AGLI

Recortes de Prensa     Miércoles 8 Enero  2003
Chapapote y optimismo
JOSÉ MARÍA CALLEJA La Voz 8 Enero 2003

El problema de España
José Luis Manzanares La Estrella 8 Enero 2003

El chapapote del Bloque
Enrique de Diego Libertad Digital  8 Enero 2003

Cuestión de necesidad
Editorial La Razón 8 Enero 2003

Son peores los jueces que las leyes
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital  8 Enero 2003

Una juez contra los ciudadanos
Germán Yanke Libertad Digital  8 Enero 2003

La juez reincidente
EDITORIAL Libertad Digital  8 Enero 2003

La injusticia de la juez justa
LUIS IGNACIO PARADA ABC 8 Enero 2003

Más que palabras
Cartas al Director ABC 8 Enero 2003

Anasagasti está con los malos
Román CENDOYA La Razón 8 Enero 2003

La «lista de Alonso» ya llega a los 18 etarras
L. R. N. - Madrid.- La Razón 8 Enero 2003

Rajoy denuncia que «Nunca Máis» es un «grupo radical» adscrito al BNG
Carmen Morodo - Madrid.- La Razón 8 Enero 2003

Los actos de «Nunca Mais» pierden fuerza al acentuarse su proximidad al BNG
ALFREDO AYCART ABC 8 Enero 2003

Francia desbarata el plan de evasión de seis etarras en la prisión parisina de La Santé
Libertad Digital 8 Enero 2003

Chapapote y optimismo
JOSÉ MARÍA CALLEJA La Voz 8 Enero 2003

LA CONVOCATORIA de elecciones municipales y, en algunas comunidades, autónómicas, no es la única razón que hace pensar que será especialmente intenso el año que acabamos de estrenar. Atrapado en el síndrome del chapapote, el PP está doblemente obligado a ofrecer desde ya un perfil de nuevos bríos que cambie el rumbo titubeante mostrado incluso antes del nefasto noviembre del hundimiento del Prestige . La batalla electoral de Madrid tiene la suficiente pegada como para que su eventual ganador, o ganadora, se presente ante el conjunto de la opinión pública española como el ganador de las municipales. Le pasó antes, en 1979, al PSOE. Por supuesto que los resultados electorales en Galicia serán literalmente desmenuzados, más que nunca, en busca de restos de chapapote en las papeletas que los gallegos metan en las urnas. Por ahora da la sensación de que los esfuerzos del Gobierno por salir de este fango grasiento no están dando resultados.

Este año podemos asistir, al ritmo que llevamos en los últimos meses, a un mayor grado de descomposición del mundo terrorista. En términos cualitativos es evidente la pérdida de fuelle de los criminales en todos los terrenos: siguen matando, pero afortunadamente cada año hay menos víctimas. La calle ya no es suya. Además, la tenacidad y el coraje democrático de miles de ciudadanos vascos achica permanentemente los espacios de impunidad en los que hasta hace muy poco se desenvolvían los mariachis de los asesinos. ETA es un mundo en descomposición. Podrá poner una bomba en el metro o en unos grandes almacenes, pero su tiempo se termina. Hay, además, un factor psicológico que supone una ventaja añadida para los demócratas: los menos implicados en el mundo violento tienen introyectada ya la certeza de que este partido lo van a perder y empiezan a moverse para tratar de salvar su propio pellejo y para poder situarse, lo más favorecidos posible, en nuevas fotos con nuevos compañeros. Si hace cinco años nos dicen que el movimiento Aralar, una escisión de Herri Batasuna, se iba a atrever a convocar una manifestación por su cuenta y sin la bendición de la banda y que el actual brazo político de ETA se iba a ver obligado a convocar otra manifestación, el mismo día, a la misma hora, para evitar el riesgo de desbandada, ni los mas optimistas nos hubiéramos creído esa hipótesis.

Por paradójico que resulte, el PNV puede ser el principal beneficiado de la política de firmeza del PP y el PSOE, de la contundencia policial y del acoso judicial. Este conjunto de frentes contribuye a facilitar la huida de muchos de los que han apoyado históricamente a ETA por verla como opción ganadora. La sensación de derrota del mundo violento, unida a la terquedad del mensaje de Ibarretxe, pueden obrar el milagro de vaciar de votos a los que apoyan a los terroristas... y llenar las arcas del PNV. Desde luego, con su actual discurso a favor de la independencia y de rechazo a los constitucionalistas, los antiguos votantes de HB no se van a sentir extraños si deciden votar a Ibarretxe.

Embarcada cerrilmente en su proyecto de independencia, la política del PNV puede llegar a poner en jaque a las instituciones del Estado de una forma tan grave incluso como la puso ETA durante algunos años, especialmente en la transición. En cualquier caso, ojalá el problema más grave que tenga el Estado sea cómo neutralizar el proyecto independentista de Ibarretxe en vez de cuándo terminar con el terrorismo. Cualquier problema, por peliagudo que sea, que se plantee sin la espada de la sangre pendiendo sobre nuestras cabezas, será mucho menos problema.

