AGLI

Recortes de Prensa     Viernes 10  Enero 2003
La alternativa necesaria
Germán Yanke Libertad Digital 10 Enero 2003

La fatiga de lo evidente
Aleix VIDAL-QUADRAS La Razón 10 Enero 2003

Amenaza a terroristas
Miguel Ángel RODRÍGUEZ La Razón 10 Enero 2003

Nunca más «Nunca Máis»
Luis María ANSON  La Razón 10 Enero 2003

Política carroñera nacionalista
Enrique de Diego Libertad Digital  10 Enero 2003

CONTRASTES JUDICIALES
Editorial ABC 10 Enero 2003

Aprovecharse de la tragedia
Editorial La Razón 10 Enero 2003

LA APOCALIPSIS DE RUTH
Carlos HERRERA ABC 10 Enero 2003

REINSERTADOS
Alfonso USSÍA ABC 10 Enero 2003

Alonso y Urchueguía declaran en el Supremo que Batasuna utiliza la violencia
C. CALVAR/COLPISA. MADRID El Correo 10 Enero 2003

ETA contra Francia, ma non troppo
Lorenzo Contreras La Estrella 10 Enero 2003

Una reforma necesaria, aunque insuficiente
EDITORIAL Libertad Digital  10 Enero 2003

DIÓCESIS ERRÓNEA
Editorial ABC 10 Enero 2003

El subdirector de Nanclares destituido enviaba informes con los que Ruth Alonso liberó «narcos»
Carmen Gurruchaga Diego Mazón - Madrid.- La Razón 10 Enero 2003

Un sindicato policial denuncia que la Justicia protege a los etarras y pone en peligro a los agentes
Libertad Digital  10 Enero 2003

Cataluña y Galicia se enfrentan por los tres barcos cedidos a los nacionalistas
Redacción - Madrid.- La Razón 10 Enero 2003
 

La alternativa necesaria
Germán Yanke Libertad Digital 10 Enero 2003

La información sobre el País Vasco es abundante, pero a veces quedan en un segundo plano noticias más que significativas de la situación de esa comunidad autónoma. Por ejemplo, hace un par de días, en la edición autonómica de El País, Isabel Martínez firmaba un artículo en el que se daba cuenta de que, ocho meses después de un acuerdo avalado por PNV, EA, PP y PSOE para la constitución en los ayuntamientos de foros de apoyo a los amenazados, apenas hay unos pocos en funcionamiento. El presidente de la Asociación de Municipios Vascos, el nacionalista Karmelo (sic) Sainz de la Maza, no puede concretar a la periodista el número de foros constituidos ni dar cuenta del cumplimiento en el municipio que regenta, Lejona (ahora Leoia), en el que ha efectuado, según cuenta, “acciones de contacto con ONG, asociaciones y líderes de opinión locales”.

Está bien recordarlo para contrastarlo con el optimismo mostrado hace ocho meses por dirigentes políticos como Ramón Jáuregui, que fue quien propuso la iniciativa en la reunión convocada por el presidente autonómico Ibarretxe en febrero de 2002. La cooperación con el PNV en estas cuestiones –la defensa de los amenazados, las medidas para conseguir la libertad de los no nacionalistas para formar listas electorales municipales, etc.– se presentaba por estos ilusos del consenso, como tantas otras veces, como garantía de éxito. “Todos contra ETA”. Pasa el tiempo y las maniobras a favor de la imagen santa del nacionalismo terminan siempre en contra de las víctimas.

El interesante artículo de Isabel Martínez contiene unas breves declaraciones del alcalde de Rentería, el socialista Miguel Buen, vicepresidente de la citada asociación municipal. Él ya había constituido un foro similar anteriormente y, tras la declaración de los partidos, el Ayuntamiento se dirigió a varias decenas de asociaciones de la localidad guipuzcoana para que se sumaran al mismo. Ni una sola ha respondido afirmativamente. Buen cuenta que le dicen que son asociaciones apolíticas o que, con esta solicitud, se les pone “en un aprieto” y concluye que, en el País Vasco, es más cómodo firmar un manifiesto pidiendo el acercamiento de los presos, como han hecho algunas de esas asociaciones, que mostrar solidaridad con las víctimas. No cree el arriesgado alcalde de Rentería que los foros sirvan para algo antes de las próximas municipales si no hay un decidido apoyo del PNV. Y se lee en la última línea del texto: “Algo que no parece muy probable, dado que el voto que ese partido busca es precisamente el de quienes se verían perjudicados por esta iniciativa”.

La libertad, la normalidad, el respeto al Estado de Derecho y la garantía de los derechos de los ciudadanos pasa, en el País Vasco, por la alternativa política al nacionalismo. No por el consenso. Es algo tan evidente como paradójicamente olvidado en las ocasiones importantes. El mejor de los foros sería la convicción de los ciudadanos, por la constatación de la política diaria, de que PP y PSOE están dispuestos a desbancar, juntos y democráticamente, a los nacionalistas del poder que ahora ejercen. El peor es el del consenso y las declaraciones conjuntas, como este lamentable ejemplo demuestra.

La fatiga de lo evidente
Aleix VIDAL-QUADRAS La Razón 10 Enero 2003

Ninguno de los trece policías autonómicos vascos que han comparecido en calidad de testigos en el proceso de ilegalización de Batasuna han podido identificar a militantes del brazo institucional de ETA entre las personas que gritaban consignas de apoyo a la banda terrorista en diversos actos públicos. Sorprende que en una manifestación convocada por esta fuerza independentista, encabezada por sus líderes más destacados, plagada de sus símbolos y slogans, y repleta de sus afiliados, no haya sido posible para los ertzainas señalar a un solo titular de un carnet de Batasuna. Parece claro que los asistentes habituales a este tipo de aquelarres no llevan su acreditación de miembros de la coalición abertzale en la solapa, pero tampoco resulta descabellado pensar que no es difícil para un agente de la autoridad demostrar la pertenencia de alguno de aquellos energúmenos a la organización proetarra.

Este género de curiosos fenómenos únicamente se producen en el País Vasco, tierra bendita en la que los transgresores de la ley en plena calle conservan sin problemas el anonimato en las narices de los encargados de hacerla cumplir, los jueces de vigilancia penitenciaria excarcelan a asesinos múltiples a la primera oportunidad, las víctimas de la violencia criminal despiertan menos compasión que sus verdugos, los gobernantes se oponen sistemáticamente a cualquier medida legislativa que ponga freno a la barbarie mafiosa y los científicos más brillantes experimentan apagones súbitos e inexplicables de su inteligencia.

