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Recortes de Prensa     Viernes 3 Enero  2003
TERRORISMO Y LENGUAJE
Editorial ABC 3 Enero 2003

Clemencia frente a ira
Ignacio RODRÍGUEZ-MÁRQUEZ La Razón  3 Enero 2003

Reinserción sí, angelismo no
Aleix VIDAL-QUADRAS La Razón 3 Enero 2003

Presos etarras: ¿como los demás
EDITORIAL Libertad Digital  3 Enero 2003

«En ausencia de violencia»
Cartas al Director ABC 3 Enero 2003

Reinsertar, verbo de moda
José Javaloyes La Estrella  3 Enero 2003

Beneficiar a los asesinos
Editorial El Idela Gallego 3 Enero 2003

¿Plan de qué
Germán Yanke Libertad Digital  3 Enero 2003

Terroristas callejeros cubren Getxo de pintadas amenazantes contra el PP
EFE Libertad Digital  3 Enero 2003
 

TERRORISMO Y LENGUAJE
Editorial ABC 3 Enero 2003

EN dos ocasiones consecutivas ha pretendido el diario «Gara» la condena civil de ABC y de su director. Y en las dos ha fracasado rotundamente. La primera demanda buscaba la rectificación de una información en la que se calificaba a «Gara» como diario proetarra. Un Juzgado de Primera Instancia de Vitoria la desestimó en noviembre pasado por dos razones: la primera, porque no cabía pedir la rectificación de opiniones; la segunda, porque el término «proetarra» entrañaba una «simple opinión o juicio de valor». Pese a esta resolución, que avalaba la corrección profesional y jurídica del término empleado, el diario abertzale ha insistido con una segunda demanda, esta vez vindicando su derecho al honor, supuestamente vulnerado por llamarle nuevamente «etarra». Otro Juzgado de Vitoria ha rechazado esta demanda, en sentencia que hizo pública ayer, porque la expresión «etarra» se utilizó en el contexto de una previa descalificación de profesionales de este periódico por una colaboradora de «Gara». A mayor abundamiento -y como ratio decidendi del fallo-, la sentencia recuerda que «Gara» aparece como sucesor de «Egin» en las investigaciones del juez Garzón.

La legítima satisfacción que sentimos por el doble amparo judicial no se agota, sin embargo, en la exculpación inmediata de las responsabilidades que pretendía el diario «Gara». Ambas resoluciones judiciales encierran un mensaje mucho más importante para todos los medios de comunicación y para la sociedad en su conjunto; el mensaje del respaldo de la Ley al lenguaje claro y preciso sobre la realidad de ETA. Se ha dicho hasta la saciedad que el terrorismo también debe ser derrotado en el terreno de los discursos mediante el empleo de los términos adecuados para describir su criminalidad. Si las palabras transmiten ideas, un lenguaje equívoco sobre la maldad intrínseca de ETA sería un éxito propagandístico de la banda terrorista. Afortunadamente, ambas sentencias han unido la lógica común con la lógica jurídica. En el País Vasco hay actitudes filoetarras y así deben ser señaladas y denunciadas, porque es un ejercicio de transparencia democrática y de libertad de expresión, puntal del sistema democrático diseñado por la Constitución de 1978, como han declarado ambas sentencias. Para quien anda enredado en las bambalinas de una organización terrorista es muy difícil que la Ley le reconozca un honor protegible o un derecho de rectificación cuando se le aplica pura y simplemente el diccionario. Quien apoya editorialmente a ETA, se niega a condenar sus crímenes y airea libelos inefables sobre la legitimidad de la violencia no puede aspirar a otra cosa que a ser calificado como proetarra.

Clemencia frente a ira
Ignacio RODRÍGUEZ-MÁRQUEZ La Razón  3 Enero 2003

La ley de Partidos políticos es una prueba más de la clemencia del pueblo español ¬a través de sus instituciones oficiales¬ hacia Batasuna y sus allegados. A pesar de su siniestro historial a favor de la violencia y la ruptura del acuerdo democrático de todos los españoles, la sociedad ha vuelto a reaccionar con serenidad y ética y, sobre todo, con una moderación que permite perdonar una parte de la pena producida.

