AGLI

Recortes de Prensa     Lunes 25 Noviembre  2002
La alternativa del Arriaga
Iñaki EZKERRA La Razón 25 Noviembre 2002

Autoridad de la Iglesia
PABLO MOSQUERA La Voz 25 Noviembre 2002

Obispos y puerco espines
Manuel Martín Ferrand La Estrella 25 Noviembre 2002

Dos iglesias, dos
Lorenzo Contreras La Estrella 25 Noviembre 2002

Las razones de la muerte
FLORENCIO DOMÍNGUEZ/ El Correo 25 Noviembre 2002

EL ETARRA SUICIDA
Juan Manuel DE PRADA ABC 25 Noviembre 2002

La cobardía nacionalista
Editorial El Ideal Gallego 25 Noviembre 2002

Ibarreche y los presupuestos
Editorial La Razón 25 Noviembre 2002

Un cerco sistemático
González Urbaneja La Estrella 25 Noviembre 2002

La Otan, el terrorismo y España
Miguel Ángel RODRÍGUEZ La Razón 25 Noviembre 2002

Un informe vinculado a las víctimas de ETA denuncia la creación de una «Batasuna estatal»
J. Arias Borque - Madrid.- La Razón 25 Noviembre 2002

Un detenido por kale borroka implica a Batasuna en su organización y financiación
BILBAO EL CORREO 25 Noviembre 2002

La Diputación de Álava estudia cómo combatir una posible reforma de la ley electoral a las Juntas Generales
Efe Vitoria Estrella Digital  25 Noviembre 2002

La alternativa del Arriaga
Iñaki EZKERRA La Razón 25 Noviembre 2002

La nueva FAES ha despegado con un seminario de Francisco José Vázquez, el alcalde de La Coruña, sobre la «Transición democrática en los ayuntamientos». El tema y su tratamiento no podían ser más oportunos, tanto por la proximidad de las municipales como por esa disparatada ofensiva de lbarretxe que es síntoma de que los nacionalismos han tocado techo no sólo en el País Vasco. Vázquez proponía en su ponencia la vía de las ciudades para frenar al nacionalismo, que es «ruralita» esencialmente, y denunciaba la dependencia que hoy sufren los ayuntamientos con respecto a los gobiernos autonómicos cuando son poderes locales que tienen su propia relación particular con el Estado según establece la Constitución.

El trabajo de Vázquez es una referencia porque conecta con el espíritu del tiempo que vivimos e ilumina lo que ya se está dibujando en España como una verdadera ideología. Anteayer tenía lugar en el teatro Arriaga de Bilbao una convención del PP de gran calado municipalista porque sentaba las bases de su programa electoral. Las ideas que flotaron en el aire no diferían en nada de las de Vázquez: la apuesta por una segunda descentralización que ya no sería la del Estado sino la de los poderes autonómicos, que son más centralistas que Franco. Lo que Antonio Basagoiti, el candidato a la alcaldía de Bilbao, llamó la «Alternativa del Arriaga» no era sino la reclamación por parte de los ayuntamientos del poder competencial que hoy detentan las administraciones autonómicas.
Hay, en efecto, unas transferencias que no están retenidas por el Gobierno central de Aznar sino por la Junta galega de Fraga, la Generalitat de Pujol y el Ejecutivo de Ibarretxe.

La «Alternativa del Arriaga» no sólo es una respuesta al nacionalismo que resulta más práctica que el «patriotismo constitucional» porque no se plantea en los mismos términos dramáticos (lo municipal es por naturaleza desdramatizador porque es lo doméstico y lo cercano), sino también la respuesta a ese Maragall que tracionó al barcelonismo que le dio su prestigio. Es la formulación de un «municipalismo asimétrico» porque obviamente el peso de esta respuesta lo llevarán las grandes ciudades, no los pequeños municipios.

La «Alternativa del Arriaga» es la España de las ciudades ante la Euskadi de los pueblos implícita en el plan nacionalista de cambiar la ley electoral en Álava para amordazar a Vitoria. Es un carpetazo a aquel «espíritu del Arriaga» que dentro de ese teatro Arzallus formuló en 1988 como un programa de convivencia y que traicionó en Lizarra. El «espíritu del Arriaga» se ha quedado después del sábado en el fantasma de la ópera.

Autoridad de la Iglesia
PABLO MOSQUERA La Voz 25 Noviembre 2002

COMO CIUDADANO y como cristiano me preocupa que la Conferencia Episcopal de mi nación tenga tantas dificultades para «consensuar» un documento público sobre el terrorismo. Claro que la historia reciente de ciertos prelados incide en esa ruptura del pensamiento sobre las razones últimas del terrorismo vasco que vulnera la libertad de la oposición al nacionalismo en Euskadi, pero que también llama la atención, desde el crimen y la espiral del miedo, en el resto de España.

Tengo la suerte de conocer a monseñor Blázquez. He compartido con él entrevistas, nada más llegar y ser señalado como un «agente» del Gobierno de España contra Setién, que venía a ser la cabeza visible de la Iglesia vasca. Blázquez tuvo la gallardía de estar presente en las calles de Bilbao, con los ciudadanos que compartimos el espíritu de Ermua, en el 97.

También he tenido graves discrepancias con Setién. Su teoría del «precio de la paz para Euskadi» es toda una novedad en materia de justificación de la violencia, o lo que es lo mismo, la paz sólo es posible si los no nacionalistas se acercan al mundo y las razones del nacionalismo, incluido el radical. A partir de ahí surge el problema: dónde está la responsabilidad moral del nacionalismo en la presencia del terrorismo, en la ideología que comparten, en las consecuencias que se viven con miedo a perder la vida y con la espiral del silencio, en esa sociedad que algunos convierten en pueblo-aldea profunda.

