AGLI

Recortes de Prensa     Miércoles 4 Septiembre  2002
Trampas nacionalistas sobre la ilegalización
EDURNE URIARTE ABC 4 Septiembre 2002

EL RUBICON JURIDICO CONTRA BATASUNA
Editorial El Mundo 4 Septiembre 2002

Defensa de la democracia
Editorial La Razón 4 Septiembre 2002

El PNV de Otegi
EDITORIAL Libertad Digital  4 Septiembre 2002

Demanda en marcha
Editorial El País 4 Septiembre 2002

Solo faltan detenciones
Enrique de Diego Libertad Digital  4 Septiembre 2002

La ley y la trampa
TONIA ETXARRI/ El Correo 4 Septiembre 2002

El norte
Román Cendoya La Razón  4 Septiembre 2002

Señores jueces
Román Cendoya La Razón  4 Septiembre 2002

Prosperidad falsa
JAVIER PRADERA El País 4 Septiembre 2002

«Aprovechan el estatuto jurídico privilegiado que les otorga la Constitución... para potenciar la actividad de ETA»
MARIA PERAL El Mundo  4 Septiembre 2002

Dimite la edil del PSE en Abanto y Zierbena, Garbiñe Urquiza
BILBAO. AGENCIAS ABC 4 Septiembre 2002

Cuento infantil edificante
Aleix Vidal-Quadras La Razón 4 Septiembre 2002

Trampas nacionalistas sobre la ilegalización
EDURNE URIARTE ABC 4 Septiembre 2002

El artículo de Juan Tapia sobre los inconvenientes de la ilegalización de Batasuna (1 de septiembre, 2002) representa lo que considero la asunción poco crítica, algo ingenua y, además, inmune a los hechos, es decir, inmune a los hechos del PNV, que una parte de la opinión pública española ha realizado del discurso nacionalista sobre el problema vasco. Juan Tapia asume incluso la autodeterminación, es decir, la independencia, es decir, la desintegración de España que reclama el nacionalismo (con ese eufemismo de la libre voluntad del pueblo vasco). Pero, sobre todo, el artículo de Tapia incorpora en mi opinión todas las trampas que el discurso nacionalista ha lanzado sobre la ilegalización de Batasuna.

Sorprende que sigamos dando crédito a esas trampas cuando han sido ideadas por el PNV, es decir, un partido que, no sólo está en desacuerdo con la ilegalización, sino que no está persiguiendo el terrorismo con claridad (véanse las declaraciones del jefe antiterrorista de la Ertzaintza estos días), que señala que el terrorismo se debe a un conflicto político, que los asesinados lo son en virtud de ese conflicto político, y que hay que dialogar con los asesinos. Estamos hablando de un partido que está colaborando con Batasuna desde el Pacto de Estella, que practica la exclusión con los no nacionalistas, que reclama la independencia y que está ofreciendo, directa o indirectamente, una enorme legitimación al discurso del entramado terrorista.

De hecho, si hay un solo problema que va a entorpecer el proceso contra Batasuna, es decir, la lucha contra el terrorismo, ese elemento es la actitud del PNV, no sólo su falta de colaboración decidida en la lucha antiterrorista, sino, sobre todo, su discurso legitimador y protector del entramado terrorista. Ahí está la auténtica clave de la pervivencia del terrorismo, en el apoyo y protección que está dando el PNV a todo ese mundo, en su negativa a sumarse de una vez a todos los demócratas en la lucha por la libertad. No es que el PP haya incorporado al PNV a la lista de enemigos públicos, es que el PNV se ha colocado él solo en la lista de protectores de Batasuna, lo que es algo bien distinto.

Y mientras no entendamos esto, poco podemos hacer para avanzar en la deslegitimación social del terrorismo. Mientras haya políticos o analistas que persistan en tratar al PNV como una víctima de constitucionalistas exaltados, causarán el efecto deseado y buscado por este partido, es decir, reforzar la idea de que el problema no está en los que legitiman al terrorismo con su tesis del conflicto político y de las dos partes, sino que el problema está en los que defendemos la libertad y pretendemos acabar con ETA a través de todos los instrumentos del Estado de derecho. Como si ese PNV que mantiene el Pacto de Estella con Batasuna, tras un pacto previo con ETA, fuera un objetivo de los intolerantes, comparable a los perseguidos por el fanatismo de la otra parte, es decir, de ETA. En definitiva, el perfecto discurso nacionalista del problema vasco como enfrentamiento entre dos extremos comparables, ETA y PP.

Veamos las cuatro trampas nacionalistas que incorpora Juan Tapia en su artículo. Dejo a un lado la última, la de la comparación con Irlanda del Norte, comparación sobre cuya inadecuación argumentaba con inteligencia Joseba Arregui en un artículo publicado el mismo día. Empiezo con la cuarta, que es la más grave, la del peligro de escisión política entre España y Euskadi. Tapia asume aquí el concepto nacionalista de Euskadi, es decir, de la Euskadi diferenciada de España y enfrentada a España, como si la posición nacionalista fuera la que representara a Euskadi, tal como pretenden los nacionalistas. Pues bien, al menos la mitad de los vascos estamos a favor de la ilegalización, y no sólo no vemos en esto la escisión con España, sino que la ilegalización nos hace redoblar nuestra confianza en las instituciones políticas, en nuestro Estado y en nuestra nación, es decir, nos hace sentir que España no es sólo una nacionalidad accidental sino el nombre del Estado y de la nación de ciudadanos que nos protege de los terroristas. Si hay escisión será la de los nacionalistas con España, pero no de los vascos o la de Euskadi con España. Y los nacionalistas ya estaban escindidos desde mucho tiempo atrás.

