AGLI

Recortes de Prensa     Jueves 16 Enero  2003
Tres años de desvaríos
Germán Yanke Libertad Digital 16 Enero 2003

Una cocreta nunca será una croqueta
Julián Lago La Razón 16 Enero 2003

Terrorismo y derecho a la información
Ramón Villota-Coullaut Libertad Digital  16 Enero 2003

La Fiscalía se pone en marcha
Editorial La Razón  16 Enero 2003

Cardenal ordena al fiscal jefe de Galicia investigar las cuentas de «Nunca Máis»
J. P. / Y. G. - Madrid.- La Razón 16 Enero 2003

El TC declara nulos e inconstitucionales los Presupuestos vascos de 2002
MADRID. AGENCIAS ABC 16 Enero 2003

Nunca más
Cartas al Director ABC 16 Enero 2003

La Fiscalía y la Abogacía del Estado consideran probada la vinculación de Batasuna con ETA
C. CALVAR/COLPISA. MADRID El Correo 16 Enero 2003

Algo más que un naufragio
Lorenzo Contreras La Estrella 16 Enero 2003

La venganza del cambio
KEPA AULESTIA/ El Correo 16 Enero 2003

Tres años de desvaríos
Germán Yanke Libertad Digital 16 Enero 2003

En los últimos años hemos conocido muchas propuestas políticas extravagantes y populistas, más próximas a concepciones totalitarias y dictatoriales que a los principios de la democracia y el sistema de libertades. La lista puede ser casi interminable pero no es ajena a España. En el País Vasco (es decir, en el seno de la Unión Europea), hace ahora tres años (esto es, en la frontera del siglo XXI), se dio a conocer un documento estremecedor. El 15 de enero de 2000, el PNV aprobó el texto “Ser para decidir”, un documento fundamental en lo que se ha dado en llamar “deriva soberanista” del nacionalismo vasco. No está de más, me parece, que repasemos ahora algunos de los conceptos fundamentales de esta propuesta. Al menos para no olvidar que una de las más antidemocráticas y viles ideologías se expone con desparpajo sin despertar, hay que reconocerlo, la indignación que merece.

En dicho documento, el PNV establece la existencia de un sujeto político que no es una comunidad de ciudadanos ni se ajusta a la legalidad democrática vigente en España y Europa. Es el Pueblo Vasco, de base étnica (como el propio partido expone en otro famoso documento de 1995), preexistente a cualquier ordenamiento jurídico, que está integrado por territorios –con lo que el suelo y la etnia se funden–, y que tiene derecho a ser reconocido y autodeterminarse.

La primera falacia –impresentable a la inteligencia crítica más elemental– implica la “legitimidad” de un proyecto nacionalista que consiste en dar nuevo molde jurídico, por encima de constituciones y la legalidad vigente aprobada democráticamente, a un país autodeterminado compuesto por la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y el País Vasco francés. El proceso se ha de llevar a cabo en ausencia de violencia, pero esta referencia no alude a ETA (no citada en el documento), sino a que cesen “todas las formas de violencia y coacciones o amenazas de cualquier parte”. Para el PNV no hay una organización terrorista que quiere acabar con las vidas y la libertad de los ciudadanos, sino un “conflicto” en el que aparecen violencias de uno y otro lado, de ETA y del Estado. La “normalización” que precisa el proceso no es, por ello, la desaparición de la banda sino “el final dialogado, participado y cohesionado del conflicto político que afecta a Euskal Herria”. Es más, la pluralidad que se afirma y desea sería, precisamente, dar al entramado de la banda y a su totalitarismo intrínseco una nueva oportunidad política: “poner a todas las alternativas en igualdad de condiciones jurídicas de partida”.

Este proceso antidemocrático no repara en medios y, así, se señala que las instituciones actuales deben articular el desarrollo del mismo. E incluso se reconoce la aparición de “instituciones de nuevo cuño” (ya claramente ajenas a un punto de partida legal y legítimo) que hagan sus aportaciones a un proyecto en el que se redefinan las relaciones internas y externas del pretendido Pueblo Vasco.

