AGLI

Recortes de Prensa     Sábado 5 Octubre  2002
España prohibida
José Antonio VERA La Razón 5 Octubre 2002

Redondo devuelve la esperanza
EDITORIAL Libertad Digital  5 Octubre 2002

Ante el desafío del nacionalismo vasco
ANDRÉS DE BLAS GUERRERO El País 5 Octubre 2002

En busca de otro nombre
CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN ABC 5 Octubre 2002

La alternativa se llama España
JOSÉ MARÍA MUGURUZA/ABOGADO El Correo 5 Octubre 2002

Mi querida España
JUAN ANTONIO HERRERO BRASAS El Mundo 5 Octubre 2002

El Pacto responde
Editorial El País 5 Octubre 2002

La vuelta de Redondo
Enrique de Diego Libertad Digital  5 Octubre 2002

España prohibida
José Antonio VERA La Razón 5 Octubre 2002

En este país nuestro de cada día, antiguamente llamado España y ahora Estado, puedes ser cualquier cosa que se te ocurra sin ningún tipo de problema. Puedes ser nazi/nacionalista y comunista y batasuno. Puedes hablar euskera o euskara o el batua. Puedes parlar catalá y fablar en bable o en galego. Puedes llevar una matrícula así de grande con el eus de Euskalherría, con el cat de Cataluña, con el mur de Murcia y el ex de Extremadura. Puedes hacer eso e incluso decir todos los días bobadas sin parar como Madrazo o Arzallus o Ibarreche. Puedes hacerlo sin problema, en serio y en directo, pues está bien visto y es bonito fardar en público del escudo de tu pueblo y de los colores de la bandera de tu Ayuntamiento o de tu autonomía. Puedes hacerlo y decir además con contundencia y sin complejos que los etarras no son asesinos, sino presos; que los batasunos no son proetarras, sino luchadores por la libertad; que los pistoleros de ETA no son criminales, sino gudaris; que lo que hace ETA no es terrorismo, sino violencia o lucha armada; que los cabecillas huidos no son bandidos, sino políticos refugiados y perseguidos; que Arzallus no es un demente y que Ternera no es un delincuente y que aquí la única represión que hay es la que practican la Guardia Civil y la Policía Nacional, pues la Ertzaintza es sagrada aunque no haga nada, y los mossos están para mirar, nunca para multar, por favor.

Puedes soltar estas especies y muchas más sin ningún tipo de problema, sin que seas apercibido ni te echen de España ni te metan en la trena ni te saquen los colores. Al contrario. Si así procedes serás pronto un tío célebre y famoso, un figura de la televisión o la política, un reputado defensor de las libertades, un fenómeno social del pico y la tertulia, un fulano no-va-más fetén y progresista, culto y diplomático, inteligente, clarividente y perspicaz. Serás en fin agasajado y adorado y bendecido por unos y por otros si sostienes a voz en grito que España no es una nación, sino un Estado plurinacional; si argumentas que España no existe, pues nunca tuvo historia; que la lengua española es una ficción, pues no la habla casi nadie; que la bandera y el himno no deben ser exhibidos, pues son aberraciones del pasado y para eso tenemos ahora la ikurriña y la senyera y otras quince parecidas.

Serás premiado por decir esa y otras muchas tonterías como ocurre ya de hecho con tantos tontos como hay en este país-nación, o-lo-que-sea, desde que nos entró el complejo de ser españoles y nos apuntamos con entusiasmo a la moda de la mutinacionalidad y la multiculturalidad y la multibobería que se exhibe en el circo de la política. Está claro. Ya sabemos que España es la única nación del mundo que no puede ser pronunciada por su nombre.

A los que viven en el Estado se les puede llamar vascos, gallegos o castellanos, pero nunca españoles.

Aquí no debe haber bandera, ni himno, ni lengua propia, ni nada. Todo eso está prohibido. Han prohibido ejercer de español y hablar español y decir que has nacido en España y que tu bandera es la de España.

En el País Vasco puede haber homenajes a la ikurriña cada mes y celebrar por todo lo alto el Aberri Eguna. En Cataluña puedes tener la Diada y en Galicia el Día de la Patria Galega y en Andalucía del Día de Andalucía. Puedes y debes cantar el Asturias Patria Querida, el Eusko Gudariak, El Segadors y el Viva Andalucía Libre de Blas Infante.

En cualquier región, quiero decir nación, debes enorgullecerte de ser ciudadano de esa región/nación, pero ni se te ocurra decir que te emociona el himno de España y su bandera, que hablas español en vez de castellano o que el país en el que vives se llama España. Eso, perdona, está prohibido. Lo han prohibido los mismos que han impuesto este Estado invertebrado en el que ya nadie estudia la historia de España ni la literatura española. Para qué. Hemos llegado al ridículo de hacer creer a los chavales de Madrid que el Manzanares y el Jarama son más importantes que el Duero y el Ebro juntos. En las ikastolas, de hecho, nadie sabe si el Guadiana es un río y el Mulhacén un monte o una cabra. Con el Igueldo y el Nervión tienen de sobra. Les basta.

