AGLI

Recortes de Prensa     Jueves 5 Septiembre  2002
Contra el síndrome de Pilatos
CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN ABC 5 Septiembre 2002

Con la ley en la mano
Editorial ABC 5 Septiembre 2002

Chávez oyó a los batasunos
Editorial La Razón 5 Septiembre 2002

Arzalluz
FRANCISCO UMBRAL El Mundo 5 Septiembre 2002

¿Acaba con ETA
FEDERICO JIMENEZ LOSANTOS El Mundo 5 Septiembre 2002

Con ETA, todos nos hemos equivocado
PATXO UNZUETA El País 5 Septiembre 2002

Notarios del «régimen de terror»
ABC 5 Septiembre 2002

El nacionalismo liberticida
Enrique de Diego Libertad Digital  5 Septiembre 2002

Carta a Darío Valcárcel
Cartas al Director ABC 5 Septiembre 2002

La demanda del Gobierno revela los contactos de HB con los partidos de Fidel Castro y Chávez
L. R. N. - Madrid.- La Razón 5 Septiembre 2002

De contradicción, nada de nada
CONSUELO ÁLVAREZ DE TOLEDO ABC 5 Septiembre 2002

Otra concejal socialista deja su cargo por la «insoportable» presión del entorno etarra
Redacción - Bilbao.- La Razón 5 Septiembre 2002

Aparecen pintadas de ETA en el domicilio de Fernández Díaz
ENRIQUE FIGUEREDO El Mundo 5 Septiembre 2002

Especialistas creen que el «spanglish» está muy lejos de amenazar al español
Eva Muñoz - San Lorenzo de El Escorial.- La Razón 5 Septiembre 2002
 

Contra el síndrome de Pilatos
Por CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN. Profesor de Filosofía. Universidad del País Vasco ABC 5 Septiembre 2002

DURANTE largo tiempo seguiremos oyendo las voces de quienes se abstuvieron en la votación del Congreso contra Batasuna con el argumento de que ilegalizar un partido proterrorista puede ser justo, sí, pero también puede empeorar las cosas, y debe en todo caso dejarse a quienes pagamos para que se manchen las manos. El síndrome de Pilatos tiene larga tradición y no vamos ahora a sorprendernos por ello.

Ya sabemos que muchas personas encuentran poco significativos muchos de los hechos atribuidos a Batasuna que recogen los autos del juez Garzón y de la Fiscalía General del Estado. Es posible que muchas personas de buena fe -esto es, excluyendo a los partidarios que Batasuna tiene en el nacionalismo vasco y otros pequeños partidos- encuentren banales, desde el punto de vista penal, conductas como la de negarse a condenar los atentados de ETA, triviales los eufemismos como llamar al terrorismo «expresión violenta del conflicto vasco» y «presos vascos» a los terroristas, y meras muestras de mal gusto ensuciar las fachadas de los ayuntamientos batasunizados con fotografías de asesinos encarcelados que elevan a la categoría de héroes prototípicos y mártires del pueblo.

«De acuerdo -replican algunos críticos exigentes-, esas acciones y otras semejantes demuestran un espíritu siniestro, una ideología repugnante y una absoluta falta de compasión por las verdaderas víctimas de la violencia, pero en una democracia seria, y a causa de la prevalencia del interés general, las conductas éticas y estéticas reprobables no constituyen materia penal ni constitucional, o en cualquier caso no son suficientes para ilegalizar a todo un partido político». Resumido, creo que esta es la sustancia de las críticas más presentables contra la posible ilegalización de Batasuna.

Insisto en que ahora no debemos preocuparnos por lo que digan farsantes como Anasagasti, Egibar o Madrazo, cuya solidaridad con Batasuna e incapacidad para la más mínima lealtad práctica y política con las víctimas del terrorismo y el Estado de derecho son de sobra conocidas. Tampoco vienen al caso argumentos filototalitarios como los de Llamazares y algunos catedráticos que consideran más importante preservar el bien de que exista un partido político que los derechos y libertades de los ciudadanos agredidos una y otra vez por ese mismo partido. No, lo que debe preocuparnos es la calidad persuasiva y la eficiencia de nuestros propios argumentos contra Batasuna y su tela de tarántula. Y la referencia a hechos como los mencionados, por insignificantes que parezcan de uno en uno, son importantes para hacerse una idea cabal del poder conseguido por el terrorismo en el País Vasco.

También hay gran cantidad de actos y conductas de apoyo al terrorismo que no podrán servir como pruebas, a pesar de su gravedad, debido a las exigencias y garantías jurídicas y procesales. Pondré un ejemplo especialmente serio: el empleo sistemático de los medios de prensa para acosar a objetivos de ETA, sobre todo en medios ligados a ETA-Batasuna, pero no sólo en ellos -algún otro medio nacionalista y público vasco tendría mucho que explicar sobre su perseverancia en la denuncia contra ciudadanos que todos saben amenazados por los terroristas. La policía considera víctima potencial a cualquiera reiteradamente atacado en joyas periodísticas como el antiguo Egin y Ardi Belzta, y los actuales Gara, Egunkaria y Kale Gorria, además de otras publicaciones de ámbito local. También se sabe que los datos personales de los miles de personas fichadas por ETA procede de los censos electorales en poder de Batasuna. Lo mismo cabe decir de los panfletos y carteles a todo color empleados para divulgar la fotografía de docenas de personas, acusadas de ser enemigos de Euskalherria, con el fin de que sean insultadas y agredidas por sus matones. Claro que los carteles no llevan pie de imprenta, pero su diseño, consignas y los asuntos y gente que atacan coinciden exactamente con las campañas de prensa «legales». De manera que no es necesaria la sagacidad de Sherlock Holmes para identificar a los autores materiales e intelectuales de semejantes tropelías. Sin embargo, es probable que muy pocos o ninguno de estos hechos puedan servir como pruebas de inculpación.

Así que, hay actos que parecen menores y a veces ridículos, y otros de extraordinaria gravedad que seguramente no podrá utilizar la acusación. El reto que afronta la fiscalía es reconstruir un mosaico formado por miles de piezas de diferentes tamaños y formas, desde asesinatos a la apología de los asesinos. Colocadas en su lugar, esas piezas tan diversas forman la imagen fiel del crimen terrorista y su sistema de dominación, y por tanto del modo de desmontarlo. Las miles de piezas pequeñas son importantes porque componen el fondo siniestro que sostiene la figura del asesino encapuchado, el agua donde el pez nada tranquilo. Aunque no sean jurídicamente tan decisivas como el hecho de que cinco de los siete diputados batasunos de Vitoria tengan antecedentes por terrorismo, o que más de 150 cargos electos de HB hayan sido condenados por idéntica razón.