El obispo emérito es asesor en Ajuria Enea, y, como dice Javier Elzo, «le gusta la política más que comer con los dedos».

La Iglesia es mucho más que la celebración de misas y funerales, es poder sobre muchas personas, a las que lo mismo que un día se las convenció para emprender las cruzadas o para justificar la Inquisición, hoy se las puede alinear en la necesidad de conceder al pueblo vasco el derecho histórico a la independencia. Puede que se estén jugando su autoridad moral para con la sociedad de los españoles.

Obispos y puerco espines
Manuel Martín Ferrand La Estrella 25 Noviembre 2002

El maestro Jaime Campmany, ayer en ABC, se refería al reciente documento de la Conferencia Episcopal que condena el terrorismo con uno de sus brillantes hallazgos metafóricos: “Ese texto ha sido elaborado con el exquisito cuidado con que hacen el amor los puerco espines”. No me quito esa imagen de la cabeza mientras leo y valoro tan delicada pieza, modélica de la diplomacia clerical, que, aun siendo así, ha merecido el voto en contra de ocho de los obispos españoles —dicho sea lo de “españoles” sin vestigio de mala intención y sólo como referencia geográfica— y la abstención de otros cinco.

Es un mal asunto, síntoma de grave enfermedad, que una reunión de la Conferencia Episcopal encuentre mejor acomodo en las páginas de la política nacional de los diarios que en las dedicadas a la sociedad; pero así es en función de la Historia y en concordancia con los hechos. ¿Se puede separar el mal llamado “problema vasco” —es el mayor de los problemas españoles— de la actitud y de la conducta del episcopado y el clero de la región?

Nuestro muy lúcido Nicolás Salmerón, en 1871, poco antes de proclamarse la I República, dijo en el Congreso de los Diputados que “la religión convertida en medio político muestra la decadencia irremediable de la fe dogmática”. Ha pasado mucho tiempo, pero es muy poca la distancia que nos separa de tan notable federalista.

Parece ser que el cardenal Rouco Varela, con la ayuda del obispo de Pamplona, el muy templado Fernando Sebastián, es el artífice de la “Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias”, que ése es el rótulo del documento. Según fuentes episcopales discretas, es “una guía para todos los católicos”; pero el resultado de la votación entre los obispos nos invita a la duda, ¿no son católicos algunos de ellos?

¿Puede más en un prelado su componente nacionalista que su acatamiento al Quinto Mandamiento de la Ley de Dios?

La Iglesia, en su dimensión española, será santa, católica y apostólica —y podría discutirse, especialmente en el País Vasco y en Cataluña, la precisión de tan tradicionales adjetivos—; pero, después de la última sesión de la Conferencia Episcopal, sería gravemente injurioso afirmar que es una. Algo tendrían que decir desde el Vaticano sobre tan significativa ruptura de una de las notas claves en el funcionamiento y esencia de tan respetada Institución.

El artificialmente polémico texto de la Conferencia, el que rechazan nueve obispos y no asumen cinco —y catorce obispos son muchos incluso para España—, se limita a plantear una doctrina contraria a la violencia y, especialmente, adversa a su justificación por motivaciones ideológicas o morales. Una de dos, o el texto inspirado por Rouco, matizado por Sebastián y redactado por la comisión presidida por Eugenio Romero Pose —que, personalmente, me parece impecable— no alcanza la sutileza exigida por los prelados disidentes o abstencionistas, o esos prelados están fuera de la familia a que dicen pertenecer. Algo muy grave en cualquiera de los dos supuestos.

Si nos encontráramos ante un problema nuevo, reciente en el muestrario nacional, cabría la eximente de la perplejidad; pero, desgraciadamente, el terrorismo etarra es ya viejo y no es inexacto afirmar que “ETA nació en una sacristía”. La tibieza episcopal —que se hace calor según concentremos la observación en el mapa de España—, ¿es culpable? No me atrevería a decir que sí, pero tampoco a decir que no. A fin de cuentas, me falta experiencia en el arte amatorio de los puerco espines.

Dos iglesias, dos
Lorenzo Contreras La Estrella 25 Noviembre 2002

Era prácticamente imposible que la Iglesia española mantuviese por más tiempo su vieja ambigüedad en sus posiciones pastorales y doctrinales ante el problema del terrorismo etarra y el nacionalismo "totalitario". Pero tampoco era fácil que abandonara su antigua tendencia. Cuando los obispos vascos, en los primeros días de junio, arremetieron contra la ley de partidos y la ilegalización de Batasuna, el Gobierno montó en cólera, pero no fue muy diferente la actitud gubernamental y la de los representantes de los partidos a la vista del comunicado de la Conferencia Episcopal en apoyo y comprensión "corporativa" de sus colegas nacionalistas. Se trataba de un doble revés para las posiciones constitucionalistas.

El socialista Jesús Caldera recordó entonces que la Iglesia disfruta de "importantes privilegios" y, por otra parte, "se está alejando cada vez más de sus fieles". Carmelo Barrio, dirigente del PP vasco, comentó que "ya son muchas las coces que nos da la violencia, el nacionalismo, y ahora hay que sumar las coces de la Iglesia". Hasta Gaspar Llamazares, coordinador de IU, que sin duda se distanciaba de estas indignaciones, celebró que el Episcopado le propinara "una nueva colleja" al Gobierno. Aznar ya había hablado de la inmoralidad de la pastoral vasca, lo cual indicaba de paso su posición respecto a las comprensiones fraternales que destilaba el documento de los obispos "españoles".