Es tal la desfachatez del texto que ahora cumple tres años que, expuesto tal y como fue aprobado, daría vergüenza a los extremistas holandeses, al partido de Le Pen y a las huestes de Haider. Y se sigue hablando de “nacionalismo democrático”.

Una cocreta nunca será una croqueta
Julián Lago La Razón 16 Enero 2003

La Real Academia Española de la Lengua acaba de admitir el vocablo bluyins para traducir el anglicismo «blue jeans», al tiempo que ha rechazado la acepción de «cocreta» en lugar de croqueta, que es el término correcto. Con frecuencia el lenguaje político es «cocreto», o sea grosero, iletrado y pedestre, cuando no intencionadamente equívoco, de forma que no siempre lo que se dice es exactamente lo que debería decirse.

Ahora algunos reclaman la «reinserción social» para los delitos terroristas, pero en realidad lo que defienden es la «reinserción política» de los etarras. O lo que es lo mismo, tras la reclamación formal de la función rehabilitadora de la Justicia se intenta mantener abierta para ETA, cómplices y colaboradores necesarios, una puerta falsa de la lavandería legal del crimen, por si acaso, es decir, una vía camuflada a la amnistía que por cierto nuestra Constitución no permite.

Don Eugenio D Ors dictaba sus artículos a una secretaria, a la que preguntaba por ellos una vez concluidos: «¿Queda claro, señorita, lo que he querido decir?». Si la señoría respondía afirmativamente a la duda, don Eugenio le replicaba: «Pues oscurezcámoslo». Sin duda para el gobierno tripartito de Ajuria Enea tan perseverante oscurantismo responde a un cierto sentido utilitarista cara al proyecto secesionista de Ibarreche, que es lo que en el fondo PNV/EA e IU intentan con la tergiversación conceptual de la «reinserción». ¿O acaso han levantado alguna voz para exigir la mismas medidas para los delitos económicos, que también contempla la reforma Michavila?

Así que, so pretexto jurídico de no restringir los principios rehabilitadores de las penas, los detractores de dicha reforma legal no enmascaran sino la defensa política del conglomerado etarra merced a un lenguaje intencionadamente impreciso, abstruso y equívoco. La jueza Ruth Alonso acaba de referirse al «colectivo de presos vascos», cosa que nos escandaliza, cuando todos sabemos que su señoría se refiere a asesinos juzgados, condenados y encarcelados por su delitos de terrorismo. Qué coños de colectivo, ni qué leches: son miembros de una banda, sin más eufemismos.

Dicho lo dicho, habría por tanto que centrar el debate en su ámbito natural, que es el político, para evitar más distorsión lingüística, más oscurantismos conceptuales, tras los que se camufla la realidad de la que hablamos, cuya exacta descripción sólo pueda darle el sentido correcto de las palabras. En suma, para que nos entendamos, la «reinserción política» no se trata ni de coña de la «reinserción social» invocada por los torticeros, de igual forma que una «cocreta» nunca será una croqueta, por mucho que se empeñen en cambiarle de nombre otros, éstos, claro, por ignorancia, lo cual no es el caso.

Terrorismo y derecho a la información
Ramón Villota-Coullaut Libertad Digital  16 Enero 2003

La entrevista que el miércoles publicó Gara, realizada a quien se supone está al frente de la dirección de ETA, puede considerarse perfectamente un delito de colaboración con banda armada, recogido por el artículo 576 del Código Penal: “...cualquier acto de colaboración con las actividades o las finalidades de una banda armada, organización o grupo terrorista”. En cualquier caso, una cosa es el derecho a informar y otra el derecho a aplaudir o a ser altavoz de organizaciones terroristas, algo que nuestros tribunales todavía no han resuelto, pero sobre lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya se pronunció en 1994, en el asunto Jerslid & Dinamarca.

En ese supuesto, la máxima instancia jurídica en materia de derechos humanos en Europa entendió que no había delito de apología de racismo en un periodista danés que incluyó, en un reportaje sobre dicho tema, manifestaciones claramente racistas. Y para ello el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se basó, en su resolución, en que el periodista manifestó de una manera diáfana en el indicado reportaje que sus ideas no eran las de sus entrevistados.

