AGLI

Recortes de Prensa     Viernes 27  Diciembre  2002
Daños colaterales
Aleix VIDAL-QUADRAS La Razón 27 Diciembre 2002

Cumplimiento íntegro de una promesa electoral
EDITORIAL Libertad Digital 27 Diciembre 2002

Terrorismo y código penal
Editorial La Razón 27 Diciembre 2002

La moral de los buitres
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 27 Diciembre 2002

Manifestación-trampa
Cartas al Director ABC 27 Diciembre 2002

Al fin, promesa cumplida
CARLOS DÁVILA ABC 27 Diciembre 2002

Víctimas y homenajes
VIKY URIARTE GARAY Y TERESA DÍAZ BADA/ El Correo 27 Diciembre 2002

Daños colaterales
Aleix VIDAL-QUADRAS La Razón 27 Diciembre 2002

Cuando la legítima confrontación entre partidos se encona por encima de cierto nivel de virulencia, se corre el peligro de causar un estropicio no deseado por ninguno de los dirigentes en liza. La catástrofe del «Prestige» ha vuelto a traer a la palestra el problema de la correcta administración del combate político en las democracias civilizadas. Todo el mundo sabe que a la hora de vaciar el agua sucia de la bañera conviene estar atento a que no se vaya el niño por el desagüe.

Sin duda, los socialistas, encelados ante lo que han percibido como una oportunidad de oro para cavar la tumba electoral del Partido Popular, se han esforzado en infligir el mayor castigo posible a la mayoría en el poder procurando presentarla como lenta, mendaz, ineficaz e insensible. Tampoco parece descabellado suponer que la espina que llevan clavada desde la etapa de durísima oposición que sufrieron en los años del 93 al 96 ha actuado de aguijón a la hora de endurecer la contundencia de las críticas. El alud que les cayó encima en su etapa final piensan seguramente que les legitima ahora para repartir estopa sin misericordia.

Si embargo, existe una diferencia considerable entre ambas situaciones. En su último empujón para desalojar al PSOE de La Moncloa, los populares, incluso en los momentos álgidos de su desatada ferocidad, jamás dieron argumentos a los nacionalistas que debilitasen la estabilidad del edificio constitucional. Más bien incurrieron en el pecado contrario, cosa que les acarreó algunas incomodidades en el momento de buscar apoyos parlamentarios en su primera legislatura en el gobierno. No parece que los estrategas de Ferraz estén cuidando este aspecto de la cuestión en el contexto presente.

Cuando los ministros del PP visitan Galicia en estos oscuros días de temporales en el mar y oleadas de fuel sobre las playas, un grupo de apenas un centenar de personas les espera a la entrada de los actos o reuniones de su programa para cubrirlos de invectivas, desagradable escena que después resulta convenientemente repetida y magnificada en determinadas cadenas de televisión. Pues bien, el insulto que más abunda entre el selecto florilegio que les dedican estos contestatarios itinerantes, es el de «español». Hete aquí que un exceso de celo de la alternativa democrática en su labor de control del Ejecutivo produce una consecuencia no prevista por sus causantes: el aprovechamiento del choque entre las dos grandes fuerzas nacionales por los secesionistas gallegos atribuyendo al Estado central una supuesta incapacidad de resolver los problemas de su Comunidad.

Se dirá que semejante efecto perverso no es culpa de Rodríguez Zapatero ni de Pérez Touriño, sino exclusivamente del Bloque y sus adherencias extremistas. Puede ser, pero está demostrado que la falta de intención de provocar daños colaterales no exime de la responsabilidad de sus nefastos resultados.

