AGLI

Recortes de Prensa     Jueves 26 Septiembre  2002
Nada de lo que allí pasa es porque sí
Julián LAGO La Razón 26 Septiembre 2002

Más razones para ilegalizar a Batasuna
Impresiones El Mundo 26 Septiembre 2002

Duelo y apología
Editorial El Correo 26 Septiembre 2002

Entre Leiza y Basurto
Lorenzo CONTRERAS La Razón 26 Septiembre 2002

Euskadi desde fuera
Pablo MOSQUERA La Razón 26 Septiembre 2002

Vivir de la muerte
Lorenzo Contreras La Estrella 26 Septiembre 2002

El cagonet xirinacs
Iñaki EZKERRA La Razón 26 Septiembre 2002

Sobre el derecho de manifestación y la suspensión del grupo parlamentario de Batasuna
JOSÉ MANUEL GÓMEZ-BENÍTEZ El País 26 Septiembre 2002

Basta Ya denuncia que la Ertzaintza les identificó en una marcha en Irún
SAN SEBASTIÁN EL CORREO 26 Septiembre 2002

Comienzan las deserciones
Ignacio Villa Libertad Digital  26 Septiembre 2002

Crisis de identidad en CiU
Francisco MARHUENDA La Razón 26 Septiembre 2002

En la cárcel no hay privilegios
Editorial La Razón  26 Septiembre 2002

Los presos peligrosos de ETA no podrán hablar por teléfono en euskera sin un intérprete
F. Velasco / J. Prats - Madrid.- La Razón  26 Septiembre 2002
 

Nada de lo que allí pasa es porque sí
Julián LAGO La Razón 26 Septiembre 2002

Estamos curados de espanto de cuanto acontece en el País Vasco, Por lo que no nos sorprende que las calles de Mondragón amanezcan con pancartas de ETA. Ni que en Basurto dos etarras mueran, a consecuencia de una bomba-trampa con la que iban a perpetrar una masacre. Ni tampoco que, en respuesta enloquecida, la banda atente luego contra miembros de la Guardia Civil. La degradación moral instalada en la sociedad vasca produce, por tanto, indignación pero no perplejidad. Así las conductas allí registradas, que en cualquier otra situación democrática supondrían comportamientos de excepcionalidad, han hecho del terror norma de cotidianeidad, donde la burguesía se suma a homenajes a verdugos como quien va a una fiesta, se preparan atentados ante la indiferencia social de quien se toma un café y se consuman crímenes para los que algunos, no sólo los vascos violentos, buscan eximentes políticos.

Algún día la psiquiatría debería de escrutar sobre las causas del acojone en que vive esa parte del pueblo vasco que están siendo, por acción u omisión, rehén de un bandidaje cruento, mafioso y fanatizado. A veces se dice, en el hartazgo generalizado de la sociedad española, que la situación devenida en Euskadi es consecuencia del miedo colectivo, lo cual es sólo una verdad a medias por cuanto supone de situación asimétrica: unos matan, siempre de los mismos, y otros mueren, siempre también de los mismos. De ahí que no sea en balde subrayar aquí el comportamiento heroico de María San Gil, Rojo, Alfonso Alonso, Iturgaiz, Redondo, Arés, Villar, Basagoiti, Sañudo, Mayor, Rosa Díez, Totorica, Pera, Edurne Uriarte, De Nicolás, Enriqueta Benito, Beristain, Larrinaga, Iñaki Ezquerra, García de Cortázar, Savater y tantos otros ciudadanos anónimos o no que, al igual que las fuerzas de Seguridad del Estado, plantan cara al terrorismo aun a costa de su propia vida como es el caso del guardia civil Beiro, vilmente asesinado en Leiza.

No estamos, por lo que se deduce, ante el fenómeno de una insurgencia cuya grandeza nunca pasaría por salir corriendo como conejos tras disparar el tiro en la nunca o defecarse en los pantalones en cuanto la policía les detiene. Estamos ante la patología de una cobardía vesánica por parte de quienes, a falta de argumentos de racionalidad, sólo se atreven a matar por la espalda o a manejar a distancia el temporizador de una trampa-bomba. Durante años se ha sacralizado a ETA, se ha manipulado la Historia de un irredentismo y se ha conformado una atmósfera guerracivilista por aquellos que ignoran que Franco fue enterrado hace muchos años y con el su dictadura. Está claro que la normalización democrática nunca permitiría la exaltación de los verdugos, ni el antiespañolismo inoculado desde las escuelas, ni menos aún la complicidad política y social con el Estado del Terror frente al Estado de Derecho. Desde luego, nada de lo que allí ocurre es porque sí.