¿Alguien pone en duda que tan tremendos crímenes son merecedores de sólo una ilegalización?
Pero la clemencia hacia los vascos violentos, sólidamente demostrada durante cuatro décadas, es una actitud que no significa carencia de rigor y severidad, sino la constatación de que un Estado de derecho que se precie, de habitual, se opone, sistemáticamente, a la crueldad, de signo contrario a la clemencia, pues tiene como bandera la dureza del corazón para castigar y la ausencia por completo de moderación, y está más cercana a la ferocidad, que es gustosa de hacer el mal sin el estímulo de la venganza, sino por placer. La clemencia, sin embargo, es una actitud generalizada entre el resto de los españoles, aunque también existen grupos proclives a la ferocidad más primitiva, un sentimiento domeñado hasta el día de hoy por la moderación, que busca una justicia más equilibrada, pues persigue valorar con la razón, a diferencia del otro extremo de la ferocidad, la sensiblería, que no valora adecuadamente los males. La clemencia nunca hace menos de lo justo.

Para que aparezca con todo su esplendor esta bella virtud, es necesaria una sociedad libre, próspera, democrática y experimentada en conflictos de la alta intensidad social. Además, requiere de un numeroso grupo que, desde siempre, haya querido y admirado a otro grupo, en este caso, los vascos. Esta fraternidad sigue siendo un hecho real que evita situaciones de mayor riesgo y paraliza acciones contundentes.

Un sentimiento que viene de siglos de convivencia y mutuo reconocimiento. Ése es el auténtico freno y no la mansedumbre que el sector abertzale cree patrimonio de «los espa- ñoles». La historia es clara en este tema.
Sólo bajo esas condiciones puede enfrentarse con positivo talante a los irascibles de esa parte de España llamada País Vasco, convertido en un foco de odios y venganzas. Hay que ejercer una clemencia firme y constante, y no un disfraz de quita y pon según las circunstancias. Y, sobre todo, sin discriminaciones, pues crueldad es perdonar a todos como a ninguno, pero siempre, en caso de duda, inclinándose hacia el lado más humano y solidario. ¿La historia, siempre justiciera, sólo permite la gloria a los que pudiendo hacer un mal desmesurado, en cambio, ofrecen la clemencia, sin duda la más luminosa de las virtudes, que embellece a quienes la prodigan!

Una actitud que mire de frente sin complejos al enemigo, para evitar la confusión, pues no hay nada más disparatado que equipararla con la mansedumbre, pero que hay que asumir y valorar. Siempre será más eficaz que cebarse en la crueldad que lleva al desastre al obligar a los violentos a seguir cometiendo abusos para defenderse de los anteriores. Como una bola de nieve que se precipita ladera abajo.

La clemencia jamás castiga a la primera falta (en España harto demostrado hasta el hastío), y sólo lo hace cuando comprueba mayor el mal que teme, que el que condena. En el asunto vasco ocurre igual que a Tario, que habiendo sorprendido a su hijo en intento de parricidio, sólo le condenó, en juicio público y oficial, a un confortable destierro, lo suficientemente alejado de él para evitar la repetición del acto, parecido a lo que están haciendo los españoles respecto a ETA y sus secuaces, que hacen del temor un factor continuo y que obliga cada día con más fuerza a los aterrorizados a emplear, no sólo la clemencia, sino también las normas legales para defenderse, e incluso la imaginación, con el propósito de encontrar soluciones que terminen con tanta barbarie indiscriminada e inútil. Los males pequeños consiguen durante más tiempo engañar y pasar desapercibidos, mientras que, cuando se convierten en grandes, todos salen a su encuentro. El temor moderado encoge el ánimo, más un temor prolongado y en progresivo desarrollo acucia toda suerte de acciones, en busca de la mejoría del resto mediante el escarmiento, la enmienda a quien castiga, o en situaciones límite, la eliminación. Pero no cabe el perdón, incompatible con la clemencia, porque perdonar es no castigar a quienes crees merecedor de él. Es conmutar la pena debida. Sólo configurando un adecuado sistema, que permita individualizar los problemas, será posible un giro en la envenenadamente de ese violento sector, que no busca soluciones, sino conflictos permanentes. Su ira es, por propia definición, insaciable.

