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Recortes de Prensa     Sábado 16  Noviembre  2002
En manos del fiscal
Editorial ABC 16 Noviembre 2002

Apareció la encuesta
Breverías El País 16 Noviembre 2002

El Real Unión, contra el plan Ibarretxe
Enrique de Diego Libertad Digital  16 Noviembre 2002

Desmesura
Editorial El Correo 16 Noviembre 2002

Josu Ternera vuelve a la clandestinidad
Antonio Casado El Ideal Gallego 16 Noviembre 2002

Rajoy denuncia que las empresas vascas se van por las «amenazas» del PNV
C. Morodo - Madrid.- La Razón 16 Noviembre 2002

La plana mayor de PP y PSOE arropa a la nueva «Fundación para la Libertad»
D. Mazón - Madrid.- La Razón 16 Noviembre 2002

El Gobierno central advirtió a la Generalitat de que la concesión de radios que pretendía podía ser ilegal
TERESA CENDRÓS | Barcelona El País 16 Noviembre 2002

EL PAÍS lanza una nueva edición digital a la que se accederá por 0,2 euros diarios
Nota del Editor  16 Noviembre 2002


 

En manos del fiscal
Editorial ABC 16 Noviembre 2002

LA negativa de la Mesa del Parlamento vasco a disolver el grupo parlamentario de Batasuna, tal y como ordenaba el juez Garzón en los autos de 26 de agosto y 6 de septiembre, puso a la Justicia en una disyuntiva: ignorar un acto de desobediencia dolosa a una resolución judicial o pedir responsabilidades por dicho acto. A juicio de los nacionalistas, Garzón pretendía cambiar el Reglamento de la Cámara para hacer posible la disolución del grupo parlamentario de Batasuna, ahora llamado Socialistas Abertzales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Nada de esto era cierto, porque lo ordenado por el juez Garzón era dar efecto a una decisión judicial firme, para cuya ejecución no era precisa una previa habilitación reglamentaria. La disolución jurídica del grupo de Batasuna ya estaba decidida por Garzón y a la Mesa del Parlamento sólo le incumbía trasladar esa decisión al ámbito funcional y orgánico de la Cámara, transfiriendo a los electos batasunos al Grupo Mixto. En ningún caso el juez Garzón se atribuyó competencias de la Mesa del Parlamento vasco, que no son de carácter legislativo sino de gobierno interno de la Cámara y este dato habría justificado por sí solo el planteamiento de un conflicto de jurisdicción.

El desafío de la Mesa del Parlamento de Vitoria se ha vuelto a plantear en términos jurídico penales después de que Garzón solicitara al fiscal general del Estado un informe sobre la responsabilidad de los portavoces nacionalistas, extensiva a los de las Juntas Generales de Vizcaya y Guipúzcoa. Con buen criterio, Jesús Cardenal remitió ayer las actuaciones a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que sea ésta la que informe, enmendando así la desconsideración cometida por Garzón y centrando el interés de la consulta en lo verdaderamente importante. Y parece evidente que el margen de valoración de la Fiscalía es estrecho. El apartado 1º del artículo 410 del Código Penal se ajusta lo sucedido con una precisión milimétrica, aunque, llegado el caso, los parlamentarios que votaron contra la aplicación del auto de Garzón se escudarán en la causa de exculpación prevista por el apartado 2º del mismo artículo. Este argumento servirá de poco pues la Audiencia Nacional ha ratificado el auto de Garzón. Ahora bien, la valoración penal de esta desobediencia es paralela a sus consecuencias procesales, porque el procedimiento que se incoe deberá ser tramitado por el Tribunal de Justicia del País Vasco, ante el cual se hallan aforados los parlamentarios nacionalistas. Si la ley, a juicio de la Fiscalía, exige la imputación de quienes han boicoteado la aplicación del auto de Garzón, la justicia tendrá necesariamente que pronunciarse, pero asumiendo todos las circunstancias excepcionalmente difíciles en las que tendrá que producirse tal pronunciamiento.

