AGLI

Recortes de Prensa     Martes 7 Enero  2003
Hacia la unidad del nacionalismo vasco
FRANCISCO RODRÍGUEZ ADRADOS ABC 7 Enero 2003

El derecho y la obligación de la democracia a defenderse
Carlos Fernández de Casadevante  La Razón 7 Enero 2003

Cuando todo vale en la lucha contra ETA
Maite Cunchillos Libertad Digital  7 Enero 2003

Unidad o responsabilidad
NICOLÁS REDONDO TERREROS ABC 7 Enero 2003

Cumplimiento íntegro de penas
ANDRÉS MONTERO GÓMEZ El Correo 7 Enero 2003

Entre Olentzero y Reyes
SANTIAGO GONZÁLEZ/ El Correo 7 Enero 2003

¿Conjura rojo-separatista
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 7 Enero 2003

ETA kanpora (más aclaraciones)
Germán Yanke Libertad Digital  7 Enero 2003

Los niños son monárquicos
Iñaki EZKERRA La Razón 7 Enero 2003

Nacionalistas árabes en Europa
Andrés Freire Libertad Digital  7 Enero 2003

El PP denuncia que «Nunca Máis» es la tapadera de los separatistas del BNG
Redacción - Madrid.- La Razón 7 Enero 2003

ETA gastó 180 millones de pesetas para comprar armas durante la tregua-trampa
Libertad Digital  7 Enero 2003

Hacia la unidad del nacionalismo vasco
Por FRANCISCO RODRÍGUEZ ADRADOS, de la Real Academia Española ABC 7 Enero 2003

DESDE hace algún tiempo la situación política del nacionalismo vasco va cambiando. En parte, en sentido favorable: ETA está contra las cuerdas, Batasuna legalmente amenazada, el PNV oganiza ahora una manifestación contra ETA. Y más cosas que detallaré. Se nos abre, aunque todavía sea incierto, un futuro sin terrorismo. Maravilla.

Pero no hay anverso sin reverso y no es oro todo lo que reluce. Esa situación, resultado de esfuerzos heroicos de la nación española, presenta, también, aspectos preocupantes: sobre todo, pienso, la amenaza de que se reconstruya la unidad original del nacionalismo vasco, de todo el cual el PNV es el padre y la madre. Sería una gran amenaza.

Creo que hay que analizar serenamente los hechos, el que se esté políticamente frente a todo ese movimiento y se lo considere un peligro grave para España, para Europa y para el propio País Vasco, no estorba para estudiar objetivamente las cosas. Quizá hasta ayude.

Son claros los aspectos favorables de la situación que se entreve. Es conocido el bajo momento de ETA, atacada en varios frentes. Y de la kale borroca y las varias organizaciones de fachada. Avanza la legislación antiterrorista. Y el cerco legal de Batasuna, que se espera culmine en su ilegalización. Estella y Udalbizu van pasando, aunque queda su poso. Francia colabora (aunque con fallos). El ambiente internacional nos es favorable. Dejo mil cosas más.

El nacionalismo vasco, del cual el PNV era (y es) el motor principal, llegó, a través de escisiones sucesivas, a convertirse en un dragón de tres o cuatro cabezas, contando a EA. Eran amigos y enemigos: divergían en los métodos, pero compartían el fin, la independencia, si bien cada grupo aspiraba a una independencia tutelada por él. Sus relaciones, eran, así, ambiguas, por decir lo menos.

Se respetaban y aun apoyaban en cierto grado: la lucha contra ETA no era muy entusiasta, se ayudaba a Batasuna a eludir el cerco legal, se pedía el acercamiento de los presos. E, inversamente, ETA dejaba vivir, salvo en ocasiones, al PNV, y Batasuna votaba a veces con él. Iban juntos en las manifestaciones.

Ahora las cosas van cambiando, pero si se vislumbra el término de una fase, se abre otra no menos peligrosa. Aprovechando la decadencia de ETA y Batasuna, el PNV está intentando recuperar el centro de la escena. Los abandona porque están derrotados. A ETA le va perdiendo el miedo y, sobre todo, es ya un estorbo, un coaligador de enemigos. A Batasuna le guarda aún las formas, le ayuda contra Garzón, pero en el fondo aspira a succionar sus votos.

Resultado: la gran manifestación del 21 de diciembre. El PNV es ahora el campeón antiterrorista, se quedan al margen ETA y Batasuna, también el PP. Aparece como el gran representante del nacionalismo y aun el gran representante de casi todos.

Hasta le han arropado algunos socialistas, como en los viejos tiempos. Su argumento para ir a la manifestación (como el de «Basta ya») es respetable: no dejar solo al PNV contra ETA. Pero pienso que se han equivocado, resultaron allí marginales, la gran fuerza anti-ETA era el PNV. Ahora utiliza el señuelo del antiterrorismo. ¡Vivir para ver!

Y es que el ímpetu de tantos, de casi todos, contra el terrorismo, les hace olvidar, a veces, que el terrorismo es un subproducto del nacionalismo independentista. Eliminado ese subproducto abominable, que se puede tratar penalmente, queda el nacionalismo «moderado», al que ciertos socialistas ven con benevolencia. Siguen equivocándose: lo mismo si es un simple error intelectual que si es uno basado en futuras apetencias, un dejar abierta una puerta para reeditar pasados errores. El PNV los utiliza porque tienen votos, que a él le faltan, y porque ayudan, sin quererlo ellos, a vender la mercancía.

Siguen, de verdad, equivocándose quienes cierran los ojos al problema gravísimo del nacionalismo independentista, que es ahora proclamado abiertamente con esa cosa grotesca (si no fuera potencialmente trágica) del estado libre asociado. No acabará ese problema cuando acaben las bombas. Y, sin embargo, hay casi pudor de hablar de la unidad de España: muchos se limitan a hablar de la Constitución. Pues bien, esto habría que aclararlo.

La Constitución proclama sin ambages la unidad de España. Pero la Constitución hace esa proclama porque es la Constitución de España y España existe. De España nace la Constitución, no al revés: era elemental que esta la reconociera. Ahora son lo mismo, ciertamente.

Este es un problema muy grave. Parece como si unas elecciones municipales (que se celebrarán en un clima poco democrático) o un referendum (que esperamos no llegue a celebrase) pudieran sustituir esa unidad por fórmulas nada ambiguas: claramente anticonstitucionales, claramente antiespañolas. Esto es lo que parece pretender el Gobierno Vasco (o sea, el PNV), que podría constituirse en representante único del nacionalismo vasco, una vez barridos el terrorismo y sus defensores. El nacionalismo vasco, que ni siquiera es mayoritario en el País Vasco y menos en su versión independentista. ¡Tiene que acechar a que alguien llegue tarde a una reunión del Parlamento! Vaya democracia.

La capacidad de maniobra de ese partido, una vez que desaparezca el terrorismo y logre ablandar a algunos adversarios, puede ser grande. Ya lo es ahora. ¿Para qué detallar el poder de los mitos cuando ofrecen todas las ventajas para un futuro triunfante, a más de dárselas a muchos ya en el presente? ¿O el poder de una educación deformante que nunca habría debido tolerarse? ¿O el poder del miedo?