Tapia hablaba también del peligro de simplificación, porque el terrorismo es un fenómeno complejo, y nadie ha podido acabar con él. Precisamente porque sabemos que el terrorismo es complejo, también sabemos que tiene un entramado social y político que lo sostiene y en el que por fin hemos podido penetrar. El terrorismo no consiste en cuatro comandos, efectivamente. Hay un conjunto de organizaciones que lo sostienen, lo alimentan y mantienen el terror de la población. El grave problema es que todas esas organizaciones actuaban hasta ahora con impunidad y con financiación pública mientras los ciudadanos pensaban que no merecía la pena luchar contra un entramado que hasta el Estado consentía.

En relación con el peligro de la privación de expresión política a una parte de la sociedad vasca, este argumento, muy querido a los nacionalistas, no deja de sorprenderme. Porque no me cabe la menor duda de que no se utilizaría si estuviéramos hablando de un partido violento de extrema derecha. ¿Alguien defendería la conveniencia de dar un cauce de expresión a ideas y comportamientos nazis? La anomalía de la democracia española es que se siga pensando que sí.

Y en cuanto a la teoría de que muchos votos batasunos son contrarios a ETA, esa es la máxima ingenuidad que se puede aplicar al tema vasco. Los votantes batasunos no sólo apoyan a ETA sino que celebran cada asesinato y piden más en cada una de sus manifestaciones. Y cuando han votado a PNV-EA como en las pasadas autonómicas no lo han hecho como repulsa a la violencia sino para impedir el triunfo de los «españoles», algo intolerable para su ideología xenófoba.

Otra cosa es que la ilegalización reforzará inicialmente el voto del PNV porque los votos batasunos se dirigirán ahí. Pero ése no es el problema de los demócratas. Ese es el problema de un PNV que persista en el discurso que atraiga esos votos. Un PNV claramente alineado con los demócratas ahuyentará el voto violento. Y entonces el voto violento se convertirá en un voto marginal como lo es en cualquier sociedad democrática donde no encuentra la comprensión que sí encuentra en la nuestra.

Por último, Juan Tapia habla de caza de brujas por las críticas que muchos hemos dirigido a CiU o a Maragall. Pero es que no es un problema de los demócratas que algunos no hayan entendido que estamos ante una defensa de principios democráticos básicos. Ya no caben más digresiones, ni más discusiones estéticas, ni más coqueteos con las gentes que sostienen o legitiman el terrorismo. Hay momentos históricos en los que se está con la libertad o no se está. Y toda posición intermedia o dubitativa no es más que un balón de oxígeno para los que están al otro lado de la democracia. El terrorismo se ha alimentado de nuestros matices durante veinticinco años. Y el terrorismo acabará cuando hayamos sustituido definitivamente esos matices por los principios democráticos.

EL RUBICON JURIDICO CONTRA BATASUNA
Editorial El Mundo 4 Septiembre 2002

Si el Pleno del Congreso en el que se decidió solicitar la ilegalización de Batasuna supuso cruzar el Rubicón político, podemos afirmar que ayer se cruzó el Rubicón jurídico. El Gobierno y la Fiscalía General del Estado presentaron ante el Tribunal Supremo sendas demandas para dicha ilegalización.

La del Gobierno, sustentada en 124 páginas, es para el ministro de Justicia, José María Michavila «la demanda de nuestra democracia».Para el fiscal general, Jesús Cardenal, la del Ministerio Público pretende liberar a una parte de España, el País Vasco, del asedio «de los nazis de un partido que se llama Batasuna».

La acumulación de datos que se plantean en el escrito del Gobierno demuestra la necesidad de seguir por una doble vía en el camino hacia la ilegalización. Muchos de los hechos aportados tienen en sí mismos una difícil tipificación penal, a pesar de su gravedad.Todos juntos ponen sin embargo de relieve algo evidente: la reiteración por parte de Batasuna de hechos encaminados a exaltar, favorecer y potenciar a ETA aprovechándose de sus acciones terroristas para eliminar a sus adversarios políticos.

Las acciones concretas de las que se acusa a Batasuna podrían resumirse en los siguientes puntos: utilizar los mismos símbolos que ETA, cederle en las elecciones espacios electorales aprovechándose del dinero del contribuyente, financiar a la organización y sostener económicamente a sus liberados, disculpar los atentados como parte de un conflicto político, promover todo tipo de actos de homenaje a sus integrantes, fomentar la violencia y la cultura del enfrentamiento, incorporar a etarras -nada menos que 192- entre sus cargos públicos, filtrar a la banda datos confidenciales sobre ciudadanos, usar sus sedes para fabricar y depositar armamento diverso, utilizar sus instalaciones para captar terroristas.Todo ello «conculcando los derechos humanos más elementales» y «aprovechando el estatuto jurídico que les otorga la Constitución».

Los argumentos pormenorizados son tan abrumadores que no parece que deba tener ninguna dificultad el Tribunal Supremo a la hora de dictar una resolución.

Los datos que se citan en la demanda anteriores a la Ley de Partidos plantearán algún problema de retroactividad, pero sirven para ilustrar sobradamente la trayectoria de Batasuna. Pero los 45 hechos incriminatorios aportados, posteriores a dicha ley, son de por sí demoledores.

Estremece pensar en la vida cotidiana de muchos vascos -que ahora precisamente podrán ofrecer sus testimonios- sometidos a la parafernalia de ayuntamientos adornados con símbolos que nos sumergen en el gulag más opresivo. La decisión política de ilegalizar a Batasuna es la respuesta al hartazgo de una sociedad obligada a soportar lo insoportable.