Más razones para ilegalizar a Batasuna
Impresiones El Mundo 26 Septiembre 2002

La vileza de los miembros de Batasuna tuvo ayer una serie de expresiones muy elocuentes. En la sala de plenos del Ayuntamiento de San Sebastián se permitieron interrumpir al alcalde Odón Elorza exhibiendo pancartas alusivas al «estado de excepción» que se vive en el País Vasco con insultos de «fascistas» al PP y PSOE y amenazas de «el pueblo no perdona». En el colmo del cinismo, no sólo no condenaron el atentado contra la Guardia Civil de Leitza sino que arremetieron con más pancartas contra la Benemérita acusándola de «torturadora», en el momento en que la concejal del Grupo Popular, María San Gil mostraba su pesar por el último asesinato.Se trata de una campaña orquestada ya que algo parecido hizo ayer en la Casa de Juntas de Gernika, la portavoz de Sozialista Abertzaleak, Maite Barreña, al referirse en su intervención a las «torturas que padecen los ciudadanos vascos». Se permitió además guardar un minuto de silencio por la «situación dramática de Euskal Herria». En sus dos localidades natales, Zaldibia y Rentería, se celebraron homenajes a los dos etarras muertos por su propia bomba. Hodei Galarraga fue nombrado, en el colmo de la sinrazón, hijo predilecto de Zaldibia. La ikurriña ondeará a media asta en ese Ayuntamiento y se ha declarado luto oficial hasta el funeral. Batasuna no se limita a mantener un silencio cómplice respecto a ETA sino que jalea las actuaciones de los terroristas y arropa a sus asesinos. Añade cada día razones más evidentes para su ilegalización.

Duelo y apología
Editorial El Correo 26 Septiembre 2002

El sentido duelo por la muerte de Juan Carlos Beiro Montes y los gestos de condena de su asesinato protagonizados por miles de ciudadanos en Euskadi y en el resto de España contrastaron en la jornada de ayer con la necrofilia practicada por quienes han convertido la muerte en argumento definitivo de su sinrazón. La memoria de Hodei Galarraga y Egoitz Gurrutxaga ha pasado a formar parte de la iconografía con que la barbarie trata de justificar su terror enalteciendo como heroico el sacrificio de dos jóvenes que habían convertido la práctica violenta en su única ideología. Junto al terrible zarpazo del asesinato del guardia civil, junto a la lamentable muerte de dos terroristas fanatizados, la sociedad ha recibido otra mala noticia que no por previsible resulta menos descorazonadora: la persistencia de la apología del crimen y el arraigo del totalitarismo en las organizaciones de la izquierda abertzale a las que el Estado de Derecho ha conminado a optar entre retractarse o ser desterradas de la legalidad.

Los integrantes de la suspendida Batasuna y cuantos se encuadran bajo las distintas siglas radicales no han desaprovechado hasta ahora ninguna ocasión para demostrar que, lejos de estar dispuestos a corregir su comportamiento, siguen empeñados en metabolizar toda acción institucional contra la impunidad en acicate para alimentar el odio entre los más iracundos de la izquierda abertzale. Lo acaecido en el Ayuntamiento de San Sebastián y en las Juntas Generales de Vizcaya, instituciones en las que los electos de Batasuna reincidieron en la infamia de presentar a las víctimas como verdugos, las palabras de Barrena y Otegi vaticinando la perpetuación de la barbarie, o las convocatorias de homenaje ensalzando como ejemplares a Galarraga y Gurrutxaga dan testimonio de hasta qué punto ni el riesgo cierto de ilegalización ni la soledad a que su repudiable comportamiento les ha llevado son capaces de hacer recapacitar a los dirigentes y activistas de la izquierda abertzale. Pero esa mala noticia ofrece un aspecto alentador: la evidencia de que el eco que las incendiarias arengas batasunas alcanzan entre sus propias bases es cada día más reducido.

Entre Leiza y Basurto
Lorenzo CONTRERAS La Razón 26 Septiembre 2002

El atentado de Leiza (Navarra), con el triste saldo de un cabo de la Guardia Civil muerto y varios agentes heridos, restablece la siniestra costumbre de ETA, consistente en la ya medio olvidada bomba-trampa o bomba con reclamo. El cambio no tiene mayor importancia táctica, pues lo verdaderamente significativo es que la banda no muestra la menor preocupación por el destino «judicial» de Batasuna y el empeoramiento de su imagen como organización semipolítica de apoyo. O sea, se trata de matar, que es lo que a ETA le importa. El procedimiento es lo de menos. Y ahora, naturalmente, los representantes parlamentarios y municipales de la coalición «abertzale», desactivada nominalmente por Garzón, pero de obvia presencia en las instituciones, incurrirá de nuevo en la abominable actitud de no condenar el crimen repetido. Un dato más para su marginación legal definitiva, pero ese es un horizonte que los proetarras ya tienen asumido o asimilado.

ETA acaba de demostrar otra vez que para ella las cosas no han cambiado. Después de sus últimos descalabros en Francia, donde agentes de la seguridad española han tenido una importante participación como rastreadores de los movimientos etarras, ETA, según algunas fuentes que no han necesitado quebrarse mucho la cabeza en su teorización, decidió intensificar la actividad terrorista. Para empezar dinamizó a la pareja dirigente Olarra Guridi-Ainhoa Múgica, cuya pronta detención, seguida de la de un primer comando, habría motivado la movilización del comando autovolado en Basurto (Bilbao), frustrándose así la proyectada represalia. A la tercera, ocurrió lo de Leiza, de acuerdo con el modelo que parecía archivado.

Como suele suceder cuando la banda sufre los efectos de un castigo policial continuado, puede notarse la llegada de una leva de refresco. Pero el «refresco» tiene para ETA sus inconvenientes. No hay problema de captación de nuevos terroristas, pero sí de preparación experimental, aparte de que esa inexperiencia de los novatos parece coincidir con la degradación del material que les toca utilizar con urgencia. Ese factor último explicaría el «accidente» de Basurto. Los «borrokos» necesitan además un rodaje. No es lo mismo lanzar el cóctel molotov callejero que una acción más compleja. Incorporarse plenamente a la nueva tarea ofrece sus peligros.