Se han empeñado en dinamitar los quinientos años de historia de esta nación antigua y prestigiosa para convertirla en el cortijo de los taifas batasunos. Antes querían autonomía, ahora co-soberanía, autodeterminación, el Estado Libre Asociado, la independencia. Nos han comido de tal manera el tarro y la moral que cada día es más difícil tropezarse por la calle con un español que esté orgulloso de serlo. Hemos hecho de España una nación sin españoles, sin himno, sin bandera, sin lengua y sin historia. Somos una nación prohibida, sin señas de identidad ni referentes.

El Inserso tiene hoy diecisiete nombres diferentes. El Insalud, dieciséis. El Inem, catorce o quince. En un sitio pagas unos impuestos y en el de al lado, los contrarios. El Ministerio de Educación carece de competencias. El de Sanidad, también. Lo hemos traspasado ya casi todo y sólo subsiste El Corte Inglés como elemento nacional de cohesión, como lo único común que nos queda a los españoles (quiero decir, perdón, a los ciudadanos que vivimos en la Península Ibérica). En todas partes, que yo sepa, los soldados hacen homenajes a la bandera y nadie protesta ni dice nada. En Estados Unidos, a diario. Igual que en Francia y Alemania. Pero aquí está prohibido hasta celebrar el Día de las Fuerzas Armadas en la Diagonal de Barcelona. ¿Qué clase de país es éste que no tiene geografía ni historia, cuyo nombre no podemos pronunciar, cuyo himno no se debe interpretar, cuya bandera no debemos enarbolar y cuyo Ejército no debe ni tan siquiera desfilar? La respuesta nos la podría dar Llamazares. Eso seguro.

Redondo devuelve la esperanza
EDITORIAL Libertad Digital  5 Octubre 2002

Ibarretxe ya ha llegado tan lejos en la senda de la ruptura con el estado de derecho, que el intento de establecer imposibles equidistancias entre el PP y el PNV, protagonizado por Patxi López, Jesús Eguiguren y Odón Elorza y teledirigido por la “vieja guardia” del PSOE, ha hecho aguas en pocos meses. La víctima propiciatoria de ese nuevo entendimiento de los socialistas con el PNV fue Nicolás Redondo Terreros, quien tuvo que abandonar la dirección del PSE después de una brutal campaña de desgaste y desprestigio dirigida por González y Cebrián y orquestada por los medios de Polanco, con el fin de perjudicar todo lo posible al Gobierno e impedirle “capitalizar” los réditos electorales de la lucha contra el terrorismo y la defensa de las libertades.

La mezquina excusa con la que Redondo fue apartado del liderazgo del PSE –el “seguidismo” del PP–, ya no tiene –si es que alguna vez la tuvo– ninguna razón de ser ni ningún asidero político, habida cuenta de que, en este asunto, el PP no está sosteniendo más que el programa mínimo que todo partido político democrático digno de tal nombre debe respaldar: la defensa del estado de derecho como garantía para la vida, la libertad y el pluralismo político, en oposición al proyecto separatista y totalitario de los dirigentes del PNV.

Después de unos meses de prudente silencio autoimpuesto para no perjudicar a su partido, Redondo ha reaparecido con toda energía en la arena política mediante un artículo publicado el viernes en ABC, donde sitúa –como hacíamos nosotros <http://www.libertaddigital.com:6969/php3/opi_desa.php3?fecha_edi_on=2002-09-28&num_edi_on=944&cpn=10904&tipo=3&seccion=ESP_D> hace una semana– el origen de la situación actual en el fracaso del pacto no escrito entre los partidos nacionales y el PNV que tuvo lugar en la Transición. En palabras de Redondo, el trato era que, a cambio de la lealtad del PNV para con el resto de España y de su colaboración activa en la lucha contra el terrorismo, “el PNV se convertía en un partido con estatus de ‘partido privilegiado’ en un doble sentido: el resto de las formaciones políticas le otorgaba un papel en la política española determinante y nosotros aceptábamos su derecho a veto. No se podía, por tanto, realizar políticas trascendentes (culturales y educativas, económicas o contra ETA) sin el acuerdo explícito del PNV”.

El primer paso –y el más importante– para resolver un problema es plantearlo correctamente, en sus justos términos. Y esto es lo que ha hecho Redondo al exponer que la raíz de la situación actual se encuentra en la política de constante cesión y condescendencia que los partidos nacionales han venido practicando con el PNV desde la Transición, una política que debiera haberse suspendido hace mucho tiempo, cuando se tuvo constancia de que los nacionalistas no estaban dispuestos a perder los beneficios de no tener que llevar escolta ni a renunciar a su “tierra prometida” en aras de la defensa de la vida, las libertades y la democracia.

Es evidente que el PSOE, que gobernó muchos años con el PNV e incluso le cedió a los nacionalistas el Gobierno vasco la única vez que ganó las elecciones autonómicas, es el principal culpable de que Arzalluz, Ibarretxe y Eguíbar se hayan creído tan impunes e intangibles como para aliarse con ETA-Batasuna y desafiar abiertamente al estado de derecho que sustenta su legitimidad y su poder. “¡Cuándo iniciaremos una etapa de autocrítica sobre nuestro inmediato pasado!”, se pregunta acertadamente Redondo, quien en su artículo insta a dar por finalizada la época en que “debíamos implorar el beneplácito nacionalista” para garantizar lo elemental: “los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos vascos”.