Cumplimiento íntegro de una promesa electoral
EDITORIAL Libertad Digital 27 Diciembre 2002

Han tenido que pasar casi siete años –y, por desgracia, más de cuarenta muertos– para que el PP se decida a hacer realidad una de sus promesas electorales más emblemáticas: el cumplimiento íntegro de las penas para los delitos de terrorismo. Ha sido precisamente Iñaki Anasagasti, el portavoz del PNV en el Congreso –del adversario, el consejo–, quien se ha encargado de recordar que “no es nada nuevo, Aznar lo quiso hacer en 1996, pero como no tenía mayoría absoluta no lo pudo llevar a cabo”. Aunque también hay que decir que el PP lleva casi tres años disfrutando de la mayoría absoluta –precisamente los más escasos en reformas y los más claudicantes ante los poderes fácticos– que muy bien podría haber empleado –sobre todo después del Pacto Antiterrorista con el PSOE– en llevar a término una reforma que hace ya mucho tiempo viene demandando la inmensa mayoría de la sociedad española, y especialmente las víctimas del terrorismo.

Al parecer, España, según José María Aznar, “se ha sacudido los complejos que dejaban impunes el terrorismo callejero, la exaltación del terrorismo y la humillación de las víctimas”. Aunque sería quizá mucho más exacto decir que ha sido la clase política –especialmente el centro-derecha– la que se ha liberado de la inercia claudicante ante los nacionalistas, con quienes se consensuaban las líneas generales de la política antiterrorista hasta que decidieron quitarse la careta de demócratas en Estella. La sociedad española hace ya mucho tiempo que clama por una actitud severa para con los terroristas, que sea acorde con la gravedad de sus crímenes.

Y ha sido precisamente cuando se ha empezado a hacer lo contrario de lo que los nacionalistas recomendaban –es decir, dispersar a los presos etarras, intensificar la “solución policial” e ilegalizar Batasuna– cuando la capacidad asesina de ETA y los desórdenes callejeros han experimentado una dramática disminución. La dispersión de los presos ha permitido a muchos de ellos empezar a recuperarse del lavado de cerebro y de la constante presión intimidatoria a que se veían sometidos por parte de la dirección etarra –no hay que olvidar el caso de Yoyes. La eficacia de las Fuerzas de Seguridad del Estado ha reducido sensiblemente tanto los atentados de ETA como la esperanza de una inverosímil “solución política” a la dictadura de las pistolas y los coches-bomba, anhelada tanto por ETA-Batasuna como por el PNV. En cuanto a la ilegalización de Batasuna, no sólo no ha provocado una “fractura social” –en palabras de los popes del nacionalismo vasco– sino que ha hecho disminuir sensiblemente el número de las algaradas callejeras que protagonizaban los miembros y simpatizantes de ETA-Batasuna, quienes no se distinguen precisamente por su “valentía” cuando caen en manos de la Policía o de la Guardia Civil.

Quedaba por cubrir únicamente el flanco jurídico-penal para que la lucha contra el terrorismo pudiera dar todos sus frutos. Sin perder de vista las pifias de la Audiencia Nacional, han sido los jueces de vigilancia penitenciaria quienes en gran medida han embotado el filo de la Justicia al aplicar mecánicamente a los terroristas las disposiciones del Código Penal relativas a los beneficios penitenciarios. Concretamente, una interpretación abusiva del Art. 78 “... el Juez de Vigilancia Penitenciaria, valorando, en su caso, las circunstancias personales del reo, la evolución del tratamiento reeducador y el pronóstico de reinserción social, podrá acordar razonadamente, oído el Ministerio Fiscal, la aplicación del régimen general de cumplimiento”, donde ese podrá se ha transformado de facto en deberá, ha sido la responsable –entre otros muchos casos– de que el guardia civil Antonio Molina tuviera que entregar su vida para que unos asesinos que deberían haber estado en la cárcel no sembraran de cadáveres las navidades madrileñas.

Por desgracia, una vez más se demuestra que los poderes públicos casi nunca reaccionan enérgicamente ante los problemas hasta que sus consecuencias, además de ser dramáticas, adquieren tintes esperpénticos. Véase si no el caso de Roldán, quien disfruta de beneficios penitenciarios cuando aún le queda por devolver el 90 por ciento de lo que robó y que servirá de referencia para la otra vertiente de la reforma del Código Penal, cuyo anteproyecto presentará el Gobierno el próximo 3 de enero: la imposibilidad de acceder a beneficios penitenciarios hasta que no se reintegren los fondos sustraídos en el ejercicio de un cargo público.