Desde luego que esta no parece ser la línea editorial ni la actitud de Gara, como tampoco lo fue de Egin, cuyo cierre se produjo porque había indicios de su colaboración, o incluso de su pertenencia a ETA. Y no hay que olvidar que terroristas no son sólo quienes utilizan las armas, sino también quienes apoyan de cualquier forma, sea financiera, política o creadora de opinión, las actividades de quienes comenten delitos de terrorismo.

La Fiscalía se pone en marcha
Editorial La Razón  16 Enero 2003

Frente al empecinamiento de los partidos y sindicatos que militan en la oposición activa al Partido Popular, y que, desafortunadamente, han visto en la tragedia del «Prestige» un vivero de votos, hay que mantener la serenidad y exigir las cuentas claras. La catástrofe medioambiental ha provocado uno de los movimientos solidarios y más hermosos de los que hay memoria. Por ello, porque no se trata sólo de dinero, sino de un gran movimiento de ilusión y generosidad ante la tragedia, hay que extremar la vigilancia y la transparencia en todo lo que se refiere a las ayudas.

A cualquiera que conozca la naturaleza humana no le debería extrañar la aparición de algunos casos de picaresca denunciados en los últimos días. Pero si esos casos son muy esporádicos es gracias, en buena medida, a la labor vigilante de los propios afectados. De ahí que haya que dar a la denuncia de los pescadores de Pontevedra contra «Nunca Máis» la importancia que merece.

La Federación de Cofradías de Pescadores de esta provincia, que agrupa a unos 11.300 afectados, afirma que recibieron una llamada de un representante de la plataforma organizada por el BNG para pedirles un número de cuenta donde ingresar parte de las ayudas remitidas por la Generalitat de Cataluña y que, según el comunicante, gestionaba el Ayuntamiento de Vigo. Naturalmente, los pescadores no han recibido un duro por esta vía y tanto la Generalitat como las autoridades municipales viguesas desconocen esa gestión. La plataforma, por su parte, se limita a dar la callada por respuesta.

Como no es ésta la única denuncia hecha pública contra la citada plataforma, era de esperar que la Fiscalía General del Estado acabara interviniendo en un asunto que, por su amplia repercusión social, no debía serle ajeno. De momento, Jesús Cardenal ha ordenado al fiscal jefe de Galicia que abra la correspondiente investigación sobre el destino de los fondos . Si el PSOE, en lugar de respaldar apresuradamente, y por razones de baja política, a la plataforma del BNG, hubiera atendido a la lógica de quienes advertimos sin segundas intenciones de la manipulación de la tragedia por el nacionalismo radical, no estaría ahora ligado a los resultados de la investigación judicial.

La decisión de la Fiscalía no prejuzga, por supuesto, la existencia de un delito, pero es, cuando menos, un reflejo de lo que piensa una gran mayoría de la opinión pública española, escandalizada por el uso espúreo que ha hecho el nacionalismo gallego del hermoso movimiento de solidaridad con Galicia. Movimiento que no se detendrá y que, precisamente por ello, merece unas cuentas claras.

Cardenal ordena al fiscal jefe de Galicia investigar las cuentas de «Nunca Máis»
Tomó la decisión tras estudiar la denuncia presentada contra la plataforma por supuesta estafa
El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ordenó ayer al fiscal jefe de Galicia, Ramón García Malvar, que investigue la denuncia que presentó el sindicato «Manos Limpias» contra los responsables de la plataforma «Nunca Máis» por un supuesto delito de estafa relacionado con el dinero que pidieron, según «Manos Limpias», con objeto de ayudar a los afectados por el desastre del petrolero «Prestige» y que finalmente se destinó a actos con fines políticos. García Malvar impulsará ahora las diligencias que considere oportunas.
J. P. / Y. G. - Madrid.- La Razón 16 Enero 2003

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ordenó ayer a Ramón García Malvar, fiscal jefe de Galicia, que abra diligencias de investigación para determinar si los responsables de la plataforma «Nunca Máis» han incurrido supuestamente en un delito de estafa al destinar los 90.000 euros que habían ingresado, con el reclamo de ayudar a los afectados por el desastre del «Prestige», a manifestaciones o fines estrictamente políticos, tal y como denunció el Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos «Manos Limpias» el pasado lunes.

