AGLI

Recortes de Prensa     Domingo 6 Octubre  2002
Nunca pasa nada
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 6 Octubre 2002

Independencia y sus sinónimos
ERNESTO LADRÓN DE GUEVARA El Correo 6 Octubre 2002

El volver a empezar del PNV
VICTORIA PREGO El Mundo 6 Octubre 2002

El día después
Jesús Martín Rodríguez  La Razón 6 Octubre 2002

Las banderas
JAIME CAMPMANY ABC 6 Octubre 2002

¿Quiénes somos
Miguel Ángel RODRÍGUEZ La Razón 6 Octubre 2002

Ni un ruido más
CARLOS DÁVILA ABC 6 Octubre 2002

Propuestas para medio país
JAVIER CORCUERA El País 6 Octubre 2002

Convivencia imposible
Nota del Editor 6 Octubre 2002

Mesura frente a desafío
Editorial El Correo 6 Octubre 2002

La sociedad civil vasca
FERNANDO MAURA El Correo 6 Octubre 2002

Nunca pasa nada
Por CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 6 Octubre 2002

ADVIRTIÓ Quevedo en «Grandes anales de quince días» acerca del comportamiento que solían tener los médicos en su tiempo y concretamente los que asistieron al Rey Felipe III en su última enfermedad. Ni la evidencia de los malos humores ni el rigor de la calentura les llevaron a reconocer el gravísima estado de su majestad, que, al fin, pasó a mejor vida el 31 de marzo de 1621. Y es que los expertos, temerosos de «quedar introducidos en mal agüero por anticipado», preferían en casos tan sonados que se produjera el «suceso» -la muerte- mientras se dedicaban a aplicar con maña sus saberes y a disimular la verdad: «Por esto -escribía el genial moralista- los reyes sólo dos días están enfermos, el primero y el último». Y concluía: «A los reyes más los acaba la adulación de la cura y el halago de los remedios que el rigor de la enfermedad».

Tal podríamos decir hoy de los políticos y los analistas ante la mala salud que vienen padeciendo en los últimos años el Estado y la Nación españoles. Mientras avanza la subversión en todo el cuerpo social se aplican medidas eficaces como son las decididas por el Pacto Antiterrorista, pero no se atina con las que deberían frenar la otra subversión menos llamativa pero no menos peligrosa, que es la más política e institucional de los movimientos nacionalistas. Este es el caso del Plan Ibarretxe y, de forma menos llamativa, como corresponde a su estilo incruento y «prudente», el caso de Cataluña. Un mal aparentemente menos grave como menor es la resistencia que se le opone. A veces pienso que a los soberanistas catalanes puede llegar a desazonarles el poder que tienen y por eso administran con cierta tranquilidad sus posibilidades mientras permiten que nosotros nos tomemos su prudencia por incapacidad. Sin embargo, también en Cataluña se da la misma relación entre los dos estados de subversión: el moral y el institucional. Así, por ejemplo, el delfín Artur Mas ha dicho coléricamente «basta ya» a los homenajes a la bandera nacional española al tiempo que el Parlamento catalán pedía la ampliación del Estatuto: del plano de las ideas, valores y símbolos al de los cambios institucionales; de la legitimación de las «nacionalidades históricas» y sus símbolos a la deslegitimación de la Nación española y los suyos... y todo ello traducido en merma del Estado o, mejor, en un nuevo tipo de Estado. Es claro que lo uno conduce a lo otro. Como es lógico que quien toma por letra muerta la parte de la Constitución en la que se define la Nación y los símbolos quiera justificar la revolución institucional a partir de una interpretación propia de la Constitución.

Los nacionalistas caminan por el sendero de la subversión total mientras los médicos reales disimulan la gravedad de los síntomas. Aún más, algunos llegan a interpretar como pruebas de salud lo que son síntomas de una gravedad extrema. Así llegan a considerarse como ejemplos de normalización las medidas para defender a los concejales vascos. ¿Puede estar más enferma una sociedad que necesita defender de este modo la representación política? Vivimos en una constante inversión de la lógica. Así los socialistas dan la razón a los que sienten herida su sensibilidad por los homenajes a la bandera española y de ese modo se pide la humillación de los más, su negación. Y, por supuesto, inconscientemente, justifican el terrorismo. Porque, si la bandera es el símbolo de una forma de entender la convivencia, su destrucción llama también a la de esta.

En tal situación estamos: la reproducción de la subversión de los nacionalismos llega a ser tenida por algunos como prueba de salud. ¿Cabe mayor confusión moral y conceptual? Cuanto más se extiende la enfermedad, más se la considera estado normal. El bien está en ella, «es» ella misma. La asunción de la patología como habitual es la definición exacta del estadio al que hemos llegado no sin gran esfuerzo. Por esa razón llego a estimar la lucidez de aquellos que predican la convivencia con ella: al menos no la confunden con la salud.

Independencia y sus sinónimos
ERNESTO LADRÓN DE GUEVARA/PORTAVOZ DE UNIDAD ALAVESA El Correo 6 Octubre 2002

Recibir a diario los mensajes nacionalistas requiere pasarse quince días por trimestre en un monasterio del Tíbet, para desintoxicarse. La capacidad de Ibarretxe y los suyos para hacer, deshacer y rehacer discursos que al final llevan al mismo puerto es verdaderamente digna de entrar en el famoso libro de los récords. Ahora a la independencia no la llaman autodeterminación, ni 'que los vascos decidan', ni tan siquiera 'democracia de Euskal Herria', ahora la llaman 'Estado libre asociado a España'. ¡Vaya con el eufemismo de las narices! Nos lo podrían poner algo más fácil. Si ahora tenemos que llamar a los nacionalistas 'asociacionistas a España', no vamos a saber muy bien si nos referimos a una sociedad de amigos del país (España) o a un club de fans de Chenoa. Un poco más de seriedad, por favor.

Más sorprendente si cabe es que Ibarretxe nos vuelva a traer el tema de que los fueros son nuestra constitución y estaban antes de la Constitución española. Fíjense que les habla un foralista de UA. Pues a mí que me lo explique. Yo creía que las naciones, los pueblos o las sociedades se organizaban, como decía Rousseau, desde el contrato social, que es cuando el conjunto de los ciudadanos de un país se pone de acuerdo para dotarse de unas normas de funcionamiento mínimo. No sabía que las sociedades son inmutables y que las normas y pactos con la Corona que rigieron hace quinientos años hasta el final del Antiguo Régimen deben seguir prevaleciendo. Es decir, que haya que borrar de un plumazo lo sucedido a partir de 1812 con sus más y sus menos, en el que unos señores empezaron con la feliz idea de que todos los hombres somos iguales y libres, y que había que constituir un Estado liberal en el que la razón debía primar sobre el dogma, naciendo así la idea de la ciudadanía. Existe, así, una contradicción de partida, pues ese planteamiento está reñido con la pretensión de formar un nuevo Estado sobre el falaz planteamiento de la voluntad de los vascos expresada en las urnas. Algo no encaja: o se quiere la Euskadi foral que implica subordinación a la Corona y supeditación al Estado -por definición desde un enfoque historicista- o se está por la mal llamada autodeterminación (¿somos un pueblo colonizado según la teoría de la ONU?) que implica soberanía. Nuestra idea -de UA- de actualización de los fueros es constitucional y basada en mantener lo mejor del autogobierno, insertándolo en la unidad constitucional del Estado. Eso no sólo es posible sino bueno, como se ha demostrado. Pero no, los seguidores de Ibarretxe no creen en la voluntad constitucional de los ciudadanos, apuestan por el Antiguo Régimen. ¡Viva Fernando VII!