Lo de los científicos viene a cuento porque en una reciente entrevista el Premio Príncipe de Asturias, Gran Cruz de Alfonso X el Sabio y autoridad mundial en Física del Estado Sólido, Pedro Etxenike, a la pregunta de si hay libertad hoy en su Comunidad, responde literalmente: «Yo creo que sí», y a continuación matiza ligeramente esta impresión positiva: «Es verdad que desde el momento en que a uno le pueden matar por sus ideas, la libertad no es total, claro». Al ilustre investigador no se le escapa que en el momento en que por pensar de una determinada manera tienes una probabilidad significativa de que te peguen un tiro en la nuca, tu libre albedrío queda algo mermado. Aunque no cabe duda que es el mismo privilegiado cerebro el que ha alumbrado tan agudas observaciones sobre la situación de la sociedad en la que vive y el que describió el mecanismo por el cual un electrón pierde energía al desplazarse paralelamente a una superficie, es obvio que su funcionamiento ha sido distinto en las dos ocasiones, de igual forma que la competencia profesional de los ertzainas desaparece misteriosamente frente a los batasunos.

Total, que si la lucha por lo evidente es la ocupación que más fatiga produce, los magistrados del Supremo deben estar agotados, mientras que los boinas rojas de Balza y el profesor Etxenike andan de lo más descansado.

Amenaza a terroristas
Miguel Ángel RODRÍGUEZ La Razón 10 Enero 2003

Dice Cruela Ruth Alonso Devil que los terroristas que ella pone en la calle son amenazados por la calle por «los otros», como si Amenábar tuviera la culpa de algo. Parece ser que lo que quiere dar a entender es que «los demócratas» increpan a los terroristas que no han cumplido su pena en prisión y que, por tanto, se ven obligados ¿a llevar escolta!

Sabíamos que Cruela Ruth Alonso Devil era una magnífica profesional, pero no nos percatábamos de que, además, fuera la Madre Teresa de Calcuta para los terroristas que, los pobres, le cuentan a ella sus penas una vez al mes en cosa así como secreto de confesión.

Qué pobrecitos los terroristas a los que la juez pone en la calle. Huy qué miedo tienen que pasar cuando pasean por el barrio sin pistola y sin coche bomba. Seguro que es verdad que alguien les ha llamado «hijos de puta», y a sus corazones sensibles les produce un shock irrecuperable. Ellos sólo han matado a cinco o a diez. Si Cruela Ruth Alonso tuviera que juzgar a «los otros», les metería en la cárcel hasta que se pudrieran por insultar a los terroristas a los que ella cuida con tanto amor.

Además de soportar las decisiones de esta brillantísima profesional, ahora tenemos que aguantar sus entrevistas a los medios de Comunicación. Debería ir a Gran Hermano a ver si ese que tiene fama de pulpo la da un meneo y la tranquiliza. Pero, claro, qué harían los pobrecitos terroristas sin no estuviera ella para consolarles.

Es imposible nuestra convivencia en paz mientras persistan en puestos de responsabilidad gentes como Ruth Alonso. No se puede explicar esta situación fuera de España. Es indignante que una juez prefiera defender a los terroristas en vez de a «los otros». Es inadmisible.

Nunca más «Nunca Máis»
Luis María ANSON de la Real Academia Española La Razón 10 Enero 2003

Nunca, nunca más, el cinismo de plataformas dedicadas a explotar a los que se sienten solidarios por una catástrofe. Nunca, nunca más, a los que se quedan el dinero recogido, no lo entregan a los damnificados y no se sabe en qué lo emplean, sospechosos para algunos de llenar sus propios bolsillos de grupo. Nunca, nunca más, a los que enmascaran sus posiciones políticas minoritarias, separatistas, extremistas y radicales, instrumentalizando la desgracia ajena. Nunca, nunca más, la intoxicación sobre el dolor de los otros, la ceremonia de la confusión mediática, el sorprender la buena fe del ciudadano medio.

Nunca, nunca más «Nunca máis», autotitulada plataforma que no es otra cosa que una terminal del Bloque separatista gallego, dedicado en las últimas semanas a asaltar a los ciudadanos solidarios sacándoles el dinero, a mofarse de los damnificados, a juerguearse lo recaudado en manifestaciónes políticas y otros menesteres; a confundir, a engañar, a intoxicar, a aprovecharse de una inmensa desgracia colectiva. Échale guindas a la tarasca y verás cómo las gasta.

Si el PSOE no quiere perder posiciones y que el petrolero basura se convierta en un bumerán contra él, lo primero que tendría que hacer es desenmascarar las maniobras de la plataforma de los buitres. «Nunca máis» no pasa de un montaje separatista para explotar la tragedia que sufre el pueblo gallego, mientras Beiras se frota su cara de gótico tardío y Rivas exhibe su sonrisa funeraria. Las buenas gentes han empezado a darse cuenta de lo que significa «Nunca máis», sus palabras ofidias, sus aspavientos pedernales, sus actos subversivos, su desprecio por los que sufren, su caza de la carroña, su cinismo inextinguible, el permanente asedio a los vertederos.

Política carroñera nacionalista
Enrique de Diego Libertad Digital  10 Enero 2003

Si el PSOE ha hecho política carroñera con la catástrofe del "Prestige", lo del Bloque Nacionalista Galego ha superado todas las metas. Este aprovechamiento por el nacionalismo excluyente de la desgracia es especialmente doloso, porque, lo que se ha manifestado es la existencia de España, la capacidad de solidaridad de los españoles y la disposición de todos a que se destinen fondos públicos para atender a una necesidad imperiosa. Todo lo contrario de lo que predica el Bloque. Ha habido voluntarios por la existencia de esa entrañable realidad llamada España, ámbito de libertades, de ciudadanos responsables. Será por la existencia de España por lo que, en el ámbito europeo, podrán adoptarse medidas que imposibiliten en el futuro la existencia de accidentes de este tipo.

La Plataforma "Nunca más" no es otra cosa que una tapadera del Bloque, incapaz de dar la cara en una estrategia que, con transparencia, resulta vomitiva, pues no trata de moverse en pautas de racionalidad, sino excitar las pasiones y los más bajos instintos tribales.

El carroñerismo no es nuevo en el nacionalismo, es casi su segunda naturaleza. El Bloque de Beiras y compañía lo ha vuelto a mostrar.