El problema de España
José Luis Manzanares La Estrella 8 Enero 2003

Los programas políticos se ordenan y acicalan durante el periodo electoral, pero la credibilidad de las ofertas depende de la confrontación democrática día a día. Aquí nos conocemos todos, de forma que muchos de los desengaños tardíos podrían evitarse con la doble precaución de ejercitar la memoria y cerrar los oídos a las bellas melodías de nuestros flautistas de Hamelín. El profesor Tierno Galván, alcalde socialista de Madrid, el mismo que aconsejaba a los jóvenes “ponerse al loro”, no tuvo empacho en afirmar que las promesas electorales se hacen para ser incumplidas. Una frase que, aunque muy citada y alabada como muestra de erudito cinismo, poco ha servido como aviso a los manejantes.

Los comportamientos a lo largo de los años en el Gobierno o en la oposición quizá no coincidan con el discurso electoral, pero el ciudadano encontrará en ellos los datos más fiables para no verse defraudado tras depositar el voto en las urnas. Lo ocurrido en Alemania debe servir de ejemplo sobre las consecuencias de creer en los remedios taumatúrgicos o confundir las imágenes de una desgracia puntual con lo más conveniente para la dirección del Estado. Las dificultades socieconómicas de Berlín o Madrid no se agotan en las inundaciones de Sajonia o la marea negra de Galicia. Y por lo que hace a esta piel de toro, conviene recordar que nuestro principal problema no radica precisamente en el paro, o la inflación, la inseguridad ciudadanía, y ni siquiera en el terrorismo, sino en la idea misma de España y en su vertebración política.

Sólo la Constitución garantiza la convivencia pacífica de los españoles en un Estado de Derecho, sólo a través de sus propias previsiones cabe reformar nuestra Carta Magna y sólo la nación española es titular de nuestra soberanía. Todo tan elemental como olvidado con excesiva frecuencia. Nuestro Estado de Autonomías ni puede interpretarse como un Estado federal —y menos asimétrico— con terceras lecturas de un texto que en este punto es perfectamente claro, ni admite Estados Libres Asociados.

Lástima que alguien ignore lo que es la lealtad constitucional. Hay clamorosas ausencias en determinados actos y celebraciones nacionales, y hay quien considera que el desfile del ejército en Barcelona o el izado de la bandera española en Madrid son provocaciones irresponsables. El secretario general de las Juventudes Socialistas del País Vasco se enfrenta a un periodista diciéndole que “no nos gusta la bandera que usted bendice en la plaza de Colón”, al igual que tampoco le gusta “la que cuelga de la sede del PNV”, quizá por eso de la equidistancia y el virtuoso punto medio. La gran cuestión sigue siendo la identidad de España. Al lado de este problema, el resto de nuestras inquietudes pierde importancia.

El chapapote del Bloque
Enrique de Diego Libertad Digital  8 Enero 2003

La serie de irresponsabilidades cometidas en torno al "Prestige", no sólo las del Gobierno, están siendo aprovechadas por el Bloque Nacionalista Galego para intentar salir de su crisis. Un dato que debería preocupar a los socialistas, pues la existencia de nacionalismos de izquierdas, introducen un elemento de competición en el mismo segmento de electorado, que le resta posibilidades. La mejor noticia para Ferraz en las elecciones gallegas fue, precisamente, el inicio del declive de los muchachos de Beiras, cuyo futuro se presentaba más sombrío al amortizarse la carrera política de su líder.

Los nacionalistas gallegos han encontrado en el chapapote una especie de maná, con el que, además, intentan financiarse, a través de esa esotérica plataforma de Nunca mais, que es el conjunto de partidos del Bloque con otro nombre. El error gubernamental en la presencia inmediata –ahora ministros asisten a los funerales de las víctimas del accidente ferroviario–, más el despliegue de demagogia exhibido por el equipo Zapatero, corren el riesgo de hundir a Galicia en un mar de subvenciones. Un mal que puede acabar con el dinamismo económico de esa autonomía, para reproducir los modelos vergonzosos y vergonzantes de Andalucía y Extremadura, de compraventa de votos a cambio de no hacer nada.

Además, la manifiesta solidaridad española con una de sus regiones está siendo pervertida por los nacionalistas radicales, para tomar las riendas del Bloque, en perjuicio de los moderados, está siendo pervertida por el curioso intento de presentar a la región como la víctima de una conspiración centralista. Una cuestión que debería hacer reflexionar tanto al PP como al PSOE.

Cuestión de necesidad
Editorial La Razón 8 Enero 2003

Es un hecho probado que la etarra María Ángeles Pérez del Río descubrió que uno de los pasajeros que coincidía frecuentemente con ella en el tren de cercanías era un guardia civil. No sólo pasó la información a la banda, sino que, con auxilio de su marido, alojó en su casa a los asesinos, les señaló a la víctima y les proporcionó el medio de fuga. Por su participación en este crimen fue condenada a 27 años de prisión. Ayer, después de haber cumplido 10 años, menos de la mitad de la pena, fue puesta en libertad condicional por la juez Ruth Alonso, de Bilbao.
Es un hecho probado que el etarra Luis María Azcargorta Belastegui fue colaborador necesario en la colocación de una bomba-trampa bajo el automóvil de dos policías nacionales. Uno resultó muerto y su compañero gravemente herido. Por este y otros delitos fue condenado a 45 años de prisión. Ayer, después de haber cumplido 14 años, menos de un tercio de la pena, fue puesto en libertad condicional por la juez Ruth Alonso, de Bilbao.