Nos prometen una consulta popular -no sabemos si será con pistolas o sin ellas- y si tendremos derecho a pedir que el nacionalismo no sea obligatorio. Por el camino que vamos, o se vota lo que ellos quieren (eso del Estado libre asociado a España, figura del Derecho internacional inédita) o te vas al nuevo consorcio de Estados libres (como decían los de las contraconcentraciones de Batasuna: 'así, así , así hasta Madrid').

Pues sí. Los de UA queremos que se consulte a los alaveses. A esos alaveses que han visto supeditados sus derechos a aprender una lengua que no es la adquirida desde su seno materno y que por no saberla no han podido acceder al mercado de empleo público. A esos alaveses que han fundado una empresa y que ven cómo, por las incertidumbres y veleidades creadas por los nacionalistas, no saben cuál va a ser su futuro y si tendrán que pagar aranceles tras la creación de ese Estado libre asociado, o si la economía vasca se irá a la bancarrota por la fuga de capitales y empresarios hartos del chantaje de ETA y de los mangoneos nacionalistas. A esos trabajadores ya consternados por no saber si la caja única de la Seguridad Social va a poderles pagar la jubilación, y ahora, encima, resulta que se cierne el riesgo de su ruptura. A esos alaveses que mayoritariamente votan en clave constitucionalista, salvo en las zonas rurales, que cuando se les pregunta qué les parece la política vasca sorprendentemente te dicen que este año las han segado verdes o que el tiempo ha sido muy lluvioso -no sé si por la sordera o por el miedo-. A esos alaveses, en definitiva, que ven cómo a través de las aportaciones al Gobierno vasco se desvían más del 60% de sus impuestos a pájaros y flores o a tapar agujeros en las provincias hermanas. Queremos que se les consulte no lo que dice Ibarretxe -si los vascos queremos ser independientes- sino si los alaveses queremos seguir en la Euskadi conflictiva, la de Arzalluz y su marioneta Ibarretxe, la Euskadi de la banda armada blindada por los nacionalistas.

Aceptamos el reto de la consulta popular. Exigimos que se les pregunte a los alaveses si quieren tener una comunidad autónoma propia (de Álava) dentro de la España de las autonomías, (¿asociada a la Euskadi independiente de Arzalluz?). Tenemos derecho como comunidad natural que detenta los derechos históricos entendidos según la Adicional 1ª de la Constitución, a que se actualicen nuestros derechos históricos. Formamos parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco, no como pretende Arzalluz en un ente colectivo llamado Euskal Herria, sino como sujeto activo de derechos nacidos en fuente foral. Así lo reconocen la Constitución, el Estatuto y la historia. Por eso quieren refundar algo 'ex novo' que se salga de las fuentes jurídicas e históricas, pues saben que los territorios aforados son los que detentan el núcleo intangible de foralidad y que tienen la legitimidad histórica, lo que exige respetar la voluntad de cada territorio histórico por separado. No queremos su pueblo étnico al estilo del 'Volk' alemán hitleriano, queremos sociedades libres desde las que emanen los derechos individuales. Por eso queremos un Estatuto de Autonomía para Álava. Si Arzalluz nos lleva a su callejón sin salida, tenemos la solución: borrón y cuenta nueva. Álava, como Navarra.

El volver a empezar del PNV
La historia de la autonomía vasca a lo largo del siglo XX es la historia de una nostalgia por los fueros perdidos en el siglo anterior. Unicamente en plena Guerra Civil pudieron los vascos ejercer, muy brevemente y sólo en Vizcaya, la soberanía anhelada.El Estatuto de Autonomía aprobado en democracia ha supuesto el mayor nivel de autogobierno que haya alcanzado jamás la comunidad vasca, pero no ha sido bastante. Los nacionalistas han puesto fecha a su sueño.
VICTORIA PREGO El Mundo 6 Octubre 2002

MADRID.- Prueba de agudeza mental y de memoria política. ¿A qué políticos pertenecen estas dos declaraciones y en qué años están hechas?

Declaración A:
«En virtud de nuestra soberanía originaria, reconocida en base a la vigencia y actualización de nuestros derechos históricos preexistentes [...] planteamos al Estado español un nuevo Pacto Político para la convivencia, basado en el reconocimiento de nuestra identidad nacional y en la libre asociación de un estado plurinacional».

Declaración B:
«Había, desde la soberanía política originaria [de los Territorios Históricos] un Pacto con la Corona que significaba la adhesión voluntaria a unas instancias estatales representadas entonces por aquélla... Para nosotros se trata de poner en lenguaje político actual esa presencia del País Vasco en el Estado: devolución del autogobierno con las cuotas de poder político de las viejas instituciones; devolución del título originario de ese poder político al pueblo vasco y restablecimiento del pacto voluntario en la conformación del Estado. Para nosotros la instancia política natural, sagrada, es nuestro pueblo. Y esto no lo queremos sacrificar de ninguna manera por la obligación incondicional de pertenecer a cualquier tipo de Estado».

Veintitrés años después
Entre estas dos declaraciones, idénticas en su esencia política, hay 23 años de distancia. La primera, la A, se escuchó en el Parlamento de Vitoria, 27 de septiembre de 2002 en boca de Juan José Ibarretxe, presidente del Gobierno autonómico del País Vasco.

La segunda, la declaración B, se leyó en la revista Cambio-16 el 13 de mayo de 1979 en boca de Carlos Garaikoetxea, presidente entonces del PNV quien, un mes más tarde, sería nombrado presidente del «Gobierno» preautonómico, el Consejo General Vasco.

En esos 23 años han sucedido muchas cosas, Estatuto de Autonomía mediante, pero no ha variado un ápice la posición del nacionalismo vasco. Y tan es así que, un cuarto de siglo después, Ibarretxe no ha hecho sino rescatar del fondo de la Historia reciente exactamente las mismas exigencias que los dirigentes del PNV trajeron a Madrid en 1979 para negociar el Estatuto que hoy se disponen a desbordar.

Porque lo primero que hay que decir es que el Estatuto que hoy conocemos está a años luz del proyecto que la Asamblea de Parlamentarios vascos aprobó entonces para ser directamente aplicado. El texto original, el auténtico y genuino Estatuto de Guernica, era sin paliativos una auténtica bomba política en aquella España que empezaba a estrenar una Constitución con apenas seis meses de vida.