Ahora la Conferencia Episcopal, mayoritariamente, aunque con el voto en contra de los obispos nacionalistas catalanes y vascos, ha dado un giro respecto a su línea anterior y ha comprendido que sus intereses, tanto espirituales como materiales, le aconsejaban cambiar de actitud no ya sólo en la terminología antiabertzale concomitante con ETA, sino también respecto al nacionalismo no violento, pero secesionista y excluyente. Y en este punto, como se sabe, estaba el factor de conflicto, hasta el punto de que el PNV ha reaccionado diciendo que el documento o instrucción pastoral de los obispos mayoritarios "huele a patriotismo constitucional". Nada digamos de los órganos de opinión abiertamente independentistas, como es el caso de Gara, para quien "la Iglesia española niega al pueblo vasco el derecho a decidir su futuro".

Hay que reconocerle a la situación creada un tajante y cortante valor esclarecedor. Se sabía que los obispos nacionalistas, sobre todo los vascos lógicamente, constituían la prueba de una división de la Iglesia. Pero ahora, con la instrucción pastoral de la Conferencia, lo que ha ocurrido es que se ha levantado acta de esa división. Será difícil que las cosas vuelvan a su cauce anterior en el sentido de las apariencias o valores convenidos. Ha habido una ruptura innegable. Han caído las máscaras y en el carnaval político-eclesiástico ya los dos grupos o sectores, incluidos los cinco "misteriosos" abstencionistas de la votación final, dejan de estar en condiciones de practicar la antigua impostura de la unidad fraterna.

Hay, por tanto, políticamente hablando, dos Iglesias. Una, la llamada española, con Rouco al frente, se reconcilia con el Gobierno y con los partidos constitucionalistas. Otra, la nacionalista, sobre todo la vasca, se adhiere definitivamente a las tesis independentistas y soberanistas del PNV, con Ibarretxe y Arzalluz en el puente de mando de tal empresa. Con lo cual, las Iglesias (valga el plural) se suscriben al poder político de turno, se aseguran las subvenciones respectivas, que los nacionalistas vascos ya disfrutaban por partida doble (Madrid-Vitoria) y "fidelizan" a sus clientelas en el orden doctrinal y en el económico-contributivo.

Que todo esto vaya a significar el comienzo del fin de la sinrazón conflictiva es harto dudoso en el terreno del problema vasco. La Iglesia, una y otra, no abandona a su Gobierno afín. La vieja creencia de que cuando la Iglesia abandona el barco, el barco se hunde, no funciona en esta coyuntura. Sencillamente porque lo que existe en el mapa es una reproducción a escala de la Santa Madre abrazada a sus queridos hijos, a sus diferentes proles, antes de que se concrete el riesgo de su emancipación filial.

Las razones de la muerte
FLORENCIO DOMÍNGUEZ/ El Correo 25 Noviembre 2002

Hace tres años un miembro de ETA con signos manifiestos de desequilibrio mental se quitó la vida en Rentería. Lizarra marcaba la impronta de la política vasca y el Gobierno de Ibarretxe en pleno se apuntó a un paro de diez minutos, no se sabe bien contra qué, si contra la locura o contra la tenencia ilícita de armas en manos de los terroristas potencialmente suicidas.

El sábado, otro miembro de ETA apareció muerto por aparente suicidio según todos los indicios. El Departamento de Interior reaccionó con serenidad y prudencia informando de lo que podía informar para evitar las tensiones sociales que otros casos parecidos han provocado en el pasado. Sin embargo, el titular de Justicia, Joseba Azkarraga, en vez de esperar a que la Justicia esclareciera el caso, optó por dictar su propia sentencia y buscar culpables: aquellos que habían criticado la decisión de excarcelar al fallecido. Lo malo de esta tesis es que no explica por qué el miembro de ETA se había intentado quitar la vida en otras dos ocasiones anteriores cuando estaba en prisión y nadie se había ocupado de su peripecia penitenciaria.

Además del consejero de Justicia, otros nacionalistas se han apuntado a la interpretación del 'linchamiento mediático'. Quienes sostienen esa tesis, para ser coherentes, tendrían que reconocer entonces que sus propias críticas contra otros colectivos pueden ser factor desencadenante de los atentados de ETA. Cuando se deslegitima, por ejemplo, a la Justicia porque no habla euskera ni es un 'poder vasco', ¿no se están dando razones para que alguien decida matar a tiros a esos jueces 'ilegítimos'? Los afectados opinan que sí. Y si hay relación entre las críticas a un auto judicial -aunque algunas hayan sido desmedidas y hayan estado fuera de lugar- y el suicidio, no será menor la relación que hay entre la descalificación brutal que algunos dirigentes nacionalistas han hecho de los medios de comunicación y los atentados que éstos han sufrido luego.

Esta consideración no debe ser tan descabellada cuando la semana pasada un escritor nacionalista lamentaba no poder polemizar en la prensa con Jon Juaristi por temor a que alguien lo considerara motivo para poner a este último en el punto de mira de las pistolas. Las palabras, en el País Vasco, nunca caen en el vacío y esa realidad no se puede ignorar.

Matar a alguien es sencillo, tan sencillo que hasta los miembros de ETA saben hacerlo. Es más difícil fabricar previamente las razones para el crimen, porque antes de quitarle la vida a alguien hay que eliminar las razones para respetársela. Las excusas están antes que las pistolas. Y ahí es donde intervienen a veces algunos que luego se llevan las manos a la cabeza por la sangre vertida.