CONTRASTES JUDICIALES
Editorial ABC 10 Enero 2003

LA facilidad con que se está apelando al concepto de reinserción para criticar al Gobierno por la reforma penal y penitenciaria que aumentará el límite máximo de cumplimiento efectivo de las condenas y restringirá el acceso a los beneficios penitenciarios, choca frontalmente con la disparidad de criterios que los propios jueces utilizan para aplicarlo. Así se desprende de dos decisiones judiciales que, diametralmente opuestas en los hechos en que se fundan, enfocan la reinserción desde diferentes ángulos, y ambos ajustados a la legalidad mientras un Tribunal superior no demuestre lo contrario. Por un lado, la juez Ruth Alonso concede la libertad condicional a dos presos etarras porque han cumplido los plazos legales y tienen un pronóstico favorable de reinserción. Por otro, la juez Reyes Jimeno deniega el tercer grado a Mario Conde porque su libertad causaría alarma social y no ha devuelto el dinero apropiado. La reinserción, para aquellos, se confunde con su amortización como terroristas. Para Conde, que da la sensación de que aún actúa como si fuera presidente de Banesto, la reinserción, en cambio, no consiste en un juicio sobre sus circunstancias personales -sin duda, mucho más aptas para prever que no delinquirá otra vez-, sino sobre la reparación del daño causado. Y este criterio parece tan justo -y así debe ser reconocido en la decisión de la juez Jimeno- que debería ser generalizado. Lo que no es tan justo ni razonable -aunque sea legal- es que para los cooperadores de unos asesinos, la reinserción consista en premiar su licenciamiento terrorista y para un defraudador de fondos privados, en devolver el dinero que se apropió. Parece irrelevante el dato de que la vida de los asesinados no es restituible y esto no impide la excarcelación. Curioso contraste de pareceres, que desmiente a los que hacen juicios apodícticos sobre la reinserción, simplificando la compleja realidad de la delincuencia y falseando la doctrina del propio Tribunal Constitucional.

Aprovecharse de la tragedia
Editorial La Razón 10 Enero 2003

No es justo que mientras el Estado, a través de todas las Administraciones, se vuelca en la lucha contra la marea negra y en las ayudas a los afectados, con resultados sólo apreciables ahora que Gobiernos tan supuestamente capaces como el francés no logran hacer lo mismo en sus playas, haya quienes se lucren a costa de la tragedia del «Prestige». Pero lo cierto es que sí existen cuervos que se aprovechan de nuestra desgracia. Entre nosotros, y sin ahondar mucho, basta con la llamada plataforma «Nunca Máis», dominada por radicales nacionalistas, que se financia con el dinero que gentes de buena fe donaron para paliar los efectos de la catástrofe, y que ha sido empleado en maniobras políticas de ataques al Gobierno sin que un sólo euro haya llegado a los pescadores.

También resulta especialmente injusto que Gibraltar, la anacrónica colonia británica en suelo de la UE, cuyo nombre está vinculado a la catástrofe, se aproveche de la situación. En la clásica base de piratas se acepta alegremente a los buques-basura que no pueden entra en Algeciras por falta de medidas de seguridad y porque allí corren peligro de ser inspeccionados. En Gibraltar, bajo la bandera de un país de la UE, no corren ese riesgo. Al menos, mientras paguen las facturas por el atraque y enriquezcan a Gran Bretaña y a su gobierno títere embolsándose el dinero que pierde el vecino puerto español.

LA APOCALIPSIS DE RUTH
Por Carlos HERRERA ABC 10 Enero 2003

ANDAN algunos magistrados exquisitos fascinados por la pulcritud del trabajo de la apocalíptica Ruth Alonso. Su limpieza en el proceso habría consistido, dicen, en ajustarse intachablemente a la más estricta legalidad. Ninguno de ellos, empero, ha establecido la diferencia sutil que separa el deber y el poder. Se dice que la adventista Ruth podía tomar tranquilamente la decisión de excarcelar asesinos ya que la ley se lo permite; pero ninguno de ellos dice que la ley no le obliga a tomar forzosamente esa decisión. Efectivamente, la discrecionalidad dejada en manos de los jueces admite que estos opten por la alternativa que prefieran, pero no condiciona sin más a que, como ocurre en casos como éste, determinen la libertad directa de los condenados por delitos graves. Si la provocadora Ruth quisiera, podría dejar en prisión a esos etarras a los que compadece tanto sin que los mismos magistrados deslumbrados por su ejecutoria pudieran echarle en cara su decisión. Se supone que el juez, en casos como éste, sopesa el beneficio al que puede acogerse el reo y, a la par, el efecto que su libertad puede tener en la sociedad o en los círculos concretos que fueron objeto de su acción criminal. En el pesaje de estos condicionamientos, puede más para la sectaria magistrada la alegría de las puertas abiertas que el pesar de las víctimas y de sus familias y que el propio sentido de la justicia. Tal vez se lo dicte esa peculiar religión, o lo que sea -me resisto a llamar religión a eso-, que alumbra los pasos personales y profesionales de quien espera que llegue el apocalipsis cualquier día de estos. Su creencia declarada y sus confesiones pasadas a revistas de la secta en cuestión dan algunas claves, aunque no todas, del proceder de la muchacha: es inhumano, dice, que un preso esté encarcelado durante treinta años. Posiblemente sea algo menos inhumano que vaciar un cargador en la sien de alguno «de los otros», que es como califica esta individua a quienes se sitúan enfrente de los asesinos.

En recientes declaraciones -carne de expediente por parte del timorato Consejo de Poder judicial- insiste la novia de la reinserción en lo mucho que sufren los activistas de ETA que ella excarcela: algunos, asegura, tienen que llevar escolta para protegerse de los suyos y de esos otros a los que hacía anterior referencia. Es decir, juega al conocido «equilibro» que tanto pregonan quienes quieren hacerla nada menos que «defensora del pueblo vasco». El etarra reinsertado estaría, como Jesucristo, entre dos fuerzas que harían difícil su vida: una, la de sus antiguos compañeros y asesinos activos, y otra, la de quienes luchan contra el terror. Ruthita y el etarra, en medio, las víctimas en el cementerio y sus familiares en la oscuridad. Perfecto. A este paso resulta indudable que se va a hacer merecedora del premio Sabino Arana que ya ha distinguido a algunos especímenes fascinantes como Margarita Robles, Miguel Herrero o Francesco Cossiga, el idiota italiano.