«Es un texto independentista, pero en peor», confesaba públicamente en aquellos días un dirigente de UCD. «Es como dar la independencia y además correr con los gastos». Y, sin embargo, el clima político que se vivía en la España de aquella época hacía del acuerdo con el nacionalismo vasco una necesidad histórica dramáticamente urgente. ETA seguía matando y todos pensaban que con un acuerdo con el nacionalismo y un estatuto de autonomía se aplacarían las exigencias de los más radicales y que, por fin, España iba a poder lograr el sueño acariciado durante décadas: inaugurar un marco estable y permanente de convivencia pacífica entre los españoles.

«Nos queda muy poco tiempo antes de que se produzcan situaciones irreversibles. Pero la paz es posible si se actúa con rapidez» decía el propio Garaikoetxea tan sólo unos días antes de que comenzaran en Madrid las negociaciones sobre el Estatuto, el primero que se iba a aprobar por las Cortes Generales. Esa urgencia la sentían también los miembros del equipo que en nombre del Gobierno se disponían a buscar, como sea, un acuerdo con los nacionalistas vascos sobre su régimen de autonomía.

«A nosotros se nos decía desde todas partes», recuerda José Pedro Pérez Llorca, entonces ministro de la Presidencia, que encabezaba la delegación gubernamental, «desde los medios de comunicación, desde el Parlamento, desde el propio partido, que un acuerdo equivalía a la paz y un desacuerdo equivalía a la guerra, ¡que había que firmar! Todos clamaban por una conclusión positiva, todos querían que el PNV entrara en la vía del Estatuto porque ya se había quedado fuera del pacto constitucional a causa de la Disposición Adicional de la Constitución. Y ellos lo que querían era una 'palanca' para irse cuando lo desearan. Lo mismo que ahora».

El dictamen que el Gobierno encarga al Centro de Estudios Constitucionales introduce unas consideraciones previas que dan idea del clima político en el que se desenvuelven las negociaciones: «Los letrados informantes tienen muy presente la extraordinaria importancia política del proyecto y de las delicadísimas circunstancias que le rodean». Pero había una pega: que el texto que traía el PNV, respaldado por la Asamblea de parlamentarios vascos, era inasumible.Era un proyecto de soberanía, no un proyecto de autonomía. Era anticonstitucional.

Un proyecto soberanista
Empezaba así:

1: «El Pueblo Vasco o Euskal-Herria, como expresión de su realidad nacional y para acceder a su autogobierno, se constituye en Comunidad Autónoma bajo la denominación de Euskadi o País Vasco, de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto que es su norma institucional básica.

2: Los Poderes del País Vasco emanan del pueblo».

Ya en el punto 2 aparece de nuevo la idea -que ya se había planteado durante los trabajos constitucionales- de unos poderes originarios, anteriores y al margen de los que surgen de la propia Constitución y que son los propios de un país soberano.

El texto final del Estatuto de autonomía del País Vasco suprimió absolutamente ese punto 2 y se aclaró en el punto 1 que el pueblo vasco se constituye en Comunidad Autónoma «dentro del Estado español» .

Y así fue como empezaron aquellas negociaciones, en un clima que no era, ni de lejos, el que conocemos hoy, después de un cuarto de siglo de haber visto cómo se desarrollaba el Estado de las Autonomías y la descentralización política de España.En ese clima y con ese texto entre las manos, los negociadores gubernamentales sabían que lo único que no podían ofrecer era un fracaso. Con un agravante: que los nacionalistas habían advertido que el proyecto de Estatuto que traían, cierto que respaldado por diputados vascos de otros partidos, no era para negociar sino sólo para aprobarlo porque «de este texto no movemos ni una coma».

«Estuvimos todo el tiempo jugando bajo la amenaza tremenda de una posible ruptura, porque ellos venían con el texto 'coranizado'», cuenta uno de los componentes del equipo negociador. «Pero al final, logramos darle un giro de, por lo menos, 90º. Desde luego, los puntos más graves, los más disparatados, salieron de allí.Y logramos salvar a Navarra».

Navarra, que continúa hoy igual que ayer dentro del campo de la reivindicación nacionalista, estaba en el texto original del Estatuto en los siguientes términos:

Artículo 2.- Alava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya tienen el derecho imprescriptible de formar parte de la Comunidad Autónoma Vasca.

La incorporación de Navarra se efectuará de acuerdo con el procedimiento establecido en la disposición transitoria 4ª de la Constitución».

El texto definitivo cambió sustancialmente las cosas. Pero no para siempre.

Hace apenas una semana que Arnaldo Otegi ha vuelto a advertir al lehendakari que si no incluye de manera taxativa a Navarra en ese pacto de libre adhesión que el PNV ha rescatado intacto del fondo del irredentismo, Batasuna no respaldará su plan.

Arnaldo Otegi es otra figura que apoya un pie en el hoy y otro en el sangriento ayer. Un Otegi que el 3 de julio de 1979, tres días antes de que comenzaran las negociaciones sobre este Estatuto que tanto denuesta, formó parte del comando terrorista de ETA que secuestró a Javier Rupérez e intentó asesinar a tiros a Gabriel Cisneros. Rupérez salió de su secuestro. Cisneros logró salir de la muerte. Hoy siguen ambos defendiendo la libertad. Otegi salió de la cárcel. Hoy sigue defendiendo la independencia y callando ante el terror.

Por lo demás, el proyecto estatutario original incluía entonces lo mismo que reivindica hoy el lehendakari: soberanía originaria, derecho de autodeterminación, poder judicial propio y de última instancia, política económica, Seguridad Social, tratados internacionales y una larga sucesión de expresiones que chocaban de frente una y otra vez con la Constitución y sacaban materialmente al País Vasco de España para situarlo en posición de plantear un modelo de «libre asociación».

Hoy igual que ayer
«Lo que traían los parlamentarios vascos como texto de Estatuto», recuerda Pérez Llorca, «era de hecho, algo muy parecido, esencialmente igual, a lo que acaba de plantear Ibarretxe ahora». Veintitrés años después, exactamente lo mismo.

Los grupos parlamentarios del Congreso elaboraron documentos en los exponían sus «motivos de desacuerdo», pero ni el PSOE ni el PCE expresaron objeciones y se adhirieron al borrador de Estatuto tal y como estaba planteado. «Entonces nos dimos cuenta de que si dejábamos que la negociación se llevara a cabo directamente en el Congreso nos podíamos quedar solos porque no teníamos claro cuál iba a ser la posición de según qué diputados.Por eso se nos ocurrió llevar una negociación informal a La Moncloa».

Y así, paso a paso, el Estatuto de Guernica, el original, que chocaba sistemáticamente contra los muros de la Constitución recién aprobada, fue ahormándose de manera que pudiera entrar por el cedazo constitucional de modo que, cotejados hoy los dos textos, el inicial y el definitivo, prácticamente no hay artículo que no haya sido modificado. «Lo que sucedió entonces es que el PNV nos pidió, no voy a decir de rodillas pero casi, que permitiéramos que fueran ellos, los nacionalistas, quienes vendieran los resultados de las negociaciones como un éxito propio. Y también debíamos decir que el texto que estaba saliendo era el del auténtico Estatuto de Guernica. Adolfo Suárez aceptó. Quizá, visto desde hoy, aquella idea de permitir que fuera el PNV quien capitalizara el Estatuto fue un error, pero también es verdad que la negociación iba con alfileres y había que sacarla adelante como fuera. Así que ellos eran los que salían y decían a la prensa: 'hemos negociado 30 párrafos y sólo se han modificado 3'. Lo que no decían ellos, y nosotros tampoco, era que esos 3 eran absolutamente esenciales».