Defensa de la democracia
Editorial La Razón 4 Septiembre 2002

Una vez presentadas ante el Tribunal Supremo las correspondientes demandas, elaboradas respectivamente por la Fiscalía General del Estado y por el Gobierno a petición del Congreso de los Diputados, corresponde ahora a los jueces decidir sobre la deslegalización de Batasuna. Después de los pasos dados por el Legislativo y el Ejecutivo, es la hora del Poder Judicial, que ya ha dado muestras de celo y eficacia en la persona de su magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Pero, y ante todo, es también la hora de que todos los demócratas, sin distinción de partidos o situación social o profesional, se impliquen de forma activa en la lucha contra el terrorismo.

Las demandas presentadas coinciden en demostrar, hasta la saciedad, que Batasuna y Eta son la misma cosa. No ha sido muy difícil para los fiscales y los investigadores exponer la criminal relación a pesar de que tan sólo se pueden aportar las pruebas de actividades obtenidas con posterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley de Partidos Políticos. Incluso en tan corto espacio de tiempo, y considerando el hecho que lógicamente Batasuna estaba sobre aviso del procedimiento puesto en marcha, la verdad se ha impuesto con contundencia y cuentan hoy los jueces del Supremo con un millar de documentos que exigen la deslegalización y el final del disfraz de partido democrático bajo el que ha operado desde una insultante impunidad el brazo político de la banda. Hoy la cosas están ya tan claras, puestas en negro sobre blanco en los sumarios, que no hay lugar para la demagogia, la justificación y la mentira.

Las opiniones políticas, sea cual sea su procedencia, quedan necesariamente al margen cuando el asunto entra en el exclusivo terreno los Tribunales de Justicia. Quienes no eran partidarios de pedir la deslegalización tuvieron ya ocasión de expresar su opinión en el Parlamento, donde de forma abrumadora los representantes democráticamente elegidos por los españoles votaron una medida adoptada, serenamente, en defensa del Estado de Derecho.
El proceso de deslegalización de Batasuna supone un paso fundamental en la normalidad democrática y en la defensa de los derechos constitucionales de los españoles. Hoy, por fin, se ha dado un paso fundamental para que quienes están junto a los desalmados del coche bomba y el tiro en la nuca, de los partidarios de la extorsión y la amenaza chulesca a toda una sociedad, pierdan su coartada política. A partir de ahora, y cuando el Supremo pronuncie su sentencia, todos ellos podrán ser perseguidos y procesados en su calidad de integrantes de una organización terrorista. No puede haber excusa política ni subterfugio legal alguno para actos que, como queda demostrado, supongan la menor de las amenazas para las libertades y los derechos de los ciudadanos.

El PNV de Otegi
EDITORIAL Libertad Digital  4 Septiembre 2002

Las declaraciones que el martes hizo Joseba Egibar acerca de la suspensión de actividades de Batasuna decretada por el juez Garzón, podría haberlas suscrito íntegramente el líder de la coalición proetarra, Arnaldo Otegi. Egibar ha anunciado, en abierto desafío a una resolución judicial, que su formación contempla en el futuro convocar manifestaciones en apoyo de Batasuna. Y en el tono amenazador que suelen emplear los proetarras, ha afirmado que el documento contra la ley de partidos que presentó el PNV, donde se citaban las posibles consecuencias de la ilegalización de la formación proetarra “no se va a quedar en nada (...) Tendremos que medir nuestros pasos, pero está claro que la sociedad siempre necesita sus vías de expresión”. Tampoco ha vacilado en culpar al Gobierno de utilizar todos sus instrumentos para “estropear, arruinar la convivencia de esta sociedad”. Exactamente la misma infame y repugnante inversión de los términos de la realidad que suelen emplear los batasunos, verdaderos responsables –con la aquiescencia del PNV– de la ruina de la convivencia en la sociedad vasca.

Egibar despeja toda duda acerca su “lealtad” y de su “talante democrático” al afirmar que la probable ausencia de Batasuna en los próximos comicios municipales provocaría “una clara carencia democrática” que habrá que cubrir de alguna manera –¿integrando quizá a los batasunos en las listas del PNV o en las de EA?– . Nada dice, por supuesto, de la auténtica "carencia democrática” –inédita en el mundo libre desde que acabó la II Guerra Mundial– en numerosos ayuntamientos vascongados, donde las fuerzas políticas verdaderamente democráticas no pueden presentar sus candidatos, precisamente, porque, hasta ahora, los batasunos lo han impedido con el “democrático” terror y los “democráticos” asesinatos cometidos por sus socios etarras.

Habida cuenta de que Joseba Egibar es portavoz de la Ejecutiva Nacional del PNV y presidente del PNV guipuzcoano –cargos que ostenta desde 1986–, sus declaraciones del martes son todo menos los exabruptos de un exaltado, y muestran bien a las claras cuál es la línea de fondo de los actuales dirigentes del PNV. Estrecho colaborador de Arzalluz y coartífice con Otegi del pacto de Estella, Eguibar ha sido el principal responsable de la deriva del PNV hacia el secesionismo, así como del abandono por parte de su partido de la lealtad para con las instituciones democráticas y de los deberes esenciales de cualquier gobierno democrático que se precie: defender activa y eficazmente –no sólo de palabra– la vida y la libertad de todos los ciudadanos, incluidos los que no lo han votado. Pero el PNV, desde Estella, tiene mucho más que ver con el modelo nacional-socialista de ETA-Batasuna que con los partidos que en España representan la libertad y la democracia.