EL ETARRA SUICIDA
Por Juan Manuel DE PRADA ABC 25 Noviembre 2002

CUANDO la juez Ruth Alonso decretó la libertad condicional para el etarra Ostoaga, autor de crímenes impávidos y horrendos, estalló un clamor popular, avivado por los medios de comunicación, al que me sustraje, por considerar que en él subyacía un fondo de hipocresía. Quizá la juez interpretó muy benignamente la ley (en su cómputo de los años de condena cumplidos por Ostoaga incluía un corto período consumido en prisiones francesas), pero por lo demás estaba cumpliendo escrupulosamente los dictados de un sistema de redención de penas y de cumplimiento de plazos que es el que hay. Digo que en el asunto subyacía un fondo de hipocresía porque, si la sociedad española en verdad se escandaliza de que los delincuentes más nefandos y contumaces puedan volver a pisar la calle en un término que se juzga indecoroso, debería demandar una revisión de la ley, y no desfogarse en ocasionales y estériles rasgamientos de vestiduras. Si la sociedad desea penas más duraderas, o incluso la instauración de la cadena perpetua, debería espantar el complejito y solicitar a sus representantes que promuevan las reformas legales pertinentes. Lo de convivir con el complejito, para hacernos pasar por la nación con el sistema penal más samaritano del mundo y dárnoslas de progres, para luego quejarnos jeremíacamente y a toro pasado, cuando el sistema se aplica en sus versiones más benignas, me produce una mezcla de asco y de lástima.

Sólo asco me ha suscitado, en cambio, el pronunciamiento de ese político vasco que ha exigido responsabilidades «a quienes, desde diferentes instituciones y medios de comunicación, han venido orquestando una campaña de acoso y derribo contra la concesión legal del tercer grado» al etarra. Un asco con doble motivo; pues a la tosquedad de establecer un vínculo tan grosero entre la «campaña» y el suicidio se suma la tosquedad intrínseca de andar buscando explicaciones a un acto que en sí mismo es trágicamente críptico. Si algún honor merece un suicida (aunque sea el más abyecto asesino) es el de que no andemos inquiriendo los motivos de su deserción de los vivos; él quiso llevarse ese dolor consigo, encerrarlo dentro de sí, para hacerlo mudo y eterno, y así debemos dejarlo, por respeto a quien adoptó la resolución más destructiva de cuantas puede adoptar el libre albedrío del hombre. En esta tesitura fatal, hasta el criminal más recalcitrante merece el beneficio de nuestro piadoso silencio. Causas poderosísimas debían merodear a Ostoaga, sin duda, para descerrajarse un tiro que cercena su vida (y la posibilidad de redimirla) y certifica su condenación en ultratumba. Puestos a imaginarlas, juzgo más plausible que esa «campaña de acoso y derribo» a la que se refería el político vasco el recuerdo de la sangre vertida gravitando sobre sus insomnios, como un planeta de órbita siempre repetida que reclama una expiación. Shakespeare nos habla en Macbeth de esta presencia martirizante de la sangre, que nunca se lava ni empalidece, por mucho que nos esforcemos en lavarla con los jabones del olvido.

Cualquier intento de explicar un suicidio resulta baldío, insatisfactorio y, a la postre, vejatorio para quien lo perpetró, pues con su abrupta despedida del mundo el suicida anhelaba, precisamente, escapar de la inquisición y el flagelo de ese mundo, convertido ya para siempre en un reducto hostil. Hace falta ser muy valiente, valiente hasta lo sobrehumano, o muy cobarde, cobarde hasta extremos de abyección, para suicidarse; en uno u otro caso, nos estamos refiriendo a una criatura que ha elegido un destino separado del común de los mortales, un destino de arisca e intacta soledad que no podemos perturbar con explicaciones banales. Y mucho menos tan mezquinas como las de ese político vasco de cuyo nombre no puedo acordarme.

La cobardía nacionalista
Editorial El Ideal Gallego 25 Noviembre 2002

Una muerte siempre es dolorosa y más si se trata de un suicidio, pero cuando alguien intenta sacar partido de un fallecimiento, el sentimiento de pena queda relegado a un segundo plano y la primera percepción es la de la bajeza moral que demuestran quienes quieren aprovecharse del óbito. Esa lamentable vía es la que han elegido los dirigentes de Batasuna y del PNV respecto al etarra Félix Ramón Gil Ostoaga, cuyo cadáver apareció el sábado en la localidad guipuzcoana de Legazpia con un disparo en el pecho.

Que el brazo político de ETA califique de héroe al terrorista y culpe al PP y al PSOE de su muerte no puede extrañar a nadie, ya que su percepción de la realidad está cada día más deformada, pero que el partido de Xabier Arzalluz haga lo mismo sí es inquietante. Porque, además, quienes han hablado no son unos militantes de base, sino el consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, y el portavoz en el Congreso, Iñaki Anasagasti, dos de los más destacados representantes de la doctrina oficial del PNV. Atribuir la responsabilidad del suicidio de Gil Ostoaga a quienes criticaron que se le concediera el tercer grado penitenciario es repugnante y demuestra el nivel de cobardía al que pueden llegar los que se dicen nacionalistas democráticos, pero que cada vez están más próximos a los nazis que quieren imponer en el País Vasco la dictadura del terror.