Creo que habría que dejar claro el aspecto legal y constitucional de la cuestión, con bombas y sin bombas, con elecciones y sin elecciones, con referendums y sin referendums. El País Vasco es parte de España, histórica, social, humana y económicamente. La unidad de que habla la Constitución es un simple reflejo de un hecho.

Esto debería condicionar todas las respuestas. Aunque los métodos violentos desaparezcan y solo queden los sinuosos. Aunque haya en España personas mal informadas, si no interesadas, que no se dan cuenta de la gravedad del problema.

Con ETA y sin ETA esta es la verdad. El PNV debería no simplificar y no utilizar esa circunstancia de la desaparición de ETA, si llega, para llevar el agua a su molino. Quitado el problema del terrorismo, el del independentismo va a quedar más claro de lo que estaba, si para alguien no estaba claro. Y el PNV, en el que hay personas capaces, debería quitarse el velo de las ilusiones, de los utopismos injustificados, de la simple ambición de poder. En beneficio de sus votantes, de todos los vascos y de una idea humana, en definitiva.

Europa Occidental ha resistido a las tendencias disgregadoras que se han ensañado con la Europa Oriental. Bien es cierto que sus naciones son más firmes, están soldadas por lazos de centurias. Pero no carecen de riesgos. En España, la independencia vasca pondría en riesgo todo lo demás, para qué dar nombres. Y piénsese en Italia y en Francia, en otros países también. El complicado rompecabezas europeo, que después de todo funciona, podría venirse abajo. Europa, no solo España, se juega mucho en esto.

No nos hallamos, pues, ante un problema baladí. Ni con terrorismo ni sin terrorismo. Ni con un partido nacionalista entre cuatro ni con uno solo, si al final el PNV se queda dueño del terreno. Su sueño dorado, sin duda. Sería casi más peligroso, al no tener que reñir con sus rivales. ¡Y peligroso lo es ahora cuando, estando en minoría, logra aprobar unos presupuestos que incluyen partidas a favor del soberanismo! ¿El Tribunal Constitucional no tendría algo que decir?

El derecho y la obligación de la democracia a defenderse
Carlos Fernández de Casadevante es catedrático de Derecho Internacional Público La Razón 7 Enero 2003

Han sido tantos los años de impunidad motivados por la pasividad de los poderes públicos vascos frente al totalitarismo que cuando el Estado de Derecho ha reaccionado ¬eso sí, con muchísimo retraso¬ para cortarla y plantarle cara, quienes la habían tolerado y se han beneficiado de ella no han tenido otro comportamiento que salir juntos a la calle bajo el falso eslogan de que todas las ideas y todos los proyectos son legítimos en democracia, para tratar de desacreditar la medida concretada en la Ley de Partidos. Parece mentira pero, al parecer, hay ciudadanos vascos que se creen semejante discurso cuando, por el contrario, en democracia ni todos los proyectos, ni todas las ideas son legítimas. Baste para constatarlo la existencia de legislación en Estados como Francia y Alemania prohibiendo determinadas ideologías y determinados proyectos políticos, independientemente del grado de apoyo social con que cuenten los mismos.

Que la democracia tiene derecho a defenderse también lo pone de manifiesto el Tratado de la Unión Europea cuando exige a los Estados miembros que sean respetuosos con los derechos humanos y las libertades fundamentales, estableciendo procedimientos de control y amenazando con la suspensión de determinados derechos a aquellos Estados que lo incumplan. Se trata de obligaciones que vinculan al Estado en su totalidad. Esto es, al conjunto de Administraciones y entidades territoriales que lo integran. Y es preciso recordarlo porque desde el Gobierno Vasco ¬tan proclive a la queja y a la lágrima fácil hacia el exterior, pero indispuesto a la autocrítica en su interior¬ se olvida o se pretende ignorar que en la etapa del Sr. Ibarretxe se ha convertido en el único gobierno europeo al que se le ha atribuido, sin ambages y con total claridad, la responsabilidad por su pasividad frente a la violación de los derechos y libertades fundamentales de miles de ciudadanos de la sociedad vasca. Tan proclive él al diálogo, no ha extraído ninguna consecuencia de dicha atribución.

En otros términos, y por fortuna, los conceptos de «Democracia», «Derechos Humanos» y «Estado de Derecho» no son virtuales sino realidades dotadas de contenido específico, cuya violación en el ámbito de la Unión Europea y del Consejo de Europa lleva aparejadas consecuencias jurídicas y políticas. Y el Gobierno Vasco haría bien en despertar de su ensueño y reflexionar sobre el hecho de que su tarjeta de visita en el ámbito de las dos Organizaciones Internacionales antes citadas sea de tan bajo nivel como la democracia que viene gestionando desde hace más de dos décadas.

Como ha destacado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a lo largo de su abundante jurisprudencia, la democracia representa un elemento fundamental del orden público europeo, reposando la salvaguarda y el desarrollo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales sobre un régimen verdaderamente democrático y sobre una concepción y un respeto comunes de los derechos humanos. En esta línea, ha precisado que los derechos y libertades fundamentales de la persona contenidos en el Convenio europeo de derechos humanos de 1950, no son derechos teóricos o ilusorios, sino concretos y efectivos. Es por eso que todos ellos deben ser garantizados en una sociedad democrática, siendo característicos de tal sociedad los relativos a la tutela judicial efectiva, a la libertad de expresión, así como la obligación de organizar, a intervalos razonables, elecciones libres con escrutinio secreto, en condiciones que garanticen la libre expresión de la opinión del pueblo en la elección del cuerpo legislativo.

Es por ello que el Convenio europeo de derechos humanos de 1950 -que obliga tanto a España como a la Administración Vasca- en sus arts. 10 y 11, permite a los Estados Partes la imposición de limitaciones tanto en el marco de la libertad de expresión como del derecho de asociación, cuando las mismas sean necesarias en una sociedad democrática para la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito. En otros términos, que el fin que persiga dicha limitación sea un fin legítimo. Pues bien, es en este contexto en el que se sitúa la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos. En la misma, ni se persiguen ideas, ni se persiguen proyectos políticos. Lo que se hace es poner coto a un tipo de impunidad asentado y tolerado en el País Vasco.

Después de haber escuchado y leído tanta demagogia por parte de sus detractores no está de más recordar ¬porque, que yo sepa, hasta ahora no se ha hecho¬ que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya declaró conforme a Derecho la disolución de un partido político en Turquía. Un partido político, por otra parte, que contaba con apoyo social y que en 1995 se convirtió en el primer partido político turco, con un total de 158 escaños (de 450) en la Gran Asamblea Nacional, accediendo al poder en 1996.

Basta leer la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para constatar que en democracia no toda idea, ni todo proyecto político son legítimos. Por el contrario, la democracia tiene derecho a defenderse. Esto es así cuando desde un partido político se incita a la violencia o se propone un proyecto político que no respete una o varias reglas de la democracia o que contemple la destrucción de esta así como el desconocimiento de los derechos y libertades que la misma reconoce. En tales hipótesis, el partido político en cuestión no puede prevalerse de la protección del Convenio europeo contra las sanciones infligidas por esos motivos.

