AGLI

Recortes de Prensa     Domingo 13 Octubre  2002
No nos dejéis solos
Antonio Basagoiti La Razón 13 Octubre 2002

Fiesta Nacional Y Peligros Del Nacionalismo Vasco
Editorial El Mundo 13 Octubre 2002

COMPARACIONES QUE NO SON ODIOSAS
José Antonio ZARZALEJOS ABC 13 Octubre 2002

Insumisión
Pilar CERNUDA La Razón 13 Octubre 2002

Rechazo razonado
Editorial El País 13 Octubre 2002

Fractura plebiscitaria
Editorial El Correo 13 Octubre 2002

Guevara: Pediré el no alavés al plan de Ibarretxe
I. C. M. | Vitoria El País 13 Octubre 2002

Juan José Linz: «La propuesta de Ibarretxe no responde al sentir de la opinión pública en el País Vasco»
ANA ROMERO El Mundo 13 Octubre 2002

Álava, una forma singular de ser vascos
ISABEL C. MARTÍNEZ | Vitoria El País 13 Octubre 2002

Desagravio por delegación
J. A. RODRÍGUEZ TOUS El Correo 13 Octubre 2002

La senda de Ibarretxe
OLATZ BARRIUSO/BILBAO El Correo 13 Octubre 2002

 

No nos dejéis solos
Antonio Basagoiti es portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao La Razón 13 Octubre 2002

Oyendo la última intervención del lendakari Ibarreche en el Parlamento vasco habrá quien haya estado tentado de pensar que la única y última alternativa para solucionar el problema vasco es levantar un muro que separe definitivamente el País Vasco del resto de España. Más de uno habrá pensado aquello de allá los vascos con sus problemas, que los solucionen entre ellos y al resto que nos dejen en paz. Permítanme decirles que tan irresponsable es apoyar este argumento como el planteado por el lendakari y su Gobierno.

Más de la mitad de los vascos no apoya el proyecto independentista que el nacionalismo ha puesto sobre la mesa de esta sociedad, pero no por eso está dispuesta a renunciar al trabajo que durante años ha realizado para consolidar los puentes de relación con el resto de España, fundamentalmente representados en la Constitución y el Estatuto de Guernika. Han sido demasiados sacrificios, demasiados compañeros que han entregado su vida y la de sus propias familias, como para que ahora tiremos la toalla.

El País Vasco es parte de España y así lo pensamos miles de vascos y millones de españoles, pensamiento que en más de una ocasión se ha visto reflejado en las manifestaciones convocadas contra ETA. Precisamente, el aliento que desde todos los rincones de España nos ha llegado a quienes luchamos por la paz del País Vasco desde sus instituciones ha sido el mejor y más fuerte estímulo que hemos recibido para continuar en el esfuerzo.

El único aspecto positivo del discurso de Ibarreche en el debate de política general celebrado el 27 de septiembre en el Parlamento de Vitoria es que, por una vez en estos años de nacionalismo vasco plañidero y victimista, el PNV ha puesto las cartas sobre la mesa. Tras años de calculada ambigüedad y de jugar a enseñar y esconder la patita de la independencia, el lehendakari Ibarreche se ha quitado la careta. El PNV ya no engaña a nadie y ha mostrado al «mundo» lo que quiere: cristalizar el proyecto independentista de ETA.

El PNV ha basado siempre su razón de ser en la confrontación entre lo español y lo vasco. El objetivo de los nacionalistas ha sido siempre intentar ahondar en la oposición entre Madrid y Vitoria, con la vista puesta en la ruptura definitiva con España. Ibarreche formalizó en el Parlamento el proyecto nacionalista en el que durante años han estado intentando embarcar a esta sociedad. Precisamente por eso, es momento de redoblar esfuerzos y no flaquear en la defensa de los valores que sacamos a la calle vascos y españoles en Ermua.

Hoy más que nunca los vascos que defendemos los valores de la Constitución y el Estatuto necesitamos del resto de los españoles su apoyo para impedir que el nacionalismo termine imponiendo su proyecto independentista en este país. El País Vasco forma parte de España y nuestro referente tiene que seguir siendo la construcción de puentes que hagan posible la definitiva normalización política y social de nuestra tierra.

Es momento de trabajar y desterrar tentaciones que sólo contribuyen a despejar el camino al proyecto independentista y soberanista con el que el nacionalismo quiere someter al conjunto de la sociedad vasca.

Fiesta Nacional Y Peligros Del Nacionalismo Vasco
Editorial El Mundo 13 Octubre 2002

Con el mismo empaque institucional y simbólico de todos los años, ayer se celebró en Madrid el tradicional desfile militar del Día de la Fiesta Nacional. Soldados de los tres ejércitos, armamento moderno y abanderados de los países de la OTAN desfilaron por el Paseo de la Castellana, ante la Familia Real, las máximas autoridades del Estado y numeroso público que se dio cita en la calle. La fiesta del 12 de Octubre ha tenido lugar en medio de un debate sobre el presente y el futuro de la Nación española debido a la propuesta de Ibarretxe para que el País Vasco tenga un «estatus de libre adhesión» con España. Inasequible al rechazo que ha recibido su iniciativa de los partidos no nacionalistas, el empresariado y numerosos sectores sociales, el lehendakari sigue adelante con el que califica como «el proyecto más bonito» que han tenido ante sí los vascos. Si no actuara exclusivamente guiado por su fe nacionalista, tal vez la autorizada opinión de un intelectual tan ilustre como Juan José Linz, el español afincado en la Universidad de Yale, pudiera abrirle los ojos.

La opinión del profesor a quien hoy entrevista este periódico resulta especialmente valiosa porque proviene de quien ve las cosas desde la distancia y el conocimiento intelectual. Además, el PNV no puede acusarle de resentimiento ni de estar vendido a los poderes del Estado, puesto que la propia Universidad del País Vasco le concedió este año el doctorado honoris causa, en presencia del propio lehendakari «que estuvo muy amable» con él, según confiesa en la entrevista que hoy publicamos. Su diagnóstico no puede ser más esclarecedor. Asegura que el plan de Ibarretxe no responde a la voluntad de los vascos porque los líderes políticos -como hicieron Milosevic o Tudjman- «pueden hacer o deshacer el espíritu constitucional». Linz afirma que España es «un Estado federal de hecho» y, con una lógica aplastante, dice que si el País Vasco obtuviera la independencia «mientras los navarros no estuvieran dispuestos, cosa que no están, ETA continuaría».

No se puede aceptar, sin embargo, su pesimista conclusión de que el País Vasco «pueda no tener solución». Desde la respuesta serena y constitucional a los desafíos, cabe encontrar soluciones a los conflictos. Precisamente desde esa serenidad y normalidad constitucional, el ministro de Defensa, Federico Trillo, aclara hoy oportunamente en EL MUNDO que «en la España actual el ruido de tanques no tiene nada que ver con aquel ruido de sables del pasado, es el ruido del sistema democrático» y que «el Ejército cumple y cumplirá sus misiones constitucionales con obediencia plena al Gobierno y bajo control del Parlamento».

Por eso desfiles como el de ayer deben ser examinados a la luz de la normalidad y no son distintos a los que se celebran en países de nuestro entorno en los que las Fuerzas Armadas están al servicio de los estados democráticos, símbolos y banderas incluidos.

