AGLI

Recortes de Prensa     Domingo 15 Septiembre  2002
El PNV, atrapado
Editorial ABC 15 Septiembre 2002

«El Gobierno vasco ha prevaricado»
Breverías ABC 15 Septiembre 2002

La Ley contra el terrorismo
Luis María ANSON La Razón 15 Septiembre 2002

Estados Unidos, contra Eta
Editorial La Razón 15 Septiembre 2002

Tonto y malo
Alfonso USSÍA ABC 15 Septiembre 2002

Josu Ternera y un tal Blázquez
CARLOS DÁVILA ABC 15 Septiembre 2002

El rubicón del PNV
José María CARRASCAL La Razón 15 Septiembre 2002

!Corromped la Historia!
Jaime Ignacio DEL BURGO La Razón 15 Septiembre 2002

Legitimidad social
Miguel Ángel RODRÍGUEZ La Razón 15 Septiembre 2002

Lucha de banderas
Cartas al Director ABC 15 Septiembre 2002

Pulso en Euskadi
Editorial El País 15 Septiembre 2002

Arzalluz y Batasuna tienen toda la razón
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz 15 Septiembre 2002

Se veía venir

JOSÉ LUIS ZUBIZARRETA / El Correo 15 Septiembre 2002

Ertzaina estupefacto
TEO SANTOS/ERTZAINA El Correo 15 Septiembre 2002

Sé quién eres: tu mujer será pronto viuda
PABLO ORDAZ | Bilbao El País 15 Septiembre 2002

Jiménez de Parga: «El Tribunal Constitucional tiene ante sí el reto de decidir la definitiva configuración de España»
ABC  15 Septiembre 2002

«En las sedes de Batasunase recluta a los etarras»
Inmaculada G. DE MOLINA La Razón 15 Septiembre 2002

Vascuence: la derrota está encantada
Carlos IBÁÑEZ QUINTANA La Razón 15 Septiembre 2002
 

El PNV, atrapado
Editorial ABC 15 Septiembre 2002

PARA evitar cumplir su compromiso de aplicar la legalidad y para no prohibir la manifestación batasuna tachada de ilegal por el juez Garzón, la Consejería de Interior del Gobierno vasco -que la había calificado de «legítima»- optó finalmente por la «racionalidad» (sic) y mantuvo un calculado y ambiguo equilibrio para permitir que cinco mil personas se echaran a la calle en Bilbao contra la ley de Partidos y ordenar a la Ertzaintza que disolviera la manifestación media hora después, lo que provocó graves incidentes. La marcha de ayer, similar a la de la semana pasada, aquella que el juez Garzón calificó como «clara actividad orgánica de la organización terrorista», contó con el beneplácito de alguno de los más locuaces consejeros del Gobierno vasco, entre ellos el de Justicia, Joseba Azkárraga, que la calificó de «defensa de las libertades».

Más allá del hecho concreto de que la Consejería de Interior hiciera equilibrios para «velar por el cumplimiento de la legalidad», el modo en el que el PNV está encarando el proceso de ilegalización de Batasuna responde en su conjunto a una estrategia que consiste en someter las resoluciones judiciales al ámbito de su «racionalidad», que no es otra cosa que aplicar su particular e interesado criterio en lugar de aplicar, sin condiciones, la ley. No lo tiene fácil, porque Batasuna le irá presionando a medida que se le vaya complicando su situación legal y llegará un momento en que el PNV no podrá seguir con ese lenguaje difuso con el que pretende cuidar su imagen, ese rostro amable que necesita para seguir adelante en su proyecto soberanista. La manifestación de ayer pone de relieve hasta qué punto el auto de Garzón está complicando la convivencia entre los nacionalistas. El PNV, por una mera cuestión de estrategia, se mueve en una línea difusa: se ve obligado a preservar la legalidad y cumplir las resoluciones judiciales, pero no puede aplicarse celosamente en ese cumplimiento porque, si lo hace, el agobio de Batasuna sería insoportable.

Sin embargo, esa actitud «contemplativa» está en el origen de los graves altercados con los que se saldó esa manifestación. Es más que probable que la dirección política de la Policía autonómica no haya calculado que una marcha prohibida acaba indefectiblemente en incidentes, que la intervención policial provoca heridos en las dos partes y que las consecuencias de su actitud son más perjudiciales que los supuestos principios que alegan defender. De ahí que lo de ayer en Bilbao más que una victoria de Batasuna -que sigue con una capacidad de movilización más que relativa en comparación con la época anterior al cerco jurídico y político- deba ser interpretado como una nueva manifestación de la inoperancia del Gobierno de Ibarretxe, que lanza a sus agentes con las «inequívocas» consignas de deja, pero evita, impide, pero facilita, no hagáis nada, pero que no pase nada. En esas condiciones, la primera conclusión es que el Gobierno vasco está poniendo a su propia Policía en una situación gravísima, sin instrucciones claras, entre la espada y la pared y, en cierto modo, en plena indefensión. La segunda conclusión, pero no menos importante, es que ese Ejecutivo pretende cumplir la legalidad y, al tiempo, facilitar que Batasuna cumpla con su programa de amenazas y desafíos, que trate de tomar la calle. Se ampara Ibarretxe en que no se puede hacer más, pero es obvio que mientras sus consejeros avalen la «legitimidad» de las concentraciones convocadas en pro de Batasuna, mientras el PNV eleva el tono de su discurso para acoger los votos perdidos de la coalición abertzale, mientras se trate de escenificar lo imposible, el deterioro de su Gobierno, de la convivencia, de la legalidad y de la protección de los derechos de las víctimas es, efectivamente, inevitable.

Sin embargo, el panorama general respecto a ETA no presenta visos tan sombríos como los de ayer en Bilbao. El fiscal general de los Estados Unidos, John Ashcroft, informó al ministro de Justicia, José María Michavila, y al de Interior, Ángel Acebes, de que en breve se tendrán noticias de la colaboración de su país en la lucha contra las redes financieras y logísticas de la banda criminal. La eficacia policial española en la desarticulación de las tramas de Al Qaida en nuestro país, el apoyo a los planes militares de Bush expresados por Aznar -que ayer fueron objeto de una mención explícita por parte del presidente norteamericano en su habitual discurso de los sábados- no pueden ser tomados por causa única de esta actitud norteamericana, porque eso sería tanto como reducir la lucha por la libertad y la defensa de las víctimas en el País Vasco a un mero elemento de un impresionante tablero mundial.

Ahora bien, hasta el 11 de septiembre de 2001, la solidaridad de muchos países con España era una cuestión de mera retórica vacía de consecuencias prácticas. A partir de ese momento, ETA ha empezado a ver cerradas vías de financiación, apoyos en el exterior, puestas en dificultad sus tramas internacionales y a sus desinformados cómplices menos combativos que antaño. Quizá por ello resulte tan anacrónica la actitud del PNV, empeñado en la delirante estrategia de cumplir la legalidad sin enojar a los batasunos, con guiños a un mundo que ha sostenido la violencia con total impunidad y con el objetivo de acaparar no ya los votos sino también el discurso.

«El Gobierno vasco ha prevaricado»
Breverías ABC 15 Septiembre 2002

El presidente del PP del País Vasco, Carlos Iturgaiz, dijo ayer que el Gobierno Vasco «ha permitido a ETA concentrarse en las calles de Bilbao, le ha permitido hacer media manifestación y luego, para cubrir el expediente, les ha interceptado en la mitad del recorrido». En su opinión, el Ejecutivo de Ibarretxe «no ha estado a la altura de las circunstancias». Asimismo, Iturgaiz acusó a las autoridades autonómicas de «obstrucción a la justicia» porque «ha permitido que ETA haga un acto público al final de la manifestación sin disolverles e incluso interviniendo el propio Arnaldo Otegi». Para el dirigente popular, «tiene que haber una responsabilidad de los convocantes porque han ido en contra del auto del juez Baltasar Garzón», pero también la Consejería de Interior ha incurrido en «una prevaricación y una responsabilidad clara», porque «ha permitido que se concentren y se manifiesten estos individuos». Por su parte, el portavoz del PSE, Rodolfo Ares, consideró que la Ertzaintza «había cumplido con su obligación» al impedir que se desarrollara la manifestación. En su opinión, hubo «evidente intencionalidad» por parte de quienes participaron en la marcha al intentar causar conflictos.

La Ley contra el terrorismo
Luis María ANSON La Razón 15 Septiembre 2002
de la Real Academia Española

Resulta alentador que los tres poderes del Estado se hayan alineado sin fisuras contra el terrorismo. El empellón conjunto del ejecutivo, del legislativo y del judicial abre esperanzas en una lucha que será muy larga pero que ha empezado por vez primera a enderezarse.

Lo ocurrido ayer en Bilbao significa algo más que la desarticulación de una manifestación ilegal. Eso es la anécdota. Significa que el ejecutivo regional vasco y su policía autonómica se han alineado con el Estado de Derecho. Esa es la noticia del día. El Gobierno vasco ha obedecido al juez, seguramente con desgarraduras internas de consideración, pero le ha obedecido.

Lo que ayer ocurrió en Bilbao demuestra el músculo político de nuestra democracia y resulta reconfortante para el pueblo español. Se cerraron las sedes de Batasuna y no se movió un alma. Los que auguraban masas de vascos defendiendo los locales erraron el cálculo. Se desarticulan manifestaciones, por otro lado exiguas, y no pasa nada. Naturalmente, que eso no soluciona el fondo del problema. Dije hace unos días que el País Vasco ha sido sometido durante treinta años a una campaña apisonadora de desespañolización, desde el tebeo a la cátedra, pasando por la novela, la radio, la televisión, el cine, el teatro, la ikastola, la Universidad y el cartel callejero. Se necesitarán no menos de veinte o treinta años para españolizar el País Vasco con una campaña de similar envergadura. Lo ocurrido ayer y la deslegalización de Batasuna son fuegos artificiales.

