AGLI

Recortes de Prensa     Domingo 22 Septiembre  2002
El PNV crispado
Editorial ABC 22 Septiembre 2002

El Estado y la normalidad
JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS ABC 22 Septiembre 2002

LAS DOS GUERRAS DEL NACIONALISMO VASCO
PEDRO J. RAMIREZ El Mundo 22 Septiembre 2002

El 155 es el test final
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 22 Septiembre 2002

El frotar se va a acabar
JOSÉ MARÍA CALLEJA La Voz 22 Septiembre 2002

Gestos en el País Vasco

Cartas al director ABC 22 Septiembre 2002

La semana negra de ETA: cortada la conexión entre jefes y comandos
ABC 22 Septiembre 2002

«Esperpento» del Gobierno vasco
La Razón 22 Septiembre 2002

Estrépito procesal, estrépito político
DIEGO LÓPEZ GARRIDO El País 22 Septiembre 2002

A Piqué se le ve el plumero
EDITORIAL Libertad Digital  22 Septiembre 2002

Abrir filas
Editorial El Correo 22 Septiembre 2002

El PNV crispado
Editorial ABC 22 Septiembre 2002

Las «sombrías consecuencias» del doble juicio, penal y constitucional, a Batasuna no han transcendido los límites del mundo nacionalista. Ibarretxe pedía ayer calma a un Gobierno central que no ha perdido nunca la tranquilidad, quizá con el objetivo de desviar hacia Madrid su propia tensión. No es para menos. En apenas una semana, el nacionalismo vasco ha mostrado síntomas inequívocos de grave desconcierto. Las facciones nacionalistas se han enfrentado públicamente a causa de la Ertzaintza y las respuestas institucionales al cerco judicial contra Batasuna han sido unos despropósitos del Gobierno de Ibarretxe, con su querella contra Garzón, y de la Mesa del Parlamento vasco con su desobediencia al auto de disolución del grupo parlamentario de Batasuna.

La crispación, como se ve, está en el lado nacionalista, a pesar de que el origen de este proceso de desconcierto del PNV es una serie de decisiones de los poderes del Estado basadas únicamente en la confianza en la ley ordinaria. Que se aplique una ley aprobada por el Parlamento y que un juez eche mano del Código Penal para suspender a un partido que actúa como organización con fines terroristas, es lo más normal que cabe esperar de un Estado democrático y de derecho. Otra cosa es que haya requerido una firmeza hasta ahora inédita. Todo afluye, además, a tribunales formados por magistrados independientes, sometidos únicamente a la ley. Sólo ETA y Arzalluz se han referido al «estado de excepción» para definir la situación judicial de Batasuna, confundiendo lo novedoso con lo excepcional. Serán el PNV e Ibarretxe los que tengan que explicar por qué interfieren en la acción del Estado contra Batasuna y por qué extienden a todos los vascos las consecuencias de unas responsabilidades que sólo se exigen a los testaferros de ETA. Así es fácil que los pronósticos sobre la crispación acaben acertando: el profeta se encarga de cumplirlos.

Si nadie, fuera del coro mediático del nacionalismo y de los propios nacionalistas, siente que la acción judicial contra Batasuna haya supuesto un recorte de libertades y derechos ni un retroceso en el sistema de garantías, las especulaciones que han querido poner al Gobierno en la senda del artículo 155 de la Constitución son irresponsables. El Ejecutivo de Aznar ha negado que se haya planteado utilizar este mecanismo de recuperación de competencias. El consenso con el PSOE se basa en exigir al nacionalismo que éstas se cumplan íntegramente. Al Estado le quedan muchos recursos de legalidad ordinaria para seguir haciendo bien las cosas. Con los que ya hay, están cayendo «comandos» de ETA y Batasuna está suspendida y camino de su disolución. El artículo 155 es ahora, sencillamente, impertinente.

El Estado y la normalidad
Por JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS ABC 22 Septiembre 2002

El Estado resulta ser una superestructura jurídica basada en un mayoritario acuerdo social para ordenar la convivencia y resolver las crisis que genera la articulación de poderes e instituciones en su seno. Y demuestra su solidez cuando es capaz de absorber, sin recursos excepcionales, conflictos como el que ha planteado el nacionalismo vasco y el Gobierno de Vitoria. Si el Ejecutivo y Parlamento autonómicos interponen una querella criminal contra el magistrado Baltasar Garzón, decidirá la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Si la Mesa de la Cámara vasca no obedece las instrucciones del juez de la Audiencia Nacional, será el propio magistrado, de oficio, o a instancias del ministerio fiscal, el que determine si hay o no responsabilidad penal, o se trata de un conflicto competencial que debe sustanciarse en el tribunal establecido al efecto. Y si el Gobierno vasco, o el propio Parlamento, dictan actos o acuerdan resoluciones que vulneran la Constitución y las leyes, ahí está el Tribunal Constitucional para restablecer las normas que se hayan contravenido.

Lo que está ocurriendo en el País Vasco tiene algo -quizá mucho- de aleccionador. Ni los nacionalistas ni Batasuna llegaron a suponer que el Estado, después de décadas de impunidad, afrontaría el terrorismo, no sólo desde la acción policial incisiva sobre el núcleo etarra, sino también sobre el entorno que lo nutría. Creyeron que el Estado era débil por su propia etiología integradora, por sus propios y a veces precarios equilibrios. Han cometido, creo, un gravísimo error de cálculo. Tampoco supusieron que el Partido Socialista Obrero Español fuera capaz de pactar con un Gobierno de centro derecha una política de pautas comunes en esta materia y se conmovieron cuando contemplaron -me consta que con perplejidad- cómo Felipe González acudía al Congreso para votar favorablemente la promoción del proceso de ilegalización de Batasuna. Y han errado igualmente al lucubrar que su belicismo verbal y la aparatosidad de sus gestos y de sus ambigüedades provocarían una reacción desconcertada, histérica y precipitada del Estado. Según esa previsión, el Gobierno esgrimiría el artículo 155 de la Constitución con la amenaza de suspender la autonomía vasca y disponer así de la coartada para llevar el victimismo nacionalista al extremo.