COMPARACIONES QUE NO SON ODIOSAS
Por José Antonio ZARZALEJOS ABC 13 Octubre 2002

MAÑANA el primer ministro británico, el laborista Blair, suspenderá una vez más la autonomía del Ulster. Una posible infiltración del IRA en el Gobierno de Irlanda del Norte y la consecuente acción policial para remediarla, ha desencadenado una crisis que demostraría a los admiradores del llamado «modelo irlandés» que deben mostrarse algo más discretos e infinitamente más prudentes cuando preconizan referencias ajenas para resolver nuestros asuntos propios. Casi de manera simultánea, el Consejo de Estado francés, que vela, entre otras cosas, por la integridad constitucional de la V República, ha advertido al Gobierno de Chirac que su tímido proyecto de descentralización es incompatible con el tradicional modelo -otro modelo- centralista de Francia, que bebe en las fuentes del jacobinismo igualitario. No es probable -aunque sí posible- que desde nuestra hipercrítica sociedad, se ponga en duda la autenticidad del sistema democrático galo que, en punto a la negativa de transferencia de poder del centro a la periferia, ha sido constante con socialistas o gaullistas.

Siguiendo el trayecto que recorre nuestro entorno, y como quiera que los buscadores de modelos son inasequibles al desaliento, topamos con la Confederación Helvética (¿se dan cuenta que muchos de los que hablan de estos temas no saben distinguir una federación de una confederación?), cuya característica esencial es el cantonalismo administrativo diseñado para la ejecución de una política común hermética y constante. Item más: en Alemania, la unidad federal ha asumido la misión histórica -y valga la redundancia- de la reunificación, tarea trascendente en términos nacionales que a ningún lander, partido o asociación se le ocurre cuestionar pese a los sacrificios económicos y sociales que conlleva y que se ejecuta a despecho de la grave crisis económica por la que atraviesa el país. Tampoco dejemos de lado que la regionalización italiana -con la otrora amenazante Padania de Bossi- se ha difuminado con su incorporación al Gobierno nacional, sin olvidar que la Liga Norte era la articulación de una extrema derecha insolidaria. ¿Seguimos? Podría continuarse la reflexión hasta alcanzar Quebec, ejemplo democrático, para cuya segregación el Tribunal Supremo canadiense ha impuesto unas condiciones democráticas que, plenamente lógicas, hacen del propósito centrípeto un proyecto, por lo menos, serio. Es de suponer que no haya que insistir en las referencias de las repúblicas bálticas ex soviéticas que en su momento tanta sugestión causaron en los buceadores de modelos ajenos. De Puerto Rico y los Estados Unidos, mejor dejarlo.

Dicho lo anterior, no es cierto que todas y siempre las comparaciones sean odiosas. Algunas son muy aleccionadoras y benéficas porque permiten llegar a unas conclusiones que iluminan una realidad sobre la que el nacionalismo quiere arrojar tinieblas: el sistema autonómico español, consagrado en la Constitución de 1978 y desarrollado mediante los diferentes Estatutos -y en particular, los que norman el autogobierno de las nacionalidades históricas- es netamente superior a los demás modelos en su potencial descentralizador; transfiere poder ejecutivo y legislativo, establece un sistema de plena garantía de ejercicio por los Gobiernos y Parlamentos autonómicos e implica, por fin, una nueva concepción de España que, si singularísima en nuestra historia, lo es también en el constitucionalismo occidental. Por eso, el coste de la no España que propugna Ibarretxe es el grave error del nacionalismo vasco que los empresarios de aquella tierra han descrito con tanta precisión. Pujol lo sabe y con la lucidez de la experiencia y el pragmatismo ha lanzado desde ABC un mensaje definitivo: «El sueño de un nacionalista no es necesariamente la independencia». Efectivamente. Puede ser una pesadilla y el Honorable lo ha comprendido. Entre él y algún otro, la comparación tampoco es odiosa.

Insumisión
Pilar CERNUDA La Razón 13 Octubre 2002

No hablamos de desobediencia, ni desacato, sino de rebeldía pura y dura, de insumisión con todas las letras. No es cierto que el gobierno central se niegue a que se amplie la plantilla de la Ertzaintza, sino que se niega a hacerlo como proponen Ibarretxe y Balza, por la regla de tres, sin seguir los cauces y normas que marca el Estatuto vasco. Se trata de llevar adelante la amenaza de Ibarretxe de asumir competencias por las buenas o por las malas, y evidentemente ni el gobierno ni los partidos serios están dispuestos a aceptarlo. El problema es que los ciudadanos gobernados por ese lendakari insumiso pueden sentirse autorizados a hacer exactamente lo mismo y ponerse el mundo por montera, cometer delitos, dejar de lado sus responsabilidades fiscales, ocupar propiedades ajenas o cualquier disparate que se les ocurra. Algo de eso se trasluce en el comunicado de Confebasc: no sólo les preocupa la inestabilidad económica que provoca la inestabilidad política, sino que por encima de todo les preocupa que el gobierno pase olímpicamente de leyes.

Rechazo razonado
Editorial El País 13 Octubre 2002

El rechazo por parte de la patronal vasca a la propuesta de reforma soberanista del Estatuto planteada por el lehendakari tiene más alcance que el de la opinión interesada de un sector social. Por las razones que invoca, que Ibarretxe no ha podido refutar, y porque confirma la difícil viabilidad práctica de un proyecto que requeriría para prosperar un fuerte respaldo político y social. El rechazo, tan unánime que ha alarmado hasta a los más entusiastas, se debe a que la propuesta no incide en el problema que preocupa a la mayoría, que no es el de las competencias o la soberanía, sino el de la violencia de ETA, y a su carácter de ruptura con lo existente sin alternativa verosímil.

Es imposible que la propuesta sea asumida por los partidos representativos de la mitad no nacionalista de la población, lo que hace inverosímil que pueda suscitar un consenso comparable al del Estatuto de Gernika; y no es realista la esperanza de Ibarretxe de que, a falta del apoyo de los partidos, obtendría el respaldo directo de la población, incluyendo el de 'colectivos no abertzales'. El neto rechazo de la patronal, que representa a 13.000 empresarios, demuestra que no basta con el voluntarismo para eliminar la pluralidad social. También pone de relieve los límites del clientelismo nacionalista: hay un punto del que no se puede pasar, ni siquiera bajo la coacción de ETA. Esa evidencia no podrá ser contrarrestada con una lista de unos cientos de empresarios favorables a la propuesta soberanista, como intentan los nacionalistas; al revés: demostraría que es una propuesta que divide y fractura también a los colectivos sociales.

El Estatuto fue respaldado por el 90% de los votantes (y el 53% del censo). Pero su legitimidad no deriva sólo de su origen, sino de su reconocimiento ulterior como marco político aceptado por todos los partidos, excepto la minoría que legitima la violencia. La propuesta de sustituir ese consenso mayoritario por otro reducido a los partidos nacionalistas se justificó en su día por la necesidad de favorecer la integración del mundo radical. Pero el desenlace de Lizarra demostró que esa renuncia a los principios no hacía desistir a ETA y sí debilitaba en cambio la cohesión de la sociedad frente a su coacción incesante.

Los empresarios ponen el acento en ese riesgo de ruptura de la cohesión social. En Euskadi, a diferencia de Irlanda del Norte, la incomunicación entre los partidos no ha cristalizado en la existencia de dos comunidades aisladas y enfrentadas ni ha provocado todavía, según Confebask, una 'fractura en la convivencia ciudadana'. El motivo es que en muchas familias, cuadrillas y asociaciones de todo tipo conviven personas nacionalistas con otras que no lo son o lo son en algunos aspectos de la vida, y no tanto en otros. El Estatuto, en cuanto pacto interno entre los vascos, es la expresión política de esa convivencia.