Ahora, cuando toque enterrar a los de Basurto, cabe esperar la correspondiente y ruidosa exequia. Y a ver quién la prohíbe o cómo se reprimen, en caso de intervención policial, los presumibles excesos de la masa doliente, la propaganda etarra, la apología abierta del terrorismo y el complementario desafío a las autoridades vascas y a la policía autonómica. La perspectiva tiende a ser un nuevo y deprimente espectáculo.

Euskadi desde fuera
Pablo MOSQUERA La Razón 26 Septiembre 2002

Haberme marchado de la Euskadi de Arzalluz no significa que me haya exilado de mi condición de ciudadano militante por los derechos fundamentales, comprometido con el asentamiento de la Democracia en una región de España (con perdón) en la que vive mi familia, dispongo de casa abierta y tengo compañeros de partido político que dan la cara en busca de la libertad.

Sentada la situación que supone para el nacionalismo la mala noticia de mi persistencia en el trabajo que inicié hace casi veinte años, paso a señalar el paisaje que diviso desde fuera de lo que algunos denominan país, otros pueblo y, la mayoría, consideramos como Comunidad del Estado español de las Autonomías.

Nuevo escenario para el rancio conflicto entre la Euskadi controlada por el nacionalismo y los poderes democráticos de la Nación.

Y digo, Euskadi Nacionalista, porque Álava ha mostrado su vocación de normalidad y lealtad con el Estado, razón por la que ha comprendido y puesto en práctica, la decisión del poder judicial relativa a la suspensión de derechos de Batasuna.

Pero en el caso del Parlamento Vasco, la cuestión dará mucho que hablar. Colisión grave entre una Cámara donde reside la voluntad popular, y los tres poderes del Estado.

Moralmente, ya estamos acostumbrados a que iglesia vasca, Gobierno vasco, Sindicatos Vascos, Partidos nacionalistas Vascos, Parlamento Vasco, hagan más por los presuntos derechos de los civiles de ETA, que por los que llevan escolta y se sienten amenazados, simplemente por ser disidentes con la doctrina de la Construcción Nacional.

Pero, la foto del país se hace más clara y se amplía: ELA deja claro que es mucho más que un sindicato, incluso arremete contra la Policía y contra sus mandos, por haber disuelto una manifestación ilegal, sospechosa de connivencia con «los malos».

Arzalluz, que no suele correr el riesgo de ser candidato a «lehendakari», ni alcaldable, ni diputado general, sale al balcón del batzoki y al estilo Zalamea, amenaza con sacar al pueblo a la calle; si bien no asegura que les vaya a acompañar en el paseo.

El Gobierno Vasco con su presidente a la cabeza, siguen interpretando la democracia y su estado actual, dando consignas y dicterios sobre lo bueno, lo malo y los riesgos de enfrentamiento civil, como si el que unos maten y los demás mueran, no haya sido el colmo del enfrentamiento entre seres humanos y alimañas.

Así se explica la hartura que se percibe desde fuera de Euskadi sobre los derechos históricos de los vascos nacionalistas, que se recogen en las encuestas que empiezan a justificar teorías sobre la supresión de la Autonomía en Euskadi.

De todas las frases «solemnes» leídas o escuchadas, desde fuera de la Euskadi de Arzalluz, hay una inconmensurable: «Ibarreche advierte que hará frente a todos los excesos políticos y jurídicos».

¿Cómo se puede ser lehendakari de una Comunidad en la que toda la oposición tiene que ir con escolta? ¿Hay mayor exceso?

Sigo pensando que los alaveses son los que están más cerca de la solución. Abandonar la Euskadi en la que manda un tal Arzalluz.

Vivir de la muerte
Lorenzo Contreras La Estrella 26 Septiembre 2002

La caza del guardia civil a base de bomba con reclamo ha sido recibida por la mayor parte, la inmensa mayor parte de la población española, como una nueva o ya medio olvidada expresión de la crueldad sistemática que ETA mantiene en su repertorio de criminales costumbres. Se ha vuelto, efectivamente, a la trama explosiva que hace ya tantos años servía para castigar a los encargados de reprimir el uso de la ikurriña. El asesinato del cabo de la Benemérita en Leiza (Navarra), que pudo ir acompañado en su infortunio por varios de sus compañeros "atraídos" por la pancarta de contenido etarra cebada con bomba, ocupa en esta atormentada actualidad muchos espacios de los medios de comunicación en toda España.

El testimonio es unánime. Había pasado más tiempo de lo que suele ser normal sin que el horizonte político estuviese marcado por el luto y los llantos de los afectados directamente, o por la dolorida preocupación de los observadores normales. Pero la banda terrorista tenía que reaparecer porque vive de la muerte. Su dirección no podía permanecer pasiva según los dictados de su propia lógica. Los golpes policiales recibidos por la organización, especialmente el que ha significado la captura de sus "jefes militares" Olarra Guridi y Ainhoa Mujica, reclamaba una respuesta. Dos comandos cayeron en el intento de lograr la represalia, uno de ellos de forma cruenta al estallarle en Basurto (Bilbao) el artefacto explosivo que transportaba. pero al fin lo consiguieron en Leiza, con lo cual trasladan a la opinión el dato de que ETA sigue activa, cosa que, por otra parte, nadie venía poniendo en duda. Distinto es que las circunstancias le obliguen a tomarse unas vacaciones.