La ofensiva de los nacionalistas –como ha sucedido siempre– sólo tiene esperanzas de triunfar si las principales fuerzas políticas sucumben a la tentación de la cesión y el apaciguamiento. Por eso, debemos felicitarnos por recuperar a Redondo en la lucha activa contra el totalitarismo nacionalista, pues no cabe duda de que una amplia mayoría de socialistas españoles y, en cualquier caso, todos los que están comprometidos en la defensa de la vida de la libertad y de la democracia –incluidos algunos nacionalistas como Joseba Arregui, quien desde El País se niega a aceptar el horizonte totalitario que propone Ibarretxe–, comparten sus análisis.

Ante el desafío del nacionalismo vasco
ANDRÉS DE BLAS GUERRERO El País 5 Octubre 2002

Andrés de Blas Guerrero es catedrático de Teoría del Estado de la UNED.

No apagados los ecos de la respuesta del nacionalismo moderado a la decisión del juez Garzón y a la nueva Ley de Partidos Políticos, se ha producido el pronunciamiento de Ibarretxe en el Parlamento de Vitoria en defensa de un proyecto de reforma del marco estatutario vasco que desborda las previsiones constitucionales y apunta un proyecto político para el País Vasco dentro de la más estricta ortodoxia nacionalista. La campaña del PNV-EA en contra del proceso de ilegalización de Batasuna ha podido sorprender a algunos sectores de la opinión española. Menos, a aquellos sectores de la opinión vasca conocedores de una estrategia peneuvista consciente de los riesgos que una eliminación del terrorismo implica para su hegemonía política.

Quienes pensamos que una derrota de ETA supondrá la eclosión del pluralismo político en el País Vasco y, con esta eclosión, la resituación del nacionalismo vasco en la posición política relativamente modesta que le ha deparado la historia del País Vasco en el primer tercio del siglo XX, no nos podemos sorprender demasiado de los temores que despiertan en el PNV unas decisiones judicial y política que amenazan con debilitar las bases políticas y sociales del terrorismo. El nacionalismo moderado se mueve entre un rechazo, que hay que estimar sincero, de los efectos sangrientos del terrorismo y una intuición acerca de los riesgos que para su hegemonía política supondría su eliminación sin alcanzar previamente unas ventajas políticas. Aquí radica la base de toda la confusión y ambigüedad ante el tema de ETA por parte del complejo PNV-EA.

El pronunciamiento de Ibarretxe culmina una estrategia peneuvista que lleva tiempo incubándose y en la que forma parte importante la hipótesis de alcanzar logros políticos inmediatos a cambio del fin del terrorismo. Ante esta estrategia es indispensable organizar una respuesta desde dentro y desde fuera de la sociedad vasca. La estrategia desde dentro no puede ser otra que la preparación de un frente electoral de los partidos constitucionalistas que tenga como base una movilización social capaz de traducirse en unas candidaturas electorales que den el espacio que merecen a las voces que estos últimos años se han hecho oír en Euskadi. Esta es la estrategia política fundamental. Es la que puede conducir a un triunfo electoral capaz de desalojar al nacionalismo del poder y, en un segundo momento, de permitir un acuerdo con él una vez que lleve a cabo su reconversión ideológica en el marco de la oposición política. Esta es una estrategia, sin embargo, que necesita tiempo, que no puede ser acelerada, y que debe ir madurando en las próximas elecciones municipales, si es que se dan las condiciones mínimas para que estas elecciones puedan celebrarse. Se trata de un camino político que necesita del acuerdo del Partido Popular y el Partido Socialista tanto en el País Vasco como en el conjunto de España y que requiere un proceso de movilización social en el País Vasco similar al llevado a cabo en determinados procesos de transición a la democracia en la vida europea.

La respuesta desde fuera tiene que ver con reacciones de tipo institucional y de tipo ideológico. Serían las primeras aquellas medidas que el Gobierno central puede adoptar en el marco legal ante el desafío nacionalista. Es innecesario subrayar la necesidad de prudencia y de calma en esta reacción. Pero, pese a ello, no puede descartarse el recurso a las previsiones constitucionales en defensa de la legalidad. Contra los comentarios que se han podido escuchar a lo largo de estos días sobre la improcedencia de recurrir a estas medidas de excepción, parece conveniente una meditación sobre su oportunidad. La atrofia de una previsión constitucional no parece una decisión razonable. Pero más allá de esta constatación, habría que valorar los costes y beneficios que un recurso a medidas de esta naturaleza habrían de tener en la política vasca.

Contra lo que pudiera parecer en una primera aproximación, el gran perdedor de un hipotético recurso a medidas de defensa de la Constitución no sería otro que el PNV. La intervención por parte del Gobierno central en los recursos político-administrativos de la Comunidad Autónoma Vasca tendría un efecto paralizador de la utilización que los partidos nacionalistas moderados hacen de su poder en Vitoria. La sociedad vasca no quiere recorrer otro camino que el que asegure la normalidad de su vida política en un contexto de creciente desarrollo de sus niveles de bienestar. Una situación de intervención estatal en el Gobierno autónomo no puede traducirse sino en un incremento de la desconfianza de la sociedad vasca en el PNV como gestor de su vida pública. En definitiva, el recurso a una situación de excepción habrá de traducirse normalmente en una erosión del poder nacionalista en el marco de una sociedad hambrienta de normalidad y estabilidad.