Es verdad que el Estado y la sociedad española tienen un serio problema en el País Vasco, pero lo es tanto o más que el PNV, EA e IU tienen otro incluso de mayor entidad. El nacionalismo vasco está atrapado por el entorno etarra que, en la legalidad formal durante muchos años, ha sido un factor político con el que el PNV ha diseñado su estrategia. Ahora ese referente que modulaba su discurso y aconsejaba sus posiciones, se viene abajo. Batasuna reacciona como siempre lo ha hecho: desafiando al PNV, recordándole su contribución nacionalista, afeándole la distancia permanente entre sus palabras y sus hechos -discurso independentista, política práctica-, exigiéndole que se lance al abismo en su compañía. Y el PNV, sin salida inteligente, opta por trasladar la presión que recibe del entorno etarra al Estado, cuando sabe -y lo sabe demasiado bien- que su enemigo, su rival, su grave problema histórico lo tiene en casa. Los nacionalistas deben resolverlo, pero no, desde luego, y otra vez, a costa del Estado, que no cometerá la torpeza del comportamiento excepcional para así zanjar sus constantes contradicciones.

Los nacionalistas han de comprender lo que el resto de los españoles hemos asumido y que el profesor García de Enterría describe así: «Como obra política, la Constitución ha cerrado el ciclo de las guerras civiles, que había durado un siglo entero, teniendo en cuenta (...) que las guerras civiles son el comienzo de la sabiduría política: tras padecerlas, surge sola la idea de un pacto social (...), el pacto como precio de la paz, como el convenio para que la guerra interna nunca se reabra (...). Esta significación no tiene paralelo con ninguna de las Constituciones anteriores». A ver si lo entienden de una vez.

LAS DOS GUERRAS DEL NACIONALISMO VASCO
PEDRO J. RAMIREZ El Mundo 22 Septiembre 2002

Al lehendakari Ibarretxe se le puede mirar con buenos ojos como hace una persona muy próxima a Rodríguez Zapatero, que sostiene que tiene cara de hombre honrado; o se le puede tener enfilado bajo el trasluz de la sospecha, como ocurre con esa alta personalidad del Estado que habla de él como si se tratara de un alienígena y se estira las cejas hasta ponerlas picudas para imitar su semejanza con el Doctor Spock de la serie Star Trek. Pero nunca nadie había intentado vejarle tanto en efigie como el dibujante del diario Gara que con la demoledora contundencia de una viñeta sin palabras, más elocuente que cualquier editorial, le representó el jueves con el bigote, la nariz y la boca de su detestado Aznar, en un proceso de metamorfosis del que brotaba un híbrido más sombrío y patibulario que el retrato neonazi de Ricardo III encarnado en la pantalla por Ian Mac Ewan.

Si eso se lo hacían a las 24 horas de montar el gori gori de la querella contra Garzón, la desobediencia parlamentaria a sus resoluciones y la pública petición de disculpas a los manifestantes incomodados el domingo por la Ertzaintza, es difícil imaginar de qué manera habría sido atacado en el diario abertzale caso de haber mantenido 10 minutos más su renqueante lealtad al Estado de Derecho. Nada puede descartarse en todo caso, pues la confianza y credibilidad que el órgano del nacionalismo inequívocamente radical otorga a estos últimos movimientos tácticos del nacionalismo supuestamente moderado son todavía menores que las proporcionadas por Bush al anuncio de Sadam de permitir la vuelta de los inspectores a Bagdad. La «traición» de Ibarretxe y el PNV es para ellos un signo tan fijo en la quiniela como la perfidia e incomprensión de «Madrid» hacia los vascos lo son para el lehendakari y su flamígero aita.

He ahí los dos tableros en los que los biznietos de Sabino libran sus partidas simultáneas. Guerrean en una juntos -y a rachas también revueltos- contra el Estado opresor y dirimen con inquina fratricida en la otra el dominio sobre la piel de un oso que no han cazado ni podrán cazar nunca.

Arzalluz situó hace poco el frente de batalla de la primera en el Ebro, porque, según él, de ahí para abajo, «todos nos odian».Siendo ese el río que baña mi ciudad natal, queda explicado así el que uno de sus churumbeles carlistones me colocara el otro día en el Deia a la cabeza de un ranking de «odiadores de lo vasco», por delante de intelectuales como Fernando Savater y Antonio Elorza o de políticos como los mismísimos Aznar y Mayor Oreja. Ellos serán más inteligentes y poderosos que yo, pero mi condición de logroñés y convecino de Ensenada, Sagasta y Espartero, probablemente quintaesencia de todo lo que de enemigo hay en ese pueblo íbero que enarbola sus enseñas liberales desde la otra orilla de la gran frontera líquida que le da su nombre.

En honor a la verdad hay que decir que desde que aquellos jerifaltes de antaño dejaran reposar los estandartes del Rey Nuestro Señor, esa batalla del Ebro ha pasado por fases de mayor relajo que las del cerco de La Rochelle. Aunque la rama ultramontana de esos biznietos de Sabino no dejaba de pegar tiros contra las primeras nucas que pillaban a mano, la rama posibilista se dedicaba a ocupar el espacio estatutario y disfrutar del poder autonómico.En fecha tan relativamente próxima como el 10 de febrero del 98 Aznar me contó cómo, cuando muy pocos días antes el aún lehendakari Ardanza había pretendido leerle de viva voz en La Moncloa el documento en el que a modo de testamento político proponía una vía light hacia la autodeterminación, Arzalluz le había hecho señas desde su espalda para que le cortara el rollo a ese pesado.