Apareció la encuesta
Breverías El País 16 Noviembre 2002

Tras pincharse todos los globos sonda, el Gobierno vasco presentó ayer la encuesta fantasma con la que Juan José Ibarretxe pretende poner en evidencia a la patronal vasca, que se opone sin matices a su plan soberanista. El sondeo es un notable despropósito demoscópico plagado de preguntas capciosas y que hace añicos los protocolos científicos que requiere cualquier encuesta que pretenda pasar por medianamente seria. La encuesta fantasma ya es una fantasmada. Todo un avance.

El Real Unión, contra el plan Ibarretxe
Enrique de Diego Libertad Digital  16 Noviembre 2002

Hasta el momento, ningún club de fútbol vasco había tomado postura sobre el llamado plan Ibarretxe (aunque su autoría es reclamada por Madrazo, la “mano izquierda” de la extrema derecha vasca). Es raro, porque es cuestión que les compete y mucho. A la postre los clubes son pasiones, pero también empresas.

Cierto es que el plan Ibarretxe se caracteriza tanto por su provocación como por su confusión, de modo que no sabemos a estas alturas de un “status de libre asociación”, como dijo literal en su discurso, o de un “estado libre asociado”, como el PNV dio en interpretar de inmediato. Pero hemos de suponer que o bien vale aquello de que el calla, otorga, o bien los clubes vascos no perciben que la propuesta represente ningún cambio inquietante en el horizonte, de modo que, en cualquier caso, tendrán un status de libre asociación con la Liga española, según ese curioso, e irracional criterio, de los nacionalistas, según el cual los demás son estultos y han de reírles las gracias.

El Bilbao, cuyos principios son tan nacionalistas, que no permite jugar en sus filas ni a negros, ni a asiáticos, ni a españoles, lo cual en otros lares sería considerado un criterio nítidamente racista –si lo propusiera Haider para el Carintia Club de Fútbol– quedaría fatal, no ha dado signos de pretender abandonar la Liga española, en la que, merced a esa restricción a la libre competencia, lleva una trayectoria bastante mediocre, ni tampoco la Real Sociedad, que, en pleno feudo nacionalista, ha roto ese principio y está cosechando muy buenos resultados. Por no estar dispuestos a abandonar, ni tan siquiera lo están respecto a la Copa del Rey, aunque en ese caso podría aducirse que el plan Ibarretxe es una reelaboración del pacto con la Corona, retorno medievalista al que dieron cuerpo algunos político-juristas a sueldo como Miguel Herrero Rodríguez de Miñón.

Abandonar la Liga española y la Copa del Rey para emprender la Liga vasca y la Copa de Arzalluz o del lehendakari o de Sabino Arana o de Mons. Setién sería un desastre económico sin paliativos e implicaría el hundimiento del fútbol vasco, uno de los de más larga prosapia. Resulta impensable pensar que la catedral del fútbol, o San Mamés, y Atocha se llenaran para ver jugar al Atletic con el Lequeitio, con el Sestao o con el Universidad del País Vasco. O que, tras el correspondiente sorteo, la Real Sociedad hiciera caja tras ser emparejado con el Mondragón, patrocinado por el Grupo Eroski, o el Salvatierra o el Ayala.

Doy por descontado que el Alavés no entraría en tamaña aventura, con tan negros presagios económicos y de deterioro en la competición.

No creo que los dispendios de Euskaltelebista dieran para financiar una Liga nacionalista que no sería seguida ni en los batzokis de más estricta observancia.

Pero en medio de este espeso silencio se ha alzado la voz del presidente de uno de los equipos de mayor tradición futbolística, como el Real Unión de Irún. En la Copa del Rey de España (si no lo fuera de España no reinaría) su equipo ha sido emparejado por el Osasuna, que, en la quimera nacionalista, forma parte de la patria euskérica de Rh bueno y cráneo puro, a pesar de que en Pamplona votan menos al PNV que en Orense. Lejos de emocionarse por el presunto derby étnico, el presidente, lleno de sentido común y de amor a sus colores, declara que hubiera preferido que le tocara con el Real Madrid, equipo, como se sabe, de la capital de España. Razones: taquilla y prestigio. Pura racionalidad. Lo contrario del plan Ibarretxe-Madrazo.