¿Represalia etarra forzada por la detención de los dirigentes de la estrategia pistolera? Ésa es la opinión de una mayoría de observadores, pero no de todos. Desde la atalaya de Gara, el periódico abertzale continuador de Egin, se emite una consideración contraria a la idea de que ETA funcione por estímulos coyunturales. No se refiere este periódico a la captura de Olarra y Mujica, sino al episodio de Basurto, que según Javier Balza habría determinado la inmediatez de una respuesta concretada en el asesinato del guardia civil. De eso, nada. Sentencia Gara que ETA emplea "la lucha armada" en función de sus fines constantes, no otros que conseguir "que el pueblo vasco sea el único dueño de su futuro". Así viene actuando —subraya el periódico abertzale— desde hace más de tres décadas.

Y si el presidente Aznar proclama que a los militantes de ETA" (así les llama Gara y nunca asesinos) sólo les espera un futuro de prisión o muerte, ése es un riesgo —dice el periódico— "asumido por aquellos que deciden ingresar en la organización armada". De manera que, según Gara, lo que debieran preguntarse o cuestionarse Aznar, Balza y el propio Ibarretxe es por qué sabiendo lo que les aguarda "todavía hay vascas y vascos que toman la determinación de matar y morir por su pueblo, al tiempo que un importante sector de esa población (vasca) se niega a llamarles asesinos. Dice el citado órgano filoetarra que la respuesta aparece en el Acuerdo de Lizarra, donde "se traza el camino para acabar con el dolor transformando el conflicto violento en una confrontación planteada en términos estrictamente democráticos".

Para Gara no parecen existir vascos con actitudes no entreguistas, pero ésos sólo quieren, junto con otros enemigos, "mantener su imposición".

El cagonet xirinacs
Iñaki EZKERRA La Razón 26 Septiembre 2002

Cualquiera que le ve piensa que se trata del abuelito de Heidi. A Luis María Xirinacs esas nieves capilares y esos papos rosaditos que Dios le ha dado le permitirían ganarse la vida ejerciendo de Santa Claus o de clochard. Cualquiera que le ve lo llevaría a merendar a casa; se haría con Xirinacs un llavero o un amuleto para el retrovisor del coche. Xirinacs tiene ese aspecto de ancianito fiable y entrañable al que uno le puede confiar tranquilamente los sobrinos durante una tarde. Luego viene el día de la Diada y a Xirinacs le pasa como al hombre lobo con la luna llena: se metamorfosea. La metamorfosis de Xirinacs consiste en decir que es amigo de ETA y en piropear la profesionalidad con la que ETA trabaja. ETA siempre avisa al poner una bomba y ya se sabe: el que avisa no es traidor y de bien nacidos es ser agradecidos. Esos dos refranes castellanos resumen el pensamiento catalanista e intelectual de Xirinacs.

No hace mucho en una tertulia televisiva sobre el País Vasco una periodista se reía de la perplejidad que le causaba que gente tan normal y tranquila como ella y como los que la rodeábamos estuviéramos amenazados por unos asesinos. A mí con Xirinacs me entra la risa por una perplejidad exactamente opuesta. ¿Qué coño hace el abuelito de Heidi diciendo en una verbena costumbrista que se ha hecho amigote de unos criminales y que son buena gente? Yo no sé si este hombre no sabe dónde se mete o si ese contraste de pintoresquismo físico y criminalidad verbal es la constante de todas las involuciones humanas hacia la amoralidad y el delito. A Carod-Rovira se le ve demasiado la inconsciencia bocazas con ese aspecto de butifarra parlante, pero Xirinacs no es tan obvio.

Xirinacs anda entre Papa Noel y el muñeco diabólico. Es una de esas simpáticas marionetas de las pelis de terror que en cuanto te acercas te lanzan un espumarajo verde que te quema la piel. A Albert Boadella pertenece la máxima de que «el nacionalismo es un pedo que sólo le sienta bien a quien se lo tira». El caso de Xirinacs va más lejos del pedo. Aquí estamos ante una diarrea en toda regla. Porque en lo escatológico está la clave de su reincidente discurso. Hay algo obsceno, diarreico, en su burla a las víctimas. Hay una incontinencia que no es verbal sino anal. Xirinacs elogia a ETA y relativiza Hipercor como los niños dicen caca, culo y pis. El belén catalán tiene una figura que no tienen los otros: el cagonet. Se trata de un personaje con el mismo «look» de Xirinacs que defeca junto al Misterio, o sea, en lo más sagrado. André Glucksmann ha denunciado el nihilismo que hay en todo terrorismo. El cagonet Xirinacs defeca inocentemente sobre el belén de la democracia. Pero se asustaría de saber que es nihilista su mocordo.

Sobre el derecho de manifestación y la suspensión del grupo parlamentario de Batasuna
JOSÉ MANUEL GÓMEZ-BENÍTEZ El País 26 Septiembre 2002

José Manuel Gómez-Benítez es catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid.