Con todo, esta actitud de los nacionalistas ex democráticos era previsible, o al menos no descartable, desde el momento en que firmaron con los representantes de los etarras el pacto de Estalla. Pero lo triste –cuando no grotesco y risible– es que determinados sectores del PSOE, encabezados por Maragall, López, Eguiguren y Elorza, siguen empecinados en su política de los años ochenta, consistente en la máxima “progre” de que a los nacionalistas, por los grandes pecados del régimen anterior, todo hay que concedérselo, perdonárselo y consentírselo. Por ello, el mero cumplimiento de la ley o de una resolución judicial –al que están obligados todos los españoles–, a ojos de Maragall se transforma en “lealtad institucional”, puesto que, según él, aunque a Ibarretxe no le guste la ley de partidos, la ha acatado, lo que obligaría al Gobierno a mostrar un “gesto político”. Es decir, implícitamente reconoce a los nacionalistas vascos la posibilidad o incluso el derecho a incumplir la ley si no les gusta.

No es extraño, pues, que los nacionalistas muestren tan poco respeto por la Constitución, la Ley y la Justicia. Los socialistas, especialmente los vascos y los catalanes, no les han dado hasta épocas recientes muchos motivos para tenerlo. Arzalluz e Ibarretxe sólo esperan el momento en que el PP salga de La Moncloa para lanzar su ofensiva final en pos de la secesión. Entonces veremos si González y Cebrián permiten a Zapatero continuar en la línea firme que ahora comparte con el PP de Aznar.

Demanda en marcha
Editorial El País 4 Septiembre 2002

El Gobierno y la Fiscalía General formalizaron ayer ante el Tribunal Supremo las demandas de ilegalización de Batasuna. Intentar sacar de la legalidad a una asociación sobre la que existen fuertes indicios de actuar como pantalla y al servicio de la banda terrorista, es una causa justa. Ello no garantiza, sin embargo, el éxito de la iniciativa. Las reticencias de un sector cualificado de la prensa internacional son un aviso. Algunos de los que se oponen a la medida no dejarán de explotar cualquier debilidad en el planteamiento jurídico o político; ya han deslizado expresiones como 'GAL jurídico' (insuperable contradicción en los términos) para suscitar reflejos de rechazo en medios ya predispuestos. Conviene, por tanto, afinar.

La primera dificultad tiene que ver con la diferencia patente entre la percepción de la iniciativa en el conjunto de España y en el País Vasco. Con la particularidad de que en Euskadi buena parte de la población considera compatible admitir que Batasuna es ETA y oponerse a su ilegalización. Es un contrasentido cuya única explicación es que la coacción resulta efectiva y, en ese sentido, un argumento adicional en favor de acabar con la impunidad de quienes la practican. Pero es evidente que los partidarios de que todo siga como está intentarán contraponer una legitimidad vasca, expresada en sus instituciones, a la del Parlamento español. Ello plantea un problema político, pero no es argumento suficiente contra la ilegalización: si Batasuna forma parte del mecanismo coactivo que dirige ETA, no puede ser legal en ningún caso. En esto no caben consideraciones de oportunidad política.

Una segunda dificultad es la del encaje jurídico de la ilegalización. Por una parte, hay que traducir los indicios que figuran en las demandas en pruebas jurídicas. Es seguro que los abogados de Batasuna plantearán recursos ante el Tribunal Constitucional y el Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Ello obliga a depurar las argumentaciones, separando netamente los fines, aunque impliquen un cambio de las reglas constitucionales, de los medios empleados para alcanzarlos. El Tribunal de Estrasburgo dio hace un año la razón al Gobierno turco, que había prohibido al Partido del Bienestar, una formación islamista. La sentencia considera que no puede pedir la protección del Convenio Europeo de Derechos Humanos una formación cuyos responsables 'incitan a recurrir a la violencia y proponen un proyecto político que no respeta las reglas de la democracia o que busca la destrucción de ésta'.

El rigor es también imprescindible para que prospere la vía penal. No parece ser el caso de la mención del auto de Garzón a Euskal Fondoa, asociación de cooperación en la que estuvo presente Batasuna hace años, pero que ahora nada tiene que ver con las manipulaciones que se describen. El auto también ha suscitado algunas dudas de aplicación. El Gobierno vasco ha prohibido dos manifestaciones contra la suspensión de Batasuna alegando que se trata de una convocatoria idéntica (en procedimiento y lemas) a otra celebrada el pasado domingo en la que hubo graves incidentes y en la que se jaleó a ETA y amenazó a la Ertzaintza y al juez Garzón. La argumentación es impecable: sería un contrasentido considerar legales unas manifestaciones contra la suspensión judicial de Batasuna en las que se considera seguro que se van a reproducir los motivos (amenazas, apología de ETA, violencia coactiva) por los que se produjo la suspensión.

Sin embargo, el propio juez Garzón envió una providencia en la que va mucho más allá del alcance de su propio auto al generalizar la prohibición a cualquier manifestación sobre esa cuestión. El auto de 26 de agosto precisa que la suspensión cautelar afecta a la capacidad de convocar manifestaciones, lo que es lógico, pero de su contenido no se deduce la ilicitud de cualquier manifestación sobre Batasuna (por ejemplo, contra su ilegalización), aunque sea convocada por personas físicas o jurídicas ajenas a la formación. Si se trata de esto último, carece totalmente de fundamento. Un juez no puede limitar un derecho fundamental de manera tan genérica.

También es problemático el alcance de la suspensión en lo relativo a la actividad de los cargos públicos electos en el seno de las instituciones correspondientes. El auto de Garzón reconoce el carácter personal de la titularidad del cargo (parlamentario, concejal), que no se verá afectado por la suspensión de Batasuna, y remite a cada institución la decisión, de acuerdo con su reglamento, sobre las actividades del grupo parlamentario como tal. Tiene lógica, pero resulta poco edificante que, de momento, el Parlamento vasco y el de Navarra hayan tomado iniciativas diferentes a la espera de dictámenes jurídicos aclaratorios.