Desmesura
Editorial El Correo 16 Noviembre 2002

Los sucesivos autos del juez Garzón dictando la suspensión cautelar de las actividades de Batasuna han dado lugar a uno de los más graves conflictos interinstitucionales que ha conocido la democracia. La negativa del Parlamento vasco y de las juntas generales de Vizcaya y Guipúzcoa a ejecutar el mandato del juzgado de la Audiencia Nacional, alegando la intromisión de éste en el ámbito de las competencias reglamentarias de las tres instituciones, representa una decisión de indudable intencionalidad política que plantea, además, un litigio de difícil resolución desde un punto de vista jurídico. La pregunta dirigida por el propio juez Garzón a la Fiscalía General del Estado, recabando el parecer de ésta respecto al proceder de los mencionados órganos representativos, es prueba fehaciente de la complejidad del problema.

En este contexto, las declaraciones realizadas por el delegado del Gobierno en Euskadi, Enrique Villar, expresando su deseo de que el conflicto desemboque nada menos que en el procesamiento del lehendakari y del presidente del Parlamento vasco, resultan no sólo impropias de su cargo sino que, además, reflejan una inquina que únicamente contribuye a empeorar un clima ya de por sí enrarecido en la maltrecha relación entre ambas administraciones. El hecho de que el delegado del Gobierno sitúe como objetivo el encausamiento judicial de las dos máximas instituciones de la autonomía vasca -encarnando además una de ellas la representación ordinaria del Estado en el País Vasco- constituye un despropósito de tal magnitud que compromete al Ejecutivo Aznar y ni siquiera puede justificarse por la desabrida confrontación política que protagonizan los partidos que gobiernan España y Euskadi. Los procedimientos en curso para la ilegalización de Batasuna comportan un reto tan crucial para la democracia y sus instituciones que nadie puede aprovechar la situación para, con gesto desafiante, tratar de obtener otro logro que no sea la definitiva victoria sobre la trama terrorista.

Josu Ternera vuelve a la clandestinidad
Antonio Casado El Ideal Gallego 16 Noviembre 2002

José Antonio Urruticoechea, alias Josu Ternera, parlamentario vasco salpicado de sangre, ya está bajo orden internacional de busca y captura como prófugo de la Justicia española. Hace algún tiempo, dijo lo siguiente ante la Justicia francesa, que lo tuvo a la sombra por unos cuantos años: “Soy de ETA, lo he sido y lo seguiré siendo”. El ministro de Justicia, José María Michavila, apelaba hace unos días al no hay mal que por bien no venga. “Al menos, no lo volveremos a ver sentado en el Parlamento vasco”, decía. Es un consuelo, pero hay otra alternativa aún más luctuosa: verlo inscrito en la Comisión de Derechos Humanos de la cámara de Vitoria.

La alternativa del fugado puede ser la reincorporación a la dirección de la banda terrorista, tras dos incomparecencias consecutivas ante el juez José Ramón Soriano, de l Tribunal Supremo. Eso teme el ex ministro Jaime Mayor Oreja, para quien Josu Ternera nunca dejó de ser uno de los máximos dirigentes de ETA. También lo temen la Policía Nacional y la Guardia Civil. Mientras se le busca por el sur de Francia, donde la banda dispone de sus mejores agujeros, los policías españoles creen que “ha pasado a la clandestinidad”. La sospecha se basa en el hecho comprobado de que ETA, maniatada, perseguida y desorientada por las continuas caídas de sus inexpertos comandos, está recurriendo a los veteranos, sin que estos, sobre todo los residentes en Latinoamérica, estén demostrando un irrefrenable deseo de volver a las andadas.

