AGLI

Recortes de Prensa     Viernes 15  Noviembre  2002
La tradición nacionalista
Germán Yanke Libertad Digital 15 Noviembre 2002

¿Qué modelo de España quiere el PSOE
Antonio JIMÉNEZ La Razón 15 Noviembre 2002

Los vascos y la Constitución: el pájaro pequeño y el grande
GREGORIO PECES-BARBA MARTÍNEZ El País 15 Noviembre 2002

ELECCIÓN DIRECTA DE JUECES
Carlos HERRERA ABC 15 Noviembre 2002

La fuga del etarra Ternera
Francisco MARHUENDA La Razón 15 Noviembre 2002

Ramón Zallo, asesor vergonzante
Cartas al Director ABC 15 Noviembre 2002

Gila en el Supremo
FERNANDO ONEGA La Voz 15 Noviembre 2002

El conflicto interno

ROGELIO ALONSO  El Correo 15 Noviembre 2002

Mayor Oreja en el «destierro» de la sidrería: «Estamos solos»
Efe - Guipúzcoa.- La Razón 15 Noviembre 2002

«Trasladar la fórmula de Ibarretxe a un referéndum sería ilegal en Canadá»
Francisco de Andrés ABC 15 Noviembre 2002

Escoltar a los amenazados en Euskadi y Navarra cuesta 122 millones al año
ÓSCAR B. DE OTÁLORA/VITORIA El Correo 15 Noviembre 2002

Jueces, políticos y víctimas participarán en las jornadas de Covite en San Sebastián
OLATZ BARRIUSO/BILBAO El Correo 15 Noviembre 2002

La tradición nacionalista
Germán Yanke Libertad Digital 15 Noviembre 2002

Contaba Banús, para molestar a los vasquistas sin criterio, que todas las "tradiciones vascas" (desde la boina al zortziko) eran importadas y que la única propia era la misa que el Ayuntamiento de San Sebastián decidió celebrar cada año por las víctimas del incendio de la ciudad perpetrado por las tropas de Wellington. Los ediles, al cabo de cien años, pensaron que, tras tantas misas, o las víctimas estaban ya en la Gloria o no había modo de ayudarles a abandonar el purgatorio por lo que decidieron suspender la celebración religiosa y terminar así, decía el irónico historiador, con la única tradición vasca no importada.

La única tradición nacionalista, a estas alturas, es utilizar torticeramente, manipular o inventarse instrumentos para apuntalar su proyecto secesionista y totalitario. En esa provincia del descaro, las encuestas del Gabinete público tienen importancia especial, como se ha visto ahora con la que, desvelada por Egibar, quiere hacer creer que los empresarios vascos desean fervientemente que el proyecto de Ibarretxe salga adelante. Quien haya seguido la maquinaria de propaganda del PNV, además pagada con el dinero público, sabe bien que no hay en estas encuestas ningún criterio científico serio y que se utilizan una y otra vez para respaldar las decisiones del Gobierno vasco. Se hizo con la exigencia de acercamiento de presos de ETA, con la detención de la Mesa de Herri Batasuna, con el Plan Ardanza y con todas y cada uno de los hitos del soberanismo nacionalista. El resultado es tan absurdo como indignante: si no se quiere pactar con los no nacionalistas se sacan de la manga un sondeo por el que la mayoría de los votantes del PP o del PSOE aman a Ibarretxe y odian a sus candidatos. Y se quedan tan contentos.

Ibarretxe, en ocasión inolvidable, daba palmaditas al hijo de una víctima del terrorismo y trataba de corregir su indignación diciéndole que, al no estar permanentemente en el País Vasco, no era consciente de lo bien que vive allí. Tras su propuesta a la puertoriqueña dijo en una emisora de radio que, al salir a la calle, había visto cómo brillaban los ojos de los ciudadanos ante el horizonte que les planteaba. No extrañará que quien vive preso de tal delirio totalitario manipule las encuestas. Es la única tradición que le queda.

¿Qué modelo de España quiere el PSOE?
Antonio JIMÉNEZ La Razón 15 Noviembre 2002

Cuando el río suena es porque su agua discurre con una música y letra machaconas que pone al descubierto una falta de cohesión en el discurso socialista sobre el modelo de Estado. Es evidente que Bono o R. Ibarra defienden una idea de España distinta a la que tienen Odón Elorza o Pascual Maragall. Lo preocupante no es tanto que el alcalde donostiarra salga «con un «referéndum como el de Quebec para el País Vasco» o que Maragall defienda una cosa que llama nuevo federalismo, como que R. Zapatero no les llame al orden constitucional. Elorza raya en la autodeterminación que defienden los nacionalistas y Maragall demanda reformas del marco jurídico e insulta a sus compañeros al escribir que «hay que perderle de una vez el respeto a una visión de España tan chata e ignorante que amenaza con hacerla saltar en pedazos». El ex ministro socialista Miguel Boyer opina todo lo contrario y cree que si España se rompe no es por el modelo actual que defiende el PP y que ha permitido el mayor autogobierno de las regiones, sino por «esas ideas federalistas del PSOE que tienden a separar cosas que formaban una unidad política y por tanto representan la antesala de la disgregación».

Los vascos y la Constitución: el pájaro pequeño y el grande
GREGORIO PECES-BARBA MARTÍNEZ El País 15 Noviembre 2002

Gregorio Peces-Barba Martínez es rector de la Universidad Carlos III.