Todos los togados que de forma tan fría como repugnante aplauden la actuación de esta juez y cuyos nombres y filiación están en la mente de todos (y en no pocos medios de comunicación) juegan también al distanciamiento del «conflicto», usan el lenguaje izquierdosamente correcto y tratan sin disimulo de coquetear con todos los que se enfrenten a la derecha gobernante por el mero hecho de ser esta quien es. Son posturas indudablemente políticas que ignoran el sentir ciudadano y la más mínima piedad solidaria con quienes de verdad sufren el terror: las víctimas del mismo, no los verdugos encarcelados. Toda su ejecutoria no esconde más que fascinación por el nazismo nacionalista y un severo complejo arrastrado desde los dogmatismos en los que se educaron. Estamos en manos de ellos, que conste. En manos de una secta de jueces sin entrañas.  cherrera@andalucia.net

REINSERTADOS
Por Alfonso USSÍA ABC 10 Enero 2003

LA juez Ruth Alonso ha abierto de nuevo las puertas de la cárcel a dos terroristas. Las puertas hacia fuera que no para dentro. Dice que están reinsertados. Su señoría, al hablar de la ETA, se refiere al «colectivo». Asegura que los medios de comunicación acosan a sus reinsertados. Ella es bondadosa hasta alturas de bóveda cenital y padece en demasía con las tribulaciones de esos muchachos que asesinaron tan a gusto y que ella devuelve a la libertad social. Los muertos no protestan, y eso tiene ganado. Es verdad que las leyes amparan sus decisiones, y que ella interpreta esas leyes desde la exégesis más benigna, pero resulta chocante su reincidencia. Una juez que trata a una banda terrorista de «colectivo» no parece elegida para destacar en los matices.

No tiene toda la culpa. En Madrid se habla y escribe mucho de la reinserción, y se dicen sobre ella todas las tonterías del mundo. En los medios afines al Partido Socialista, la reinserción se ha convertido en la principal protagonista de todos los guiones. Es lo moderno. La defensa a ultranza de la reinserción de los terroristas se ha tomado como un tic «progre» de lo más rentable. Son los mismos que al referirse a Hammas lo hacen como «organización de resistencia palestina». Todo es cuestión de matices e intenciones. Doña Ruth se siente apoyada por cuantos critican la reforma legal que prepara el Gobierno. El argumento fundamental de los opositores es que la reforma encubre una pena que podría compararse con la cadena perpetua. Que pregunten a la calle. También es «progre» insinuar que la referida reforma busca, antes que la justicia, la venganza. ¿Acaso es venganza condenar a cuarenta años de prisión a unos asesinos? Ahora se les condena a mil doscientos, pero sólo cumplen quince o veinte. Menos, si tienen la fortuna de topar sus destinos con la bondad de doña Ruth. Y es muy edificante para los familiares de las víctimas asumir la libertad de los terroristas y los recibimientos y homenajes que se les tributa en las Vascongadas cuando vuelven a casa. Los muertos que ellos asesinaron no tienen esa suerte.

Reinsertados en la sociedad, lo que se dice reinsertados, son los heridos por actos terroristas y los familiares de los inocentes masacrados. Esos sí que han demostrado con claridad que se han reinsertado en una sociedad gobernada por unos políticos, unos legisladores y unos jueces tan ajenos a sus tragedias. Sucede que se han reinsertado gracias a su coraje, a su capacidad de superar todas las adversidades posibles e imaginables, a su dominio del ánimo y a su sentido del perdón. Ellos sí que tienen toda la justificación, y hasta el derecho humano, de sentir el deseo de la venganza. Pero su comportamiento, individual y conjunto, ha sido un ejemplo luminoso para la sociedad española. Las víctimas del terrorismo sí están plenamente reinsertadas. Y no ha sido fácil.

Pero a esas víctimas no las ha reinsertado su señoría con sus resoluciones sospechosas, ni los imbéciles que camuflan su «progresismo» de salón con obviedades y lugares comunes de elementalidad supina, ni las ha reinsertado en la sociedad, el trabajo y la lucha diaria por sobrevivir un Código Penal estúpido que puede perfectamente denominarse, de acuerdo a sus interpretaciones, Código Venial, e incluso, Código Venal. No, señora juez Alonso.

Esas víctimas del terrorismo se han reinsertado ellas solas, sin ayuda de nadie, surgiendo de la desesperanza y del olvido más angustioso. Ellos, los familiares y las víctimas del terrorismo son los auténticos reinsertados. ¿Ha reinsertado su señoría a Irene Villa? ¿Ha reinsertado su señoría a los padres de los niños asesinados?

La reinserción no ha tenido nada que ver con ustedes. Se han reinsertado gracias a ellos, a la fuerza de los suyos y a los médicos que los atendieron. ¿Ustedes?... ¡Pjuafff!

Alonso y Urchueguía declaran en el Supremo que Batasuna utiliza la violencia
Ana Urchueguía y Alfonso Alonso subrayan los desórdenes provocados en los plenos por cargos y simpatizantes de la coalición para torpedear las instituciones La alcaldesa de Lasarte asegura haber reconocido a concejales radicales entre sus agresores en la tamborrada del pueblo y en el frontón Atano III
C. CALVAR/COLPISA. MADRID El Correo 10 Enero 2003

El alcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, y la alcaldesa de Lasarte, Ana Urchueguía, afirmaron ayer ante el Tribunal Supremo haber sido víctimas de los insultos y la violencia física ejercida contra ellos por cargos y simpatizantes de Batasuna. Los dos responsables municipales vascos denunciaron además haber padecido durante años los desórdenes que provocan en los plenos municipales electos y personas afines a la coalición radical para torpedear el funcionamiento de las instituciones que no controlan, con el objetivo de deslegitimarlas. «Hay violencia verbal en casi todos los plenos. Me increpan, me insultan, me llaman fascista, asesina...», explicó la alcaldesa de Lasarte ante los 16 magistrados de la sala especial del Supremo que desde el miércoles buscan pruebas que justifiquen la ilegalización de Batasuna.

La representante del PSE fue citada para relatar lo sucedido el pasado 28 de junio durante la tamborrada que abre las fiestas de Lasarte. Aquel día, un centenar de personas se concentró al grito de 'Gora ETA' ante el Ayuntamiento con «piedras, huevos y botellas de agua» y le impidió asomarse al balcón para presidir la celebración. Entre los saboteadores dijo haber reconocido a «antiguos concejales de HB de Lasarte y de Hernani», y a «militantes» de esa formación.

Urchueguía se refirió también a la agresión que sufrió unos días antes en el frontón Atano III de San Sebastián, cuando una multitud le lanzó cristales, huevos, cubitos de hielo y un rollo de cinta elástica durante un partido de pelota. Según ella, entre aquellas personas pudo ver a un edil de Batasuna y a numerosos simpatizantes de esa formación, que la insultaron y profirieron gritos de 'Urchueguía asesina'. Lamentó que la alcaldesa radical de Hernani no hiciese nada por ayudarla ni por solidarizarse con ella. Según ella, apoyó a sus agresores «levantando el brazo».