El proceso contra Batasuna también requiere pruebas de la solidez de convicciones y del valor de esa parte de la sociedad que se le opone, especialmente en el País Vasco. La fiscalía ha decidido abrir un procedimiento para que las personas que quieran testimoniar puedan hacerlo. A su propia escala, ese testimonio es tan valioso como el célebre «Yo Acuso» de Zola, o los de las víctimas del apartheid reunidos por la Comisión de la Verdad surafricana. Con independencia del valor probatorio que esos testimonios puedan tener, reconstruirán a través de las biografías de las víctimas la atmósfera asfixiante del nacionalismo totalitario y la experiencia de la persecución. En definitiva, mostrará la textura y funcionamieno de la trama terrorista de ETA.

Muchos, sobre todo en el País Vasco, tendrán miedo a declarar lo que han padecido -extorsiones, amenazas, brutalidades de todo tipo- o las agresiones que han presenciado. Y muchos otros aconsejarán olvidar todo eso con diferentes argumentos, desde el atendible de la necesidad de reconciliación hasta el abyecto de la «ética de la deserción». Sin embargo, la justicia democrática no es solamente algo que administran los magistrados sobre la base de las leyes parlamentarias, sino también un acción constante por la equidad y la libertad generales que debe concernir a todos los ciudadanos. Una vez derrotada ETA, la reconciliación será posible sobre la base de la verdad y la reparación expresa del daño y la injusticia infligida a otros. La pobre respuesta popular que ha conseguido Batasuna para protestar contra las medidas legales contra ella demuestra que si bien el miedo y la indiferencia reprensible siguen dominando la sociedad vasca, también hay un gran hastío de lo que es y representa Batasuna. Y es una base suficiente para perseverar y comprometerse testimoniando en detalle el calvario que tantas miles de víctimas de ETA-Batasuna han sufrido estos años, en España en general y el País Vasco en particular.

Con la ley en la mano
Editorial ABC 5 Septiembre 2002

CON la presentación de sus respectivas demandas ante el Supremo, el Gobierno y la Fiscalía han abierto los procesos en los que se juzgará si Batasuna y sus anteriores denominaciones han vulnerado los principios democráticos y si deben ser disueltas por este motivo, al amparo de la ley de Partidos Políticos. El juicio político que, con base legal, realizó el Congreso en el Pleno extraordinario del pasado agosto, se ha transformado en un doble juicio jurisdiccional, uno por cada demanda, sobre el que sólo cabe hacer una valoración positiva. Tanto el Ministerio de Justicia como la Fiscalía General del Estado han sabido interpretar que las evidencias políticas y sociales de la inconstitucionalidad de Batasuna tenían que ser tratadas como pruebas aptas para merecer una sentencia favorable. El resultado ha sido dos demandas que responden al rigor técnico exigible para un proceso con contenidos legales y constitucionales muy importantes. Los hechos y los fundamentos de derecho alegados en ambos escritos demuestran el esfuerzo de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía por ofrecer a los dieciséis magistrados de la Sala Especial argumentos precisos, con fechas, personas y acontecimientos, así como las doctrinas de los Tribunales Constitucional y Europeo de Derechos Humanos, huyendo de la literatura victimista o de la retórica pseudojurídica.

El complemento probatorio de las demandas consolida su rigor, al consistir en documentos oficiales, atestados policiales, grabaciones videográficas y testimonios informáticos de todas las conductas previstas por la ley de Partidos y en las que ha incurrido Batasuna. Son medios de prueba objetivos, especialmente eficaces porque son los más apreciados por cualquier juez, al facilitar su valoración, y porque reducen el margen de oposición del demandado, en este caso de Batasuna. Ante documentos que prueban la permanencia de condenados por terrorismo como cargos del partido, la no condena de actos terroristas, las amenazas a la Ertzaintza o la realización pública de actos de apoyo a ETA, a Batasuna, si comparece en los procesos, le va a resultar muy complicado desmentir tales hechos o darles una interpretación favorable a sus intereses. Con pruebas de esta naturaleza, la labor de los jueces es más de constatación que de interpretación.

Desde que el Supremo tiene las demandas, la responsabilidad del Gobierno es abordar, como lo está haciendo, la defensa de los intereses generales con el mismo rigor jurídico que caracteriza su escrito. Ya no resultan útiles las exposiciones políticas del caso. Ahora deben prevalecer las estrategias procesales que aseguren el éxito de las demandas, sin apasionamiento ni precipitación, y teniendo en cuenta que Batasuna, si se persona, tendrá derecho a presentar sus pruebas y a rebatir las del Gobierno y las de la Fiscalía. Este escenario procesal de debates cruzados -esencia de los principios de audiencia e igualdad- aconseja valorar con prudencia el llamamiento de testigos al proceso, no sólo porque la testifical es un medio de prueba que dilata el procedimiento, sino también porque, tratándose de un juicio de constitucionalidad, en el que no se juzgan actos delictivos, son preferibles las pruebas documentales, gráficas y periciales. Además, la necesidad de nuevos medios de prueba vendrá dada por el contenido de la contestación que presente Batasuna, por lo que conviene no anticipar estrategias procesales que luego pueden no utilizarse. La aspiración de la sociedad española es que se resuelvan favorablemente las demandas presentadas ante el Supremo. Pero, en contra de lo que piensa el nacionalismo vasco -dispuesto a provocar a la Justicia, como demuestra la convocatoria por Eusko Alkartasuna de una concentración contra la ilegalización de Batasuna-, este Tribunal no es una servidumbre de paso abierta al Gobierno, sino un órgano en el que se hacen valer las garantías constitucionales.

Chávez oyó a los batasunos
Editorial La Razón 5 Septiembre 2002

La lucha contra los santuarios del terrorismo tuvo que empezar con la vecina Francia, lugar en el que encontraron protección los etarras con la coartada de que en España no existía la democracia. Pese al establecimiento de nuestras libertades, los gobernantes franceses, siempre tan amantes de la «liberté» tardaron demasiado en prestar apoyo a los gobiernos españoles, pero el santuario francés ya no existe. Los etarras encontraron otros cobijos en donde se les otorgó el crédito de perseguidos.

En Cuba, la democracia no es precisamente moneda de libre circulación. Allí se les ha proporcionado amparo durante mucho tiempo gracias a la actitud de un dictador que, con ello, cree garantizar la vida de «luchadores por la libertad», todos infinitamente mucho más peligrosos que los opositores a su régimen que envía a prisión.