A veces los pueblos, o sus dirigentes, se confunden y caminan hacia su propia perdición. La ceguera es el peor defecto de un político y también de un pueblo o de parte de él si le sigue en el camino del abismo. España necesitaba de un reconocimiento generoso de los hechos diferenciales que los vascos, los catalanes o los gallegos tienen, y que son una realidad incontrovertible. De unas formas o de otras, desde los Reyes Católicos, con los Austrias, con los Borbones y con los pocos espacios republicanos que hemos vivido en nuestra historia, ése ha sido un objetivo permanente. Hacer una unidad fuerte de todos los pueblos de España, más unidos por la historia que separados por los errores de unos y de otros. La idea de la communis patria ha estado más presente que la de la propiae patriae. Hasta el siglo XIX esa figura la representaba la Corona, y a partir de 1812 lo hizo la idea de nación. Incluso en muchas ocasiones la religión católica fue usada también como elemento unificador desde la idea, a mi juicio equivocada, del Estado Iglesia. Entre la tradición republicana que arrancaba de Maquiavelo hasta los imitadores españoles de Bossuet, que pretendían también extraer las lecciones políticas de la Sagrada Escritura, todos los modelos de la unidad han sido ensayados, sin que por otra parte el país se rompiese y estallase en ningún momento, pese a los errores y a los caminos equivocados que se siguieron. Incluso en autores como Feijoo se combate la vertiente particularista con una idea antecedente de lo que Sternberger y Habermas plantearán después de la Segunda Guerra Mundial, el patriotismo constitucional, en una línea republicana que aparece en los libertinos y en autores de la Ilustración como Voltaire, con sus Ideés republicaines, y como Rousseau. En el siglo XIX, las guerras carlistas, la experiencia federalista de la Primera República y la restauración canovista plantearon modelos diferentes, pero siempre para resolver los mismos problemas de la unidad y de la diversidad. La Segunda República, con la idea del Estado Integral, planteó por primera vez la idea de la autonomía regional, tan mal recibida por la derecha, que fue una de las causas del levantamiento militar. En aquel escenario los nacionalistas expresaron también su falta de lealtad con la proclamación del Estat catalá y con las negociaciones vascas con Mussolini, y con su rendición temprana, mucho antes de concluir la guerra.

El franquismo mantuvo el peor de los escenarios posibles en este tema, porque sirvió al centralismo de los modelos más alejados en la historia para la sensibilidad de los hechos diferenciales, el autoritarismo. El desprecio y la unidad forzada desde la represión de todos los signos del carácter propio de la cultura vasca, catalana y gallega aumentaron la distancia, el abismo y la incomprensión, que estuvieron más presentes que nunca en la historia de España. De todos los modelos posibles ensayados desde los Reyes Católicos, sin duda fue el más nefasto. Por eso la Constitución de 1978 afrontó la cuestión con toda profundidad partiendo de la compatibilidad entre la nación común, España, y las naciones con hechos diferenciales existentes en su interior, y también de la constatación de que nunca desde los Reyes Católicos se había producido en serio una acción secesionista, salvo en la Cataluña de la Segunda República. Si los momentos históricos más centralistas y unificadores generaban agravios serios en los defensores de la 'patria propia' era precisamente en uno de los momentos más flexibles y más abiertos cuando se produjo el intento de distanciamiento con el Estat catalá.

En la Constitución de 1978, las bases de la unidad se basaban en los siguientes principios:

Primero. España se constituía en un Estado social y democrático de derecho cuya soberanía nacional correspondía al pueblo español en su conjunto. Esta idea de la unidad de la soberanía se correspondía con la realidad histórica, porque nunca habían existido en la España moderna otras naciones soberanas.

Segundo. Se reconocía la autonomía de las nacionalidades y de las regiones, dentro de esa sociedad plural. Nacionalidad y nación son conceptos sinónimos en la Constitución. Se distinguía la única nación soberana, España, y además se reconocía que en su interior existían hechos diferenciales nacionales de carácter cultural. Por eso algunos hablamos de España como nación de naciones y de regiones.

Tercero. El nacionalismo español, compatible con los nacionalismos periféricos, estaba, pues, en el marco de la Constitución, y lo estaban también estos últimos siempre que se considerasen compatibles con la idea de España. Quedaban fuera del marco constitucional aquellas expresiones nacionalistas incompatibles con los otros nacionalismos: el nacionalismo español que no aceptase la idea de hechos diferenciales nacionales de carácter cultural y lingüístico, diferentes de las tradiciones asturianas, castellanas, leonesas y aragonesas, que forman el núcleo inicial de la idea de España, a la que se unirán Valencia y Murcia, Andalucía y Extremadura; y enfrente el nacionalismo periférico que no aceptase la idea de España.

Cuarta. Se puede hablar de federalismo funcional para identificar al Estado de las autonomías, porque las normas del Título Octavo y los desarrollos estatutarios se sitúan en el ámbito de la racionalidad jurídica, y no en las raíces comunitarias y nacionales que configuran nuestra sociedad. Por eso, ni una sola de las normas estables que organizan la distribución territorial se basa en elementos culturales, salvo en lo que se refiere a los hechos diferenciales. Así, puede hablar de federalismo asimétrico para identificar las normas referidas a las características propias culturales y lingüísticas de Cataluña, del País Vasco y de Galicia, pero en ningún caso para pretender una supremacía competencial en otros ámbitos distintos como pretende ahora el señor Mas en su propuesta de modificación estatutaria electoralista.

Este modelo de la Constitución de 1978 es el más avanzado, abierto e igualitario de todos los que han tratado de regular la relación entre la patria común y las patrias propias. Sólo están excluidas dos situaciones: la independencia, que nunca ha existido en la historia moderna española, y la pretensión de tener más competencias, al margen de las referidas a los hechos diferenciales, justificadas en la diversidad lingüística y cultural. Al margen de esa diversidad es imposible expresar razones, ni comprenderlas desde fuera, para reclamar una desigualdad competencial. La misma particularidad vasca del concierto económico es una realidad histórica que surge cuando el foralismo se agota a finales del siglo XIX. No es, pues, un punto de apoyo.

En los diversos temas tratados y resueltos por la Constitución, todos los grupos tuvieron que abandonar principios propios y puntos muy queridos por las distintas tradiciones ideológicas. Los únicos que en sus temas no abandonaron casi nada fueron los nacionalistas, porque no tenían nada, sólo agravios y reclamaciones que fueron satisfechos en gran medida. Todavía algunos meses atrás defendí a un grupo de nacionalistas vascos que eran acusados de colocar una ikurriña en la torre de una iglesia, como ya he relatado en alguna ocasión.

