AGLI

Recortes de Prensa     Sábado 7 Septiembre  2002
Aralar disputa a Batasuna
Editorial ABC 7 Septiembre 2002

Michavila subraya que «los terroristas no pueden estar a sueldo de la  democracia»
AGENCIAS/MADRID El Correo 7 Septiembre 2002

Los puentes rotos
JOSÉ MARÍA MUGURUZA /ABOGADO El Correo 7 Septiembre 2002

Paso histórico contra el terror
Cartas al Director ABC 7 Septiembre 2002

Garzón acusa al Gobierno vasco de falsear sus autos para menoscabar la  acción contra Batasuna
JULIO M. LÁZARO | Madrid El País 7 Septiembre 2002

Lenguas iguales
Cartas al Director ABC 7 Septiembre 2002

«La ilegalización de Batasuna abre un proceso de Ermua político»
J. L. L.  ABC 7 Septiembre 2002

Allende el espejo
HERMANN TERTSCH El País 7 Septiembre 2002

Arzalluz nos da una lección de geografía
Impresiones El Mundo 7 Septiembre 2002

Estado de excepción
Editorial La Razón 7 Septiembre 2002
 

Aralar disputa a Batasuna
Editorial ABC 7 Septiembre 2002

La decisión oficial de Aralar de presentarse a las próximas elecciones locales y municipales en el País Vasco altera sustancialmente las actuales coordenadas del nacionalismo vasco. Aralar surgió como una corriente interna de Euskal Herritarrok durante el «proceso Batasuna», en el que hizo pública su posición crítica con la violencia de ETA. Tras vencer en el debate final las ponencias más duras y afines a la banda terrorista, Aralar se convirtió
primero en asociación y luego en partido político, lo que los dirigentes de Batasuna calificaron como una traición que fragmentaba a la izquierda abertzale. Con un lenguaje oscilante entre la comprensión y el rechazo a la
violencia, el discurso oficial de Aralar apuesta por la acción política en las instituciones para alcanzar la independencia y esto es lo que desde Batasuna se considera como la renuncia a una seña de identidad de la
izquierda abertzale, que es la complementariedad organizada con ETA.

Tampoco  hay que ver en Aralar una actitud de oposición frontal al terrorismo ni premiar su rechazo a la violencia como un ejercicio heroico de moralidad, pero, en términos prácticos, su presencia electoral abre para la izquierda
independentista una opción política que, al menos en origen, es autónoma de ETA. Esto explica que Patxi Zabaleta, máximo responsable de Aralar, afirme que la ilegalización de Batasuna complica su comparecencia electoral y no
sólo por el deportivo argumento de que no podrá competir con este partido, sino, fundamentalmente, porque ETA no recibirá de buen grado una candidatura que puede desmovilizar a su frente político. Las amenazas y coacciones que
sufrió Aralar durante su constitución como partido, se reproducirán ahora, convertido además en competidor directo.

Las consecuencias de esta novedad que supone el concurso electoral de Aralar también se ven a su derecha, en dirección al PNV, porque la bolsa de 80.000 votos que recibió de Euskal Herritarrok en las elecciones de 2001 pueden retornar a un partido de izquierda e independentista no marcado por el control de ETA y al que Eusko Alkartasuna no pierde de vista. Sólo si aumenta su política de tensión con el Estado y acelera el proyecto
soberanista, como ayer pidió el sindicato ELA-STV -punta de lanza del nacionalismo- al reclamar la unidad de los nacionalistas, podrá el PNV retener a ese electorado prestado, aun a costa de profundizar en la quiebra
de relaciones con los partidos democráticos. Aralar va a agitar el ya complicado mundo nacionalista.

Michavila subraya que «los terroristas no pueden estar a sueldo de la
democracia»

AGENCIAS/MADRID El Correo 7 Septiembre 2002

El ministro de Justicia, José María Michavila, subrayó ayer que la Constitución impone como «deber democrático» que «los terroristas dejen de estar a sueldo de la propia democracia», en alusión a la ilegalización de
Batasuna, e insistió en que la Carta Magna obliga a «acabar con la impunidad de los que un día asesinan y al siguiente cobran un sueldo por ocupar un puesto de concejal o de diputado autonómico». En su opinión, «muchos vascos» ven la medida como una «respuesta» del Estado de Derecho «a los que desde las instituciones les chantajean y aterrorizan».