En una declaración de contenido más político, el popular Alfonso Alonso dijo que Batasuna «en ninguna ocasión» ha condenado la actividad de ETA y señaló que ya «nadie tiene la ilusión de que vayan a hacerlo» porque «ellos forman parte» de la banda. Sobre esta afirmación fue interrogado después por Adolfo Araiz, uno de los abogados defensores de la coalición radical. «Que Batasuna es parte de ETA lo saben hasta los niños de pecho en el País Vasco», le espetó el alcalde.

Gestos «de odio»
Alonso también fue preguntado por el ataque que sufrió el pasado 4 de agosto en el lanzamiento del 'txupinazo' en la capital alavesa, cuando un grupo de personas le arrojó huevos. El alcalde dijo no tener «ninguna duda» de que sus agresores pertenecen a Batasuna, recordó que son «innumerables» los ex miembros de la coalición que han sido detenidos por pertenecer o colaborar con ETA y recordó los gestos de «odio, desprecio y amenaza» que le dedican los simpatizantes de este partido cada vez que se cruza con ellos.

A continuación prestaron declaración el comandante de Marina de San Sebastián, Carlos Galindo; el senador del PP por Guipúzcoa Gonzalo Quiroga, y el subdelegado del Gobierno en esta provincia, Juan Antonio Foncillas, para relatar un altercado que se produjo el 16 de julio en San Sebastián, cuando radicales les insultaron e increparon. Los tres testigos identificaron entre los participantes al portavoz de Batasuna en el Consistorio donostiarra, Josetxo Ibazeta. Ninguno aseguró haberle oído dar vivas a ETA, pero todos destacaron que estaba allí y no hizo nada por impedir que quienes le acompañaban profiriesen esa consigna.

El abogado defensor de Batasuna, Iñigo Iruin, trató de desvirtuar los testimonios del subdelegado del Gobierno, de quien dijo que tenía interés en la causa al representar a uno de los impulsores de la demanda de ilegalización. También le reprochó que dijese conocer a Ibazeta y que, sin embargo, llevase su nombre anotado en la mano.

ETA contra Francia, 'ma non troppo'
Lorenzo Contreras La Estrella 10 Enero 2003

El temor, basado en serios indicios, de que ETA ha incluido definitivamente a Francia y sus representantes institucionales en la lista de posibles objetivos terroristas, es la demostración más notable de que, pese a determinadas claudicaciones u altibajos franceses reflejados, por ejemplo, en la fuga de importantes presos de la banda, esta organización de malhechores, como dicen en el país vecino, ha terminado seleccionando a su antiguo "santuario" para la continuidad abierta de la lucha independentista vasca. Los proyectos de atentado contra la jueza Le Vert, instructora de los sumarios que afectan a los etarras detenidos en Francia, delatan la alarma de ETA y la probabilidad de que se atreva a abrirse más allá de los Pirineos un segundo frente.

Los tiempos y la situación internacional no son precisamente idóneos para que la banda avance con facilidad en sus pretensiones destructivas. Sin embargo, la observación española de los hechos pertenecientes al historial de ETA invitan a no confiar demasiado en una intensificación de la colaboración francesa con la Policía y las autoridades españolas por encima de los niveles ya conocidos. La famosa comisaría de Bayona, esa especie de cuartel mixto franco-español, seguramente tiene limitado su ámbito operativo. Ahora bien, si ETA da el paso que las alarmas creadas creen posible, estaríamos en otro escenario. París no es enemigo pequeño y la banda bien lo sabe. Precisamente en virtud de esta consideración cabe prever que lo que Francia ha lanzado, utilizando los documentos que le fueron ocupados al fugado Fernández Iradi, es un aviso y hasta un consejo de prudencia a la llamada "asociación de malhechores", cuyo "estado mayor" sigue pululando, mal que bien, por el Midi e incluso más arriba.

La noticia más significativa para la lucha contraterrorista es que ETA ha captado el riesgo de estar infiltrada por agentes al servicio de España. De ahí que haya puesto filtros a su cuota de admisión de nuevos militantes. Empieza a sentirse insegura. Insegura como nunca hasta ahora. Sin embargo, podría pensarse que el endurecimiento de las penas carcelarias y de las normas penitenciarias proyectadas en España contribuyen paradójicamente a tranquilizarle en el sentido de que no habrá margen para que se abra la espita de sus presos en establecimientos de acá. Se trata de evitar por parte de ETA que sus posibles descalabros futuros extiendan una mentalidad entreguista de los presos, tipo Yoyes, con una voluntad de reinserción "a cambio de". Ante ese enorme comando de reserva que son los encarcelados, la seguridad de que van a permanecer a buen recaudo significa para "la dirección" la perdurabilidad del victimismo, la doliente transmisión del sufrimiento patriótico a la sociedad vasca afectada, llámese familiares o simpatizantes "admiradores de tanto sacrificio."

Claro es que el Gobierno de España, éste o el futuro, popular o socialista, podría utilizar un juego de persuasiones sobre la base de los cuarenta años anunciados o cumplimiento íntegro de las penas. De la persuasión relacionada con la disuasión que entrañaría la mayor duración del castigo se puede tal vez pasar a una especie de eclosión del "arrepentimiento". El lasciate ogni speranze del infierno dantiano acaso ofrezca márgenes para la estrategia antiterrorista.

Una reforma necesaria, aunque insuficiente
EDITORIAL Libertad Digital  10 Enero 2003

La actitud de jueces como Ruth Alonso, que aprovechan –guiados por sus particulares creencias ético-religiosas o políticas– cualquier resquicio legal para embotar el filo de la Justicia, ha hecho necesaria una reforma del Código Penal que contemple el cumplimiento íntegro de las penas.

Sin embargo, no hay que olvidar que las más de siete docenas de excarcelaciones de etarras ordenadas por la juez de vigilancia penitenciaria se han producido como resultado de la mezcla de las disposiciones en materia de libertad condicional y beneficios penitenciarios del Código Penal de 1973 –que preveía la redención de penas por el trabajo (un día por cada dos trabajados)– y del de 1995 –donde no se prevé la redención por el trabajo, aunque sí se tienen en cuenta, a criterio del juez de vigilancia penitenciaria, las actividades laborales, culturales (la mitad de los presos de ETA obtiene licenciaturas universitarias sin apenas esfuerzo) y ocupacionales. Por desgracia, la jurisprudencia del Tribunal Supremo admite expresamente la posibilidad de escoger los preceptos de cada Código que sean más favorables al reo, dándose lugar de este modo a una especie de tercera norma penal aplicable a los delitos cometidos antes de 1995.