De ese modo sucedió que nadie, o casi nadie, supo lo que se cocinaba en aquellas sesiones maratonianas que tenían lugar todas las noches del mes de julio en el Palacio de la Moncloa.Lo que se pactaba por la noche se llevaba por el día al Congreso y allí se aprobaba en la Comisión Constitucional.

«Los que negociábamos, estábamos en el edificio de 'Semillas' - hoy Ministerio de la Presidencia-. Suárez y Garaikoetxea estaban en Presidencia y se ocupaban de la vertiente política definitiva de los acuerdos o desacuerdos. Pero como las cosas se complicaban acabamos yéndonos todos allí. Nos instalamos en la sala del Consejo de Ministros». Por parte del Gobierno, José Pedro Pérez Llorca, Alberto Oliart, Vicente Martínez Pujalte, Rafael Arias Salgado, entre otros. Por parte del PNV, Xabier Arzalluz, Marcos Vizcaya, Mitxel Unzueta, Mario Fernández, entre otros. Las consultas a Suárez eran constantes pero los vascos no acudían a Garaikoetxea con la misma frecuencia. «Arzalluz llamaba constantemente por teléfono al País Vasco. Nos decía que consultaba con los burukides, los jefes del partido».

Malos presagios
A pesar de los avances logrados, la preocupación era máxima.Entre los peneuvistas, porque eran bien conscientes de que los sectores más radicales del nacionalismo vasco iban a considerar una claudicación la aprobación de un texto que no aseguraba la independencia del País Vasco y ni siquiera veía reconocida su soberanía. Entre la delegación gubernamental, porque algunos se preguntaban por los problemas que determinados capítulos pactados, entre ellos, el relativo a la enseñanza, podrían acabar generando en el futuro.

Pérez Llorca envió una carta en este sentido a su amigo y compañero de Gobierno, el liberal Joaquín Garrigues Walker. El párrafo final de la respuesta de Garrigues, fechada el 11 de julio de 1979, en plenas negociaciones, hace unas consideraciones que 23 años más tarde tienen un enorme interés:

«En cuanto a tu preocupación sobre el propósito final que anima a los vascos que discuten con vosotros este Proyecto, ya sabes que no la comparto. Puede ser que haya, efectivamente, quien piense que éste es un paso previo, un camino hacia la independencia.Yo creo, por el contrario, que, a medida que los vascos, como país y como nacionalidad del Estado español empiecen a ejercer las competencias que les confiere el Estado central, se irán soldando los vínculos de la unidad nacional porque irán perdiendo los recelos acumulados de tantos años de incomprensiones.[...] La Historia nos dirá pero, en todo caso, si los vascos, todos o por mayoría abrumadora, un día deciden que no quieren ser españoles, acabarán por las buenas o por las malas ganándonos la guerra.Te envío un abrazo. Joaquín».

El acuerdo final se cerró en La Moncloa en la madrugada del 18 de julio entre el presidente del Gobierno Adolfo Suárez y Carlos Garaikoetxea, presidente del Consejo General Vasco y, meses más tarde, primer lehendakari del País Vasco en democracia.

El acuerdo fue saludado por los españoles, vascos también, con un inmenso alivio y una enorme esperanza. El presidente Suárez declaró: «Hemos puesto fin a 150 años de incomprensión». La prensa, por su parte, coincidió en valorar como un hito histórico el pacto alcanzado: «La paz empieza ahora».

De eso hace 23 años. Desde entonces las transferencias se han ido cerrando trabajosamente y aún hoy quedan pendientes algunas. ETA ha seguido asesinando. Y la independencia está de nuevo sobre la mesa. La paz en el País Vasco empieza nunca.

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Entre un futuro imaginado...
La autonomía foral, suspendida por el liberal Espartero en 1841 y abolida por el liberal-conservador Cánovas en 1876, recuperada durante unos meses en plena Guerra Civil y vuelta a suspender por Franco en 1937, es el sueño nunca abandonado por el nacionalismo vasco. Cuando la Guerra Civil terminó, Vizcaya y Guipúzcoa fueron tachadas de «provincias traidoras» por el régimen franquista por haberse sumado a la República. Los primeros años de la posguerra española enlazaron con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en la que Franco, que mantuvo la neutralidad de España, apoyaba de hecho a las potencias del Eje, Alemania e Italia, en su pulso contra los aliados. Pero, cuando aparecieron los primeros signos claros de la victoria de los aliados sobre el Eje, un grupo de nacionalistas vascos exiliados en Londres creyó que esa victoria acabaría con Franco y devolvería al País Vasco su foralidad perdida.Elaboraron entonces un proyecto de Estatuto en el que lo más llamativo es la enorme extensión territorial que adjudicaron al País Vasco: por supuesto, Vizcaya, Guipúzcoa y Alava. Pero, además, toda Navarra, la provincia de Logroño completa, la mitad de la provincia de Huesca, una parte muy importante de la de Zaragoza, hasta casi llegar a la capital, un trozo de la provincia de Burgos y la mitad de Santander. El proyecto, que nunca tuvo carácter de propuesta oficial, está recogido en una de las publicaciones del Instituto de Estudios de la Administración Local.

... y un breve pasado de soberanía real

Antes del Estatuto de Autonomía de 1979, el País Vasco tuvo otro, aunque de muy corta historia. En junio de 1931, recién instaurada en España la Segunda República, más de 400 representantes de ayuntamientos vascos se reunieron en Estella para pedir un estatuto unitario. El texto elaborado en 1932 fue sometido a votación popular en 1933 y enviado después para su ratificación a Las Cortes Españolas. Pero el Gobierno de la República no estuvo dispuesto a respaldar un estatuto que consideraron ultraconservador y ultracatólico, lo cual resultaba inaceptable para una clase política que acababa de declarar con toda rotundidad la laicidad del Estado. «España ha dejado de ser católica» sentenció el presidente Azaña, pero el estatuto vasco incluía, entre otras cuestiones, el derecho del País Vasco a establecer su propio Concordato con el Vaticano.

Las Cortes devolvieron el texto estatutario, refrendado y todo, por inconstitucional. De hecho, el estatuto elaborado dejaba al Estado español, como únicas competencias sobre el País Vasco, la de determinar la forma de gobierno, la regulación de los derechos individuales y sociales, la aplicación del derecho penal y del mercantil y pocas cosas más.

Durante cinco años aquel Estatuto quedó congelado. Pero cuando estalló la guerra, las Cortes de la República abandonaron Madrid y se instalaron en Valencia. Fue entonces cuando el Gobierno republicano decidió aprobar un texto estatutario sensiblemente recortado. La situación política había cambiado mucho para entonces: las tropas de Franco ocupaban ya Alava y Guipúzcoa y la República se veía ahogada en el Norte. Por eso apostaron por asegurarse el apoyo de los vascos y en octubre de 1936 la autonomía vasca empieza a aplicarse.