Cuando un juez de instrucción decide mediante una resolución ejecutiva aplicar una medida cautelar, tiene, además, que poner en marcha los mecanismos legales necesarios para su cumplimiento. Si, por ejemplo, se trata de la prisión provisional de un imputado en paradero desconocido, tiene que instar formalmente la actuación de la policía judicial para asegurar la búsqueda y captura del imputado en cuestión; si lo acordado es el embargo cautelar de sus bienes o cuentas corrientes, tiene que remitir las oportunas órdenes a los registros públicos y entidades bancarias para su cumplimiento; si la resolución es supender las actividades de una asociación o partido político, por considerarlos ilegales, tiene que instar la ejecución de esa medida cautelar a las autoridades policiales y políticas que corresponda.

Además de poner en marcha los mecanismos para hacer eficaz sus resoluciones ejecutivas, los jueces de instrucción tienen que vigilar su cumplimiento. Hay jueces que no lo hacen, pero éstos, ni cumplen sus obligaciones legales ni son eficaces.

Para evitar extralimitaciones en el ejercicio de estas y otras funciones judiciales, no sólo las partes interesadas en un proceso penal tienen la posibilidad de ejercer su derecho a recurrir las resoluciones judiciales, sino que, además, el fiscal ejerce una función permanente de defensa de la legalidad en el seno del proceso. Es difícil imaginar en este contexto una conducta prevaricadora de un magistrado instructor que no haya sido advertida, pese a su suspuesta notoriedad, por el fiscal, salvo que se acuse a éste, también, de ignorancia inexcusable o de connivencia delictiva y dolosa con el magistrado. Pero, sobre todo, a falta de recursos interpuestos por el fiscal, bastaría con esperar a la resolución de los presentados, en su caso, por los interesados para comprobar la conformidad a derecho o no de las resoluciones judiciales discutidas.

A partir de estos presupuestos básicos, que algunos políticos y comentaristas, no obstante, olvidan, deben analizarse las dos cuestiones más debatidas en la actualidad sobre la suspensión judicial de Batasuna: las actuaciones judiciales con respecto al ejercicio del derecho de manifestación y a la suspensión de su grupo parlamentario.

Aunque algún comentarista siga insistiendo en que el magistrado Baltasar Garzón ha prohibido manifestaciones en el País Vasco, la publicación de sus resoluciones despeja cualquier duda: El juzgado se ha limitado a comunicar al consejero de Interior del Gobierno del País Vasco -que es el máximo órgano competente para autorizar o prohibir manifestaciones allí- determinada información relevante sobre algunos organizadores pertenecientes a Ekin, es decir, a ETA, que ha motivado un auto de prisión contra ellos, así como sobre dos convocantes, que se habían reconocido responsables de la trama de desobediencia civil integrada también en ETA, según el auto de suspensión temporal de Batasuna. Tal comunicación no es, en modo alguno, una advertencia a los poderes públicos sobre su forma de actuar, sino una simple comunicación de información, a efectos -se dice expresamente en el auto judicial- de que los responsables gubernativos ejerzan sus competencias en materia de autorización o prohibición de manifestaciones. Esta comunicación se inserta, obviamente, en la función judicial de vigilancia del cumplimento de las resoluciones judiciales -no sólo de la que acordó la suspensión de Batasuna-, pero en absoluto implica prohibición alguna de esa u otras manifestaciones por parte del juzgado.

En cuanto a la suspensión del grupo parlamentario vinculado a Batasuna, la resolución judicial no se atribuye el poder de legislar, ni menoscaba el ejercicio de la función parlamentaria por cada uno de los elegidos. En realidad, la Mesa del Parlamento vasco sólo ha puesto de manifiesto la existencia de una aparente dificultad instrumental para la aplicación de una resolución judicial de obligado cumplimiento. No han tenido en cuenta la Mesa, ni, al parecer los letrados de la Cámara, que el juzgado se basa en la aplicación directa del Código Penal, cuyo artículo 129 autoriza la suspensión cautelar de las asociaciones ilícitas. El Código Penal es legislación general, cuya aplicación no puede ser obstruida por normas internas, como son los reglamentos parlamentarios, ya que si así fuese, los propios Parlamentos y sus parlamentarios podrían declararse ajenos a las leyes generales, utilizando, precisamente, su propia legislación interna. Dicho de forma gráfica, la aplicación del Código Penal no necesita, digamos, el pase foral.

En consecuencia, ni el Reglamento del Parlamento del País Vasco ni ningún otro puede regular los supuestos de suspensión de las asociaciones ilícitas previstos en el Código Penal. La Mesa del Parlamento del País Vasco no necesita, por tanto, habilitación expresa alguna de su Reglamento para aplicar una resolución judicial firme basada en el Código Penal. Su Reglamento sólo puede regular el ámbito interno de competencias y de funcionamiento de la Cámara, pero ni se refiere, ni podría hacerlo, a las competencias externas, entre las que se encuentran las del Poder Judicial. Los Parlamentos no son ámbitos ajenos a la vigencia de las leyes generales, ni sus reglamentos tienen por qué prever absolutamente nada sobre la aplicación de tales leyes. No se trata de instituciones blindadas frente al Poder Judicial y a la vigencia de las leyes generales. Los parlamentarios también están sometidos al mandato constitucional -la Constitución española también es una ley general- de colaborar en la ejecución de las resoluciones judiciales. Ampararse, como excusa para el incumplimiento de este mandato, en la falta de previsión expresa en su Reglamento interno de un determinado supuesto de suspensión de un grupo parlamentario, es tanto como pretender someter la vigencia del Código Penal y de la Constitución a un pase foral manifiestamente ilegal.