Con todo, nunca es tarde para rectificar, y es preciso felicitar al Gobierno por su iniciativa y por la celeridad con que la pretende llevar a cabo. Sólo queda esperar que el PSOE, molesto porque Arenas no ha convocado al efecto una reunión del Pacto Antiterrorista, se abstenga poner obstáculos, de exhibir remilgos o de buscar segundas intenciones a una reforma tan necesaria como inexplicablemente preterida, de cuyo retraso también es responsable, como mínimo en la misma proporción que el PP.

Terrorismo y código penal
Editorial La Razón 27 Diciembre 2002

Uno de los mayores asesinos en serie que ha padecido España, el etarra Henri Parot, autor, entre otros muchos crímenes, de la muerte de una docena de niños, fue condenado por nuestros tribunales a más de dos mil años de cárcel. Los juristas calculan que obtendrá la libertad dentro de dos años, tras haber cumplido apenas quince de prisión. Con la próxima reforma del Código Penal, anunciada en septiembre y lista para el Consejo de Ministros del 3 de enero, se quiere evitar que España sea el país «donde más barato sale el ser terrorista», según expresión del propio ministro de Justicia, José María Michavila.

Para individuos como Henri Parot, juzgado bajo una ley anterior, la medida llega tarde. Este asesino se beneficiará de un ordenamiento jurídico mucho más abierto, que los propios terroristas, con sus bombas y sus pistolas, nos han obligado a endurecer.

La reforma, sin embargo, intenta mantener el espíritu que la pena de prisión, como instrumento de reinserción social, tiene en nuestro ordenamiento constitucional. Así, el cumplimiento íntegro, sin posibilidad de acogerse a beneficios penitenciarios, se aplicará a quienes hayan sido condenados a más de sesenta años de cárcel; cautela legislativa que, en principio, parece suficiente. De haber tenido antes este instrumento legal, Parot, y otros de su misma especie, tendrían aún otros dieciocho años para reflexionar entre rejas sobre el precio del asesinato.

La moral de los buitres
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 27 Diciembre 2002

Tiene razón Rodríguez Zapatero cuando dice en El Mundo que la libertad de expresión atraviesa en España, gracias a José María Aznar y sus gobiernos, uno de sus peores momentos desde la Transición. Y tiene razón Arenas cuando denuncia el "cinismo y el doble juego de Zapatero". En realidad, por mucho que unos y otros se insulten, siempre se quedarán cortos. El grado de abyección legal y moral a que ha llegado el Gobierno del PP supera cuantitativamente al del PSOE de González. Pero Zapatero supera cualitativamente la abyección de González y la de Aznar, porque no sólo está haciendo la misma política felipista de servilismo ante Polanco sino que tiene la cara dura de reprochársela a Aznar, sin citar naturalmente jamás quién es el beneficiario de las fechorías aznaristas, cuando de Polanco se trata. Si es Berlusconi, sí, porque también Polanco ha encontrado en él la coartada perfecta para seguir sacando ventaja del Gobierno y encima hacerse la víctima. No en balde Polanco es amigo y cómplice de Arzallus, maestro en el género.

Pero que Arenas le recuerde el antenicidio a Zapatero cuando ellos están incumpliendo y dejando incumplir desde hace dos años y medio la sentencia del Supremo que obliga a Polanco a devolver esas emisoras bate casi todas las marcas de la desvergüenza. Casi, porque unos y otros, PP y PSOE han competido en mendacidad y corrupción al entregar a Polanco el monopolio de la televisión de pago, en condiciones incondicionales pero que todavía el PSOE consideró demasiado duras para el Amo, sin darse cuenta de que éste sólo fingía quejarse, porque las condiciones las había puesto él.

Arenas recuerda que el PSOE envió al Fiscal General del Estado contra los medios de comunicación. No quiere recordar que fue contra El Mundo aunque en ese diario ha hecho como que denunciaba las fechorías liberticidas del PP el desvergonzado sucesor de González. Es que el desvergonzado Secretario General del PP sabe cómo en muy poderosos ámbitos del PP se ha apostado descaradamente por la defenestración de Pedro J. Ramírez a manos de Berlusconi. Naturalmente, si se produjera, Zapatero sería el primer cocodrilo en el sepelio.