Igualmente, cuando dicho partido político pretende instaurar un sistema jurídico que conlleva una discriminación basada en las creencias. En el caso objeto de la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el partido político concernido pretendía imponer la Charia ¬la ley musulmana¬ a la Comunidad musulmana lo que conlleva que «difícilmente pueda pasar por un asociación conforme al ideal democrático subyacente al conjunto del Convenio». Sustitúyanse en el caso vasco las creencias religiosas por ideologías excluyentes y la similitud es evidente.

Un tercer criterio tenido en cuenta por el Tribunal es el hecho de que miembros del partido político objeto de su decisión habían evocado la posibilidad de recurrir a la fuerza a fin de superar diversos obstáculos en su camino político para acceder al poder y permanecer en él, sin que tales declaraciones fueran nunca objeto de medidas disciplinarias en el seno del propio partido. Por el contrario, fueron presentados como candidatos a funciones políticas importantes como alcaldes y diputados en la Asamblea nacional. Nuevamente, el paralelismo con el caso vasco es sorprendente.

Por último, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos manifiesta que «cuando el comportamiento incriminado alcanza un nivel elevado de insulto y se acerca a una negación de la libertad de religión del otro, (dicho comportamiento) pierde para sí mismo el derecho a ser tolerado por la sociedad». La referencia a la libertad de religión es, obviamente, extrapolable a otras libertades. Si además nos situamos, por ejemplo, en los plenos municipales de muchos Ayuntamientos vascos, la fotografía es diáfana.

En definitiva, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluye que «si bien el margen de apreciación de los Estados debe ser estrecho en materia de disolución de partidos políticos, siendo el pluralismo de ideas y de partidos inherente a la democracia, el Estado concernido puede razonablemente impedir la realización de un proyecto político de ese tipo, incompatible con las normas del Convenio ¬europeo de derechos humanos¬ antes de que sea puesto en práctica mediante actos concretos que corren el riesgo de comprometer la paz civil y el régimen democrático en el país».

Cuando todo vale en la lucha contra ETA
Maite Cunchillos Libertad Digital  7 Enero 2003

El anteproyecto de Ley que el Gobierno acaba de aprobar para endurecer las penas de los terroristas explica en su preámbulo que esta reforma legal se ha creado para garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos. Es cierto, como señala ese texto, que la sociedad reclama una protección más eficaz frente a las formas de delincuencia más graves. Pero no es menos cierto que los ciudadanos no tienen un pelo de tontos; y si es así, pronto percibirán que el Gobierno va a utilizar con fines electorales sus reformas legislativas contra ETA. Como muy bien explica el anteproyecto de ley, está acreditado que los terroristas utilizan las reglas del Código Penal para vulnerar constantemente el Estado de Derecho. Pero está por ver si el Gobierno se va a servir también de esos instrumentos legales para obtener un rédito electoral. El caso del terrorista Ángel Alcalde demuestra que contra ETA todo vale, incluso la mentira.

En la primera semana de enero hemos leído en los periódicos y hemos visto en la televisión que este miembro de ETA, “prófugo de la justicia”, según fuentes de Interior, había reaparecido en un acto público organizado por el entorno de Batasuna. Enseguida la maquinaria se puso en funcionamiento: los políticos se preguntaban cómo este etarra eludía la acción de la justicia. Interior “ponía a sus policías a buscar al terrorista”. Otros, más osados, incluso adelantaban actuaciones penales de la fiscalía de la Audiencia Nacional. Nadie se preguntó por qué Alcalde había comparecido tan tranquilo en ese acto. Nadie se hizo esa pregunta porque el miembro de ETA figura en las listas europeas y americanas de terroristas más buscados. Nadie ha querido escuchar a la fiscalía de la Audiencia Nacional, que lleva tiempo advirtiendo que la causa abierta contra Alcalde está prescrita desde hace años. Interior lo sabía, pero no le ha importado nada: el pasado mes de diciembre, Rajoy presentaba la lista europea de etarras y además en esa rueda de prensa ponía el ejemplo de Alcalde, como uno de los terroristas que a partir de ese momento tendría más dificultades para eludir la acción de la Justicia. Ya nos hemos dado cuenta de esos problemillas, incluso los hemos visto por televisión.

Estos días incluso hemos escuchado que el Tribunal Supremo condenó en rebeldía a Alcalde, cuando éste se fugó de España en 1989. A no ser que otra reforma legislativa del Gobierno lo corrija, por ahora nuestro país no puede juzgar a nadie --ni siquiera a un etarra-- en rebeldía. Pero, como ahora nos fijamos mucho en Europa, ¡ojo!, que en Francia sí se condena en rebeldía. Quizá quien condenó a Alcalde no se equivocó, simplemente pudo adelantarse a los acontecimientos.

Lo que está claro es que Alcalde no es prófugo de la Justicia; no hay una orden internacional de busca y captura contra él; la Policía española no le busca, aunque con las listas europeas, quizá sí le persigan en Grecia, o en Austria… Si Carmen Tagle estuviera viva podría explicar mejor que nadie cómo Alcalde se le escapó antes de sentarlo en el banquillo. Eso sí, el terrorista encima tuvo la satisfacción de que el Constitucional le diera el amparo cuando, en el año 89, él y sus compañeros Idígoras y Aizpurúa juraron la Constitución en el Congreso de los Diputados “por imperativo legal”. Como dice el preámbulo del último anteproyecto del Gobierno, son los instrumentos que utilizan los terroristas para vulnerar el Estado de Derecho. Tendremos que esperar al siguiente preámbulo, del siguiente anteproyecto, de la siguiente reforma, del siguiente golpe a ETA.

Unidad o responsabilidad
Por NICOLÁS REDONDO TERREROS ABC 7 Enero 2003

¿En qué consiste hoy la unidad democrática?, ¿es posible esa unidad?, ¿qué unidad sería más eficaz?... Estas son preguntas que cualquier ciudadano puede hacerse al observar cómo día tras día se apela al concepto de unidad por parte de muchos dirigentes políticos.

La Unidad Democrática suele utilizarse, especialmente entre los autonomistas, como un arma arrojadiza. Un buen ejemplo de ello, se produjo alrededor de la manifestación convocada hace días por Juan José Ibarretxe. Algunos autonomistas decidieron ir, pero debieron vencer un gran recelo ante la iniciativa, y por esa misma desconfianza, otros optamos por no acudir. Entre los asistentes y los ausentes se produjo un rife-rafe, en el que la unidad de los demócratas iba de un lado para otro, como suele suceder con los lugares comunes, que sirven para una cosa y también para la contraria. Al margen de esa polémica se situó, a mi juicio, el colectivo ¡Basta ya!, logrando con su presencia imaginativa, mostrarnos la naturaleza autoritaria y exclusivista de los nacionalistas.