Pero, aun cuando a los delitos cometidos a partir de 1995 les sea de aplicación exclusiva el llamado “Código Penal de la Democracia”, tampoco hay que olvidar que esta norma deja a discreción del juez de vigilancia penitenciaria la aplicación de beneficios penitenciarios. Es decir, aun cuando el Parlamento apruebe el cumplimiento íntegro de las penas para los terroristas, los etarras juzgados por delitos cometidos entre 1995 y 2003 todavía podrán seguir gozando de la benignidad de Ruth Alonso –como ella misma advirtió en declaraciones a la Cadena Ser– durante bastantes años, en virtud de la irretroactividad de las disposiciones legales desfavorables reconocida por la Constitución.

Sería, pues, un grave error esperar de la reforma que proyecta el Gobierno el fin a corto plazo de los desafueros de Ruth Alonso –quien ya en 1989 advertía de que eligió la profesión de juez, en lugar de la de abogado, para “poder ayudar más a mi iglesia, y tengo mis razones para decirlo”, pues el credo adventista que profesa la juez, le impulsa a “ver a los presuntos culpables, más allá del derecho, humanamente, tal y como Jesús hacía con los pecadores”–; ya que sus previsiones ni siquiera alcanzarán a los asesinos del guardia civil Antonio Molina. Por ello, además de la iniciativa legal adoptada por el Gobierno –muy oportuna y necesaria, aunque no exenta de tintes electoralistas, habida cuenta de que apenas se ha hecho hincapié en que sus disposiciones sólo surtirán efecto para los delitos cometidos a partir de 2003–, se hace necesaria una labor quizá no tan visible por parte de opinión pública, aunque más eficaz a corto plazo.

Hasta que la reforma del Código Penal, apoyada por los dos principales partidos democráticos, sea plenamente eficaz, la única forma de frenar los desvaríos y desafueros de Ruth Alonso –quien el miércoles, en declaraciones a la Cadena Ser, se atrevió a insinuar sin aducir pruebas que algunos etarras excarcelados por ella necesitan escolta “entre comillas” para defenderse de las presiones y amenazas “no del mundo de ETA, sino del otro mundo”, y a asegurar (en contra de la realidad de los hechos) que ninguno de los etarras excarcelados por ella ha reincidido– es que el Consejo General del Poder Judicial ejerza sus funciones de vigilancia en lo relativo a la independencia y competencia profesional de los jueces.

Aunque sobran motivos –especialmente a raíz de las declaraciones de la juez a la Cadena Ser– para que el CGPJ abriera un expediente a la juez, tampoco estaría de más que el Pacto por la Justicia que firmaron PP y PSOE sirva para algo más que para reproducir la aritmética parlamentaria en el seno del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces. Por ejemplo, para dotar de un régimen disciplinario más claro y concreto al órgano de gobierno del Poder Judicial, de tal forma que la necesaria libertad de los jueces para interpretar los preceptos de la ley no se transforme –como en el caso de Ruth Alonso– en una mera discrecionalidad al servicio de creencias o convicciones ajenas al ordenamiento jurídico, al espíritu de la ley y al sentido común.

DIÓCESIS ERRÓNEA
Editorial ABC 10 Enero 2003

LA Iglesia española prepara un proyecto para adecuar la organización territorial de sus diócesis al mapa autonómico establecido por la Constitución. El plan sería del todo plausible si no fuera porque entre las previsiones se encuentra la posible reunificación en una sola provincia eclesiástica del País Vasco y de Navarra. La decisión no está tomada. Por supuesto que la Iglesia posee autonomía para organizar su actividad de acuerdo a lo que estime que mejor convenga a sus tareas pastorales.

Pero es razonable que tenga en cuenta la actual organización territorial del Estado, no sólo porque está establecida por la Constitución, sino también porque responde a poderosas razones culturales e históricas. Mas si la intención es ajustarse a la configuración del Estado de las Autonomías, la organización prevista alcanzaría proporciones de profundo desatino. En este caso, nos encontraríamos ante un disparatado error. La Iglesia habría elegido el peor caso para apartarse de la configuración constitucional.

Navarra no es el País Vasco. Y no es esta una cuestión más o menos discutible o evaluable. Se trata de algo sustancial que confirman tanto los avatares de la historia como la voluntad de la mayoría de los habitantes de las dos Comunidades Autónomas, y de modo muy especial de los navarros. La cosa no pasaría de un disculpable error, por otra parte muy fácil de rectificar, si no fuera por la ilegítima voluntad del nacionalismo vasco de integrar en su territorio a Navarra, en contra del sentido histórico y de la voluntad ciudadana. En este caso, estaríamos ante una sumisión a los extravagantes y antidemocráticos designios del nacionalismo vasco. En ocasiones pasadas, los ciudadanos, católicos o no, han podido percibir una tendencia de parte de la jerarquía de la Iglesia vasca a identificar lo vasco con lo nacionalista, ignorando que al menos la mitad de los habitantes en esa Comunidad no son nacionalistas. Pero no es sólo eso. Al agrupar en una sola provincia eclesiástica a Navarra y al País Vasco no sólo se atentaría contra el sentimiento de los vascos no nacionalistas y, probablemente también de algunos que lo son, sino contra el sentimiento muy mayoritario de los navarros.

Cabe esperar de la prudencia de la Conferencia Episcopal la evitación de un error que podría afectar muy negativamente tanto al ejercicio de su misión pastoral como a la opinión de la mayoría de los españoles, católicos o no.

El subdirector de Nanclares destituido enviaba informes con los que Ruth Alonso liberó «narcos»
Pablo Martínez es también el autor de los escritos con los que esta juez excarceló etarras
El Subdirector de Tratamiento Penitenciario de Nanclares de la Oca cesado ayer, Pablo Martínez, es el autor de muchos de los informes enviados a la juez de vigilancia penitenciaria Ruth Alonso y que sirvieron para que esta magistrada concediera terceros grados, libertades condicionales o salidas extraordinarias a etarras y narcotraficantes, según ha podido saber LA RAZÓN de fuentes de la prisión alavesa. Así sucedió en el caso de Gil Ostoaga y en el del narcotraficante Juan Alberto Pérez Iglesias, que tras sólo diez meses en esa cárcel obtuvo su primer permiso penitenciario.
Carmen Gurruchaga Diego Mazón - Madrid.- La Razón 10 Enero 2003

Este funcionario de Nanclares es conocido entre los presos comunes y el resto de los funcionarios por su interés en conseguir que terroristas o «narcos» tengan un cumplimiento de condena lo más cómodo posible. De hecho, mientras el resto de los empleados de la cárcel viven amenazados y escoltados, Pablo Martínez «no toma precauciones y se pasea tranquilamente por San Sebastián o Vitoria».