Solo faltan detenciones
Enrique de Diego Libertad Digital  4 Septiembre 2002

La cuestión que se plantea la opinión pública es por qué no se ilegalizó antes a Batasuna. Es ello una muestra del amplísimo respaldo a la medida. Sobre el terrible hecho de los asesinatos, se añadido el sarcasmo sobre las víctimas de los Otegi y Josu Ternera. ¿Es conveniente recordar que Ternera, en nombre de la “Comisión de Derechos Humanos” del “Parlamento vasco”, iba a visitar las cárceles españolas? Ha sido preciso un saldo excesivo para que el Estado de Derecho se rearmara frente a los “nazis”:
3.391 atentados, 2.367 heridos, 836 muertos, 3.761 acciones de violencia callejera. Como dice el auto del juez Garzón: “no debe dudarse en calificar las acciones de la organización terrorista ETA, en la que encuadra HB-EH-Batasuna, como crímenes contra la Humanidad”.

Reconocida, por fin, esa obvia, evidente, clamorosa relación entre Eta y Batasuna, la cuestión es por qué no se están produciendo las lógicas detenciones de quienes presuntamente incurren en el delito de pertenencia a banda armada. ¿Por qué no está ya en prisión el compañero patriota Arnaldo Otegi?

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ha estado firme y clarividente indicando que se trata de levantar el asedio a una parte de España de los nazis de Batasuna. Pero el levantamiento del asedio no puede ser retórico, ni meramente gestual. Los “nazis” –son sobre todo nacionalistas, con algunas dosis de comunismo– han de responder, más pronto que tarde, ante la Justicia.

Es preciso, además, cortarles las vías de financiación. No sólo las públicas. No sólo las de las subvenciones. También las privadas. El pago del chantaje ha de ser perseguido como un delito de financiación de la banda terrorista.

La ley y la trampa
TONIA ETXARRI/ El Correo 4 Septiembre 2002

Tras las imágenes vandálicas del domingo, como consecuencia de la manifestación solicitada por unos particulares para protestar por la ilegalización de Batasuna (¡qué contraste, lehendakari, con el bello retrato turístico y verde de nuestra próspera Euskadi!), ha habido que afinar en la aplicación de la ley. Es la hora de la justicia en la erradicación de la violencia pero Garzón, el infatigable , ha dejado unos cuantos flecos , no por casualidad, a la hora de pasar a limpio sus autos. Tanto es así que después de los destrozos callejeros en San Sebastián ha tenido que ordenar al Gobierno vasco que prohíba las manifestaciones que hagan referencia a Batasuna. Pero siguen algunas lagunas.

El consejero de interior, Balza, está manteniendo una actitud impecable. Pero ¿y si el consejero de EA, Azkarraga, junto a otros nacionalistas, o el propio Gobierno vasco, quisiera promover una manifestación en solidaridad con Batasuna . se la prohibiría Garzón? Es cierto que resulta incomprensible prohibir el derecho de manifestación que asisten a los ciudadanos en una sociedad democrática. Pero ¿cómo distinguir al lobo del cordero si unos particulares convocan una manifestación con el lema stop al fascismo , por ejemplo, y acaban jaleando a ETA? Da la impresión de que el juez va a tener que seguir afinando porque los gobernantes vascos, a diferencia del Parlamento navarro, no le van a ayudar dándole ideas para impedir las actividades del grupo de Otegi.

En su día, el juez ya calificó de «fraudulento» el cambio de nombre de Batasuna que ahora, a efectos parlamentarios, se llaman Socialistas abertzales , para indignación del Partido Socialista que esperaba ayer, al igual que el PP, que la Mesa de la Cámara vasca se pronunciara a favor de que Batasuna se disolviera como grupo parlamentario. Pero el presidente Atutxa prefiere esperar. Si no hay indicaciones concretas del juez no hay, siquiera, debate.

Que comienza, en fin, el curso político muy apretado y más pendiente que nunca de Euskadi. Pero no conviene dejarse deslumbrar por espejismos. Si el lehendakari Ibarretxe , al ver que no puede asumir unilateralmente las competencias que pretendía porque no es tan fácil como algunos creían, ahora insinúa que va a hacer una ciaboga hacia el consenso estatutario, como algunos han creído entender, tendrá que explicarlo en el Parlamento vasco. En el mismo escenario en donde el pasado 12 de julio, el Ejecutivo vasco lanzó un ultimátum rupturista que, para aprobarlo, necesitó de la abstención de Batasuna, por cierto. Mejor será que cada vez que el PNV lance globos-sonda acerca de un posible viraje, que podría acarrear un cambio de alianzas, se le pregunte la opinión a Egibar, que ya se sueña en puertas de la emancipación nacional. Más que nada, para no perder el tiempo.

El norte
Román Cendoya La Razón  4 Septiembre 2002

La modificación de la realidad vasca, tras los autos de Garzón y el pleno para la ilegalización de Batasuna, ha supuesto la pérdida del norte de los burukides peneuvistas. Pocas veces se puede ver un partido político que simultáneamente haga propuestas políticas más amplias, diversas, difusas, confusas y contradictorias. Anasagasti, que no quiere la ilegalización de Batasuna, ha propuesto el retorno al espíritu del Pacto de Ajuria Enea, que fue el primer intento de aislar a la entonces HB. Ibarretxe, que quería superar el Estatuto, ahora quiere ampliarlo. Egibar pide lo mismo que Otegi como portavoz de Batasuna desde el PNV. Arzallus dice que es mentira que el PP y el PSOE vayan contra Eta sino que van contra el PNV y en su locura se siente Jesucristo. Están constatando que se está muriendo el árbol del que recogían las nueces y no saben cómo seguir cosechando. Por otro lado, los particulares que convocaron la manifestación de San Sebastián deberían responder ante la justicia, con su patrimonio y su libertad, de los delitos de apología del terrorismo y de terrorismo callejero que se cometieron al finalizar la manifestación. La aplicación de la ley es mejor medida que los autos para que desaparezcan los voluntarios que pretendan convocar manifestaciones como la del domingo.