Estados Unidos, contra Eta
Editorial La Razón 15 Septiembre 2002

El terrorismo no es un problema que afecte a un sólo país, ni una región concreta del mapa. El terrorismo es una lacra que atenta contra la seguridad mundial y de ahí que la solidaridad para combatirlo obligue, en justa correspondencia, a cuantos se ven amenazados hoy o pueden estarlo en el futuro. El terror, cualquiera que sea su característica, es detestable y perseguible por mucho ropaje ideológico con el que se le quiera vestir. No hay ninguna idea que justifique el tiro en la nuca. Que España y Estados Unidos hayan encontrado un campo de conexión contra Al Qaeda y Eta es noticia esperanzadora. El fiscal general de Estados Unidos, John Ashcroft, ofreció ayer, en Copenhague, a los ministros españoles de Justicia, José María Michavila y de Interior, Ángel Acebes, mayor cooperación en la lucha contra Eta y prometió resultados concretos en breve plazo. Afirmó que Eta atenta contra todos los valores que su país defiende y, por ello, debe involucrarse en la lucha. El terrorismo que ataca a España es como si lo hiciera contra Estados Unidos.
 
En Copenhague se produjo ayer un movimiento solidario con España por parte de todos los países de la Unión Europea, además de Estados Unidos. Todos las naciones libres y democráticas deben sentirse concernidas en esta batalla y de ahí la reacción tan favorable a España que han podido constatar ambos ministros.

La gran noticia de ayer fue la detención en Pakistán de Ramzi Binalshib, el cerebro que organizó en Alemania los atentados del 11 de septiembre. Bonn pide la extradición basándose en el hecho de que todo se montó en su país.
Los atentados de la Torres Gemelas fueron un error policial en Estados Unidos. Allí se entrenaron los pilotos suicidas y allí secuestraron las aeronaves y por ello no se puede culpar a ningún país de descuido, a pesar de que por España pasaran sin problemas, durante el tiempo de la preparación del acto criminal, algunos miembros de Al Qaeda. Conocida ahora parte de la red, es impensable que de nuevo vuelvan a actuar impunemente en ningún lugar. La reunión de ministros de Justicia e Interior de Dinamarca es un soplo de esperanza. Para España, más por las afirmaciones de Aschroft.

Tonto y malo
Por Alfonso USSÍA ABC 15 Septiembre 2002

Se las dio de pacifista y los marmolillos lo elevaron a la altura del «Ghandi» catalán. Fue senador independiente en el período constituyente y defendió un paquete de enmiendas que producían carcajadas interminables. Mosén Xirinacs era el senador Lluis M. Xirinacs, y se le trataba como el tontito parlamentario. El preámbulo de su Constitución decía: «Los pueblos soberanos de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Euskadi, Galicia, Países Castellanos y Països Catalans, con el propósito de dar un ordenamiento justo y democrático a su vida política conjunta, han acordado la presente Constitución de una Confederación Española». En la Constitución de Xirinacs desaparecían las Fuerzas Armadas, la bandera era la republicana, el idioma español sólo era objeto de atención cultural en «algunos de los Estados confederados» y el Jefe del Estado, un presidente de la República confederal. Con un sólo voto a favor en cada una de sus enmiendas, Xirinacs no consiguió sacar adelante su proyecto. Pero un sector de la prensa, el más proclive al vetusto rojerío, tenía a Xirinacs como ídolo de la resistencia y del pacifismo inmaculado. Afortunadamente desapareció en las siguientes elecciones y de Xirinacs nada más se supo, porque tampoco era cosa de seguir sus pasos. Los tontos no dejan huella, y Xirinacs se esfumó. Pero ha vuelto.

Su retorno ha sido de tonto, pero no tan bondadoso y pacifista. Ha intervenido en uno de los muchos actos que se celebran con motivo de la «Diada» y ha roto en lo que siempre fue, un resentido, un iluminado, un farsante y un miserable. Se declaró con orgullo «amigo de ETA y de Batasuna», de las que manifestó sentirse siempre «a su lado». Y justificó sus simpatías porque «ETA no tortura, y aunque ponga bombas, siempre avisa, como en Hipercor».

Ignoro la reacción de los secuestrados por la ETA que sobrevivieron a la tortura. Si yo fuera Ortega Lara, o Delclaux, o Iglesias Zamora, o un familiar de Diego Prado, por recordar cuatro casos concretos, ya habría visitado al Juez de Guardia o enviado una carta al Fiscal. E ignoro la reacción de los familiares de los mil asesinados por la ETA mediante disparos en la nuca o bombas avisadas o sin avisar, pero no cejaría hasta ver al canalla de Xirinacs ofreciendo sus explicaciones a la Justicia. E ignoro la reacción de los centenares de heridos y mutilados en atentados con explosivos, avisados o sin avisar, que han resignado sus futuros a la limitación física, el dolor anímico y la humillación ante la barbarie, pero si uno de ellos fuera, no dormiría tranquilo hasta saber que el forajido imbécil, el «Ghandi» catalán, el cabrito del mosén, pagaba ante la Ley una tras una sus cínicas palabras y apologías terroristas. Y si fuera uno de los muchos periodistas, comentaristas y opinantes que defendieron y apoyaron a semejante cretino, abandonaría inmediatamente la actividad profesional para dedicarme a la jardinería, que es oficio de penitente amnistía por el contacto con el prodigio de la naturaleza. Pero no lo harán, porque la mala memoria histórica de los españoles se basa, principalmente, en la mala memoria de los que escriben y hablan, y ellos mismos se escudan en el olvido para no verse en la obligación de avergonzarse en público y pedir las excusas precisas a una sociedad que tuvieron engañada.

No es mi caso con el necio malvado de Xirinacs. Ha sucedido que ignoraba su miseria humana, moral y ética. También he errado y pido perdón. Creía que sólo era tonto, un tonto más, un memo local. No intuí que detrás de esa necedad existiera tanto resentimiento y tan desmesurada vileza.

Josu Ternera y un tal Blázquez
CARLOS DÁVILA ABC 15 Septiembre 2002

En cualquier país del mundo democrático sería un escándalo que un asesino detentara un escaño en un Parlamento. En el País Vasco, no. Ya se han oído algunas voces nacionalistas defendiendo la permanencia de uno de los más conspicuos y feroces criminales de ETA en la Cámara de Vitoria. Hablamos de Josu Ternera. No podemos plantearnos aquí el socorrido: ¿De quién si no?, porque al lado de este sanguinario que ordenó sin pestañear la hecatombe de Zaragoza se sientan otros sujetos un poco, sólo poco, menos repugnantes que él. Pues bien; ya se ha dicho desde el PNV nada menos, o lo que es lo mismo desde sus medios de información, que la presencia de Josu Ternera es un signo de recuperación democrática. Solo oír o leer tal comentario escuece los oídos y los ojos.

Claro está que desde un periódico que se permite ofrecer una lista de enemigos del pueblo vasco, del nacionalismo, que para ellos es lo mismo, ¿qué se puede esperar?. Un tal Blázquez, este sí que es un tal Blázquez, se ha permitido la vileza de relacionar una serie de apellidos de políticos y periodistas que fomentan -escribe el miserable- el odio contra todo lo vasco. Cosa así ya hizo en otro momento el responsable de Comunicación del PNV y, ¡oh casualidad!, todos los citados, todos, o han tenido noticias directas de ETA o están acompañados por escoltas que protegen sus vidas. El simplón argumento de Xabier Arzalluz: «unos mueven el árbol y otros recogemos las nueces», puede sustirtuirse aquí por otro más comprometido, más peligroso: «Unos apuntan y otros disparan».

Unos son de la mayoría política que dejan manifestarse a los conmilitones de la banda terrorista, y otros de la mayoría social que, según el portavoz del Gobierno Vasco, tiene legitimidad para alterar nada menos que una orden judicial.

Estas tres notas: el escaño parlamentario de un asesino, la denuncia letal contra los opositores, y la negativa a cumplir una resolución judicial, son ejemplos de la enfermedad de una sociedad nacionalista que únicamente es eso: nacionalista porque no tiene nada de democrática. Como alguien de los políticos o periodistas relacionados por Ramón Blázquez, en «Deia», sufra cualquier contratiempo relacionados con el terrorismo, ¿será mucho decir que este individuos es agente de ETA?.

El rubicón del PNV
José María CARRASCAL La Razón 15 Septiembre 2002

Por algo el PNV ha hecho todo lo posible para impedir que la Ley de Partidos Políticos y los autos del juez Garzón se convirtieran en realidad. Nadie mejor que él sabía que si Batasuna iba a ir de cabeza a la ilegalidad, ellos iban a quedar entre la espada y la pared, entre la obediencia a la ley o su violación, entre los demócratas y los totalitarios. Y ésa es la alternativa que siempre más ha temido el nacionalismo moderado, porque le obliga a elegir entre sus hijos descarriados, esos chicos que amenazan, extorsionan y matan, y el Estado de Derecho. De ahí lo que le cuesta reaccionar, de la vueltas que dan antes de hacer nada. Pero en la vida de los partidos, como en la de los hombres, siempre hay un Rubicón, siempre hay un momento en que no queda otro remedio que cruzar una línea o pararse ante ella. Al PNV le llega ese momento.