Reinserción sí, angelismo no
Aleix VIDAL-QUADRAS La Razón 3 Enero 2003

El portavoz del Gobierno vasco se ha opuesto, como era de esperar, a la propuesta gubernamental de endurecer las condiciones para la excarcelación de etarras. La liberación de terroristas tras cumplir el diez o el veinte por ciento de su tiempo de condena «hace daño a ETA», ha afirmado Imaz en un momento de feliz inspiración. Así, de acuerdo con la esclarecida visión de la cúpula peneuvista, aquellos asesinatos cometidos por convictos de la banda puestos en la calle prematuramente gracias a la benevolencia del actual sistema y a la estupidez o al miedo de determinados jueces de vigilancia penitenciaria, han perjudicado terriblemente a la organización criminal con la que acordaron en su día el pacto de Estella, se supone que también con la sana intención de infligirles un severo castigo.

Todas las objeciones presentadas a la reforma promovida por Aznar se han basado o bien en su carácter oportunista ¬operación de comunicación consistente en atraer la atención de la opinión hacia un nuevo foco de polémica para que olvide el desastre del «Prestige»¬, o bien en su posible vulneración del principio constitucional de la privación de libertad entendida como instrumento de reinserción social. Sobre el primer reproche cabe decir que es tan banal en comparación con la cuestión debatida, que provoca vergüenza ajena. Ya la sabiduría popular consagró hace siglos la idea de que no importa que los renglones sean torcidos si el texto final sale recto en su contenido. En cuanto a la segunda pega, que sin duda merece atención, se resuelve acordando qué se entiende por garantías de resocialización. Ningún legislador en sus cabales elaboraría una norma que permitiese que un delincuente decidido a continuar siéndolo abandonase la prisión antes de cumplir su sentencia. Por tanto, el problema estriba, tal cómo ha visto inteligentemente Juan Fernando López Aguilar, una de las cabezas mejor amuebladas del PSOE, en asegurar de manera fehaciente que una vez fuera de la cárcel el etarra no vuelva a las andadas. Y es en este punto en el que la izquierda revela su natural tendencia al angelismo, porque dar por sentado que una simple manifestación de arrepentimiento en individuos cuyo cruel cinismo ha sido demostrado tan palpablemente, es suficiente para probar el éxito de su proceso de reeducación, resulta, como mínimo, de una ingenuidad preocupante.
 
Parece más acertado, como ha sugerido el ministro de Justicia, dejar abierta la puerta a la reinserción mediante mecanismos que revelen mejor su autenticidad. La cooperación activa con el Estado democrático para combatir a sus antiguos compañeros de fechorías, por ejemplo, es un criterio bastante más sólido que una mera firma al pie de un papel probablemente mojado. Si la política no es en general una actividad seráfica, mucho menos debe caer en la bondad excesiva cuando se trata de defender la vida de los ciudadanos.