El titular de Justicia anunció además que el lunes se entrevistará con el comisario europeo de Justicia e Interior, Antonio Vitorino, para explicarle el proceso para apartar a la coalición radical de la legalidad que, puntualizó, cuenta con la comprensión de todos los Gobiernos de la UE. Los europeos, según explicó el ministro, entienden que «esto no puede seguir sucediendo» y que, aunque la proscripción de Batasuna no suponga «el punto final de ETA», resulta «imposible» derrotar a la banda «si los terroristas pueden seguir disfrutando de los beneficios de la democracia».

Michavila adelantó que transmitirá a Vitorino la impresión del Gobierno español de que la coalición de Otegi es una «prolongación del terrorismo» y, como tal, no debe ser legal y dijo estar «muy agradecido» a los Quince por
su solidaridad activa en la lucha contra el terror.

Los puentes rotos
JOSÉ MARÍA MUGURUZA /ABOGADO El Correo 7 Septiembre 2002

La aprobación de la nueva Ley de Partidos Políticos y la apertura del proceso de ilegalización de Batasuna han dado lugar a un tenso e intenso debate político, en el curso del cual se van planteando algunas cuestiones sobre las que me parece oportuno que todos reflexionemos y nos esforcemos para que las cosas lleguen a la opinión pública de la forma más clara y precisa posible. Ante todo, es preciso constatar el hecho de que el Gobierno español, acompañado esta vez de una forma decidida por el Partido Socialista, consolida con fuerza su iniciativa en la lucha antiterrorista, asumiendo con encomiable determinación la función propia del poder ejecutivo en el impulso del legislativo, además de las que le son propias, como la eficaz dirección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Si a esto añadimos la confluencia del poder judicial en la misma dirección, tenemos en este momento a los tres poderes del Estado, cada cual en su misión, empeñados sin complejos en acabar con el terrorismo de ETA, lo que constituye sin duda una importante inyección de ánimo y esperanza en los ciudadanos, muy especialmente en los que más de cerca viven el riesgo.

Los nacionalistas vascos, por su parte, se oponen a todo. Se opusieron a la aprobación de la ley, se han opuesto a la solicitud de ilegalización de Batasuna y el lehendakari Ibarretxe ha dicho a la salida del Consejo de Gobierno celebrado en San Sebastián que estas actuaciones han roto todos los puentes de diálogo, aunque pocos días después su portavoz nos hable de un pacto de convivencia. Por último, otras relevantes personalidades se han refugiado en imprecisas apelaciones al diálogo para disimular, sin duda, sus vergonzantes abstenciones, indefiniciones e indecisiones.

Pues bien, creo que es conveniente hablar claro de puentes y de diálogo. Es evidente que todos quisiéramos que los puentes no estuvieran rotos, que se produjera el diálogo y, sobre todo, que de este diálogo resultara un acuerdo
que pusiera fin de una forma definitiva a los problemas que nos acosan. Pero sería un inmenso error permitir que nuestros deseos nos hicieran olvidar la realidad en la que vivimos, que es preciso analizar en toda su crudeza para
no emprender caminos equivocados.

Considero una ligereza hablar de diálogo sin más precisiones, como hablar de diálogo hasta el amanecer o diálogo sin límites ni exclusiones, puesto que para que el diálogo sea fructífero es necesaria una situación previa
favorable que requiere, precisamente, de límites y exclusiones. Me explico. Es obvio que no es posible diálogo de ninguna clase con ETA y su entramado terrorista, puesto que no responde en modo alguno a tal concepto la relación
que pueda entablarse entre dos partes si una de ellas tiene a la otra amenazada con una pistola en la nuca. Es obvio, igualmente, que el diálogo entre los dos grandes partidos nacionales, PP y PSOE, no solamente es posible, sino obligado, pues el terrorismo y la integración del País Vasco en España son cuestiones de Estado que deben tratarse por encima de los intereses de partido.