Fuentes de la Fiscalía General aseguraron a LA RAZÓN que Jesús Cardenal, tras escuchar la opinión de su secretaría técnica, ha decidido que sea la Fiscalía gallega quien investigue la denuncia de «Manos Limpias» por evidentes razones de jurisdicción territorial.
De este modo, el fiscal jefe de Galicia impulsará a partir de ahora las diligencias que considere oportunas para esclarecer los hechos, entre las que podrían figurar la toma de declaración en la Fiscalía de algunos responsables de la plataforma o la solicitud de documentación sobre el reclamo de donaciones o la cuenta bancaria donde se ingresó el dinero.

Tal y como informó este diario el pasado martes, la denuncia presentada por el sindicato ante la Fiscalía General del Estado va dirigida contra los responsables de la plataforma, contra las personas autorizadas en la cuenta corriente de ésta en Caixa de Galicia y contra los responsables del sitio de la plataforma en Internet.

Según este sindicato, se podría haber producido un delito de estafa tipificado en el artículo 248 del Código Penal. El citado artículo establece que el delito de estafa es aquel realizado «utilizando engaño bastante para producir error en otro, induciendo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno». Entre las pruebas que «Manos Limpias» presenta para sostener la denuncia figuran el número de cuenta de la plataforma en Caixa Galicia a nombre de Ramiro Oubiña, Xosé Gonta, María Uxia y Luis Salvadores; la página web de Internet a nombre de la Plataforma y las declaraciones de los patrones de las cofradías y de los propios responsables de la organización recogidas por diferentes medios de comunicación desde que estalló la polémica hasta la fecha. Según dijo el secretario general del sindicato, Miguel Bernard, «miles de españoles humildes, que actuaron de buena fe, se sienten engañados con respecto al fin que se dio a un dinero que en principio pensaban que iba dirigido a los afectados».

Bernard mantiene que en el período que la plataforma ha tardado en hacer públicos sus ingresos ha habido tiempo de «maquillar» las cifras.

El TC declara nulos e inconstitucionales los Presupuestos vascos de 2002
MADRID. AGENCIAS ABC 16 Enero 2003

El Pleno Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno, José María Aznar, contra la Ley del Parlamento vasco 1/2002 de 23 de enero, es decir la Ley de Presupuestos, y en consecuencia declara inconstitucional y nula dicha Ley, según informaron a Europa Press
fuentes jurídicas.

La deliberación del Pleno del Tribunal Constitucional concluyó hoy y el texto de la sentencia, con los fundamentos jurídicos, será notificado durante los próximos días, según precisaron las mismas fuentes, quienes apuntaron la posibilidad de que haya algún voto particular.

Nunca más
Cartas al Director ABC 16 Enero 2003

Entristece pensar que «Nunca Máis» se haya gastado tantísimos millones en la propaganda mostrada en todas las manifestaciones organizadas hasta ahora por la plataforma. Las manifestaciones organizadas parecían manifestaciones pronacionalismo: banderas nacionalistas, gritos proindependencia...

¿Qué pasa con los miles de voluntarios de toda España que han acudido de forma masiva a Galicia para limpiar las playas? La mayoría de ellos ni se identifica con dichas banderas ni con los gritos lanzados en las concentraciones, pero a la hora de dar el callo ahí están, mano a mano con nuestras Fuerzas Armadas, esas que tanto desprecia el señor Beiras, al cual todavía no se le ha visto recogiendo el chapapote.

Esta plataforma ha recaudado millones de euros procedentes de personas que un día confiaron que el dinero iría a parar a quienes realmente lo necesitan, los pescadores que ahora no tienen qué hacer. ¡Menuda tomadura de pelo a todos los que confiaron en las buenas intenciones de dicha plataforma!