Hay buenas razones para demorar al máximo el recurso a la intervención. Deberán antes agotarse todos los medios políticos capaces de garantizar las reglas de juego en la política vasca. Pero, lejos de rechazarse como imposible ese recurso, habrá que tenerlo previsto por si las cosas se agravan mediante la asunción por los dirigentes del PNV de nuevos desafíos al orden constitucional. Se entiende que los demócratas españoles traten de evitar el recurso a una situación que tiene innegables caracteres de excepcionalidad. Pero si las circunstancias hacen inevitable el envite, hará mal el sistema político español en ignorar unos mecanismo constitucionales cuya aplicación es en principio más costosa para quienes no dudan en provocarlos que para quienes responden a la provocación.

Lo que en todo caso nunca será funcional en la resolución del contencioso vasco es transmitir una imagen de indecisión y temor a la asunción por parte del Estado de aquellos medios que sean necesarios para la defensa del orden constitucional. Los dirigentes del PNV deben saber que detrás del Gobierno de España está el conjunto de la sociedad española dispuesto a respaldar aquellas decisiones que se estimen indispensables para el mantenimiento del Estado de Derecho y la normalidad constitucional. Que toda la voluntad de llegar a acuerdos con el nacionalismo vasco es compatible con el cumplimiento de la legalidad. Y que el Estado español no dudará en adoptar todas aquellas medidas que aconsejen los acontecimientos. Sería un lamentable error que el sentimiento sabiniano, la visión de España como un país de bailadores y toreros, inspirase a los dirigentes peneuvistas otra percepción de los hechos.

Hay otra reacción, en el terreno ideológico, por parte del Gobierno central que cabe esperar. Es la elaboración de un discurso político en positivo respecto al conjunto de la sociedad vasca. Los ciudadanos de Euskadi tienen que acostumbrarse a la acción de un Gobierno central que también es el suyo, que se siente íntimamente preocupado por su pacificación y su bienestar. Hay que hacer llegar al País Vasco el convencimiento de que los sentimientos mayoritarios del conjunto de la sociedad española hacia él son de solidaridad y de fraternidad. Que el objetivo de hacer de Euskadi una sociedad más libre y más próspera es un objetivo prioritario para España. Que el Estado español se considera un agente eficaz para la gestión de los intereses de los vascos en el actual momento de la vida europea e internacional. Que no son solamente razones de pasado, sino de futuro, las que justifican un encaje armonioso del País Vasco en el conjunto español. Sin duda es difícil compatibilizar este discurso con la defensa del orden constitucional, pero es indispensable hacerlo con decisión e imaginación si queremos alcanzar la definitiva superación de un contencioso cuyo mantenimiento no podemos aceptar como un dato inevitable. Máxime cuando tenemos en cuenta la deriva que el mismo va adquiriendo y su 'vis' expansiva en el marco de nuestro Estado autonómico.

En busca de otro nombre
Por CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN ABC 5 Octubre 2002

Parece que Batasuna busca un nombre que pueda sustituirle en las municipales. El nombre refugio provisional de su grupo parlamentario de Vitoria no sirve porque cae bajo la suspensión de actividades decretada por Garzón y porque, traducido, es demasiado siniestro y sincero: nada menos que ¡Nacional-socialistas de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya! Parece que el deseado es Acción Nacionalista Vasca (ANV). Especie de ERC a la vasca, formó parte del Frente Popular y tuvo sillón en el Gobierno de José Antonio Aguirre. Participó en la fundación de HB, hasta que la purga impuesta por ETA dejó aquella coalición en pura cáscara vacía. ETA puede pensar ahora que la compra de ANV servirá para reclutar políticos no implicados en la historia de Batasuna y libres del auto de Garzón, ejerciendo cierto efecto de arrastre incluso en los cotos electorales del nacionalismo. Si se consigue resucitar ese cadáver el principal perjudicado será el PNV, quizás cogido entre la pinza del constitucionalismo de las ciudades y la resurrección de Batasuna-ANV en los pueblos. ETA contaría con un partido títere que, durante algunos años (hasta que se acumularan nuevas pruebas de su verdadera actividad), gestionaría los imprescindibles beneficios generados por el poder municipal. De fraguar la maniobra, daría medida de la tensión interna que va adueñándose del campo abertzale y de la extremada importancia que los terroristas atribuyen a disponer de un órgano político legal. Confirmaría la necesidad de actuar contra Batasuna cómo pórtico necesario de la desaparición de ETA, y también para la clarificación del oportunismo suicida del PNV.

La alternativa se llama España
JOSÉ MARÍA MUGURUZA/ABOGADO El Correo 5 Octubre 2002

La rapidez con que se suceden los acontecimientos en la política vasca nos hace a veces correr el riesgo de perder la perspectiva en el análisis de la situación en que nos encontramos, y es conveniente de vez en cuando serenar el ánimo, levantar la vista y buscar las corrientes de fondo que mueven esas aguas turbulentas en las que nos vemos obligados a nadar.