Al consenso sobre esa organización del Estado de las autonomías, no concurrieron ni el PNV, que reclamó la abstención en el referéndum constitucional, ni AP, que planteó un voto particular rechazando la totalidad del título.

Los Gobiernos vascos, siempre del PNV, a partir de la aprobación del Estatuto han mantenido su postura, pese a apoyar su norma institucional básica, incluso en sus orígenes, con entusiasmo. Con una actitud mezcla de infantilismo y de hipocresía, han ignorado algo tan obvio para cualquier estudiante de primero de Derecho y para cualquier persona de sentido común como que el Estatuto proviene y se apoya en la Constitución.

Además, ese rechazo les ha justificado para colocar sólo la ikurriña, la bandera propia, ignorando la bandera constitucional, y también el discurso del Rey en Navidad, que no transmite la televisión vasca. Sin embargo, no han dudado en gobernar desde el principio con esa Constitución reprobada, usando sus recursos y sus controles de constitucionalidad, los medios económicos que el Estado ha invertido generosamente en el País Vasco y beneficiándose de las subvenciones para partidas, para instituciones o para grupos que establecen las leyes y que el Gobierno ejecuta. Ahora, la última propuesta del presidente de la comunidad autónoma vasca, el lehendakari Ibarretxe, que ya he comentado en otro artículo, visualiza la deslealtad a un sistema que les ha dado a los nacionalistas todo lo que tienen y del que, en un brindis al sol, después de aprovecharse de sus beneficios, quieren alejarse en una pintoresca propuesta de Estado libre asociado.

La idea de que una ruptura de la Constitución les va a favorecer y van a poder caminar hacia un primer paso de unión en cuerda floja con España, sin descartar la independencia, figura naturalmente como presupuesto de su actitud. Pero no es seguro que si se fuerza la tensión el resultado vaya a ir por ese camino. Puede suceder, e incluso a mi juicio es lo más probable, que se produzca una involución constitucional y una vez más fracase el más amplio e imaginativo intento de unidad dentro del respeto que supone un Estado compuesto como es el Estado de las autonomías. Hay muchas personas hartas de esta situación y de la continua provocación de los nacionalistas vascos, y hay mucha gente en la derecha que saldría a la palestra para apoyar limitaciones y mano dura. Incluso en el Partido Popular hay muchas personas, entre las que se encuentra el propio presidente, que no aceptan algo muy claro en la Constitución: que existen en España naciones culturales diferenciadas. No es exagerado decir que en plenitud, con la inclusión de ese equilibrio entre la nación España y las naciones periféricas, sólo el Partido Socialista mantiene esta interpretación integral de la Constitución. Me gustaría equivocarme y que el Gobierno y el PP me desmintieran, afirmando que aceptan la identificación entre nacionalidades y naciones culturales, y no soberanas en el marco de España Nación de Naciones y de Regiones.

En todo caso, lo que debe hacer el PNV es gobernar con la Constitución y el Estatuto y abandonar el aventurismo político, porque una modificación de la Constitución no va a ir en la línea que ellos desean, y seguramente desbordaría también a quienes sostenemos su óptimo valor para regular nuestra convivencia.

Y a todos esos que dicen que hay que negociar para resolver el problema vasco conviene también recordarles estas verdades, y que lo que deben aconsejar al Gobierno vasco, mientras sea Gobierno, es que se dedique a gobernar en un marco muy claro y a mi juicio definitivo, que es el de la Constitución y el Estatuto.

Maquiavelo, en los Discursos sobre la primera década de Tito Livio, recuerda una muy juiciosa sentencia del rey Fernando: '... Los hombres... a menudo se comportan como las pequeñas rapaces, que están tan ansiosas de conseguir su presa, incitadas por su naturaleza, que no se percatan de que un pájaro mayor se ha colocado encima de ellas para matarlas'.

Todos debemos aprender de la historia, y también de situaciones contemporáneas como la de Irlanda, donde una simple decisión del Gobierno británico suspende una autonomía precaria, mucho menos amplia que la española. Sería importante volver al sentido común y evitar posiciones maximalistas, quizá no compartidas por quienes se dice serán sus beneficiarios. No creo que nadie quiera que volvamos a empezar a luchar desde la nada, cuando ahora tenemos todo lo que es posible, que es mucho.

ELECCIÓN DIRECTA DE JUECES
Por Carlos HERRERA ABC 15 Noviembre 2002

PREGUNTÉMONOS algo inquietante: ¿Qué ocurriría si el ordenamiento jurídico de España contemplase la posibilidad de elegir a los jueces por votación popular como ocurre, por ejemplo, en la justicia norteamericana y en alguna otra? ¿Cambiarían los jueces sus criterios escandalosamente favorables a los reos condenados por delito de terrorismo? ¿Ocuparía una juez como la Adventista Ruth Alonso la sensible plaza que ocupa?

Ha pasado el suficiente tiempo desde que la irritada magistrada excarcelara a un asesino de ETA -uno más en su generosa carrera de Juez de Vigilancia Penitenciaria- como para que uno sólo de sus compañeros de taller se desmarque de esa postura tan comprensiva; sin embargo, no lo ha hecho nadie. Ni uno solo. Todos deben estar de acuerdo en que las condenas motivadas por seis asesinatos se resuelvan en apenas ocho años. Hay que reinsertar, dicen, y eso es extraordinariamente progresista. Se excitan, eso sí, ante las críticas que recibe la juez en cuestión -que anuncia querellas histéricas- y se alinean en formación al lado de la evacuadora de cárceles. Son los mismos que aplauden a Perfecto Andrés Ibáñez, el nuevo experto en traducciones del Euskera al Castellano, o que vitorean a los Cezones liberadores de narcotraficantes confesos. Los mismos que hoy no lamentan que la Justicia demostrase nula agilidad para vigilar cautelarmente a Josu Ternera, asesino de niños y grandes, huido y escondido entre las mismas faldas nacionalistas que llegaron a elevarle a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco. Urruticoechea ha puesto pies en polvorosa y ningún togado ha manifestado su lamento por tamaño soslayo de los tribunales. Corporativistas como pocos, los jueces callan, no se rebelan, no muestran su solidaridad con los ciudadanos perplejos.

