos que nada tiene que ver ni con el contenido ni con el espíritu de la Constitución. No hablan de negociación o diálogo sino de imponer el traspaso de unas competencias.

CiU realiza esta ofensiva nacionalista porque parte de dos convicciones. La primera es que el PP aceptará cualquier cosa con tal de no ver a Maragall como presidente de la Generalitat. Esto explica las críticas y ataques permanentes que dan la impresión que el adversario son los populares y no los socialistas. La otra es que saben que al Gobierno le gusta contar con los votos de CiU en el Congreso y que por ello no importa sacrificar al PP en Cataluña.

Repliegue de Ibarretxe
Editorial El País 3 Septiembre 2002

Ibarretxe se propone canalizar la reivindicación nacionalista de más autogobierno hacia una reforma del Estatuto de Gernika, respetando el procedimiento legal previsto. Se trata de un repliegue que confirma la adaptabilidad del nacionalismo vasco a las resistencias que encuentra. Hace un año el planteamiento era que si no se completaba el desarrollo autonómico habría un referéndum de autodeterminación; en el pleno de julio se introdujo la variante de la asunción unilateral de las competencias reclamadas. En ambos casos se trataba de propuestas rupturistas, abocadas al conflicto. Ahora el planteamiento es respetuoso con las reglas de juego. Se reclamará una reforma que para prosperar requiere la mayoría absoluta del Parlamento vasco y la ratificación del Parlamento español.

El PNV siempre apuesta por lo más para asegurarse lo menos. Su famosa doble faz aspira a hacer compatible el mensaje radical con el pragmatismo, de acuerdo con los intereses que representa. El ultimátum de julio fue contestado por el empresariado, más bien nacionalista pero cuidadoso con sus intereses; y encontró una respuesta firme del Gobierno central, respaldado por el PSOE. Para aprobar su dictamen, Ibarretxe necesitó de la abstención de Batasuna. Sin embargo, la evolución de los acontecimientos no parece favorable a estabilizar una alianza con la formación de Otegi.

Apostar por la reforma del Estatuto es hacerlo por un cambio de la política de alianzas, porque es evidente que Otegi no va a dar su apoyo a una vía autonomista; y como el tripartito (PNV-EA-IU) no tiene mayoría en el Parlamento de Vitoria, el nuevo planteamiento requiere de entrada incorporar al acuerdo al menos a un partido no nacionalista.

Tal vez la referencia de Anasagasti a una vuelta a la lógica de Ajuria Enea fuera algo más que una ocurrencia. Tal vez, porque ayer mismo el Gobierno vasco prohibió las manifestaciones de apoyo a Batasuna previstas para el próximo fin de semana. Simultáneamente, el juez Garzón acababa de recordar el carácter ilícito de cualquier movilización de ese tipo, con independencia de quienes aparecieran como convocantes. Ibarretxe parece haber comprendido que negarse a aplicar las resoluciones judiciales, como exigía Otegi bajo advertencia, habría convertido al nacionalismo en rehén de ETA y Batasuna, que no dejarían de exigir más y más rupturas con la legalidad para no pasar a formar parte de los 'españoles'. Hay síntomas, por tanto, de que ahora toca destensar la cuerda previamente tensada.

Orgánica y estructuralmente
SANTIAGO GONZÁLEZ/ El Correo 3 Septiembre 2002

No es la primera vez que, al intentar describir la realidad, el portavoz del partido-guía me produce la misma sensación estupefaciente que expresaba Cary Grant al referirse a Katharine Hepburn en La fiera de mi niña : «Nadie entenderá nada mientras ella se empeñe en explicarlo todo». Por eso produce alguna perplejidad oír a Joseba Egibar referirse a los antiguos dirigentes de Euskadiko Ezkerra diciendo que: «ésos sí políticamente (sic) decidían a quién había que pegar un tiro, a quién había que secuestrar», mientras Arnaldo Otegi, que fue condenado por detención ilegal, al parecer, no. El parlamentario Josu Ternera, otro suponer. Considera Egibar que «orgánica y estructuralmente», Batasuna y ETA «no son ni han sido nunca lo mismo».

«Orgánica y estructuralmente», tampoco eran lo mismo las SS y el Partido Nacional Socialista alemán. Eran dos organizaciones distintas y cada una tenía su propia estructura. Lo mismo les pasaba al Sindicato Vertical del franquismo y al Movimiento Nacional.