En contra de lo que entonces pensó el presidente del Gobierno, no es que el pontífice de Sabin Etxea no creyera ya en nada, según las pautas de los papas de Aviñón en tiempos de El Nombre de la Rosa, sino que él tenía su propio guión para pasar en tiempo y forma de las musas de Ajuria Enea al teatro de Lizarra.

Fue al hacerlo cuando firmó no su sentencia de muerte democrática, sino la de Batasuna. El Estado amortizaba a beneficio de inventario todas las bravatas de la campa de Salburua y demás aberris, alderdis o como se quiera egunas -el Día de la Patria Vasca, el del partido, el del gudari, el del Domund, el de la Santa Infancia-, pero lo que no podía soportar era que tras dar calabazas a la oferta de «proyecto compartido» del PP y no dejar otra salida al PSE-EE que la huida del gobierno de coalición, el gran ayatolá recuperara la fe hasta el punto de juntar meriendas, a la hora de recoger las nueces, con los acólitos de los chicos de la gasolina, mientras ellos preparaban el próximo meneo sangriento del árbol.

«Sin pistolas no sois nada», les gritaban los colectivos democráticos a los reventadores de Batasuna que les salían al paso en las marchas cívicas que precedieron a las últimas elecciones autonómicas.Y con ellas, menos aún, han añadido Gobierno y oposición desde la determinación y el hartazgo compartidos, una vez que el asesinato de esa niña de Santa Pola de la que ni Arzalluz, ni Ibarretxe, ni Atutxa -tu quoque, Brutus?- quieren volver a oír jamás, desbordó el vaso de todas las conciencias.

Pero cuando mucho nos temíamos que los estallidos de los coches bomba iluminaran como luciérnagas vengadoras los últimos cielos veraniegos de España, resulta que las principales patadas contra el PP y el PSOE comenzaron a aterrizar en las posaderas del PNV.La mera y bien fundada sospecha de que los espabilados del tripartito pretendían repudiar de boquilla la Ley de Partidos, pero heredar electoralmente el espacio por ella desalojado, ha inducido a ETA y todas sus marionetas a arrojar implacablemente cada agravio sobre la mesa del lehendakari. Ni siquiera necesitaron ese anhelado cadáver de joven patriota muerto por los zipayos al servicio de la txakurrada españolista. Les bastaron unas cuantas espaldas mojadas con la camiseta puesta y los posteriores 20 gritos victimistas para que la presión de los cañones de agua de la policía autonómica hiciera ceder el nada apuntalado tablero de la firmeza del Gobierno de Vitoria.

La petición del líder del sindicato peneuvista ELA Josu Elorrieta, compinchado desde hace tiempo con los proetarras de LAB, de que Balza dimitiera, marcó el punto de inflexión. O más bien de flexión.De las vacilaciones en las horas previas a la manifestación -estimuladas por algunas imprecisiones de Garzón- se pasó directamente al despropósito de la rebeldía contra los autos del juez, maquillada con una absurda querella destinada tan sólo a aplacar a las fieras más rugientes de la izquierda abertzale. Pero esa jauría devora la carnaza en el pispás del desayuno y antes de que te des la vuelta ya está reclamando la merienda. Nada de lo que diga o haga Ibarretxe les parecerá nunca suficiente, porque en el fondo lo que quieren es zampárselo a él. Tras el envite de Bilbao le han perdonado el de Arrasate-Mondragón pero enseguida llegará el siguiente. Máxime cuando el boicot de Egibar al acto de ayer prueba que la presión de los radicales está abriendo serias grietas en la cúpula del PNV. Ojo al parche porque cuando Arzalluz tiene que hacer de templagaitas eso significa que todo puede ser empeorable.

Apartad vuestras sucias manos de nuestros votantes, les ha dicho ya ETA-Batasuna al PNV, EA y Aralar en un serio aviso que sólo puede preludiar el recrudecimiento de una de esas guerras dentro de las guerras que por su carácter civil y fratricida producen siempre las mayores felonías. Que se lo pregunten si no a Collins, a los mencheviques o a los anarquistas catalanes, sanguinariamente desbordados, con la coartada de preservar la revolución de todo trato con el enemigo, por el radicalismo de De Valera, los bolcheviques o los chequistas españoles.

Aunque Ainhoa Mujika y Olarra Gudiri residieran cerca de Burdeos no creo que visitaran nunca el monumento a los girondinos de su plaza principal y menos aún que repararan en su gran significado alegórico. Ibarretxe debería fletar un autobús, meter en él a su gobierno y a su grupo parlamentario y hacerles escuchar allí el premonitorio discurso del gran orador federalista Pierre Vergniaud que, sin él saberlo, habría de constituir su propio epitafio: «Debemos de temer, ciudadanos, que la Revolución, devorando con éxito a sus hijos como Saturno, sólo engendrará al final el despotismo y todas las calamidades que le acompañan». O sea la guillotina administrada por los jacobinos desde el primer gobierno terrorista de la historia.

Cuando los líderes de la Gironda, o los propios Danton y Desmoulins, descubrieron que su única oportunidad de sobrevivir a la Montaña y a su hábil manipulación de la kale borroka de los sans culottes habría sido la alianza con los sectores reformistas del régimen que acababan de destruir, o sea la unión de los demócratas para aplastar al radicalismo intransigente, ya era demasiado tarde.Sólo administrando a los matarifes del Comité de Salud Pública su propia medicina en Termidor y echándose enseguida en brazos de la solución autoritaria de Napoleón podrían los supervivientes de aquella implacable poda de cabezas desembarazarse de la plaga que ellos mismos habían engendrado.