Ibarreche y los presupuestos
Editorial La Razón 25 Noviembre 2002

Mientras el presidente de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Juan José Ibarreche, se pasea por el mundo a costa del erario público para «vender» su plan soberanista, el Tribunal Constitucional estudia el recurso presentado por el Gobierno central contra las insólitas prórrogas presupuestarias a las que ha tenido que recurrir el ejecutivo vasco desde el año 2000. Un pacto con Batasuna sólo le permitió aprobar el 67 por ciento del gasto vasco para el presente ejercicio. No existe jurisprudencia para una situación tan peculiar, pero la doctrina política más al uso señala que si un parlamento, en este caso el del País Vasco, no es capaz de controlar la gestión del ejecutivo, es decir, de fiscalizar el presupuesto, lo más oportuno sería que se disolviera para convocar elecciones anticipadas. Ibarreche ya acortó la legislatura anterior, sin que el resultado de las urnas resolvieran el ajustado equilibrio de fuerzas. Ahora, más pendiente de desarrollar su proyecto soberanista que de la inaplazable regularización presupuestaria, pretende agotar los plazos con una tercera prórroga de las cuentas vascas que, sin duda, perjudicará a los administrados.

La decisión del Constitucional pende, pues, como una espada de Damocles sobre el ejecutivo vasco. En Madrid, arrepentidos de no haber pedido la suspensión cautelar de los Presupuestos de 2002, no se piensa en dejar pasar otra oportunidad. Tal vez los resultados de las elecciones municipales del próximo 25 de mayo ayuden al lendakari a salir de dudas.

Un cerco sistemático
González Urbaneja La Estrella 25 Noviembre 2002

Tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco (han pasado ya más de cinco años) la sociedad se lanzó a la calle y gritó como nunca lo ha hecho ¡Basta ya! ETA se sintió en las cuerdas, el nacionalismo vasco tomó nota y temió por su propio futuro. Luego vino la tregua, Lizarra-Estella, y las elecciones del pasado mayo. Los nacionalistas se han acercado unos a otros hasta abrasarse, y los no nacionalistas se han acercado hasta crear un bloque que parece bloque. Hasta los obispos han bajado del guindo y han entrado en detalles, tantos detalles que quienes están cerca del problema no se atreven a llegar hasta donde deberían, no aceptan que en situación de violencia criminal todo lo demás decae.

Y desde entonces el estado de derecho ha dado pasos inequívocos para arrinconar a los violentos. Populares y socialistas han ido de la mano en lo fundamental por convicción de sus líderes. Y el resultado de todo eso se traduce en la ley de partidos, en el aislamiento de todo aquel que se muestra complaciente o tolerante o comprensivo con los terroristas; se traduce en las actuaciones de la Audiencia Nacional, del juez Garzón y de la Fiscalía, que completan un colosal expediente para dibujar todo el contorno de ETA, los terroristas y sus soportadores, cómplices o ayudantes.

La intervención de cuentas bancarias, el cierre de sedes y establecimientos, la prohibición de asociaciones y organizaciones, las extradiciones, una mayor eficacia policial e incluso la presión mediática y política... todo ello ha achicado el espacio del terrorismo y también del nacionalismo que anda con rumbo escorado hacia no sabe bien dónde.

Estamos ante un cerco sistemático de todo lo que hay delante y detrás y dentro del terrorismo, que revela una firmeza y una estrategia, que no se anda con contemplaciones a la hora de modificar leyes y normas y que se mueve en el ámbito de la legalidad pero sin vacilación en los casos en que tropieza con los límites.

El resultado de todo ello es que el desafío de los violentos se percibe en retirada. La calle ya no es de ellos, sus movimientos se hacen más difíciles, los errores más notorios; unos escapan y otros vuelven esposados por la eficacia de las reclamaciones de extradición. Los etarras empiezan a sentir que no hay tierra de promisión, que no hay estación término, que no hay paz con alguna brizna de dignidad.

Y en la estrategia de cerco al contorno de los asesinos, de quitar oxígeno a la organización terrorista, quedan algunos territorios sin tocar pero que todo indica que están en la agenda y que pronto emergerán a la actualidad. En primer término, el sistema penitenciario aplicado a los terroristas condenados, que se ha caracterizado por una singularidad y templanza que se compadece muy mal con la magnitud de los crímenes. La generosidad antes del arrepentimiento no es propio de regímenes democráticos o compasivos, sino más bien de acomplejados carentes de autoestima o seguridad en sus propias convicciones.

Un segundo espacio que sigue intacto es el sindical, quizá uno de los barrios del movimiento del que es vértice ETA con una estructura más armada y poderosa. El sindicato LAB e incluso algunos ámbitos de ELA acreditan a lo largo de su historia unas relaciones con el entorno etarra que merecen clarificación. Sospecho que la hora para esta asignatura ha llegado y que las futuras actuaciones judiciales intentarán introducir más luz y más datos en ese terreno. El cerco a los violentos tiene que ser sistemático y sin fisura, y todos cuantos cosechan de la leña que hacen los terroristas deben responder por ello.                    FG.urbaneja@terra.es

La Otan, el terrorismo y España
Miguel Ángel RODRÍGUEZ La Razón 25 Noviembre 2002

La OTAN está decidida a hacer frente los terroristas con todo su poder. Pero meter al Ejército en la lucha antiterrorista no parece la mejor opción de partida. Sobre todo en países como España, que lleva años luchando contra esa mafia. Que la lucha antiterrorista pase de la coordinación de los ministerios de Interior y de Justicia de todos los países de Occidente a la jerarquía de los ministerios de Defensa debería ser debatido con más tranquilidad de la que parece estar dispuesto a permitir Bush. La prueba es clara: tras el 11-S, todos los aeropuertos occidentales se convirtieron en una locura colectiva. Menos en España: llevamos tantos años buscando bombas y alijos de droga entre las maletas, que la mayor parte de las medidas de seguridad que proponían los demás ya estaban al uso, algunas, mejoradas. El modo de actuar en España, con impecable cuidado hacia los ciudadanos inocentes, no es mal ejemplo para la OTAN en la lucha contra el terrorismo. Es más, si no fuera por causas políticas y el desorden de la Iglesia Católica, ETA ya no existiría. La lucha contra el terrorismo es imprescindible. Pero aún lo es más mantener nuestra sociedad dentro de la la Democracia, la Libertad y la vida saludable. Y no está muy claro que los ejércitos velen por los derechos de los ciudadanos libres antes que por cumplir sus deberes ¬cosa que suelen hacer a tortas y a bombas¬. ¿El Ejército contra los terroristas? Deberíamos hablarlo.