Pero faltaba alguien para la peana y surgió en Venezuela, en donde el nacionalismo vasco tiene presencia de antaño. El presidente Chávez, pese a las presiones diplomáticas españolas, prestó oídos a una delegación de batasunos que acudió a Caracas para tratar de paralizar las extradiciones. Esta misión figura, junto a otras similares, en el auto del juez Garzón y en la petición de deslegalización de Batasuna que el Gobierno ha dirigido al Tribunal Supremo. Y debía bastar para que Chávez y Castro ayudasen a acabar con Eta. Regímenes que prestan apoyo al terrorismo no deberían llamarse amigos de España.

Arzalluz
FRANCISCO UMBRAL El Mundo 5 Septiembre 2002

Utilizando una metáfora evangélica el señor Arzalluz se ha comparado con Cristo entre dos ladrones. Toda la Iglesia ha vivido siempre entre dos ladrones. Hay uno que roba a las beatas y otro que roba a los Bancos imponiendo diezmos y primicias dentro o fuera de la ley. La Iglesia es un sistema que consiste, teóricamente, en sacar dinero a los pobres para repartírselo a otros pobres, con lo que se establece una corriente absolutamente anodina de dinero que no remedia a nadie y perpetúa la miseria como predilecta de Cristo. A los ricos, mientras tanto, que no me los toquen.El señor Arzalluz se educó en este juego de dar y tomar, quedándose él con la parte que corresponde a su secta, o sea el catolicismo nacionalista vasco. Este catolicismo vive una confusión considerable entre la Iglesia y la Patria, entre la Patria y Dios, entre Dios y los obispos etarras, entre los obispos etarras y ese obispo de gabardina que es el señor Arzalluz.

Quiere decirse que el Partido Nacionalista Vasco le saca dinero a Madrid vendiéndole moderación y vigilia, y luego ese dinero, no se sabe cómo, va a parar a los inmoderados y legitimistas de la extrema izquierda/derecha que no lo invierten en sanfermines ni otros vicios sino directamente en armas de matar.

El señor Arzalluz es la charnela que engancha el nacionalismo vasco de buenas costumbres con la derecha gobernante de Madrid, aunque ya la boda de Ana Aznar, la hija del presidente, tiene un poco levantiscos a los puritanos vascos, que son casi todos y que esperaban ver a la novia tocada con una ikurriña, pero no ha podido ser. Bilbao siempre supone que Madrid es una provincia vasca enfeudada en el liberalismo más libertino. El señor Arzalluz vende mansedumbre al Gobierno central y compra todos los días su supervivencia a los obispos que creen en Dios y a los etarras que creen en los obispos.

He aquí el tercer ladrón: los violentos místicos, los extremistas visitados por la Virgen euskera, los legitimistas de la soberanía de su pueblo y los que rezan el rosario debajo del capuchón ensangrentado.Esta tercera fracción de la política separatista es la que tiene más autoridad y la que impone más respeto, de modo que cuando entra el juez Garzón en una Herrikotaberna todo el mundo se quita la capucha o la chapela y dice una oración. A este juez se le reza en Vasconia como se reza a los muertos, pero él sigue. De modo que a nuestro héroe, el señor Arzalluz, le entra el dinero por las transferencias de Madrid y se le va en limosnas para los cuatro etarras sin fortuna que piden limosna a la puerta de las iglesias prometiendo un padrenuestro por la libertad de la patria vasca.

Arzalluz es un gran político de formación jesuítica, un gran jesuita de formación abertzale, un hombre razonable para la parroquia que sigue sus homilías, un buen negociador para los que sólo negocian sangre y un buen comensal para invitarle en Madrid a unas cocochas y llevarle a Medinaceli con el exvoto de la niña muerta en Santa Pola. Quién mejor que él para hacer esta ofrenda a Jesús. Efectivamente, es un Cristo de gabardina crucificado todos los días por los millones de Madrid y las hostias de ETA.Que Dios se lo pague.

¿Acaba con ETA?
FEDERICO JIMENEZ LOSANTOS El Mundo 5 Septiembre 2002

Quizás la prueba más evidente de que la ilegalización del tinglado legal del terrorismo llega veinticinco años tarde, los veinticinco años de negaciones diestras y traiciones siniestras a España y a la Libertad, es la pregunta retórica que ahora hacen los pancistas del pensamiento acomodado: «¿Va a acabar con el terrorismo la ilegalización de Batasuna?». Como si la lucha contra el delito se justificase por su éxito y no por la necesidad moral de combatirlo, como si la evidencia de que el asesinato no ha desaparecido desde Caín debiera llevarnos a legalizarlo. ¿Por qué no a premiarlo? ¿Sirve la cárcel para acabar con los criminales? Por de pronto, sirve para castigarlos; para reparar el atropello a las víctimas; para evitar que la gente corriente, la que no mata ni roba, la que paga sus impuestos y saca adelante a sus hijos, la que ahorra para su pensión y para la de los demás, pueda salir a la calle sin que lo acuchille el mismo tío o la misma tía que acuchilló a su vecino el mes pasado. Si de prevenir se trata, lo primero es retirar de la circulación por muchos años o de por vida a quien no vacila en asesinar al prójimo para robarle, para imponerle una idea o por el simple placer de matar, tanto más placentero para el psicópata cuanto más indefensa la víctima. Pero como para la progresía todas las instituciones de la democracia liberal son ilegítimas, en España todo ha valido para destruirlas, desde la mentira hasta el crimen.

El terrorismo en su vertiente político-justificativa -izquierdista y/o nacionalista- es el último vestigio del antifranquismo. No del franquismo, ojo, porque los que celebraban los crímenes de ETA, contra Carrero o cualquier guardia, eran -fuimos- los pocos antifranquistas que en vida de Franco había; que ahora son infinitos.Y lo demuestra esa pregunta: «¿Es que ilegalizando a Batasuna se va acabar con ETA?». No se les ocurre preguntarse si castigar a los que apalean a sus mujeres va a acabar con la violencia doméstica, ni discuten que negar el Holocausto sea un delito.El gulag, todavía sí. Paracuellos, también. Y el terror nacionalista, siempre. Desde la Transición, es un hecho probado (y amnistiado) que matar contra España, asesinar españoles por el hecho de serlo (genocidio, diríamos, si fuéramos chilenos), impedir que los partidos nacionales se puedan presentar a las elecciones en muchos pueblos (no sólo del País Vasco) se admite como algo legítimo, justificado por la historia, convenientemente reinventada. Defender a España viene siendo, aunque no se diga, ilegítimo. ¿Cómo va a regir el Código Penal donde no respeta la Constitución, por española, ni el Tribunal Constitucional? ¡Veinticinco años así! ¿Cabe mayor triunfo político del crimen?