Para los peneuvistas de hoy la elección debería ser tanto más clara cuanto que sus posibilidades de ganar el pulso frente a la España constitucional, mediante una acción combinada con el radicalismo proetarra, oscilan entre cero y ninguna. Ni la UE se lo consentiría, ni Aznar, ni Zapatero -¿a qué espera, por cierto, el presidente para apuntalar su posición común con una entrevista personal con el líder del PSOE?- están por la labor de ceder un solo paso. Sólo Rodríguez Ibarra y algunos otros galindistas agitan hoy el fantasma de la recuperación de competencias e incluso la suspensión de la autonomía vasca, como si el Norte se pudiera retomar a estas alturas con la Guardia Civil y la División Acorazada. Pero, otro tanto podía haberse dicho hace sólo un año de la ilegalización de Batasuna.

Quien de verdad se la está jugando es el PNV. Ya que bien poco hay que esperar de su sentido de la modernidad, confiemos al menos en su instinto de supervivencia. Pero si triunfa la línea de Egibar y se empeña en potenciar una alianza infame para librar la guerra que no puede ganar y desdeña las buenas compañías para afrontar la que no debe perder, algún tipo de solución alternativa habrá que ir urdiendo para cuando en Euskadi llegue la noche de los cuchillos largos.   pedroj.ramirez@el-mundo.es

El 155 es el test final
Por CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 22 Septiembre 2002

El Gobierno sólo puede tener una respuesta en relación con el artículo 155 de la Constitución y es la siguiente: que deberá aplicarlo si se dan los supuestos que se describen en él. No hay vuelta de hoja. No tiene otra opción. No depende de su talante ni caben razones como una «mayor desestabilización de la situación», «la agudización de los enfrentamientos entre poderes o en el interior del País Vasco», «un ataque definitivo a los nacionalismos», «una involución del sistema autonómico»... Ninguna de estas consideraciones tiene el suficiente peso como para justificar el incumplimiento del artículo 155. De lo contrario entraríamos en el desprecio a la Constitución (no sería la primera vez, por cierto), en la asunción del deterioro de la convivencia y del sistema de poderes. Aceptaríamos definitivamente el proceso liquidador del Estado.

Al llegar a este punto espero que ningún lector quiera ir más allá de lo que he dicho. No tendría derecho a hacerlo. Yo sé que estamos en un momento de gran indefinición que podríamos definir como crepuscular (matutino o vespertino según la resolución que demos a la cuestión nacional); en un tiempo de sospechas, en momentos de miedo. Es mucho lo que nos estamos jugando estos días. Por eso sería conveniente que no nos moviéramos en terrenos tan poco científicos y tan inseguros políticamente como «la actitud del gobierno ante el 155»... El 155 está muy claramente redactado y su aplicación no tiene que depender de la actitud que por unas u otras razones pueda tener el Gobierno de España sino de quien caiga en los supuestos que señala ese artículo: «Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones...».

Cuando en una sociedad se toma como radicalismo la apelación al cumplimiento de un artículo -clave desde el punto de vista de la racionalidad autonómica- es que estamos ante una muy grave enfermedad colectiva. ¿O no es síntoma de ello que políticos, periodistas et allii lleguen a afirmar que el artículo 155 de la Constitución está «para no ser cumplido»? Y lo dicen gentes que tienen puesto el culo en el escaño aunque no se sabe dónde tienen la cabeza y aún menos el corazón. Es un adorno, dicen los insensatos. Ante esto, ¿cómo podríamos definir el estado de postración intelectual, moral, política, en que nos encontramos? Y ¿qué decir de las consecuencias que se sacan algunos acerca de la personalidad política de quienes simplemente se limitan a defender que debe ser aplicado este artículo en el caso de que alguna Comunidad Autónoma caiga en los supuestos descritos? Así, aquí, entre nosotros, llegan a ser considerados radicales, extremistas, intratables, bárbaros y desestabilizadores quienes reclaman la aplicación de la Constitución en un momento de asalto definitivo al Estado.

Lo dijo Garzón cuando le pidieron opinión sobre la ley de Partidos: las leyes están para ser cumplidas. Tal es el nivel de elementalidad en el que nos estamos moviendo. Por una razón muy sencilla: porque nos hemos acostumbrado a la normalidad de las violaciones del Estado de Derecho en favor de los intereses nacionalistas, mientras han sido muy raras las voces pidiendo medidas correctoras (las de Francisco Vázquez y Manuel Fraga). En definitiva no es correcto un debate centrado en torno a la respuesta que pueda dar el Gobierno de la Nación. Lo primero que hay que analizar es el comportamiento del gobierno o de las instituciones de una Comunidad Autónoma por si cayera en los casos previstos por el 155. Con toda la frialdad del mundo, ciertamente, ya que se trata del test final.

El frotar se va a acabar
JOSÉ MARÍA CALLEJA La Voz 22 Septiembre 2002

EL PNV está escenificando un rasgado de vestiduras tras las resoluciones judiciales y políticas contra el mundo terrorista que no había hecho en toda la historia criminal de la banda en defensa de ni una sola de las víctimas. Esta brutal desproporción es una de las claves que pueden permitir entender lo que está pasando en este guirigay. Los voceros del régimen nacionalista hablan de estado de excepción , de lanzar al pueblo vasco contra la opresión , se saltan el obligado cumplimiento de resoluciones judiciales, piden perdón a manifestantes simpatizantes de ETA por disolverlos, llaman fachas a las instituciones del Estado, insultan a los colectivos que amparan a las víctimas del terrorismo...

¿A qué se debe esta sangrante doble vara de medir? ¿Por qué el PNV ha estado siempre dispuesto a comprender las razones de los asesinos y nunca en disposición de escuchar las razones de las víctimas? Muy sencillo: la actual ofensiva política -ley de partidos- y judicial -iniciativas de Garzón- va dirigida contra ETA, pero pone en cuestión el régimen nacionalista, quiebra el mecanismo gracias al cual el PNV ha amasado dinero y poder en los últimos años sin contrapartida alguna de lealtad a las normas de convivencia.