El nacionalismo moderado vasco tiene ante sí la ocasión de oro de demostrar que su opción política nada tiene que ver con la violencia, la amenaza, la extorsión y el crimen que asolan Euskadi. Que ellos no confunden fines y medios, ley y desafuero, justicia con injusticia. La ocasión se le brindó la nueva Ley de Partidos Políticos y los últimos autos del juez Garzón. El pueblo español, a través de su Congreso, ha decidido deslegalizar Batasuna por considerarla el apéndice de una banda criminal. Garzón, apoyado en pruebas que considera contundentes, trata de llevarlo a la práctica. ¿Qué han hecho el PNV y su hermano menor, EA, ante ello? De entrada, lo aceptaron como buenos demócratas, pese a no gustarles. Pero pronto, el torcer el gesto ante las nuevas medidas se convirtió en posponerlas y cuestionarlas. Visto que la primera reacción del pueblo vasco a la ilegalización de Batasuna no era tan estruendosa como se anunciaba, se toleró una manifestación de protesta, aprovechando la multitud congregada por una regata de traineras, y ayer se permitió de entrada otra expresamente por el juez. Pero luego, visto lo que eso significaba, se dio orden a la Ertzaintza de detenerla. Es el sí, pero no; el estoy con vosotros, pero no puedo; mi corazón me pide una cosa y mi cabeza me ordena otra. El eterno juego de ambigüedades en que está metido el PNV. ¿Qué va a imponerse, el miedo a que el ala radical del nacionalismo quede acallada por el peso de la ley o el temor a ser acusados de estar en connivencia con los violentos, con los que incendian, amenazan, extorsionan? Ésta no es la prueba de fuego de Batasuna. Es la del PNV.

El gobierno y los jueces de la nación tendrán que seguir muy atentos el desarrollo de los acontecimientos en el País Vasco para que la ley no se viole por acción u omisión. Es lo que hemos adelantado, pues hasta ahora venía violándose por ambas vías, con los que presumían de demócratas y moderados aprovechándose de ello. Ahora tienen que demostrarlo.

!Corromped la Historia!
Jaime Ignacio DEL BURGO Diputado de UPN La Razón 15 Septiembre 2002

He leído que cuando Mao Tse Tung se preparaba para asaltar el poder en China dijo a los suyos: «¿Corromped la historia!». Sabino Arana no pronunció nunca una frase semejante ni fue el inspirador de Mao. Pero sí fue un notable falsario de la Historia. Lo peor es que sentó cátedra y los doctrinarios del nacionalismo moderno siguen a pie juntillas su mal ejemplo. Viene esto a cuento de la reciente ocurrencia del Ayuntamiento de Fuenterrabía de erigir un monumento al rey Sancho III el Mayor como «rey del Estado vasco, Reino de Navarra», a propuesta, entre otras entidades, de la autodenominada Asamblea Nacional de Municipios Vascos, «primera institución nacional de Euskal Herria», según sus mentores, aunque de ella no formen parte la mayoría de municipios navarros y de los territorios vascos de Francia, ni algunos de los más importantes Ayuntamientos de la comunidad vasca.

Sancho el Mayor, rey de Pamplona, pudo ser llamado «Hispaniarum rex» por haber extendido sus dominios o autoridad a la casi totalidad de la España cristiana. Pero nada de eso importa a los nacionalistas. Lo único determinante es que bajo su reinado todos los territorios llamados a formar parte de la ensoñada Euskal Herria estuvieron sujetos a la autoridad del mismo rey. Omiten añadir, claro es, que en esta circunstancia se encontraba el resto de la cristiandad española. Y que parte de la actual Navarra nunca estuvo bajo la autoridad del rey de Pamplona, por ser árabe.

Hablar de un «Estado vasco», titulado «Reino de Navarra», con inclusión de las Provincias Vascongadas, es un desatino histórico. Hasta el reinado de Sancho VI el Sabio, un siglo más tarde, no comenzaría a utilizarse la expresión «rey de Navarra». Para desesperación de los nacionalistas, a los reyes navarros tampoco se les ocurrió denominarse «reyes de Vasconia». Las Provincias Vascongadas nunca formaron parte integrante del territorio pamplonés o navarro. Además, Álava y Guipúzcoa, en cuanto tuvieron uso de razón política (albores del siglo XIII), optaron por acogerse a la autoridad castellana. Por su parte, el Señorío de Vizcaya estuvo desde su fundación en la órbita asturiana, y tras unos años de vasallaje a Navarra, se inclinó también por Castilla, incorporandose a su Corona en 1379, cuando don Juan I heredó el Señorío. Desde el nacimiento del reino pamplonés (siglo IX) hasta la incorporación de Navarra a la Monarquía española (siglo XVI) la sujeción de los territorios vascongados a la autoridad navarra en la Edad Media fue la siguiente: Álava 79 años, Guipúzcoa 84 y Vizcaya 58. En cuanto a los territorios franceses de Labourd y Zuberoa, también reivindicados como Euskal Herria, junto a la Baja Navarra, es erróneo afirmar que pertenecieran a Sancho el Mayor, pues sólo durante una parte de su reinado éste consiguió el vasallaje de Gascuña.

En suma, hablar de un «Estado vasco» denominado «Reino de Navarra» en tiempos de Sancho el Mayor carece de rigor histórico. Pero no importa. Los nuevos falsarios de la Historia no tienen pudor. Saben que nunca Navarra mantuvo instituciones comunes con las Vascongadas. Por eso, quieren inventarse la existencia de un Estado vasco que si hoy no existe es porque fue mutilado a sangre y fuego por los castellanos al separar Álava, Guipúzcoa y Vizcaya del tronco navarro, y que no cejaron hasta lograr también por la fuerza que el trozo superviviente ¬la actual Navarra¬ fuera sometida a Castilla. Y si ya somos un Estado y una etnia diferenciada, nos ampara el derecho a la autodeterminación para recuperar la perdida estatalidad. Esa es la teoría. Ridícula, antihistórica, falsa. Pero en su nombre, algunos se creen con derecho a matar. Y eso es lo que convierte en tragedia una burda farsa.

El sueño independentista de los nacionalistas se alimenta, asimismo, con la esperanza de doblegar la voluntad de Navarra. Arzallus, en la transición, amenazó con llevar «la guerra política» al viejo Reino hasta conseguir su integración en Euskadi. Fracasó. No hace mucho los nacionalistas convinieron en rebautizar la proyectada nación vasca con la denominación de Euskal Herria (tierra eusquérica o, según el Estatuto, «pueblo vasco»), por entender que podría ser más fácilmente digerida por el pueblo navarro. También se equivocaron. Ahora usurpan el nombre de Navarra para dar vida a un fantasmagórico Estado surgido de la nebulosa de la Historia.

Para los nuevos falsarios de la Historia todo vale, incluso profanar la memoria de este gran rey de vocación española y europea que fue Sancho III el Mayor. Por curiosa paradoja ¬otra vez la perfidia castellana¬, el primer rey de Euskal Herria fue enterrado en el monasterio burgalés de Oña, territorio maqueto, por el que el monarca tuvo una especial predilección. Qué se le va a hacer.

Legitimidad social
Miguel Ángel RODRÍGUEZ La Razón 15 Septiembre 2002

El Gobierno vasco no está preparado para ser gobierno. Se han convertido en justicieros que deciden qué hacer cada día dependiendo del humor con el que se levanten por la mañana: «hoy quiero todas las competencias, mañana no las quiero; hoy dejo a estos que se manifiesten, mañana no me apetece».

Ahora dicen que no están dispuestos a hacer cumplir las leyes si consideran que una ilegalidad tiene «legitimidad social». Rizan el rizo con sus argumentos, cada vez más peregrinos.

Si estuviéramos empadronados en el País vasco, ya sabríamos qué hacer: no les pagaríamos impuestos. Eso sí que goza de los aplausos de la gente. Si fuera por la legitimidad social ¿para qué tendríamos leyes?

Aunque no lo quieran entender, podemos convivir en sociedad porque hay normas que nos delimitan qué hacer de lo que está prohibido. Si no fuera así, viviríamos en la selva.

El PNV ha hecho del País vasco una selva insufrible donde sólo pueden vivir aquellos que miran para otro lado.
La arbitrariedad no es permisible, y mucho menos en Democracia ¿Por qué goza de legitimidad social lo que haga Eta? ¿Porque lo decide el lehendakari? ¿Porque le apetece? Ya no son tiempos en que los ciudadanos vivan de lo que le gusta o disgusta al gobernante. Eso no es Democracia. Eso pasaba en la Edad Media, que es donde están instalados estos del PNV. Si fuera por legitimidad social, mañana el Gobierno le quitaba las competencias en Seguridad al País vasco y millones de gentes lo aplaudirían. Pero eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque es ilegal, y en España todos, hasta los del Gobierno vasco, debemos cumplir las leyes. Es el único modo de convivir.

Lucha de banderas
Cartas al Director ABC 15 Septiembre 2002

En agosto, toda la prensa se hacía eco de la polémica suscitada por la presencia de la ikurriña en Ayuntamientos navarros y la ausencia de la enseña nacional. Sabido es que los hechos denunciados son habituales también en el País Vasco, pero lo que ya no es tan normal es que ocurra en Barcelona, con gobierno del PSC-PSOE.

El día 13 de septiembre, y en contra de lo que prescribe la ley 39/1981, en el balcón de la concejalía del distrito de Gracia de Barcelona, ondeaba una bandera azul con una flores en el centro (supongo que debe ser la bandera de la antigua Villa de Gracia), y en el mástil superior del edificio una única bandera, la de Cataluña. A pesar de ser un edificio representativo del Ayuntamiento de Barcelona, no ondeaba la bandera de la ciudad, ni mucho menos la de España.

He intentado denunciar el hecho, sin éxito, a los guardias urbanos del edificio, que me han indicado que eso era cosa de los políticos y que no podían admitir mi denuncia. Posteriormente, la Guardia Urbana de Gracia me ha indicado que debería denunciarlo a la Policía Nacional, y en el 091 tampoco han admitido mi denuncia. Si un Ayuntamiento se niega a cumplir con las leyes emanadas del Parlamento, supongo que ello nos libera a los demás ciudadanos de cumplir las ordenanzas municipales de la ciudad.   Juan Antonio Hernández.    Barcelona.