Hagamos un poco de historia. El acuerdo de Ajuria Enea -pacto de los partidos democráticos contra ETA por antonomasia- tuvo que desaparecer para que viera la luz la Declaración de Estella (para los nacionalistas acuerdo de Lizarra). En la localidad del viejo reino foral, los nacionalistas representados por EA, PNV, HB y ETA dejaron a sus espaldas la unidad democrática y abrazaron, con fe de carbonero, la unidad de los nacionalistas. La banda terrorista concedió, habiendo conseguido llevar a su lado a los nacionalistas institucionales, una tregua condicionada al buen comportamiento de los partidos nacionalistas y de la Izquierda Unida representada por Javier Madrazo, personaje oscuro e inquietante propio de zonas fronterizas y violentas. Los nacionalistas optaron por prescindir de la mitad de la sociedad vasca, como evidenciaron en su día los famosos documentos que el PNV firmó con ETA y que, posteriormente, no pudieron o no quisieron cumplir. Es decir, con la firma de Estella, los nacionalistas tiraron por la borda la tan traída y llevada, la tan añorada unidad democrática.

El empecinamiento en la vía de Estella (superación del marco autonómico), el fortalecimiento y la legitimación de los objetivos de los terroristas por parte del PNV, la reacción del partido de Sabino Arana ante los asesinatos de ETA una vez terminada la tregua, y la constatación de que la unidad democrática yacía, hecha mil pedazos, en el pasado, nos obligó a los autonomistas a comenzar a construir nuevas bases para la política en el País Vasco. Las principales referencias para este nuevo camino fueron:

-El PNV nunca ha optado por derrotar a ETA. Los nacionalistas solucionan el conflicto entre la moral (rechazo a los asesinatos de ETA) y la rentabilidad política (la existencia de la banda agranda el eco de sus reivindicaciones) con la figura de la tregua: ETA está pero no actúa, o mejor aún, no actúa pero está presente cual espada de Damocles.

-La tregua o la derrota de ETA están siempre relacionadas en las estrategias nacionalistas con la superación del marco autonómico y constitucional. Para el PNV, tanto la tregua como la derrota, tienen un precio que debemos pagar los autonomistas.

Como estas dos evidencias tiran por tierra una política bienintencionada nacida durante los años de la transición, que se ha demostrado dudosamente eficaz; aparecen las vigas maestras de la nueva estrategia democrática:

-El Estado de Derecho se hace Responsable de la política contraterrorista, y los nacionalistas pierden un especial derecho de veto histórico en la materia. En mi opinión, y creo que en la de la mayoría de los ciudadanos, sería mejor mantener el apoyo de los nacionalistas en la lucha anti-terrorista, pero también creo que no podemos dejar de enfrentarnos a nuestra Responsabilidad, porque exista esa oposición, muchas veces incomprensible, del nacionalismo.

-Los no-nacionalistas debemos construir una alternativa constitucional y autonómica, que tenga como seña de identidad la libertad y la pluralidad. El PNV no pudo, no supo o no quiso enfrentarse eficazmente al terrorismo de ETA y tampoco ha solucionado las relaciones con el resto de España. Es la alternativa por la libertad la que tiene que intentar enfrentarse a los dos retos: la consecución de la paz y la relación normalizada con el resto del país.

Influidos por esta nueva filosofía, el PSOE y el PP firmaron un Pacto por las Libertades, al que se ha opuesto frontalmente el PNV. Pasado el tiempo, el que gobierna y el partido que puede gobernar sacaron adelante la Ley de Partidos Políticos que, presumiblemente, terminará ilegalizando a Batasuna. Este acuerdo parlamentario fue contestado por los nacionalistas con furia e indignación; recuerden cómo los nacionalistas, muchas veces directamente. y otras a través de sus obispos nos anunciaron más crispación, aumento de los desórdenes callejeros e incremento de la «kale borroka» en las calles del País Vasco. ¡Qué casualidad! Justo lo contrario de lo que ha sucedido. Junto a ese «error histórico del PP y del PSOE», en palabras de los nacionalistas, hay que añadir los autos del juez Garzón, quien impulsa la ilegalización de Batasuna por la vía penal.

Así, nos situamos en el momento presente, en el que se anuncia que durante el año 2003 se producirá el debate sobre la reforma del Código Penal para el cumplimiento íntegro de las penas y sobre el conflicto que éste supone con el espíritu de la reinserción, remarcado de la forma que merece en nuestro texto constitucional. De esta polémica, que la habrá con seguridad, nacerá un nuevo acuerdo entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, y de nuevo, el partido de Arzalluz, se opondrá radicalmente al mismo sea el que fuere el espíritu y la letra del acuerdo.

Hemos recorrido, espero que con conocimiento cabal por parte de todos, un camino diferente al de los últimos 25 años. Hemos cambiado la Unidad por la Responsabilidad, y a ese cambio conceptual y estratégico se han opuesto radical y violentamente Arzalluz, parte de la clerecía de mi partido y algunos sectores de la sociedad española muy comprometidos cultural, sociológica y económicamente con los sectores más influyentes nacidos en la transición.

Aquellas preguntas tan manidas ya no sirven. Son otras las que deben formularse, si queremos respuestas a aquello que de verdad plantea la nueva realidad política. ¿Estamos dispuestos a prescindir del Acuerdo por las Libertades para recuperar la unidad democrática?, porque son incompatibles entre sí. ¿Recorreríamos el camino contrario a la ilegalización de Batasuna por atraer al partido de Arzalluz?, porque es imposible unirlos armónicamente. ¿Seríamos tan valientes como para denostar en público la vía Garzón y situarnos, por ejemplo, en la opción Olabarria?, porque sobre el asunto en cuestión sus posiciones son antitéticas. Y, por último, llegado el momento de la verdad, ¿estábamos en mejor situación durante el «reinado político» del Pacto de Ajuria Enea?, como defiende Txiki Benegas en sus últimos artículos o ¿estamos ahora mejor que nunca?, como mantengo yo.

Que nadie se apresure a optar. Analicemos el pasado y el presente desde el punto de vista de la lucha contra ETA y desde el ámbito político. Hagámoslo serenamente, la cuestión se lo merece. Si les parece, dedicaremos a ello el próximo artículo.

Cumplimiento íntegro de penas
ANDRÉS MONTERO GÓMEZ /PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA DE LA VIOLENCIA El Correo 7 Enero 2003

Las cárceles están pobladas por criminales y por algunos inocentes. También por personas cuya transgresión a la ley y a la convivencia podría ser resuelta satisfactoriamente por medios alternativos. No me gustan las cárceles, pero de momento no hemos descubierto cómo afrontar mejor la criminalidad. Rechazo racionalmente la pena de muerte, y acerca de la cadena perpetua y su eventual equivalencia a los 40 años de reclusión propuestos por el Gobierno, podría argumentarse mucho respecto a si es posible la reinserción en según qué delincuentes o sobre si 40 años de reclusión tendrían o no efecto reeducador.