Presos etarras: ¿como los demás?
EDITORIAL Libertad Digital  3 Enero 2003

Celdas individuales y contiguas que permanecen abiertas, aislamiento del resto de los presos comunes, comidas con platos y cubiertos –en lugar de la bandeja habitual–, menús especiales para celebrar los atentados de ETA, indrumentarias que lucen propaganda de la banda terrorista, cantidades de dinero superiores a las permitidas al resto de los presos, estudios universitarios aprobados sin exámenes (casi un 50 por ciento de los presos etarras realizan estudios universitarios en las facultades de la UPV controladas por el entorno de ETA, cuando la media para el resto de los reclusos es del 2 por ciento) y beneficios penitenciarios otorgados con largueza por jueces como Ruth Alonso son algunos de los privilegios de los que gozan los presos etarras. Este trato de favor ha sido denunciado en reiteradas ocasiones desde diversas instancias: funcionarios de prisiones, fiscales, profesores de la Universidad del País Vasco (que reciben visitas del entorno de la banda para “interesarse” por los progresos de los pistoleros encerrados, quienes aprueban sistemáticamente con “excelentes notas”), víctimas del terrorismo e incluso los propios familiares de los presos de ETA son algunos ejemplos.

Por si todo esto no fuera ya suficiente escarnio para la sociedad española, para las víctimas del terrorismo y para el resto de los internos que cumplen pena en las cárceles españolas –quienes, el pasado agosto, a raíz del atentado de Santa Pola que costó la vida a un hombre y una niña de seis años, expresaron su indignación increpando a los presos etarras en la cárcel de Soto del Real, guardando espontáneamente dos minutos de silencio y dando vivas a España; algo no que se les ocurriría a los nacionalistas ni en sus peores pesadillas–, el PNV e IU han manifestado su oposición al endurecimiento de las penas para los presos etarras apoyándose en el argumento de que deben ser tratados “como el resto de los presos”.

Concretamente, en el capítulo de la reinserción y los beneficios penitenciarios –que el PP y la mayoría de la oposición quieren condicionar al arrepentimiento efectivo, y no meramente retórico, de los presos etarras– el PNV, por boca de Margarita Uría, afirma que la reinserción de etarras no consiste en “forzar a alguien a que tenga una determinada ideología”, sino certificar que “no va a volver a incidir en la misma delincuencia”. La diputada del PNV olvida que en ETA-Batasuna, delincuencia e ideología son una misma cosa, por lo que, si los etarras quieren acogerse a la generosidad de la sociedad española, lo lógico es que renuncien a la “ideología” del tiro en la nuca y del coche bomba, al igual que el resto de los presos ha de renunciar al delito por muy íntimas que sean sus convicciones; pues de otro modo –como ya ha demostrado la experiencia–, la reinserción de los presos etarras no se produce en el seno de la sociedad, sino en el de la banda, para seguir asesinando y extorsionando.

Gaspar Llamazares –cuyo objetivo último parece ser convertir a IU en una fuerza política extraparlamentaria– por su parte considera que la iniciativa del Gobierno trata a los penados “de forma desigual”, convierte la reinserción “en algo anecdótico” y “rezuma una profunda desconfianza en el poder judicial”. Podría darse crédito a Llamazares si antes se hubiera hecho eco de las denuncias sobre el trato desigual que reciben los presos etarras o hubiera mostrado su indignación por las resoluciones de la juez Ruth Alonso; ya que en ausencia de ello, sus argumentos –los mismos que emplean los simpatizantes de ETA-Batasuna– tienen muy escasa credibilidad.

Como ya hemos dicho en otras ocasiones, las principales finalidades de las penas –por muy mal que pueda sonar a los castos oídos de la progresía– son la función ejemplarizante y disuasoria del castigo del delito, la satisfacción a las víctimas y el apartar de la sociedad a quienes no están preparados para vivir en ella pacíficamente sin violentar la vida, la propiedad o los derechos del resto de la gente. La reinserción, como objetivo subsidiario, nunca puede ser un derecho absoluto; sobre todo cuando, como en el caso de los etarras que asesinaron al guardia civil Antonio Molina, “reinserción” es sinónimo de excarcelación.