Señores jueces
Miguel Ángel RODRÍGUEZ La Razón 4 Septiembre 2002

Este País está haciendo un grandísimo esfuerzo por normalizar su convivencia en paz y terminar de una vez con el fantasma que nos ha perseguido desde la última parte del siglo pasado hasta hoy, y que ha intentado aniquilar nuestra Democracia, nuestra Constitución y nuestro modo de vida asesinando sin piedad a cientos de personas. El terrorismo obliga a muchos de nuestros vecinos a vivir sobresaltados, e incluso ha conseguido que las distintas policías que hay en España se acerquen a ellos con el rostro cubierto con un pasamontañas, como si los servidores de la Ley fueran delincuentes.

Pero, en una acción sin precedentes en nuestro país, los distintos grupos políticos y sociales han decidido plantarse y hacer acopio de todas las armas legales que nos dan nuestras normas ¬escritas y aprobadas en Democracia¬ para expulsar de las instituciones a los partidos que viven de, por y para los terroristas, y así empezar en serio la batalla que terminará con los asesinatos.

Ayer, desde el Gobierno y desde la Fiscalía general se han presentado sendas demandas ante ustedes para que dicten sentencia a favor de la paz y de la convivencia. No tenemos mucho tiempo. Los terroristas generarán tanta tensión como les sea posible. Los ciudadanos queremos confiar en que ustedes trabajarán a nuestro lado y con toda la celeridad que se impone. Necesitamos su sentencia urgentemente. Esperamos no ser defraudados.

Prosperidad falsa
JAVIER PRADERA El País 4 Septiembre 2002
 

El Gobierno presentó ayer ante la Sala Especial del Supremo la demanda de ilegalización de Batasuna por una veintena de infracciones de la Ley de Partidos cometidas tras el 27 de junio de 2002, fecha de promulgación de la norma; el fiscal del Estado interpuso pocos minutos después una acción paralela. No será fácil trazar la frontera entre los supuestos de naturaleza teóricamente civil de la Ley de Partidos y los tipos de carácter penal que los inspiran como fotografías de un álbum de familia: los delitos de pertenencia o colaboración con banda armada, exaltación del terrorismo, coacciones o desórdenes públicos están íntimamente emparentados con las figuras del artículo 9 de la nueva norma. En cualquier caso, el sumario 35/02 de la Audiencia Nacional ya investiga por su cuenta las responsabilidades criminales de los dirigentes y cuadros de Batasuna que militan también en ETA y actúan de lanzaderas entre los dos compartimentos del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV).

La campaña de descalificación de los procedimientos -penal y civil- emprendidos contra Batasuna no proviene sólo del entorno de ETA sino también de la cúpula del PNV y EA; el falaz razonamiento según el cual esas actuaciones judiciales conculcarían las libertades ideológica y de expresión o los derechos de asociación y a elegir y ser elegido utiliza como refuerzo el argumento de que un sector de la sociedad vasca (el 10% de los votantes en los últimos comicios) quedaría huérfano de representación parlamentaria y municipal. Según ese punto de vista, los trágicos hechos sobre los que descansan las demandas del Gobierno y del fiscal y la acusación penal contra Batasuna desaparecerían del sumario gracias a los fantasmales principios de un garantismo constitucional invocado en falso: las responsabilidades criminales del llamado MLNV (los 836 muertos y los 2.367 heridos de los 3.391 atentados terroristas perpetrados desde 1968, más las 3.761 acciones de kale borroka realizadas desde 1991, según el auto de 26 de agosto del juez Garzón) serían endosadas por arte de birlibirloque al conflicto político del que resultaría único culpable el Estado.

Los críticos de las demandas del Gobierno y del fiscal o de las diligencias penales de Garzón esgrimen la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para propugnar la eterna impunidad de Batasuna. Pero los denunciantes del supuesto incumplimento del Convenio Europeo de los Derechos Humanos por los legisladores, gobernantes y jueces españoles no han podido llamar a peor puerta: las resoluciones del TEDH, lejos de suministrar carburante a la estrategia de blindar jurídicamente a Batasuna, confirman, por el contrario, el buen fundamento de las acciones civiles y penales emprendidas en España contra el frente electoral del tinglado terrorista.

El TEDH se ha pronunciado en cuatro ocasiones sobre sentencias ilegalizadoras de partidos dictadas por el Tribunal Constitucional turco. Los magistrados de Estrasburgo consideraron que Turquía infringió el Convenio de Roma de 1950 con la ilegalización del Partido Comunista Unificado (30/1/1998), del Partido Socialista (25/5/1998) y del Partido de la Libertad y la Democracia (8/12/1999), tres formaciones de reducido tamaño y creación reciente cuyos programas defendían los derechos de los kurdos. En cambio, el TEDH justificó (31/7/2001) la disolución del Refah Partisi o Partido de la Prosperidad, una organización con cuatro millones de afiliados fundada en 1983, que obtuvo el 22% de los votos en las elecciones legislativas de 1995 (el 35% en las municipales de 1996) y llegó al poder -su líder Necmettin Erbattan fue presidente del Gobierno- en alianza con el Partido de la Justa Vía. La doctrina de Estrasburgo es clara al respecto: de un lado, los partidos tienen derecho a propugnar el cambio pacífico de las estructuras constitucionales de cualquier sistema democrático; de otro, para llevar a cabo su programa están obligados, sin embargo, a utilizar medios legales y a perseguir fines compatibles con los principios democráticos. Un partido que incita a la violencia, defiende un proyecto orientado a la destrucción de la democracia y viola los derechos y libertades individuales no puede recurrir al amparo del Convenio de Roma aunque reúna -como el Refah Partisi- el 22% de los votos o -como Batasuna- el 10% de los sufragios.