No hay nada perverso en el hecho de que un portavoz desconozca el significado de las palabras. Es un caso de incompetencia, sí, pero de ellos está lleno el mundo en general y la Euskalherria de Lizarra en particular. Lo que pasa es que expresiones como las aquí reproducidas chocan con las actitudes de nuestro bravo sargento irlandés cuando se pone en campaña. Batasuna, Gestoras o Senideak nunca habrán sido orgánicamente lo mismo que ETA, pero uno recuerda haberle visto a él en persona al frente de un centenar de jóvenes nacionalistas defendiendo la casa del padre en el mes de junio del 96. Frente a Sabin Etxea se habían congregado un viernes los familiares de los presos etarras antes de salir de viaje, con sus autobuses, sus pancartas y sus banderas. Egibar y su improvisado orfeón gritaban a coro «Zuek, faxistak, zarete terroristak!», consigna que les devolvían con no menos entusiasmo los familiares desde el otro lado de la pancarta. Batasuna no será «orgánica y estructuralmente» lo mismo que ETA, pero cuando la organización terrorista pidió el impuesto revolucionario a un afiliado jelkide, Egibar llamó al dirigente batasuno Rufi Etxebarria para pedir una reunión, durante la cual acusó a la mesa nacional de estar pringada en el cobro del impuesto revolucionario. Batasuna no tendrá nada que ver «orgánica y estructuralmente», pero cuando Otegi dijo «que a nadie se le ocurra...», mientras levantaba un dedo admonitorio, el camarada de Egibar que ejerce de consejero de Interior puso en alerta a la Ertzaintza. Con razón, según hemos visto en Zamakola.

Garzón, al quite
EDITORIAL Libertad Digital  3 Septiembre 2002

Quizá el error más grave de la Transición, y que más prolongadas consecuencias ha tenido en la vida política y en la sociedad española, ha sido la imposición como dogma de corrección política por parte de la izquierda -con la absoluta pasividad de la derecha- de esa tácita condescendencia para con todos los excesos de los nacionalismos en contraprestación por una supuesta nómina de agravios -la gran mayoría imaginarios o compartidos también por el resto de los españoles- cometidos por el régimen anterior contra las “nacionalidades históricas”. Durante veinticinco años, los nacionalistas vascos y catalanes han exigido y obtenido, apoyados en ese absurdo complejo de culpa que tan admirablemente han explotado, una especie inmunidad para con todos los aspectos de sus políticas que colisionaran abiertamente, no sólo con las prescripciones constitucionales en materia de unidad nacional, educación, idioma o símbolos oficiales, sino también con determinados aspectos del Código Penal.

Causa pasmo que haya tenido que transcurrir una generación más un millar largo de asesinatos para que se empleen a fondo unos recursos legales que la Constitución y las leyes ordinarias ya ponían a disposición de los poderes del Estado hace cinco lustros para extirpar el absceso batasuno de la vida política española, librándola de políticos terroristas, de terroristas-políticos o de terroristas a secas. Con todo, el juez Garzón, así como la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Fiscalía General del Estado, han reunido, tras años de paciente trabajo, una abrumadora lista de elementos de prueba que acreditan la unidad de dirección, acción y propósito de ETA y HB-EH-Batasuna, más que suficientes para suspender radicalmente sus actividades y perseguir su eliminación como fuerza política, tanto por la vía penal -Garzón-, como por la contencioso-administrativa, inaugurada con la nueva ley de partidos.

Los largos años de intangibilidad de los que han disfrutado los nacionalistas vascos han embotado su juicio. Todavía creen que, como en los años ochenta, siguen gozando de esa inmunidad tácita respecto de la ley y de los poderes del estado que les permitía retorcer sus preceptos y resoluciones hasta que alcanzaran la forma por ellos deseada sin que nadie rechistara. Una buena prueba de ello es que, después de haber suspendido el juez Garzón todas las actividades de Batasuna, sin excepciones ni subterfugios, el consejero de Interior vasco, Javier Balza -el mismo que manifestó que el Gobierno debía “compensar” a ETA por la detención en Francia de varios miembros de la banda durante la tregua-trampa y que hizo la vista gorda en el asunto de la kale borrokaen el anterior gobierno de Ibarretxe- autorizó el pasado domingo en San Sebastián una manifestación de los proetarras en protesta por el auto de suspensión de Garzón. Asimismo, había autorizado otras dos manifestaciones del mismo tenor los días 7 y 8 de septiembre, que juzgó oportuno permitir por haber sido convocadas por un particular.

Para impedirlas, ha sido necesario que el juez Garzón entre al quite dictando expresamente una providencia donde deja bien claro el carácter no lícito, manifestado previamente en su auto, “de cualquier manifestación, ya sea convocada corporativamente, personal, pública o privadamente, y que de hecho se refiera a HB-EH-Batasuna, cuyas actividades han quedado suspendidas”.