La pregunta que realmente cabe hacerse no es «para qué, ahora» sino «por qué, hasta ahora, no». Esa es la caja negra de nuestra democracia.

Con ETA, todos nos hemos equivocado
PATXO UNZUETA El País 5 Septiembre 2002

Dos actitudes han venido enfrentándose en relación a Batasuna: la de quienes consideran necesario ilegalizarla, y buscan fundamentación jurídica para ello; y la de los que piensan que no hay que ilegalizarla en ningún caso, y buscan razones jurídicas que avalen su posición. Los argumentos son en ambos casos de eficacia: necesidad de acabar con la impunidad del entorno como condición para derrotar a ETA, por un lado; no dejar sin representación a miles de vascos, cerrando el paso a una salida negociada, por otro. Es una discusión política con envoltorio jurídico.

Sin embargo, tras el auto de Garzón la discusión no puede plantearse en los mismos términos. Si es ETA quien tiene la última palabra respecto a la participación o no en las elecciones, al programa electoral, la composición de las listas (incluyendo presos etarras) y hasta el sentido del voto de los electos en los parlamentos, Batasuna no puede ser considerado un partido político; no, al menos, un partido amparado por la Constitución, cuyo artículo 6 exige que 'su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos'. Esa exigencia da cobertura constitucional a una ley de partidos que impida la existencia legal de una formación cuyas decisiones las toma o condiciona una banda terrorista.

En realidad, esa relación se conocía desde hace años, pero nadie pensaba que algún juez se atrevería a llevar hasta el final las consecuencias jurídicas que derivan de ella. Eso explica el desconcierto del PNV ante el auto de Garzón tras haber rechazado la Ley de Partidos alegando que ya existía la vía penal. Ya sólo su portavoz, Joseba Egibar, niega la naturaleza de la relación entre Batasuna y ETA descrita en ese auto. Seguramente, porque sigue anclado, por inercia o por intereses, en el planteamiento vigente durante 20 años según el cual era legítimo cerrar los ojos a la evidencia a fin de favorecer la integración del brazo armado en el político, como había ocurrido con ETA (p-m). La clave sería convencer a los jefes de la organización de que sus objetivos se defendían mejor sin violencia que con ella.

Lizarra llevó esa lógica hasta sus últimas consecuencias: para convencerles, el PNV aceptó lo esencial del planteamiento de ETA (el rechazo unilateral, a expensas de los no nacionalistas, del pacto autonómico), pero ello no sirvió para que ETA desistiera, ni para que HB rompiera con ella; y sí para quebrar el consenso democrático. Ahí tiene el diputado nacionalista G. de Txabarri la respuesta a su pregunta de 'por qué ahora', y no antes, se plantea la ilegalización: porque tras el desenlace de Lizarra se sabe que la vía del convencimiento amistoso no conduce al desistimiento de ETA sino al de los nacionalistas pacíficos ante ETA. Por eso había que cambiar de lógica.

La Ley de Partidos ha dado al entramado una última oportunidad, pero ETA ha respondido asesinando a una niña y a un jubilado, y Batasuna diciendo que no condenar esos crímenes 'es una seña de identidad' propia. No es lo mismo que se abstenga de condenar los atentados un partido independentista pero pacífico, como Esquerra Republicana, por ejemplo, cuya ilegalización a nadie se le ocurriría plantear, a que lo haga un partido que, según una razonada resolución judicial, forma parte del entramado terrorista. En el segundo supuesto, no se trata de una mera omisión, sino de una afirmación: de identificación con ETA.

Las instituciones tal vez pudieron haber seguido con los ojos cerrados, por razones de prudencia política; pero una vez sabido lo que se sabe es absurdo invocar pretextos jurídicos para esquivar la responsabilidad. ¿Cómo va a amparar la Constitución la legalidad de un partido que, según el auto, participa en el cobro del impuesto revolucionario? Seguir con los ojos cerrados sería consagrar la impunidad: una derrota de la democracia decisiva para los objetivos del terrorismo, cuya estrategia es provocar la deslegitimación -la pérdida de autoridad- de las instituciones.

'Todos nos hemos equivocado con ETA', dijo Pujol al portavoz de Esquerra en el debate sobre la Ley de Partidos en el Parlamento catalán. Es cierto, y ello invita a evitar actitudes demasiado agresivas respecto a los que todavía dudan; pero también a dejar de dudar y abrir los ojos.

Notarios del «régimen de terror»
ABC 5 Septiembre 2002

Intelectuales cuya comparecencia ha sido propuesta por el fiscal general del Estado en el proceso para ilegalizar a Batasuna coincidieron ayer en señalar que sus testimonios servirán para describir el acoso que sufren los no nacionalistas por parte de ETA y sus cómplices. Además, constituye una oportunidad de implicar a amplios sectores de la sociedad en la rebelión contra la barbarie.

BILBAO / MADRID. El filósofo vasco y miembro de la plataforma ¡Basta Ya!, Fernando Savater, adelantó ayer su compromiso de acudir al Tribunal Supremo al considerar que el proceso de ilegalización de Batasuna constituye el «fin de la impunidad del mundo de ETA». «Es justo colaborar con la Justicia en una tarea que nos interesa a todos», afirmó Savater. En su opinión, con el cerco judicial sobre la coalición proetarra «ha empezado a verse que el crimen es anormal, que la coacción es anormal, que las amenazas son anormales».

El filósofo donostiarra subrayó que no hace falta ser intelectual o tener responsabilidades públicas y políticas para dar cuenta de lo que sucede en el País Vasco, y que muchos ciudadanos pueden explicar las presiones y amenazas que padecen. En este sentido, comentó que también estos «ciudadanos de a pie» pueden dejar testimonio de cómo han pasado a estar «en el punto de mira de ETA» por haberse manifestado alguna vez contra la banda y sus cómplices.

Amenazas reiteradas
Savater dejó claro que no teme represalias por parte de la banda terrorista o de su entorno si acude al Tribunal Supremo, ya que las amenazas reiteradas de que viene siendo objeto han desarrollado en él un «firmísimo propósito de luchar con todas las armas posibles contra ellos».