Pulso en Euskadi
Editorial El País 15 Septiembre 2002

La policía vasca cargó ayer en Bilbao contra la manifestación que la Consejería de Interior había autorizado en principio, y que el juez Garzón había declarado ilegal; más tarde, la Ertzaintza negoció con dirigentes de Batasuna un acuerdo por el que se autorizaba adelantar el acto político previsto para el final de la marcha a cambio de dar ésta por finalizada. Los incidentes fueron graves, y numerosa la participación. Su desenlace refleja la situación confusa creada por las actitudes poco claras del Gobierno vasco, pero también las dificultades objetivas de la aplicación del auto de Garzón. Y refleja, sobre todo, el dilema al que se enfrenta el nacionalismo democrático vasco, empujado por el violento hacia la ruptura con la legalidad.

El consejero vasco de Interior había justificado la tolerancia con que actuó la Ertzaintza el pasado domingo en San Sebastián por la excepcionalidad del día -regatas, mucha gente en las calles- y por el deseo de evitar 'males mayores'. En principio, es a los profesionales de la policía a quienes corresponde apreciar los riesgos de una determinada actuación, por lo que puede aceptarse el criterio seguido, siempre que se considere excepcional. Sin embargo, las posteriores justificaciones de la propia consejería y, sobre todo, del lehendakari crearon una confusión considerable. El criterio de condicionar la aplicación de la ley al de no provocar crispación (se supone que en los simpatizantes de Batasuna) o al de evitar 'rompernos la cara' (se entiende: entre nacionalistas) es no ya predemocrático, sino prepolítico: los gobernantes tienen la obligación de defender la legalidad, si es preciso mediante la fuerza legítima.

También hay una cierta confusión respecto a quién es competente para considerar delictiva una manifestación. Si es convocada por Batasuna, o sucedáneos, entra en el ámbito del juez instructor, y a él le corresponde declararla ilegal. Pero puede haber situaciones en las que la ilegalidad no dependa de los convocantes, sino de la razonable previsión de que los asistentes van a alterar el orden público, causar destrozos o incurrir en apología del terrorismo. En este caso, la decisión corresponde a las autoridades, con posible recurso al juez. Conviene deslindar claramente ambos supuestos para evitar situaciones como la que ha precedido a la marcha de ayer, en la que no se sabía si el Gobierno vasco la prohibía o no.

Pero hay otros factores más determinantes. Desde la suspensión cautelar de Batasuna, ETA ha intentado asesinar a una patrulla de la Ertzaintza en Bilbao y a no se sabe cuántas personas más en Zierbana. Aunque el azar lo haya evitado, está claro que, si de ETA dependiera, la actual discusión sobre la eventual ilegalización de Batasuna o sobre la prohibición de manifestaciones se estaría produciendo entre funerales.

Los diputados de Batasuna votaron el viernes contra la presentación por el Parlamento vasco de un recurso contra la ley que permitiría su propia ilegalización. En la propuesta se incluía, a petición de Izquierda Unida, la exigencia a ETA de que abandonase la violencia. Al oponerse a una iniciativa en su favor, Batasuna actuaba más en la línea de brazo político de ETA que nunca: se limitaba a aplicar la doctrina expresada por la banda en el comunicado en que se hacía responsable del atentado de Santa Pola: 'El asunto', advertía el escrito, 'no es cuándo se va a aplicar [la ley] o con qué inteligencia va a responder la izquierda aberzale, sino la respuesta que es preciso dar en Euskal Herria para dejar sin fuerza esa situación injusta y opresora'. Para ETA no se trata de defender la legitimidad de un partido, sino la de la lucha armada; o, al menos, la de un partido que acepta la legitimidad de la lucha armada; de imponer esa legitimidad por vía de hecho, ignorando la ley.

Otegi exigió a los nacionalistas 'insumisión' frente a la ley española, tras acusarles de ser quienes 'aplican el estado de excepción'. Es una referencia a la expresión utilizada por Arzalluz el día 6 para definir la situación creada por la suspensión de Batasuna. Un día después, un colectivo de decenas de personas, relacionadas en su mayoría con el mundo de la izquierda aberzale, convocaba la manifestación de ayer en protesta por el 'estado de excepción encubierto'. El día 9 Otegi ya había recordado al PNV que el soberanismo exige 'poner en riesgo' la autonomía de Euskadi, repitiendo la idea adelantada poco antes por el sindicato nacionalista ELA: 'Un proceso soberanista no puede avanzar sin confrontar con el Estado y asumir, por tanto, la pérdida del estatus institucional'.

El nacionalismo vasco democrático está siendo empujado a romper con las instituciones y la legalidad. La actuación de ayer de la Ertzaintza indica que el Gobierno vasco se resiste a ello, asumiendo riesgos. Éstos serían menores si el discurso de los dirigentes nacionalistas fuera coherente con esa defensa de la legalidad.

Arzalluz y Batasuna tienen toda la razón
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz 15 Septiembre 2002

ARZALLUZ LO DIJO hace ya varias semanas: «En el País Vasco se ha implantado un estado de excepción». Desde Batasuna no se cansan de repetirlo en estos días: «Los vascos vivimos bajo un estado de excepción». Tienen razón.

Pues, ¿qué es eso de un estado de excepción? Verán ustedes: es aquella situación que se da en un territorio cuando toda la población (o una parte de la misma) se ve privada de sus libertades y derechos, cuyo ejercicio deja de estar garantizado por la ley y pasa a depender de la voluntad de quien decreta el estado de excepción.

Existe así, por ejemplo, un estado de excepción cuando el derecho a la vida no es un derecho del que todos gozan por igual, sino sólo un privilegio que beneficia a los amigos personales y políticos de quienes, sin acusación, ni juicio, ni derecho a la defensa, ni sentencia, ni posibilidad alguna de recurso, acusan, juzgan, condenan y ejecutan según su voluntad a los que, por su cuenta, declaran enemigos del país.

Existe, también un estado de excepción cuando las libertades de expresión y asociación, o el derecho a la propiedad o a la integridad han sido arrasados por los que tienen el poder de decidir, de forma secreta e inapelable, quien puede hablar y asociarse y quien no puede; quien tiene su propiedad asegurada y quien en manos de los que manejan las bombas incendiarias; quien puede andar libre por las calles y quien ser secuestrado a punta de pistola; y quien, en suma puede vivir o corre el riesgo cierto e inminente de morir, según se someta a la autoridad competente (por supuesto militar) o se rebele contra ella.

Y existe, en fin, un estado de excepción cuando las elecciones dejan de ser una competición igualitaria de todos contra todos, según reglas civilizadas acordadas de antemano, y pasan a ser una lucha completamente desigual entre quienes van a pecho descubierto y quienes se agazapan tras lo que, por controlar vidas y haciendas, están en disposición de castigar con la pérdida irreparable de unas y de otras, a todos los que se atrevan a desafiar el inmenso poder que otorgan la goma-dos y las pistolas.

Por tanto, es cierto, sí, Arzalluz y Otegui tienen toda la razón: en el País Vasco existe un estado de excepción. ¡Vaya que si es cierto! El error de estos dos sagaces patriotas es un error sólo de fechas: según todos los indicios ese estado lleva vigente treinta años, los mismos que lleva ETA asesinando. Según ellos apenas unos días, los mismos que han transcurrido desde que con las leyes en la mano se ha pretendido poner coto a la ignominia de que una democracia conviva con un estado de excepción decretado por una banda terrorista.

Se veía venir
JOSÉ LUIS ZUBIZARRETA / El Correo 15 Septiembre 2002

El verano da para mucho. Uno cavila y, a veces, hasta desvaría. Pues bien, después de darle muchas vueltas, no acabo de ver a qué viene tanto escándalo. No lo digo por lo de Garzón. Eso es otra cosa. Me refiero a lo de la Ley de Partidos. Era claro que algo de eso tenía que ocurrir. Su insolencia se había hecho inaguantable. No es que se rieran del sistema. Es que se reían de los propios muertos. Ni un gesto de piedad. Para mí que esto ha sido lo que más ha pesado en la decisión. El factor humano. Podrá no tener mucha consistencia jurídica, pero explica mejor que cualquier otra cosa lo que ha ocurrido. Uno puede estar o no de acuerdo con ello, pero, desde luego, no es como para llamarse a escándalo.

Además, ni a ellos mismos ha debido de sorprenderles demasiado. Al menos, ahora, una vez que ya está hecho. Antes, no. Antes, por supuesto que no se lo esperaban. Habían llegado a pensar que el aguante de esta gente, los españolistas , no tendría límites. Creían que, si de hecho aguantaban, no era por dignidad ni por convicciones democráticas. Pensaban que aguantaban sencillamente por miedo, que no harían nada por temor a una reacción desaforada, que nunca se meterían con ellos. No, al menos, hasta este extremo. Contaban con su miedo. Nunca se atreverán con nosotros , pensaban. Una desvergüenza. ¡El miedo de las víctimas convertido en escudo de la propia impunidad! Pero ahora, visto lo ocurrido, estoy seguro de que, al menos en su fuero interno, hasta ellos reconocerán que se habían pasado, que la situación no podía sostenerse por más tiempo. Todo el mundo tiene su punto de orgullo, su dignidad, y a esta gente se los habían arrastrado por el suelo. Y eso, al final, pesa más que todas las teorías juntas. Seguro que hasta ellos lo entienden ahora, a posteriori, por así decirlo.