Como en el reciente caso del etarra Ramón Gil Ostoaga, la juez ha tomado su decisión en contra de la Junta de Tratamiento Penitenciario de la cárcel de Martutene, que por dos veces se negó a progresar de grado a los terroristas, y con la oposición de la Fiscalía, que recurrió inútilmente. Ruth Alonso, sin embargo, está amparada por la actual legislación vigente y, pese a la cierta alarma social creada, recibirá el amparo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y apenas será objeto de un simple expediente informativo por parte del Consejo General del Poder Judicial.

Su actuación, pues, es jurídicamente impecable, aunque se haya amparado en una legislación que el Gobierno está a punto de cambiar.

Hace demasiados años que la mayoría de la opinión pública española reclama esa reforma legal que ha convertido a nuestro país en una de las naciones occidentales donde, en palabras de los propios miembros del Gobierno, «sale más barato asesinar». No es cuestión, ahora, de lamentarnos por lo que ya no tiene remedio, sino de apelar al buen juicio de nuestros representantes públicos para que la nueva legislación que prevé, entre otras cosas, la creación de un juzgado central de vigilancia penitenciaria para los presos condenados por la Audiencia Nacional, pase el inexcusable proceso parlamentario con la mayor celeridad posible.

Hoy, ese proyecto está sometido al preceptivo trámite de enmiendas en el Congreso de los Diputados. Ya sabemos que Izquierda Unida y, por supuesto, el PNV lo enmendarán a la totalidad, pero el Gobierno cuenta con su mayoría absoluta, con el apoyo condicionado del PSOE y, sobre todo, con el respaldo de la ciudadanía que no entiende cómo es posible que terroristas con largas condenas, en muchos casos reincidentes, consigan la libertad sin cumplir ni siquiera un tercio de la pena.

Son peores los jueces que las leyes
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital  8 Enero 2003

Hace ya mucho tiempo que el mayor obstáculo en la lucha antiterrorista no son las leyes, aunque éstas sin duda siguen siendo demasiado “garantistas” para el delincuente y ominosas e insultantes para la víctima. Por eso mismo, bien está que las leyes se reformen en el sentido que pretende el Gobierno. Pero, como bien decía el político liberal, “que hagan otros las leyes y que me dejen a mí los reglamentos”. Ya se puede endurecer el Código Penal todo lo que el Legislativo considere oportuno, que si luego llega el Judicial y lo interpreta en el sentido contrario nos quedaremos como estamos. Incluso peor. El último escándalo –por desgracia, no el primero, ni el segundo, ni el cuarto– protagonizado por la juez Ruth Alonso demuestra que mientras los jueces encargados de aplicar la legislación antiterrorista no cambien, cambiar las leyes sirve de muy poco. Si acaso, para deprimir todavía más a la ciudadanía.

Es evidente que la nueva hazaña de la juez no se habría producido sin el movimiento corporativo que se produjo cuando desde el Gobierno y no pocos medios de comunicación se denunció su sistemático trato favorable a los presos etarras. Las asociaciones judiciales y el CGPJ prefirieron tapar las vergüenzas, porque vergüenzas son, de su colega. Y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, seguramente por encima o por debajo del corporativismo patológico de las tribus judiciales y más sujeto al terror que reina en todo el País Vasco, se esmeró en respaldar a esta juez, cuyo comportamiento sólo deja indiferentes o públicamente impávidos a los jueces, pero escandaliza a toda España.

El resultado, a la vista está. Si Aznar y Michavila tuvieran menos prisa en ganar puntos electorales y se preocuparan un poco más en poner orden dentro del proceloso mundo judicial es muy posible que ETA tuviera más motivos para preocuparse. Mientras las leyes contra el terrorismo las apliquen jueces como Alonso, ya pueden endurecerlas lo que quieran porque ellos las ablandarán lo que les dé la gana.

Una juez contra los ciudadanos
Germán Yanke Libertad Digital  8 Enero 2003

La juez Ruth Alonso vuelve a las andadas. Seguramente es fiel a la doctrina de la secta a la que pertenece, pero es evidente que no es leal al Estado de Derecho. Ni, desde luego, es consecuente con los ciudadanos que pagan su sueldo y que merecen de las instituciones judiciales las garantías suficientes para su vida y libertad. Para excarcelar criminales de ETA (ahora los dos últimos para sumar un total de dieciocho) cuenta con una religión convertida en cinismo y con la discrecionalidad que le proporciona la ley. De la primera ya se hizo eco Libertad Digital: ver a los criminales como seres humanos necesitados de caridad cristiana y a las víctimas como hechos irremediables. Los adventistas quizá tengan elaborada una doctrina más seria pero la versión de Alonso es de un cinismo escandaloso. Pero lo que como ciudadanos debemos exigir, ante ella y ante el Consejo que gobierna a los jueces, es que la discrecionalidad que por el momento disponen no sea arbitrariedad. Y mucho menos una triquiñuela para torpedear la necesidad de defender al Estado de Derecho y a los ciudadanos de la más vil de las organizaciones criminales, ETA.