Aquello duró nueve meses escasos, pero en esos nueve meses el Gobierno vasco, que sólo pudo aplicar el Estatuto en Vizcaya, la única que aún resistía la ofensiva de las tropas franquistas, acuñó moneda, organizó una marina mercante, y hasta logró alguna representación diplomática. «En esos ocho meses largos» dicen los expertos, el Gobierno vasco hizo literalmente desaparecer al Estado, apenas quedó rastro de la República».

Decía la verdad Telesfor Monzón, autor del llamado Estatuto de Estella y fundador de Herri Batasuna, cuando afirmaba nostálgico que «durante nueve meses, de octubre de 1936 a junio de 1937, Euskadi fue un Estado soberano».

El día después
Jesús Martín Rodríguez es profesor de Filosofía del I.E.S. Cap de l Aljub de Santa Pola La Razón 6 Octubre 2002

Daniel Jonah Goldhagen nos explica, en su imprescindible libro Los verdugos voluntarios de Hitler, el significado de la palabra «perpetrador»: «Un perpetrador es quien, a sabiendas, contribuyó directamente a las matanzas de judíos». Para Goldhagen, tan perpetrador de la matanza genocida era quien disparaba desde un pelotón de fusilamiento como el simple maquinista de tren que conducía, a sabiendas de su destino, a miles de judíos hacia los campos de concentración.

Ningún holocausto puede entenderse si no es desde el punto de vista psiquiátrico. De vez en cuando, la psique colectiva enferma. La locura alemana no fue más que la expresión más sanguinaria del ancestral antiju- daísmo europeo. La Europa cristiana nunca perdonó a los judíos negar a su Cristo. Mucho menos, matarlo. Sólo así pueden explicarse las fantásticas creencias que circulaban entre los habitantes europeos acerca de los judíos: les acusaban de hacer pactos con el diablo, de envenenar pozos, de generar la peste... Goldhagen nos relata cómo alemanes corrientes dieron rienda suelta a un odio irracional a través del crimen, en una espiral psicótica colectiva.

La pregunta que me asalta es la siguiente: ¿qué ocurrió con todos aquellos perpetradores anónimos, que no compadecieron ante ningún Nuremberg, cuando la macabra función terminó? En los últimos momentos de «La lista de Schindler», Spielberg nos ilustra: tras la rendición alemana, los soldados nazis que custodian la fábrica despiertan del espeluznante delirio y, sumisos, retornan a casa sin causar el más mínimo daño a los judíos de Schindler. Cómo pudieron vivir después los que, directa o indirectamente, propiciaron el genocidio, lo desconozco. Los mecanismos para expiar la culpa son variados. De entre ellos, el más radical es el suicidio. Tal vez, también, el más digno.

La paranoia terrorista de ETA y sus secuaces acabará algún día. Igual que pasó con la pesadilla nazi. A partir del día siguiente de la muerte de la banda criminal, los perpetradores en el País Vasco se enfrentarán a una nueva realidad. Por ejemplo: el vecino del quinto ya no tendrá que dejar enfriarse la comida porque su mujer y su hijo han visto al vecino de abajo, el del cuarto, el concejal del PSOE o del PP, acercarse al bar de enfrente, inesperadamente sin escolta. Y, claro, los nervios de la decisión, la llamada al enlace, la espera, la visión del comando asesino tras los visillos, el estruendo de los disparos... quitaban a uno el apetito. A pesar de que la ekintza hubiera sido un éxito. Todo por la Patria.

Cómo reaccionarán los perpetradores vascos ante la nueva situación, es una incógnita. Es posible que se empleen mecanismos reparadores no demasiado extremos: la confesión piadosa ante algún sacerdote amigo comprensivo con la causa nacionalista, podría ser el más socorrido. O, tal vez, intenten diluir su evidente responsabilidad individual en el maremágnum de la responsabilidad colectiva. «Yo no quería hacerlo, pero en aquella época todos mis amigos lo apoyaban». En ese totum revolutum fuenteovejunesco nadie se considerará culpable. Puede, sin embargo, que purguen sus faltas mediante el llanto sordo, continuo, eterno de sus avergonzadas almas. También es posible que los mecanismos expiatorios sean mucho más radicales. Así, quizá las tierras vascas se pueblen de sombras andantes que vaguen por las calles, asidas a un bastón, después de imitar a un rey griego llamado Edipo. O tal vez, las ramas de los árboles de los bosques vascos se colmen de miles de insólitos frutos, hediondos, de los que ninguna alimaña osa alimentarse: aquellos que penden de ásperas sogas, mecidos suavemente por el viento de la infamia, y que brotan a causa del remordimiento y la desesperación.

Las banderas
Por JAIME CAMPMANY ABC 6 Octubre 2002

Rojelios, nacionalistas, algunas otras especies políticas y varios badulaques sin clasificación especial siguen a vueltas con el asunto de la bandera. España no sólo es un país mágico sino también simbólico, y en cuanto tocas un símbolo, aquí se reorganiza el mapa de la Reconquista y algunas gentes andan por ahí administrándose cachiporrazos con pedazos de Historia. Ahora ha bastado con izar una bandera en la plaza de Colón para armar un guiñol y que se llene el retablo de cristobitas.

Andamos todos a banderazo limpio y hasta se mide la extensión de la bandera izada en la plaza de Colón, y se reduce a metros cuadrados la «ofensa que se hace a las Autonomías». Doscientos metros cuadrados de bandera de España ondean al viento azul y velazqueño de Guadarrama, y algunos españoles, en vez de sentir la alegría natural al mirar cómo flamean sus colores, empiezan a pensar que aquello que ondea al aire es una bandera enemiga y una provocación. En algunos casos, no se duelen de que icen la bandera, sino de que la bandera sea muy grande. O sea, que en la plaza de Colón y en un mástil de bastantes metros de altura, tendrían que haber izado una banderita de las que ponen en las mesas de las delegaciones de un simposium.

Javier Arzallus, que cada día parece más endemoniado y más habitado por el Maligno (ese entusiasta estadista necesita un exorcismo), dice que eso es una amenaza militar. Pero ahí tienen ustedes a los nacionalistas vascos envueltos a todas horas en la ikurriña y subiéndola al monte y a los balcones municipales. Y además, en muchas ocasiones, enarbolándola contra la bandera de España, que es la de todos, y queriendo echarla del balcón oficial. En otras ocasiones, los etarras la alzaban en un monte, sobre una carga de explosivo, y si alguien subía a quitarla, volaba por los aires con la bandera en la mano.

El comunista Antonio Romero, hombre importante en IU y habitualmente razonable, ha perdido la chaveta ante la bandera izada y sale diciendo que eso de izar la bandera española es una vuelta al franquismo y pregunta si también en esa ceremonia se va a cantar el «Cara al sol». ¡Anda, coño!, pero si quienes cantan «La Internacional» en cuanto se juntan cuatro comunistas, cinco o seis más de los que quedan, son ellos.