Un informe vinculado a las víctimas de ETA denuncia la creación de una «Batasuna estatal»
El proyecto, según afirman, lo configurarían sindicatos nacionalistas y de extrema izquierda
Un conjunto de sindicatos nacionalistas y de extrema izquierda están gestando una «Batasuna estatal» que tenga una «mayoría social» que apoye en un momento dado la apertura de procesos soberanistas y a la que se uniría la creación de un partido radical con presencia en todo el Estado, según revela un informe próximo a la AVT en Cataluña. Según el mismo, el embrión, que ha surgido en Cataluña, se ha establecido ya en todo el territorio y actúan bajo la apariencia de sindicatos moderados, ya que como revela este informe «los afiliados no tienen porqué conocer el proyecto político».
J. Arias Borque - Madrid.- La Razón 25 Noviembre 2002

Pequeños sindicatos de extrema izquierda y nacionalistas, están trabajando en la consolidación de un entramado de centrales que desembocaría en la creación de una «Batasuna estatal», según revela un informe elaborado por personas próximas a la AVT en Cataluña y al que ha tenido acceso la razón. El embrión originario proviene de Cataluña. Según revela este informe, «durante años en esta región no ha cuajado ningún sindicato independentista debido a los orígenes inmigrantes de la mayoría de los trabajadores catalanes. Los independentistas radicales, de ideología leninista, en la mayor parte de los casos, se plantearon este problema como la «gran asignatura pendiente» cuyo aprobado es condición «sine qua non» para constituir un partido radical fuerte. «La opción de fundar un sindicato independentista no ha funcionado, y tampoco la estrategia de influir desde dentro de los grandes sindicatos, a pesar de que tienen lobbys que obstaculizaron, por ejemplo, la firma del pacto antiterrorista».

De apariencia moderada
Según un nexo del mencionado informe, en un documento del grupo radical MDT (Movimiento de Defensa de la Tierra), que ha llegado a pedir el voto para Herri Batasuna, a finales de los ochenta ya se planteaba la necesidad de fundar un sindicato cuyos dirigentes fueran independentistas: «no ha de ser necesario que sea explícitamente independentista, dado que habrá de abarcar a toda la clase obrera de Cataluña... aunque, eso sí, la mayoría de los sindicalistas serían independentistas, pese a que muchos afiliados no lo sean».

Según este informe, «la idea que exponen es crear un sindicato aparentemente moderado, donde todas las ideas tengan cabida, pero cuyos líderes y cuadros principales deben ser independentistas». Esa idea es recogida posteriormente en un documento llamado «Haciendo Camino», al que ha tenido acceso la razón y que culmina con el «Proceso de Vinarós», una reunión del movimiento radical extraparlamentario de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares y que ve con buenos ojos su salida del ostracismo aprovechando el fin de la era de Pujol. Es en este documento en el que se asientan las bases de la creación de un entramado de sindicatos aparentemente moderados, pero con líderes radicales, que deben operar en sus respectivas regiones. El sindicato base sobre el que se cimienta el proceso es la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza (STEs).
Según recoge «Haciendo Camino», «cada STE, en la medida de sus posibilidades, debe tomar la iniciativa y afrontar el compromiso de crear y dinamizar la coordinación estable de las organizaciones sindicales afines que actúen en cada territorio con el objetivo explícito de confluir en el tiempo, en la medida en que maduren las condiciones y los planes de convergencia en fórmulas más orgánicas que consoliden una respuesta global e intersindical desde el sindicalismo autónomo no burocrático». El documento cita expresamente a la Intersindical Alternativa de Cataluña (IAC) y a la Intersindical Andaluza, en cuyos procesos de formación ha estado presente LAB.

La importancia de esta fusión sindical se recoge en el número de noviembre de 1998 de la revista radical «Lluita», en la que se afirma que «para entender el Tratado de Estella hemos de retroceder hasta el proceso de gestación de una mayoría social emergente en clave de soberanía que tuvo su origen en los acuerdos sindicales ELA-LAB».
Aquí es donde se descubre el objetivo que se persigue con la creación de esta «Batasuna estatal», que según este informe no es otro que partiendo de la capacidad de convocatoria de los sindicatos, poder apoyar la apertura de procesos de autodeterminación y que además concluiría en la creación de una organización política radical de fuerte implantación en todo el territorio. Como ejemplo de actuación se toma el caso de Cataluña, en el que tras la fusión entre STE Cataluña y el sindicato USTEC se ha creado la IAC, Intersindical Alternativa de Cataluña, de la que forman parte la Candidatura Autónoma de Trabajadores de la Ad- ministración de Cataluña (CATAC), los Colectivos Asamblearios de la Universidad (CAU), y la fusión entre la Unión Sindical de los Trabajadores de la Enseñanza de Cataluña (USTEC), y la federación regional de STEs, que ya funcionan bajo la sigla de USTEC-STEs. La IAC está coordinada, además, con la Coordinadora Obrera Sindical (COS), central que la banda armada Terra Lliure calificaba como «organización sindical propia». Además, no se descarta que todas estás organizaciones confluyan en otra, mucho más amplia, en la también se integrarían la Intersindical CSC y la Federación de Trabajadores de Cataluña (FTC).