En anteriores excarcelaciones (la mayoría de ellas revocadas posteriormente en instancias superiores), los jueces de Bilbao y el propio Consejo General del Poder Judicial explicaron que la juez Alonso no infringía la ley. Cuando el Gobierno anunció reformas legales para impedir este escándalo (elevado a la enésima potencia tras el último asesinato de la banda, cometido por quien debería haber estado encarcelado), las asociaciones judiciales indicaron que lo propuesto se podía llevar a cabo con la actual legislación. Interpretan la discrecionalidad, al parecer, en función del juez y no en función de los hechos, del sentido común y de las garantías que los ciudadanos precisamos. La juez Alonso puede tener todo el respaldo que quiera del presidente de la Comunidad Autónoma Vasca y todo el leguleyo apoyo de sus colegas. Pero el Consejo, si de verdad gobierna la Administración de Justicia en vez de tomarnos el pelo, debe tomar cartas en el asunto. Su comportamiento puede ser legal, pero es tan ilegítimo como cualquier fraude de ley. Aquí no estamos ante una discusión legalista de tribunos bizantinos; hay asesinatos antes y después.

La juez reincidente
EDITORIAL Libertad Digital  8 Enero 2003

Ruth Alonso, esta vez con el beneplácito del TSJPV, ha vuelto a poner en libertad a dos etarras que ni siquiera habían cumplido la mitad, no ya de sus condenas sino del máximo de 30 años previsto en el Código Penal. Luis María Azkalgorta, condenado a 45 años por participar en un atentado con coche bomba en 1985, sólo ha cumplido catorce. María Ángeles Pérez del Río, condenada a 27 años por complicidad en un atentado que costó la vida a un guardia civil, apenas ha pasado diez en prisión, y queda en libertad aun a pesar de la oposición de la Junta de Tratamiento Penitenciario de la prisión de Martutene, donde se hallaba la etarra.

La juez Alonso había solicitado al TSJPV abstenerse de estos dos casos debido a que su imparcialidad había sido “cuestionada a nivel objetivo” durante la polémica suscitada tras la excarcelación del etarra Félix Gil Ostoaga. Este tribunal, que ya respaldó entonces la decisión de la juez, ha denegado la petición de abstención; por lo que se convierte –si es que puede decirse así– en “cómplice” del enésimo desafuero de Ruth Alonso, cuyas peculiares convicciones religiosas le obligan “a ver a los presuntos culpables más allá del derecho, humanamente, tal y como hacía Jesús con los pecadores”. Pero, además de que Jesús sólo perdona a los pecadores arrepentidos –no puede decirse que los etarras excarcelados por Alonso hayan hecho examen de conciencia y acto de contrición–, la misión de un juez no es ir “más allá del derecho”, sino atenerse estrictamente a él, interpretando correctamente la intención de los legisladores, representantes de la voluntad popular.

Se ha dicho muchas veces que la justicia y quienes la administran suelen ser fiel reflejo de la sociedad de donde emanan. Y en una sociedad enferma de miedo, de coacción, de violencia y de nacionalismo obligatorio, las “motivaciones” religiosas de la juez Alonso, así como el apoyo que le presta el TSJPV –entre cuyos “méritos” están obstruir las instrucciones de Garzón, negarse a facilitar las dependencias del Palacio de Justicia de Bilbao para entregar el premio Carmen Tagle al Foro de Ermua por “las circunstancias sociopolíticas que caracterizan al presente esta comunidad autónoma” o negar el éxodo de los jueces fuera del País Vasco– son fiel reflejo del grado de control, a través de la intimidación, que ejercen nacionalistas radicales y “moderados” sobre la sociedad vasca.

Ante la burla al Estado de Derecho que están protagonizando Ruth Alonso –quien emplea sistemáticamente el fraude de ley en el Código Penal para excarcelar etarras– y el TSJPV, que refrenda las actuaciones de la juez, no estaría de más que el órgano de gobierno del Poder Judicial saliera al paso para poner un poco de orden entre tanta sinrazón. Si bien es cierto que el CGPJ no puede imponer criterios de enjuiciamiento a ningún juez o magistrado, no es menos cierto que una de sus principales funciones es vigilar la independencia y competencia profesional de los representantes del Poder Judicial.

La interpretación forzada del Art. 78 del Código Penal, en la que se apoya sistemáticamente Alonso para excarcelar etarras en contra del criterio de los fiscales y de Instituciones Penitenciarias, debería considerarse, al menos, como un indicio de que la juez persigue fines extrajudiciales con sus actuaciones –ya sean éstos religiosos o políticos. Y va siendo hora, ante la ya larga serie de escándalos protagonizados por Ruth Alonso –16 etarras excarcelados–, de que el CGPJ haga una excepción en su inercia corporativista abriendo un expediente a la juez que predica el perdón sin arrepentimiento y llamando al orden al TSJPV. Aunque sólo sea para que se note que el órgano de gobierno del Poder Judicial sirve realmente para algo más que echar capotes a jueces en apuros.

La injusticia de la juez justa
Por LUIS IGNACIO PARADA ABC 8 Enero 2003

«CUANDO no hay justicia, es peligroso tener razón.» Lo escribió Quevedo que, tentado por la política conoció el destierro y la cárcel. La idea es aplicable a la juez Ruth Alonso y su furor excarcelatorio: es muy dudoso que sus decisiones sean justas aunque se ajusten escrupulosamente a las leyes. Desde la «Ética a Nicómaco» sabemos que la palabra justicia designa un intento de medir nuestras acciones y nuestras omisiones. Una acción injusta, escribe Aristóteles, es aquella que toma más o toma menos de lo que le corresponde. Tomás de Aquino denominaba a esa falta pleonaxia, que podría traducirse por exceso de celo o ambición en quien tiene un deseo inmoderado que no se corresponde con sus méritos. Así, la justicia como virtud, adquiere una dimensión ética. La justicia asentada en el derecho presenta dos dimensiones: la justicia natural, que tiene en todas partes la misma fuerza, y la justicia legal que está fundada en la convención y en la utilidad. Una justicia, esta última, en la que la voluntariedad de una acción no queda definida como una absoluta soberanía del agente, sino como una elección del agente en un entorno de restricciones morales.