La propuesta de Ibarretxe rompe, por su unilateralidad, ese pacto y crea una dinámica que conduce a la escisión en dos comunidades excluyentes. No es casual que al final del proceso se plantee un referéndum destinado a zanjar el conflicto que se plantearía si el Congreso de los Diputados no avala -como requeriría la eventual reforma legal del Estatuto- lo votado por una mayoría del Parlamento vasco. Se apuesta claramente por enfrentar esas dos legitimidades.

Esa perspectiva rupturista no puede dejar de afectar al proceso desde su inicio. ¿Está dispuesto el nacionalismo a mantener su apuesta en esas condiciones, e incluso a llegar al conflicto institucional? Es seguro que algunos sectores lo desean, pero cuesta creer que un partido tan orgánico como el PNV pueda prescindir tan alegremente de los intereses que representa y le recuerdan los empresarios. La incertidumbre que suscita el proyecto incide sobre las decisiones de inversión y condiciona las expectativas de una economía tan abierta al exterior, especialmente al mercado español, como la vasca. Por otra parte, es contradictorio argumentar lo bien que va la economía vasca gracias a la autonomía, y a continuación proponer la liquidación de ese modelo. Lo más probable es que Ibarretxe se empeñe en seguir adelante con su propuesta, cueste lo que cueste, pero lo más probable no coincide siempre con lo que es más deseable: que la retire cuanto antes.

Fractura plebiscitaria
Editorial El Correo 13 Octubre 2002

En cualquier otro país democrático, la contestación política y social que ha cosechado el Plan Ibarretxe hubiera sido suficiente razón para que el presidente de gobierno retirara su propuesta. Sin embargo, vista la impasibilidad en la que parece haberse instalado el lehendakari, resulta evidente que el nacionalismo gobernante ha decidido enrocarse en su proyecto soberanista a la espera de que su tenacidad y el transcurso de los meses terminen provocando el desistimiento de quienes -partidos y organizaciones sociales- se han pronunciado de forma abiertamente crítica hacia el plan. El hecho de que Ibarretxe haya valorado positivamente los resultados de la ronda de conversaciones mantenida hasta ahora con distintos agentes sociales refleja su nula disposición a dar relevancia a la opinión crítica de sus interlocutores, como si ésta careciera de la entidad o el rigor suficientes para llevar al lehendakari a rectificar o siquiera revisar su proyecto. En este sentido, resultan tan elocuentes como preocupantes los esfuerzos que distintos miembros del propio Gobierno vasco y dirigentes nacionalistas están haciendo para cuestionar la representatividad de los órganos gestores de Confebask presentando su declaración como expresión del parecer unipersonal de su presidente Román Knörr. Tal actitud trasluce no sólo una evidente incapacidad para admitir la existencia de voluntades contrarias a las expresadas por el lehendakari sino, además, la disposición del nacionalismo gobernante a inducir una crisis en el seno de la patronal vasca.

El mismo viernes el lehendakari Ibarretxe reiteró su firme propósito de convocar la consulta popular anunciada en su plan incluso frente a una eventual posición contraria de las Cortes Generales. Y lo hizo al tiempo que manifestaba su convicción de que su propuesta traería la paz y mejoraría ostensiblemente las condiciones económicas y de bienestar de los vascos. Tan irreductibles argumentos, más que augurar tiempos de incertidumbre para un próximo futuro, empeoran de inmediato la necesaria armonía y ese mínimo clima de entendimiento que una sociedad acosada por el terrorismo requiere para liberarse del totalitarismo violento. Y es que la mera formulación del Plan Ibarretxe suscita un clima plebiscitario como factor de fractura inmediata en tanto que emplaza a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil a tomar postura entre el sí y el no al «estatus de libre asociación con el Estado español».

La 'centralidad' que reivindica para sí el lehendakari constituye una ficción política que sólo reconforta a sus partidarios. Porque en realidad tanto el contenido de su plan como, en especial, el plazo de un año dado para su desenlace definitivo traslada a la sociedad y a sus organizaciones representativas una angustia insoportable. La concreción del proyecto nacionalista ha suscitado un rechazo sin precedentes a su política. El hecho de que en estas circunstancias el lehendakari Ibarretxe recabe adhesiones a su propuesta invocando poco menos que un acto de fe, prometiendo una estabilidad futura mientras alienta día a día la incertidumbre, constituye un despropósito que únicamente podría corregirse si la primera institución del País Vasco retira formalmente de la circulación tan disparatado proyecto.

Guevara: 'Pediré el 'no' alavés al plan de Ibarretxe'
I. C. M. | Vitoria El País 13 Octubre 2002

'Estoy totalmente seguro de que Álava hará como en 1933 y no seguirá a Ibarretxe', afirma Emilio Guevara, el primer diputado general de Álava de la democracia por el PNV. 'Y el primero que saldrá a la calle a pedir el no seré yo', asegura.

El hombre que junto con José Ángel Cuerda ganó Álava para el PNV y para el Estatuto de Gernika se muestra dispuesto a pelear por sacarla de la comunidad vasca si el plan de libre asociación de Ibarretxe, que él considera abocado a la independencia, extrema sus consecuencias. 'En ese caso, yo quiero un Territorio Histórico libremente asociado', dice. Y advierte de que la búsqueda de un país de siete territorios puede abocar a reducirlo a dos.

Aunque Ibarretxe niegue la pulsión independentista de su plan, para Guevara lo es. Y cree que hay que frenarlo ahora. La propuesta 'ni siquiera tiene el mérito de ser estable y definitiva', dice. 'Y, desde el momento en que se apruebe esa libre asociación, ¿quién nos garantiza que en 10 o 12 años no dice que se marcha? Para entonces, si estamos ahí, ya no habrá forma de retroceder', advierte.

El ex político del PNV, que manifiesta su acuerdo con la reclamación de presencia en Europa y de las competencias pendientes, incluido un sistema de gestión de la Seguridad Social, piensa que el plan es 'una carga de profundidad'. Y añade: 'Tiene un calado y unas incógnitas enormes y se olvida de todos los que tenemos que andar con escolta detrás'.

También la apelación directa de Ibarretxe a la sociedad le asusta y emite un duro juicio sobre ella: 'Está haciendo algo peligrosísimo; eso de llamar al pueblo, a la sociedad, aunque con otro estilo y otro tono, es lo que hace Chávez en Venezuela'.

Guevara insiste en que el Estatuto 'es la única forma de consenso posible entre todos: de Euskadi con el Estado, entre los tres territorios vascos y entre sus ciudadanos'.

Juan José Linz: «La propuesta de Ibarretxe no responde al sentir de la opinión pública en el País Vasco»
Una entrevista de ANA ROMERO El Mundo 13 Octubre 2002

EL DIA DE LA HISPANIDAD SE CELEBRO AYER EN MEDIO DE LA MAYOR CRISIS CONSTITUCIONAL DE LOS ULTIMOS 25 AÑOS. LINZ, EXPERTO EN EL PAIS VASCO Y EN LA TRANSICION A LA DEMOCRACIA, ADVIERTE DESDE LA UNIVERSIDAD DE YALE, DONDE LLEVA MAS DE 30 AÑOS, QUE EL PROBLEMA DEL PAIS VASCO «ES DE MUY DIFICIL SOLUCION».