Es, pues, un insulto a la inteligencia –no digamos a las víctimas del terrorismo– hablar de reinserción cuando, hasta en la cárcel, la gran mayoría de los presos etarras sigue fielmente las directrices de la banda. Causa risa –además de una profunda indignación– la excusa que el PNV aduce para que los etarras encarcelados no muestren abiertamente su oposición a la banda terrorista: su vida correría peligro. Exactamente igual que la de los ciudadanos sin derecho a escolta que manifiestan abiertamente su oposición a ETA-Batasuna. Son los inconvenientes de reinsertarse en una sociedad donde defender la libertad y oponerse al nacionalismo obligatorio supone un riesgo para la vida. Un riesgo que los etarras verdaderamente arrepentidos deben asumir, aunque sólo sea para enmendar sus errores pasados y compensar de algún modo el daño que han causado; pues sólo faltaría dar carta de naturaleza en la vida en libertad a los privilegios de los que injustamente gozan en la cárcel gracias a la intimidación que practican con jueces y funcionarios.

«En ausencia de violencia»
Cartas al Director ABC 3 Enero 2003

Ibarretxe:

¿No se da usted cuenta de que al decir que su plan «será sometido, en ausencia de violencia, a la ratificación de todos vosotros y vosotras» está reconociendo la ilegitimidad del poder otorgado al Partido Nacionalista Vasco desde el 20 de marzo de 1980 (23 años... ¡se dice pronto!)? Las sucesivas elecciones habidas desde entonces no se han producido precisamente en ausencia de violencia y el resultado ha sido siempre beneficioso para ustedes.

Deje ya, por favor, de rebozar sus patitas con harina para confundir a los cabritillos como en el cuento. No hay harina suficiente para tapar los negros pelos del lobo que pretende, por un lado, adormecer los escrúpulos de las conciencias de sus electores, y, por otro, intentar que los no nacionalistas demos aún algún crédito a una supuesta buena voluntad. Deje ya de hacer equilibrios con las palabras: primero «plan de libre asociación», luego «pacto de convivencia», después «pacto de vecindad». Diga claro y por derecho lo que quiere decir: independencia. No son las palabras las que nos asustan; es a su partido (siempre confundiendo partido con gobierno) al que le da miedo el resultado de esa consulta popular. Así que, si considera libre y legítimamente emitida la opinión del pueblo en las consultas habidas hasta ahora sin ausencia de violencia, haga su referéndum ya sin poner como excusa algo que bien poco les ha importado cuando les ha servido para obtener y conservar el poder absoluto.

Claro que... no es, ni mucho menos, la independencia lo que el PNV quiere. Esa sólo es la palabra mágica para seguir manteniendo la violencia de «estos chicos» que a su vez les sigue sirviendo para calentar el sillón y distribuir en su propio interés y beneficio la riqueza que crea el pueblo con su trabajo.   Teresa Valdés Sánchez.  Pamplona.

Reinsertar, verbo de moda
José Javaloyes La Estrella  3 Enero 2003

Arranca el tercer día del tercer año del tercer milenio con el verbo reinsertar. Puede convertirse en el verbo de moda para toda política, la internacional y la nacional. Busca, así, la diplomacia estadounidense reinsertar en los canales de la negociación y demás vías pacíficas de resolver los desacuerdos la hirsuta y díscola disidencia norcoreana con el statu quo internacional asentado en el Tratado de No Proliferación Nuclear, mientras que, al propio tiempo, esa misma diplomacia de Washington esgrime condiciones que derivan a lo imposible, en la práctica, para que el laico régimen iraquí se reinserte en la normalidad política internacional, desde su presente condición —para la Casa Blanca— de enemigo alternativo; toda vez que no hay modo, por ahora, de echar el guante a Osama ben Laden o de laminar, sustantiva e irreversiblemente, el terrorismo islámico que acaudilla. El verbo reinsertar se torna así dificultoso en extremo cuando se le quiere aplicar, por los referidos asuntos, a la acción exterior actual de EEUU. ¿Cómo se reinserta en la coherencia a ese Gobierno?