Juzgar las acciones y no los motivos es, como sugirió Kant, la diferencia que hay entre la justicia o la moralidad de una acción, por una parte, y su legalidad, por la otra. Juzgar la legalidad de una acción no requiere evaluar los motivos que el agente tuvo en cuenta al ejecutarla. Lo fácil, y lo torpe, por eso, es ensañarse con una juez que ha equiparado la legalidad con la justicia, refrendada por el miedo y consentida por un corporativismo igualmente legalista del Consejo General del Poder Judicial. Lo que hay que evitar es que las leyes puedan respaldar sus excarcelaciones legales, y las de todos los demás jueces. Y eso es lo que se está haciendo. El propio Quevedo nos advirtió: «Arrojar la cara importa, que el espejo no hay por qué.»

Más que palabras
Cartas al Director ABC 8 Enero 2003

Explícitamente lo acaba de decir Imaz, portavoz del Gobierno vasco: «La prioridad del Ejecutivo es, por encima de cualquier ideología o proyecto personal a defender, acabar con la organización terrorista». Pues bien, empiecen ustedes por limpiar las calles de Andoain de indeseables, que la Ertzaintza los tiene localizados a todos; eviten ustedes que las tertulias de su radio (por ejemplo, el programa «Ganbara» de comentario político nocturno) sean altavoz de los más extremistas e irracionales; tomen, en fin, medidas efectivas que hagan creer a los incrédulos -que somos legión- en la veracidad de sus palabras.  Rafael Capanegra Sevilla.  Getxo (Vizcaya).

Anasagasti está con los malos
Román CENDOYA La Razón 8 Enero 2003

La cárcel tiene tres funciones: la disuasoria, la punitiva y la de reinsertar al preso. El sistema falla cuando los terroristas salen de las cárceles antes de cumplir sus condenas y siguen asesinando. Obviamente no están reinsertados. Que el gobierno aborde esa necesaria reforma a Anasagasti le parece que es el «paso previo a la instauración de la pena de muerte». La preocupación que muestran Anasagasti y su partido por el bienestar de los terroristas es aberrante. Somos muchos los que estamos en contra de la pena de muerte. Por eso, para que los únicos que la aplican no la sigan aplicando, queremos que los asesinos terroristas estén apartados de la sociedad. A Anasagasti le preocupa que el Gobierno tome medidas para impedir que terroristas condenados salgan de la cárcel y así evitar asesinatos como los de Priede y Molina. Anasagasti está con los malos. Uría también. El asqueroso papel que desempeñan estos diputados tiene su origen en que ellos saben que mucha de su presencia política se debe a la acción de los terroristas. ¿Será que el eslogan «ETA Kanpora» del «lehendakari», Anasagasti, Uría, ... quiere decir ETA fuera de las cárceles? ¿Por eso la Ertzaintza no detuvo el sábado en San Sebastián a Ángel Alcalde?. Quizás.

La «lista de Alonso» ya llega a los 18 etarras
En los últimos años su criterio para excarcelar pistoleros ha sido revocado en siete ocasiones
Con las dos excarcelaciones de ayer, ya son 18 los terroristas a los que la juez de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao, Ruth Alonso, ha dejado en libertad en los últimos cuatro años, a pesar de que su criterio ha sido revocado hasta en siete ocasiones por las audiencias de Vizcaya y San Sebastián.
L. R. N. - Madrid.- La Razón 8 Enero 2003

Otra vez en el centro de la polémica. Cuando apenas si se habían acallado las críticas que suscitó su polémica decisión de poner en libertad al etarra Félix Ramón Gil Ostoaga después de que pasase en la cárcel tan sólo 12 de los 300 años a los que estaba condenado, la juez de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao, Ruth Alonso, ha vuelto a excarcelar a otros dos terroristas de la banda, Luis María Azkargorta Belategui y María Ángeles Pérez del Río, que han pasado catorce y diez años en prisión, respectivamente, cuando sus condenas eran de 45 años, en el caso de Azkargorta, y de 27 en el de Pérez del Río. En los últimos cuatro años, la juez Alonso ha liberado, mediante la concesión del tercer grado y simultáneamente libertad condicional, a un total de 18 presos de ETA, algunos de ellos condenados por delitos de asesinato. Su criterio ha sido revocado hasta en siete ocasiones por las audiencias de Vizcaya y San Sebastián, a pesar de lo cual ha seguido manteniéndolos.

Alonso se encontró por primera vez en el ojo del huracán en el año 1992, cuando decidió conceder el tercer grado a los antiguos etarras Isidro Echave Urrestrilla y Juan Antonio Urrutia Aurteneche, quienes estaban condenados por su participación en varios asesinatos, aunque con anterioridad a ese año también había acordado esa misma medida para otros reclusos de la banda terrorista.