Es evidente la determinación y el progreso de los poderes del Estado en la lucha antiterrorista, objetivo prioritario para todo demócrata de bien, lo que nos llena de satisfacción y de ánimo a todos los que deseamos, por encima de cualquier otro objetivo político, la recuperación de la libertad para toda la sociedad vasca, una parte de la cual no puede disfrutar de tan preciado y elemental derecho.

Y es igualmente evidente la actitud de falta de la colaboración exigible e, incluso, de obstruccionismo en ocasiones, por parte de los partidos nacionalistas y del Gobierno vasco que, en un rechazable ejemplo de insolidaridad y de perversión democrática, anteponen el progreso de su proyecto político al respeto de los derechos y libertades de quienes no lo comparten.

La última muestra la tenemos en la propuesta que el lehendakari Ibarretxe presentó al Parlamento vasco el pasado día 27 de septiembre, que no contenía ninguna medida concreta para participar en la ofensiva que los poderes del Estado vienen desarrollando contra ETA, ratificando su oposición a las últimas iniciativas adoptadas y, en cambio, sí desarrollaba su proyecto político con toda minuciosidad.

Durante estos últimos días, se ha hablado y escrito mucho de este proyecto, por lo que no me voy a extender demasiado sobre él, aunque sí quiero hacer dos reflexiones.

La primera de ellas es que nada se sale del guión, puesto que desde el año 1998 los nacionalistas entraron en una deriva convergente con los objetivos de ETA, aunque a la organización terrorista sigan sin satisfacerle los ritmos. Quizá la única novedad haya sido el modelo adoptado, ya que después de oír hablar de muchos ejemplos como Irlanda o Quebec, ahora hemos ido a parar nada menos que a Puerto Rico, aunque supongo que estarán pensando en un Estado Libre Asociado cuyos ciudadanos gocen de una condición bien diferente a los portorriqueños.

Y la segunda, no nos confundamos ni nos dejemos confundir, es que la propuesta del lehendakari es abiertamente rupturista. Sin entrar al análisis completo del documento, lo que sería imposible en un artículo periodístico, sí quiero poner de manifiesto que este carácter rupturista se manifiesta con evidencia en dos ocasiones.

En primer lugar, cuando se expresa la decisión de asumir de forma unilateral determinadas competencias descontando su coste del Cupo, contraviniendo así el pactado hace pocos meses y el sistema convenido de transferencia de competencias.

Y en segundo lugar, cuando después de hablar de un Nuevo Pacto Político con el Estado, se explica su proceso de elaboración. Este proceso, como todos los que protagoniza el Partido Nacionalista Vasco, es complejísimo, pero se desarrolla en su integridad en el ámbito vasco, controlado por supuesto por ellos, hasta llegar a un texto articulado que se someterá a la aprobación del Parlamento vasco. Una vez producida esta aprobación, se presentará al Estado para tratar de llegar al Pacto que, en caso de producirse, se sometería a referéndum en el País Vasco, pero bien entendido, y esto es lo importante, que si el acuerdo no se produjere, el acuerdo del Parlamento vasco sería igualmente objeto de referéndum para su aprobación por la sociedad vasca.

Es decir, que si el Estado muestra su conformidad al proyecto bien, y si no, también.

A mi juicio, esto está muy claro: no se trata de una oferta de pacto, sino de un trágala, de una declaración de ruptura. Y a partir de esta conclusión, debemos iniciar nuestra reflexión para el futuro.

No hace falta ser muy lince para adivinar que los poderes del Estado reaccionarán en la forma adecuada para evitar en todo momento actuaciones contrarias a la legalidad vigente, lo que aumentará la tensión y producirá situaciones complicadas, que hemos de afrontar como un paso necesario para llegar a desmontar un proyecto que sólo puede llevarnos a enfrentamientos con todo nuestro entorno y entre nosotros mismos.

Pero yo no me resigno a aceptar que esto sea únicamente una confrontación entre el nacionalismo vasco y los poderes del Estado. Creo que la sociedad vasca, los constitucionalistas de la sociedad vasca, debemos protagonizar y fortalecer nuestra propia alternativa.

En este momento, los vascos tenemos ante nosotros dos proyectos políticos en confrontación. El de los nacionalistas, que se llama independencia o, en versión PNV, Puerto Rico, y el de los constitucionalistas, que se llama, hay que decirlo sin complejos, España, España y Estatuto de Gernika.

No voy a reiterar en este artículo el futuro que nos depara el proyecto nacionalista, que nos lleva a una vida cuajada de enfrentamientos, puesto que creo que ya se ha dicho y se está diciendo todo lo que nos puede deparar semejante delirio.

Lo que sí quiero manifestar es que, a mi juicio, España es hoy el proyecto más atractivo para los vascos.