Al profesor de la Universidad del País Vasco y miembro de ¡Basta ya!, Carlos Martínez de Gorriarán le parece bien que el fiscal cuente con el testimonio de personas que pertenecen a colectivos hostigados por los proetarras aunque ese testimonio no tenga un valor jurídico como prueba para incriminar. Pero en su opinión, sí tiene un valor para apoyar ese proceso de ilegalización en el que «tenemos que implicarnos todos». «Esos testimonios -según Martínez Gorriarán- permitirán que la opinión pública entienda qué es la trama del terrorismo, cómo se está persiguiendo a mucha gente y se le amedranta por no ser nacionalistas». Además, la comparecencia de diferentes colectivos tiene el valor, en su opinión, de «implicar a los ciudadanos en este tipo de actuaciones para acabar con el terrorismo y sus cómplices, y no dejar todo sólo en manos de los expertos».

De primera mano
La catedrática de la Universidad del País Vasco Edurne Uriarte aseguró que acudirá ante el Tribunal Supremo si finalmente se confirma que así lo plantea la Fiscalía y, en ese caso, aportará su propia experiencia de cómo vive en el País vasco.

El presidente del Foro Ermua, Vidal de Nicolás, asume la posibilidad de declarar ante el Tribunal Supremo en la causa para la ilegalización de Batasuna como una cuestión de dignidad, porque, en su opinión, convivir en silencio con el miedo en el País Vasco supondría renunciar a esa dignidad. Asegura que su testimonio no aportará novedades y que se limitará a describir con crudeza la vida de quienes, como él, viven amenazados por ETA en el País Vasco, «en un sistema de libertad vigilada, sin poder salir de casa sin avisar antes a los escoltas, cambiando de horarios y renunciando a las rutinas que estructuran la vida de cualquier persona». «Todos tenemos que colaborar en la lucha contra el fascismo de ETA y su entorno», responde a la pregunta de si le preocupa tener que declarar contra el brazo político de ETA. Es consciente de que cualquier día puede engrosar la lista de víctimas del terrorismo, pero no tiene miedo, porque asegura ser demasiado mayor para tenerlo.

«ETA y Batasuna, lo mismo»
El alcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, también aportará su testimonio si se lo requiere el fiscal. «Debemos perder el miedo a expresar nuestras ideas y a luchar decididamente contra el chantaje terrorista». Tras dejar claro que «ETA y Batasuna son lo mismo», añadió que «tenemos un compromiso con la Democracia y no podemos permitir que sigan torpedeando nuestro Estado de Derecho. Sólo con firmeza y valentía podemos construir un modelo de convivencia basado en la libertad y defensa de los derechos fundamentales».

Ernesto Ladrón de Guevara es uno de los ciudadanos vascos que desde hace tiempo denuncian públicamente la presión a la que el terrorismo somete a parte de la sociedad vasca. No ha sido citado a prestar su testimonio, pero opina que «es interesante» que en el proceso para la ilegalización de Batasuna «testifiquen personas relevantes de la sociedad vasca», porque «es la sociedad la que vive acosada y sometida al terror». En su opinión, éso «no es un problema de los políticos, sino del conjunto de la sociedad española, no sólo de la vasca».

El nacionalismo liberticida
Enrique de Diego Libertad Digital  5 Septiembre 2002

La lectura más benigna de la iniciativa de EA, en la que trata de ganar la mano al PNV, es que pretende asumir los votos de Batasuna. Ante el nacionalismo siempre se abunda en las interpretaciones estratégicas para hurtarse a las ideológicas y morales. Según ese esquema, lógico resulta que EA no quiera dejar ese electorado para que lo capte su intrínseco aliado, autosituado en las melopeas y fervorines de Arzalluz como el mismo Cristo en medio de los dos ladrones. Esto no lo mejora ni Sabino, con su pacatismo integrista.

Para no desmerecer del lenguaje clerical, el PNV suele tener bula. De hecho, en la ilegalización de Batasuna se reitera que la cuestión es la violencia. Pero ésta es siempre efecto. Su causa es el nacionalismo. EA y PNV, incluso en la benigna interpretación estratégica, son fronterizos de Batasuna. De hecho, y es manifiesto a la luz de los resultados electorales, necesitan a Eta-Batasuna para poder mantener los burgos podridos rurales, donde se cocina su victoria minoritaria a base de asesinatos, coacciones y capuchas negras. El nacionalismo actúa como el Ku Klux Klan. Más aún, necesitan los votos de Otegi y de Ternera para poder mantenerse en Ajuria Enea.

Todo este cúmulo de evidencias implican una perversión moral, que afecta también a los votantes de esos partidos, que no han de ser tan ingenuos como para no darse cuenta de tal relativismo moral, ni de su rentabilización política de las víctimas.

La ilegalización de Batasuna servirá para reducir el acoso a los constitucionalistas –siempre que se lleve a fondo, y no con los titubeos de ahora. Es, al tiempo, un duro golpe contra el proyecto totalitario común nacionalista. Contra el genocidio que se oculta bajo el nombre de independencia. Los efectos respecto a la ofensiva del Gobierno vasco son ya visibles. Batasuna y Eta existen como nacionalistas, por el nacionalismo, gracias al tronco común sabiniano, al racista proyecto de retorno a la tribu. No se trata de una cuestión sólo estratégica, sino también moral. Si Gobierno y PSOE se dieran cuenta de que se trata de un debate moral que afecta a los fundamentos ideológicos del nacionalismo y su impronta liberticida, se daría dado un paso decisivo para la pacificación.

Carta a Darío Valcárcel
Cartas al Director ABC 5 Septiembre 2002

En ABC Cultural Darío Valcárcel publica una recensión sobre el libro de Carlos Garaikoetxea «Memorias políticas» en la que parte de errores de base para luego sacar unas conclusiones vulgares. El más importante error es tratar de relacionar la construcción de las naciones en Europa con nuestro problema vasco. Y dice: «El País Vasco ha pactado desde el siglo XIII su vinculación primero a la Corona...». Falso. El País Vasco no pactó nada porque nunca existió como sujeto de derechos, o como entidad jurídica, política y administrativa (salvo unos meses en 1936 con el Estatuto de Guernica) hasta el Estatuto y el Concierto que se aprobaron gracias a la Constitución de 1978. Los territorios forales, cada uno por su cuenta y en fechas muy alejadas, fueron pactando con la Corona en documentos de diverso contenido, integrándose desde el S. XIII en la Corona castellana y posteriormente en el Estado español, al que nutrieron de gran número de funcionarios para llevar adelante la administración central desde el reinado de los Austrias. Y la Constitución española no se refiere al País Vasco, sino a estos territorios históricos o forales que más tarde acuerdan unirse para formar la Comunidad Autónoma con base en la ley fundamental. Esto, que es tan claro, puede significar que si esa ley fundamental se cuestiona, alguno de estos «territorios históricos» podría decidir la ruptura del pacto que dio origen a la actual Comunidad Autónoma.