Aunque Balza haya anulado, a instancias de Garzón, la autorización de las manifestaciones, si esta es la medida de lealtad institucional y de respeto por la ley que son capaces de ofrecer los nacionalistas “democráticos” -qué será de sus aliados en la sombra, los nacionalistas “no democráticos-, ésta no será la última providencia que tenga que dictar el magistrado de la Audiencia Nacional. No cabe duda de que el gobierno de Ibarretxe se lo va a poner todo lo difícil que pueda.

Nacionalismo y sentido común
Manuel Martín Ferrand La Estrella  3 Septiembre 2002

El consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, le ha dicho a la agencia Efe algo tan rotundo como esto: “Los partidos nacionalistas tenemos que desarrollar el nacionalismo y nuestra posición a favor de la independencia política de este pueblo, sin ningún tipo de ambigüedad y sin ningún tipo de complejos”. A pesar de lo rotundo de su expresión, hay mucha ambigüedad en las palabras de tan notable miembro de Eusko Alkartasuna integrado en el mosaico con el que gobierna en Vitoria Juan José Ibarretxe. ¿A qué pueblo se refiere Azkarraga cuando habla de “este pueblo”?

Azkarraga es consejero de un Gobierno autonómico, fruto de las urnas, en virtud de lo establecido por la Constitución y desarrollado en el Estatuto de Gernika. Esa es la fuente de su legitimidad. Naturalmente, en uso de su libertad, puede predicar la independencia de “su” territorio; pero eso, sin salir del marco democrático, tiene su procedimiento. Como miembro de un Gobierno legalmente constituido, Azkarraga tiene la obligación legal y moral de actuar, desde lo establecido, en razón de los intereses generales de la ciudadanía. También los no nacionalistas del País Vasco, quienes, por ejemplo, han votado al PP y al PSOE, tienen sus ideas al respecto y, por ello, hay una contradicción difícil de asimilar entre lo que dice el consejero de Justicia en tanto en cuanto es parte de un Gobierno y lo que podría decir en calidad de notorio de EA.

De un tiempo a esta parte, aun dejando de lado la siempre irracional violencia que forma parte del cuadro, el sentido común parece haber abandonado la vida política vasca. No es sólo, ni principalmente, la difícil coexistencia entre las posiciones nacionalistas y las que no lo son. Es, más que nada, el abandono de los principios más elementales y clásicos de la lógica.

Ahí tenemos, en el mismo orden de cosas, al responsable de la lucha antiterrorista de la Ertzaintza, José Ignacio Ormaetxe. El hombre, en ejercicio de sus derechos ciudadanos y en contra de sus obligaciones policiales, estima que las medidas judiciales contra Batasuna son “ineficaces e inútiles”. Quizás lo sean, aunque no resulte fácil negarles su valor ético; pero desde la responsabilidad de su cargo, al frente de los hombres que deberán ejecutarlas, no se pueden decir cosas así sin hacer añicos los supuestos del sentido común, la célula mínima en cualquier construcción lógica. Decir algo de esa naturaleza denota la no asunción plena de su cargo; hacerlo a través de las páginas de Le Monde acredita la existencia de un ambiente en el País Vasco en el que la razón le ha dejado hueco a los impulsos meramente emocionales.

A mí, aun en mi desapego por las anacronías nacionalistas, no me repugna la idea de unas personas que reclaman la independencia del territorio en el que viven. Lo que sí consigue escandalizarme, en la medida en que la política pueda escandalizar al pensamiento, es que se luche contra un Estado con cargo al Presupuesto de ese Estado. El consejero vasco de Justicia y el también citado jefe de la policía autonómica -policía judicial- podrían decir lo que dicen desde el mostrador de una taberna -de las no clausuradas por orden del juez Garzón, naturalmente- o desde los despachos del PNV o EA; pero hacerlo desde los galones propios de su cargo es, o así lo veo, una demostración más de la huida que el sentido común ha emprendido desde sus viejos cuarteles vascos.

Con razón afirma Baura que el nacionalismo es a la política lo que la presbicia a la visión normal.

Prohibición consecuente
Editorial El Correo 3 Septiembre 2002

La prohibición de la manifestación convocada para el próximo sábado a favor de Batasuna constituye un hecho tan trascendente como importante ha sido, a ese respecto, la coincidencia de la resolución adoptada por el Departamento de Interior del Gobierno vasco con la dictada por el juez Baltasar Garzón. Los actos de vandalismo y enfrentamiento con la Ertzaintza protagonizados por jóvenes radicales tras la manifestación celebrada el pasado domingo en San Sebastián y las consignas coreadas a favor de ETA durante la citada marcha demostraron que, más allá de un acto de protesta por las medidas judiciales adoptadas respecto a Batasuna o en contra de su ilegalización, la movilización se convirtió en una expresión descarnada de los comportamientos que han desembocado precisamente en el encausamiento de la formación radical y en la presentación de sendas demandas para que la misma sea declarada fuera de la ley. El hecho de que, siendo los convocantes personas individuales, el protagonismo de la manifestación pasara a manos de cargos electos y significados miembros de Batasuna colisiona, sin duda, con la suspensión cautelar de las actividades de dicho partido. Tanto la decisión del Gobierno vasco como la providencia del juez Garzón adquieren una dimensión superior a la prohibición de una convocatoria puntual, y determinan los límites a los que las organizaciones e iniciativas de la izquierda abertzale deberán ceñirse para poder convertirse en actividad pública.