Por eso, incluso llego a pensar que no sólo no les ha cogido por sorpresa, sino que hasta se lo han buscado. Quiero decir que es lo que ellos mismos querían. O, si no ellos, al menos ETA. A ETA siempre le ha venido bien el enfrentamiento directo con el Estado, sin intermediarios. Estos de aquí, los que hacen política, siempre le han resultado incómodos. Le hacían una labor, pero también le causaban problemas. Así que ahora, llegados al punto en que se encontraban, sin margen de maniobra alguno para la acción política, se le habían convertido en un estorbo. Con el Pacto Antiterrorista de los partidos estatales, la parálisis del nacionalismo después de la ruptura de la tregua y el acoso internacional tras el 11 de septiembre, la acción política ya no le aportaba nada. Todo lo contrario. Una vez que había empezado la imparable sangría de votos de las últimas autonómicas y con gente como Aralar que se le escapaba desde dentro, la política no era sino la demostración más palpable de la debilidad de todo el entramado. Mejor prescindir de ella y volver al viejo esquema, a los tiempos en que ETA se enfrentaba cuerpo a cuerpo, en solitario, con el Estado. Por eso digo que la nueva situación, si no directamente querida por ETA, tampoco le resulta del todo inconveniente. La fase de intervención política estaba ya agotada.

De hecho, y bien mirado, es el Estado el que tendrá que reacomodarse a la nueva estrategia. Porque es a él al que se le han roto los esquemas. Hasta hace poco, el Estado siempre había contado con el brazo político de la organización armada. Era como la última esperanza de integrar, por persona interpuesta, a todo el entramado. En eso consistía el Pacto de Ajuria-Enea: en que los políticos convencieran a los militares de la inutilidad de toda esta guerra. De ahí que se noten ahora tantas resistencias en el campo democrático. Algunos se aferran todavía a los viejos esquemas del Pacto. Sobre todo, el nacionalismo, que ya intentó aplicarlos, más allá de lo razonable, cuando la Declaración de Lizarra. Fue como la última intentona, a la desesperada, de arrinconar las armas por la vía política. Pero fracasó. En parte, sin duda, porque los partidos estatales no podían tolerarlo, pero fue, sobre todo, ETA la que no vio que allí tenía la última oportunidad de zafarse dignamente de todo este asunto. Y su brazo político no fue capaz siquiera de abrirle los ojos.

Porque se venía venir. La ruptura de la tregua fue la gota que colmó el vaso. Es verdad que ya antes, desde que los populares se hicieron con el Gobierno y comenzaron a poner en práctica sus nuevas ideas, se veía que el esquema de Ajuria-Enea no funcionaría. Se intuía ya que los políticos no estaban por la labor de convencer de nada a los militares. Todo lo contrario. Siempre que llegaba la hora de la verdad, se escaqueaban. Nunca querían asumir su responsabilidad. El auténtico sujeto político de todo el entramado era ETA, y a ETA se remitían siempre que se trataba de hablar o de negociar. Había ocurrido en Argel y ocurría cada vez que se presentaba una nueva ocasión. Los políticos sabían cuál era la labor que tenían asignada: la de servir de cobertura y arrope. A la hora de la verdad, sólo los militares contaban. Pero todo se aclaró aún más, definitivamente, con lo de la tregua. ETA dejó claro, comunicado tras comunicado, que la declaración conjunta del 12 de septiembre de 1998, la que firmaron en Lizarra partidos, sindicatos y organizaciones sociales, sólo tenía valor de representación teatral para la galería. La tregua real, la de verdad, se había fraguado y decidido en conversaciones previas y secretas con ETA, sin intervención alguna del brazo político. Así que, cuando la tregua se rompió, todo el mundo pudo darse cuenta de que los esquemas de Ajuria-Enea no tenían futuro. El brazo político se había demostrado absolutamente incapaz de propiciar la paz mediante la integración del entramado en el sistema. Era perfectamente inútil, prescindible.

Y así ha ocurrido lo que ha ocurrido. Es como si el Estado se hubiera decidido a asumir el planteamiento de ETA: el cuerpo a cuerpo directo, sin intermediarios, sin segundos. En el fondo, las cosas se clarifican. ETA queda sin cobertura política, y su conflicto, despolitizado. Estado de Derecho frente a terrorismo puro y duro. Se acabó el disimulo. Durante mucho tiempo, todo ese follaje seudopolítico se había tolerado con la esperanza de que sirviera de mecanismo de desactivación de la violencia. Ellos mismos se han encargado de demostrar que no estaban por la labor. No han querido sacarle al Estado las castañas del fuego frente a ETA, pero tampoco han sabido sacárselas a ETA frente al Estado. Y ahora éste pone sobre la mesa de los jueces los trapos sucios que, por la paz, se habían disimulado durante años.

Se crea así una situación nueva, y toca reacomodarse. Algunos lo vienen haciendo desde hace tiempo. Otros han comenzado más tarde, pero están quemando etapas. No les resulta costoso. Nada había que los ligara a ese mundo, ni por ideología ni por sentimientos. Todo son ventajas para ellos en el nuevo esquema. Queda el nacionalismo. Es quien más pelos teme dejar en la gatera. Y, sin embargo, bien mirado, también él podría aprovecharse. Despojada la violencia de todo ropaje político, expuesta ante todos en su desnudez de puro y duro terrorismo, el nacionalismo democrático queda como único exponente del auténtico conflicto político. Es una coyuntura de la que podría salir beneficiado si acertara a gestionarla con realismo.

En cualquier caso, y volviendo a lo que iba, ha ocurrido lo que tenía que ocurrir. Teníamos que haberlo previsto. La situación se había hecho inaguantable. Su insolencia desafiante, por el lado humano, y su absoluta inutilidad, por el político, han hecho que salga a la luz todo lo que durante años se había mantenido tapado. Los jueces dirán qué consistencia jurídica tiene todo ello. Pero, miradas las cosas con la perspectiva de los veinticinco años pasados, resulta entendible que no se haya querido prolongar por más tiempo el disimulo. Cualquier escándalo sería, por eso, farisaico. En fin, como decía, cavilaciones de verano. Quizás incluso, lo admito, desvaríos propios del síndrome posvacacional.

Ertzaina estupefacto
TEO SANTOS/ERTZAINA El Correo 15 Septiembre 2002

Hablar o no hablar? Dicen unos que es mejor que quienes trabajamos en la Ertzaintza callemos. Por distintos motivos. Parece que cualquier comentario actualmente recibe un tratamiento faccioso, según los intereses de cada partido y sin que se aprecie un ánimo por reconducir el enfrentamiento. También hay quien asegura que el silencio es bueno para evitar una mayor crispación. Hasta existe quien piensa que es mejor que sólo se hable desde las instituciones y que, enmudecidos, es posible que ETA se fije menos en nosotros.

Ante todo ello reivindico la palabra. Porque los hechos que se suceden en el País Vasco tienen también que ver con la función pública de la Ertzaintza. Porque, como dijo José Ortega y Gasset: «La cosa más etérea del mundo, que es la claridad, tiene mayor poder que el puño más fuerte». Hablar razonablemente es la decisión más juiciosa ante tanto asombro de la Policía vasca.

Es una situación de ertzaina estupefacto, atónito ante la parsimonia mostrada por el Gobierno vasco en el cierre judicial de los locales de Batasuna. Cuestión distinta es la opinión que cada cual tengamos sobre la decisión del juez instructor, pero las aclaraciones solicitadas reiteradas veces sobre el auto ejecutor, su aplicación restrictiva (con numerosas sedes aún abiertas), las medidas cautelosas en la intervención policial autonómica, carecen de cualquier otro precedente. Tal vez se asemeje a cuanto sucedió en la detención de la Mesa Nacional de Herri Batasuna, cuyos miembros fueron tratados con una delicadeza que ningún otro detenido tuvo. Claro que nada de esto sirvió, ni sirve, para evitar la demonización de la Ertzaintza por la izquierda abertzale y los consiguientes atentados de ETA.

En la Ertzaintza estamos pasmados, algo ilógico en una policía, aunque pudiera parecer lo contrario. Nos avisan el día 22 de agosto de que ETA puede atentar contra nosotros de forma inminente, según un análisis policial del 14 del mismo mes, que recomendaba tramitarse ¡urgentemente! Un escrito que se envía a las unidades sólo después de las amenazas del señor Otegi del día 19 de agosto, y sin mencionarlas. Luego vino el atentado frustrado de Zamakola, del 31, sin que todavía el Departamento de Interior haya informado internamente al colectivo policial de nada sobre el mismo. A eso se le llama autoprotección.

Mientras tanto hemos conocido las convicciones del director de Policía de lo Criminal, señor Ormaetxe. Un responsable político, eventual en esto de la policía, que viene a decir que no cree en la efectividad de las actuales actividades que la Ertzaintza tiene que desarrollar y por las que las y los ertzainas nos jugamos la vida, literalmente. Algo parecido a lo que dijo en su día el señor Martiarena, entonces viceconsejero de Seguridad, y ni él dimitió, ni nadie lo destituyó. Ahora se apunta la repetición y se constata la falta de convicción en las funciones policiales por parte de las autoridades nacionalistas. Me pregunto, como ertzaina, y es cuestión compartida por más agentes, por qué arriesgarnos si tan mal está lo que hacemos, según nuestros jefes.

Nos sorprende que nuestro lehendakari entienda el respeto a la ley como motivo de crispación social. Más pudiera ser que la manifestación del pasado domingo en Donostia, en pro de Batasuna, con una convocatoria coincidente en hora y lugar con el espectáculo deportivo festivo de las traineras, sea el origen real de la convulsión. Acto ilegal que podría haberse impedido antes de su inicio, con un despliegue disuasorio adecuado, como policías democráticas de nuestro entorno han demostrado múltiples veces y en la Ertzaintza también se sabe hacer. Luego, cuando se permitió el inicio de la marcha, alegar que su represión habría causado más problemas puede entenderse como una trampa. La tramitación posterior de un atestado sobre el incidente es repetir las tácticas dilatorias y delegatorias que ya practicaron el señor Atutxa y su equipo, con el resultado de persistencia de la violencia que todos padecemos.