Sobre los despojos de la libertad de expresión, los buitres dan lecciones de moral. Nauseabundo escenario. Repugnante espectáculo.

Manifestación-trampa
Cartas al Director ABC 27 Diciembre 2002

En mi opinión había que asistir a la manifestación-trampa convocada por el presidente autonómico, Ibarreche, en Bilbao el pasado domingo, entre otras razones porque un engaño deja de ser tal si se sabe de antemano que lo es. Así que acudí al llamamiento de ¡Basta Ya!, que había publicado en la prensa regional vasca un anuncio que decía: «¡Nadie lo ha gritado tan alto como nosotros!, ¡ETA Kanpora! Para que sea de verdad un «no a ETA» ven a Bilbao el día 22 con los que más veces, más tiempo y más fuerte lo hemos gritado».

Sí, yo quería gritar ETA Kanpora dentro de la manifestación de Ibarreche; pero ellos no gritaron ninguna consigna contra ETA, sólo nos gritaron a nosotros, con insultos graves llenos de odio.

Ibarreche convocó a su gente a pasear por Bilbao en silencio, con una pancarta escrita con caligrafía nacionalista, pero sin interjecciones. No gritaron contra ETA (¡hasta ahí iban a llegar!), no llevaron ikurriñas, como cuando su ardor nacionalista está en juego, ni había ningún fervor abertzale contra los abertzales que asesinan.

Una vez más el nacionalismo se manifestó contra ETA con la boca pequeña, mejor dicho, con la boca cerrada. Por eso les molestaba que ¡Basta Ya! estuviera presente; nos insultaron gravemente, nos agredieron, arrancándonos violentamente a muchos los globos que llevábamos, nos dieron manotazos para tratar de tirarnos al suelo nuestras pegatinas, nos empujaron para no dejarnos pasar... ¡pero ahí estuvimos! y ¡ahí estaremos!

Las bases nacionalistas, las que acuden a las convocatorias de Juan José Ibarreche, nos demostraron cuál es el único «problema vasco», que los discípulos de Sabino Arana siguen odiando mucho más a la mitad de la sociedad vasca que no comparte sus postulados, que a esa pequeña parte de la amplia familia nacionalista que continúa, bomba y pistola en ristre, asesinando a los que no creemos en su proyecto independentista.

Fernando Sánchez. Bilbao.

Al fin, promesa cumplida
Por CARLOS DÁVILA ABC 27 Diciembre 2002

Estaba pendiente. Ya en el programa con que el PP alcanzó en el poder en el 96 se incluía el cumplimiento completo de las penas para los terroristas. Entonces, en aquella legislatura, no pudo ser porque uno de los aliados innecesarios de Aznar, el PNV, no ofreció la menor posibilidad para el acuerdo. Tampoco los nacionalistas catalanes estaban, estuvieron, por la labor. Y el PSOE era, además, un girigay. Pero ahora ha llegado el momento; es más, ha extrañado que el Gobierno no cumpliera con su compromiso. Aznar suele explicar que, primero, había que asentar en la sociedad la constancia de que el que la hace va a la cárcel. Los españoles ya nos creemos que los terroristas, a poco tardar, terminan en prisión. Pues bien, todos estos, ya conocen que cumplirán íntegramente sus condenas. Resultaba un sarcasmo que cualquier asesino de la banda se beneficiara de las reducciones penitenciarias a partir, de únicamente, treinta años de condena. Muchos de ellos -la mayoría, por no decir, todos- encierran en su historial años y años de condenas, miles incluso. Nadie, claro y afortunadamente, vivirá para contarlos, pero los que lo cuenten, en chirona. Así son las cosas de una democracia fuerte y sin complejos.

Y casi todos estamos de acuerdo. De nuevo, sin embargo, los Jueces para la Democracia han dado la nota. Un portavoz, algo imberbe, esta es la verdad, ha opinado que el proyecto rompe con el principio constitucional de la reinserción como norma y aspiración. Del PNV no hay que esperar apoyo tampoco en este caso: grita contra ETA, pero lo suyo es pura retórica de pancarta festiva.