Asesinatos
Dos años después de excarcelar a Echave y Urrutia, esta juez otorgó también el tercer grado al preso de ETA José Ramón Bidaburu, condenado a más de 172 años de cárcel. Este recluso formó parte del grupo de presos que apoyaron a los citados Echave y Urrutia, ante las críticas vertidas desde Herri Batasuna a su postura contraria a la violencia. Este ex miembro de la banda, integrado en el «comando Besaide», fue detenido en noviembre de 1980 y condenado dos años después por tenencia ilícita de armas y por cuatro causas de asesinatos. El 30 de septiembre de ese mismo año, Ruth Alonso concedió el tercer grado al ex agente de la Ertzaintza José Miguel Sueskun Sanz, quien fue condenado a tres penas de 20 años de prisión por colaboración con la banda terrorista. La última de sus excarcelaciones de etarras se produjo en octubre pasado, cuando concedió el tercer grado a José Ramón Basauri Pujana, condenado a 45 años de prisión por asesinatos y estragos. Así, desde 1992, sus resoluciones en este ámbito se han repetido en distintas ocasiones.

La Fiscalía también ha mantenido un criterio constante: presentar el correspondiente recurso. Esta actuación ha derivado en que siete de sus decisiones fueron revocadas por el tribunal superior competente entonces, la Audiencia Provincial de Vizcaya y la de San Sebastián, mientras que sólo dos fueron confirmadas. Otra decena de recursos están pendientes de resolución, aunque ahora tendrá que ser la Audiencia Nacional quien tenga que pronunciarse al respecto.

La polémica sobre sus resoluciones se ha centrado siempre en si tiene o no facultades para conceder un tercer grado ¬que deriva después en libertad condicional¬ a un preso al que se le ha denegado por la autoridad penitenciaria, sin que éste recurra ese acuerdo. La juez Alonso ha venido sosteniendo sistemáticamente que tiene facultades para ello. Sin embargo, la Fiscalía y la Audiencia de Vizcaya ¬que revocó seis de sus acuerdos¬ han afirmado lo contrario.
La decisión de Ruth Alonso de no atender los criterios que marcaba la Audiencia de Vizcaya hicieron que este tribunal le advirtiese en el año 1999 de que se estaba extralimitando en el ejercicio de sus funciones, por conceder terceros grados a presos etarras sin tener competencias para ello. Fue en un auto de 3 de marzo de 1999 en el que la Audiencia Provincial de Vizcaya afirmaba de forma tajante que «en ningún caso la Ley o el Reglamento Penitenciario prevén la progresión a tercer grado efectuada directamente por el juez de Vigilancia Penitenciaria, por una vía distinta a la de la resolución de un recurso interpuesto por el interno» contra la denegación por la autoridad penitenciaria.

Competencias
Pero la Sala no decía entonces que no podía de oficio progresar de grado a un preso, sino que, además, estaba asumiendo competencias que no le correspondía. «A la vista de los artículos 63, 65.4 y 76.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y 195.2 de su Reglamento, el juez de Vigilancia, con su resolución ¬conceder el tercer grado a un etarra¬ se ha apartado de las normas esenciales de procedimiento, ha conculcado la legislación penitenciaria en materia de clasificación de internos y se ha arrogado competencias que no son suyas, invadiendo las reservadas por la Ley a la Administración Penitenciaria». Sin embargo, la juez Alonso decidió no seguir los criterios que marcaba la Audiencia de Vizcaya y continuó progresando de grado a etarras y concediéndoles la libertad condicional sin necesidad de que recurriesen contra la denegación.

La polémica por la excarcelación de Gil Ostoaga se vio acrecentada cuando, días después de que el etarra saliese de prisión, su cuerpo fue hallado con un disparo que él mismo se había descerrajado. Algunos sectores nacionalistas interpretaron que la presión mediática y la de algunos partidos habían «apretado el gatillo» contra Gil Ostoaga.

Rajoy denuncia que «Nunca Máis» es un «grupo radical» adscrito al BNG
Arenas dice que sólo intenta «convertir en crispación lo que es preocupación serena»
El Comité Ejecutivo del PP volvió a analizar en su reunión de ayer la situación creada por el «Prestige». Los populares aprovecharon para poner de manifiesto su «descontento» por la actuación de la plataforma «Nunca Máis», quien se dedica a convertir en «crispación» la tragedia y a «manipular» la realidad. El vicepresidente primero, Mariano Rajoy, llegó a asegurar que ese colectivo es un «grupo radical» adscrito al BNG. También defendió que las nuevas manchas que ahora llegan a Galicia son restos de fuel de las rocas.
Carmen Morodo - Madrid.- La Razón 8 Enero 2003

El Comité Ejecutivo del PP volvió a analizar en su reunión de ayer la situación creada por el vertido del «Prestige». Los populares aprovecharon el encuentro para poner de manifiesto su «descontento» por la actuación de la plataforma «Nunca Máis», quien, a su juicio, se está dedicando exclusivamente a convertir en «crispación» la tragedia y a «manipular» todos los días la realidad».

El Partido Popular seguirá dedicando todos sus esfuerzos a combatir los efectos de la catástrofe, y no iniciará su campaña informativa sobre las «deslealtades» socialistas en este asunto hasta no haber logrado resolver todos los problemas existentes aún en la costa gallega.