HAMDEN (CONNECTICUT).- En el bosque de Nueva Inglaterra, en una casa de madera junto a un lago, hay un español que piensa. «Si volviera a Madrid, ¿dónde podría meter todos estos libros? ¡Sólo transportarlos me costaría una fortuna!», exclama Juan José Linz Storch de Gracia, mientras señala a los miles de volúmenes que nos rodean en este entrañable lugar, desde el sótano hasta la buhardilla.

El calor especial que despiden los abigarrados tomos ha impregnado el espíritu de este viejo profesor y de su mujer, Rocío de Terán, cuya vida en común es un compendio de historia de España marcado por mil anécdotas: «Tenemos que asumir, con sus sombras y sus luces, la historia que tenemos. No tenemos razones para pensar que somos un país dejado de la mano de Dios».

¿Y la persistente leyenda negra? «Creo que el origen está en que cada sector de la sociedad española puede pensar que una parte de nuestra historia es equivocada. Frente a ello están, por ejemplo, unos franceses que exaltan por igual a Juana de Arco, Luis XIV, la Revolución Francesa o De Gaulle. Para ellos, todo es parte de la gloire». ¿Qué hacer? «Las nuevas generaciones de españoles han de estudiar la Historia y ponerla en perspectiva».

Estudiarla y compararla es lo que hace él desde que el 15 de septiembre de 1950 llegó a Nueva York con la primera hornada de becas del Ministerio de Asuntos Exteriores. Fue un viaje de casi 20 horas en un avión de la TWA con cuatro paradas. Desde entonces, sólo ha vivido en España cinco años, entre 1958 y 1961, y entre 1976 y 1978, aunque viene de visita cuatro o cinco veces por año: «Las cosas que yo escribía no encajaban en la época de Franco. Nadie me puso un veto, nadie me metió en la cárcel.Yo tenía buenas relaciones, sobre todo después de haber sido premio extraordinario. Eso me daba acceso a mucha gente, como a Fraga, que había sido profesor mío. Yo no he sido ni exiliado ni inmigrante, han sido más bien las circunstancias. Sobre todo, el que la Universidad americana me ofreció unas posibilidades que la española no tenía».

Habladora ella, más callado él, en las varias horas que pasamos en su casa, van hilando recuerdos sobre parientes, amigos y situaciones.Ahí están el embajador Fernando de los Ríos, que nunca pudo regresar a España; Jesús de Galíndez, al que Trujillo mandó arrojar a los tiburones, y a quien Linz oyó expresar sus temores días en un ascensor de la Universidad de Columbia. O Juan de Ajuriaguerra, el nacionalista vasco exiliado y «tan distinto de los actuales líderes del PNV». O su preceptor estonio, el bolchevique Alejandro Keskula.

Todo, mientras discuten sobre la fecha en la que se conocieron.Se ponen de acuerdo en que se casaron en 1968. Ella empezó trabajando para él, y ahora se ha convertido en su ayudante imprescindible: «Juan escribe ideas y yo construyo puentes». Testigo mudo de esta excepcional vida de estudio y pensamiento es Matilda, una gata gorda de pelo disparado que se empeña en olisquear los zapatos como si fuera un perro.

Sobre la chimenea, Linz muestra orgulloso la estatuilla del Premio Príncipe de Asturias que le fue otorgado en 1987. Exhibir el resto de premios y currículo sería difícil: entre sus obras más conocidas están España: un presente para el futuro; Conflicto en Euskadi; La quiebra de las democracias y El fracaso del presidencialismo.Miembro de la Academia Europea y doctor honoris causa de varias universidades, en algunas de las cuales ha enseñado -Heidelberg, Múnich, Berlín, París, Tokio-, ahora está trabajando, junto al profesor Alfred Stepan, de la Universidad de Columbia, en su último libro: una comparación de sistemas federales democráticos.

En su positiva visión de España -«Como país, es un éxito»- tiene clavada una espina que ya predijo en los años 70, «cuando nadie hablaba de ello: que el único problema que tendríamos de verdad iban a ser los nacionalismos. Eso, siendo yo pionero entre los autonomistas». Sobre su poblada mesa de trabajo sobresale el discurso de Juan José Ibarretxe ante el Parlamento vasco, el pasado 27 de septiembre, cuando propuso la creación de un estado libre asociado, con nacionalidad, justicia y política exterior propias: «Estamos sin duda ante la mayor crisis constitucional de los últimos 25 años. Es poner en duda la Constitución. Lo que dice el señor Ibarretxe no es compatible con la Constitución.Pero maticemos: en sí, no es todavía la mayor crisis constitucional porque todavía no es más que un discurso parlamentario, pero la propuesta sí la provocaría. La crisis se produciría el día que la propuesta se implementara».

- En su obra Conflicto en Euskadi (1986) se adelanta a los acontecimientos refiriéndose a la espiral de silencio. ¿Realmente pensó que podría llegar a ocurrir?
- Yo esperaba y deseaba que no se llegara a esta situación. Pero se ha llegado. Me siento decepcionado. El nacionalismo vasco desde Sabino Arana tiene esa componente. Pero esta crisis se produce por la voluntad de los políticos. La opinión pública en el País Vasco es mucho más compleja. La propuesta de Ibarretxe no responde a ella. Son los políticos los que han ido creándola.Los líderes pueden hacer o deshacer el espíritu de lealtad constitucional necesario para que haya un Estado. Eso ya lo hicieron personajes como Milosevic [en Serbia] o Tudjman [en Croacia]. España es un Estado federal de hecho. Así lo llamo yo a efecto de mis análisis, porque el Gobierno central y los ciudadanos del Estado han dejado constitucionalmente una serie de poderes a una entidad que tiene potestades exclusivas en algunas materias que ni el poder central ni los ciudadanos del poder central pueden modificar sin modificar la Constitución. Se pueden introducir cambios, pero eso es lo que todos los españoles podemos decidir. Pero los tendremos que hacer por los procedimientos previstos en la Constitución, no por voluntad de uno de sus componentes.

Se refiere a Canadá, a la India, a Bélgica, a Suiza. Cuando necesita un dato para subrayar su argumento, se levanta de un salto y va a por uno de los libros. Sabe exactamente dónde está cada uno. ¿Internet? «No quiero que me den la lata con los e-mail».Aquí sólo funciona el teléfono, y no hay contestador automático.

«Si uno lee que lo que dice Ibarretxe, lo que podríamos decidir los españoles es que se suprimiera el título preliminar, y hacer una Constitución que permitiera la opción de la independencia», continúa, envuelto en el humo de los Ducados que va encadenando mientras habla. «Pero eso tendríamos que votarlo los españoles en un referéndum. No tenemos que engañarnos: si la CAV obtuviera la independencia, mientras los navarros no estuvieran dispuestos, cosa que no están, el conflicto continuaría, ETA continuaría.No resolveríamos nada».

La pasada primavera, recibió el doctorado honoris causa por la Universidad del País Vasco: «Ibarretxe estuvo muy amable, pero en el acto había casi tantos guardaespaldas como participantes.Eso es una realidad que tiene sus consecuencias políticas. En ese contexto hablar de un proceso político normal en una democracia no es serio. Cuando habla en su discurso de paz, se está refiriendo, claro, a una tregua de ETA. Pero, ¿a quién beneficia esa tregua? A una política que se basa en los mismos objetivos que pueda tener la ETA. No nos engañemos. Siempre le digo a mis alumnos que en política lo que valen son los actos públicos, y no lo que se dice en privado».