Cunde la impresión entre ertzainas de que somos los tontos de la película. Unos, desde la izquierda abertzale, nos señalan como chivos expiatorios de sus propias frustraciones. Otros abertzales parecen decididos a dejarnos a los pies de los caballos terroristas. Tal vez porque mientras nos den a nosotros, no les darán a ellos, es cuestión de tiempo. En definitiva, tenemos la sensación de ser moneda de cambio, colchón y prueba de intenciones entre patriotas. Una situación que puede llegar a ser estupefaciente, pero quien se aletarga en tiempo de zozobra perece.

No estamos en la Euskadi virtual, que ahora nos asemejan a Johanesburgo como referente de concordia (¡). En discreto lugar han puesto los medios abertzales al alcalde republicano de Belfast, situado entre la bandera irlandesa y la británica. Juegos de palabras y elucubraciones, imaginaciones que dificultan una intervención adecuada. De nuevo don José: «El engaño es el hueco de la acción ausente». Y no estamos para pasmos, sino para activar toda la fuerza de las instituciones en la pretensión de acabar con el terrorismo. Luego, en libertad, cada cual defenderá sus legítimas ideas, recordando -¡Oh, Ortega!- que «mi vivir es convivir».

"Sé quién eres: tu mujer será pronto viuda"
Los manifestantes insultaron, escupieron y amenazaron de muerte a los agentes de la policía autonómica vasca
PABLO ORDAZ | Bilbao El País 15 Septiembre 2002

Una señora mayor de ojos claros y mirada muy dulce se acerca sonriendo a un policía vestido de negro. 'Da igual que vayas con la cara tapada', le dice serenamente, 'sé quién eres y dónde vives. Da por seguro que tu mujer será muy pronto tu viuda'. El agente no contesta. La mujer se le acerca aún más, susurra algo en su oído y luego se va. El joven, un agente antidisturbios de la Ertzaintza, se gira entonces hacia la izquierda, busca la mirada de su compañero y le guiña un ojo. El reloj de la plaza de Zabalburu acaba de dar las seis de la tarde.

Se oyen aplausos, gritos a favor de la independencia y el ruido de los helicópteros que sobrevuelan la zona. La manifestación de protesta por la ilegalización de Batasuna acaba de arrancar de la plaza de Aita Donostia y baja por la calle de Autonomía. Hay gente en las aceras y abarrotando los bares. Están, inconfundibles por su pinta, los jóvenes de las greñas, el chándal y los aros en la oreja que de vez en cuando salen por televisión destrozando cabinas telefónicas, quemando autobuses o cajeros automáticos. Son muchos, pero no la mayoría. La mayoría es gente aparentemente normal. Una muchacha de unos 20 años se acerca a un hombre maduro, pelo cano y camiseta gris, y le dice bajito: 'Perdona que te haya colgado el teléfono esta mañana. Es que mi padre entró en la habitación y no quería que me oyese hablar contigo. No me dio tiempo de decirte que te echo mucho de menos'. Más adelante, una mujer casi le grita a un chaval: 'No me digas que tú eres el hijo de la Francis. Míralo. Pero qué grande estás'.

Los que están en las aceras aplauden y se incorporan a la marcha. De algunos balcones cuelgan banderas a favor de los presos y unos jóvenes de la organización reparten por miles unas insignias no vistas hasta ahora, una especie de cuadrado rojo con una franja horizontal y negra en la base. Se parecen a los cuadros de Rothko. '¿Qué es esto?', le pregunta un señor a uno de los jóvenes que las reparten. 'No sé', contesta, 'a mí me han dicho que las reparta y punto'. Otro aclara que se trata del nuevo logotipo de Batasuna. 'O del partido que lo sustituya', añade después. Nada sucede, salvo algún que otro insulto sin consecuencias a los periodistas, hasta que la gigantesca ikurriña que abre la manifestación llega a la plaza de Zabalburu. Allí está la Ertzaintza. Todo se ha organizado de tal forma que los jefes de Batasuna, con Arnaldo Otegi a la cabeza, queden muy lejos del principio. Lejos de las fotografías y también de los pelotazos de la policía vasca. Los agentes se han hecho fuertes en una especie de círculo, protegiéndose unos a otros y aguantando impasibles los insultos de la gente. 'Sois peores que la Guardia Civil, os estáis convirtiendo en españoles de mierda', dice en castellano un simpatizante de Batasuna. El agente le replica en euskera: 'Yo soy más vasco y más aberzale que tú. ¿Y sabes por qué?', casi le grita, 'porque yo soy nacionalista, pero respeto a los socialistas, y a los del PP, y hasta a tí te respeto aunque no lo merezcas, ¿sabes?'.

El hombre se queda momentáneamente callado, quizá por los razonamientos del agente o tal vez porque no sepa euskera. La calma dura un segundo. Otros retoman la iniciativa e insultan a los agentes con palabras muy crueles y escupitajos muy certeros. Se oyen los primeros disparos de pelotas de goma, los primeros heridos, los primeros detenidos. Hay gente que llora. Uno de los cañones de agua se pone en funcionamiento. Dispara un agua azul que moja pero no dispersa. En una tregua, un agente habla desde debajo de su verduguillo: 'Empezaron siendo 200.000 y cada vez son menos. ¿Y sabe usted por qué? Porque la gente se va haciendo sensata por la edad. Y muchos se dan cuenta de que esto sólo conduce a la locura. Lo cierto es que hay demasiado odio entre los vascos. Mire, mire a su alrededor'. Aún no es de noche y ya arden contenedores por el Casco Viejo de la ciudad.

Jiménez de Parga: «El Tribunal Constitucional tiene ante sí el reto de decidir la definitiva configuración de España»
ABC  15 Septiembre 2002

Obligado por su cargo de presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga se desliza hábil por la senda de la cautela a la hora de escrutar la actualidad política. Marca las distancias y se reserva... No en vano, es muy consciente de que tarde o temprano asuntos como la ilegalización de Batasuna pueden exigirle mucha dedicación. Lo que sí admite es que el TC tiene ante sí el reto de «definir la definitiva configuración de España».

- ¿Era necesario crear una nueva Ley de Partidos, una vía constitucional, que permita la ilegalización de partidos?
- El camino que se ha seguido con la Ley de Partidos es constitucionalmente correcto. Se trata de una decisión política, como todas las leyes, que ha entrado en vigor respaldada por una amplísima mayoría del Congreso y del Senado, de modo que me parece oportuna. Desde el punto de vista constitucional, que es el que valoro, me parece que encaja en la Constitución.

- Por razones obvias no le voy a preguntar si cree que Batasuna debe ser ilegalizada. Pero sí qué panorama prevé para el País Vasco si finalmente esta formación, no concurre a unos comicios.
- Creo que la respuesta a esta pregunta, que tiene un contenido indudablemente político, está en otras democracias importantes como Alemania o Francia, donde hay formaciones que han quedado fuera del ordenamiento constitucional. En cada caso, los electores han buscado otro conducto para manifestar su voluntad conforme a su Constitución. No es ninguna novedad ni nada excepcional en la historia reciente de las democracias europeas... Ha habido casos de ilegalización de partidos que no han producido más dificultad que el hecho de que cada elector haya tenido que optar por otra vía distinta a la que ha sido ilegalizada.

- ¿Que valoración le merece la postura de los partidos nacionalistas ante esta Ley de Partidos?
- Son posiciones políticas y cada uno puede adoptar la que considere adecuada o conveniente. A mí no me compete pronunciarme sobre una actitud política, sino sobre la adecuación de las normas a la Constitución.

«Las leyes deben cumplirse»
- Se convoca una manifestación que sirve de apoyo a los presos de ETA y de rechazo a la Ley de Partidos. El Gobierno vasco la prohíbe. El Tribunal Superior vasco confirma tal prohibición, pero se celebra. ¿De qué sirve la ley entonces?
- Las leyes tienen que cumplirse y, en consecuencia, cuando una ley ha sido establecida según los cánones de la democracia y una resolución se adopta conforme al ordenamiento jurídico, lo que procede es que todas las autoridades la acaten, tanto si les gusta como si no.

- Pero cuando se celebra ese acto ¿no queda desprotegida la democracia?
- Afortunadamente, la democracia española tiene ya solidez suficiente como para hablar de peligro para ella o de desprotección. Son incidencias que ocurren de vez en cuando, como en otros países... son situaciones no conformes a la Constitución. Pero no le doy especial significación a ese acto. Tiene un significado político que no he de juzgar.

- ¿Qué le parece que un partido por su cuenta intente acceder a ETA para pedirle que deje de atentar sólo en Cataluña?
- Repito que son actitudes políticas que no debo valorar.

- El Gobierno vasco lanzó un ultimátum al Gobierno central para obtener el traspaso de competencias. ¿En el Estado de las Autonomías se debe permitir ultimátum de los Ejecutivos autonómicos?
- Los ultimatos son actitudes un poco radicales que no deben darse ni en la relación entre los poderes públicos ni en la relación entre particulares. Sencillamente, hay que adoptar posturas de cooperación y colaboración, pero no lanzar ultimatos.

- El PNV dice que no confía en el «TC español» y Arzalluz sostuvo que «desde el Ebro para abajo todos están en contra de nosotros». ¿Le afecta esto?
- El TC recibe todas las peticiones que se presentan ante el mismo. Pero desde hace varios años las instituciones de la Comunidad vasca no presentan recursos ni cuestiones ante este Tribunal. Es una decisión política que naturalmente respeto y que... es así. Llevan años sin acudir ante este Tribunal.

- ¿Qué le parece que haya Comunidades que quieran tener una representación propia, ajena al Estado, en foros internacionales?
- Es lo mismo. Son decisiones políticas que, una vez que se adopten, si se adoptan, se planteará la constitucionalidad de las mismas. Pero por el momento no dejan de ser anuncios o advertencias propias del juego de la vida política.