Asistimos a un final de ciclo, somos testigos del fin de una determinada forma de hacer política en el País Vasco.

Desde la recuperación de las libertades en España, la política en el País Vasco ha transcurrido entre dos carriles: uno establece que el Estado, el Gobierno de España, los partidos constitucionalistas, no pueden hacer determinadas cosas, para que así la bestia no se enfade; dos, tú me das mucho poder político y económico y así vamos quitando razones a los que matan, «los desarmamos políticamente», sostienen los nacionalistas. El complejo de inferioridad que ha atenazado a los sucesivos gobiernos de España respecto de un nacionalismo que se presentaba a sí mismo como profundo conocedor de la cosa, acrisolado demócrata en los tiempos duros -¡qué inmensa mentira!-, listillo experto en desfacer complejos entuertos, unido a los otros dos ingredientes, se ha traducido en la creación de un gigantesco pesebre, de un auténtico régimen omnipotente fuera del cual se quiere hacer creer que no hay salvación. Los embelesos del PNV y los crímenes de ETA -¡121 asesinatos en el año 1980!- han sido la maquinaria que ha permitido pasar a los nacionalistas de la nada del comienzo de la democracia a la realidad de una administración gigantesca tomada por ellos hasta constituir eso, un régimen. Dentro del régimen hace calor, están los nuestros-nuestros ; fuera hace frío, hay muertos, hay escoltados, hay exiliados y sedes quemadas.

Así han estado las cosas durante los últimos 23 años, hasta que el actual Gobierno ha enunciado una de las frases más redondas y demandadas por muchos ciudadanos: hasta aquí hemos llegado -algo así como «el frotar se va a acabar»-, se ha plantado y ha dicho ¡no! ¡No! al PNV, ¡no! a la lista interminable de demandas que, como a un niño caprichoso delante de un escaparate en vísperas de Reyes, le cuelgan permanentemente al PNV. Ser nacionalista en el País Vasco es un gran negocio, un suculento negocio económico y un ventajoso negocio político. Y ese negocio se ha construido a golpe de que unos asesinaban, mientras otros se ofrecían como supuestos solucionadores del problema. Por eso el PNV ha reaccionado con tamaña virulencia ante el fin de la impunidad del mundo de ETA.

Esta situación está retratando al nacionalismo, está desnudando de forma evidente sus miserias. Primero se decía que la ley de partidos, no; pero la vía judicial, sí; luego, que Garzón estaba loco, más tarde la Mesa del Parlamento vasco se declaraba insumisa ante la Justicia y ponía en entredicho el Estado de Derecho... Todo menos renunciar a la salvaguarda que para el negocio nacionalista supone el que haya permanentemente matones en la calle.

En su escalada hacia la fractura social, en su estampida en busca de la creación de una sociedad bifronte -lo bueno para los nacionalistas, lo malo para el resto-, el PNV atiza, con la colaboración de un grupo de voceros que llamaremos los periodistas del batzoki , el odio a lo español, excita el victimismo, amenaza con irse, pero, sobre todo, se retrata. Cuando las aguas se calmen, cuando quede evidente la debilidad de ETA después de certeros golpes policiales y contundentes movilizaciones ciudadanas, cuando se haya desmontado un poco más la gigantesca mentira del régimen nacionalista, estará más claro aún que el PNV prefiere ir de la mano de los terroristas antes que defender a las víctimas, que el PNV necesita de ETA para seguir inflando el pesebre, que ambos, PNV y ETA, comparten idéntico aliento -halitosis- autoritario y xenófobo respecto de los que consideran su enemigo común, aquel que los une: los españoles.

¿Se imaginan lo que quedaría ahora de ETA si el PNV hubiera reaccionado contra los asesinatos de ETA en 1980 con la décima parte de virulencia que está exhibiendo ahora?

Gestos en el País Vasco
Cartas al director ABC 22 Septiembre 2002

Me entero con estupor de que el original dirigente socialista Pasqual Maragall ha reclamado desde Belfast al Gobierno español que realice en el País Vasco algún gesto similar a los que en su día hicieron, respecto del Ulster, Margaret Thatcher y John Major. Se atreve a afirmar que el conflicto norirlandés comenzó a encontrar una vía de solución cuando los conservadores abandonaron el matonismo. No es mi intención discutir quiénes eran los matones en aquel territorio, pero no me cabe duda de quiénes lo son en uno mucho más próximo. En cuanto a los gestos, Maragall parece olvidar que los muchos realizados por los Gobiernos democráticos españoles, siempre fueron interpretados como síntomas de debilidad y desembocaron en un agravamiento de la insoportable presión a la que se ven sometidos los vascos no nacionalistas. Ya es hora de adoptar una política de firmeza, pues el peligro a que nos enfrentamos no es tanto el de la independencia del País Vasco, como el de la imposición de un poder totalitario, que sólo considera auténtico vasco al vasco nacionalista, y que no contempla para los demás, cuyos derechos ya son pisoteados, otro camino que el exilio. Basta de gestos. España ha hecho tantos que, más que a Major, recuerda a míster Bean. Francisco Javier Bernad Morales. Móstoles (Madrid).

La semana negra de ETA: cortada la conexión entre jefes y comandos
ABC 22 Septiembre 2002

MADRID. La que hoy termina ha sido una de las semanas más negras para ETA, ya que la captura de sus dos máximos dirigentes y la desarticulación del último «comando» que habían organizado, con órdenes de atentar de forma inminente, se han producido, además, en un contexto en el que, por primera vez, la banda actúa «contrarreloj», dado el creciente aislamiento e inactividad de su brazo político.