Dentro de la legalidad vigente, el Parlamento del País Vasco tiene, pues, la obligación ineludible de suspender el grupo parlamentario vinculado a Batasuna, ya que ello no menoscaba el ejercicio de las funciones parlamentarias de sus integrantes dentro del Grupo Mixto. Es un asunto de mera organización interna. Para ello, no puede ser obstáculo el Reglamento de la Cámara, ni es necesario reformarlo. Desde el punto de vista del Derecho, se trata, simplemente, de ejecutar una orden judicial basada en el Código Penal, conforme a un mandato constitucional directamente vinculante.

Por otra parte, tampoco es verdad que el Poder Legislativo del País Vasco esté siendo afectado por esta resolución judicial, ni, en consecuencia, que pueda aparecer indefenso dada la ausencia de medios legales para combatirla. La suspensión de un grupo parlamentario no afecta al poder de legislar, ni a derecho alguno del Parlamento, cuya lesión pudiera legitimar el ejercicio del derecho de recurso por éste. Esto, sin contar con que, tal y como ha declarado reiteradamente nuestro Tribunal Constitucional, los poderes del Estado -en cuanto tales poderes- no son sujetos de derechos. El grupo parlamentario y el partido afectados -ellos sí- pueden, si lo consideran conveniente, usar las vías legales existentes para la defensa de sus intereses.

Cuestión diferente a las hasta ahora tratadas es si los conceptos jurídicos de partido político y grupo parlamentario son equiparables. Pese a la realidad, más que evidente en este caso concreto, lo cierto es que para el Derecho son conceptos diferentes. Esto no es algo, sin embargo, que pueda decidir el Parlamento del País Vasco, como tampoco puede legalmente su Mesa calificar de nula una resolución judicial. La palabra al respecto la tienen, exclusivamente, tanto el propio magistrado instructor, que puede y debe en cualquier fase de la instrucción adecuar la extensión de la medida cautelar de suspensión de Batasuna a las causas que la justifican, como el tribunal que tenga que resolver, en su caso, los recursos correspondientes.

Desde este punto de vista, hay que recordar que el artículo 129 del Código Penal sólo autoriza la suspensión de una asociación como medio para evitar la continuación de la actividad delictiva. Según el magistrado, está acreditado que el grupo parlamentario es en este caso un mero instrumento completamente dependiente del partido suspendido. Si es así, la suspensión del grupo, aunque puede ser revisada de oficio en cualquier momento, es penalmente coherente y, desde luego, no impide ni obstaculiza la actividad estrictamente parlamentaria de los electos de Batasuna, puesto que es legalmente inevitable que las continúen ejerciendo dentro del Grupo Mixto, a través del cual percibirán las subvenciones correspondientes.

Basta Ya denuncia que la Ertzaintza les identificó en una marcha en Irún
SAN SEBASTIÁN EL CORREO 26 Septiembre 2002

La Ertzaintza procedió ayer a identificar a varios miembros de la plataforma ciudadana Basta Ya que participaban en una manifestación en Irún para protestar por el asesinato del cabo de la Guardia Civil Juan Carlos Beiro en Leitza. Según los participantes en el acto, la actuación de la Policía vasca se produjo después de que una concentración silenciosa, que se había celebrado en el centro de la localidad, se dirigiera hacia el cuartel de la Guardia Civil. Durante el trayecto fueron escoltados por patrullas de la Policía municipal.

El incidente más tenso se produjo cuando los ertzainas solicitaron su DNI a Juani Pérez, la viuda del concejal popular José Luis Caso, asesinado por ETA en diciembre de 1997. La mujer, tras exhibir su documentación y la de su difunto esposo, les dijo a los agentes: «Identificarle también a él, porque le hubiera gustado estar aquí».

No comunicada
Los portavoces oficiales del Departamento de Interior aseguraron ayer que la intervención de la Policía autónoma se produjo de manera rutinaria, ya que la manifestación no había sido comunicada oficialmente. Las mismas fuentes añadieron que, según la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ertzaintza está obligada a identificar a las personas que se encuentran en un acto cuya celebración no haya sido notificada con anterioridad.

Por otra parte, Basta Ya y la Fundación Miguel Ángel Blanco exigirán «libertad» en el acto convocado para este sábado en el Frontón Atano III de San Sebastián con el fin de movilizar a la sociedad vasca en apoyo de los cargos públicos amenazados que ejercen sus tareas políticas a pesar de «una tremenda presión».

Acompañados por la edil popular en Eibar Regina Otaola y el alcade socialista de Portugalete, Mikel Cabieces, Carlos Martínez Gorriarán y Rubén Múgica, en nombre de Basta Ya y de la Fundación Miguel Ángel Blanco, respectivamente, anunciaron nuevos detalles del acto, que será presentado por los periodistas Mercedes Milá y Antxon Urrosolo.