Según documentos anexos, la existencia de este proyecto fue puesta de manifiesto por el secretario general de la COS, Joan Pujol, en verano de 2000. Pujol reconoce en una entrevista en la revista independentista «Poble Insurgent», que desapareció en julio, haberse integrado en la IAC y formar parte de una «intersindical estatal» con el sindicato abertzale LAB como socio vasco.

Intersindicales creadas
La implantación de este entramado radical es ya patente en toda la geografía. El grupo principal sobre el que se cimienta, la Confederación STEs, está presente en todo el Estado, donde ya ha empezado a crear otras intersindicales. Ejemplo de ello es el trabajo en común con la Confederación Intersindical Gallega (CIG), o la creación de las Intersindicales de Andalucía, Canarias, Aragón y Comunidad Valenciana. En la primera participan, además de la Ustea (re- presentante de STEs), el Sindicato de Obreros del Campo (SOC), el Sindicato Unitario Andaluz de Trabajadores (SUAT), y el Sindicato Unitario de Huelva (SUH). En la intersindical canaria, por ejemplo, colaboran STEC (Confederación STEs), el Sindicato Obrero Canario (SOC), la Confederación Autónoma Nacionalista Canaria (CANC), la Confederación Canaria de Trabajadores (CCT), el Sindicato Canario de la Salud (SCS) y el Sindicato de la Administración Local (SCAL).

La intersindical vasco-navarra
Existen otros proyectos que están puestos en marcha. la razón ha tenido acceso a un documento elaborado por el sindicato abertzale LAB, que bajo el título «Hacia una conferencia intersindical de Euskal Herría. Por una estrategia sindical para el proceso soberanista», afronta la puesta en marcha de la intersindical de la comunidad vasca, en la que se incluye el ámbito territorial de Navarra. En esta posible intersindical, y siempre según indica este documento, fechado el pasado 3 de abril de 2001 en Guernica, estarían incluidos los sindicatos LAB, EHNE, ELB, ESK-CUIS, HIRU y STEE-EILAS (nombre que recibe la federación de STEs en la comunidad vasca y en Navarra). Se da la casualidad de que todos estos sindicatos fueron firmantes del Tratado de Estella.

Un detenido por 'kale borroka' implica a Batasuna en su organización y financiación
Jon Crespo declara ante el juez que miembros del partido radical les daban dinero y prestaban locales
BILBAO EL CORREO 25 Noviembre 2002

El presunto colaborador de ETA Jon Crespo, en prisión desde el pasado lunes por su presunta relación con la banda terrorista y la acusación de perpetrar actos de violencia callejera, declaró ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios que miembros de Batasuna le proporcionaron dinero, material y locales para la organización de sabotajes y algaradas. Esta es la primera imputación de este tipo contra el partido radical que surge de un detenido por 'kale borroka'. El arrestado no realizó su confesión en dependencias policiales, sino que prefirió hacer la acusación contra la formación liderada por Arnaldo Otegi -suspendida por orden del juez Garzón- cuando ya se encontraba en los juzgados, asistido por un abogado de oficio, según han señalado a este periódico fuentes judiciales.

Crespo fue arrestado por la Ertzaintza el 13 de noviembre en Galdakao, dentro de una operación más amplia en la que la Policía vasca desmanteló dos 'grupos Y' que operaban en el Valle de Arratia y el Duranguesado. A los taldes se les atribuyen una treintena de sabotajes y algaradas cometidos en diferentes puntos de Euskadi en los últimos años. Cuatro personas, incluido Jon Crespo, ingresaron en prisión por estos hechos.

En su declaración judicial, Crespo aseguró que un miembro de Batasuna en Bilbao se ponía en contacto con un joven que formaba parte de su grupo de 'kale borroka'. Esta misma persona de la coalición facilitaba los artefactos explosivos caseros «cuando hacía falta», o bien «le daba dinero» al componente de su talde «para que comprasen ellos» el material y preparasen las botellas incendiarias. El encarcelado no detalla qué cantidad de dinero les entregaba para estas operaciones.

Según su testimonio, los responsables de Batasuna les proporcionaban también material de guerrilla urbana, que ellos escondían en un zulo de Galdakao. Crespo afirma que «gente de HB de Bilbao» les entregó tirachinas y bolas de acero, así como potasa, un ingrediente de los artefactos químicos que aumenta la potencia destructiva de un 'cóctel molotov'. Los miembros del talde fabricaron su escondite a principios de 2001, aunque, según la declaración del detenido, nunca llegaron a utilizar los objetos que ocultaron en su interior.

El arrestado, no obstante, sí reconoce haber empleado para ocultar el material de 'kale borroka' «una lonja propiedad de Batasuna en Galdakao». Crespo describe ante el juez cómo este local era utilizado por el partido «para hacer pancartas, papeles o propaganda» y especifica incluso que escondían «guantes de látex y algunos 'cócteles'» en una estantería.

La infraestructura de Batasuna también fue presuntamente empleada por el 'grupo Y' de Jon Crespo en marzo de 2000 para amenazar por carta al edil del PP en Galdakao Ricardo Gutiérrez Solana, en una maniobra que intentaba atemorizar también a los vecinos del concejal. Las personas que residían en el mismo edificio que Solana recibieron una misiva anónima en la que se les pedía que «expulsasen del barrio» al político si querían evitar «sufrir algún daño».