No parece ser el caso de Urruticoechea, cuyo tenebroso pasado le empezaba a deparar un futuro no menos sombrío en la cárcel por su implicación en el sangriento atentado contra una casa cuartel de Zaragoza en 1987. Está imputado como presunto inductor de aquella “hazaña”: once muertos, entre los que había seis niños. Es la semblanza rápida de quien escapó de los jueces aprovechando, una vez más, la estricta aplicación del principio de legalidad en un Estado de Derecho cuyo garantismo favorece a los malos. En este caso, a alguien que calificó de farsa a la Justicia española. Ese es el calificativo que Josu Ternera utilizó en el diario “Gara” cuando anunció que no tenía la intención de acudir a declarar ante el juez Soriano. Este magistrado dictó el jueves el auto de detención y encarcelamiento que ha dado lugar a la vigente orden internacional de busca y captura. Con más de veinticuatro horas de retraso y unos días después de haberle dado todas las facilidades para la fuga. Incluida la de considerar que no existía tal peligro.

Rajoy denuncia que las empresas vascas se van por las «amenazas» del PNV
Acusa a Ibarreche de financiar con dinero público actos de su partido
El Gobierno negó ayer tajantemente que haya presionado a alguna empresa, como el grupo Alerión, para que abandone el País Vasco, pero advirtió que quien sí lleva meses «presionando y amenazando» a los empresarios es el PNV. Considera también un «disparate» y una «falta de respeto a los contribuyentes» algunas de las partidas, con fin soberanista, incluidas en las cuentas de esa autonomía para el ejercicio 2003.
C. Morodo - Madrid.- La Razón 16 Noviembre 2002

El Gobierno «no ha hecho ninguna presión» al grupo aeronáutico Alerión, integrado por dos empresas vascas, para que instale su sede social en Madrid, mientras que el PNV sí que está presionando, e incluso «amenazando», a los empresarios de esa comunidad, según denunció ayer el vicepresidente primero, Mariano Rajoy, en respuesta a las acusaciones lanzadas desde el Ejecutivo vasco contra Madrid por esta decisión empresarial.

Rajoy emplazó al Gabinete de Ibarreche a «reflexionar» sobre el hecho de que lo que provoca la huida de los empresarios es, precisamente, propuestas como su plan soberanista o las declaraciones y «amenazas» lanzadas por dirigentes de su partido como Javier Arzallus.
A su juicio, los nacionalistas vascos están intentando distraer la atención sobre el tema verdaderamente importante con falsas acusaciones, y les reclamó que hagan un esfuerzo para «respetar la libertad de expresión y de iniciativa de las empresas».

El vicepresidente primero también llamó la atención sobre el contenido de los presupuestos vascos ya que incluir partidas para celebrar convenios «con Cataluña, País Vasco francés o Quebec» es un «absoluto disparate». Calificó asimismo de «falta de respeto a los contribuyentes» el que Ibarreche use dinero público para financiar actos de objetivo político del propio PNV. El Gabinete de Aznar estudiará las cuentas vascas una vez estén aprobadas para determinar si presenta recurso ante el TC.
Por último, Rajoy denunció que el PSOE está centrando su estrategia en generar un «falso ambiente» con una serie de declaraciones y acusaciones sin pruebas contra el Gobierno y el PP. En ese sentido, invitó a su líder, José Luis Rodríguez Zapatero, a «aportar datos» de lo que dice y no «generar confusión».