Ahora bien, el anuncio del Gobierno de modificar el marco legislativo actual, con el propósito de promover el cumplimiento íntegro de penas por delitos de terrorismo, se me antoja armónicamente inscrito en la corriente de rechazo inequívoco que hay que conformar para un delito que personalmente, insisto, considero un crimen contra la Humanidad. Aparte de suponer un paralelo de justicia en los mecanismos para el resarcimiento moral de las víctimas de ETA, la supresión de beneficios penitenciarios de los que han venido disfrutando terroristas encarcelados revertirá en un ajuste más perfecto entre la norma y la realidad criminológica, puesto que en su redacción actual está pensada sin discernir la necesidad de abordar el terrorismo como amenaza social específica.

El terrorismo es un crimen que, por el hecho de parasitar y esconderse tras determinadas ideologías políticas, ha confundido a las sociedades durante mucho tiempo y, debido a ello, se ha demorado su conceptualización correcta. Por fortuna, en España estamos dando pasos para encuadrarlo en su marco adecuado. Sin embargo, no debemos olvidar que constituye un delito organizado de naturaleza especialmente compleja, y en el caso de ETA el objetivo es subvertir el orden constitucional y desestabilizar nuestro sistema de convivencia, haciendo para ello una utilización instrumental de la población, a cuyos ciudadanos asesina y atemoriza aplicando tácticas de tortura y deshumanización. Debido a su idiosincrasia, pues, el terrorismo merece un tratamiento penal y penitenciario específico, aunque cualquier iniciativa tiene que medirse de modo que ensamble con la máxima efectividad en una política integral. En este punto, algunos analistas arguyen que el terrorismo no debe ser objeto de ningún abordaje especial, que recordaría al fracaso de legislaciones especiales antiterroristas y de tribunales de excepción. Por mi parte, en cambio, entiendo que entre los marcos normativos antiterroristas especializados y el acometimiento del terrorismo como un delito más existe un punto de equilibrio marcado por la definición del terrorismo como una amenaza grave y compleja que demanda un espacio, individualizado y omnicomprensivo, no sólo en la legislación ordinaria sino en otra serie de iniciativas políticas y sociales.

Así, el cumplimiento íntegro de penas debería tener en cuenta su combinación con la política de dispersión, la garantía de una vía de reinserción especial para terroristas arrepentidos que renieguen de ETA, y la habilitación de mecanismos de reinserción para el resto. La doble vía de rehabilitación para criminales terroristas es útil en el caso de bandas organizadas armadas y, además, cumple con el fin constitucional reeducador de las penas. Por una parte, una vía especial que permita que, siempre sobre casos individualizados, terroristas arrepentidos cumplan menos pena si se concluye que su salida de ETA y abjuración del terrorismo puede perjudicar a la banda y, por tanto, beneficiar a la sociedad. De otro lado, en una vía ordinaria de reinserción sin efecto en la pena habría que desarrollar instrumentos especializados de intervención en prisión, algo en lo que todavía no se ha avanzado ni un paso con terroristas porque ni siquiera se ha pensado en ello. Ambas vías de reinserción estarían comunicadas, de manera que un terrorista que, en virtud de mecanismos especializados de evaluación, fuera declarado apto para acometer la vía de reinserción especial, pudiera pasar a ella por medio de las habilitaciones oportunas.

A mi juicio, en el mismo orden de la reinserción, es un error que denota cierto desconocimiento sobre la psicología del terrorismo exigir la delación como 'conditio sine qua non' para acceder a algún tipo de beneficio derivado de la reinserción especial. No está demostrado que las delaciones debiliten a las bandas criminales organizadas más que el abandono. En los grupos fuertemente ideologizados como ETA, la delación será más percibida como un signo de degeneración del delator, que llama a considerarlo una 'patología' personal y efecto de la persuasión de las autoridades, que como el producto de un proceso íntimo de convicción y reflexión que pudiera ser más asociado al abandono expreso y voluntario. Además, las delaciones, en la dimensión ofensiva que se deriva de la conducta activa de perjuicio para la banda en la que incurre el 'soplón', desencadenan esquemas defensivos de repliegue interno en el grupo terrorista que a largo plazo fortalecen a la banda. El abandono razonado, que incluya quizás una declaración expresa del camino que ha llevado al terrorista a renegar de su banda y del asesinato, parece mejor indicado a modo de otra línea de acción -no muy pronunciada porque las bandas llegan a adaptarse- contra el terror.

En cuanto a la propuesta de incremento de penas máximas de 30 a 40 años, y sin valorar su potencial disuasorio, su impacto psicológico se puede dejar sentir en los asesinos en activo de más edad y en menor medida en los jóvenes (si han cometido su primer asesinato, absolutamente desconectados de la realidad), por más que 40 años de encarcelamiento tendrán efecto inequívoco en su utilidad operativa para ETA una vez salgan y será una variable positiva para la quiebra del compromiso con la banda, a pesar de la burbuja que construyen a su alrededor las Gestoras Pro-Amnistía. Por cierto, ahora que se aborda una reforma, no habría que dejar pasar la oportunidad de adecuar el sistema a la gravedad execrable de otros asesinatos sistemáticos distintos del terrorismo.

Entre Olentzero y Reyes
SANTIAGO GONZÁLEZ/ El Correo 7 Enero 2003

Le escribo esta carta, lehendakari, en fechas muy apropiadas para la comunicación epistolar. En la amable esquizofrenia de estos días que nos diseñan entre el Olentzero y los Reyes Magos me he permitido la tercera vía de escribirle a usted, en la lógica de Ramón Irigoyen: «entre Sodoma y Pamplona hay un justo término que es París».

Nuestros niños viven en un mundo dual, entre el Olentzero y los Reyes; nuestros empresarios, entre las subvenciones de Vitoria-Gasteiz y lo que caiga de Madrid; el señor Urdangarín, entre el estatus de libre asociación con España que usted le explicó en el polideportivo de Mendizorroza y las comidas con la Familia Real en el palacio de Marivent. Y digo yo, lehendakari, si no sería posible que la televisión pública vasca estuviese a la altura de las circunstancias y en navidades venideras emitiera el discurso del Rey el día de Nochebuena, al igual que hace con el suyo de usted por la Nochevieja. Una vela a Dios y otra al Diablo, dicho sea sin ánimo de señalar.

Me explico. Vengo observando en los últimos años una contradicción en el hecho de que su televisión no considere noticia el discurso del jefe del estado el día 24 y que sus 'teleberris' del día 25 abran inevitablemente con las críticas de los portavoces nacionalistas a un discurso que ETB no ha transmitido. O trasladado, por usar un verbo de su predilección. No es lógico que gentes como Iñaki Anasagasti, Begoña Errazti, Gorka Knörr o Javi Madrazo estén condenados el día de Nochebuena a sintonizar una televisión extranjera -una de esas cuya desaparición haría feliz a José Antonio Rubalkaba- con el fin de preparar sus deberes replicantes para el día de Navidad.