La cuestión más espinosa es la que se refiere al diálogo entre constitucionalistas y nacionalistas, al que todos apelan pero no se produce, por lo que creo que es importante que los ciudadanos formen opinión acerca de las razones y responsabilidades de esta situación. Como he dicho antes, un verdadero diálogo requiere una situación previa adecuada, que en nuestro caso no existe y no sólo por la persistencia del terrorismo, que sitúa a los constitucionalistas bajo amenaza, sino por algo que yo creo que es todavía más importante y que es la falta de voluntad de encuentro.

Creo que es casi una obviedad decir que es absolutamente inútil abrir un diálogo si las partes que han de participar en el mismo no tienen voluntad de llegar a un acuerdo. Es más importante incluso que la ausencia de violencia, porque sin voluntad de encuentro el diálogo sería inútil aun sin terrorismo y, en cambio, si ésta existiera en todas las partes, con lealtad y sentido de compromiso, el diálogo sería posible aun persistiendo el terrorismo, entre otras razones porque todas las partes que participaran de aquella voluntad de encuentro estarían igualmente amenazadas.

El problema es que, a mi juicio, no existe voluntad de encuentro y, concretamente, no existe voluntad de encuentro por parte de los nacionalistas. Los constitucionalistas han demostrado sobradamente esta voluntad con la aprobación de la Constitución española y del Estatuto de Gernika, que sirvieron para transformar un Estado fuertemente centralizado en la España de las autonomías y configurar por primera vez en su historia
al País Vasco como una unidad política, con instituciones propias, importantísimas competencias y los recursos financieros para desarrollarlas que emanan de los Conciertos Económicos. El hecho de que queden todavía
algunas cuestiones competenciales por negociar no excede de la dialéctica normal entre administraciones centrales y autonómicas, sin que pueda en modo alguno empañar la trascendencia de aquellas importantes actuaciones de
reconocimiento de la identidad vasca.

Por su parte, los nacionalistas han respondido siempre con actitudes victimistas y reivindicativas, sin el más mínimo gesto de solidaridad y compromiso, culminando y proclamando de manera formal y solemne su proyecto político en la sesión del Parlamento vasco celebrada el 12 de julio último, en la que, aunque únicamente nos recuerdan a posteriori las cuestiones relativas a las transferencias pendientes, se aprobaron propuestas nacionalistas de gran calado político, que esencialmente se recogen en las dos que transcribo a continuación:

1. Reconocer la existencia del Pueblo Vasco o Euskalherria, esto es, el reconocimiento del sujeto político como una realidad social y cultural común con identidad propia que pertenece por igual a los vascos y vascas de los siete territorios.

2. Afirmar que desde el derecho a la libre determinación del Pueblo Vasco, como expresión de su nacionalidad y para acceder a su autogobierno, el Pueblo Vasco tiene derecho a ser consultado para poder decidir libre y
democráticamente su estatus político.

Es decir, territorialidad y autodeterminación dentro de la más pura ortodoxia del proyecto político de ETA. A esto llamo yo romper puentes de diálogo con los partidos constitucionalistas y esto demuestra, a mi juicio, la falta de voluntad de encuentro por parte de los nacionalistas para que el diálogo sea posible. Éste es el único órdago que hay sobre la mesa, sin que el constitucionalismo haya lanzado ninguno, puesto que únicamente podría considerarse como tal una proposición hacia el extremo contrario, como sería la vuelta a un Estado centralista. No nos dejemos en consecuencia llevar de falsas ilusiones. Hoy por hoy este diálogo no es posible, y no es posible porque los nacionalistas no lo quieren, por lo que debemos ser conscientes de esta situación y actuar en consecuencia.

Bien quisiéramos que esto no fuera así y que los nacionalistas hicieran posible una situación de diálogo, pero para ello sería necesario que, en correspondencia al reconocimiento de la identidad vasca que supusieron la
Constitución española y el Estatuto de Gernika, por su parte se renunciara de forma definitiva a toda reivindicación de la facultad de secesión de España por decisión unilateral. Pero no creo que la actual dirección del PNV tenga la menor intención de impulsar una decisión de esta naturaleza.