- ¿Se utiliza al TC como arma de confrontación política?
- Las advertencias, anuncios e, incluso, amenazas de acudir al TC son efectivamente frecuentes. Raro es el día que alguien no dice «iré al Tribunal Constitucional», pero son advertencias estrictamente políticas que no tienen mayor importancia constitucionalmente.

«Completar el edificio»
- ¿España está definitivamente configurada?
- España está definida, no definitivamente configurada. Fíjese en el matiz: la Constitución define el Estado de las autonomías, pero lo que corresponde culminar ahora es el desarrollo de esa definición global. Digamos que, en términos arquitectónicos, está hecha la estructura del edificio, pero luego queda la tarea de ir completando ese edificio. Y hay que resaltar que mientras lo vamos construyendo, se ha conseguido un nivel de autonomía muy superior, y esto hay que subrayarlo, al conseguido en muchos Estados federales, sean cuales sean sus variantes.

- ¿Tienen encaje en nuestra Constitución las tesis federalistas que mantienen algunos políticos?
- A mi juicio, el federalismo como modo de organizar un Estado no tiene encaje dentro de nuestra Constitución. Otra cosa es que se reforme la Constitución... Nuestra Carta Magna ha diseñado el Estado de las autonomías y nuestra misión es interpretar los preceptos constitucionales de acuerdo con los principios y las normas que están en el texto de 1978 y adaptarlos a las circunstancias de cada día. Por otra parte, el Estado federal tiene manifestaciones históricas muy diversas: entre el federalismo suizo - que no se llama federación, sino confederación- o el Estado federal de Estados Unidos hay diferencias muy notables. No se puede hablar del Estado federal como único.

-A casi 25 años vista de la proclamación de la Carta Magna, ¿cree usted que es recomendable modificarla en algún aspecto?
- La Constitución se «modifica» en el sentido de que se adapta diariamente. Y la jurisprudencia de este Tribunal se adapta a las circunstancias nuevas. Pero una cosa es que la Constitución, con sus principios y normas, se vaya aplicando y al aplicarse se matice y se module y, en definitiva, se «modifique», y otra cosa es que se revise y se cambie la letra de la Constitución. Creo que nuestra Carta Magna tiene todavía suficientes contenidos para que pueda servir durante años sin necesidad de modificar su texto. Mire, algunos derechos fundamentales no están expresamente reconocidos en la Constitución por la sencilla razón de que en 1978 la revolución de la técnica no había llegado al nivel actual. Ahora tenemos todo el problema que genera Internet y las consecuencias que tiene para los derechos de los ciudadanos...

Por ejemplo, la libertad informática no está en la Constitución, pero a mi juicio, y así lo hice constar en un voto particular a una sentencia, sí está como un derecho implícito no expresamente reconocido.

Momento de «televización»
- Usted ha hablado en diversas ocasiones de que la justicia en España, más allá de una reforma global, necesita un vuelco radical. ¿Por dónde habría que empezar?
- Yo he dicho que vivimos en un momento de la «televización» de lo público porque hoy en día todos los poderes que inciden en la sociedad se formalizan mediante los instrumentos de comunicación para adquirir más resonancia. Hay que tenerlo en cuenta y hay que ver que en el ámbito de la justicia estamos utilizando leyes del siglo XIX, cuando la relación entre las personas era muy distinta. No es lo mismo resultar imputado hoy en un proceso penal y que la televisión retransmita tu imagen entrando en un Tribunal a que se haga como se hacía en el siglo XIX. Independientemente de cuál sea el fallo de una sentencia, hoy queda afectada la imagen de esa persona. Este es el problema. Las vestiduras jurídicas del siglo XXI no pueden ser las del siglo XIX y el legislador tiene que tenerlo en cuenta.

- La Justicia se define como un poder independiente del Estado. ¿Cuándo dejará de estar politizada?
- La Justicia es un poder independiente del Estado y no está politizada. Eso es una afirmación que a veces se lanza, pero los asuntos que aquí resolvemos, pese a tener componentes políticos, tienen un contenido jurídico. Una decisión nuestra tiene trascendencia en ambos ámbitos, claro. Pero hay que diferenciar.

«Jueces muy valiosos»
- ¿Tenemos buenos jueces?
- ¡Qué duda cabe de que sí! Son millares los jueces que todos los días desarrollan su tarea silenciosa y eficazmente, y con una importante carga de trabajo. Lo que ocurre es que, como en todos los colectivos, hay alguna oveja negra que daña la imagen general, pero los jueces en España son unas personas muy estimables y valiosos.

- ¿Por qué tiene tan mala imagen la Justicia?
- La Justicia siempre puede tener mala imagen porque el que pierde un pleito sale despotricando del juez, y el que resulta imputado cree que ha sido injustamente tratado. En todo litigio siempre hay unos perjudicados y unos ganadores. Y los perdedores siempre dicen que se ha cometido una injusticia o que se ha politizado su asunto.

-¿Nos riñe mucho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos?
- A España, no. Nuestra posición respecto a otros Estados y naciones europeas es verdaderamente muy favorable. Tenemos muchas menos quejas estimadas por el Tribunal Europeo que otros países como Italia o Francia.

Cambio de sede
- Una de las quejas del TC es el creciente número de asuntos que tramita. ¿Debemos alarmarnos y pensar que el TC puede verse colapsado?
- Efectivamente, hay muchos asuntos. Este año parece que pasaremos de los 7.000. Son muchos. Por eso creo que tenemos que afrontar una ampliación de la plantilla de letrados, pero físicamente, en la actual sede, es imposible. Espero que pronto tengamos un local diferente y podamos trabajar más cómodamente.

- Una cuestión de extraordinaria complejidad. ¿España está siendo más dura que otros países con los inmigrantes? ¿Somos injustos con ellos?
- Uno de los asuntos que tenemos que resolver son precisamente los recursos que se han planteado contra la Ley de Inmigración. Vamos a ver cómo se resuelven... Yo he vivido en Alemania y Francia, muy cerca de los emigrantes españoles. Y algunos lo pasaban muy mal. Y después he vivido en Suiza, donde había 90.000 españoles en el registro de Ginebra. Y algunos también lo pasaban mal. No se puede pensar que en otros sitios nuestros trabajadores hayan recibido un trato excesivamente benévolo. La emigración española ha sido muy dura en los años 50 ó 60. Parece que los seres humanos somos un poco egoístas y que procuramos molestar al prójimo. Y si son inmigrantes, pues más todavía.

- ¿Cómo están las relaciones entre el Constitucional y el Supremo?
- En este momento son unas relaciones buenas. Nosotros, como es natural, de acuerdo con nuestra Ley Orgánica, tenemos que revisar decisiones de órganos judiciales y, claro, del Tribunal Supremo. Y si se hace con profundidad, seriedad jurídica y con un estilo de cordialidad, no hay problema. De vez en cuando surge algún incidente, pero en comparación con los que se han planteado en otros países, por ejemplo en Italia, lo nuestro es un juego menor.

«En las sedes de Batasunase recluta a los etarras»>
 «Espero que en cinco meses Hb esté deslegalizada» .....
 Inmaculada G. DE MOLINA La Razón 15 Septiembre 2002
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Hasta la derrota

¬¿Aznar pasará a la historia como el presidente que acabó con Eta?
¬Se está desarrollando, con unas repercusiones enormes, una estrategia en la que España, sus instituciones y poderes plantan cara al terrorismo. Frente a políticas defensivas, se está aplicando una ofensiva contra el terrorismo. Esta es la política acertada, que ya está permitiendo debilitar a Eta en todo su entramado hasta derrotarla. Este es el camino correcto para debilitar al terrorismo, reducirlo y, finalmente, derrotarlo. Se está actuando en todos los frentes.

¬¿Y?
¬En el de los comandos, con su desarticulación, en el de Batasuna, que se ocupa de extender el terror desde la actividad de un partido legal y que sirve para financiar a Eta y almacenar en sus sedes artefactos explosivos. Por tanto, la demanda para la deslegalización de Batasuna, con ese amplísimo respaldo parlamentario, da un enorme fortaleza institucional y social para plantar cara al terrorismo. Estamos actuando también contra otro de sus brazos, el terrorismo urbano. En estos días, asistimos a la más importante operación contra el terrorismo urbano de los últimos años. Hasta este momento, van trece detenidos en Guipúzcoa, que eran dirigentes de cuatro grupos de terrorismo urbano responsables de más de cuarenta acciones.

¬¿Habrá una oleada de atentados cerca de las elecciones municipales?
¬Eta mata siempre que puede y si puede no me cabe ninguna duda de que lo hará. Pero está en una situación de debilidad. Si no mata más es porque no puede.

¬¿Cómo está Eta y sus finanzas?
¬Sigue extorsionando y realizando acciones delictivas para procurarse recursos económicos. Batasuna ha sido uno de los elementos esenciales de financiación de Eta. Por tanto, las medidas que se están adoptando, las del juez Garzón, algunas operaciones realizadas en los últimos meses por la Policía y la Guardia Civil han tenido una incidencia muy importante en las finanzas de Eta.

¬¿Hay un comando en Madrid?
¬No hay ningún dato que apunte a que haya un comando en Madrid.

¬¿En los próximos días se desarticulará algún comando?
¬Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen como prioridad absoluta la lucha contra el terrorismo para la desarticulación de comandos, de sus aparatos lógicos y financieros. Pero en este tema hace falta mucha prudencia, dejarles trabajar y confiar en ellos.

¬¿Ha mejorado la coordinación entre la Policía, la Guardia Civil y el CNI en la lucha contra Eta?
¬Hay una coordinación permanente. Trabajan codo con codo.

¬¿La deslegalización de Batasuna, al pasar a la clandestinidad, dificultará la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como dice Dezcallar?
¬Es esencial para derrotar a Eta. Por deslegalizar a Batasuna no se acabará con Eta totalmente, pero sin su deslegalización hubiese sido prácticamente imposible acabar con ella.