No habrán de caer muchas lunas antes de que Henry Parot, otro angelito como el parlamentario batasuno, obtenga algún beneficio penitenciario obsequio de las leyes españolas y de la altruista y benéfica lectura que de ellas hacen Sus Señorías. Responsable de decenas de muertes y a quien se detuvo horas antes de que asolara Sevilla con una bomba que pretendía activar en pleno centro de la ciudad, Parot está condenado a más de mil años de cárcel de los que ya ha cumplido aproximadamente diez. ¿Cuántos le quedan entre rejas? Vaya usted a saber, pero, en cualquier caso, muchísimos menos que los que le restan de pesar a las familias de los que mató. Lean detenidamente el último y demoledor libro de José Diaz Herrera e Isabel Durán -«ETA. El Saqueo de Euskadi»- y asistirán a desoladoras descripciones de las muchas víctimas que tienen que convivir con los asesinos de sus familiares y soportar la mofa y el escarnio de quienes ya están libres y campantes por sus pueblos y homenajeados como auténticos héroes.

Debe admitirse que la elección directa de Jueces por la ciudadanía comporta el peligro de favorecer a aquellos que muestren posturas más conservadoras y más garantistas para con los votantes, no para con los delincuentes, a muchos de los cuales se les dificultaría el legítimo derecho a la reinserción. Algo así ocurre en los EEUU. Pero también se debe reconocer que ese autismo ciudadano de muchos togados no sería tan frecuente como resulta. Correríamos el peligro de que, en determinadas demarcaciones vascas, los electores favorecieran a aquellos candidatos que bogaran por la excarcelación inmediata de los asesinos, pero no perderíamos mucho en ello ya que los que actualmente desempeñan ese cometido manifiestan una tendencia no muy diferente. A un Juez se le podrían pedir cuentas y se le podría enviar a casa si no cumple con el cometido ciudadano de impartir justicia defendiendo los derechos de las víctimas.

Les invito a imaginar cuántos votos obtendría el Juez Garzón y cuántos la Juez Alonso. Votos de personas decentes, claro, que son la mayoría. Los nacionalistas vascos, en todas sus acepciones, ya sabemos a quien prefieren.

La fuga del etarra Ternera
Francisco MARHUENDA La Razón 15 Noviembre 2002

Es difícil encontrar un cúmulo de torpezas más clamorosas que las decisiones adoptadas con respecto a Ternera. Al margen de este nuevo ridículo judicial, que se une a las estrafalarias medidas adoptadas por la juez Ruth Alonso con los permisos a etarras convictos y confesos, cabe preguntarse por qué la figura más importante de Batasuna y ETA pudo escapar con total impunidad. Es cierto que Ternera dejó formalmente la dirección de la banda cuando fue detenido, pero no lo es menos que ese automatismo destinado a preservar la linea de mando no impide afirmar que dirige a los pistoleros.

Ternera no es un ex etarra, sólo desde la ingenuidad o la ignorancia se puede pensar que quien encabeza la línea más dura de la banda terrorista ocupa ahora un segundo plano. Por esto, es más grave que el magistrado José Ramón Soriano no ordenara su detención inmediata. Se trata con mayor dureza a cualquier delincuente que al cerebro de la banda terrorista. Lo de cerebro para referirse a una alimaña sin escrúpulos es un recurso retórico, porque Ternera sólo defiende el diálogo basado en el tiro en la nuca, la kale borroca y la bomba lapa. Lo razonable era, como mínimo, que estuviera sometido a vigilancia policial porque el riesgo de fuga era evidente excepto, por lo visto, para Su Señoría. El argumentar el «arraigo institucional» y «social» de ese energúmeno con escaño de diputado autonómico para la ausencia de medidas cautelares resulta tan grotesco como delirante. La situación resulta ridícula, aunque no hay que olvidar que el juez se ha equivocado y no pasa nada. No hay más que ver a la juez Alonso para dar gracias a Dios porque no se equivoquen más. Y cuidadito porque si se enfadan te amenazan con una buena querella.

Los jueces son independientes, pero también deben ser responsables, tal como establece la Constitución. A esto hay que añadir que nuestro Consejo General del Poder Judicial está lleno de «independientes» que se creen que están por méritos propios y nom- brados por la Divina Providencia, para los que los errores sólo merecen una adhesión tan fervorosa como inquebrantable. Ahora es evidente que había riesgo de fuga y Ternera se ha burlado, una vez más, de todos. No tengo ninguna duda que en este momento vuelve a ser el jefe.

Ramón Zallo, asesor vergonzante
Carlos Martínez Gorriarán. Bilbao. Cartas al Director ABC 15 Noviembre 2002

Es un tanto patético que Ramón Zallo adopte una actitud de virgen ofendida por mi afirmación, que mantengo, de que es uno de los principales asesores de Ibarretxe, y probablemente uno de los urdidores del famoso plan de Libre Asociación. Zallo es uno de los principales teóricos del soberanismo, la versión vasca del nacionalismo étnico. Desde la Fundación Robles Aranguiz colabora para difundirlo con el sindicato ELA, que recientemente montó una contra-huelga general étnica contra el «sindicalismo español» durante la reciente huelga general de CC.OO. y UGT. Y que, a cambio de estos esfuerzos, este vetusto antisistema convertido al abertzalismo ha representado a ELA en la EITB (radio-televisión pública vasca). Según fue publicado en su día sin mediar desmentido por su parte, obtuvo una excedencia temporal de su cátedra en la UPV para incorporarse al llamado Consejo Vasco de Cultura con rango de viceconsejero. No sé si con sueldo y gajes, pero podemos averiguarlo.