Una de las «ventajas» de las que tradicionalmente ha disfrutado ETA ha sido que «no tenía prisa», de tal forma que si su cúpula era golpeada o sus «comandos» más operativos caían desarticulados, se tomaba su tiempo para reorganizarse. Así ocurrió tras el durísimo revés de Bidart. Pero ahora la banda, acosado su frente «militar» por la creciente colaboración internacional, cercado su brazo político por las iniciativas legales y judiciales, y cada vez con menor apoyo de sectores abertzales, tiene prisa. Pretende hacerse notar -de la única forma que sabe, con crímenes- para mantener la cohesión de quienes aún le apoyan y para presionar al PNV.

En ese contexto, el descabezamiento sufrido esta semana alcanza una trascendencia mayor. Además, Olarra y Múgica controlaban personalmente todos los «comandos» que, de esta forma, podrían haber quedado desconectados, al menos temporalmente, del actual máximo dirigente, Félix López, «Mobutu». Los expertos subrayan que ello no quiere decir que los grupos criminales dejen de actuar, ya que seguirán las instrucciones que les dieron los cabecillas capturados.

Y mientras el brazo armado es golpeado en Francia, en España prosigue el cerco a Batasuna, que ya no tiene grupo propio ni en el Parlamento de Navarra ni en las Juntas Generales de Álava. Al tiempo, la capacidad de movilización de Batasuna también está en declive.

«Esperpento» del Gobierno vasco
La Razón 22 Septiembre 2002

El presidente del Gobierno, José María Aznar, tuvo también ayer palabras para las últimas decisiones del Gobierno y del Parlamento vasco durante la clausura del congreso regional de los populares madrileños.
Calificó de «esperpento» el posicionamiento adoptado en relación al auto sobre Batasuna dictado por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón; y criticó asimismo que se «juegue, o no, a prohibir manifestaciones», o que se diga que se quiere impedir que los «vascos se rompan la cara en la calle».

«Lo que se quiere decir es que no se está dispuesto a permitir que los nacionalistas tengan problemas en la calle, porque los demás son de otra especie», puntualizó al respecto.

Quitó también legitimidad al planteamiento «victimista» en el que buscan cobijo PNV y EA. Un victimismo, a su juicio, que no esconde más que una «causa moral exculpatoria de actitudes excluyentes e intolerantes». Y puso en evidencia las contradicciones del discurso en el que los peneuvistas justifican su oposición a la recién aprobada Ley de Partidos Políticos.

Según recordó, en un primer momento ese rechazo se argumentó en el hecho de que ya había abierta una vía penal para deslegalizar a la coalición «abertzale».

«Si ahora que Garzón ha abierto precisamente esa vía que proponía el PNV se presenta una querella contra él es porque o se mentía la primera vez, o se mentía la segunda, o bien se mentía las dos veces», explicó.

En este apartado, los aplausos más sonoros del auditorio los provocó al reafirmarse en su «convicción profunda de llevar hasta al final, con todas sus consecuencias, la lucha contra el terror». «Y no se trata de decir no a una parte del terror. Hay que hacerlo con todo el terror, y todo el terror en España significa incluir también el nombre de Batasuna», manifestó el presidente, antes de llamar a su partido a seguir liderando una política «sin complejos y activa» en la lucha contra la banda Eta y en la defensa de las libertades en la comunidad vasca.

Momentos antes se había quejado del «espectáculo» que está dando «eso que todavía se llama la izquierda», en clara referencia a IU, en relación a la política vasca.

Al final de su intervención, relajó el tono, dedicó palabras de elogio a José María Álvarez del Manzano y bromeó sobre la lesión en un pie que le ha impedido estrenar unas zapatillas regaladas por el corredor vallecano Alberto García.

Estrépito procesal, estrépito político
DIEGO LÓPEZ GARRIDO El País 22 Septiembre 2002

Diego López Garrido es diputado socialista y portavoz en la Comisión Constitucional del Congreso.

Después de 25 años desde la recuperación de la libertad, sólo queda un residuo del pasado: el terrorismo. Y constatada la creciente complicidad entre Batasuna y ETA, la democracia española ha adoptado una importante decisión política: ilegalizar a ese 'partido'. No olvidemos que éste es el punto central. Pero, en nuestro Estado de derecho, la ilegalización de un partido sólo pueden decretarla jueces independientes, aplicando la ley. Es lo que ha conducido a los dos procedimientos iniciados contra Batasuna. El primero, en aplicación de la Ley de Partidos, cuyo texto -después de su reforma en el Congreso- es considerado impecablemente constitucional, y no ha sido recurrido. Esta vía culminará en el Tribunal Supremo, que ilegalizará a Batasuna si se prueba procesalmente que apoya políticamente a ETA.

El segundo procedimiento contra Batasuna lo ha iniciado, en vía penal, el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, tras años de una investigación que ha desembocado en el conocido auto del juez Garzón suspendiendo la actividad de Batasuna en todas sus dimensiones. Este procedimiento está siendo objeto de una trepidante diatriba jurídica, lo que está dando bazas al partido que apoya a ETA. Conviene colaborar a aclarar este laberinto, no a enredarlo más.

1. Empecemos por el auto de suspensión. No imputar (aún) a personas de la dirección actual de Batasuna no es obstáculo para suspender un partido del que se ha establecido su conexión múltiple con una organización que mata y aterroriza. Batasuna no ha nacido ayer. Tiene una larga historia delictiva entre sus integrantes. Por ejemplo, toda su dirección estuvo encarcelada por poner a disposición de la banda armada un espacio electoral televisivo concedido precisamente para exponer su ideario.