Otro importante error de análisis lo realiza Darío Valcárcel cuando defiende cándidamente «...Ojo, se trata de votar si los ciudadanos vascos tienen o no el derecho a autodeterminarse, no sobre el fondo de la cuestión». Esa votación está viciada en el fondo, y es y sería nula, porque aquellos vascos que defienden la Constitución española no pueden expresarse libremente, no tienen ningún control sobre los medios de comunicación públicos manejados por el PNV, y los partidos políticos que los representan no pueden controlar el proceso ni exponer sus ideas porque los pistoleros nacionalistas matan a sus miembros.

Y error más elemental cuando dice don Darío que «...los terroristas son una cosa y el PNV otra, diametralmente distinta». Ese adjetivo «diametralmente» con sentido de absolutividad sobra porque, puestos al caso, se hubiera acercado más a la realidad si hubiera dicho que unos y otro son «esencialmente» lo mismo y esto porque los dos comparten el mismo objetivo último: la segregación del País Vasco de España, por las buenas o por las malas.

Y finaliza Valcárcel su malhadado comentario diciendo sin más: «Quienes hoy tienen la responsabilidad de vencer al terrorismo han fracasado. El airado Aznar ha dado ejemplo». Otra falsedad acompañada de un insulto gratuito. Como estoy de vacaciones no poseo mi fichero para dar cifras, pero sí sé, por el desamparo y la tristeza que nos produce, que un solo muerto ha habido este año a manos de ETA y que nunca se ha detenido a tantos terroristas como en los últimos años de gobierno popular. Y este Gobierno está dirigido por el señor Aznar al que los vascos de siempre, esto es, de los del siglo XIII hasta ahora, le estamos muy agradecidos. Si el PSOE y el PP siguen unidos en este tema, el final del terror lo veremos todos, usted y yo, aunque ya tengamos nuestros añitos.

Manuel Garaizábal. Elorrio.

La demanda del Gobierno revela los contactos de HB con los partidos de Fidel Castro y Chávez
Los batasunos se reunieron con el Comité Central del Partido Comunista cubano y el Gobierno venezolano para tratar la situación del MLNV y los militantes de Eta Un etarra medió entre la coalición y el Ministerio de Interior de Cuba
Los magistrados de la Sala Especial del Tribunal Supremo, que hoy emplazarán a Batasuna a personarse en su causa de deslegalización, ya tienen en su poder todos los documentos que ha aportado el Gobierno para demostrar la vinculación entre Batasuna y Eta. Entre todos ellos destaca el que presenta como «Documento número 15 b», que detalla todos los viajes al extranjero realizados por representantes de la coalición para contactar con destacados miembros de la banda y etarras huidos o deportados. El Ejecutivo pone de manifiesto los contactos de HB con el Partido Comunista Cubano y las reuniones que mantuvo con el Gobierno de Chávez en Venezuela en favor de varios presos etarras que iban a ser extraditados.
L. R. N. - Madrid.- La Razón 5 Septiembre 2002

El artículo 9.3, f de la Ley de Partidos establece que puede ser deslegalizada una formación que «colabora habitualmente con entidades o grupos que actúan de forma sistemática de acuerdo con una organización terrorista o violenta, o que amparan o apoyan al terrorismo o a los terroristas».

Como prueba de ello, entre otros, el Gobierno ha entregado a la Sala Especial del Tribunal Supremo un informe policial que detalla todos los viajes realizados por representantes de HB, EH o Batasuna al extranjero para reunirse con miembros destacados de Eta o realizar gestiones en favor de la banda.

Entre todos ellos (ver gráfico), destacan los efectuados a Cuba y Venezuela. El 10 de julio pasado, es decir, con la Ley de Partidos en vigor, una delegación de Batasuna viajó a éste último país «para trasladar a las autoridades las resoluciones de cinco ayuntamientos vascos a favor de presos etarras respecto de los que España ha pedido la extradición».

En su demanda, el Gobierno destaca que «en la línea de constante colaboración y apoyo político del partido a la organización terrorista, puede citarse la actividad del Área de Relaciones Internacionales de Herri Batasuna auxiliando y respaldando a miembros de Eta huidos o deportados en otros países, así como las organizaciones que los apoyan».

En el informe aportado «se pone de manifiesto ¬según el Ejecutivo¬ la permanente actividad internacional de representantes del entramado batasuna prestando labores de apoyo a los condenados o prófugos de la justicia por haber participado en acciones terroristas de Eta y que se encuentran en el extranjero».

Respecto a los viajes a Cuba, del citado documento destaca el que realizó una delegación de batasunos a Cuba en abril de 1998. Siempre según el documento, Jone Goiricelaya, Miguel Ángel Corta Carrión, Esther Aguirre, Rafael Díez Usabiaga y Jesús María Gete Olarra mantuvieron contactos «con el colectivo de militantes de Eta allí ubicado y con el Comité Central del Partido Comunista Cubano, de cara a perfilar definitivamente la presencia del Movimiento de Liberación Nacional vasco en ese país, habida cuenta de que Cuba no puede asumir la presencia de una delegación del MLNV tal como nosotros la enfocamos ».

Estos detalles provienen de documentos intervenidos al responsable del Colectivo Elkano del aparato político de Eta, José Ignacio Herrán Bilbao, detenido en París en marzo de 1999.

Sin embargo, figura otro viaje a Cuba. Gorka Martínez Bilbao, ya fallecido, viajó en enero de 1996 para contactar con el colectivo de etarras en la isla.

Otro de los focos de atención del aparato de relaciones internacionales de Batasuna ha sido Venezuela. El documento precisa que el 10 de julio de 1997 Miguel Ángel Corta viajó a ese país «para entrevistarse con el propio Gobierno y principales partidos políticos en relación con la situación de los militantes de Eta allí residentes. Corta volvió allí en noviembre de 1997, 1998 y 1999, en estas dos últimas ocasiones acompañado por Jone Goiricelaya, según el documento aportado. Entre enero y febrero de 1999 Corta y Goirizelaya viajaron a México y Venezuela para interesarse por la situación del colectivo de militantes de Eta de dichos países. La propia Goiricelaya informó públicamente meses después del viaje. Según dijo y refleja el documento, había visitado Venezuela «para explicar la situación de Eskal Herria, estrechar lazos con la diáspora vasca y profundizar en el conocimiento del proceso constituyente abierto en aquel país tras la llegada de Hugo Chávez al Gobierno». El informe policial subraya que «el eufemismo “diáspora vasca” es utilizado para referirse a los militantes de Eta» asentados en otros países.