«Aprovechan el estatuto jurídico privilegiado que les otorga la Constitución... para potenciar la actividad de ETA»
El Gobierno quiere que se valore toda la «trayectoria»
Incluye hechos anteriores a la nueva Ley de Partidos, como la condena a la mesa de HB o el caso Otegi
MARIA PERAL El Mundo  4 Septiembre 2002

MADRID.- «Batasuna, Euskal Herritarrok y Herri Batasuna aprovechan el estatuto jurídico privilegiado que les otorgan la Constitución y las leyes, las ventajas que les concede el ordenamiento, la financiación pública procedente de los impuestos de todos los españoles para potenciar la actividad de la banda terrorista ETA», afirma la demanda que el Gobierno presentó ayer en el Tribunal Supremo para que el «entramado Batasuna» sea situado al margen de la ley.

La demanda, conocida íntegramente por EL MUNDO, se extiende a lo largo de 124 folios en los que se afirma que «lo que se les imputa [a las entidades demandadas] es colaborar, apoyar, ser partícipes, propagar los efectos de la actividad terrorista» de ETA, lo que, a su juicio, hacen mediante conductas como «la justificación y exculpación permanente de esa actividad (asesinatos, secuestros, chantajes, extorsiones, amenazas, coacciones...), del apoyo y aliento constante a ETA y a su entorno, de la exaltación de sus actividades, de la colaboración con sus fines, complementando y multiplicando los efectos de esta acción terrorista; fomentando y propiciando un clima de miedo y de terror tendente a hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio en las comunidades autónomas del País Vasco y Navarra de la democracia, del pluralismo y de las libertades públicas».

Según el escrito del Gobierno, el «entramado» batasuna «vulnera de forma grave, reiterada, explícita los derechos humanos más básicos». «Atacan -sostiene- derechos tan básicos y primordiales como el derecho a la integridad personal, a la intimidad personal y familiar, a la libertad de circulación o la libertad de expresión y, de entre todos ellos, es preciso destacar el derecho a la vida», ya que «apoyan, colaboran y participan de la actividad de una organización terrorista que ha acreditado una larga y macabra trayectoria de atentados en los que se han producido más de 800 muertes».

La demanda, elaborada por la Abogacía del Estado, que dirige Arturo García Tizón, comienza con una alusión a la nueva Ley de Partidos y menciona la legislación comparada para subrayar que en países como Alemania y Francia se ha ilegalizado a numerosas formaciones políticas.

A continuación, describe el «entramado batasuna» como «un entramado jurídico político único», aunque las tres organizaciones demandadas se inscribieran en el registro de partidos de forma independiente.

A juicio del Gobierno, «la creación de partidos políticos se ha convertido en una constante del entorno de apoyo a ETA con un único fin: aprovecharse de las ventajas que otorga el sistema democrático -subvenciones, financiación pública por diversos conceptos, participación en instituciones, acceso a espacios electorales gratuitos, acceso al censo electoral, acceso a los medios de comunicación para facilitar la proyección de intimidación- para sustentar, apoyar, generalizar y multiplicar los efectos de la violencia terrorista y del miedo y la intimidación generada por la misma».

La demanda analiza pormenorizadamente las conexiones entre ETA y el entramado Batasuna y afirma que la relación entre ambas «es mucho más que una labor de apoyo y cooperación». «El entramado batasuna ha venido y viene siendo la prolongación en la vida política del terrorismo de ETA, poniendo las listas electorales y los cargos políticos a disposición de la banda terrorista, empleando sus medios de financiación para colaborar económicamente con la banda, poniendo a su disposición datos sobre la intimidad de los ciudadanos a los que los partidos acceden de manera privilegiada a través del censo electoral, utilizando las sedes como lugares de depósitos de armas o de captación de terroristas, cediendo sus espacios electorales gratuitos y sus páginas web a la banda terrorista y organizando reiteradamente actos o expresiones de homenaje, exaltación y apoyo a los terroristas y sus actividades criminales».

La demanda precisa los nombres de numerosos miembros, dirigentes y cargos institucionales de Batasuna que han sido condenados por terrorismo y destaca que, en estos momentos, cinco de los siete miembros del grupo parlamentario de Batasuna en el Parlamento Vasco han sido condenados como terroristas: Arnaldo Otegi, Josu Ternera, Jon Salaberria, Antton Morcillo y Joseba Alvarez.

Los dos últimos formaban parte de la mesa nacional de HB que fue condenada por el Tribunal Supremo. Aunque posteriormente el Tribunal Constitucional revocó la condena, el Gobierno pide al Tribunal Supremo que valore ese hecho -y otros anteriores a la entrada en vigor de la nueva Ley de Partidos, como el caso Otegi- ya que «la situación actual es fruto de la actuación coordinada durante muchos años de terrorismo y política».

La demanda elaborada por la Abogacía del Estado recuerda que la citada ley «obliga a tener en cuenta la larga trayectoria política del entramado batasuna», que «sigue produciendo efectos después de la entrada en vigor de la Ley de Partidos, sin que los dirigentes políticos, los representantes y militantes de los partidos cuya ilegalización se pretende se hayan encargado de evitarlo».   Texto íntegro de la demanda del Gobierno en: www.elmundo.es/

Michavila: «Es la demanda de nuestra democracia»
MADRID.- El ministro de Justicia, Jose María Michavila, aseguró que la demanda presentada ayer por el Gobierno ante el Tribunal Supremo contra Batasuna es «sin duda la demanda de nuestra democracia» contra el terrorismo.