2. Un partido político desarrolla su actividad hacia el exterior, esencialmente, en dos frentes; en las instituciones y en la movilización política. De ahí que tenga lógica que el juez Garzón considere que la suspensión de Batasuna se tiene que proyectar en la de su grupo parlamentario. Y eso nada tiene que ver con un pretendido 'estado de excepción'. Quienes hacen tan estrambótica afirmación parecen desconocer lo que fueron en Euskadi los estados de excepción.En el choque entre Garzón y el Parlamento vasco creo que ambas partes tienen fundamentos jurídicos que avalan su respectiva posición. Garzón es coherente al exigir la suspensión del grupo de Batasuna (a través de los procedimientos parlamentarios internos) y el cumplimiento de las resoluciones judiciales 'firmes' (artículo 118 CE). Y el Parlamento vasco también lo es al señalar que eso pasa por una previsión en su reglamento y una votación política, es decir, por el respeto a los principios de autonomía parlamentaria y de división de poderes. Ello sin perjuicio de que se considere lamentable, políticamente, su decisión de proteger al grupo de Batasuna.

En España, el principio horizontal de división de poderes -ejecutivo, legislativo y judicial- lo es también de división vertical entre Estado y comunidades autónomas. Aquí estamos propiamente ante un conflicto de atribuciones entre el poder judicial (estatal) y el legislativo (autonómico), algo que adolece de vacío legal, pero que debe ser resuelto por cauces jurídicos. Pienso que lo más adecuado es ir al Tribunal Constitucional utilizando el Gobierno vasco, o el Gobierno español, la vía del conflicto constitucional de atribuciones previsto en los artículos 161.1 de la Constitución y 59 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Lo que no tiene sentido es que las instituciones democráticas se lancen el Código Penal a la cabeza en vez de utilizarlo inteligentemente contra el terrorismo. No tiene sentido que el Parlamento vasco presente una denuncia penal por usurpación de funciones contra Garzón, ni que el Gobierno vasco lo complete nada menos que con una querella por prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta), ni que la decisión del Parlamento vasco se considere por el presidente del Consejo General del Poder Judicial un delito de desobediencia o desacato (sic). Son posiciones ostensiblemente oportunistas, disparatadas políticamente, y faltas de una mínima base jurídica (tanto, que, si siguiéramos su propia lógica absurda, habría que considerarlas prevaricadoras a su vez).

3. Refirámonos por último al derecho de manifestación. Es claro que está incólume en Euskadi y en España. Pero cuando Garzón dice que Batasuna o sus dirigentes no pueden convocar e impulsar manifestaciones, está sacando la lógica consecuencia de la suspensión de ese partido, suspensión que Batasuna, dicho sea de paso, no ha recurrido, seguramente por razones estratégicas, pero que consolidan jurídicamente el auto.

Si los promotores de una manifestación no pertenecen a la dirección de Batasuna, ni puede probarse que es una acción de ese partido suspendido, esa manifestación no debe prohibirse. Eso compete valorarlo y decidirlo al Gobierno vasco, no a la Audiencia Nacional, y puede ser recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia vasco, no ante el juez Garzón, que no es un 'juez universal', lo que vulneraría el principio de división de poderes.

Ahora bien, la vigencia del derecho de reunión y manifestación no puede llevar a permitir que un dirigente de Batasuna convoque una manifestación si es 'a título personal' . Porque eso es un fraude de ley de libro que los poderes públicos no pueden aceptar. Qué duda cabe que en tal caso es Batasuna la que estaría actuando, lo cual ha sido prohibido judicialmente.

Precisamente, lo que la investigación judicial y la mera observación cotidiana han permitido constatar es que con Batasuna -como con las sociedades mercantiles instrumentales o mafiosas, organizadas para ocultar conductas ilícitas- hay que 'levantar el velo' y descubrir sus conexiones políticas con una actividad terrorista que ninguna democracia puede tolerar sin dañarse irremisiblemente a sí misma y a la cultura legal.

La decisión política de promover la ilegalización de Batasuna tiene un corolario en nuestro sistema constitucional: es tarea de los jueces, y sólo de los jueces, conforme a la ley. Dejemos trabajar al Estado de derecho con normalidad democrática, y denunciemos cualquier uso electoralista o partidista de esa batalla judicial, como, por ejemplo, el de quienes agitan irresponsablemente el artículo 155 de la Constitución. La bronca política entre los demócratas es lo que menos necesita el País Vasco, para cuya normalización -tan deseada por la inmensa mayoría- todas las fuerzas políticas democráticas, los líderes políticos y los líderes de opinión deben poner de su parte. Aunque sólo sea para hacer un País Vasco habitable, en el que la política vuelva a ocupar su lugar protagonista. Sin estrépito.

A Piqué se le ve el plumero
EDITORIAL Libertad Digital  22 Septiembre 2002

Uno de los grandes enigmas del “cuaderno azul” de Aznar es, sin duda, la presencia ininterrumpida de Josep Piqué en el Gobierno desde la llegada al poder del PP, en 1996. Aznar tuvo que iniciar su andadura en La Moncloa pagando el peaje impuesto por Pujol: la cabeza política de Vidal Quadras –el líder del PP catalán que había conseguido poner en serio peligro el reinado del honorable– y un Gobierno receptivo, o al menos no hostil, a la “sensibilidad” nacionalista. La entrada de Piqué en el Gobierno como independiente –fue director general de Industria de la Generalitat entre 1986 y 1988– se entendió entonces como el “guiño” con el que el PP quiso atraerse la buena voluntad y el necesario apoyo de los nacionalistas catalanes.

Pero, lejos de ser un convidado de piedra, Piqué ha sabido ganarse la confianza de Aznar: hoy pertenece a la Ejecutiva del PP y al selecto grupo de ministros que ha permanecido en el Gobierno desde el primer gabinete tras las elecciones de 1996. Su buena gestión al frente del ministerio de Industria, cuando tuvieron lugar las grandes privatizaciones de empresas públicas o semipúblicas (Telefónica, Repsol, Endesa, Aceralia e Iberia) fue premiada con la portavocía del Gobierno, en sustitución de Miguel Ángel Rodríguez, amigo y colaborador de Aznar desde Valladolid, que se quemó en la “guerra digital” y cayó en desgracia ante los nacionalistas por no demostrar suficiente sutileza y “sensibilidad”.