El vicepresidente primero y ministro de la Presidencia, Mariano Rajoy, presentó de nuevo un informe sobre la situación actual en el mar, en el buque hundido y en las playas. Dentro de un mensaje general de tranquilidad, con las cautelas que exige este asunto, aseguró a los suyos que las manchas que están llegando a la playa son restos de fuel que se está desprendiendo de las rocas.

Tuvo también palabras para referirse a la actuación de la plataforma «Nunca Máis», a la que tachó de «grupo radical» adscrito al Bloque Nacionalista Gallego. Recordó asimismo las denuncias de las propias cofradías de pescadores respecto a que a ellas no está llegando «ni un duro» del dinero recaudado.

En el mismo sentido se manifestó el secretario general de los populares gallegos, Jesús Palmou, quien volvió a incidir en las citadas denuncias de las cofradías de pescadores sobre las presuntas irregularidades cometidas por «Nunca Máis», y habló asimismo de que los voluntarios están perfectamente atendidos en lo que afecta a todas sus necesidades.

Ya en rueda de prensa, el secretario general del PP, Javier Arenas, criticó la actitud de «irresponsabilidad, incapacidad e insolidaridad» del PSOE ante el vertido del «Prestige» y lamentó la «manipulación» que de esta catástrofe cree que se está haciendo desde la plataforma «Nunca Máis». El «número dos» de los populares señaló que la dirección del PP se había solidarizado con Palmou respecto a su «gran descontento» por la «manipulación» que cree que se está realizando de los acontecimientos por parte de «Nunca Máis».

A su juicio, desde ese colectivo «se intenta convertir en crispación lo que es preocupación serena». Frente a esa actitud, aseguró que el PP seguirá dedicando todos sus esfuerzos a combatir los efectos de la «tragedia». Insistió en la percepción del PP de que ha habido dos comportamientos ante el vertido, el representado por este partido volcándose en paliar los efectos y guiado por los conceptos de «entrega, rigor y responsabilidad», y el que ha demostrado el PSOE. Consideró que los socialistas han dado muestras de su «irresponsabilidad, incapacidad e insolidaridad» y sólo han pretendido sacar provecho electoral de la situación, una posición que cree que será tenida en cuenta por los ciudadanos.

Por último, ratificó que el PP no pondrá en marcha la campaña sobre las «deslealtades» socialistas en este asunto hasta no haber dejado resueltos todos los problemas que aún existen en la costa gallega.

Los actos de «Nunca Mais» pierden fuerza al acentuarse su proximidad al BNG
ALFREDO AYCART ABC 8 Enero 2003

SANTIAGO. Cuestionada por su tendencia nacionalista próxima a los radicales del BNG, la Plataforma «Nunca Mais» pierde paulatinamente su capacidad de convocatoria a medida que cofradías, marineros y localidades afectadas por la marea negra denuncian que en ningún momento se ha dirigido a ellos ni para para colaborar en las tareas de limpieza, ni para ofrecer colaboración ante la catástrofe. El secretario general del PP, Javier Arenas, criticó ayer que la organización, que no ha permitido incorporarse a su partido, «intenta convertir en crispación la lógica preocupación serena de la sociedad».

«Nunca Mais», surgida como una plataforma ciudadana independiente, que en teoría agruparía a entidades sociales, sindicatos y partidos de distinto signo para protestar contra el desastre provocado en el litoral gallego por el «Prestige», ha acentuado en las últimas semanas su tendencia radical, en una evolución paralela al descenso de asistentes a sus diferentes actos de protesta, como quedó en evidencia el pasado lunes, día de Reyes, en Vigo, donde sólo participaron 40.000 personas en su «manifestación lúdica», frente a las cerca de 150.000 que acudieron a la primera marcha que organizó en la ciudad.

Disculpas oficiales
Todo ello, pese al expreso respaldo del Ayuntamiento dirigido por el nacionalista Lois Pérez Castrillo, poco después de verse obligado a pedir disculpas al príncipe Felipe por los actos de protesta que enturbiaron su visita a la ciudad para inaugurar el Museo de Arte Contemporáneo. En aquella ocasión, un grupo de personas arrojó chapapote contra la comitiva oficial mientras entonaba gritos exigiendo la dimisión del presidente de la Xunta, Manuel Fraga.

El titular del Gobierno gallego advirtió entonces que los alborotadores eran los mismos en todas las localidades, a las que se desplazaban en autobús, días antes de que el vicepatrón de la cofradía de pescadores de Vigo, Julio Alonso, denunciara que la institución no ha recibido ninguna llamada telefónica de los integrantes de «Nunca Mais» para interesarse por sus necesidades, como tampoco había percibido ni un euro de lo recaudado por la Plataforma.

Con todo, aún fue mayor el desastre de la concentración convocada en teoría para reivindicar la calidad de los productos gallegos del mar. Al acto, que terminó por convertirse en una nueva concentración contra la actuación de los responsables del Gobierno, sólo apenas asistieron cien personas, en una ciudad que protagonizó el pasado 1 de diciembre la mayor manifestación de la historia de la Comunidad, unas 200.000 personas. El vicepresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se lamentó de que la Plataforma no permitiera al PP incorporarse oficialmente a la marcha, explicó pocas horas después que compartía la indignación de los ciudadanos que habían acudido «de buena fe».