Y es que hay gentes que todavía están luchando contra Franco, atacados de la misma locura de don Quijote cuando acuchillaba en la venta pellejos de vino o cuando alanceaba en el campo molinos de viento. Pero, hombre, Romero, a estas alturas, luchar contra Franco es lo mismo que declararle la guerra a Napoleón o querer ganar la batalla de Mülberg. Vuelva usted los ojos hacia su partido, que todavía está defendiendo el sitio de Stalingrado y levantando el puño en homenaje a la Momia. Los comunistas, los socialistas, los sindicalistas, los nacionalistas están poblando de banderas cada día el aire de España. ¿Y arman una marimorena por izar la bandera de España? Que les den morcilla.

¿Quiénes somos?
Miguel Ángel RODRÍGUEZ La Razón 6 Octubre 2002

El gesto de homenajear a la bandera nacional los últimos miércoles de cada mes ha suscitado tal riada de declaraciones que a lo mejor conviene pararse a pensar si verdaderamente hemos llegado a vivir en un no-país. Una cosa es que desde las comunidades autónomas se pretenda el mejor desarrollo local y una identidad que sirva para el trabajo en común, y otra muy distinta es que el hecho autonómico consista en atacar e intentar destrozar todo lo que suene a España, a su historia, a sus símbolos y a su futuro.

Y así parece que caminamos: somos más autonomistas en la medida en que seamos más antiespañoles; y, al contrario, somos más españoles si despreciamos a las autonomías. Eso es un error.

Quizás todo se haya ido de las manos y nos estemos dando cuenta de que caminamos sin rumbo por un hecho que no debería tener más importancia: el izado de la bandera española en el centro de Madrid ¿Cómo puede provocar indignación un acontecimiento que es tan corriente en todos los países?

¿Quiénes somos?, si somos algo específico. ¿Es España la suma de sus autonomías y sus provincias, o es una nación que alberga autonomías y provincias? Sería conveniente obtener respuestas, porque los autonomistas se creen con derecho a proclamar verdaderas barbaridades como que se les «agota la paciencia» y se sienten «provocados», mientras que el resto parece obligado a callar y a resignarse.

Si España no es un país, si la solidaridad entre españoles da paso al establecimiento de fronteras interiores, ¿estamos eligiendo el mejor camino? Si España es sólo el centro de Madrid ¿cuánto tardarán los madrileños en despreciar al resto? Se impone una reflexión, pero parece difícil que se haga desde la responsabilidad y la serenidad.

Ni un ruido más
Por CARLOS DÁVILA ABC 6 Octubre 2002

Aznar se desayunó camino de Bilbao con la preocupación de Arzalluz por la unidad de España. El presidente, como millones de ciudadanos, se frotó los ojos para saber si era cierto lo que estaba leyendo. Y era cierto: resulta ahora que una propuesta secesionista es una apuesta para reforzar la delicadísima cohesión interna de nuestro Estado. Y como Aznar conoce a Arzalluz y tiene idea de su inmensa capacidad de disimulo, se reafirmó, camino de Bilbao, en que el PNV se ha tirado de la mano de Ibarretxe a la piscina sin agua de la libre asociación o de la independencia, para qué andarse con tapujos.

En el PNV histórico -donde dormitan antiguos parlamentarios, consejeros del Gobierno e, incluso, algún presidente convertido en empresario- ha habido en estos días una corriente de espanto contenido. En una conversación discreta, uno de los citados -que son más de diez y muy notorios- se expresó así ante su interlocutor: «¡Se nos ha ido la olla!». Hace un par de meses y en una Tudela en fiestas, que ya es elegir bien, Arzalluz le comunicaba a su amigo Duran Lleida que el «proceso» se cumpliría inexorablemente, que el camino de ruptura que el secretario general de CiU se negó explícitamente a compartir no tenía regreso, que nadie se equivocara.

O sea, Arzalluz ni jugaba de farol, ni calculaba las consecuencias, porque está convencido de que la dirección en que viajan todos los coches del mundo está errada; son ellos los que tienen razón. Pero ha pasado que el tejido social vasco ha crujido por el sobresalto. Los empresarios y ejecutivos del Círculo ya han proclamado que «no es esto, no es esto». Algunos históricos del PNV han acusado el «shock». Internacionalmente, salvo restos de Idaho y el enefable Cossiga, la gente se echa las manos a la cabeza y hay noticia de que, en breve, el Parlamento Europeo terminará por comunicar a Ibarretxe que no tiene nada que hacer.

Por eso Aznar está tranquilo, aunque preocupado, ante los intentos del PNV de lograr que ETA se sume al «proceso» con una tregua. Tiene noticias de las gestiones, pero cuenta con el copioso aplauso de los españoles gozosos de que, por primera vez, con bandera incluida, un Gobierno haya plantado cara al doble desatino: el terrorista y el nacionalista. El PNV no está asustado por lo que ha hecho; simplemente espera otra reacción.

Propuestas para medio país
JAVIER CORCUERA El País 6 Octubre 2002

Javier Corcuera Atienza es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco.

1 Nadie discute la legitimidad democrática del Gobierno vasco. Pero ni su mayoría parlamentaria ni los apoyos recibidos por Batasuna permiten olvidar que el voto nacionalista y el no nacionalista se reparten casi a partes iguales el electorado vasco. Ese dato debería servir para evitar esa frecuente identificación que hacen los nacionalistas (y también el lehendakari en su último discurso parlamentario) entre comunidad nacionalista y sociedad vasca.

2. Decir que la mitad del electorado vasco no vota nacionalista no quiere decir que la mitad de la población vasca esté amenazada por ETA. Sólo son unos pocos miles, pero es casi seguro que en ningún país democrático hay tanta gente con escolta, ni tantos reservan su libertad de expresión para el momento en que hablan con su pareja o con sus buenos amigos (y no siempre con todos sus buenos amigos, precisamente para intentar que sigan siéndolo). El no tener libertad no hace que se tenga razón, pero el que tanta gente carezca de aquélla debería afectar al orden de los problemas que quieren solucionar nuestros políticos.

3. No recuerdo que el PNV planteara en la última campaña caminar hacia la constitución de Euskadi como Estado Libre Asociado a España, y ésta es una propuesta de tanta entidad que parecería necesario presentarla explícitamente al electorado. Los manuales de Derecho Constitucional dicen que lo lógico en estos casos no es anunciar un referéndum para cuya convocatoria no existe competencia, sino disolver el Parlamento y presentarse a las elecciones subsiguientes con el nuevo programa. (He de confesar que mantendría mi desacuerdo con la propuesta aunque el nuevo Parlamento la apoyara, pero al menos sabría que respondía a la voluntad mayoritaria de mis vecinos).