Michavila compareció ayer en conferencia de prensa junto con el abogado general del Estado, Arturo García Tizón, para explicar el contenido de la demanda, consistente en mil elementos probatorios incluidos en 10.000 folios agrupados en 26 carpetas con diferentes dossieres.

Entre estos informes, el ministro de Justicia destacó los referidos a los 194 expedientes personales de cargos y candidatos de Batasuna con antecedentes por terrorismo, que demuestran que esta formación ha sido la «prolongación de ETA en la política». La demanda explica que ni antes ni después de la entrada en vigor de la Ley de Partidos Políticos el «entramado Batasuna» ha adoptado medida disciplinaria alguna respecto a las personas que acreditan una doble militancia con su pertenencia a ETA sino que, por el contrario, «los hechos demuestran que la organización política se nutre en buena medida de miembros de la organización terrorista condenados por delitos de terrorismo».

Dimite la edil del PSE en Abanto y Zierbena, Garbiñe Urquiza
BILBAO. AGENCIAS ABC 4 Septiembre 2002

La concejal del PSE-EE y delegada del Area de Bienestar Social y Educación del Ayuntamiento de Abanto y Zierbena, Garbiñe Urquiza, ha presentado su renuncia al cargo "por razones personales y familiares". Por su parte, el grupo municipal socialista de la localidad vizcaína lo enmarca en "la situación política" que se vive en Euskadi, que "hace insoportable desarrollar en libertad las funciones" a los cargos públicos.

La edil presentó su dimisión el pasado 30 de agosto y el Grupo municipal manifestó que la renuncia de la concejal, "al igual que la de otros muchos cargos públicos en Euskadi, se incribe en la situación política que vivimos en esta comunidad que, a veces, como en este caso, hace insoportable desarrollar en libertad las funciones de representación para la que fuimos elegidos por nuestro pueblo".

"En definitiva, que Garbiñe Urquiza deja el cargo que honesta y dignamente ha desempeñado durante más de tres años, agobiada por la presión ejercida por la amenaza terrorista, por la falta de libertad para desarrollar plenamente su vida personal y política, y para intentar normalizar, si es posible, el clima de intensa preocupación que se ha derivado en su entorno familiar", indicó.

En un comunicado, los socialistas en el Ayuntamiento de Abanto y Zierbena señalan que "esta lamentable situación deja la representación del Grupo Socialista reducida a cuatro concejales, que, lógicamente, afectarán tanto al funcionamiento del grupo como a la propia gestión municipal en detrimento de los intereses de nuestros conciudadanos".

El grupo municipal indica que ya ha notificado la dimisión a los órganos de dirección del PSE-EE para que procedan a la sustitución en el más breve plazo de tiempo para restablecer la representación municipal en este municipio.

Cuento infantil edificante
Aleix Vidal-Quadras La Razón 4 Septiembre 2002

Érase una vez una fundación sin ánimo de lucro entregada abnegadamente al fomento de una lengua minoritaria. Esta benéfica institución era la principal accionista de un periódico publicado en dicho idioma que registraba cada año grandes pérdidas, pero no por mala gestión, porque su dirección y administración estaban a cargo de personas competentes y honradas, ni tampoco por partidismo o mala calidad, porque su objetividad era legendaria y el interés de sus páginas apasionante. La causa de su fracaso obedecía a que una bruja malvada y jacobina, insensible a los hechos diferenciales, le había echado una maldición. El Gobierno del país donde se encontraban la fundación y el periódico en cuestión tenía como uno de sus objetivos extender el uso de la lengua declinante y, dentro de este titánico empeño, concedió a la fundación una sustanciosa subvención, pero no para cubrir los números rojos del periódico hechizado, como los sicarios de la bruja difundían desde otros diarios caracterizados por su hostilidad a las naciones sin Estado, sino para fomentar desde atalaya tan privilegiada y neutral todo tipo de publicaciones en el idioma a preservar. Por supuesto, el hecho de que el montante de esta ayuda discrecional fuese superior al total destinado por el Departamento de Cultura al mismo fin, no guardaba ninguna relación con el entusiasmo de la línea editorial del arruinado rotativo por la labor del Gobierno. El generoso volumen de la partida otorgada respondía, obviamente, a la extrema confianza que al Ejecutivo le merecía la fundación a la hora de distribuir su presupuesto entre múltiples proyectos con criterios de transparencia y equidad.

Hasta tal punto llegaba la transparencia, que la fundación se abstenía de publicar su número de teléfono y de informar sobre las iniciativas que auspiciaba, y que el Gobierno, por un error fortuito, eliminó del boletín oficial precisamente la lista de entidades financieramente favorecidas correspondiente al mes en que la fundación fue distinguida con su merecido espaldarazo. Cinco meses después, y ante el escándalo aviesamente organizado por los diabólicos agentes de la bruja centralista, esta involuntaria e inocente omisión fue subsanada, aunque lo hubiera sido en cualquier caso sin necesidad de las quejas desaforadas de las fuerzas del mal. Sin embargo, a pesar de esta serie de maniobras hostiles y de las numerosas y repugnantes calumnias que apuntaban al despreciable propósito de arrastrar a la quiebra a una empresa sobre la base del irrelevante dato de su insolvencia, el Gobierno, cual valeroso paladín que sostiene a una doncella indefensa, impidió semejante tropelía y logró el triunfo de las esencias patrias fielmente encarnadas por el sigilo de la fundación y por el huecograbado de su activo más destacado.
(En este momento, la dulce criatura se duerme y se puede interrumpir el relato. Buenas noches.)

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