Sería una incongruencia que, en paralelo al desarrollo de los procedimientos abiertos contra Batasuna, los integrantes de ésta aprovecharan precisamente su propia situación para reincidir de forma insistente en las conductas sometidas al dictamen de la Justicia. Las instituciones competentes en la autorización administrativa de convocatorias públicas y los órganos jurisdiccionales cuyos juzgados y salas entienden sobre las causas en curso han de velar especialmente para que los grupos organizados y directamente afectados por los procedimientos abiertos no sigan aprovechándose de las libertades para proyectar hacia el conjunto de la ciudadanía, y hacia las propias instituciones, mensajes de coacción y amenaza. Sin embargo, toda restricción gubernativa o judicial del ejercicio de derechos como los de la libre expresión, la reunión pública o la manifestación ha de limitarse siempre a aquellos casos en los que se evidencie que el propósito de los convocantes, el contenido de la iniciativa o la disposición de los organizadores vulnera las libertades de los demás o pone en peligro la seguridad de los ciudadanos. Las prohibiciones dictadas ayer constituyen una señal inequívoca para la izquierda abertzale de que, en adelante, la apología del terror y las conductas liberticidas no tendrán cabida en el marco de libertades en Euskadi.

Cardenal presenta la demanda ante el Supremo «para liberar al País Vasco de los nazis de Batasuna»
MADRID. AGENCIAS ABC 3 Septiembre 2002

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, presentó personalmente esta mañana en el Tribunal Supremo, la demanda preparada por el Ministerio Público, en la que solicita la ilegalización de Batasuna por conculcar la Ley de Partidos Políticos.

Cardenal afirmó que con esta demanda se pretende liberar al País
Vasco "del asedio de los nazis de un partido que se llama Batasuna". Por su parte, la demanda del Gobierno fue trasladada hoy al Tribunal Supremo por un funcionario del Ministerio de Justicia y será presentada formalmente a lo largo de la mañana por la Abogacía General del Estado.
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El texto de la Fiscalía refleja la trayectoria histórica de Batasuna, aunque se centra especialmente en los hechos ocurridos desde la entrada en vigor de la Ley de Partidos. Asimismo, aporta imágenes de las fachadas de los ayuntamientos gobernados por la formación que lidera Arnaldo Otegi, en las que se muestran fotos de presos etarras junto con los días que les restan para cumplir condena.

Además, incluye la respuesta de dirigentes de Batasuna al cierre de sus sedes, decretado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, y los insultos de Otegi al Gobierno Central y al lehendakari Juan José Ibarretxe.

El escrito del Ejecutivo incluye cerca de mil elementos que prueban que Batasuna es la proyección del terrorismo en política. La demanda se vertebra en tres ejes. El primero de ellos, consiste en la demostración de que EH, HB y Batasuna constituyen un entramado político único, con una plena identidad en la que ha cambiado sólo la denominación.

El segundo eje consiste en que desde su fundación este entramado ha constituido claramente la prolongación del terrorismo en la política, utilizando las instituciones democráticas al servicio del terror. Así, en la demanda se acredita con multiples pruebas que las listas electorales han estado al servicio de la banda terrorista; que la financiación que este partido político recibe de los impuestos de todos los españoles se ha destinado a financiar las actividades terroristas o que el censo electoral, que es un privilegio al que acceden sólo los partidos políticos, ha sido utilizado para dárselo a la banda terrorista que, a su vez, lo utiliza para extorsionar y chantajear a los ciudadanos.

También se acredita que se ceden los espacios electorales o las páginas web en beneficio y en favor de los propios terroristas y también que, en muchas ocasiones, las sedes de estas formaciones políticas han sido tanto depósitos de armas como centros de captación de personas que se incorporan al ejercicio del terrorismo.

El tercer eje de los fundamentos de hecho consiste en acreditar que, después de dos meses de aprobada y entrada en vigor la Ley de Partidos Políticos, Batasuna ha venido mostrando que desea mantenerse en la trayectoria que motivó su nacimiento. Así, se acredita que Batasuna ha infringido de manera grave y reiterada la Ley en innumerables ocasiones.