Víctimas y homenajes
VIKY URIARTE GARAY Y TERESA DÍAZ BADA/ El Correo 27 Diciembre 2002

Desde hace unos meses, se vienen sucediendo en Euskadi distintas iniciativas para homenajear a las víctimas. Todas ellas, no lo dudamos, se plantean con buena intención, aunque algunas, por no decir la mayoría, encierran una carga de intereses políticos demasiado pesada. En lo que respecta a los homenajes a las víctimas, se ha pasado de la negativa, de la desidia y del olvido de los partidos políticos y de los grupos sociales, a una situación en la que, de repente, se organizan homenajes en bastantes pueblos y ciudades del País Vasco.

Resultan especialmente curiosos los homenajes organizados por algunos políticos nacionalistas. Y decimos especialmente curiosos porque los actos que organiza, por ejemplo, Román Sudupe, diputado general de Guipúzcoa, se niegan a organizarlos alcaldes como el de Getxo, señor Zarraoa, respaldado en esto de negar apoyo a las víctimas en un representante de EA que, rizando el rizo de la poca vergüenza a estas alturas de la historia de la violencia terrorista, proclama que hay que hacer homenajes a las víctimas del terrorismo, sí, pero mezcladas éstas con las víctimas de... la violencia domestica.

Como víctimas del terrorismo que somos, ¿cómo creernos las bienintencionadas palabras de Sudupe cuando llamaba a las víctimas del terrorismo a acudir al acto que había organizado?, ¿es lógico que, mientras tanto, otros compañeros suyos, políticos nacionalistas, decidan que la plaza de Arrigorriaga siga llevando el infame nombre de un asesino etarra?, ¿Qué clase de personas integran el PNV, que generalmente cierra filas en torno a todo, y sin embargo unos parecen condenar a la banda terrorista ETA y otros ampararla?, ¿Será que el homenaje impulsado por Sudupe puede resultar muy rentable electoralmente cinco meses antes de las elecciones municipales?

Otra cuestión que nos causa perplejidad. Determinados grupos pacifistas organizan actos en memoria y homenaje a las víctimas del terrorismo y de lo que, de un modo confuso, llaman violencia de persecución. Pero ellos tampoco escuchan a las víctimas del terrorismo cuando, en muchas ocasiones, les han comentado que no somos víctimas de algo tan difuso como 'la violencia' y que resulta para nosotras un agravio que se realicen actos en los que se aúna en una pancarta los nombres de las víctimas del terrorismo con los nombres de los etarras muertos por su propia locura criminal. Da igual las quejas de las víctimas del terrorismo, que nos consta que son muchas. Ellos siguen insistiendo en la afrenta, arrogándose una representatividad que no tienen pero que, curiosamente, se encuentra sustanciosamente apoyada por subvenciones institucionales y protegida por lo que en este país resulta políticamente correcto: «el rechazo de la violencia venga de donde venga».

Nos causan también perplejidad algunas actuaciones de los responsables de la Oficina de Atención a las Víctimas creada por el Gobierno vasco. Desde su puesta en marcha, algunas de nosotras hemos recibido la visita personal de Maixabel Lasa o de Jaime Arrese, explicándonos los proyectos que dicha oficina iba a llevar a cabo. Además, en el aniversario del asesinato de nuestro familiar recibimos una carta, penosamente redactada y en la que no aparece ninguna palabra relacionada con el concepto 'terrorismo'. Pero, paradójicamente, no todas las víctimas reciben igual trato y, así, hay víctimas que reciben el apoyo institucional del departamento de Maixabel Lasa y hay otras víctimas que todavía no han recibido absolutamente nada de esta oficina. ¿Es posible que la Oficina de Atención a las Víctimas, y por lo tanto el Gobierno vasco, no disponga de un listado completo de todas las víctimas del terrorismo?