La plana mayor de PP y PSOE arropa a la nueva «Fundación para la Libertad»
Edurne Uriarte critica a los peneuvistas por «proteger a Batasuna»
Representantes de primera línea PP y PSOE, los dos partidos que firmaron el pacto antiterrorista, apoyaron ayer con su presencia el nacimiento de la «Fundación para la Libertad», que preside la catedrática de la UPV, Edurne Uriarte, quien señaló que este colectivo «es la iniciativa de ciudadanos preocupados por la situación gravísima que vive actualmente el País Vasco», y quiso dejar claro que «no somos antinacionalistas».
D. Mazón - Madrid.- La Razón 16 Noviembre 2002

La plana mayor de PP y PSOE acudieron ayer a la presentación en Madrid de la «Fundación para la Libertad», que preside la catedrática de la Universidad del País Vasco, Edurne Uriarte. El ministro del Interior, Ángel Acebes, calificó el nacimiento de esta fundación como «muy importante» porque supone la unión de personas de todos los ámbitos y de todos los sectores «para luchar por lo que les falta, libertad, que se les pretende negar derechos a expresar, a defender en público y en libertad lo que se piensa y que ello te pueda costar la exclusión cuando no la vida, como intentan aquellos que pretenden el uniformismo en el pensamiento cortando y restringiendo la libertad». Por su parte, el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, señaló que su partido «estará allí donde haya ciudadanos para defender la libertad, la Constitución y el estatuto».

Nacionalistas radicalizados
La presidenta de la nueva fundación, que nace con el fin de «contribuir al análisis, la reflexión y la difusión de los valores de la democracia y la libertad», señaló que este colectivo está formado por «ciudadanos profundamente preocupados por la situación que está viviendo el País Vasco y que decidimos ser activos para contribuir con nuestras acciones en el País Vasco». Uriarte señaló que la situación es «especialmente grave» que «tenemos que afrontar con unas ideas y con unas actitudes muy diferentes».

La catedrática afirmó que «si esta fundación existe es porque tenemos dos gravísimos problemas en el País Vasco: en primer término, y desde luego el problema fundamental, el terrorismo y la falta de libertad que provoca el terrorismo. Hay que diferenciar también un segundo problema, y es que en el País Vasco tenemos un nacionalismo radicalizado que defiende un proyecto de ruptura independentista y que prefiere proteger a Batasuna a unirse a los demócratas en la lucha por la libertad». En una alocución en la que señaló la importancia de la Ley de Partidos y de las iniciativas que se están llevando a cabo contra ETA y su entorno, pero advirtió que «hace falta mucho más todavía para acabar con la impunidad, con el terror y en ese trabajo que tenemos que hacer, tenemos que dejar de confundirnos con esas ideas de que vamos a causar problemas de libertad de expresión a los terroristas y a los totalitarios o que vamos a provocar una radicalización de los asesinos o de los que los jalean». En este sentido, Uriarte insistió en que «el problema es el terror y el miedo en el que viven la mayor parte de los vascos, bajo la imposición de los etarras y del entramado».

Para combatir estas situaciones, la «Fundación para la Libertad» pretende «defender una actitud de combate», concepto que calificó de «muy fuerte» pero «necesario», porque «necesitamos una actitud combativa para superar el miedo, para denunciar, para no resignarnos y ahí tendremos que hacer muchísimos esfuerzos porque va a ser muy difícil acabar con esa sensación de miedo de buena parte de los ciudadanos».

Uriarte insistió en acusar al «nacionalismo radicalizado» de prolongar el problema del terrorismo, y le criticó por decir «no» a «largos años de enormes esfuerzos de los constitucionalistas por la integración de unos y otros y de todas las posturas políticas». El nacionalismo, insistió, «se niega a aceptar el pluralismo auténtico de la sociedad vasca, que se cree con una legitimidad superior para gobernar» y que prefirió «unirse a Batasuna que a los demócratas en la lucha por la libertad». Por último sentenció que «tenemos un Gobierno vasco que en lugar de estar volcado en la lucha contra el terrorismo, lo que hace es dedicarse a defender un plan independentista con enormes semejanzas con el de ETA».

Junto a Uriarte acudieron al acto, además de Acebes y Zapatero, la ministra de Educación, Pilar del Castillo, el de Justicia, José María Michavila, el portavoz socialista, Jesús Caldera, Jaime Mayor Oreja, Nicolás Redondo Terreros, Pío Cabanillas, Enrique Múgica, Alfredo Pérez Rubalcaba y Agustín Ibarrola.