Comienzan las deserciones
Ignacio Villa Libertad Digital  26 Septiembre 2002

El anuncio realizado por el convergente Pere Esteve, de abandonar todos los cargos que mantiene en el partido de Jordi Pujol, se pude considerar la primera gran deserción en vísperas de las elecciones catalanas. Cuando falta un año para la cita electoral autonómica, el nerviosismo esta cundiendo en las filas de Convergencia i Unió. Las pesimistas expectativas electorales para la coalición que ha gobernado Cataluña desde hace 20 años comienzan a provocar las primeras "huidas" sonoras. El escenario, que se vislumbra como posible, de pasar a la oposición está ya creando situaciones de angustia o huidas hacia adelante para aquellos que han creído que la política es un cortijo y no entienden que en democracia la alternancia es una realidad.

Pere Esteve dice ahora que su marcha de Convergencia está provocada por la política de pactos con el Partido Popular y por la actitud sumisa de los convergentes hacia los populares. Mucho ha cambiado este hombre, o es que quizá ha comenzado a perder la memoria, por lo que no está de más recordarle que cuando él era secretario general de Convergencia, fue el momento de una mayor sintonía con el Partido Popular. Corrían los años de la primera legislatura del PP, y la colaboración entre CiU y PP era estrecha y efectiva en la gestión del Gobierno. Es decir, resulta que cuando Esteve era la cabeza visible de Convergencia, su partido vivía una auténtica época dorada con el Partido Popular. Pero ahora, cuando se percibe en el horizonte convergente la perdida del poder, Esteve coge el portante y se va. Y por sí quedara alguna duda sobre su actitud, ha dejado abierta una puerta para colaborar con otras fuerzas políticas en clara referencia a Esquerra Republicana de Cataluña.

Esta "escapada", en toda la regla, del que fuera secretario general del partido de Pujol es un aviso para una coalición política amparada e instalada en el poder desde hace tanto años, que existe una generación de ciudadanos catalanes que no conocen otra cosa que no sea "pujolismo". Esta deserción es un claro aviso de lo que puede pasar en CiU, no sólo después de una teórica derrota electoral, sino incluso antes de las elecciones catalanas. La posibilidad de perder el control del poder, por lo que parece, puede provocar en muchos políticos catalanes un cambio repentino de ideas, con el simple objetivo de seguir cerca del poder. Pueden estar seguros que el aterrizaje de Esteve en las cercanías del independentismo de Esquerra, es sólo el banderín de enganche de otros muchos que irán llegando desde este momento.

Crisis de identidad en CiU
Francisco MARHUENDA La Razón 26 Septiembre 2002

No es habitual que un ex secretario general de un partido, miembro de sus máximos órganos de dirección y eurodiputado renuncie a sus cargos y abandone, incluso, la militancia. Esto sucedió ayer con Pere Esteve, uno de los dirigentes más relevantes del sector soberanista de CiU. Es un duro golpe para Pujol y Mas, al que simplemente se lo comunicó por teléfono. Esteve fue secretario general de Convergència desde 1996 a 2000 y actualmente era uno de los diez miembros de la cúpula de CiU así como presidente de la Fundación Ramon Trias Fargas.

La renuncia del ex secretario general de CDC pone de manifiesto la crisis interna que existe en la federación nacionalista, una amalgama en la que coexisten soberanistas, pragmáticos, democristianos, socialdemócratas... cohesionados por la figura de Pujol y, sobre todo, por el poder institucional que controlan. Esteve se había situado en posiciones radicales y era uno de los más firmes defensores de la Declaración de Barcelona, el pacto suscrito por CiU con el PNV y el BNG. Es una renuncia que no se puede minimizar, porque pone de manifiesto las contradicciones internas dentro del nacionalismo catalán así como la convicción de algunos de sus dirigentes de que se pueden perder las próximas elecciones autonómicas. Desde hace semanas existe un cierto desánimo ante una posible victoria de Pasqual Maragall.

Esteve ha justificado su decisión por lo que considera una subordinación de CiU al PP, a pesar de las fuertes discrepancias que existen entre ambas formaciones. Esta ha sido la tesis del denominado sector soberanista, algo que se ha visto ampliado por los ataques que reciben los populares sin que su dirección nacional se haya preocupado de poner las cosas en su sitio. Desde 1995, CiU gobierna en Cataluña gracias al PP pero los dirigentes nacionalistas han mostrado un gran desapego e, incluso, menosprecio por esta colaboración. El mensaje es que Aznar es autoritario e insensible con Cataluña.

Esteve pone de manifiesto las graves contradicciones internas que existen en CiU, que oscila entre el apoyo y las críticas al PP. Su renuncia es un torpedo en la línea de flotación que le perjudica en los sectores más nacionalistas. Todo parece indicar que Esteve se unirá a los independentistas de ERC.