La pregunta podría encontrar menos dificultades, a la hora de contestarla, que las que presenta el problema de resolver la reinserción de los terroristas de ETA en los términos que exige el PSOE para endosar la iniciativa del Gobierno de José María Aznar de endurecer las penas correspondientes a los delitos de terrorismo. El sí socialista a la elevación a 40 años de la pena de prisión máxima, coherente con los principios que soporta el Pacto Antiterrorista, puede quedar devaluado en la práctica por el juego de las condiciones de reinserción social que ese mismo partido exige; pues ciertas condiciones, de ser aceptadas, dejarían abierto el escotillón para que el endurecimiento convenido, en la reforma del Código Penal, se esfumara, como el humo, por la chimenea de los falsos arrepentimientos. Creo que la eficacia demostrada por la legislación italiana, tanto en la batalla legal contra el terrorismo —¿qué fue de las Brigadas Rojas?— como en la lucha contra el trágico endemismo criminal de la Mafia, puede dar la medida aproximada de qué cabe y se debe hacer respecto de las condiciones de arrepentimiento para la reinserción en un tipo de delincuencia que ha encontrado su orto histórico en España con la desaparición —¡Alabado sea Dios!— de la pena de muerte del horizonte punitivo de Europa unida.

Que en España, al igual que en otras partes, se haya constitucionalizado el principio de reinserción social del delincuente —consecuente con la humanización del aparato punitivo del Estado, concebido para la justa defensa del orden público— no debe ocultar, ni aquí ni en ninguna parte, que, en lo axiológico, el factor primordial de la pena es el castigo del delito y no la reinserción del delincuente; pues ésta, la reinserción, es un corolario de la humanización de la pena y no una brecha por donde se pueda vaciar de contenido la pena misma, para escarnio de la sociedad y burla de quienes sufrieron el delito terrorista. Cuando además, como es en el caso español, el hecho terrorista concurre dentro de un complejo de circunstancias políticas y sociales que enturbian en mucho casos la correcta percepción de esta criminalidad, el principio de reinserción no se debe instrumentar de manera que, lejos de ejemplificar socialmente el propio sentido de la pena, acabe, por el contrario, en aliento para la práctica del delito terrorista.

Queda, pues, pendiente de reinserción —en el marco de la racionalidad, de la justicia y del derecho— un nutrido conjunto de temarios en este comienzo de año, desde el Irak a cuyo entorno llega una División completa, instruida para la guerra en el desierto, hasta la propia Casa Blanca, pendiente de reinstalarse en la coherencia luego de la flagrante contradicción coreana, y hasta la misma calle de Ferraz, después de ese alentador Pacto Antiterrorista, esperado durante tantos años.

Beneficiar a los asesinos
Editorial El Idela Gallego 3 Enero 2003

No podía ser de otra manera. Evidentemente la reunión que mantuvo el ministro de Justicia, José María Michavila, con Margarita Uría, representante del PNV, sólo podría finalizar de una manera. Los nacionalistas vascos se oponen al endurecimiento de las penas para los terroristas porque, en su opinión, los etarras no pueden ser obligados a cambiar de “ideología” para reinsertarse. El único problema, lo que Margarita Uría ignora, es que nadie pide que cambien de ideología. Los etarras arrepentidos podrán seguir siendo todo lo nacionalistas que quieran, tanto o más que el mismísimo Arzalluz. Lo que se les pide es que repudien la lucha armada, el asesinato como vía para conseguir su fin. Esto, en democracia, es lo mínimo que se le puede exigir a una persona para que pueda acceder a los beneficios penitenciarios que, en realidad, lo que tienen que hacer es premiar a quienes desde la prisión van dando pasos que conduzcan a su reinserción. Porque, si bien es cierto que las condenas tiene un carácter reeducador, también es verdad que las reducciones se aplican siempre de manera automática, con lo cuál, el sistema se prostituye desde el momento en el que lo extraordinario se convierte en ordinario. A lo que por el momento no han contestado quienes se oponen al endurecimiento de las sanciones es a si no resulta también contrario a la independencia judicial que lo que un magistrado considera que se debe pagar con un siglo en la cárcel se solucione con apenas diez años de reclusión. Hay que abandonar falsos progresismos que lo único que hacen es beneficiar a los delincuentes y los asesinos.