En cuanto a los argumentos de derecho, la demanda se centra en lo que es la legislación española, en el derecho comparado y en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que acredita que la demanda se interpone con todas las garantías, tanto en las instancias nacionales como en las instancias internacionales y,
finalmente, la concreta aplicación de todo ese listado de hechos a los supuestos jurídicos que prevé la Ley.

A partir de la presentación de la demanda, se iniciará un procedimiento judicial y será el Tribunal Supremo, la máxima Sala de ese tribunal compuesta por el presidente y los cinco presidentes de cada una de las salas, así como el más antiguo y el más joven de cada una de las cinco salas, a quien corresponda la última palabra en relación con este proceso.

La Cámara navarra veta a Batasuna y Atucha se niega a secundarla
PP y PSE exigirán hoy al peneuvista que aísle a los proetarras en el ámbito parlamentario
El Parlamento navarro congeló las iniciativas parlamentarias de Batasuna hasta que no se conozcan las conclusiones que UPN y PSOE pidieron sobre la influencia del auto de Garzón en la actividad de la coalición. El presidente del Parlamento vasco, Juan María Atucha, se negó a imitarles.
D. Mazón / L. R. N. - Madrid / Pamplona.- La Razón  3 Septiembre 2002

Las iniciativas parlamentarias de Batasuna en el Parlamento navarro quedaron pospuestas ayer por decisión de la mesa de la cámara foral, a instancias de UPN y el Partido Socialista en Navarra. Ambos partidos solicitaron un informe jurídico sobre las consecuencias que el auto del juez Garzón podría tener sobre la formación abertzale, y hasta que no se conozcan las conclusiones del estudio, Batasuna no podrá presentar ninguna iniciativa, y las que estaban pendientes desde antes del verano quedan en suspenso.

Según han confirmado fuentes de Unión del Pueblo Navarro a LA RAZÓN, la coalición que lidera Arnaldo Otegui participó ayer por la mañana en la Junta de Portavoces de la Cámara, y sus parlamentarios podrán seguir en las reuniones que celebre el parlamento, aunque a título personal. Asimismo, los miembros de Batasuna pueden continuar utilizando las oficinas que tienen dentro del Parlamento y seguirán cobrando las dietas que todos los parlamentarios tienen asignadas. Estas mismas fuentes han señalado que esta decisión se ha tomado con los votos a favor de PSN y UPN, mientras que el resto de grupos parlamentarios se han opuesto. La suma de votos de ambas formaciones en la Cámara de la comunidad foral supone mayoría, por lo que a pesar de la oposición de EA, PNV e IU, además del voto en contra del batasuno Pernando Barrena, la iniciativa se ha hecho efectiva desde hoy hasta que se conozca el resultado del informe.

En caso de que el estudio solicitado por socialistas y UPN acabe por prohibir las actividades parlamentarias de Batasuna, los miembros de esta coalición podrían entrar a formar parte del Grupo Mixto como parlamentarios a título personal.

Según señaló el secretario general del Partido Socialista en Navarra, Juan José Lizarbe, los acuerdos alcanzados ayer «tratan de impedir que, habiéndose suspendido las actividades de Batasuna y habiendo una ley que lo que quiere es ilegalizarla, haya un grupo parlamentario que haga el papel de Batasuna en el Parlamento». El presidente de la Cámara navarra, José Luis Castejón, aclaró que «no se trata de hurtar, ni de quitar esas preguntas, sino que se posponen hasta que se tengan los resultados del informe». El presidente afirmó que «los parlamentarios tienen encima de la mesa cuestiones que dependen de la justicia», y que el curso político había comenzado «enrarecido» por «las consecuencias del auto del juez Garzón».

Atucha se niega a imitarles
Por su parte, el presidente del Parlamento del País Vasco, Juan María Atucha, consideró ayer que «carece de sentido» la petición de Partido Popular y PSOE de analizar cómo será el funcionamiento de Batasuna tras el auto dictado por el juez Garzón. Según Atucha, en el Legislativo «no hay ninguna relación institucional con ninguna sigla que se haya suspendido cautelarmente», sino con Sozialista Abertzaleak. Para populares y socialistas, ambas denominaciones corresponden a los mismos fines, por lo que han pedido al presidente de la cámara vasca que «no se vende los ojos» y ejecute el auto de Garzón sacando del Parlamento a los batasunos.