Me gustaría exigir a nuestros responsables políticos que inicien una investigación para determinar dónde han ido a parar los fondos que deberían estar en manos de las personas más afectadas por el desastre.

A los responsables de haber malgastado el dinero en protestar les diría: «Nunca más vuelvan ustedes a aprovecharse de una causa como ésta para fines estrictamente políticos».   Enrique Pascual González-Babé. Madrid.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado consideran probada la vinculación de Batasuna con ETA
Superado el ecuador del proceso, creen haber acreditado ante el Supremo que la banda creó la coalición para destruir el sistema democrático.
C. CALVAR/COLPISA. MADRID El Correo 16 Enero 2003

La Fiscalía General y la Abogacía del Estado -que impulsaron en el Tribunal Supremo las peticiones de ilegalización contra Batasuna- creen que, superado el ecuador del proceso, ya han demostrado la vinculación de la coalición abertzale con ETA. Esas conexiones quedaron probadas, según opinión de miembros de ambos organismos, durante las sesiones señaladas por el alto tribunal para las comparecencias de los testigos y con la abundante documentación que acompaña a las dos demandas.

Las partes demandantes consideran que el desfile de testigos ante los magistrados de la sala especial ha evidenciado que la formación radical incurrió en varias de las vulneraciones a la Ley de Partidos Políticos que denuncian en sus escritos de acusación. A su entender, han demostrado que Batasuna convoca y celebra manifestaciones en las que los asistentes corean consignas a favor de ETA y sus presos.

Esos extremos ya habrían quedado probados, según fuentes de la Fiscalía General, a partir de las declaraciones de los trece ertzainas que comparecieron el 8 de enero y que aseguraron haber oído 'vivas a ETA' en manifestaciones y actos políticos a los que asistían dirigentes y cargos públicos aber-tzales, aunque ellos no los gritasen.

También con los testimonios de los alcaldes de Lasarte y Vitoria, Ana Urchueguía (PSE) y Alfonso Alonso (PP), que el día 9 aseguraron que Batasuna impulsa en los ayuntamientos de forma constante mociones a favor de los presos etarras. La Fiscalía esgrime, además, los informes y testimonios de los miembros de las fuerzas de seguridad, que recordaron a la sala la participación de concejales radicales en homenajes a terroristas.

El Ministerio Público cree haber probado que en 1977, ante la inminente instauración de la democracia, ETA dio instrucciones para crear un grupo político que le serviría para incrustarse en el seno del sistema y destruirlo desde dentro de sus instituciones.

El máximo responsable de la Abogacía del Estado, Arturo García Tizón, considera que las sesiones han confirmado también los ejes fundamentales en los que sustenta su demanda. El primero, que hay una continuidad entre las tres formaciones del «entramado Batasuna». Según él, quedó demostrado con «las propias declaraciones de los testigos de esa formación» y las intervenciones de su abogado: todos ellos de forma constante «confunden» unas siglas con otras. También, que Batasuna «ayuda a la acción política de ETA» con la celebración de homenajes y manifestaciones y que «utiliza para ello medios públicos».

Sensación de fracaso
No obstante, advirtió de que las sesiones destinadas a declaraciones «no son toda la prueba del proceso». El resto, toda la documentación contenida en el gran número de cajas que acompañan a la demanda, es, según él, «la prueba de mayor trascendencia» que acredita la doble militancia de personas que han estado en Batasuna y en ETA, y que constata una vez más la continuidad entre EH, HB y Batasuna.

Los responsables de la Fiscalía General y la Abogacía del Estado insisten en que es un error transmitir una sensación de fracaso tras lo ocurrido en las cuatro sesiones porque no se está llevando a cabo un juicio penal, sino un proceso constitucional para ilegalizar a una formación que atenta contra el sistema democrático.

Así, el hecho de no haber individualizado las conductas delictivas -por ejemplo, los gritos de 'Gora ETA'- en un determinado responsable abertzale no impide criminalizar a Batasuna, ya que no se trata de un juicio penal sino de un proceso a una formación política, en el que la norma a aplicar no es el Código Penal sino la Ley de Partidos.