«Los españoles no nacionalistas tienen una conciencia nacional moderna, no agresiva». Por ello, considera primordial que no se analice el conflicto como «un problema entre el PP y el PNV»: «Es un problema entre el PNV y todos los partidos que no aceptan la idea de la independencia fácil. Ya no digo entre el PNV y los españoles, sino entre las personas que nos hemos dado una Constitución que tenemos que defender mientras esté vigente».

En la conversación se incluyen el desfile de ayer en Madrid y la polémica por el homenaje mensual a la bandera. «Todo lo que sea afirmación del Estado español, de los símbolos del Estado español, se define como provocación. En cualquier Estado federal, la bandera suiza, la alemana, la norteamericana, la india, están constantemente en la vida pública del país. El que un ciudadano español en un pueblo del País Vasco ponga la bandera en la puerta de su casa, como lo hace el americano o el danés, es un suicidio.Eso no es compatible con la existencia de un Estado normal. No se puede hablar de provocación por mostrar la bandera española.Dado lo que es la violencia contra todo lo que se identifique con España, como que el ser concejal de un partido no nacionalista en el País Vasco suponga una amenaza de muerte, es suficiente como para decir voy a sacar la bandera española. ¿Quién provoca a quién?»

Durante la Transición sí cree que se debieron de tomar medidas para hacer del desfile de hoy un acto más inclusivo, como la presencia de las banderas federales o un carácter más civil.Pero hoy, piensa, no hay lugar: «¿Por qué no se iniciaron durante los 12 años de Gobierno del PSOE, cuando no había tanto conflictividad como ahora? Es pedir al Gobierno de Aznar, que se enfrenta con esto, cuando no se le pidió a un Gobierno que quizá estaba más en simpatía con su electorado».

Reconoce que ese tránsito de la dictadura a la democracia, uno de sus campos de estudio, las cosas se hicieron «sobre la marcha».Sin embargo, insiste en que no es defendible la querencia nacionalista.«En las Constituyentes tenían que haber hecho unas reservas protegiendo a las minorías de habla castellana. La actual Constitución es más avanzada que la de la República. En el 77 se hizo algo que parecía increíble: darle más poderes a las autonomías que la Constitución de la República». En otra de sus excursiones buscando libros, vuelve con los números sobre el referéndum del 78. «Una mayoría del 87.7% a favor. En el País Vasco hubo abstención, sí, pero ni la Constitución alemana, ni la india, ni la belga se han aprobado por referéndum».

Linz nació en Bonn, donde su madre había ido a estudiar Filosofía y Letras en los años 20. En 1932, cuando la depresión empezó a hacer estragos en la boyante economía familiar, volvió con ella a España. Su padre permaneció en Alemania intentando poner orden en las finanzas. Lo atropelló un conductor borracho. Linz tenía siete años: «Yo podía haber sido alemán, y mañana podría ser ciudadano americano. Soy español, no por haber nacido así, ni porque desciendo de españoles, ni porque mi tatarabuelo luchara en la Guerra de la Independencia, sino en un sentido más excepcional: por mi propia voluntad».

Termina el almuerzo quejándose sobre el éxito editorial de su mujer, que vende más libros infantiles que él académicos: «¡Interesan más los mifenses [los personajes creados por Rocío de Terán] que mis teorías!». Al regresar a la estación, la autora nos enseña New Haven. Este lugar está relacionado con la palabra libertad que tanto venera este curioso matrimonio. Aquí se celebró, en 1839, el juicio de los 50 africanos capturados por tratantes de esclavos españoles y transportados a bordo del Amistad hasta Cuba, donde se amotinaron. Tres años después, el tribunal devolvió a los africanos, y su famoso líder, Cinque, a su tierra. La decisión fue un triunfo del movimiento antiesclavista del Norte.

En el tren, al volver a Manhattan, quedan el fuerte olor a Ducados de Linz y el eco de sus palabras: «Quizá haya llegado la hora de decir que el problema del País Vasco es de muy difícil solución».

JUAN JOSE LINZ: Cargo: PROFESOR EMERITO DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES EN LA UNIVERSIDAD DE YALE / 75 AÑOS / Formación: DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS / Credo: EL PENSAMIENTO / Aficiones: MUSICA, ARTE, VIAJES / Sueño: SEGUIR HACIENDO LO QUE LE GUSTA

Álava, una forma singular de ser vascos
El 'lehendakari' puede perder este territorio en su camino hacia la libre asociación
ISABEL C. MARTÍNEZ | Vitoria El País 13 Octubre 2002

Álava, el único territorio vasco donde el PNV ha perdido el poder después de 20 años de ejercerlo, puede ser una de las piedras con las que tropiece el plan de libre asociación del lehendakari, Juan José Ibarretxe. La singularidad de esta provincia, a la que debieron hacerse concesiones para garantizar la aprobación del Estatuto de Gernika en 1979, se ha manifestado en otros momentos históricos.

Su Diputación foral ya tiene el acuerdo, comunicado por carta al lehendakari, de ingresar directamente en las arcas de la Hacienda central su parte del cupo (cantidad que se paga al Estado por servicios no transferidos) si el Gobierno vasco decide retenerlo para pagar transferencias pendientes.

Recuperar Álava en las municipales de mayo de 2003 se convierte así en un objetivo primordial para el plan de Ibarretxe. Y retenerla fuera del alcance del nacionalismo es igual de vital para el Partido Popular y el PSE en su oposición a él.

La diferencia alavesa está anclada en la historia y en su misma disposición geográfica fronteriza, que propició una romanización más rápida y profunda y la incorporación al Reino de Castilla en 1200. Es también el lugar donde antes retrocedió el euskera. Ya en el siglo XX, participó en los intentos -1917 y 1932- de lograr un Estatuto de Autonomía conjunto, pero nunca fue grande el entusiasmo.

Con una fuerte implantación de la derecha tradicionalista unificada por José María de Oriol y un peso escaso del nacionalismo, en dos ocasiones relevantes se desmarcó de Guipúzcoa y Vizcaya: una fue el plebiscito sobre el llamado Estatuto de las Gestoras (cuyo contenido esencial era el de Estella, pero sin Navarra) en el que Álava sólo dio un 46% de votos aprobatorios; la otra, su permanencia, como hizo Navarra, en el bando de los insurrectos de Francisco Franco en 1936, que le ahorró la consideración de 'provincia traidora' impuesta por Franco a sus vecinas rebeldes y le permitió conservar los fueros y el Concierto Económico durante el franquismo.

La diferencia alavesa está anclada en la historia y en su situación geográfica fronteriza
'El agravio y el rechazo al centralismo ha sido menor, porque nos hemos educado viendo que aquí había unas ciertas competencias, una Diputación con su Concierto... Ha habido más miedo, con un punto quizá de complejo, al centralismo vizcaíno', afirma Emilio Guevara, primer diputado general de la democracia y el hombre, junto a José Ángel Cuerda, alcalde de Vitoria durante 20 años, que ganó Álava para el PNV y el Estatuto de Gernika en 1979. Hoy, Guevara está expulsado y Cuerda, apartado y en escasa sintonía con la apuesta de Ibarretxe.