El alcalde de Muxía, Alberto Blanco, aseguró ayer a ABC que la única vez que los responsables de «Nunca Mais» se habían dirigido a la Corporación fue para reclamar medios para sufragar sus desplazamientos. «Aquí han realizado dos protestas, la segunda un peculiar viacrucis, mientras los voluntarios trabajaban en la limpieza del fuel de las playas».

«No hay más que ver quien encabeza sus concentraciones, los dirigentes del BNG, para conocer cual es la tendencia de esa organización», aseguró Alberto Blanco, quien se lamentó de «la utilización política que algunos intentan hacer de la desesperación de los ciudadanos por el desastre». El coordinador del Bloque, Anxo Quintana, precisó que «se enorgullece» de participar como uno más en la Plataforma, y precisó que el PP la critica «porque le molesta su poder de convocatoria» .

El portavoz de «Nunca Mais» en Vigo, Xosé Vaamonde, reconoció que destinan todo el dinero que recaudan a financiar actividades centradas en exigir que se asuman las responsabilidades políticas por la catástrofe, y se escudó en la presencia de IU para intentar demostrar que está abierta a todos los partidos.

Firmantes de manifiestos
Medios del PP subrayaron en este sentido que buena parte de los actores y escritores que se han integrado en la Plataforma «Nunca Mais» y en la denominada «Burla Negra», «son los habituales firmantes de cualquier manifiesto en contra de la política desarrollada por el Gobierno y el PP. Ya les conocemos. Son siempre los mismos, ahora con un collar diferente».

«Se trata en muchos casos de escritores y artistas que critican la política cultural de la Xunta poco después de recibir subvenciones del Gobierno gallego para desarrollar sus actividades», concluyó.

Francia desbarata el plan de evasión de seis etarras en la prisión parisina de La Santé
Libertad Digital 8 Enero 2003

Primero se informó de que fueron cinco los etarras que iban a fugarse de la cárcel de La Santé, situada en París, pero luego se ha sabido que eran seis. Javier García Gaztelu, sanguinario ex jefe de los pistoleros de ETA, estaba entre ellos. Contaban con la colaboración de otros presidiarios y con apoyo desde el exterior, pero los planes no estaban muy avanzados.

 Los etarras implicados en este plan de fuga eran el ex jefe de los pistoleros de ETA, Javier García Gaztelu, alias “Txapote” (detenido en febrero de 2001), y un lugarteniente del área logística, Asier Oyarzabal Txapartegui, alias “Baltza” (detenido en septiembre de 2001). Junto a ellos, también iban a fugarse Ángel Otxoantesana Badiola, Iñaki Lizundia Álvarez, Ángel María López Anta, y Antxon Saisiaín Rodríguez, según fuentes próximas a la investigación. Tras quedar desbaratado su plan, los seis han sido trasladados, en régimen de aislamiento, a otras cárceles de la región de París, mientras los servicios de la lucha antiterrorista tratan de identificar a sus cómplices en el exterior.

El plan fue descubierto el pasado 2 de enero gracias a que funcionarios de prisiones interceptaron mensajes que estaban intercambiándose los etarras, que estaban internados en distintas secciones de la cárcel. Otros presos, que trabajan como auxiliares, eran los correveidiles de los seis etarras y llevaban los mensajes, en los que había planos de las secciones y de la prisión, así como indicaciones sobre el uso y colocación de explosivos para volar las puertas de las celdas y un muro exterior de la prisión. Según fuentes de la investigación, el plan estaba en una fase "preliminar" y en el registro de las celdas no se hallaron explosivos ni teléfonos móviles, ni otros elementos significativos.

El pasado 21 de diciembre se produjo una manifestación a favor de los presos de ETA en las puertas de la cárcel de La Santé. Aquel día, varios proetarras escalaron uno de los muros del recinto y los investigadores sospechan que aquel acto pudo estar vinculado al plan de fuga. Se cree que algunos de los que se subieron a la tapia querían examinar los dispositivos de vigilancia y el interior del centro penitenciario. Los agentes a cargo de la investigación buscan ahora a algunos de aquellos participantes en la protesta, porque podrían ser los que estaban preparando la logística de la fuga para introducir los explosivos dentro de la cárcel y para volar uno de los muros para facilitar la huida de los seis etarras.

El ex concejal de HB Iñaki Lizundia Alvarez fue detenido en diciembre de 2001, junto a otros dos etarras, en un tiroteo con gendarmes tras tratar de eludir un control de carretera. Otxoantesana Badiola, alias "Kirru", estaba considerado como un enlace del presunto predecesor de “Txapote”, Ignacio de Gracia Arregui, alias “Iñaki de Rentería”, quien fue arrestado en septiembre de 2000 en la localidad vascofrancesa de Bidart y que será juzgado el próximo jueves en el Tribunal Correccional de París. Ángel María López Anta, por su parte, supuestamente había sido miembro del “comando Bolueta” de la banda.

El pasado agosto, el etarra Ismael Berasategui se fugó de La Santé haciéndose pasar por su hermano, quien se quedó en su lugar después de una visita. El caso está ahora en manos de la Dirección Nacional Antiterrorista (DNAT) y la Fiscalía antiterrorista. El descubrimiento del plan de evasión de los seis etarras se produjo apenas dos semanas después de la fuga en la comisaría de Bayona (sur de Francia) del último jefe de los pistoleros de ETA, Ibon Fernández de Iradi, que heredó el cargo tras la captura de José Antonio Olarra Guridi en septiembre del año pasado.

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