Muchos de los que hemos vivido la primera mitad de nuestra vida bajo la dictadura franquista hemos padecido la falta de libertades políticas y la persecución de la identidad vasca, pero siempre pensamos que los problemas de una coyuntura transitoria no podían sobreponerse a un compromiso histórico de siete siglos de España. Los mismos que no pensamos ahora renegar de nuestra condición de vascos, a pesar de la falta de libertad y de la persecución ideológica que sufrimos por no comulgar con el credo nacionalista.

Hoy, España no es solamente un compromiso histórico, es además un proyecto atractivo para los vascos, que une a su indiscutible potencia histórica y cultural, una pujanza que le sitúa en la vanguardia de la modernidad, en contraste con otros grandes países que viven acomodados en su riqueza, así como un compromiso constitucional de reconocimiento de la identidad vasca y dotación de recursos para su desarrollo, que se refrendan en el Estatuto de Gernika y los Conciertos Económicos.

Pero la defensa de este proyecto, su conversión en una alternativa de gobierno para nuestro país, necesita de la militancia de todos los que creen en él, cada uno en la medida de sus posibilidades. No podemos esperar que sea sólo el Estado quien resuelva nuestros problemas, puesto que, aunque así fuera, la solución carecería de la solidez que debe aportarle la implicación en primera línea de los propios vascos.

Los nacionalistas van a iniciar una gran operación de apoyo al proyecto presentado por el lehendakari Ibarretxe. Debemos prepararnos para hacer lo propio en defensa del nuestro. Confiemos en que la respuesta a la manifestación convocada por Basta Ya para el próximo día 19 de octubre nos haga concebir ánimo y esperanza para ello.

Mi querida España
JUAN ANTONIO HERRERO BRASAS El Mundo 5 Octubre 2002

Las manifestaciones patrióticas no han sido parte de mi currículum hasta el presente. Sin embargo, a ello me veo abocado por las noticias, a cual más preocupante, que refleja la prensa a diario en las últimas semanas.

España está en crisis. Lleva muchos años sumida en una profunda crisis fundamentalmente a causa del separatismo vasco, antes exclusivamente en su forma violenta y ahora en una forma política que violenta el Estado de Derecho. Si el País Vasco se separa, España como tal muere. Lo que quede después será otra cosa, pero es evidente que no sería lo que hoy llamamos España. Sería más bien la conclusión transitoria de un proyecto histórico fracasado.Y digo transitoria porque no hace falta ser profeta para saber que si el País Vasco hace lo que propone su Gobierno autónomo, cualquier otra región reclamaría su ya indiscutible derecho a seguir el mismo camino. El final del proceso es difícil de imaginar.

Hay quien ingenuamente ha comparado el status de Estado asociado que propone Ibarretxe con la situación de Puerto Rico respecto a EEUU. Pero la comparación no es válida. La propuesta del Gobierno autónomo vasco representa, en mi opinión, algo más similar a la asociación formal que existe entre algunos países de la extinta Unión Soviética y Rusia. Es decir, en última instancia estamos hablando de independencia pura y dura adornada con unos meros lazos simbólicos.

Me duele lo que veo. Y lo que veo es cómo un puñado de miserables asesinos mantiene a toda una sociedad en un estado de desmoralización y chantaje. Y veo a un Estado -el Estado que representa a la sociedad democrática española- débil, acobardado y a la defensiva.Hay temor a imponer la ley. Y eso nos ha llevado a una situación en que, a ciertos niveles, la ley sólo se aplica de un modo selectivo para no herir sensibilidades. Se tiene miedo a imponer la ley sobre todos por igual por temor a las consecuencias que ello traiga. Parecen pensar quienes nos gobiernan que determinadas cuestiones son demasiado delicadas para tratarlas según ordena la Constitución: mejor arreglarlas a base de chanchullos y complicidades.Esa es la debilidad del Estado español.

La agresividad de algunos de los llamados nacionalismos por una parte, y por otra la política de unos gobiernos centrales indecisos, faltos de iniciativa y acobardados por la inconcebible salvajería de ETA son los dos factores que se han combinado para llevar a la presente situación en que la idea de España, ya suficientemente castigada, parece a punto de recibir el tiro de gracia.

Hay otros factores que contribuyen a que estemos así. Uno de ellos -más fundamental de lo que pudiera parecer a primera vista- es el estado de confusión en que se ha logrado sumir al ciudadano de a pie mediante la característica dejadez española en el uso del lenguaje, lo cual va unido a una absurda y represiva corrección política impuesta desde diversos medios. Por ejemplo, en ambientes progresistas, incluso en aquellos más alejados del radicalismo vasco, ya no se puede hablar de España sino que hay que referirse al «Estado» y, en consecuencia, todo aquello que es español pasa a ser «estatal», de modo que ya no hay asociaciones o federaciones españolas o de ámbito nacional (porque, claro, «nacional» ya no se sabe muy bien lo que quiere decir), sino asociaciones y federaciones «estatales». Basta abrir el diccionario para darse cuenta de lo absurdo que es denominar «estatal» a una entidad privada.