Y ha defendido a Batasuna en los periódicos «Gara» y «Deia», injuriando al PP y PSOE. A este disfrute del pesebre nacionalista con los fines políticos más siniestros que puedan imaginarse puede llamársele «vocación de servicio público» o como se quiera. Pero permítanos el señor Zallo, que medra tan ricamente mientras compañeros suyos de facultad como Francisco Llera, Edurne Uriarte o Gotzone Mora sufren atentados y son perseguidos por los partidarios de la soberanía que él defiende y teoriza, que a los demás nos dé la risa floja ante tanta comedia vergonzante. Como siempre, la hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud.

Gila en el Supremo
FERNANDO ONEGA La Voz 15 Noviembre 2002

ESO NO es un artículo. Es una narración. Protagonista, Josu Ternera. Como saben, este ciudadano fue juzgado en París. Ante los jueces dijo: «He sido, soy y siempre seré militante de ETA». Pasó el tiempo, vino a España y fue elegido parlamentario. Era militante de ETA, según esa confesión nunca retirada. Sin embargo, nunca fue sometido a vigilancia. ¿Por qué? Porque sería ilegal y, desde luego escandaloso, que las policías se dedicaran a controlar a un aforado. De esa forma, entró y salió de España cuando quiso. Hasta que decidió no volver.

¿Cuándo decide no volver? Cuando un juez del Tribunal Supremo decide llamarlo y es más explícito con los abogados que con las policías. Y así, el 6 de noviembre ya no comparece. El juez adopta una resolución insólita: en vez de mandar detenerle, lo cita para una semana después. Y ahí entra Kafka: ¿nos ponemos a vigilarle antes de la fecha? ¡No! ¡Sería ilegal! Hay que hacer una orden de busca. Y se hace. Pero, ¿qué hacemos con él, si el juez no lo ha citado hasta el día 13? Sospecho que la policía deseó no encontrarlo. Era un paquete demasiado incómodo.

Y llega el día 13. El pájaro ha volado. Ahora todo tendría que ser mucho más fácil. Tan sencillo como lo anunciado en la prensa: redactar una orden de busca y captura internacional. ¿Cuánto ocupa una orden de ese tipo? Pongamos que 15 líneas. Pues pasó todo el día 13, y la orden no estaba redactada. Salió del Tribunal Supremo a mediodía del jueves, 14: ¡se ha tardado más de 24 horas en redactar esas líneas! Un récord de eficacia para el Guinness. Pero la orden llega a sus destinos. La Ertzaintza descubre que el nombre y apellidos de Urrutikoetxea figuran castellanizados, cuando él tiene su documentación en euskera. Y faltaba el broche de oro: en la orden remitida al Ministerio del Interior no figura, para nada, la palabra «internacional». Espero que, al menos, figure en la copia enviada a Interpol.

El conflicto interno
ROGELIO ALONSO /PROFESOR EN EL DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS UNIVERSITY OF ULSTER El Correo 15 Noviembre 2002

La propuesta del lehendakari identifica como el problema fundamental que motiva la necesidad de la misma la relación entre España y Euskadi, de ahí su deseo de optar por un nuevo «pacto de convivencia» con el Estado español. Sin embargo, su plan ignora que es en un ámbito diferente, y mucho más cercano, entre los propios vascos, donde la convivencia necesita repararse fundamentalmente y de manera prioritaria. Al contrario de lo que el lehendakari ha repetido en su campaña de promoción, difícilmente puede ser el suyo un 'plan de paz' cuando no aborda las causas básicas que impiden dicha paz. Apréciese cómo en el texto se repite hasta seis veces que los vascos tienen derecho «a decidir libre y democráticamente» su propio futuro. A pesar de ello, la violencia de ETA no emerge como la causa principal de que en estos momentos todos los vascos sean incapaces de decidir libre y democráticamente ya no su futuro, ni siquiera su presente. Tras equiparar la responsabilidad del Estado y de ETA, el énfasis de la solución planteada reside en la relación de Euskadi con España, eludiendo por completo el conflicto existente internamente en la propia Euskadi. En consecuencia, y pese a la dolorosa evidencia de quienes padecen la violencia, la normalización no se vincula tanto a la desaparición del terrorismo intimidador como al logro de un nuevo estatus de soberanía.

De esa forma, las útiles lecciones que el proceso de paz irlandés ofrece han sido ignoradas por el autor de la iniciativa, a pesar de que con frecuencia el nacionalismo recurre a la comparación con Irlanda. Tradicionalmente, el nacionalismo irlandés había interpretado que el obstáculo fundamental para la paz residía en la presencia británica, de ahí que propugnara una nueva relación entre Irlanda y Gran Bretaña como precondición para la pacificación. Sin embargo, en contra de esa interpretación, el actual proceso de paz ha confirmado la primacía del conflicto interno entre los habitantes de Irlanda del Norte. O sea, los factores endógenos resultaban mucho más importantes que los externos en la resolución de un conflicto en el que la relación entre los Estados era secundaria frente a la de los propios norirlandeses. La reciente suspensión de la autonomía en Irlanda del Norte confirma la relevancia de esa dimensión interna, exponiendo que la falta de confianza entre las comunidades norirlandesas a causa de décadas de intenso terrorismo es el problema fundamental para la normalización política. Es una prueba más de que la interpretación colonial del conflicto que el nacionalismo irlandés asumió durante décadas ha sido inadecuada.

En cambio, el lehendakari ha optado por un modelo que se asemeja mucho más al que adoptara en el siglo pasado Eamon de Valera, histórico dirigente republicano irlandés y destacado exponente de la referida interpretación colonial. Para Ibarretxe, «la solución del problema de normalización política estriba en asumir que el pueblo vasco no es una parte subordinada del Estado, sino un pueblo con identidad propia, con capacidad para establecer su propio marco de relaciones internas y para incorporarse por libre asociación a un verdadero Estado plurinacional».