Cartas a Cuba
A este respecto, el juez Baltasar Garzón aportaba en el auto de suspensión de actividades de Batasuna más elementos de prueba contra la coalición. En el documento «Mario’Tik 93KO Otsaila», intervenido al etarra José María Dorronsoro en París en 1993 y que reproduce el juez en su resolución, se contiene una comunicación del responsable del colectivo de militantes de Eta ubicado en «Mario», es decir, en Cuba, José Ángel Urtiaga, remitida a los responsables de Eta, en la que les da cuenta de la situación general tras un viaje realizado por «H.», es decir, por el miembro de HB Jokin Gorostidi, alias «Haritza».

Según Garzón, el corresponsal de los responsables de Eta propuso a Gorostidi un viaje a Colombia para desarrollar relaciones de colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC).
Además, Entre los soportes informáticos intervenidos en el domicilio del citado Gorka Martínez, figuraba un documento titulado «Rengork2.Lan» que contenía una carta remitida al etarra José Ángel Urtiaga, ubicado en Cuba, en la que le pedía que «hagas llegar a nuestro amigo Renan esta breve carta que le envío», referida a etarras que habían sido expulsados de Nicaragua y otros que habían tenido que huir tras esa decisión.
El tal «Renan» era Renan Montero, un responsable del Ministerio del Interior de Cuba, según el juez.

De contradicción, nada de nada
CONSUELO ÁLVAREZ DE TOLEDO ABC 5 Septiembre 2002

La convocatoria de manifestación hecha por Eusko Alkartasuna, en solapada defensa de Batasuna, es perfectamente coherente con la actitud del Gobierno vasco del que forma parte, y desde el que a su vez se prohiben las manifestaciones mas abiertas contra su ilegalización. No puede haber contradicciones cuando lo que se planifica es precisamente el doble juego. Al PNV le toca el papel de «bueno», respetuoso con el orden jurídico y a Eusko Alkartasuna el papel del duro defensor del nacionalismo, sea como sea Batasuna, violen libertades o maten sin piedad a través de ETA.

Ingenuamente, o quizás no tanto, R. Zapatero citaba ayer al PNV como modélico en la asunción de responsabilidades a la hora de aplicar las resoluciones judiciales de Garzón y advertía al partido fundado por Carlos Garaicoechea de estar en contradicción con Ibarretxe. El fondo y forma de la convocatoria de EA responde a un estilo político lleno de dobleces, huidizo y carente de valentía. Primero, porque nunca se ha movilizado para «dar respuesta a los ataques a los derechos individuales y colectivos» con que ETA y Batasuna han venido coartando sin piedad de todos aquellos que no piensan en nacionalista. Segundo: porque convoca una manifestación «so el árbol de Gernika», allí donde se juran los fueros, «símbolo de las libertades individuales y colectivas de los vascos» en claro gesto de apropiación indebida de un patrimonio histórico del que Batasuna y ETA excluyen con violencia mortal a la mitad del pueblo vasco.

Nada hay en la convocatoria de EA que no entre dentro de los planes del Gobierno del que forma parte. Van calentando motores para la ruptura prevista; con precisión. No hay que presuponer estupidez en el antagonista ideológico: desde Ajuria Enea o desde Sabin Etxea, o desde la sede de Eusko Alkartasuna se manejan los tiempos y las apariencias en una estrategia de pudridero a la espera de que alguien pierda los nervios y la autoridad democrática y se resquebraje de alguna manera la «coherencia» entre PP y PSOE.

No habrá tal. Asombrados los socialistas por el buen resultado que les da su toma de postura tajante, no darán ni un paso atrás. Se han convertido en adalides de la ilegalización de Batasuna. La mano tendida de Zapatero hacia el PNV podría entenderse a su vez como una réplica del reparto de papeles, esta vez en el sector constitucional. Me pregunto si para este viaje hacían falta aquellas alforjas con las que echaron a Nicolás Redondo a la calle.

Otra concejal socialista deja su cargo por la «insoportable» presión del entorno etarra
Alberto Buen, alcalde de Irún, también renuncia en medio de un «circo» de los batasunos
La concejal del PSE- EE del Ayuntamiento de Abanto y Zierbena (Vizcaya), Garbiñe Urquiza, ha presentado su renuncia al cargo «por razones personales y familiares», aunque el grupo municipal socialista de la localidad asegura que deja el puesto agobiada por la presión ejercida por la amenaza terrorista. Además, Alberto Buen, alcalde de Irún desde 1983, dimitió también ayer como primer edil tras un pleno extraordinario en el que fueron desalojados de la sala una docena de simpatizantes de Batasuna que protestaban con gritos y pancartas contra la ilegalización de este partido.
Redacción - Bilbao.- La Razón 5 Septiembre 2002

La concejal Garbiñe Urquiza presentó su dimisión el pasado 30 de agosto y el Grupo municipal manifestó que la renuncia de la concejal, al igual que la de otros muchos cargos públicos en Euskadi, se incribe en la situación política que se vive en esta comunidad que «hace insoportable desarrollar en libertad las funciones de representación para la que fuimos elegidos por nuestro pueblo».

«En definitiva, que Garbiñe Urquiza deja el cargo por la falta de libertad para desarrollar plenamente su vida personal y política, y para intentar normalizar, si es posible, el clima de intensa preocupación que se ha derivado en su entorno familiar», indicó el partido. Los socialistas en el Ayuntamiento de Abanto y Zierbena señalan que esta «lamentable» situación deja la representación del Grupo Socialista reducida a cuatro concejales, que, lógicamente, afectarán tanto al funcionamiento del grupo como a la propia gestión municipal.

La dimisión de Urquiza se relaciona también con la renuncia del alcalde de Irún (Guipúzcoa), el socialista Alberto Buen, quien formalizó su renuncia al cargo en un pleno del que fueron desalojados una docena de simpatizantes de Batasuna que protestaban contra la ilegalización de este partido. Al inicio de la sesión extraordinaria Buen ordenó a la Policía local que retirara de los asientos de los tres concejales de Batasuna varias pancartas con el lema en euskera «Democracia para Euskal Herria», tras lo cual los ediles abandonaron la sala y una docena de personas del público se levantó y comenzó a corear «Dad la palabra a Euskal Herria».