Otros políticos, como el alcalde de San Sebastián, después de celebrar un acto de homenaje personalizado, público y bien publicitado a una víctima del terrorismo amiga suya como fue Ernest Lluch, se niega a hacer lo mismo con el resto de víctimas habidas en la ciudad y acaba de celebrar un acto lleno de sensiblería y vacío de contenido. ¿También estará buscando Odón Elorza su redención antes de las elecciones de la próxima primavera?

Entre todos los homenajes que se vienen celebrando a las víctimas del terrorismo destaca, porque iguala a todas las víctimas y porque es personalizado, bien organizado y sin intereses políticos, el que viene organizando el alcalde de Portugalete, Mikel Cabieces. Las familias de las víctimas que han recibido este homenaje sencillo y muy sincero, así lo entienden: se trata de algo que se hace con sentimiento, evocando a la persona asesinada y sin más protagonismos que el de la persona a la que se recuerda. Este tipo de homenajes son los que realmente entendemos como ciertos. El resto, aquellos que son sólo para víctimas escogidas por oscuros intereses políticos, pierden todo su sentido y se diluyen en artimañas políticamente 'rentables' para el que las organiza. Las víctimas nos damos cuenta de ello.

Igualmente, poco esperanzador resultó el tema de la manifestación que convocó el lehendakari. Es verdad que algo ha mejorado. Antes el lema era 'ETA para'. Ahora es 'ETA kanpora'. Pero como víctimas del terrorismo que somos, estamos seguras de que no son los asesinatos cometidos en el tiempo transcurrido de una manifestación a otra lo que ha hecho que el lema que el pasado domingo propuso el lehendakari fuera ahora algo más contundente. Fue el comunicado de la banda terrorista ETA, criticando el plan soberanista de Ibarretxe, lo que llevó al lehendakari a organizar su manifestación. Para las víctimas, no es de recibo que el lehendakari hable de 'ETA kanpora' cuando su partido sigue pactando, comprendiendo, apoyando y legitimando a los cómplices de los asesinos. Tampoco es de recibo, por ejemplo, que su éticamente impresentable consejero de Justicia ponga en cuestión el sistema institucional que él mismo representa por su interés en defender el ¿buen nombre? de un etarra suicidado. Por eso, porque somos víctimas del terrorismo, no nos creemos ni los homenajes, ni los apoyos que son tardíos y poco sinceros, y seguimos sin creernos que el Gobierno vasco nacionalista esté, de verdad, en contra de la banda terrorista ETA. Si así fuera, a estas alturas el Ejecutivo ya habría superado la fase de convocar manifestaciones falsarias como la del otro día que, al final, y como ya ocurrió con la marcha en protesta por el asesinato de Fernando Buesa, terminan siempre convirtiéndose, directa o indirectamente, en un gesto de apoyo... al lehendakari.

Ejemplo portugués
Editorial La Razón 27 Diciembre 2002

El gobierno de centroderecha portugués va a tomar medidas drásticas para reducir el déficit público. Serán medidas dolorosas, como la congelación de los presupuestos en Sanidad y Educación, que, sin duda, provocarán una fuerte contestación social. Es, sin embargo, la única política posible para adecuar los presupuestos del estado luso a la realidad de la moneda única europea. Del paquete de ahorro propuesto no escapa el propio cuerpo de funcionarios. El gobierno de Durao Barroso estudia el despido en los próximos cuatro años de 46.000 empleados públicos.

Mientras, España, que goza de una situación económica mucho más saneada que la de nuestros vecinos atlánticos, se ha visto obligada a renunciar al objetivo del «déficit cero» a causa del excesivo endeudamiento público de las distintas administraciones autonómicas. En los últimos quince años el empleo público en nuestro país ha ido creciendo a un ritmo del 3 por ciento anual, pese a que en esos tres lustros se ha llevado a cabo el mayor proceso descentralizador de la historia de España. Desde 1987, se ha incrementado en un millón el número de funcionarios. De ellos, 648.000 más pertenecen a las autonomías y 204.000 a los ayuntamientos.

Es momento de que el Estado Autonómico llegue a un pacto de racionalidad o habrá que tocar otras partidas mucho más sensibles.

 

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