En la cárcel no hay privilegios
Editorial La Razón  26 Septiembre 2002

Dos recientes autos, ambos de la Audiencia Provincial de Madrid, a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, han sentado doctrina sobre lo que dos miembros de la banda terrorista ETA consideraban derechos cuando en realidad eran dos actitudes provocadoras. Por uno de ellos, todo preso sometido al régimen de comunicaciones intervenidas debe conversar en lengua española, no en euskera, en todos aquellos casos en los que no existe, circunstancialmente, intérprete en el centro. La otra decisión judicial ha establecido que un preso de esta cruel estirpe no puede gozar de impunidad para exhibir dentro del recinto penitenciario, o fuera en comparecencias ante tribunales, el símbolo etarra de la serpiente enrollada al hacha. Es indudable que desestimar las quejas de Jon Igor Solana, miembro del comando Andalucía acusado de asesinar al fiscal Luis Portero, y la que hace referencia a Ángel Figueroa, dejan sentado que, tanto en un caso como en el otro, individuos sometidos por sentencia a un régimen penitenciario concreto, a causa de sus acciones criminales, no pueden, encima, adoptar actitudes provocadoras e intentar saltarse la observancia de la intervención telefónica y mucho menos hacer ostentación de un símbolo prohibido que, además de ser perseguible de oficio, como lo es en recintos públicos todo aquello que recuerda al nazismo, representa tanto dolor y espanto en España. En ningún país, en ningún Estado de Derecho, los asesinos gozan de prebendas como las que pretenden los etarras.

Los presos peligrosos de ETA no podrán hablar por teléfono en euskera sin un intérprete
La Audiencia de Madrid también prohíbe que exhiban emblemas de la banda porque «no hay que consentir bravuconadas»
Los presos de la banda terrorista ETA que tengan intervenidas sus comunicaciones no pueden hablar telefónicamente en euskera sin que, al otro lado del teléfono, esté un intérprete que dé fe del contenido de la conversación que mantiene el etarra con su interlocutor. Cuando no está presente el intérprete sólo caben dos soluciones: se mantiene la conversación en castellano o se aplaza la misma. Así lo ha establecido la Audiencia Provincial de Madrid en un auto que rechaza la queja interpuesta por el etarra del «comando Andalucía» Solana Matarrán, a quien se le cortó una comunicación que mantenía en euskera tras ser advertido de ello. Los presos de ETA tampoco pueden llevar símbolos de la banda en la cárcel.
F. Velasco / J. Prats - Madrid.- La Razón  26 Septiembre 2002

El etarra Jon Igor Solana Matarrán tiene intervenidas sus comunicaciones ¬algo de lo que se le informó en su momento¬ por su implicación en siete procedimientos judiciales relacionados con asesinatos y atentados de la banda terrorista. En el transcurso de una conversación telefónica que mantenía en euskera se le avisó «repetidas veces» de que dejara de hablar en esa lengua, ya que en ese momento no había intérprete. Al hacer caso omiso se procedió a «cortar la comunicación telefónica».

Tras esta actuación de la administración penitenciaria, Solana Matarrán recurrió ante el juez de vigilancia, quien desestimó su pretensión. La Sección Quinta de la Audiencia de Madrid en un auto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, ha avalado la completa legalidad de esa actuación penitenciaria.

En ese sentido, los magistrados señalan que la intervención de las comunicaciones no priva al preso del derecho a expresarse en su propia lengua, pero que en esos casos «o está presente el intérprete correspondiente, o el interno se expresa en lengua española ¬aunque no sea la suya propia o no la tenga por tal¬ si la conoce, o no tiene lugar la comunicación».

En el supuesto de comunicaciones escritas, añade el auto de la Sala, la solución es «más sencilla, aunque lenta», ya que la correspondencia puede ser remitida a un órgano centralizado de traducción. Sin embargo, en las orales «es mucho más complicado, no sólo porque ello requiere la presencia inmediata de intérprete en las prisiones, sino porque requeriría, en puridad, bien la existencia de turnos precisos y penosos, bien una puralidad de intérpretes absolutamente desproporcionada en caso de comunicaciones simultáneas, por ejemplo, durante los fines de semana en que es frecuente la visita de familiares a plurales presos de ETA».

Por ello, cuando no hay intérprete en la cárcel, está de baja o se produce simultáneamente más de una comunicación que exija su presencia, sólo cabe que el preso «se exprese en lengua española» o que deje «sin efecto» la comunicación, aunque se entiende que en esas ocasiones sería conveniente informar al preso de ello.
En ese caso, según el auto de la Sala, no consta si se le facilitó o no esa alternativa, pero sí que una vez que el etarra inició la conversación telefónica «se le avisó repetidas veces de que dejara de hablar en euskera, antes de cortar la comunicación».

Por ello, afirman los jueces, lo que «el quejoso pretende» ¬el preso etarra¬, hablar en euskera «pese a tener las comunicaciones intervenidas», no puede aceptarse en ningún caso, ya que «no puede intervenirse una comunicación y permitirse que esa comunicación intervenida tenga lugar en forma tal que se ignore su contenido».

«Es una retorsión de la verdad y del Derecho, a partir de la premisa falsa de un derecho absoluto a expresarse en euskera en cualquier momento y circunstancia», concluye el auto.

Por otro lado, este mismo Tribunal ha avalado que los presos etarras no puedan llevar símbolos de la banda en la cárcel, rechazando el recurso de Ángel Figueroa Fernández, a quien un guardia civil le retiró una cadena que llevaba con el anagrama de ETA. El que llevase esa cadena se considera «provocativa y desafiante, al hacer ostentación del símbolo, serpiente enrollada al hacha, de una organización criminal».

En definitiva, afirman los jueces, «no hay por qué tolerar la exhibición de símbolos de una asociación ilícita, criminal, no hay por qué consentir bravuconadas ni desafíos que tienden a la alteración del orden público en prisión o en sedes jurídicas».

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