¿Plan de qué?
Germán Yanke Libertad Digital  3 Enero 2003

Al señor Ibarretxe le sale el dogmatismo por los poros hasta cuando intenta moderar las formas. Lo que sea que vaya a presentar en el Parlamento vasco este año que acaba de comenzar se llama, nos acaba de explicar, “plan de solución”. El término tiene resonancias hitlerianas que no habría que olvidar pero, en todo caso, responde al carácter dogmático y definitivo que el nacionalismo vasco tiene en su entraña. Si lo que el presidente del
Gobierno vasco propusiera fuera la libertad y el pluralismo, que desde luego no es, el plan no sería de “solución” —que en una democracia no existe por su carácter abierto y relativo— pero implicaría necesariamente la aniquilación de ETA.

Se me dirá que, aunque no sea demócrata, parece que Ibarretxe quiere la aniquilación de la banda. Pues no. Insiste en su desaparición, en que quede fuera, pero no hay ni un solo gesto (ni oratorio, ya que la acción brilla por su ausencia en las instituciones vascas) para terminar activamente con ella. La cínica indignidad del PNV es referirse a la desaparición de ETA y a la preocupación por los que sufren las consecuencias del terrorismo para dar carta de naturaleza a su “plan de solución” vendido, aunque sea la dictadura
misma, como la panacea que terminará con todos esos problemas.

Añade Ibarretxe a esa sinrazón el contenido étnico. La alusión a que el pueblo vasco “decidirá”, como si nada de lo que hasta ahora ha votado tuviera significado, porque no le valen las decisiones individuales tomadas como ciudadanos, que es lo que ocurre en las instituciones democráticas. Con este proceder no tiene nada que hacer, sus pretensiones se derrumbarían por la fuerza de los hechos y las reglas del Estado de Derecho. Precisa la decisión del “pueblo vasco”, la decisión étnica, la definitiva.

Da vergüenza tanto totalitarismo a comienzos del siglo XXI. Y da rabia que, mientras él lo perora, siga habiendo asesinados, perseguidos, amenazados, agredidos... y serviles.

Terroristas callejeros cubren Getxo de pintadas amenazantes contra el PP
EFE Libertad Digital  3 Enero 2003

La portavoz del PP en el municipio vizcaíno de Getxo, Marisa Arrúe, ha denunciado la aparición el día de año nuevo de pintadas amenazantes contra su persona y el PP con la firma de la banda terrorista ETA en algunas calles del barrio de Algorta de esta localidad.

Algunas calles de Algorta amanecieron este miércoles con las siglas del PP en una diana, junto a anagramas de ETA y una pintada que decía: “Arrúe ya has vivido demasiado”. Según ha denunciado la portavoz del PP en este municipio vizcaíno, “ésta es la particular manera que tienen los terroristas de felicitar el año, aunque deben saber que con este tipo de amenazas los radicales no van a conseguir su objetivo y sólo consiguen que los representantes del PP nos reafirmemos en nuestro compromiso democrático en defensa de la libertad”. Arrúe, que ya ha presentado una denuncia en la Ertzaintza por estos hechos, ha expresado su deseo de que los responsables de las amenazas sean puestos a disposición judicial.

En la localidad guipuzcoana de Andoain la amenaza terrorista ha llegado en forma de ataque contra el vehículo oficial del concejal del PSE Estanislao Amutxastegi. El portavoz del grupo municipal del PP ha exigido la “convocatoria urgente” de la junta de portavoces de este consistorio para condenar este acto de terrorismo callejero. Juan Carlos Cano ha expresado mediante un comunicado su solidaridad con el edil socialista, a quien unos desconocidos quemaron el coche oficial el pasado 31 de diciembre, y ha pedido que el Ayuntamiento, gobernado por Batasuna, condene los hechos.

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