¬¿No se complicará la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?
¬Uno de los instrumentos más importantes que ha tenido Eta ha sido Batasuna, al contar con los privilegios y derechos de un partido legal. Con su presencia en las instituciones multiplica la actividad de la organización terrorista y generaliza el terror, nada menos, que usando el foro de las instituciones (ayuntamientos, Parlamentos vasco y europeo). Además de la financiación que obtenía del bolsillo de todos los españoles como partido y de la proyección pública, con ruedas de prensa para extender el terror... Sin Batasuna, la realidad que se vive en el País Vasco sería hoy muy distinta. En sus sedes se reclutan a futuros terroristas y se organiza el terrorismo urbano.

¬¿Cómo valora el plan de clandestinidad que tenía Batasuna y si es posible que tenga otro alternativo?
¬Con Batasuna, siempre estamos tratando con tramposos, que no respetan la ley. Para burlarla, busca todo los medios. Para que no se le deslegalice, cambia de nombre y busca otras sedes para reunirse. Lo importante es que contamos con los instrumentos para evitar que se defraude la ley y las resoluciones judiciales. La Ley de Partidos Políticos prevé que el cambio de nombre no evitará que se aplique la resolución judicial de deslegalización. Aunque cambie de sede, de nombre, hay una identidad de personas, de proyecto y cooperación con Eta.

¬¿Se deslegalizará Batasuna antes de las elecciones municipales?
¬Está en manos del Supremo. Si calculamos los tiempos, que están tasados en la Ley de Partidos Políticos, espero que en cinco meses, aproximadamente, se deslegalice.

¬¿El Parlamento vasco ha pospuesto la suspensión de Batasuna dictada por Garzón para buscar un resquicio legal?
¬Para garantizar la convivencia en democracia, es necesario cumplir las resoluciones judiciales. Es un gravísimo error, en términos democráticos, que no se ejecute de manera inmediata esta resolución, sobre todo, cuando estamos hablando de un partido que forma parte de Eta.

¬¿El Gobierno actuará contra la Ertzaintza o Ibarreche por no evitar una manifestación ilegal?
¬El Gobierno no es el que tiene que imponer ningún tipo de sanciones, sino el juez. Los poderes públicos tienen que cumplir las resoluciones judiciales. De lo contrario, pondremos en riesgo el propio estado de derecho. Si un juez ha ordenado que esa manifestación no se celebre, el estado de derecho reaccionará y tratará de evitar de que se celebre. Con Otegui a su cabeza, ya me contará si es o no una manifestación pro Batasuna y convocada por Batasuna.

¬¿Qué le parece que el PNV califique de «estado de excepción» la deslegalización de Batasuna?
¬La excepcionalidad de verdad y dramática que se vive en el País Vasco es la de las víctimas de Eta.

¬¿Es posible que el PNV tenga otro tipo de relación con los partidos en el País Vasco y en el resto de España?
¬Es posible siempre que en lugar de colocarse del lado de Batasuna, lo haga del de los que quieren plantar cara decididamente al terrorismo y su prioridad de Gobierno y partido sea acabar con Eta por encima de todo.

¬¿Qué pasará cuando se cumpla el plazo del ultimátum de Ibarreche?
¬Ya veremos. Colocarse al lado de Batasuna es un error histórico.

¬¿Interior tiene constancia de contactos entre políticos catalanes y del resto de España con Eta y su entorno?
¬Lo que conocemos es lo que ha manifestado Rovira.

Vascuence: la derrota está encantada
Carlos IBÁÑEZ QUINTANA La Razón 15 Septiembre 2002

El artículo «Lección de Francia: Lenguas regionales de D. José Galeano Caballero, hace referencia a la guerra que en determinadas autonomías está haciendo a la lengua castellana (N. del E.: La Razón 7 Agosto 2002). En lo que se refiere a la lengua vasca la derrota está cantada: el vascuence desaparecerá en una o dos generaciones. O al menos dejará de ser lengua hablada. Y todo ello a causa de la absurda política de las autoridades autonómicas, que están más empeñadas en atacar al castellano, del que no pueden prescindir, que en fomentar el uso del vascuence, del que prescinden en la vida diaria. Los esfuerzos de las autoridades autonómicas se han centrado en fomentar el aprendizaje del idioma por vía de su enseñanza y exigencia de conocimiento para acceder a los cargos oficiales.

Pero no se han dado cuenta que la supervivencia del vascuence no está en que sea conocido, sino en que sea usado. Porque donde el vascuence ha desaparecido es porque quienes lo conocían dejaron de usarlo. Buscando soluciones fáciles los políticos nacionalistas atribuyen el retroceso del vascuence a lo que denominan como persecución por parte de las autoridades españolas. Cierto es que la escuela nacional con maestros que desconocían el vascuence intentando comunicar conocimientos a alumnos que ignoraban el castellano, no favorecían la conservación del primero. Cierto es que en determinadas épocas (dictadura de Primo de Rivera, años inmediatos a la Cruzada, especialmente) determinadas medidas oficiales y actitudes de algunas autoridades eran contrarias a su uso. Pero eso solo no justifica el secular retroceso del vascuence.

Hasta 1950 en Puerto Rico toda la enseñanza era en inglés. Pero el castellano se conservó no solamente en las familias sino en toda la vida social. Las disposiciones desfavorables de las autoridades podían ser eficaces en determinados ámbitos públicos, pero no en el familiar. Y es en éste donde el vascuence ha sido desplazado por el castellano. Hasta mediados del siglo XIX no aparecen las escuelas nacionales. Y para entonces el vascuence había desaparecido de la Rioja Alta, de ciertas comarcas de Burgos, del Alto Aragón de parte de Navarra y de casi todo Álava.

En éstos últimos años, a pesar de la protección (mal aplicada, como veremos) el vascuence se ha dejado de usar en Bermeo, bastión nacionalista, si los hay. Andoni Unzalu Garaigordobil, que de vez en cuando aparece en la prensa bilbaína con artículos muy bien planteados, ha dado en el clavo del problema. En su opinión es más importante la creación de un espacio cultural vascoparlante que aumentar las cifras de conocedores del vascuence. Habla con conocimiento de causa pues declara que el vascuence es la primera lengua que ha hablado.

Los vascos vienen abandonando su idioma porque el castellano les ofrece más posibilidades de todo orden. Por eso los padres durangueses en el siglo XVII decidían que en las escuelas se obligase a los niños a hablar el castellano «bajo severos castigos». A finales del siglo XIX, desde Ituren, pueblo de la montaña navarra, escribían: «Este Ayuntamiento, Junta local y padres de familia han recomendado a los maestros que no permitan nunca a sus discípulos hablen el vascuence dentro ni fuera de la escuela, pues desengañados estamos que lo que necesitan los jóvenes es saber castellano, idioma universal de España y América que es donde los hijos de este pueblo han de desenvolverse en el estudio de sus carreras y profesiones». Hemos tomado la cita de Arturo Campión, padre del nacionalismo vasco en Navarra.

Conocido es el episodio que protagonizó D. Miguel de Unamuno cuando actuó como mantenedor en los Juegos Florales que se celebraron en Bilbao en 1901. Sorprendió a los presentes desagradablemente al decir, que el vascuence se extingue sin que haya fuerza humana que pueda impedir su extinción; muere por ley de vida. En el milenario eusquera no cabe el pensamiento moderno. Tenemos que olvidarlo e irrumpir en el castellano. Muchos de los presentes reaccionaron y publicaron un escrito, en castellano, avalado por 46 firmas titulado: «¿Viva el euskera!. Como final parafraseaban unos bellísimos versos de Arrese Beitia que traducimos: «Hemos nacido hablando vascuence, en vascuence hemos sido educados, nuestra madre nos enseñó en vascuence. Siempre amaremos el vascuence y si nuestro vascuence desaparece, no queremos vivir». Han pasado casi cien años. Y sería curioso conocer cuántos, entre los descendientes de los firmantes del manifiesto conocen hoy el idioma que sus abuelos se negaban a abandonar.

Estaba en lo cierto Unamuno cuando decía que el idioma se extinguía. Solamente a medias acertaba al proclamar que no hay fuerza humana que impida su extinción. Podría haberse evitado su extinción, si los vascoparlantes se hubieran esforzado en crear este ámbito cultural vascoparlante que Andoni Unzalu echa en falta. De cómo no se hizo nada de eso y se utilizó el vascuence con fines políticos quizá tratemos algún día. Todavía, a pesar de los cien años perdidos, creemos que algo se puede hacer. Pero nuestras autoridades no lo han hecho ni lo hacen.

Prefieren lanzar al agonizante idioma a una batalla contra el castellano, en vez de trabajar porque salga de esa precaria situación. Los mismos vascoparlantes no se esfuerzan en utilizar las posibilidades que ofrece el idioma que les enseñó su madre y pasan al castellano. Y ahí es en donde hay que insistir. Es muy bonito y rentable electoralmente echar la culpa a políticas pasadas por la pérdida del idioma. Pero lo mejor para que el enfermo muera es dar un diagnóstico errado.

Mi caso personal es que estudié, cuando dicen que estaba prohibido, el vascuence para permitir a posibles interlocutores vascoparlantes que siguieran utilizando su idioma. No me ha servido de nada. Todos prefieren el castellano. Si por algo ha de preocupamos la política linguística de nuestras autoridades autonómicas es por el poso de odio a España que puede quedar en los niños y por las incorrecciones que han de cometer cuando usen el castellano. Pero nada más. El castellano prevalecerá. Con una política acertada podrían convivir ambos idiomas. Pero nuestros políticos han decidido que «uno u otro». Ya sabemos cual va a vencer. El que los nacionalistas dicen aborrecer, pero que no dejan de utilizar.

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