Afiliado a ELA-STV, esta central sindical salió ayer en su defensa nada más conocerse su cese. El sindicato nacionalista achacó la decisión de relevarlo de su puesto al «endurecimiento de la política penitenciaria del PP». Destacó, asimismo, «su talante negociador y abierto a lo largo de toda su carrera», lo que, en su opinión, «ha contribuido al tratamiento adecuado de los internos».

Según ELA, el funcionario cesado se ha distinguido por su empeño en que los presos «reciban un tratamiento justo y digno». Sin embargo, las fuentes de Nanclares que informaron a este periódico valoraron su trabajo de manera bien diferente y destacaron la especial atención que Martínez prestaba a los dos tipos de reclusos antes citados, así como la dejación a la que sometía a los llamados comunes.

«Operación cabezón»
Sobre la forma de actuar de Pablo Martínez, es esclarecedor el caso de Juan Alberto Pérez Iglesias, condenado por la Audiencia Nacional a 14 años de prisión por tenencia de 3.000 kilos de cocaína en el curso de la denominada «operación cabezón». El primer destino de este narcotraficante fue la prisión madrileña de Valdemoro, en la que pasó cuatro años, catalogado como FIES (Fichados Internos de Especial Seguimiento). Los presos sometidos a este régimen, habitualmente no disfrutan de ningún beneficio penitenciario.

Pese a ello, diez meses después de su llegada a la cárcel alavesa, Pérez Iglesias obtuvo el primer permiso el 13 de septiembre, gracias a los oficios del subdirector de Tratamiento Penitenciario y a la aprobación de la juez sustituta, Concepción Vélez. Un mes después, el 17 de octubre, le fue concedida una segunda salida y esta vez sí estuvo firmada por Ruth Alonso. Pocos días más tarde, entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre, se le pudo ver en un programa de televisión mientras hacía el Camino de Santiago. Asimismo, los buenos informes de Martínez consiguieron que «soltaran» al yerno del narcotraficante gallego Charlín Gama.

Otro caso considerado un escarnio entre muchos internos de Nanclares de la Oca fue el del también narcotraficante, en este caso de nacionalidad mexicana, Alfredo Carvajal Campuzano. Detenido por la Guardia Civil de La Salve, con 140 kilos de cocaína, fue condenado a 11 años por la Audiencia de Bilbao. En la Junta del 12 de septiembre de 2002, celebrada en el centro penitenciario alavés, con el director Jesús Moreno de vacaciones, le fue concedido un permiso de cuatro días, que, sin embargo, el responsable del penal pudo suspender al ser informado por otros funcionarios de su posible fuga. De hecho, un compañero de fechorías del delincuente mexicano, recluido en la prisión vizcaína de Basauri, Arón Madariaga Silva, se había escapado aprovechando una salida terapéutica. Pues bien, pese a ello, Pablo Martínez, insistió y apuntó a Carvajal para una excarcelación de este tipo, que todavía no se ha producido.

Alijo de éxtasis
Walter Eduardo Pua y Batanete Ginez, ambos de nacionalidad uruguaya, fueron detenidos por la Ertzaintza, en Vitoria, con 9.000 pastillas de éxtasis, por lo que recibieron una condena de nueve años de prisión, ratificada más tarde por el Supremo. Estos dos reclusos también se beneficiaron de los favores de Pablo Martínez. Así queda demostrado en los informes favorables a estos dos delincuentes, elaborados cuando sólo habían permanecido año y medio en prisión y que sirvieron para que la juez Ruth Alonso les concediera el tercer grado penitenciario, sin haber obtenido previamente ningún permiso.

Con anterioridad, este funcionario había pedido a la dirección de Instituciones Penitenciarias el tercer grado para Walter Pua, pese a contar con la opinión en contra de todos los miembros de la Junta de Tratamiento, incluido el director Moreno. La respuesta fue negativa, lo que no amedrentó a Martínez ya que él personalmente se encargo de realizar el escrito de queja para la juez Ruth Alonso, acompañado de unos informes buenísimos sobre los dos internos.

No obstante, pese a estas peculiares actuaciones, Instituciones Penitenciarias anunció ayer que el cese de Pablo Martínez de debía a razones organizativas y que no tenía ninguna relación con decisiones concretas sobre el régimen de los presos. Sin embargo, otros funcionarios de Nanclares de la Oca esperaban esta destitución desde que se conoció el contenido de los informes elaborado por el subdirector sobre el etarra Gil Ostoaga, en los que no mencionaba que este recluso había intentado suicidarse dentro de la prisión.

A los etarras les «iba bien»
Los funcionarios de Nanclares de la Oca y los presos comunes eran los únicos que estaban descontentos con la gestión del subdirector de Tratamiento Penitenciario, cesado ayer. De hecho, los trabajadores de la cárcel llegaron a temer que Pablo Martínez pudiera dar información de sus nombres, direcciones, vehículos, matrículas, etcétera.
Quizás fuera un miedo infundado, pero se basaban en el contenido de una conversación mantenida entre un recluso y el miembro de ETA, Ramón Uribe Navarro, natural de Usurbil y miembro del «comando Txirula». El preso común se quejaba de lo mal que se portaba Pablo Martínez con los llamados comunes y, a su manera, pedía ayuda al etarra porque pensaba que con que algún miembro de este colectivo diera un pequeño aviso al subdirector, éste mejoraría su trato. Uribe Navarro le contestó que entendía su situación, que tenía razón, pero que a ellos (los terroristas), les iba bien con el funcionario cesado, que les interesa que mantuviera el cargo que tenía porque a ellos les beneficiaba; que lo sentía por los comunes, pero que no iba a hacer nada en su favor.

Un sindicato policial denuncia que la Justicia protege a los etarras y pone en peligro a los agentes
Libertad Digital  10 Enero 2003

Mientras el ministro de Justicia, José María Michavila, pide a la juez Ruth Alonso que denuncie ante el juzgado las presiones que, según ella, sufren los etarras que excarcela desde el "lado democrático", el Sindicato Profesional de Policía aporta nuevas pruebas para demostrar que la Justicia protege a los terroristas y pone en peligro a los agentes.

A través de un comunicado, el Sindicato Profesional de Policía (SPP) denuncia el caso concreto de la etarra Naia Zuriarrain Mendiguren, detenida en Francia el pasado 19 de diciembre. Según denuncia el SPP, Zuriarrain fue detenida en abril de 1997 tras el asesinato de Luis Andrés Samperio, inspector del Cuerpo Nacional de Policía. La etarra fue arrestada junto a su compañero, Oscar Barreras, que resultó ser el asesino del inspector Samperio y fue condenado por ello a 37 años de prisión. Ella fue acusada de facilitar a ETA, en concreto a su compañero, los datos relativos a la vivienda y horarios del inspector asesinado, pero fue puesta en libertad por falta de pruebas y denunció en un juzgado que fue objeto de malos tratos durante su estancia en las dependencias policiales.