Para garantizar el sí de Álava al texto estatutario fueron necesarias tres concesiones. Una, tener representación paritaria con las otras provincias en el Parlamento (20 escaños, ahora 25), pese a que su población sea sólo de 280.000 habitantes, frente al millón de Vizcaya; otra, la inclusión en el artículo 37 de la garantía de que el Estatuto no alteraría el régimen foral alavés ni las competencias del futuro Gobierno vasco lo serían a costa de las que ya tenía su Diputación. La tercera fue el establecimiento de la capitalidad vasca en Vitoria.

Con todo, en el referéndum de 1979, el sí se quedo 7 puntos por debajo de la media (83% frente a 90% ) y el no la sobrepasó en 5 puntos. La Constitución había sido aprobada 10 meses antes con una participación de casi el 60% (frente al 43% de Vizcaya y Guipúzcoa) y con el 71% de votos a favor. En el referéndum de la OTAN, por contra, el resultado fue parejo y el no rozó el 60%.

El comportamiento electoral revela diferencias notables. Las primeras elecciones las ganó de calle la UCD, como en el resto de España, lo mismo que hizo el PSOE en 1982 y el PP en 2000. De los cuatro diputados que envía al Congreso, tres son siempre de los dos grandes partidos -dos del que gana en el conjunto de España y uno de su alternativa- y sólo uno para el PNV.

Incluso en la representación en el Parlamento vasco, el apogeo del nacionalismo se estancó en 1990. A partir de entonces sólo 10 de los 25 parlamentarios que se eligen en Álava son nacionalistas. Incluso sumando ahora a IU, la relación es de 14 para PP y PSE, frente a 11 de PNV, EA, Batasuna e IU. Hasta en las últimas elecciones municipales, con ETA en tregua y en el mejor momento del Pacto de Lizarra, los partidos agrupados en él perdieron con el 48% de los votos, frente al 50,75% que sumaron los grupos no nacionalistas.

De ahí que unas elecciones anticipadas de tono plebiscitario -a las que podría verse impelido Ibarretxe en 2004 si su proyecto se ve bloqueado en el Parlamento vasco dentro de un año- o su anunciada consulta, contengan para el lehendakari un riesgo evidente en ese territorio. Además, llevadas las cosas al extremo, Álava tiene dos ejemplos muy cercanos de autonomías uniprovinciales muy prósperas, Navarra y La Rioja, lo que, sumado a su posición avanzada respecto a Guipúzcoa y Vizcaya en índices de bienestar, los dos grandes partidos pueden invocar.

En otros indicadores tampoco sigue Álava la tendencia progresiva de las vecinas Guipúzcoa y Vizcaya. Por ejemplo, la última medición del uso del euskera en la calle revela que sólo el 3% de las conversaciones son en ese idioma, frente al 30% de Guipúzcoa (14% de media en las comunidades vasca y navarra), y, además, ha descendido un punto desde la anterior medición en 1997.

Álava sí se ha incorporado entusiasta, por contra, a la escolarización en euskera. Aunque permanece algo por debajo de la media de la comunidad (87%), el 80% de los niños de educación infantil se educa en euskera o en modelo bilingüe. La opción por el castellano la hace sólo el 20%, algo más de la media vasca, situada en un 13%.

Desagravio por delegación
J. A. RODRÍGUEZ TOUS/PROFESOR DE FILOSOFÍA DE LA UNIV. POMPEU FABRA El Correo 13 Octubre 2002

Aunque parezca una 'boutade', no lo es en absoluto: ser un nacionalista auténtico en Cataluña es mucho más difícil que no serlo. El que no cree en la cosa nacional catalana sabe que, si pretende dedicarse a la política, no podrá ser sincero en público. La sinceridad, sin embargo, no es una virtud imprescindible en el político. Los electores han aprendido, además, a valorar ciertas sutilezas que, dichas en el contexto oportuno, indican si su representante dice lo que piensa o lo que hay que decir sin decirlo del todo. Por ejemplo: José Montilla, mano derecha de Maragall en el PSC, nunca dirá que es nacionalista, pero tampoco dirá que es no nacionalista; más bien, si llega el caso, se confesará partidario del reconocimiento del hecho diferencial desde el respeto a la condición catalánica del ciudadano castellanoparlante. O algo así. Cataluña está llena de políticos acostumbrados a esta clase de sutiles automatismos que tanto desesperan a los genuinos nacionalistas.

Hasta el PP local se aviene a las reglas del juego y postula una especie de catalanismo tecnocrático donde los fervores patrióticos se limitan a proclamar lo estupendo que es el Estatuto de Autonomía. En pocas palabras: para un nacionalista-nacionalista, el famoso «marco común catalanista» -ese excelente invento de la Transición democrática en Cataluña- sirve para mezclar churras criptoespañolas con merinas del país. Desde luego, así no hay manera de avanzar en el reconocimiento de la soberanía plena de la patria. Dicho en terminos ovejunos: las merinas tienen la fama, pero las churras cardan la lana.

Para los nacionalistas catalanes al estilo pujólico, que son los más abundantes, la política diaria es una cosa y el culto a los símbolos, otra. Su sueño secreto no es la independencia, sino la dependencia (que se dependa de ellos, se entiende). Para los que identifican la política con el culto a los símbolos, en cambio, la vida cotidiana es un infierno donde se habla castellano en el metropolitano, donde los nuevos inmigrantes no quieren saber nada de Wifredo el Velloso y donde andaluces que llegaron a Cataluña hace cuarenta años siguen bailando sevillanas. Desesperados, hay algunos que se han convertido en neo-ultraderechistas, como Heribert Barrera o los líderes de ciertas plataformas municipales que, en nombre de la pureza de la cultura autóctona, propugnan la expulsión masiva de musulmanes.

En otras circunstancias, los auténticos nacionalistas serían los únicos absolutamente infelices en Cataluña. Pero las circunstancias actuales han empujado a la desdicha también a los demás. Al 'horror vacui' que produce en el mundo convergente la retirada de Pujol se unen la evidente pérdida de influencia en Madrid y el no menos evidente (y humillante en ocasiones) sometimiento al PP en Cataluña. En el seno de CiU son mayoría los que esperan mejores tiempos, es decir, mejores legislaturas. Otros, los menos, han empezado a manifestar en público su enfado o -es el caso de Pere Esteve- han optado por la defección. Todos, sin excepciones significativas, contemplan el futuro con desasosiego. Las postrimerías del pujolismo se están convirtiendo en un suplicio lento.

Así se entiende que, de repente, Ibarretxe haya puesto de moda el nacionalismo vasco entre catalanes nada partidarios, por lo demás, de la vía paranoica hacia la soberanía. Que las ocurrencias secesionistas del lehendakari sean impracticables en una sociedad como la catalana es lo de menos. Lo importante es que se atreva a formularlas y que lo haga, como quien dice, a lo bruto. Es una especie de desagravio por delegación. No debe olvidarse que el nacionalismo catalán contemporáneo es, sin contradicción alguna, tan moderado en sus pretensiones reales como extraordinariamente ambicioso en sus pretensiones simbólicas, muy sensibles a las ofensas igualmente simbólicas que procedan del sempiterno enemigo.

Las primeras garantizan la paz civil y la viabilidad política del nacionalismo en Cataluña; las segundas constituyen el alimento emocional que se necesita para seguir sintiéndose, como escribió Borges, orgulloso de las mínimas diferencias. Y en materia simbólica no hay manera de entenderse en esta tierra: un nacionalista catalán y un catalán normal hablan idiomas distintos. Convivir en paz también consiste en ignorarse mutua y respetuosamente. No es como vivir en un verdadero oasis, pero tampoco se parece a vivir en el infierno. Podría decirse, en fin, que la moda abertzale está siendo más la expresión de un malestar coyuntural que el inicio de una mutación ideológica en el nacionalismo catalán.