Por eso me permito escribirle esta carta al 'olentkari', o al 'lehendatzero', que en medio de tanta duplicidad ya no sé muy bien cómo se dice. Me gustaría que nos trajera libertad, que es lo que más falta nos hace y un poquito de cordura, a poder ser. Nada pido para mí, lehendakari, que con su atención a esta carta pagado estoy, pero me gustaría que regalese el libro 'Ortografía de la Lengua Española' (con perdón) a su consejera de Educación, Anjeles (sik) Iztueta, que en respuesta a una pregunta parlamentaria del Partido Popular, escribía el pasado 22 de noviembre «ha» (tercera persona del presente de indicativo del verbo haber) sin hache.

También me gustaría que se autorregalara la 'Historia de España', (su generosidad perdonará tanta insistencia), de Fernando García de Cortázar, con el fin de que no vuelva a repetir el error que cometió en Oxford, al decir que la dictadura franquista duró desde 1939 hasta 1979. De ambas cosas tengo pruebas documentales y, francamente, lehendakari, da mucho coraje y mucha pena que borrones como estos puedan deslucir la cuidada caligrafía soberanista con la que ha redactado su proyecto.

¿Conjura rojo-separatista?
Por CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 7 Enero 2003

HA escrito Javier Pradera, con su habitual desaliño estilístico y su proverbial mala fe, que Jaime Mayor va a liderar desde su puesto en el comité electoral del PP a todos aquellos «que manejan el embeleco de una amenazadora «conjura rojo-separatista»». ¿Piensa acaso el comentarista que este descenso freudiano al lenguaje de las confrontaciones sangrientas puede tener hoy alguna eficacia política? ¿O no se da cuenta de que con sustituir conjura por «pacto», rojo por «socialista» y separatista por «independentista» queda perfectamente definida la realidad a la que se oponen Jaime Mayor y la mayoría de los españoles?

El comentarista no se atreve a hablar directamente del «pacto entre nacionalistas e independentistas» que es la descripción ajustada del peligrosísimo proceso en que estamos y lo intenta disfrazar con la fórmula que utilizaron los de Acción Española y otros propagandistas del franquismo. Pero la torpeza mayor del comentarista es la agresión de contenidos que supone la comparación entre aquella «conjura» y el actual «pacto» ya que las gentes de Acción Española, al manejar aquel término, estaban defendiendo un Estado unitarista y centralista, mientras que Jaime Mayor y la inmensa mayoría de los españoles, al condenar el pacto de nacionalistas y socialistas, defienden un Estado autonómico.

Sencillamente los constitucionalistas no necesitan crear ningún tipo de «embeleco»; les basta con denunciar los afanes de los Maragall e Ibarreche. Por eso el articulista se ve obligado a disfrazar la realidad como si estuviéramos en la España del 36.

Pero es costumbre en este comentarista reducir o rebajar o alterar los contenidos de la discusión para poder salir «airosamente» en sus empeños. No es ciertamente la primera vez (aunque espero que sea la última) que intenta desprestigiar a los que defienden la idea de España, tal como está definida en la Costitución, tratándoles de patriotas desaforados que se alimentan de un españolismo esencialista. Y es que necesita crear este tipo de maniqueos para justificarse a sí mismo y a quienes como él están en una sofisticada traición a la patria, a la realidad histórica de España y al modelo constitucional de la nación. Demasiado sabe el comentarista que en la Costitución no se habla de nación de naciones, sino de nación, nacionalidades y regiones y, por supuesto, de un solo Estado. Y demasiado sabe Pradera que este es el objetivo de lo que él quiere que llamemos «conjura rojo-separatista» y los demás calificamos como «pacto entre nacionalistas y socialistas».

Se puede entender que haya gentes que quieran cambiar la Constitución, que se empeñen en modificar el modelo de Estado: esa es la lucha de los nacionalistas que es una apuesta histórica arriesgada y enloquecida, pero no tan vil como apoyar las pretensiones de aquéllos desde posiciones supuestamente constitucionales, centradas y razonables mientras se falsean las intenciones de los contrarios.

Entiendo que un escritor intente serlo aun cuando no tenga cualidades para ello, pero lo que no alcanzo a comprender es que no se tenga «voluntad de estilo» a no ser en casos como éste en los que se renuncia a la ética. Porque hablar de conjura rojo-separatista para ocultar el pacto de Maragall e Ibarreche, calificar de franquistas a los defensores de la España autonómica y llevar esta polémica a los sótanos de nuestra historia de perseguidos y asesinados es una inmoralidad, una inmoralidad sospechosa. Supone la renuncia doble de a la ética y a la estética, no sólo al estilo sino a la voluntad de estilo.

ETA kanpora (más aclaraciones)
Germán Yanke Libertad Digital  7 Enero 2003

Alcalde, un terrorista perseguido en toda la Unión Europea, aparece en un acto público en San Sebastián, amenaza con la vulgar pero criminal doctrina de ETA y se esconde de nuevo. En esa misma ciudad, los dirigentes de Batasuna pasean por las calles gritando las consignas de la banda terrorista a la que pertenecen y jalean a los presos de la misma.

Para empezar, como ciudadano español empadronado en el País Vasco, siento vergüenza. Vergüenza de la existencia en mi país de un sustancioso porcentaje de votantes que aceptan el crimen y sostienen a los criminales. Vergüenza por la enfermedad moral de tantos conciudadanos que parecen poder vivir con normalidad en un país así, es decir, que, aunque repudien todo el totalitarismo violento que viene amargándonos la vida desde hace decenios, la consienten a su modo. Vergüenza también de que las instituciones de mi comunidad autónoma, ante todo este espectáculo, mantengan como única preocupación expresa unos hipotéticos “derechos” de los criminales de ETA entre los que estarían, parece, la reducción de penas y la “reinserción” automática. He leído estos días que se ha recriminado a los servicios de información de las Fuerzas de Seguridad dependientes del Gobierno de España el fallo en el seguimiento de Alcalde. ¿Y la Policía autonómica, ya que “apareció” en el País Vasco? ¿Y las manifestaciones de Batasuna, es decir, de ETA, en las calles vascas?

No sólo siento vergüenza. También rabia. ETA está fuera, es evidente, está en las calles, en el Parlamento, en los ayuntamientos. Y no parece que el nacionalismo gobernante quiera llevarla a otro sitio: se niega a disolver los grupos parlamentarios y municipales en los que se amparan, se niega a romper los pactos de gobierno que con ella tiene, se niega a impedir que campen sus amenazas por cualquier rincón del País Vasco, se niega a dejar de financiar organizaciones que la amparan, se niega a detener a quien hay que detener (no hay más que ver las estadísticas de la Policía autonómica) y, como vemos ahora, a que estén los criminales en la cárcel, lo que es justo y conveniente.

Ahora que Aznar –otra vez y espero que cuantas haga falta– anuncia las medidas precisas del Estado de derecho para defenderse, y defendernos, de esta plaga, hay quienes hablan de exageración, de venganza y de retórica de la derecha. Tenemos enfrente a los nacionalistas violentos pero estamos rodeados de tontos.