«Queremos incorporar a los nacionalistas moderados»
En el acto, celebrado en el Círculo de Bellas Artes de la capital española, y tras la proyección de un vídeo sobre la fundación, la presidenta Edurne Uriarte, afirmó que «nosotros por una parte combatimos a ETA y por otra hacemos una crítica profunda de la deriva radical del nacionalismo que antes llamábamos moderado».
Uriarte sentenció que los miembros de la fundación «no somos antinacionalistas. De hecho, en esta fundación hay alguna persona del mundo nacionalista, y queremos incorporar a gente de ese ámbito. Quisiéramos solucionar lo que está ocurriendo en el País Vasco también con la colaboración de los nacionalistas, pero eso no es posible con las gentes que actualmente mandan en el nacionalismo». Asimismo señaló que hay gente muy crítica dentro de los votantes nacionalistas «que quieren trabajar para cambiar la situación». La catedrática señaló que «el miedo afecta al ochenta por ciento de los vascos», y añadió que «es una sociedad que vive silenciada».

El Gobierno central advirtió a la Generalitat de que la concesión de radios que pretendía podía ser ilegal
TERESA CENDRÓS | Barcelona El País 16 Noviembre 2002

Al Gobierno de la Generalitat se le complican las cosas en el asunto de la autorización secreta a cuatro empresas del uso de una veintena de frecuencias de radio. Ayer trascendió que el Ministerio de Ciencia y Tecnología advirtió hace unas semanas al Ejecutivo catalán de que el acuerdo que éste le proponía sobre una prueba piloto en el ámbito de la radiodifusión en FM en Cataluña era de dudosa legalidad, porque incluía que las empresas que participaran en ella serían las adjudicatarias definitivas de las frecuencias que ocuparan provisionalmente. El ministerio pidió un informe al abogado del Estado, quien, antes de pronunciarse, pidió a la Generalitat que justificara lo que parecía una excepción de la ley. Después de esta comunicación, el ministerio no volvió a tener noticia de la Generalitat hasta que se enteró, el pasado jueves, por este diario de que había obrado por su cuenta y había repartido dichas frecuencias.

Uno de los argumentos a favor de tan inusual práctica que han repetido los distintos representantes del Gobierno autónomo estos días hasta la saciedad es que se trata de una prueba piloto, que no consolida a ningún grupo para la obtención definitiva de la licencia, lo que se contradice con su intención inicial. La propuesta que la Generalitat presentó al departamento de Josep Piqué dice textualmente que la Administración procederá 'a otorgar a las empresas que hayan participado en la prueba piloto la correspondiente concesión para el uso del dominio público radioeléctrico y concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia'.

Todos los grupos del Parlamento catalán, excepto CiU, arremetieron ayer contra la decisión del Gobierno en la comparecencia del presidente del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), Francesc Codina, quien transmitió a la Cámara 'el enojo' de este organismo por la falta de transparencia del Ejecutivo catalán en este asunto.

EL PAÍS lanza una nueva edición digital a la que se accederá por 0,2 euros diarios
Nota del Editor  16 Noviembre 2002

Aplicado a El País, repetimos aquí lo que decíamos en la Nota del Editor el 1 Octubre 2002 sobre El Mundo: gracias por cuatro años, y deberíamos añadir un argumento más en contra: hay quien defiende que los lectores de la edición en papel no tienen porqué financiar la edición electrónica, en principio estamos de acuerdo, claro, pero esta verdad tiene dos vertientes, primero, que los costes de la versión electrónica son infinitamente menores, de hecho su producción es obligatoria para poder hacer la versión en papel y en segundo lugar, por la misma razón, nadie debería financiar nada que no le interese y los "raritos" a los que no nos gusta leer sobre deportes, estamos financiando durante muchas décadas más de un tercio de los costes de la producción del diario impreso; así que parece que no queda más remedio que hacer el periódico a la carta, algo difícil en papel.   

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