Confieso que aprecio en Ibarretxe no al político, sino al ciclista. La épica nacionalista resulta pueril y no poco siniestra. La de la bicicleta, en cambio, es admirable, ejemplar e inofensiva. Más o menos como debería ser la épica política. Que no sea así en este país da qué pensar. Quizá España es inviable. Quizá no estamos dotados para alcanzar un grado razonable de serenidad colectiva que permita afrontar los problemas propios de las sociedades modernas. Son dudas que me asaltan cuando pasa el tiempo y vuelven una y otra vez las mismas historias: viejas, cutres, amenazadoras.

La senda de Ibarretxe
Catedráticos de Derecho Constitucional analizan las fases y el encaje jurídico del controvertido 'plan Ibarretxe', que requeriría una «profunda» reforma constitucional
OLATZ BARRIUSO/BILBAO El Correo 13 Octubre 2002

«Planteamos al Estado español un nuevo pacto político para la convivencia, basado en el reconocimiento de nuestra identidad nacional y en la libre asociación a un Estado plurinacional». Este párrafo, extraído del discurso pronunciado por el lehendakari Ibarretxe en el Parlamento vasco durante el pleno de política general del pasado 27 de septiembre, sintetiza en pocas líneas el contenido de la propuesta sobre la que el jefe del Ejecutivo de Vitoria se propone edificar el futuro de Euskadi a corto plazo.

A partir de los pilares que sustentan el 'plan Ibarretxe', las estaciones que debería recorrer para llegar a buen término y los preceptos jurídicos que invoca para revestirse de legitimidad, profesores y catedráticos de Derecho Constitucional consultados por este periódico analizan el sustrato teórico y las diferentes fases que vertebran el proyecto del Gobierno vasco. Con diferentes matices, la mayoría coincide en señalar el difícil encaje en el concierto internacional del concepto de soberanía que maneja el nacionalismo vasco y subrayan que la plasmación práctica de la propuesta implicaría la apertura de «un nuevo proceso constituyente», que exigiría no sólo reformar el Estatuto, sino también una «profunda» revisión de la Constitución que, dicen, «la pondría patas arriba».

El punto de partida: la soberanía
Ibarretxe apela al reconocimiento de la soberanía de Euskadi como punto de partida desde el que avanzar hacia la «normalización política». Para el lehendakari, la clave reside en «asumir» que el pueblo vasco «no es una parte subordinada del Estado, sino un pueblo con identidad propia, con capacidad para establecer su propio marco de relaciones internas y para incorporarse por libre asociación a un verdadero Estado plurinacional».

La soberanía nacional es, según la definición jurídica universalmente aceptada, el principio relativo a la titularidad del poder en el Estado, que asegura la primacía del órgano que representa a la nación. En su artículo 1.2, la Constitución española establece que la soberanía nacional «reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado», y el artículo 2 de la Carta Magna proclama la «indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles».

«Parece evidente que esa fórmula choca frontalmente con el planteamiento de Ibarretxe», explica Juan José Solozabal, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid. «Sería el primer elemento, muy complejo, por cierto, que requeriría una reforma del texto constitucional: allí donde dice que la soberanía reside en el pueblo español debería decir 'en los pueblos del Estado español' o algo similar», resume. Para el catedrático de la UPV José Manuel Castells, la adjudicación del poder soberano al pueblo español podría considerarse, en cambio, «nominal». «Insistir en las fronteras cuando de hecho ya no existen en la UE es absurdo. La Constitución data de 1978 y desde entonces ha llovido mucho», defiende. El profesor titular de Derecho Constitucional Comparado de la UPV Andoni Pérez Ayala da la vuelta a este argumento: «El error llega en el momento en que la cuestión se plantea en términos de soberanía, un concepto que ha perdido toda su vigencia porque hoy gran parte del proceso de toma de decisiones depende, por ejemplo, de las instituciones europeas. En su concepción clásica, un Estado se consideraba soberano si tenía su ejército, su diplomacia y su moneda. ¿Dónde queda hoy eso?».

El jefe del Ejecutivo de Vitoria introduce en su discurso el modelo de «cosoberanía o soberanía libre y voluntariamente compartida» para definir los términos en los que se repartiría el ejercicio del poder entre Euskadi y España. Un planteamiento que, según la mayoría de los expertos, resulta paradójico y peca de «indefinición», ya que no es equiparable a ningún otro modelo actualmente vigente en Europa. «La soberanía no puede compartirse porque entonces deja de serlo», sostiene Javier Corcuera, catedrático de la UPV. Castells lo interpreta desde otra óptica. «Varias instituciones funcionan según este principio. Por ejemplo, la UE dicta un reglamento sobre la industria que se aplica en España por una ley que ejecutan las comunidades autónomas o las administraciones locales. Ése es el juego».

Los instrumentos: los derechos históricos y el de autodeterminación
Juan José Ibarretxe se muestra plenamente convencido de que el ordenamiento jurídico ofrece suficientes «instrumentos» para abordar la puesta en marcha de su plan - y, más en concreto, la reforma del Estatuto- sin bordear en ningún caso la legalidad vigente. Los mimbres teóricos sobre los que fundamenta la posibilidad de alcanzar un nuevo pacto con España son, básicamente, dos: los Fueros o derechos históricos -«nuestra verdadera constitución»- y el derecho de autodeterminación, de acuerdo con el texto aprobado por el Parlamento vasco el 15 de febrero de 1990 «sin el apoyo de Herri Batasuna» y con los pactos internacionales de Nueva York firmados en 1966 bajo los auspicios de la ONU.

En el esquema que dibuja el lehendakari, la apelación a los derechos históricos se basa en la disposición adicional del Estatuto de Gernika -« no implica renuncia del pueblo vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico»- y en la disposición adicional primera de la Constitución, que da carta de naturaleza a una posible actualización del régimen foral «en el marco de la Constitución y de los Estatutos de autonomía».

Los constitucionalistas consultados dudan de que estos preceptos sean «tan elásticos» como presupone Ibarretxe. Juan José Solozabal es tajante en su interpretación. «Resulta absurdo pensar que la Constitución pudiera contener en sí misma elementos para su ruptura o propiamente inconstitucionales», explica, antes de subrayar que los derechos históricos en ningún caso pueden «rebasar» la Carta Magna, ya que, incluso en su origen, «no se contemplaban fuera de los parámetros de la monarquía española». El catedrático cree que si los Fueros pudieran abrir camino hacia un modelo de organización territorial como el propuesto por el lehendakari se incurriría en un «fraude constitucional» de primera magnitud. Corcuera lo simplifica así: «Si la actualización debe hacerse en el marco de la Constitución, parece evidente que dotar a una comunidad autónoma de un estatus de libre asociación no está previsto por la misma».

La apelación a los tratados de Naciones Unidas se zanja con un mismo argumento: fueron suscritos para dar respuesta al proceso de descolonización de los años 50 y 60, por lo que pretender aplicarlos a las regiones o comunidades autónomas integradas en un Estado «atenta contra el principio de integridad territorial», según Pérez Ayala.