«El concejal -escribían los autores- es objetivo directo de nuestras acciones». En las mismas fechas en las que se envió el escrito, una veintena de personas de la izquierda abertzale se reunía de manera intermitente ante la casa del edil en protesta por la situación de los presos de ETA.

«En una lonja de HB»
Según la declaración de Crespo, las cartas amenazantes «fueron elaboradas en la lonja de HB de Galdakao» y, posteriormente, se imprimieron «en un ordenador que tiene el partido en otro local». Con estas coacciones, aclara el detenido, «sólo pretendía asustar» a Gutiérrez Solana, «o como mucho, hacerle un pintada de 'asesino'».

La decisión de atemorizar al concejal de Galdakao, no obstante, fue una decisión propia del talde de Crespo. «No se nos ordenó amenazar a nadie. El objetivo lo elegimos nosotros», explica. En varios puntos de su confesión ante el juez, el acusado insiste en que el grupo de alborotadores era autónomo a la hora de decidir qué sabotajes debía llevar a cabo, aunque en la 'labor' de marcar cuáles debían ser los blancos de los ataques participaba también una persona que, según admite el detenido, mantenía contactos «con gente de HB de Bilbao».

Jon Crespo trasmitió a la magistrada un pormenorizado relato de las acciones en las que tomó parte, entre ellas, un sabotaje perpetrado contra la redacción central de EL CORREO en Bilbao, en cuyo transcurso los radicales arrojaron una veintena de artefactos incendiarios contra las oficinas de este diario mientras treinta personas se encontraba trabajando en su interior.

Asimismo, Crespo reconoció su intervención en otras doce acciones, entre las que destacan un intento de quemar la comisaría de la Ertzaintza en Galdakao o el lanzamiento de cerca de cuarenta artefactos incendiarios contra el cuartel de la Guardia Civil de Galdakao en la Nochevieja de 1999, que causaron quemaduras leves a un agente.

La Diputación de Álava estudia cómo "combatir" una posible reforma de la ley electoral a las Juntas Generales
Rabanera dice que la intención del PNV es "alterar el resultado" de las próximas elecciones
Efe Vitoria Estrella Digital  25 Noviembre 2002

El diputado general de Alava, Ramón Rabanera, avanzó ayer que ha encargado a los servicios jurídicos de la institución que preside el estudio de todas las iniciativas posibles para "combatir" una posible reforma de la ley de elecciones a las Juntas Generales planteada por el PNV. Rabanera realizó este anunció en el transcurso de su intervención en el pleno de Santa Catalina (debate de política general) de las Juntas Generales de Alava, que hoy proseguirá con los discursos de los grupos junteros.

El diputado general de Alava consideró un "intento de fraude ético y de ley" la posibilidad de que el PNV pueda plantear en el Parlamento Vasco la reforma de la ley electoral a las Juntas Generales de Alava, con el fin de dar un mayor peso al territorio, en detrimento de la capital, gobernada actualmente por PP-UA.

El objeto de esta propuesta del PNV es, a su juicio, "alterar el resultado" de las próximas elecciones forales y "evitar que los constitucionalistas sigamos gobernando en esta provincia, tal y como desean la mayoría de los alaveses", así como "acallar las discrepancias"

En este sentido, anunció que ha encargado a los servicios jurídicos de la Diputación el estudio de todas las iniciativas posibles para combatir esta pretensión del PNV.

Así, dejó claro que la institución foral arbitrará todas las vías legales que sean oportunas para "impedir que se vulnere el Estatuto, que se vulnere la foralidad y que se vulnere la proporcionalidad en la representación de todos los alaveses"

Con ello, tratará de impedir "estrategias que nos conduzcan a un enfrentamiento entre las zonas rurales y urbanas de este territorio" que, según dijo, "es el único ámbito de enfrentamiento que aún quedaba por agitar en este País Vasco".

Ante esto, indicó que "cada vez es más claro que es necesario que Alava disponga de una voz que exprese la singularidad del territorio y evite los atropellos", al tiempo que subrayó que la Diputación de Alava, "desde la lealtad a la Constitución y al Estatuto, va a seguir siendo la voz de los alaveses".

En su discurso, también tuvo un apartado destacado la denuncia del terrorismo de ETA que, para Rabanera, es el primer problema de los vascos.

Destacó que, "en Alava, se ha acabado la época en la que las víctimas de ETA eran también víctimas de una sociedad insolidaria" e hizo hincapié en que los alaveses no vamos a permitir que se nos obligue a asumir una doctrina que no se asemeja ni a nuestra historia ni a nuestra forma de pensar".

En esta línea, advirtió de que la alteración del modelo estatutario supondría una "deriva" a la que muchos ciudadanos vascos y una mayoría de alaveses "no otorgaría el respaldo que obtuvo el modelo político actual".

Opinó que cualquier iniciativa que se proponga, en relación a la propuesta de libre asociación del País Vasco al Estado del lehendakari, Juan José Ibarretxe, "nunca podrá aplicarse sin la voluntad de los alaveses", ya que "Euskadi no se puede hacer sin Alava y, mucho menos en contra de la voluntad de Alava".

Así, invitó a todos los responsables políticos a que defiendan sus opiniones "haciéndolas compatibles con unos mínimos, a los que todos debemos respeto y que están muy bien expresados en el Estatuto".

En el terreno de la gestión, destacó los buenos resultados económicos y de empleo de Alava, así como las inversiones realizadas par establecer un "sistema estructurado de planteamiento territorial que compense el peso de la capital sobre el conjunto de la provincia".

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