Poco después de fundar en 1926 Fianna Fáil, partido nacionalista que ha dominado la vida política irlandesa, De Valera indicó: «Hay enredadores que desean presentar nuestros esfuerzos por garantizar una sistema justo para los irlandeses como una política de antagonismo con Inglaterra. Mi deseo siempre ha sido conseguir la más cordial relación de amistad entre Gran Bretaña e Irlanda, pero sé que la única base firme para ello y para una paz duradera es la justicia y el reconocimiento del derecho de nuestro pueblo a ser libre». Aunque existen similitudes entre ambos mensajes, mientras que las palabras de De Valera son las de un antiguo miembro del IRA una década después de que finalizara la guerra de independencia irlandesa contra los británicos, las de Ibarretxe son las de un político responsable de un sistema de autogobierno en el que no existe atisbo de enfrentamiento colonial alguno más allá del que el propio nacionalismo vasco desea construir.

La propuesta de Ibarretxe evoca a la que el mismo De Valera planteara, pero que no llegó a materializarse, al ser rechazada por los líderes del Estado irlandés que nació en 1921. La guerra de Independencia concluyó ese año con el Tratado anglo-irlandés, que dio lugar al Estado Libre irlandés. El Tratado exigía a los miembros del Parlamento irlandés un juramento de lealtad al monarca británico, al ser el nuevo Estado miembro de la Commonwealth. El Tratado, negociado por el célebre Michael Collins, fue rechazado por De Valera, provocando una sangrienta guerra civil en la que saldría derrotado y que se cobró más vidas que la contienda que derivó en la independencia.

Como alternativa al Tratado, De Valera había ofrecido un pacto denominado «asociación externa», en el que la relación del Estado irlandés con la Commonwealth sería de «libre asociación». Con su fórmula pretendía que la ciudadanía de irlandeses y británicos no fuera descrita como común en el conjunto de los países englobados en la Commonwealth, sino que se entendería más bien como «recíproca». En su opinión, la sutileza terminológica permitía diferenciar entre ser ciudadanos irlandeses y súbditos británicos. De esa manera intentaba destacar la soberanía irlandesa para que ésta no se viera disminuida por una forma de asociación que garantizaría además sus deseos de mantener la independencia y la neutralidad en caso de guerra. En lugar del juramento de lealtad, De Valera propuso que el monarca fuera reconocido como «jefe» de esa asociación.

Para Arthur Griffith, uno de los negociadores irlandeses del Tratado, De Valera estaba «jugando con las palabras», pues para la mayoría de los republicanos las diferencias terminológicas resultaban completamente irrelevantes e innecesarias. El Acuerdo que el pueblo irlandés estaba dispuesto a aceptar, como finalmente hizo, garantizaba la paz aunque no la República que habían ambicionado los republicanos y por la que se habían levantado en armas en la Pascua de 1916. En cambio, las promesas de De Valera sólo hacían posible vislumbrar más conflicto en una nación más preocupada de defender y consolidar la entidad recién surgida que de perseguir utopías.

De Valera era consciente de que el objetivo de la República proclamada por los rebeldes que en 1916 se sublevaron contra los ingleses resultaba inalcanzable a corto plazo. Por lo tanto, el nuevo Estado debía mantener algún tipo de asociación con la corona y el imperio. Por ello, De Valera, en un intento por atraer a los diferentes polos del republicanismo irlandés tras su derrota en la guerra civil, expuso lo que concibió como una solución de compromiso que debía suponer el reconocimiento de Irlanda como «Estado soberano e independiente», renunciando Gran Bretaña a la reivindicación de gobernar o legislar sobre el mismo.

Las diferencias entre el contexto vasco actual y el irlandés de los años posteriores a 1920 son obvias. Lo que resulta curioso es que los actuales dirigentes del nacionalismo vasco recurran a una fórmula de libre asociación que guarda similitudes con la propuesta por De Valera y que fue rechazada por sus correligionarios como «poco realista». Esta deliberada elección enfatiza la definición del problema vasco como un conflicto entre Euskadi y España, como el propio Ibarretxe reiteraba al afirmar en su discurso que «para una gran parte de los vascos, los Fueros, los Derechos Históricos del Pueblo Vasco, siguen siendo nuestra verdadera constitución». Ello cuando previamente había indicado que «la sociedad vasca no desea reproducir debates estériles sobre el pasado».

Esta peculiar y contradictoria interpretación del conflicto le lleva a proponer como solución a los males que afectan al pueblo vasco un nuevo pacto entre Euskadi y el Estado ignorando que es en otro nivel, el de la propia sociedad vasca en la que la polarización no deja de acrecentarse, donde la convivencia necesita enmendarse inicialmente y con mayor urgencia. De ahí la inutilidad de retrotraerse siglos atrás haciendo del pasado imaginado la guía del futuro, en perjuicio del presente y de la historia más reciente, marcada por la convivencia bajo un denostado Estatuto. Difícilmente puede ser la iniciativa de Ibarretxe «el camino para la esperanza» que «ha devuelto la ilusión a Euskadi», como ha ensalzado el nacionalismo vasco con ecos electoralistas, cuando adopta una interpretación del conflicto poco coherente con la realidad y deja sin resolver el principal obstáculo hacia la normalización: la desaparición de una violencia que sigue dividiendo e intimidando a la sociedad vasca.

Mayor Oreja en el «destierro» de la sidrería: «Estamos solos»
Efe - Guipúzcoa.- La Razón 15 Noviembre 2002

El vicesecretario general del del PP, Jaime Mayor Oreja, afirmó ayer en Zarauz (Guipúzcoa) que su partido vive actualmente «una soledad política mayor» en el País Vasco porque «algunos no aguantan nada» y «no son capaces de sostener el esfuerzo de una sustitución democrática del nacionalismo».