Atucha aseguró que no entendía las intenciones de ambos partidos y confesó su «perplejidad» por la propuesta cuando ni el mismo Baltasar Garzón ha remitido el auto al Parlamento, ni ningún grupo político ha pedido que se profundice en un análisis de esa naturaleza. En su opinión, si el auto «afectara a los electos parlamentarios de Euskal Herritarrok, que luego se denominaron Batasuna y Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Sozialista Abertzaleak, el juez lo remitiría oficialmente al Parlamento, lo que no se ha producido». Además, criticó a populares y socialistas por «mezclar churras con merinas» al plantear que se estudie la aplicación en el Parlamento del auto de suspensión de Batasuna y les acusó de «confundir a la sociedad» con esa propuesta.

La petición formal de información sobre si se ha recibido comunicación del juez y sobre la situación de Sozialista Abertzaleak se presentará mañana a la Mesa del Parlamento.

El portavoz del Partido Popular en el País Vasco, Leopoldo Barreda, señaló que no es posible actuar como si el auto no existiera porque ello equivaldría a actuar como parapeto y defensor de Batasuna.

Pilar del Castillo: «Desde instancias educativas vascas se fomenta el extremismo»
MILAGROS ASENJO ABC 3 Septiembre 2002

«Desde algunas instancias educativas del País Vasco se fomenta la radicalidad y el extremismo». Así de rotunda se muestra la ministra de Educación, Pilar del Castillo, que muestra su preocupación por los valores que se transmiten en algunas escuelas vascas. No obstante, admite que el Gobierno poco puede hacer para cambiar esta situación sin invadir competencias autonómicas.

MADRID. «Los problemas del País Vasco superan con mucho los del ámbito educativo. Sólo cuando esas otras cuestiones más generales estén resueltas se podrá enfocar la educación que allí se imparte de otra manera», afirma Pilar del Castillo, que al ser preguntada si en algunos colegios se siembra el germen de la violencia responde: «Hay instancias educativas vascas en las que claramente se está fomentando un tipo de actitud que puede derivar en posiciones radicales y extremistas».

-¿Qué puede hacer el Ministerio?
-Desde el punto de vista de las competencias del Gobierno, en este caso educativas, no hay instrumentos para intervenir.

-¿Por qué?
-Porque hay algunas cuestiones que exceden a la posibilidad de intervención, que están más allá de la aplicación de las normas básicas que nosotros marcamos y que son producto de la concepción de quienes gestionan la educación en un determinado territorio. De intervenir, estaríamos invadiendo competencias que están transferidas.

Consenso social
-Su ministerio está en el punto de mira de la oposición y se anuncian movilizaciones masivas contra la ley de Calidad. ¿Cuál es su razón de ser?
-Hay un amplio consenso social en que existe la necesidad de una reforma que mejore la calidad de la educación y, en paralelo, que sea un sistema integrador para el conjunto de los alumnos, especialmente en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, donde al menos uno de cada cuatro escolares se autoexcluye del sistema. Se trata de que los alumnos tengan más oportunidades y el fracaso escolar se pueda prevenir y paliar.

-Sin embargo, dicen los opositores al proyecto que se trata de una ley segregadora.
-Eso no es cierto. La reforma huye de la demagogia y de la retórica complaciente y busca la calidad y la integración en un contexto de dar más oportunidades para que cada uno encuentre una respuesta a sus actitudes y aptitudes.

-¿Eso no es así ahora?
-En la práctica no. Por esta razón, la reforma trata de que todos los alumnos puedan obtener el máximo rendimiento del sistema educativo, lo que no quiere decir que todos deban obtener exactamente los mismos resultados. Para eso, es fundamental establecer una red mayor de oportunidades que permita integrar al máximo de alumnos con el objetivo de prevenir y combatir el fracaso escolar.

-¿Esa es la razón de ser de los itinerarios?
-Sí. Los itinerarios tienen ese sentido en Tercero, que son dos, y en Cuarto, donde habrá tres. Pero además se establece otra reforma muy interesante y esperamos que muy positiva para la integración: los Programas de Iniciación Profesional.

-¿Cómo se estructuran?
-Es la nueva puerta que se abre a los alumnos que rechazan el sistema y sustituye a la Garantía Social. Se desarrollarán a partir de los 16 años y excepcionalmente de los 15, en este caso, con el acuerdo de padres y profesores. No se trata de una Formación Profesional, que como el Bachillerato, se cursa después de la ESO.

-¿Es un paso atrás para los alumnos fracasados?
-En absoluto. Estamos hablando de facilitar la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria, que es el más elemental del sistema y sin el que las dificultades laborales serán mayores.

-¿Cuál es su contenido?
-Se refuerzan las materias instrumentales básicas como Lengua, Matemáticas, Informática e Idiomas. Además, los alumnos podrán ir adquiriendo destrezas y habilidades desarrollando módulos de FP del catálogo nacional de titulaciones. Se trata de abrir una puerta más a todos los alumnos para recuperarlos, integrarlos y que puedan obtener un reconocimiento.