Según relata el SPP, un juzgado de instrucción de Bilbao admitió a trámite la denuncia de la etarra, e inició una serie de ruedas de reconocimiento por la que tuvieron que pasar los más de setenta policías destinados en la Brigada Provincial de Información de Bilbao en el momento de la detención. De esta manera, Zuriarrain pudo ver la cara de todos los agentes de uno de los cuerpos policiales que trabajan con mayor dedicación en la lucha antiterrorista. “De esta forma –dice la nota–, toda una Brigada de Información Antiterrorista apareció a los ojos de Naia Zuriarrain Mendiguren y de sus abogados”, ya que el citado juzgado bilbaíno rechazó todos los recursos que se presentaron para impedir que la etarra pudiera ver a todos esos agentes, lo que el SPP califica de un “dudoso garantismo procesal” a favor de la terrorista.

Según el mencionado sindicato policial, el día del asesinato del inspector Samperio, Naia Zuriarrain permaneció tras el cordón policial “hasta que confirmó la muerte del policía”, tras lo que se dirigió “a la cercana herriko taberna del barrio, donde se brindó con champán”. En el comunicado, el SPP subraya que, a pesar de lo relatado, “los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado continuarán poniendo a disposición judicial a terroristas como la citada, con independencia de las falsas denuncias que efectúan sistemáticamente a instancias de responsables políticos, en la intención de socavar la credibilidad de la Policía”. Por ello, el sindicato muestra su “esperanza de que en el futuro los funcionarios policiales gocen, cuando menos, del mismo amparo legal y mediático que tuvo la terrorista detenida”.

El SPP desvela en su nota que José María Lidón Corbi fue uno de los jueces que rechazaron los recursos interpuestos para que la rueda de reconocimiento no se celebrara. Lidón fue asesinado por ETA en noviembre de 2001.

Cataluña y Galicia se enfrentan por los tres barcos cedidos a los nacionalistas
La Xunta califica de «falta de cortesía» el envío de los buques sin avisar
El consejero de Pesca de la Xunta de Galicia, Enrique López Veiga, calificó ayer que la decisión de la Generalitat catalana de enviar barcos anticontaminación a localidades gobernadas por los nacionalistas sin previo aviso de «falta de cortesía». La Xunta prohibió la entrada de los buques en las Rías Bajas por la posible contaminación con mejillón cebra, una especie dañina para el ecosistema. La Generalitat descartó este riesgo.
Redacción - Madrid.- La Razón 10 Enero 2003

La Xunta de Galicia acusó ayer a la Generalitat de Cataluña de una «falta de cortesía» con el Gobierno gallego al no informar del envío de tres barcos para recoger el fuel del «Prestige», por tratarse de un acuerdo entre nacionalistas catalanes y gallegos. El consejero gallego de Pesca, Enrique López Veiga, señaló ayer que «lo mínimo» que podían haber hecho desde el Ejecutivo catalán era informar de que enviaban tres buques «y esa comunicación no existió». «Yo también le puedo enviar aviones cuando se le queman los montes, porque está claro que no hubo mucha eficacia en ciertas ocasiones, pero no se me ocurre hacerlo sin pedirle permiso antes», añadió el consejero.

López Veiga también calificó de «estupidez» la actitud del consejero de Medio Ambiente catalán, Ramón Espadaler, que acusó a la Xunta de poner trabas a la llegada de los barcos. La Xunta había exigido que los buques tuvieran un certificado de no contaminación con el llamado mejillón cebra, una especie muy dañina con el ecosistema, que ya ha afectado al río Ebro. El consejero de Agricultura de la Generalitat respondió ayer a esta petición que los barcos enviados a Galicia «están libres de mejillón cebra», por lo que ha dado instrucciones de que las naves ¬el «Britannia Uno», el «Montorés» y el «Scotian Shore»¬ se dirijan al puerto de La Coruña, tal como estaba previsto. Grau añadió que la existencia de este molusco en el norte de Europa y de América no ha derivado en ningún tipo de normativa que limite el tráfico de barcos procedentes de estas zonas con destino a Galicia. Además, el consejero catalán aseguró que los estudios sobre esta especie apuntan a que no soporta grados de salinidad superiores al uno o dos por mil, por lo que el animal no podría vivir «en ningún caso en el agua del mar con una salinidad del 30 por mil». López Veiga manifestó, por su parte, que las afirmaciones del responsable de Medio Ambiente catalán fueron «más que desafortunadas»

Situación «vergonzosa»
El alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández Lores, es uno de los dirigentes nacionalistas a los que se iba a enviar los buques. Ante el enfrentamiento de ambas comunidades ayer calificó de «vergonzosa» la actitud de la Xunta de prohibir que los barcos anticontaminación entren en las Rías Bajas. «Siento la vergüenza más grande de mi vida porque, a ver cómo explicas ante la Generalitat y sus técnicos la estulticia de estos señores que nos están dejando avergonzados en toda europa», manifestó el regidor municipal.

Fernández Lores matizó que el problema del mejillón cebra está «en el río Ebro, pero no es navegable, mientras que en el delta del Ebro esta especie no se encuentra». Añadió que todas las semanas llegan barcos procedentes de Cataluña al puerto de Villagarcía cargados con cemento y «al consejero de Pesca nunca se le ocurrió mirar si traían los fondos contaminados por este mejillón». El alcalde de Pontevedra entiende que «si hubo sería con barcos que estuvieron en Galicia de zonas de Europa». El regidor nacionalista coincidió con la Generalitat y aseguró que la Xunta pone «pegas que no tienen ni pies ni cabeza» y además «está estigmatizando estos barcos dando la impresión de que son un problema en lugar de ser una solución, lo que resulta absolutamente increíble».

En la misma línea, el armador de las tres embarcaciones fletadas por el Gobierno catalán, Florenci Macías, afirmó ayer que los buques no han estado en contacto con las aguas del Ebro, por lo que ve imposible que puedan introducir el mejillón cebra en Galicia. Macías se mostró «sorprendido» por la actitud de la Xunta y afirmó que «el tráfico de barcos entre el puerto de la Rápita y los puertos gallegos es habitual» y «nunca» se había impedido su entrada por este motivo.
El armador expresó su confianza en que el veto del Gobierno gallego a estas embarcaciones se trate de «un error» y asegura que su «única misión» sigue siendo trabajar en las costas gallegas para contribuir a «minimizar el impacto» del vertido del «Prestige» y por eso no le importa ir a trabajar en las Rías Altas o en las Bajas».

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