El presidente del grupo popular en el Parlamento Vasco lanzó estas críticas contra el PSE/EE durante el acto de renovación de la Junta Local del PP de Zarauz, al que asistieron también los máximos responsables de esta formación en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, y en Guipúzcoa, María San Gil. Aunque no mencionó expresamente al PSE/EE, Mayor Oreja puso como ejemplos de su afirmación las opiniones del alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, quien apoyó un futuro referéndum en el País Vasco en ausencia de violencia, y del secretario general de los socialistas alaveses, Javier Rojo, quien aboga por conformar un gobierno de concentración. Mayor afirmó que desconoce «qué grado de giro o de intento de recuperar la ambigüedad del nacionalismo vasco puede imponerse en la opción socialista», aunque explicó que observa «acontecimientos» en el seno del PSOE que obligan a que el PP no permanezca «callado».

Stéphane Dion, ministro de Asuntos Intergubernamentales de Canadá:
«Trasladar la fórmula de Ibarretxe a un referéndum sería ilegal en Canadá»
Francisco de Andrés ABC 15 Noviembre 2002

El autor de la Ley de la Claridad explica el impacto que ha tenido su iniciativa de 1995 en la reducción de la
fiebre separatista en su provincia natal

MADRID. Stéphane Dion, autor de la Ley de la Claridad de 1995, que muchos consideran clave para explicar el progresivo debilitamiento de la opción separatista en la provincia canadiense de Quebec, se declara, paradójicamente «un nacionalista quebequés» y al mismo tiempo profundamente canadiense. Dion, ministro de Asuntos Intergubernamentales de Canadá y presidente del Consejo Privado, acaba de recibir el doctorado Honoris Causa por la Universidad Carlos III de Madrid.

-En su biografía, a usted le gusta referirse a la experiencia española como un acicate para su decisión de dedicarse a la política en Canadá. ¿Qué fue exactamente lo que más le motivó?
-En Canadá tenemos la tendencia a centrarnos en nuestro problema separatista como si fuéramos los únicos que lo experimentamos. Cuando el primer ministro Chrétien me llamó en 1995 para entrar en política yo me encontraba dando conferencias en Madrid, y constatando que en este país existe una voluntad general de construir una Europa fuerte gracias a la diversidad española. Me dije a mí mismo que, como canadiense francófono, éso era lo que quería para mi país. Así que entré en política para defender un conjunto de ideas que me parecen universales. En otras palabras, para explicar que hay alrededor de 3.000 grupos humanos en la tierra, que se reconocen con una identidad colectiva, y no llegan a 200 los Estados en la ONU. Si cada uno de esos grupos debe formar un Estado, el planeta explotará.

-¿Qué solución defiende?
-La vía razonable consiste en respetar las identidades plurales en cada país, y ver en ellas no una amenaza sino una complementariedad muy fructífera.

-¿Cómo se aplica en concreto esa solución frente a la alternativa separatista de los partidos independentistas en Quebec y en el País Vasco?
-La cuestión es saber si se puede ser vasco y español, catalán y español. Si la respuesta es «no», entonces España no tiene futuro. Pero si la respuesta es positiva, España será aún más fuerte. Cuando digo que el problema de nuestros países en similar me refiero a que creo que mi identidad quebequense refuerza mi identidad canadiense; por eso no se me ocurre elegir entre las dos.

-Muchos políticos independentistas vascos y catalanes se refieren al «modelo canadiense» como «la vía óptima». ¿Cree que les falta información?
-Mi combate político se dirige a lograr que Canadá no llegue a convertirse nunca en un argumento en favor del separatismo sino, al contrario, una razón en favor de la cohabitación de poblaciones diversas por su lengua o por su cultura, que trabajan juntas en el seno del mismo Estado.

-Pero ustedes aceptan en su Constitución la posibilidad de referéndum separatista. ¿Es eso aconsejable para otros?
-Nuestro modelo es original, y creo que no debo hacer comparaciones. En cualquier caso, la actual legislación exige que la pregunta de un referéndum separatista debe ser clara, y no confusa como lo fue el último celebrado en 1995, en el que la pregunta «¿desea usted que Quebec sea soberano con una nueva asociación política y económica con Canadá?» intentó lograr la separación por la puerta de atrás al sembrar mucha confusión e inflar el apoyo al Gobierno independista de la provincia. Además, el Tribunal Supremo de Canadá exige una segunda condición para la secesión: que sea apoyada por una «mayoría clara» de la población, nunca por una mayoría débil de, digamos, la mitad más uno. Si se dan las dos condiciones, el Gobierno federal tiene obligación de entablar una negociación de secesión, pero sin obligación de que el resultado final sea la división del país.

-Como quizá sepa, el Gobierno del PNV desea plantear un referéndum en el País Vasco, en el que se pediría el apoyo a «un estatus de libre asociación con España». ¿Tendría cabida en Canadá la pregunta que plantea el lendakari Ibarretxe?
-Si ése fuera el caso, nuestro Gobierno federal plantearía la cuestión a la Cámara de los Comunes canadiense, y ésta con casi total certeza diría que la pregunta no es clara. O usted está dentro del Estado o está fuera. Preguntar a los ciudadanos si quieren separarse, y al mismo tiempo asociarse es confuso.

-¿Qué impacto ha tenido en Canadá la Ley de la Claridad de 1995?
-Ha contribuido mucho a hacer bajar la fiebre separatista en Quebec. Sencillamente porque los quebequenses están contentos de ser canadienses, y cuando se les plantea la cuestión con claridad afirman que no desean separarse. El partido independentista sólo logró apoyos amplios a su opción secesionista cuando en el pasado planteó preguntas confusas. Se trató de hacer creer a la población francófona que tendrían todas las ventajas económicas y culturales en tanto que población mayoritaria en la región, y todas las políticas de ser canadiense. Afortunadamente, esa ambigüedad ya pertenece al pasado.