En la misma categoría habría que poner el uso descuidado del término «gobierno», sin más, para referirse a los gobiernos regionales autónomos (¡Dios mío, qué políticamente incorrecto estoy siendo!), lo que termina generando la falsa impresión de que el «Gobierno vasco», por ejemplo, es equiparable, sin más, al Gobierno de la nación. La expresión correcta para referirse a los gobiernos de las regiones autónomas es, huelga decirlo, «gobierno autónomo» o «gobierno regional autónomo». Pero es que la misma expresión «región autónoma» es fuente de problemas, aunque esto es una historia más larga que nos remontaría a la Transición. En ciencia política, la expresión «autónomo» aplicada a una región hace referencia a un status prácticamente de independencia (el caso, por ejemplo, de Groenlandia con respecto a Dinamarca), algo que la Constitución española no contempla.

Y qué decir del empeño por parte de los medios de comunicación en referirse a ese puñado de alimañas que se reúnen bajo el acrónimo ETA como «organización»» terrorista, y a sus «comandos», «liberados», etcétera. ¿Acaso no ha caído nadie en la cuenta de que ese tipo de lenguaje es lo que da entidad a esos asesinos, y de que es ése precisamente uno de los mayores favores que se les puede hacer?

A mí, que me paso la corrección política por el forro, me trae al fresco cómo me clasifiquen esas mentes miopes y represivas que nos recuerdan a diario la lista de tabúes e inmencionables.Mi trayectoria es lo suficientemente clara como para poderme permitir el lujo de decir lo que quiero. Y, entre otras cosas, hoy quiero decir que me parece insensata la reciente protesta de PSOE e IU por el homenaje mensual a la bandera que han acordado el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Madrid y que, según ellos, puede «herir sensibilidades».

Pese a ser dos partidos que me merecen gran respeto, y con muchos de cuyos planteamientos me identifico fervientemente, en esta protesta suya me parecen equivocados y presas de esa maldita corrección política que nos ahoga. Están ofreciendo el mejor ejemplo de una peligrosa debilidad del Estado. A quienes alegan que el franquismo monopolizó los símbolos nacionales les diría que es hora de madurar y dejar de una vez por todas de echar la culpa de todas nuestras neurosis nacionales a un régimen que terminó hace casi tres décadas y del que muchos españoles, quién sabe si ya la mayoría o no tienen recuerdos porque no habían nacido aún o, como es mi caso, sólo tienen vagas memorias de infancia o adolescencia. El problema es otro. A ver si abrimos los ojos de una vez.

Bien es verdad que no seré yo quien esté presente en esos homenajes a la bandera, pero me parece indiscutible el derecho de un Gobierno democrático a llevar a cabo tal tipo de ceremonias simbólicas.Alegar que en estos momentos no es aconsejable es algo que me deja más que perplejo. Cabría preguntarse cuántas sensibilidades no hiere ya la ikurriña en España. ¿Vamos a pedirles, acaso, que no la usen tanto? ¿Y los continuos actos y expresiones públicas de desprecio hacia todo lo español, de deslealtad a la Constitución y prácticamente de traición con que nos obsequia a diario una parte de la clase política vasca? Me temo que también son cosas que hieren las sensibilidades de los demócratas que creen en el imperio de la ley. Sospecho que dentro de poco defender la Constitución será suficiente para que le tilden a uno de fascista.Entonces habremos alcanzado la apoteosis final. No estamos muy lejos, ya es así en el País Vasco.

Un asunto es el grado de autonomía que pueda obtener cada región, y que puede llegar a equipararse con el de un Estado federal, se quiera llamar federal o no. Y en esto, sin duda, el Gobierno de la nación podría hacer gala de menos centralismo y más imaginación.La independencia, sin embargo, es harina de otro costal. Aunque los anhelos independentistas de cualquier sector de opinión sean, qué duda cabe, lícitos y respetables, la ruptura de una parte del país no es algo anecdótico ni asunto que se pueda decidir a la ligera. Es un paso que, de producirse, afectaría decisiva e irrevocablemente a todo un proyecto histórico, y de hecho lo destruiría, colocando a toda una sociedad a la deriva. Si España -lo que hoy definimos como España- deja de existir, con ello dejamos de ser españoles quienes hoy lo somos. Y si es que eso ha de suceder, lo habremos de decidir entre todos, puesto que nos afecta a todos. No es, por tanto, un asunto que pueda ser decidido unilateralmente por un Gobierno regional autónomo.

Juan Antonio Herrero Brasas es profesor de Etica y Política Pública en la Universidad del Estado de California (Northridge).

El Pacto responde
Editorial El País 5 Octubre 2002

Populares y socialistas acordaron el jueves, en el marco del Pacto Antiterrorista, una serie de medidas destinadas a reforzar la seguridad de los concejales amenazados por ETA -los de ambos partidos, así como sus sedes y actos electorales- y a combatir la impunidad de ciertas actuaciones del entorno de la banda. El PP y el PSOE evitaron una declaración conjunta de respuesta a la iniciativa de Ibarretxe, pero ambas formaciones hicieron valoraciones coincidentes sobre el riesgo de ruptura de las reglas de juego que ven en ella.