4. En la sociedad vasca existen proyectos políticos contrapuestos: unos no quieren ser españoles y otros no renuncian a los muchos lazos que les unen con España. Si la convivencia llega a ser imposible, habrá que aceptar un procedimiento para que la minoría se adecue al deseo de la mayoría. La opción no es, sin embargo, una elección que corresponda sólo a los vascos. El Tribunal Supremo de Canadá afrontó un problema semejante al analizar el derecho de Quebec a la autodeterminación, y su respuesta me pareció y me sigue pareciendo ejemplar. La resumo así: a) La cuestión de la autodeterminación/independencia de Quebec no afecta únicamente a los quebequeses, sino a todos los canadienses. b) La autodeterminación de Quebec no es posible según la Constitución federal, pero Canadá no puede ignorar la eventual voluntad secesionista de la población de Quebec. c) Tal voluntad, para ser tenida en cuenta, habría de ser la de una mayoría suficientemente clara, que respondiera a una pregunta inequívoca.

5. Ese planteamiento cabe en la Constitución Española (y diría incluso que es el que mejor se deriva de una Constitución democrática como la nuestra). El principio democrático no podría ignorar la voluntad mayoritaria de unos españoles que quisieran dejar de serlo: ningún español demócrata querría mantener colonias interiores conservadas gracias a la fuerza.

6. Si no plantea problemas saber cuándo una pregunta es clara, definir qué sea mayoría suficiente no es fácil, como lo demuestran los contradictorios textos planteados por la Federación canadiense y por Quebec. Es difícil, y posiblemente sea inútil, aventurar porcentajes, aunque puede ser oportuno recordar que la Constitución de 1931 exigía el voto favorable de las dos terceras partes de los electores inscritos en el censo electoral de la región para que pasara a las Cortes el proyecto de Estatuto.

7. Volvamos a la propuesta del lehendakari. Se ha dicho de ella que tiene el mérito de aclarar, por fin, los objetivos nacionalistas, cuya perpetua indefinición les ha permitido siempre conseguir sus objetivos, que han sido, como decía el recordado Gabriel Moral Zabala, no tanto el dejar de ser españoles, sino el ser españoles de primera. Gracias a eso, el País Vasco dispone hoy de una autonomía con amplísimos recursos, con un concierto económico que permite que las Haciendas vascas paguen al Estado menos que lo que éste invierte en la comunidad autónoma. Quizá por eso la radicalidad del lehendakari no le lleva a pedir la independencia, sino la conversión de la Comunidad Autónoma en un Estado Libre Asociado: no parece haber confianza en que la independencia permitiera disponer de tantos recursos, ni facilitara el ingreso en la Unión Europea. La nueva radicalidad y la pretendida nueva claridad no consiguen convencer de que se haya renunciado a ser español de primera.

9. No he hablado hasta ahora de la constitucionalidad de la propuesta, porque creo que poco hay que decir sobre el tema.

En primer lugar, nadie sabe qué implica: cuando se parte de que 'la solución del problema de normalización política estriba en asumir que el Pueblo Vasco no es una parte subordinada del Estado, sino un Pueblo con identidad propia, con capacidad para establecer su propio marco de relaciones internas y para incorporarse por libre asociación a un verdadero Estado plurinacional', no es fácil concluir que la alternativa que se presenta 'encaja perfectamente con una interpretación abierta y flexible de la Constitución basada en la plurinacionalidad del Estado, según defienden expertos constitucionalistas españoles' (lástima que los discursos no tengan notas a pie de página, para conocerlos). A nadie se le oculta que alcanzar los objetivos expresados por el lehendakari obligaría a reformar la Constitución por el procedimiento previsto para la revisión total (que exige aprobación del principio de la reforma por mayoría de los dos tercios de cada Cámara, disolución de las Cortes, y ratificación de la decisión por las nuevas, que deberían discutir el texto de la reforma y aprobarlo por igual mayoría de dos tercios antes de someterlo a referéndum de los españoles). Invocar la adicional primera de la Constitución, que ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales, es referirse a una norma cuyo segundo párrafo señala que la actualización de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución, y el marco constitucional de nuestro Estado autonómico tendría que ser modificado sustancialmente para que cupiera el nuevo Estado Libre Asociado. Tampoco es alegable la adicional estatutaria, en cuya virtud 'la aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente Estatuto no implica renuncia del Pueblo Vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico'. En el caso en que convertirse en Estado Libre Asociado sea uno de los derechos que hubieran podido corresponder al Pueblo Vasco en virtud de su historia, su creación deberá hacerse de acuerdo con lo que establece el ordenamiento jurídico, esto es, revisando la Constitución y reformando el Estatuto. Y finalmente, como señalaba recientemente Santiago González, no es fácil entender que se pretenda decidir unilateralmente un estatus de libre asociación con alguien a quien no se pregunta si quiere asociarse con nosotros y en qué términos.

10. Al lehendakari que tanto habló de diálogo no parece importarle que su propuesta sólo sirva para dividir internamente, más aún, a la sociedad vasca. Aumentará el silencio de muchos, pero otros creerán vivir más cerca del país ficticio que han soñado. Quizá no se han enterado de que no están solos, o quizá no les importen nada los otros.

Convivencia imposible
Nota del Editor 6 Octubre 2002

JAVIER CORCUERA, en el artículo de  El País del 6 Octubre 2002, en su análisis del conflicto de los nacionalistas del país vasco, en el punto 4, defiende la posibilidad de "aceptar un procedimiento para que la minoría se adecue al deseo de la mayoría", y que "habría de ser la de una mayoría suficientemente clara", "si la convivencia llega a ser imposible", lo que es todo un contrasentido, pues mayoría y minoría son definición imposible: ¿ cuántos y quienes son la minoría mínima ?, ¿que pueden hacer los posibles afectados que no forman parte de la minoría contra la decisión de la mayoría  ?, ¿ qué mecanismos legales puede utilizar la minoría o la mayoría para hacer imposible la convivencia ?. Así que yo como los alaveses, primero de la lista para mi independencia individual, en cuanto se abra la caja de los truenos.

Mesura frente a desafío
Editorial El Correo 6 Octubre 2002

El Partido Popular del País Vasco ha celebrado su X Congreso Regional en un momento en el que, sin duda, la atención política está centrada en las consecuencias que el Plan Ibarretxe puede comportar a corto plazo al normal funcionamiento de las instituciones de Euskadi y a la respuesta que la actuación de éstas puede recibir por parte del Gobierno de España. Las severas críticas que en la clausura de dicho congreso dirigió el presidente Aznar contra la política nacionalista -acusándola de traicionar la democracia y de encaminarse hacia los Balcanes- fueron acompañadas de un compromiso de serenidad y de la promesa de que en ningún caso cometerá el error de dilapidar el patrimonio democrático de los vascos, en una implícita alusión a la continuidad garantizada del autogobierno.