Escoltar a los amenazados en Euskadi y Navarra cuesta 122 millones al año
ÓSCAR B. DE OTÁLORA/VITORIA El Correo 15 Noviembre 2002

Escoltar a los cargos electos amenazados en Euskadi y Navarra supone un gasto anual de 122,9 millones de euros al año (20.448 millones de pesetas), según los presupuestos de la consejería y el Ministerio de Interior, que esta semana han presentado los responsables de ambos departamentos en Vitoria y Madrid, respectivamente. El gasto anual en protección supone casi la mitad del salario de toda la plantilla de la Er-tzaintza (302 millones de euros) y con ese dinero se podrían construir 20 kilómetros de autopista. El desembolso es similar a la construcción y puesta en marcha del Museo Guggenheim, incluidas las primeras compras de su colección de arte.

No obstante, esos casi 123 millones de euros no incluyen el gasto total que dedican las administraciones central y vasca a hacer frente a la amenaza de ETA, ya que no tiene en cuenta, por ejemplo, los costes en la protección de las sedes de los partidos políticos -amenazadas en el último comunicado de la banda- o los desembolsos para ayudar a las víctimas de la violencia de persecución. El incremento de la dotación para escoltas en los últimos años refleja a la perfección cómo la banda, tras romper su tregua, ha extendido su hostigamiento a todos los sectores de la sociedad y también que esta amenaza ha ido en todo momento por delante de los cálculos de las administraciones.

El departamento de Interior presupuestó para el año 2001 un gasto de cinco millones de euros pero acabó gastando seis veces más de lo previsto, 29 millones. El ministerio, por su parte, tuvo que aprobar ese mismo año un crédito extraordinario de 15 millones de euros al verse desbordado por las peticiones de guardaespaldas. Las partidas se han ido disparando mes a mes, ante la aplicación de nuevas medidas como la de duplicar el número de escoltas.

Blindaje de vehículos
El consejero de Interior, Javier Balza, que ayer presentó los presupuestos de su departamento en el Parlamento vasco, reiteró que la prioridad de su gestión será «la seguridad de los colectivos y personas amenazadas». Como ejemplo de la apuesta de su departamento en la lucha contra el terrorismo, el consejero explicó que la mitad del presupuesto total (441 millones) se dedica a la seguridad de los amenazados. Balza agregó que se prevé un gasto para el año que viene de 6,8 millones de euros en la protección de las sedes de partidos políticos y de 1,3 millones en la compra de coches blindados para renovar el parque móvil de la Ertzaintza.

Los efectos del terrorismo también aparecen reflejados en el programa económico. Interior destinará 2,1 millones de euros al plan de ayudas a las víctimas, que contemplará los acuerdos alcanzados en el Pacto de Arkaute entre el PSE-EE y el tripartito. En este apartado se incluyen subvenciones para que los amenazados puedan cambiar de vivienda si aparecen en las listas de ETA. Asimismo, se ha añadido una partida de 42.071 euros para poner en marcha un programa informático que permita proteger todos los datos personales de los amenazados.

Plantilla de la Ertzaintza
El consejero, por otra parte, señaló que en 2003 se han presupuestado cinco millones para pagar las horas extras de la Policía autónoma, el único procedimiento que, en su opinión, «permite suplir el déficit de plantilla». La consejería también destinará 1,4 millones para cubrir las 200 vacantes existentes en el cuerpo con una nueva promoción, la decimoctava, que el año próximo ingresará en Arkaute.

En este sentido, el plan soberanista presentado por el lehendakari Ibarretxe en septiembre incluía un incremento unilateral del número de ertzainas. Ayer, Balza explicó en el Parlamento que su departamento se encuentra «en un periodo de reflexión» junto con la Administración central sobre la ampliación de la plantilla, «que debería resolverse en breve».

Jueces, políticos y víctimas participarán en las jornadas de Covite en San Sebastián
OLATZ BARRIUSO/BILBAO El Correo 15 Noviembre 2002

Miembros de la judicatura, dirigentes políticos y representantes de diferentes fundaciones y colectivos de víctimas del terrorismo del ámbito vasco y estatal participarán, la próxima semana en San Sebastián, en las segundas jornadas sobre víctimas y violencia terrorista organizadas por Covite (Colectivo de Víctimas del Terrorismo).

Los debates y conferencias, que se desarrollarán entre ls días 20 y 22 de noviembre, pretenden abordar la lucha contra ETA y la sensibilización ciudadana respecto a la problemática de los damnificados desde una triple perspectiva: la persecución judicial de los delitos de terrorismo, la necesidad de promover la unidad de los partidos democráticos para hacer frente a la banda y la labor de las asociaciones de víctimas en la difusión de los valores de «memoria, conciencia y justicia».

Luces y sombras
La primera de las jornadas, bajo el título 'El Poder Judicial frente al terrorismo. Luces y sombras' se abrirá con la intervención del presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Manuel María Zorrilla.

A continuación, se celebrará una mesa redonda en la que participarán el magistrado Juan Luis Ibarra, el fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Santos, el abogado José María Muguruza y el ex consejero de Justicia del Gobierno vasco José Ramón Recalde, estos dos últimos víctimas directas de atentados de ETA. El objetivo de esta cita es «profundizar serenamente» en el papel del Estado de Derecho en la lucha contra la banda, señalan desde Covite.

El jueves le llegará el turno a los partidos políticos, con la presencia del secretario general de Presidencia del Gobierno, Javier Zarzalejos, el dirigente del PSE Rodolfo Ares y los europarlamentarios Rosa Díez y Gerardo Galeote.

Las jornadas se clausurarán con la presentación oficial en Euskadi de la Fundación Víctimas del Terrorismo, «uno de los logros más importantes del Pacto Antiterrorista», señalan desde Covite. La entidad que preside Adolfo Suárez estará representada por su vicepresidenta, Ana María Vidal Abarca, que explicará los objetivos de la Fundación y el trabajo realizado desde su constitución, en marzo pasado. En el acto intervendrán también miembros de las fundaciones Tomás Caballero, Fernando Buesa, Maite Torrano y José Luis López de Lacalle.

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