Indisciplina en los centros
-A ese fracaso escolar reconocido se une la indisciplina en los centros. ¿Dónde esta su raíz?
-El rechazo del sistema es un problema que tiene orígenes muy distinto y en el que está también muy relacionada la actitud de los padres. Al final, la familia es un elemento esencial y determinante de los niños y los adolescentes, de manera que si en esa institución básica no hay una actitud definida y comprometida con la educación, difícilmente se puede suplementar en otro ámbito.

-¿Cual es el papel de la familia?
-El esfuerzo educativo que hace la familia transmitiendo los valores del esfuerzo, de la disciplina, de lo que son las obligaciones, del buen comportamiento; en definitiva, de los valores esenciales de la civilización, es fundamental. Después, en el proceso de socialización de la escuela se van ejercitando esos valores. Por tanto, el colegio juega un papel complementario.

-¿Tienen los alumnos una escala de valores bien establecida?
-En algún caso, como el valor del esfuerzo en el aprendizaje, no está impulsado y se ubica en un lugar secundario para ellos.

-¿En qué sentido?
-Simplemente por el hecho de que ahora el esfuerzo no tiene reconocimiento, no tiene compensación, da igual hacerlo que no hacerlo, y eso lleva a una situación en la que el alumno puede pasar de un curso a otro, con independencia de que el esfuerzo y la adquisición de conocimientos haya sido uno y otro.

Imagen distorsionada
-¿Hacia dónde conduce este planteamiento?
-Los alumnos van situándose en un mapa en el que saben que no hay una obligación porque no hay una consecuencia, negativa o positiva, de la acción. Al final, los chicos tienen una imagen distorsionada de sí mismos, porque ese «todo vale» nos lleva a situar a los alumnos más flojos ante un espejo que proyecta una imagen falsa y que les permite transitar por el sistema educativo sin que hayan adquirido los conocimientos mínimos necesarios. Además, las familias tampoco tienen una información previa de lo que va ocurriendo y eso genera un fracaso acumulado. Ese clima favorece que aniden las actitudes indisciplinadas.

-¿Dónde está la solución?
-Hace falta una revisión de aquellos aspectos que reorienten, recuperen, por ejemplo, el valor del esfuerzo, de la disciplina, la importancia de cumplir con las obligaciones, el que eso tenga un reconocimiento, una sanción, el que para pasar de curso sea necesario tener la mayoría de las asignaturas aprobadas.

-¿La futura ley de Calidad dotará a los directores de las herramientas para luchar contra la indisciplina en sus centros?
-Sí. Creemos que los directores y los equipos directivos deben tener instrumentos y competencias para poder imponer la disciplina siempre que se haya podido producir un conflicto.

-Usted habla de amplio consenso social sobre la necesidad de la ley, pero no se acaba de lograr un pacto de Estado en materia educativa. ¿A qué lo atribuye?
-Lo primero que hay que subrayar es que este es un asunto sobre el que históricamente tanto en España como fuera de nuestro país ha sido prácticamente imposible llegar a un consenso y que al final se ha sustanciado en torno a la mayoría parlamentaria y con algunos acuerdos circunstanciales, no en la versión de un pacto de Estado.

Confrontación radical
-¿Confiaba en que durante la gestión del proyecto el PSOE hubiera tenido un gesto de colaboración?
-Sí, pero aun siendo optimista y esperando siempre que por parte del Partido Socialista hubiera acuerdos, éstos no han llegado.

-¿Por qué?
- El drama es que el PSOE, ante las propuestas de reformas educativas del Gobierno, tienen definida una posición de confrontación radical.Consideran que les es más rentable política y electoralmente, pero es una posición equivocada que impide encontrar un marco en el que el propio PSOE pueda contribuir a esta reforma, máxime cuando, insisto, hay un acuerdo mayoritario en el conjunto de la sociedad. Cada vez que se propone algo cierra las puertas con descalificaciones y demagogias. Incluso se adelanta con el anuncio de que se va a oponer, de que va a cambiar la ley cuando gobierne o que va a encabezar las manifestaciones.

- Pese a todo, ¿queda algún resquicio de esperanza en la colaboración?
- Espero que el PSOE haga alguna contribución en el debate parlamentario porque, insisto, debería haber un amplio acuerdo en una materia tan trascendental como esta.

- ¿Y si, como parece, mantiene sus posiciones?
- Hay que intentar llegar siempre al máximo de acuerdos, pero no quitarle un ápice de legitimidad a las decisiones que emanan del Parlamento porque, de lo contrario, haríamos un flaquísimo favor al sistema democrático. Las mayorías parlamentarias surgidas de las elecciones deciden lo que se ha de hacer.