De un ministerio “técnico”, como el de Industria, pasó a otro político y de gran responsabilidad después de la mayoría absoluta del PP en 2000: el de Exteriores, donde su desempeño –véanse los casos del “submarino amarillo”, de Marruecos, de Gibraltar, así como su talante comprensivo para con el terrorismo palestino, del que hizo gala durante el semestre de presidencia española de la UE– no fue tan brillante como en Industria, por lo que fue sustituido por Ana de Palacio –otro gran enigma– quien, aunque era difícil, ha conseguido hacer que se añore a su antecesor.

Aun a pesar de ello, y ya sin hipotecas políticas que le obligaran a mantenerlo, Aznar, aggiornado, lo designó Ministro de Ciencia y Tecnología –en sustitución de su protegida, Anna Birulés, de infausto recuerdo– y candidato del PP a la Generalitat, convirtiéndolo un peso pesado dentro del PP. Tanto es así que Piqué se permite el lujo de suplantar al actual portavoz del Gobierno en un asunto muy alejado de sus competencias técnicas y de su candidatura: reconvenir a Jon Juaristi, presidente del Instituto Cervantes, por atreverse a expresar lo evidente: que la ikurriña, sin el acompañamiento de la enseña nacional, no es más que un símbolo nacionalista y etarra, y que un movimiento contra el terrorismo en el País Vasco sólo puede ser contra el nacionalismo. El ramalazo nacionalista de Piqué ha aflorado a la superficie, antes incluso de que se pronuncien los propios nacionalistas vascos y al mismo tiempo que los nacionalistas catalanes exigen que se abran diligencias penales contra Juaristi.

Desde la Transición, la corrección política nacionalista ha impuesto un exquisito respeto hacia los símbolos nacionalistas simultaneado con un indisimulado desprecio por los que identifican a todos los españoles. Piqué, el personaje más políticamente correcto del gabinete de Aznar (si se excluye a Ana de Palacio), no podía dejar de cumplir con las exigencias del guión ni dejar de aprovechar su presencia en el Gobierno para promocionar su candidatura a la Generalitat, puesto que cree --y ha hecho creer a Aznar-- que, para heredar las ruinas de lo que construyó Vidal Quadras, es preciso mostrar el flanco nacionalista. Pero el votante del PP catalán no es nacionalista, pues ese espacio político ya lo cubre CiU. Con esa actitud, lo máximo que conseguirá Piqué en Cataluña es servir de muleta a CiU para completar mayorías, pero no constituir una alternativa de Gobierno... Aunque también es posible que, vistos sus adversarios políticos en Cataluña (Mas y Maragall), obtenga una riada de “votos útiles” que huyan de la perpetuación del cacicato o de la catástrofe “asimétrica”. Pero, en cualquier caso, no se deberán a su pose nacionalista.

Abrir filas
Editorial El Correo 22 Septiembre 2002

La asamblea de cargos internos y representantes institucionales que el PNV celebró ayer en Barakaldo fue el escenario elegido por sus dirigentes para dar la vuelta a la desazón que, al parecer, produjo en sus filas lo ocurrido una semana antes en la manifestación de Bilbao. Las palabras de Arzalluz reflejaron que su ánimo no era otro que el de sembrar victimismo para cosechar unanimidades. Resulta descorazonador que una formación que tiene en sus manos la administración de una sociedad avanzada en la Europa actual se sienta en la necesidad de apelar a la épica de la resistencia y el contraataque para infundir ánimo a su militancia. Pero más preocupante es, si cabe, que la descripción de unas dificultades políticas en cuya gestación el propio PNV no tendría -según sus dirigentes- responsabilidad alguna disuada al colectivo de formular la menor crítica o reflexión preocupada por el comportamiento del propio partido.

Cada vez que el PNV afirma estar aprisionado entre ETA y el PP o entre Batasuna y Garzón establece una comparación inadmisible para cualquier demócrata. Cada vez que el PNV presenta los procedimientos abiertos contra Batasuna como si se trataran de una agresión contra la libertad y la dignidad del pueblo vasco no sólo falta a la verdad de forma consciente sino que termina dando la razón a quienes han convertido esa misma mentira en sustrato fundamental de su atroz intolerancia. En una sociedad abierta es necesario que las posiciones ideológicas y las críticas políticas sean mostradas con absoluta franqueza; y es imprescindible que un partido con la representatividad del PNV haga oír su voz discrepante como aportación esencial al juego democrático y al constante flujo de ideas. Pero la incapacidad que Arzalluz y los líderes jel- tzales están demostrando para interpretar los acontecimientos recientes como la consecuencia inexorable de la persistencia del terror y la apología, junto a su querencia por convertir todo revés en argumento para alentar el peculiar victimismo que cultiva un partido que ocupa las esferas del poder autonómico desde hace más de veinte años, constituyen un lastre demasiado pesado para que la opinión nacionalista traspase los límites de una actitud tan endogámica.

La sociedad vasca tiene ante sí el desafío de sacudirse cuanto antes y para siempre la lacra del terrorismo. Es la deuda que los vascos tenemos contraída con nosotros mismos y con el resto de los españoles. Es la condición para que ésta sea verdaderamente una sociedad abierta. Por eso mismo, lo que menos necesita la sociedad vasca es que su principal partido se disponga a cerrar filas. Lo que Euskadi necesita es que sus formaciones representativas abran filas para restablecer algún día la sintonía perdida en torno a la democracia y el autogobierno.

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