La reforma del Estatuto
Es el primer paso efectivo del procedimiento bosquejado por Ibarretxe, que se remite al artículo 46 de la Carta de Gernika. Según lo allí estipulado, la propuesta de reforma debe ser aprobada por el Parlamento vasco por mayoría absoluta. Las tres formaciones que sustentan el Ejecutivo -PNV, EA e IU- suman 36 escaños, por lo que precisarían la adhesión de Batasuna para alcanzar los 38 votos que requiere la mayoría absoluta.

Aunque es posible salvar este primer escollo, la reforma requiere en todo caso su aprobación en las Cortes Generales del Estado mediante ley orgánica. En el Congreso, el PNV cuenta con siete escaños y EA tiene uno. En el caso de que las Cortes llegaran a dar su visto bueno, aún quedaría un último requisito: un referéndum, al que estarían convocados todos aquellos ciudadanos con vecindad administrativa en el País Vasco.

En este punto, los expertos están mayoritariamente de acuerdo en reconocer «legitimidad» a la pretensión de Ibarretxe de modificar el Estatuto, aunque con salvedades. Javier Corcuera, por ejemplo, cuestiona la apelación del lehendakari al «principio de 'no veto'», ya que, en su opinión, Ibarretxe no tiene en cuenta que la revisión afecta a la organización del Estado de las Autonomías. Solozabal se pregunta por qué se pretende reformar el Estatuto al tiempo que se reivindica su íntegro cumplimiento. Castells se remite al caso de Cataluña, donde todos los partidos, salvo el PP, participan en una comisión para profundizar en el autogobierno. «La propuesta de Ibarretxe es más global, pero no más avanzada que la de los catalanes, que pueden reivindicar voz propia en Europa, un Poder Judicial autónomo ».

La reforma de la Constitución
Es el único mojón del camino al que el jefe del Ejecutivo de Vitoria no alude en su iniciativa y, sin embargo, el primero al que se refieren la mayoría de los constitucionalistas al hacer una valoración global del proyecto. Los expertos señalan de forma unánime que, en este caso, la modificación de la Carta Magna debería canalizarse a través del procedimiento «agravado» previsto en su artículo 168. Dotar a Euskadi de un nuevo estatus, dicen, supondría necesariamente reformar el Título Preliminar de la Constitución, aquel en el que se consagra la soberanía del pueblo español y la indivisibilidad de la nación española.

Siempre que la revisión afecte al citado Título Preliminar, es preciso que la reforma cuente con mayoría de dos tercios en cada una de las dos Cámaras, se disuelvan las Cortes y se ratifique la decisión por las nuevas. Éstas deberán debatir el texto modificado y aprobarlo por igual mayoría de dos tercios antes de someterlo a referéndum de los españoles para su ratificación. De nuevo, el reparto de escaños en Congreso y Senado hace «impensable» la reforma.

Además, los expertos consideran que, para dar cabida al estatus de libre asociación, sería necesario reescribir «entero» el Título Octavo, el que define la organización territorial del Estado.

Solozabal señala otros dos apartados del 'plan Ibarretxe' que, a su entender, «chocarían» con el ordenamiento constitucional. La reivindicación de un Poder Judicial autónomo «en el que se agoten todas las instancias judiciales en Euskadi» supondría de hecho reconocer al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco como la última instancia judicial, por encima del Supremo. El planteamiento de las relaciones exteriores superaría también «el monopolio del Estado para establecer tratados».

La ratificación: el referéndum
Ibarretxe propone someter a consulta popular el nuevo pacto alcanzado con el Estado o, en su caso, el plan que haya sido aprobado por la Cámara vasca en el plazo de un año y en un escenario de ausencia de violencia.

El artículo 92 de la Constitución prevé la vía del referéndum consultivo para aquellas «decisiones políticas de especial trascendencia», aunque deja claro que deberá ser convocado por el Rey, a propuesta del presidente del Gobierno y con la previa autorización del Congreso. En ningún caso contempla la potestad de las comunidades autónomas para convocar este tipo de consulta.

Solozabal apunta que, en la hipótesis de que el Ejecutivo vasco decidiera unilateralmente celebrar el referéndum, el Gobierno central podría solicitar su impugnación ante el Tribunal Constitucional en virtud del artículo 149, que delimita las «competencias exclusivas» del Estado. En tal caso, el alto tribunal estaría en condiciones de suspenderlo. «Aunque eso son palabras mayores. Es posible también que el lehendakari opte por una consulta implícita: es decir, que incluya su propuesta expresamente en su programa electoral y espere el resultado de las urnas».

La meta: el estatus de libre asociación
Es el auténtico puntal del plan soberanista de Ibarretxe y, al mismo tiempo, el que genera un mayor abanico de interpretaciones, no exentas de controversia. El lehendakari pretende inaugurar una «nueva etapa de relaciones con el Estado español sobre la base de un nuevo estatus de libre asociación», que no duda en emparentar con el federalismo asimétrico «defendido por destacables representantes del PSOE».

En el caso de Puerto Rico, sus ciudadanos tienen nacionalidad norteamericana y dependen de la política de defensa de Estados Unidos -el 11 de septiembre también se cerró su espacio aéreo-, aunque cuentan con su propio Legislativo y su propia lengua. Según José Manuel Castells, es un modelo «híbrido» que no se ajusta a los moldes jurídicos del federalismo ni de la confederación.

Pese a que Miguel Herrero de Miñón -a quien, muy probablemente, se refiere Ibarretxe cuando invoca la interpretación «abierta y flexible» de la Carta Magna defendida por «expertos constitucionalistas españoles»- se basa en el carácter plurinacional del Estado para abrir la puerta a nuevos modelos, Pérez Ayala subraya que «en absoluto encaja en un esquema federal», sino que implica más bien una «ruptura» con el marco actual sobre la base «de un programa nacionalista de máximos». «La esencia del federalismo supone autogobierno y gobierno compartido, pero nunca apelar a los derechos históricos como la verdadera constitución», incide.

Corcuera agrega que el modelo cojea en un aspecto fundamental, al no concretar el encaje del Estado. «A la otra parte, España, no se le pregunta si quiere asociarse y en qué términos». Castells detecta cierta inspiración en Ruven de Ventos. «Una tesis catalana que defiende el amor a España, aunque para eso necesita la independencia. Una vez lograda, vendría el abrazo entre hermanos».

La integración en Europa
El lehendakari defiende la «presencia directa» de Euskadi en la Europa de los Quince «en representación de nuestra propia identidad» y se apoya, para ello, en los niveles de participación europea de las regiones de Bélgica y los 'länder' alemanes.

La mayoría de los juristas coinciden en apuntar que el proceso constituyente en marcha en la Unión Europea -el 'informe Lamassoure' sugiere dotar de un estatuto especial a aquellas regiones con competencia legislativa- no pone en duda la capacidad decisoria de los estados miembros ni contempla «equiparar» su presencia a la de las regiones. «Una cosa es que se favorezca la canalización de la voluntad interna de forma más participada y otra muy distinta que una región pretenda acceder al Consejo en primera persona», resumen. «Lo que sí es posible es que un Estado delegue su representación en una materia determinada en los representantes de las regiones, pero siempre en conjunto y como parte del Estado», explica Corcuera.

¿Y en la hipótesis de un Estado vasco independiente? Corcuera cree que la pertenencia de Euskadi resultaría complicada, porque «Europa es un club en el que los socios tienen derecho de veto». Castells, más posibilista, confía en la «negociación» con España y Francia y en el montante que suponen las inversiones de Euskadi fuera del Estado, «alrededor de un 60%».

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