- ¿Qué apoyos reales espera?
- Esperamos encontrar más apoyos que los de la mayoría natural por ese consenso social del que hemos hablado.

Circunstancias diferentes
- La memoria económica de la ley se ha convertido en uno de los principales argumentos de los que se oponen al proyecto. ¿Por qué no existe esa memoria?
- No es obligatorio que el proyecto de ley aprobado por el Gobierno vaya acompañado de memoria económica. El reglamento del Congreso no habla de que sea necesario acompañar los proyectos de ley de memoria económica porque, en este caso, estamos en unas circunstancias diferentes.

- ¿Cuáles?
- La Educación se sigue financiando con normalidad, aunque esté una ley en proyecto, y hay que recordar en este sentido que España está entre los primeros países de la OCDE en cuento a gasto por alumno. La reforma, obviamente, puede originar unas obligaciones financieras que deberán ser evaluadas por el Consejo de Política Fiscal y Financiera e insertar esas obligaciones en las transferencias económicas. Es en ese marco y no en otro donde se debe fijar la cantidad de dinero necesaria para pagar la reforma. La Educación no es una transferencia finalista y, por esta razón, las Comunidades deben establecer sus prioridades en esta materia.

- ¿Existe el peligro de que vaya a haber autonomías de primera y de segunda en el ámbito de la Educación?
- El Gobierno establece unos mínimos y las Autonomías tendrán que invertir en la aplicación del sistema. Por tanto, lógicamente habrá diferencias. Será preciso buscar fórmulas para, por ejemplo, no agraviar a las que ya han generalizado la gratuidad en el segundo ciclo de Educación Infantil, al que la ley confiere el carácter de gratuito, aunque si gue siendo voluntario.

- Cómo se está desarrollando la LOU?
- Ley Orgánica de Universidades se está desarrollando muy bien y, tras la aprobación del decreto de Habilitación, ya está aprobada la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad. Además, en pocos meses, se dará vía libre a otros 20 decretos de desarrollo de la Ley.

- ¿Cuáles son los aspectos más urgentes o que avanzan con mayor rapidez?
- El decreto de habilitación del profesorado y la Agencia Nacional de Evaluación, que va a suponer una ayuda fundamental para velar por la calidad de la institución superior. El primero ya fue aprobado a finales de julio y la Agencia lo será en pocos meses.

- El reciente decreto de habilitación del profesorado, ¿contribuirá a acabar con la endogamia?
- El decreto tiene como objetivo establecer un sistema de selección más transparente, más competitivo y de mayores garantías para la selección del mejor profesorado. Es un sistema que al menos dificulta los compromisos y las decisiones endogámicas que ahora se detectan.

- ¿De qué modo se dificulta es fenómeno?
- Son unos mecanismos que dependen de un sorteo en unas comisiones integradas por siete miembros de un tribunal que cuentan con una trayectoria investigadora contrastada.

- ¿Cómo ha influido en su puesta en marcha la convocatoria masiva de plazas conforme al modelo LRU?
- Hubiera sido más adecuado que no hubiera existido una masiva convocatoria de plazas según el anterior sistema, que se hubieran sacado a concurso sólo las que no podían esperar y que las demás hubieran sido convocadas tras la aprobación del mencionado decreto. Pero esa decisión de los Rectorados era posible en virtud del principio constitucional de autonomía universitaria.

- ¿Y ahora qué se puede hacer?
- Sencillamente y una vez puesto en marcha el nuevo sistema, se convocarán las plazas.

- ¿Y la normativa para contratar profesores no funcionarios?
- Esa es una competencia de las Comunidades autónomas, ya que tiene transferida la enseñanza superior.

Conservar y transmitir el caló
Cartas al Director ABC  3 Septiembre 2002

Mi propósito es ni más ni menos el de reivindicar un factor social que afecta a una minoría en España. Como bien sabemos, en nuestro país se habla de que existen tres idiomas que están bien consolidados; euskera, catalán y castellano. Pero normalmente no se nombra otro; bien porque se olvida o bien porque se ignora, ese es el caló, que es el idioma gitano. Según recoge el censo de población, se sabe que en el territorio español habitan más gitanos que vascos.

Y yo me pregunto, ¿cuál es el presupuesto que invierte el Ministerio de Educación y Cultura para que se enseñe en los colegios vascos su idioma?

¿Acaso no tienen el mismo derecho los gitanos a conservar parte de su cultura y transmitirla? Ante este problema se dice: «Los gitanos deben adaptarse», y yo respondo ¿por qué no se adaptan los habitantes del País Vasco? En definitiva, como nadie da dinero para el patrimonio de esta raza española, se acabará perdiendo.

Manuel Villa García.  Sevilla.

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