Ciertamente, entre las consideraciones que contenía el documento aprobado en la sesión del Parlamento vasco del 12 de julio se hacía alguna referencia a un nuevo pacto político, pero no vemos la compatibilidad de esta idea con la de autodeterminación. Autodeterminación significa decisión unilateral y pacto implica acuerdo bilateral o multilateral. A mi juicio, hablar de libre determinación y de pacto es una pura y simple contradicción.

Concluyendo, creo que la formalidad y solemnidad que revisten las resoluciones que se adoptan en una sesión plenaria del Parlamento las hacen prevalecer sobre cualquier otra clase de declaraciones hechas en circunstancias que ofrecen menos garantías, lo que me lleva a resumir la situación de la siguiente forma:

- El PNV confirma su proyecto político en la construcción nacional de Euskalherria, compuesta por sus siete territorios, que decidirá libre y unilateralmente su futuro estatus político.

- Este proceso rompe todos los puentes y hace imposible cualquier clase de diálogo con los partidos constitucionalistas.

- Estos últimos deben perseverar en la construcción de una alternativa de gobierno al nacionalismo, que restablezca la igualdad de derechos y libertades para todos.

A mi juicio, en este momento, seguir hablando de diálogo es alimentar falsas expectativas.

Paso histórico contra el terror
Cartas al Director ABC 7 Septiembre 2002

¡Cuánto les hemos aguantado! Ya era hora de que alguien le parase los pies a esa banda de terroristas que se disfrazaban de políticos. Ratificando anteriores cartas y la opinión (¡gracias a Dios!) de millones de españoles,
creo que todos deberíamos ser conscientes de lo histórico que ha sido el día que se ilegalizó Batasuna.

Tengo 19 años, pocos más tenía HB, EH... o como quisieran llamarse. A diario leo la prensa, veo el telediario, oigo la radio... y me pregunto si ETA podrá terminar con nuestra cordura. ¿Estábamos volviéndonos locos? ¿Miedo?
¿Ingenuidad?... ¿Por qué nadie actuaba contra la verdadera arma de ETA? Harto evidentes han sido las continuas actividades del brazo político que financiaba sus bombas lapa y, encima, se les reían las gracias. Muchas veces
me viene a la memoria lo que hizo Hitler con la democracia: la utilizó para destruirla, y los que iban de «demócratas» no supieron evitar la etapa más sangrienta de la historia. Hitler y ETA algo pueden tener en común. Y quien aún piense que la ilegalización de Batasuna es inconstitucional o, dicho de otro modo, quien se abstenga de luchar contra el terrorismo, habrá de volver a estudiarse lo que es «democracia», o lo que la define por encima de todo: la libertad. Espero que nuestros nietos lean en sus libros de historia el gran paso contra el terror que dimos los españoles el 26 de agosto de 2002.                  Beatriz Álvarez. Madrid.

Garzón acusa al Gobierno vasco de falsear sus autos para menoscabar la
acción contra Batasuna

El juez rechaza el recurso del partido aberzale y confirma la suspensión de sus actividades
JULIO M. LÁZARO | Madrid El País 7 Septiembre 2002

El juez Baltasar Garzón pasó ayer al contraataque de los políticos e informadores que le han atribuido vulneración de derechos fundamentales y aprovechó el mismo escrito en que ratifica todas sus decisiones respecto a Batasuna para acusar a miembros de algunos partidos y a 'algún responsable' del Gobierno vasco de desvirtuar el contenido de sus escritos para menoscabar la actuación judicial. Además de quejarse de las críticas y considerar 'no justificable' que el Parlamento vasco incumpliese sus disposiciones, el juez cerró la semana prohibiendo una manifestación en Ansoain (Navarra).

Garzón aclara, en primer lugar, la extensión de sus disposiciones al ámbito parlamentario, ya que en el auto en el que suspendió las actividades de Batasuna dejó al criterio del Parlamento, las diputaciones forales, las juntas generales y los ayuntamientos del País Vasco y Navarra la efectividad de las medidas en el interior de dichas instituciones.

'El respeto a la división de poderes implica que el juez de instrucción no pueda compeler coactivamente a las instituciones del poder legislativo o de representación popular, que tienen sus normas y reglamentos, para el
cumplimiento y ejecutividad de la medida', explica Garzón.