Varios agentes de la Guardia Urbana instaron a estas personas a que abandonaran la sala y les acompañaron hasta la puerta de la casa consistorial, sin que se registraran más incidentes. Alberto Buen reinició la sesión y pronunció un extenso y emotivo discurso de despedida en el que recordó que hoy, como el día en el que fue elegido por primera vez alcalde, cargo que ha desempeñado en los últimos 19 años, se viven «momentos de tensión propiciados por los que siempre, según ellos, defienden a la mayoría de esta sociedad». Tras mostrar su «solidaridad» y «afecto» con la víctimas de Eta, resaltó que, tras casi veinte años en el cargo, «personas muy cualificadas hablan de que los asesinos están prácticamente derrotados y de que los ciudadanos terminarán por hacerlo en las urnas», aunque reconoció que él, «al igual que entonces», se siente amenazado.

Al término de su intervención la corporación aplaudió y se puso en pie, al igual que las cincuenta personas que integraban el público, entre ellas la alcaldesa de Lasarte, Ana Urchueguía (PSE/EE), quien toma el relevo como la primera edil socialista más veterana de Guipúzcoa. El primer teniente de alcalde, José Antonio Santano, fue nombrado primer edil en funciones a la espera de un pleno que se celebrará la próxima semana y en el que se le ratificará como alcalde.

Aparecen pintadas de ETA en el domicilio de Fernández Díaz
ENRIQUE FIGUEREDO El Mundo 5 Septiembre 2002

BARCELONA.- Pintadas en favor de ETA, entre las que había una diana con las siglas del Partido Popular en el centro, aparecieron el pasado sábado en el domicilio barcelonés del presidente del PP catalán, Alberto Fernández Díaz.

Este es el primer episdio de estas características que se produce en Cataluña desde que el Congreso aprobara la puesta en marcha del proceso de ilegalización de Batasuna con el apoyo principal del PP y del PSOE.

El portero de la finca donde vive Fernández Díaz fue la persona que a primera hora de la mañana descubrió las pintadas. Estas se habían hecho sobre las cristaleras de la portería del bloque donde vive Fernández Díaz. En una de ellas podía leerse «gora ETA» (viva ETA). La otra era una diana con las letras PP en el centro.

Este empleado del edificio, sustituto de verano del portero habitual, avisó a la policía dado que sabía perfectamente que en el bloque vive el presidente del PP catalán y diputado en el Parlament de Cataluña. Los agentes llegaron a los pocos minutos. El portero explicó que cuando acabó su jornada laboral sobre las 20.00 horas del viernes la entrada del edificio estaba impoluta.

También se acercó al lugar una patrulla de la Guardia Urbana de Barcelona, que sacó fotos de las pintadas antes de que una brigadilla municipal de limpieza procediera a su borrado.

Especialistas creen que el «spanglish» está muy lejos de amenazar al español
Gregorio Salvador dice que es un «paso intermedio» entre el uso del castellano y el inglés
En Estados Unidos viven 281 millones de hispanos, según el censo del año 2000, es decir, un 12,5 por ciento de su población. «Para los estadounidenses, el español es una realidad, cosa que no sucede con otras lenguas», asegura Joaquín Garrido Medina, director del Instituto Cervantes de Alburquerque, en el fronterizo estado de Nuevo México. En este bilingüismo inglés-español, especialmente notable en Nuevo México, Texas o California, el «spanglish» aún está lejos de ser una amenaza para ninguno de los dos idiomas.
Eva Muñoz - San Lorenzo de El Escorial.- La Razón 5 Septiembre 2002

El «spanglish» tiene hoy incluso una cátedra en la Universidad de Massachussets, y su titular, el profesor Ilan Stavans, ha traducido recientemente al «spanglish» nada más y nada menos que «El Quijote». Pero, ¿qué es el «spanglish», una lengua, una jerga, una situación de bilingüismo? A aclarar esta cuestión dedicó ayer parte de su sesión el profesor Garrido, que pronunció la conferencia «El español en Estados Unidos», dentro del curso «La presencia del español en el mundo» que esta semana se celebra en la Universidad de Verano de la Complutense. «Que exista el nombre no quiere decir que exista la cosa. El spanglish no es una lengua, por mucho que haya una cátedra», afirma el profesor Garrido. Y advierte: «Un préstamo léxico no altera la lengua. Es normal que una lengua tenga distintas opciones de vocabulario».

Adaptación social
Para el director del Instituto Cervantes en Alburquerque, «el llamado spanglish es una situación de bilingüismo», resultado de la «adaptación social de los hispanos a la sociedad anglohablante» y es, además, «una situación transitoria». Una opinión que comparte el vicedirector de la Real Academia Española, Gregorio Salvador. El académico, que ayer concluía una serie de conferencias magistrales sobre léxico y semántica dentro del ciclo «Maestros Complutenses» y que también participa en el curso «El Español en el Mundo», considera que «no es nada más que un paso intermedio.
El encuentro de dos lenguas en personas incultas con incapacidad para deslindarlas completamente en un momento determinado».
Así, Gregorio Salvador afirma que «en cuanto se entra en un conocimiento culto de una y de la otra esa situación desaparece». Una posibilidad que considera accesible, «porque en Estados Unidos, y esto no es de hoy, la lengua que se ha estudiado más tras el inglés ha sido el español. Por la sencilla razón de que en cuanto salen de allí, lo primero que se encuentran es el español, y hay que entenderse con los vecinos. La importancia del hispanismo en Estados Unidos, ya desde antiguo, ha sido extraordinaria».

También comparte esta tesis el director del curso, Jesús Sánchez Lobato, profesor titular de Filología Española de la Universidad Complutense, que, por su parte, considera que el quid de la cuestión está en saber «a qué se llama transitorio». Y lo explica: «El spanglish se da cuando capas sociales muy bajas se tienen que readaptar a un país, con una cultura, unas formas de vida y una lengua ajenas. Si son analfabetos en la propia lengua, en el sentido de que no saben escribir, pues naturalmente van mezclando los dos idiomas». No es una situación nueva: «Eso ya ocurría con los españoles cuando iban a trabajar a Alemania o a Francia. Los españoles que fueron allí te decían echa esa cosa a la cubela o cierra la fenetra . Es decir, al no tener el idioma materno asegurado, mezclan con las lenguas de su entorno. Ése es el fenómeno del spanglish ».

Eso significa que, bajo ningún aspecto, es una amenaza. Ni para el español ni para el inglés. Así lo afirma Garrido, que ayer dijo que, en todo caso, el español se debate entre dos aguas. «Hablar español es hoy una situación de prestigio para los anglohablantes, mientras que aún es una barrera social para los hispanos».

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