Aparte de otras consideraciones, el plan de Ibarretxe tiene un fuerte contenido desestabilizador. El Estado autonómico no podría resistir una dinámica de ruptura unilateral como la que en la práctica plantea el lehendakari. Los efectos ya visibles en otras formaciones nacionalistas que no quieren quedarse atrás recuerdan la agitación que siguió al Pacto de Lizarra (y, más remotamente, al contagio báltico de los primeros noventa). Es lógico, por tanto, que el partido en el Gobierno y el único que razonablemente puede sustituirle coordinen su respuesta para evitar equívocos sobre la hipótesis de que un cambio de mayoría pueda hacer viable un proyecto que claramente desborda la Constitución.

La coincidencia en el rechazo no tiene por qué implicar una respuesta idéntica. Los populares han anunciado ya que no acudirán a la cita del lehendakari como vienen haciéndolo a lo largo de la legislatura. A su juicio, la mera presencia puede ser instrumentalizada por Ibarretxe como un aval a su iniciativa: el hecho de que Batasuna figure entre los convocados les ha reafirmado en su decisión. Los socialistas, por el contrario, están dispuestos a personarse para expresar a Ibarretxe su desacuerdo total. En el vigente estado de cosas, no parece que la decisión más acertada sea romper cualquier lazo institucional. La ruptura entre partidos no debe trasladarse sin más a la relación con los gobiernos, y menos aún a la que éstos deben mantener entre sí. Ya casi se ha olvidado que Aznar sigue sin recibir al jefe de la oposición, que lo solicitó hace meses precisamente para hablar de terrorismo. El PP no participa en la Mesa de Arkaute, que acaba de aprobar medidas paralelas a las del Pacto Antiterrorista para la protección de cargos públicos y sedes de los partidos amenazados. Es absurdo que la incomunicación se lleve al extremo de requerir la mediación del PSOE para coordinar lo decidido en los dos ámbitos. Además, es mejor que Ibarretxe conozca de primera mano, junto a las razones del rechazo a su plan, las exigencias democráticas de partidos que representan a la mitad de la población; precisamente a la mitad directamente amenazada.

Las medidas de refuerzo de la seguridad y tendentes a facilitar la presentación de candidaturas, así como las reformas legales acordadas en el pacto, quieren ser la respuesta desde el Estado de derecho a la intimidación del entorno etarra y a otras actitudes incompatibles con el normal funcionamiento institucional, sean o no directamente delictivas. Son respuestas que palían, aunque no podrían eliminar, la desigualdad de condiciones que plantea el acoso terrorista. La reforma más cuestionable es la que permitiría disolver corporaciones municipales cuando se adopten acuerdos o realicen actividades de cobertura al terrorismo o enaltecimiento de terroristas. El trámite parlamentario deberá precisar el alcance de la medida, porque un gobierno municipal no sólo cumple funciones políticas, sino de gestión de servicios, y es muy grave dejar sin ellos a los vecinos. En Alemania, por ejemplo, la prohibición de un partido no implica la suspensión de los concejales.

La vuelta de Redondo
Enrique de Diego Libertad Digital  5 Octubre 2002

La vuelta de Nicolás Redondo se produce en un momento especialmente crítico. Cuando Juan José Ibarretxe “obliga” a los demás –del rey abajo– a salir de su ambigüedad. Cuando se dice que es el PNV quien sale de ese estado, o se muestra sorpresa, se están poniendo en berlina las propias deficiencias, no las del PNV. En eso hay que decir que el PNV nunca ha engañado: es un partido totalitario cuya voluntad inequívoca es la independencia y, después, la depuración étnica como partido único.

Ibarretxe ha dejado sin discurso a los “pactistas” y a los acomplejados. Se lo dejó muy claro el 27 de septiembre a Patxi López, cuando éste, a pesar de la que estaba cayendo, le pedía que retrasara toda decisión hasta que Zapatero llegara al poder, como si Zapatero fuera a ceder, pero mientras tanto convendría mantener oculta la impostura. Ibarretxe le contestó: “no podemos esperar a que Zapatero gane las elecciones”. O no cree en ese escenario o le da lo mismo. También dejaba en evidencia a Mariano Rajoy, que representa hoy en el Gobierno la actitud lanar ante los peneuvistas.

No hay resquicio ya para el “diálogo”, ese sinónimo de la cesión y la cobardía, que lleva funcionando desde el comienzo de la Transición, y que fue proyección del complejo de culpa de la cúpula dirigente franquista, encabezada por Adolfo Suárez. La historia de la Transición es la de la cesión permanente.

Es, con todo, un proceso inacabado. Si los nacionalistas se salieran con la suya –Artur Mas ya ha anunciado su intención de igualar o superar el órdago de Ibarretxe– la revisión de la Transición tendría consecuencias en el presente. Habría que reinventar “lo que queda de España”, que ya no podría ser una monarquía constitucional.

La vuelta de Nicolás Redondo –cuando el discurso de Patxi López ha quedado en ridículo, y cuando el tonto útil de Odón Elorza teme ser superado por un Roman Sodupe, al que ha legitimado– es una magnífica noticia, en este horizonte de conflicto civil que ha abierto Ibarretxe. “No hay tiempo para las dudas, ni espacio para la comprensión y la equidistancia”. Es diagnóstico claro y acertado. Se le echaba de menos. Está en plena forma. Es un refuerzo de primer nivel para la causa de la libertad.

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