Los niños son monárquicos
Iñaki EZKERRA La Razón 7 Enero 2003

Salvo en casos excepcionales como el de Haro Tecglen, que nació siendo «el niño republicano» porque ya entonces lo tenía todo más claro que la niña de los peines, la mayoría de los críos son monárquicos.

Ellas sueñan con príncipes azules y ellos con el Rey Arturo. Y unas y otros coinciden en creer en los Reyes Magos que antes eran de Oriente y ahora son de Oriente Medio. Los Reyes Magos, sí, que nos visitaron ayer y que quizá cuando vuelvan a su casa no hallen en pie ni el medio Oriente que les quedaba por culpa de Bush y su guerra.
En el País Vasco algunos mayores también se traen su guerra para exiliar a los Reyes Magos como a ciertos periodistas o profes de la uni y sustituirlos por el Olentzero, un carbonero guarrindongo y borracho que es el que le traía los juguetes a Sabino Arana y el que le trae ahora a Arzalluz las ikurriñas Reunidas Geyper, los supermapas soberanistas, los juegos de rotuladores de colores y el traje de Drácula para chupar Rh negativo de momento sólo por el pasillo de su domicilio.

Los niños vascos, que, como todos , son muy pragmáticos, optan por el sincretismo navideño y no renuncian a nada. Asimilan al Olentzero como en la década teleaperturista de los sesenta asimilaron a Papa Noel: sin renunciar a los Magos de Oriente ni por el forro y escribiendo cartas pedigüeñas a todos ellos. Gracias a los líos tontorrones de sus mayores hoy reciben juguetes por tres lados. Así reparten mejor sus deseos.

Los niños vascos son monárquicos, como todos, y defienden a sus reyes y sus reinos. Una vez Gaspar Llamazares se felicitó «como republicano» por unas investigaciones del historiador Franco Cardini según las cuales los Magos no eran reyes siquiera. Ahora en ese mismo país los periodistas católicos Elisabetta Broli y Roberto Beretta publican un «libro ¬«los once mandamientos»¬ que desvela medio centenar de tópicos falsos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento.

Naturalmente, vuelven a ir a por los Reyes Magos y aclaran que no eran tres. Pero esto a los niños les trae sin cuidado. Quien estará contento es Llamazares, sí, tiene algo de grandioso. Es el único adulto que realmente creía hasta ayer en los Reyes Magos. Necesitó un historiador italiano para darse cuenta del truco. Si no es por el jarro de agua fría que le echó Cardini, habría ido un año más a la cabalgata. Debe de creer aún que Marx es el rey Melchor. No le han dicho que Marx y Engels son los padres. Pero la peor parte se la llevan los niños de Llamazares.
Es muy heavy creer en el Presidente Arturo y los ministros de la Tabla Redonda o que trae los juguetes un Canciller Mago de República Federal.

Nacionalistas árabes en Europa
Andrés Freire Libertad Digital  7 Enero 2003

“En los barrios donde conviven belgas y árabes, la tensión crece y una tormenta acecha el horizonte. Cuando esta vez sople el viento, los disturbios de 1991 parecerán una brisa fresca de una mañana soleada”. No, no es la ultraderecha belga quien así habla, sino Dyab Abu Jahjah, el emergente líder de la Liga Árabe Europea (AEL), en un discurso pronunciado hace ya un año en El Cairo. El tiempo le va dando la razón, y los últimos meses la ciudad de Amberes ha sido sede de graves disturbios raciales, a cuya cabeza ha estado el propio Abu Jahjah.

Las excusas para estos disturbios han sido varias. Una manifestación propalestina terminó con ataques en el barrio judío de Amberes. El reciente asesinato de un joven marroquí a manos de un perturbado belga fue ocasión para dos días de destrozos. Lo que más escandalizó a los bienpensantes fue lo selectivo del vandalismo: Fueron atacados los pubs flamencos y los negocios propiedad de los negros, mientras aquellos que lucían una pegatina de la AEL quedaban intactos. A raíz de los incidentes, Jahjah fue detenido por incitar a la violencia, pero fue liberado a los pocos días.

Lo que distingue a la Liga Árabe Europea de otros movimientos árabes en Europa es que su discurso no se apoya en el islamismo, sino en el más tradicional de los nacionalismos. Según proclaman en su página web, su razón de existir es la defensa de los intereses de la comunidad árabe en Europa, y la del mundo árabe en general (por ejemplo, allí aparece una nota en la que se solidarizan con Marruecos en su lucha por recuperar los “territorios ocupados” por España). De acuerdo con ese nacionalismo árabe, la AEL propugna el mantenimiento de su lengua, su cultura y su identidad. Es decir, rechazan rotundamente las políticas de integración y la lógica del mestizaje, que consideran una forma implícita de racismo. Ellos, jóvenes árabes nacidos en Europa, quieren seguir siendo árabes.

Los ingenieros sociales de la integración no aciertan a entender este fenómeno, y lo achacan a los viejos fantasmas del racismo y la discriminación. Los multiculturalistas no quieren reconocer que perseguían un imposible: Deseaban que millones de personas de distintos orígenes y culturas inmigraran en breve plazo a estados poblados desde hace siglos por una ciudadanía bastante homogénea y, al mismo tiempo, pretendían que el país de recepción siguiera siendo el mismo. A los disidentes políticos que se oponían a esta política, bastaba con motejarlos de racistas y/o fascistas. Pero hoy, en cambio, son los jóvenes inmigrantes los que se rebelan contra esa lógica de la asimilación y preguntan abiertamente por qué han de acomodarse a nuestras costumbres.

El experimento social del multiculturalismo está en bancarrota, y hoy habitan nuestro continente millones de jóvenes desafectos y hostiles. ¿Qué hacer con ellos? Nosotros no lo sabemos. Ellos, en cambio, tienen las ideas claras. Nada más salir Abu Jahjah de la cárcel, su partido emitió una nota en que pedía a sus seguidores que permanecieran “atentos y preparados para movilizarse en cualquier momento. La lucha continua”.

El PP denuncia que «Nunca Máis» es la tapadera de los separatistas del BNG
Dice que la plataforma «manipula» a la sociedad de una forma político-partidista
El secretario general del PP de Galicia, Jesús Palmou, arremetió ayer contra la plataforma «Nunca Máis», a la que acusa de ser un instrumento «político partidista» que manipula a la sociedad con «fines exclusivamente electoralistas». Palmou lamentó que «Nunca Máis», integrada por miembros del BNG, IU y por ecologistas; no dedique los fondos que recibe a los damnificados, sino a financiar las protestas dirigidas contra su formación. La plataforma, entretanto, volvió a convocar una protesta en Vigo para pedir dimisiones otra vez.
Redacción - Madrid.- La Razón 7 Enero 2003

El secretario general de los populares gallegos, Jesús Palmou, denunció ayer el intento de la plataforma «Nunca Máis» de manipular a la opinión pública, con fines «exclusivamente partidistas» y para intentar llevar a la calle la crispación y el malestar.