Por eso, en su anterior resolución habló de 'la efectividad de la medida de suspensión', no de 'su no aplicación'. 'Es decir', aclara el juez, 'por una parte la resolución judicial es obligatoria, pero al no poder compeler, serán aquellas instituciones legislativas y de representación popular las que deban determinar la forma de ejecución'.

Garzón concluye que 'no sería justificable', al amparo de lo dispuesto en distintos preceptos de la Constitución, la ley orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 'el incumplimiento de las medidas'.

Réplica a Azkarraga
El magistrado expone otra 'aclaración' que, desde su punto de vista, 'no sería necesaria si no fuera porque acontecimientos posteriores públicos y notorios, planteados por algunos medios de comunicación y valorados por
miembros de algunas formaciones políticas del País Vasco e incluso algún responsable del Gobierno de dicha comunidad autónoma, hacen imprescindible el pronunciamiento, aquí y ahora, por parte del juzgado'.

Garzón se refiere al consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, quien dijo que las resoluciones del magistrado 'ponen sobre la mesa la presumible vulneración de derechos fundamentales'.

El juez considera que las críticas a su decisión de suspender la convocatoria de actos públicos y manifestaciones por parte de Batasuna 'son poco acordes con el respeto a la independencia del Poder Judicial y la división de poderes, por cuanto han desvirtuado su sentido y contenido presentándola como contraria al derecho fundamental a la libertad de expresión'.

El juez precisa que el procedimiento se centra 'exclusivamente' en la suspensión de actividades de Batasuna. 'Parece que se olvida' -prosigue el magistra-do- 'que en este procedimiento se investigan hechos delictivos y no actos políticos u opiniones del mismo tipo'. Por eso, agrega, 'las personas físicas o jurídicas podrán hacer aquello que su libertad les sugiera y hasta donde consideren oportuno, y si transgreden los límites de la ley, quien tenga que exigir su cumplimiento, que desde luego no es este juzgado, lo hará'.

Según Garzón, afirmar que él pretende limitar los derechos constitucionales de personas ajenas a la causa 'es, aparte de falso, una arbitrariedad dirigida a menoscabar la actuación judicial que se enmarca en la más estricta legalidad'.

Respecto al recurso de reforma de Batasuna contra la suspensión de actividades durante tres años, el instructor ratifica íntegramente la resolución. El juez Garzón considera justificada la legalidad de la medida y su proporcionalidad.

'No se trata de actos de colaboración, sino de integración' en la banda terrorista los que se imputan 'a los responsables de Herri Batasuna en el marco de las herriko tabernas, como los que se deriven para los componentes
y directivos de la estructura, como los de aquellos que la crearon y la dirigen desde el estrato superior de la dirección de la organización terrorista'.

'Resultaría paradójico y absurdo', añade, 'valorar que dicha estructura forma parte de una organización terrorista que la instrumenta en el sentido que le interesa (...) y no hacer cesar los efectos'. Dada su integración en ETA, 'la estructura HB-EH-Batasuna es en sí misma delictiva', concluye.

El juez aprovecha también para puntualizar unas referencias sobre Euskal Fondoa. Garzón deja claro que la intención de ETA fue instrumentalizar arbitrariamente Euskal Fondoa, aprovechando el campo de acción que esta
organización, ajena a la estructura delictiva, brindaba con sus programas en Nicaragua.

Lenguas iguales
Cartas al Director ABC 7 Septiembre 2002

Es un caso prácticamente único en Europa que en el año 2002 exista un territorio, como es Cataluña, en el que la lengua materna del 55 por ciento de su población no se utilice por su Gobierno Autónomo o que una lengua
hablada y escrita por sus habitantes, ya antes del siglo XV, se califique de lengua «no propia». Sólo hace falta darse una vuelta por la calle e ir a una oficina de la Generalitat para percibir que vive en una situación artificial, en una Cataluña inexistente, donde la mitad de la pluralidad lingüística ha desaparecido. Una sociedad democrática, si algo la diferencia de una dictadura, es que sus gobernantes atienden a la realidad de sus ciudadanos y no gobiernan de espaldas a ellos, también en el aspecto lingüístico. No se trata de excluir la lengua catalana de la forma que se
pretende excluir la española. En una sociedad tolerante deberían tratarse las lenguas que hablan sus ciudadanos en un plano de igualdad en todos los ámbitos públicos, desde la enseñanza hasta la administración, porque todos
merecemos el mismo respeto.  Ramón Costa. Barcelona.