La declaración de Aznar resulta especialmente relevante en la medida en que uno de los riesgos inmediatos que presenta la situación política en Euskadi es que desemboque en una escalada de despropósitos que agrave aún más el ya inquietante clima de abierto enfrentamiento e incomunicación que existe entre los partidos democráticos y entre las instituciones. De las palabras de Aznar se deduce que es consciente de que la mayor equivocación que podrían cometer su Gobierno y su partido sería dramatizar hasta tal punto la situación que induzca la sensación de que el marco de convivencia definido por la Constitución y el Estatuto está definitivamente quebrado. La seguridad mostrada por el presidente de Gobierno en el congreso de los populares vascos constituye, sin duda, la manera más idónea de afrontar el desafío que implica la iniciativa de Ibarretxe. Además, el hecho de que Aznar situara entre los objetivos de la acción política de su partido crear las condiciones para que el nacionalismo democrático regrese a la senda de la racionalidad impide que éste convierta la estrategia de contención trazada por el presidente en argumento a añadir al catálogo de agravios que los abertzales se empeñan en coleccionar para justificar su deriva.

El Partido Popular ha de tener en cuenta que el rechazo suscitado por el Plan Ibarretxe en aquellos sectores políticos y de opinión que se hallan fuera de la órbita nacionalista ha sido tan unánime y razonado que constituiría una torpeza pretender desviar toda esa contestación hacia el cauce siempre estrecho de las posiciones de un único partido. Por otra parte, la apelación a la legalidad y a su cumplimiento como garantía última de la convivencia no puede evocar la existencia de un baluarte ajeno al comportamiento de la propia sociedad civil y a la responsabilidad que han de asumir sus representantes políticos. El desenlace final de la confrontación entre la defensa del pacto constitucional y estatutario como referencia insuperable de consenso democrático y la aventura soberanista que pone en riesgo los consensos básicos que persisten en la sociedad vasca dependerá siempre de la actitud que manifieste ésta y, en esa medida, del eco que las posiciones no nacionalistas logren en su seno.

La sociedad civil vasca
FERNANDO MAURA/ESCRITOR Y PARLAMENTARIO VASCO POR EL PARTIDO POPULAR El Correo 6 Octubre 2002

El reciente debate de política general no puede analizarse desde el plano de la frivolidad. No, desde luego, si los ciudadanos de este país queremos seguir considerándonos como tales. Ni la propuesta del lehendakari es sólo una baladronada de 'recogevotos' radicales, ni se presta al calificativo de ambigüedad que con tanto acierto les hemos dedicado en el correr de los tiempos a los responsables -¿responsables?- del nacionalismo. Se trata, por el contrario, de una propuesta clara, con unos plazos concretos y que contiene unas amenazas serias para la construcción de un País Vasco integrador, abierto y democrático en el que reine la libertad como principal valor.

Ibarretxe ha arrojado en el hemiciclo del Parlamento vasco una propuesta para la división de la sociedad vasca. ¡Es simplemente curioso que a eso le haya llamado 'proyecto de convivencia'! En un país en que la vida no se admite por todos como el derecho humano radical, en un país en el que vivir es ya un desafío cotidiano para muchos de sus ciudadanos, la convivencia resulta sencillamente imposible. Menos aún podemos declinar entre nosotros el verbo 'compartir', que es palabra que se pronuncia sólo cuando caben ser dichas las anteriores.

Por eso el lehendakari debiera haber empezado su discurso por las ideas de la vida y de la libertad. Porque, aseguradas éstas, luego cabe que nos reconozcamos unos vascos a otros, con nuestras diferencias, nuestros perfiles, nuestros puntos de vista diferentes. Y, una vez reconocidos como plurales, podríamos empezar a compartir valores, ideas, soluciones. Pero Ibarretxe ha empezado por la independencia. Ahora, en un quiebro argumental tan caro a sus rebuscadas palabrerías, la rebautizan de 'Estado libre asociado'. Sin embargo, estamos hablando de independencia. Estamos diciendo que esa Euskadi que sueña el lehendakari lo tendrá todo: no sólo la Seguridad Social que decían les correspondía con el Estatuto actual, sino la presencia europea e internacional que le convenga, la capacidad de firmar tratados, de realizar la política exterior que desee ... Sólo mantiene la 'vinculación' a España por aquello de no salirse de la Unión Europea y de ponerse a la cola de la negociación con los países del Este como compañeros de penurias. España es útil para ellos porque nos ha llevado a Europa y no sólo a la Europa de la Unión, sino también a la Europa de 'la primera velocidad', la Europa del euro.

La propuesta contiene además una variada panoplia de inseguridades e incumplimientos legales que habrán de ser considerados más despacio: la asunción directa de determinadas competencias, sin negociación con la Administración General del Estado, será objeto seguramente del estudio jurídico correspondiente, toda vez que sus términos sean aclarados por la ejecución política que se plantee por el Gobierno vasco.

Pero es que, además, el lehendakari ha anunciado que, exista o no acuerdo en las Cortes Generales, el documento que se apruebe por el Parlamento vasco será sometido a referéndum del pueblo de esta comunidad. Quiero recordar que ese compromiso vulnera de manera flagrante el artículo 92 de la Constitución Española, que no concede facultades referendarias al Parlamento ni al Gobierno vasco, y menos a su lehendakari.

En lucha por ese objetivo independentista y soberanista hay ya una organización social preparada. A golpe de talonario, las instituciones gobernadas por los nacionalistas han propiciado una base social que se moviliza con facilidad, toma nuestras calles y atemoriza los sentimientos de quienes formamos al menos el 50% -sigo creyendo que más- de la sociedad vasca.

Y por ese temor, por ese miedo, algunos ciudadanos vascos harán -como antes que ellos otros- las maletas a partir de ese triste 27 de septiembre. No sólo dejarán las calles vacías para que las ocupen los soberanistas de Ibarretxe y su grupos afines. Abandonarán sus casas y se instalarán en otras, pedirán traslados, venderán sus pisos y buscarán otro acomodo más pacífico para la educación de sus hijos: un lugar en el que los verbos vivir, convivir, compartir no se tengan siquiera que pronunciar por tan aceptados que son socialmente.

Pero yo quisiera, a través de estas letras, pedir que nada de eso ocurra. Exigir a los movimientos cívicos que están de acuerdo con la Constitución y el Estatuto como puntos de encuentro de la sociedad vasca que dejen a un lado los tristes protagonismos y se unan y vertebren en un trabajo común. Pedir la reflexión a los nacionalistas que no se sientan excluyentes para que rechacen con nosotros este proyecto. Demandar a los partidos políticos, a los centrales sindicales, a las organizaciones empresariales, a todos los ciudadanos de a pie que no den un paso atrás.

Porque este país será lo que queremos que sea si sabemos parar la agresión juntos. Pero es verdad que también podría convertirse en un país de violencia permanente, de victimismo sordo, de odios inoculados desde la familia hasta la escuela. Porque la ley, el Estado de Derecho, la Constitución y el Estatuto son nuestras primeras referencias. Lo son como resultado de nuestra convicción de demócratas. Y nos dan la razón. Pero todo eso hay que ganarlo hoy también en la calle, en las tribunas de los periódicos, en las conversaciones de los bares y cafeterías. A pesar del miedo, a pesar de la presión social y ambiental que el nacionalismo soberanista organizado va a poner en marcha.

Yo no sé si doce meses son suficientes para tan inmensa tarea: la construcción de una sociedad civil vasca integradora y abierta. Pero sólo sé que, si no empezamos ahora, una parte de la tarea la habremos perdido quizás para siempre.

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