Palmou quiso destapar de esta forma a la plataforma, que destina los fondos que percibe mediante donaciones a costear sus actividades «político partidarias», en vez de apoyar a los damnificados o a las labores de reparación de daños y regeneración de las costas. En su opinión, los medios que reciba esta plataforma van a ser utilizados para financiar las protestas y las movilizaciones en contra del PP, ya sea al frente de la Xunta o del Ejecutivo central.

El secretario general del Partido Popular de Galicia aseguró que «esto era algo que ya sabíamos, pero que viene a confirmar que, desde el primer momento, la plataforma se ha constituido con el objeto de manipular a la opinión pública», de una forma «vergonzosa e intolerable».

Aprovechar la catástrofe
En este sentido, señaló que la plataforma se está aprovechando de una catástrofe que está padeciendo Galicia y a la que «todos tenemos que hacer frente por encima de cuestiones ideológicas y partidistas».

Palmou afirmó que desde que se produjo la catástrofe ha habido una «gran confusión» porque los ciudadanos «no tenían claro que el dinero que destinaban para ayudar a los damnificados era para financiar sus actividades políticas». A partir de ahora, puntualizó, «esa confusión ha desaparecido y los ciudadanos actuarán en consecuencia y en la línea en que han venido actuando, es decir, ayudando a quienes necesitan ayuda realmente, al margen de posiciones partidarias e ideológicas».

Preguntado por si las acciones de la plataforma restarán votos a su partido en las próximas elecciones, dijo que «los ciudadanos son inteligentes: saben, ven, y perciben la manipulación vergonzosa del lema Nunca Máis y, por lo tanto, llegado el momento, actuarán en consecuencia».
«Creo que la sociedad gallega ha dado un ejemplo extraordinario de unión en defensa de Galicia y de sus intereses por encima de cualquier otra circunstancia, por lo que rechazarán la posición de quienes pretenden manipular a la opinión pública», añadió.

Palmou insistió en que lo que pretende esta plataforma es «sacar réditos políticos en las próximas elecciones» y, en este sentido, pidió a los ciudadanos que se fijen en «quiénes están al frente» de esos actos y «observen» las banderas y otros símbolos políticos que portan.

Entretanto, alrededor de 40.000 personas participaron ayer en Vigo en la manifestación de carácter musical y festiva convocada por el colectivo «Burla Negra» ¬integrado en «Nunca Máis»¬ para protestar por la catástrofe del «Prestige» y la gestión realizada por el Gobierno, bajo el lema «Máis que nunca dimisión».
El gestor de «Burla Negra», Carlos Peixoto, aclaró que desde la Plataforma no se pide dinero para los marineros sino a empresas que colaboran para montar este tipo de actos que requieren «una infraestructura».

ETA gastó 180 millones de pesetas para comprar armas durante la "tregua-trampa"
Libertad Digital  7 Enero 2003

ETA invirtió al menos 180 millones de pesetas para rearmarse durante los doce últimos meses de su "tregua-trampa", que concluyó el 3 de diciembre de 1999. El dato se desprende de la contabilidad intervenida a Ignacio de Gracia Arregi, alias "Iñaki de Rentería", tras su detención el 15 de septiembre de 2000. Esta semana, Arregi se sienta en el banquillo en París.

Según informa el diario El Correo, ETA gastó al menos 180 millones de pesetas en labores de rearme, abastecimiento y logística durante los últimos doce meses de su “tregua-trampa”. Ya estaba más que acreditado que ETA usó su tregua (desde finales de 1998 a finales de 1999) para reorganizarse, ya que la banda criminal estaba muy debilitada por los últimos golpes de la lucha antiterrorista, aunque este nuevo dato viene a demostrarlo otra vez. La información emana de la contabilidad intervenida a “Iñaki de Rentería” en septiembre de 2000, cuando el entonces dirigente del comité ejecutivo de ETA fue arrestado en Bidart (Francia). Esta semana, “Iñaki de Rentería”, cuyo alias interno en ETA era “Gorosti”, se sentará en el banquillo de los acusados en los tribunales de París.

La instrucción judicial previa a la vista ha permitido establecer, según la acusación, que Ignacio de Gracia Arregi se encargaba del control y reparto de los recursos financieros, la gestión de gastos del aparato logístico y el aprovisionamiento en armas y explosivos. También se le atribuyen funciones en la selección de objetivos y en el desarrollo de nuevas técnicas para los comandos de pistoleros. No obstante, lo más interesante para los investigadores fue el hallazgo de la contabilidad detallada de los presupuestos de los entramados logístico, electrónico, de falsificación y abastecimiento, que obraban en poder de “Iñaki de Rentería” cuando fue arrestado. Este cabecilla tenía a sus órdenes directas a 16 etarras, cuyas necesidades financieras se elevaban a los 25 millones de pesetas.

Pero la parte central de la documentación detallaba cronológicamente las partidas presupuestarias entregadas a cuatro responsables del área logística de ETA, que sumaban los 222 millones de pesetas. De ellos, 180 millones fueron desembolsados durante los últimos doce meses de la tregua. Estos cuatro cabecillas del área de logística eran José Javier Arizkuren Ruiz, alias “Kantauri”, Jon Olarra Guridi, alias “Otsagi”, Asier Oiartzabal, alias “Baltza” y Juan Carlos Iglesias Chouza, alias “Gadafi”, todos ellos encarcelados en Francia. Entre diciembre de 1998 y marzo de 1999, “Kantauri” recibió 39 millones de pesetas para la llamada “Operación Gorris”, que consistía en comprar armas en el mercado negro de los países del Este de Europa a través de intermediarios mafiosos radicados en Alemania.

En junio, Asier Oiartzabal recibió 25 millones de pesetas, se supone que también para comprar armas. Un mes más tarde, en julio, “Iñaki de Rentería” aún disponía de una reserva de unos 285 millones de pesetas, guardados en zulos designados con las letras “Txer” y “Txor”, abreviaturas probables de “Chernobil” y “Txoriak”. El primer escondrijo fue descubierto el pasado verano en Las Landas, mientras que el segundo sigue aún oculto y se supone que ETA guarda aún allí sus fondos. Ignacio de Gracia libró las partidas más importantes durante el verano de 1999, poco después de que miembros de ETA y emisarios del Gobierno se reunieran en un hotel de Zúrich (Suiza). Al dinero entregado a Asier Oiartzabal en julio se unieron otros 50 millones en agosto, que también fueron utilizados para comprar armas. Por su parte, Jon Olarra Guridi recibió 30 millones en septiembre.

En el juicio de esta semana, previsto por el Tribunal Correccional de París para los próximos jueves y viernes, comparecerán Iñaki Gracia y Fabienne Tapia, su mujer, que está en libertad bajo control judicial desde el 22 de diciembre de 2000. Serán juzgados en rebeldía los huidos Soledad Iparragirre, Mikel Otegi, Tomás Elgorriaga, Juan Carlos Rekarte, Asier Aginako y Aitziber Coello. También está procesado Juan Antonio Olarra Guridi, ex jefe militar de ETA detenido en septiembre pasado cerca de Burdeos junto a Ainhoa Múgica Garmendia, aunque se espera que este caso se separe del resto porque la instrucción no está tan avanzada.

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