«La ilegalización de Batasuna abre un proceso de Ermua político»
J. L. L.  ABC 7 Septiembre 2002

MADRID. El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, no hizo ninguna mención durante su discurso inicial ante el Comité Federal a la situación del País Vasco. Esta actitud del líder socialista respondía a una táctica premeditada, ya que la opinión mayoritaria de los miembros del Comité Federal es lograr que ese asunto no centre el debate político.

Así quedó demostrado en las intervenciones de buena parte de los dirigentes socialistas que hicieron uso de la palabra durante la reunión de ayer. Todos ellos pidieron a Zapatero que no caiga en la táctica «electoralista» del PP
de convertir asuntos de Estado -como la lucha antiterrorista, Marruecos o la violencia doméstica- en el eje central del nuevo curso político. Los socialistas interpretan que en esos asuntos de Estado no existen discrepancia y no las habrá cuando se aproxime la celebración de las elecciones de mayo.

En su réplica, Zapatero pidió «paciencia» ante «algunas conductas» del Ejecutivo, al tiempo que mantuvo firme su compromiso de no incluir asuntos que considera de Estado en la lucha partidista. No obstante, Zapatero defendió la ilegalización de Batasuna y aseguró que con ella se abre un «proceso de Ermua político y legal», en comparación con la movilización popular posterior al asesinato de Miguel Ángel Blanco. Además, agradeció la posición de apoyo mantenida por los socialistas en este asunto, algo que, a su juicio, ha contribuido a dar más credibilidad a todo el partido.

Pena íntegra para etarras
Una de las intervenciones más destacadas fue la de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de la Junta de Extremadura. Ibarra defendió que el PSOE debería adelantarse al Gobierno en algunas propuestas y puso como ejemplo el cumplimiento íntegro de las penas para terroristas acusados de delitos de sangre. Según el presidente del Gobierno extremeño, los socialistas tienen dificultades para explicar a los ciudadanos que el PSOE no va «por detrás» del PP en estas cuestiones.

Por su parte, el líder del PSC, Pasqual Maragall, refrendó su respaldo a la ley de Partidos. No obstante, destacó la necesidad de «tender puentes» hacia el PNV, ya que, según dijo, el cumplimiento del proceso de ilegalización que
ha hecho el Gobierno vasco merece un elogio.

Allende el espejo
HERMANN TERTSCH El País 7 Septiembre 2002

Los nervios de algunos están desatados en estas postrimerías del verano. Y con razón. Porque en pocas semanas han cambiado mucho las cosas en Euskadi y quienes tan cómodamente han cosechado réditos de la situación previa, de la intimidación masiva de todas las opciones políticas no nacionalistas, de la impuesta catequesis etnicista a cargo de los fondos públicos y de la constante llamada a la complicidad o al menos generosa comprensión hacia los
móviles del crimen. Están nerviosos muchos. Porque todo parece indicar que se ha acabado la larga fiesta de la impunidad del 'pim, pam, pum'. Los asesinos han ido llenando las cárceles de forma inexorable en los últimos
años pero sus jaleadores, exégetas y mecenas gozaban de esa exquisita normalidad que se les negaba a todos los que discrepaban con ellos.

Joseba Azkarraga, consejero de Justicia del Gobierno vasco, está tan preocupado como Arnaldo Otegi ante la evolución puesta en marcha por la Ley de Partidos Políticos y los autos del juez Baltasar Garzón. ¿Por qué rayos
acaban coincidiendo siempre estos dos personajes? Hoy el partido de Azkarraga, Eusko Alkartasuna, ha convocado una beatífica manifestación en 'defensa de las libertades' de esa asociación de delincuentes que es Batasuna, por muy honrados, que no honestos, que sean sus votantes. Euskadi ha sido Weimar durante demasiado tiempo. El suficiente para que una o dos generaciones crean que no hay alternativa a la sumisión y que es conveniente
y rentable adaptarse o asociarse con quienes imponen ese miedo que emponzoña pensamiento y conductas. Ha sido más barato calumniar al judío constitucionalista que reprender al camisa parda aberzale.

Dicen el PNV y EA y el bufón minoritario de Ezker Batua, que Batasuna pasará a una clandestinidad cuasi heroica. Aseguran que decenas de miles de votantes de Batasuna se lanzarán al monte como partisanos balcánicos.
Tranquilos, porque no va a pasar. Nuestros muy instalados y burgueses beneficiarios de la inmensa red de ventajismos, extorsiones y subsidios tienen casa propia, costumbre de aperitivo y relaciones muy humanas forjadas
en esa propia normalidad de la que no gozan sus adversarios políticos. No van a renunciar a ello. Cuando los convocantes de una manifestación de apoyo al crimen paguen con su hacienda, los padres de menores fanatizados tengan que asumir los daños causados por sus querubines y los propietarios de los bares en Euskadi echen sin contemplaciones a quienes quieren imponerles en el local una hucha para financiar a los asesinos, saldremos, paulatinamente, del estado de excepción. Tras más de dos décadas de perplejidades, confusión y complejos, estamos asistiendo a la proclamación de la mayoría de edad de la democracia en España. Es motivo de satisfacción aunque persistan las amenazas de muerte y dolor. Aunque los nervios lleven a algunos que creíamos parte de la sociedad civilizada y democrática a saltar al otro lado del espejo.

Arzalluz nos da una lección de geografía
Impresiones El Mundo 7 Septiembre 2002

Xabier Arzalluz, en declaraciones a la agencia Reuters, ha establecido un nuevo paradigma del todos contra nosotros en la pugna del incomprendido nacionalismo vasco: «Todo el mundo, del Ebro para abajo, está contra
nosotros». La despistada agencia británica (que sigue empeñada en llamar al País Vasco «región semiautónoma») contribuye a este desaguisado geográfico al definir así el río Ebro: «La frontera tradicional entre el territorio
vasco y el resto de España». Es decir: se deduce que al norte del Ebro están con el PNV. Cantabria, La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña; el valle del Pas, la Sonsierra, la Ribera, el Somontano y el Ampurdán, ¿sí que están con el PNV? Pero que no nos extrañe este desliz freudiano de Arzalluz: el expansionismo peneuvista es legendario. Atendiendo la identidad etimológica entre vascos y gascones, algunos nacionalistas consideran la Gascuña como
algo suyo, y en muchos restaurantes vascos se ofrece el armagnac de la sobremesa como un producto del país...

Estado de excepción
Editorial La Razón 7 Septiembre 2002

El principio del fin de Batasuna ha puesto al nacionalismo vasco a la defensiva, dividido entre la vocación de arropar a unos «descarriados» a quienes deben el Gobierno en el País Vasco y con quienes comparten fines, y
la obligación legal de acatar las decisiones judiciales y plegarse ante una realidad, el proceso de deslegalización, que ha puesto un formidable e inesperado obstáculo colocado por los demócratas en la senda independentista
diseñada en Estella.

Las declaraciones efectuadas ayer por su líder, Javier Arzallus, juegan en el campo del doble sentido. Si, de un lado, se desmarca de la manifestación convocada para hoy por su partido coaligado, EA, y resalta que Batasuna «no
muestra autonomía de acción» con respecto a Eta, de otro habla de «estado de excepción» por el proceso legal contra el brazo político de Eta y condiciona el acatamiento de la Constitución, aunque ciertamente de una forma mucho más cuidadosa, como si fuese consciente de que sus palabras pueden acabar reflejadas en un auto judicial.

Ni Arzallus ni sus colaboradores se resignan a aceptar públicamente una realidad: el juez Garzón persigue a delincuentes por delitos concretos y contra las pruebas de un sumario, no caben ni declaraciones demagógicas.
Sobre todo cuando es evidente que si alguien sufre un estado de excepción, no son precisamente los nacionalistas sino los ciudadanos que no piensan como ellos y viven, sólo por ello, bajo la mortal amenaza etarra.

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