Algo más que un naufragio
Lorenzo Contreras La Estrella 16 Enero 2003

Desde que el Prestige naufragó frente a la Costa de la Muerte, Galicia, la Galicia de Fraga, ha entrado políticamente en crisis. Y no sólo la Galicia de Fraga, sino también la Galicia socialista, en la que Francisco Vázquez, alcalde de La Coruña, muestra sus tendencias centrífugas en tan significada ocasión. Lo que viene ocurriendo es suficientemente conocido como para tener que describirlo al detalle. Pero es interesante subrayar que en esta situación, más que el problema del chapapote, lo que se ventila es la sucesión de don Manuel Fraga. Ocurre algo parecido con la crisis política del Gobierno central. Se dirá que no hay tal crisis. Pero cuando se plantea, también a escala de Estado, una cuestión sucesoria que afectará a la presidencia del Gobierno si José María Aznar no deja resuelta con tiempo la nominación del llamado "delfín" o, como otros dicen, la solución del "tapado", se puede pensar que aquí hay algo más que una tensión puramente ocasional, coyuntural o como quiera llamársele. Algo más, bastante más, que un naufragio.

Para nadie medianamente versado en la política gallega es un secreto que el sucesor in pectore de Fraga es José Cuiña. Pero Cuiña está al borde de la dimisión, hasta el punto de que en las últimas horas se ha comentado la posibilidad de que hubiese puesto su actual cargo de conselleiro de Obras Públicas a "disposición de...". Es un dato no confirmado en el momento de redactar estas impresiones. Lo cual dista de significar que Cuiña pueda mantenerse en su puesto. El conselleiro cuestionado no padece este problema por culpa de Fraga, sino porque en la crisis ha intervenido directamente el presidente Aznar. Cuiña era partidario de que funcionase la comisión de investigación gallega sobre el naufragio del Prestige con presencia testimonial del delegado del Gobierno en Galicia. O sea, todo lo contrario de la actitud del Gobierno central. Pero entre el criterio de Cuiña y el de José María Aznar, Fraga se inclinó por este último.

Es un escenario rigurosamente nuevo. Fraga debilitado en Galicia y Aznar víctima de su irresolución en la Administración central. Algunos llaman a estas dudas o indeterminaciones de la política aznarista "ambigüedad calculada". Pero hay algo más, del mismo modo que la crisis del PSOE gallego, el PSdG, no se agota en la línea personalista de Francisco Vázquez, el famoso alcalde de La Coruña. Uno diría que la catástrofe del Prestige ha puesto de relieve, a escala de partidos, la inconsistencia del Estado de las Autonomías. Ha fracasado la investigación autonómica de la tragedia y de la gestión de esa tragedia, de idéntica manera que en el Parlamento central no ha habido hasta ahora modo de abordar con seriedad el examen de lo que significó el tratamiento político de la emergencia.

A causa del naufragio del petrolero hay, por tanto, crisis del PP y crisis del PSOE-PSdG. Incluso, apurando las cuestiones, podría darse el caso de una crisis, y no pequeña, de los nacionalistas del BNG. Los nacionalistas, en efecto, no han jugado limpio en el requerimiento de fondos y ayudas económicas. La picaresca de la gente de Beiras ha tenido una grave manifestación. La plataforma llamada Nunca Mais le ha brindado al centro-derecha una posibilidad de critica ilimitada. Los euros facilitados por la solidaridad española de todas las procedencias se han convertido en piedra de escándalo. Lo que ha podido ser la más digna expresión de un entendimiento global de España puede haber acabado siendo un triste caso de apropiación indebida. Sencillamente, una estafa.

La venganza del cambio
KEPA AULESTIA/ El Correo 16 Enero 2003

El alto el fuego de 1998 por parte de ETA y la dinámica a que dio lugar en torno a la Declaración de Lizarra fueron, en cierto sentido, una plasmación de la venganza histórica que la izquierda abertzale venía rumiando durante tanto tiempo contra el nacionalismo tradicional y contra el poder que éste había logrado articular a cuenta de la autonomía. Casi por sorpresa, cuando la sinrazón etarra había conducido a la izquierda abertzale a un callejón sin salida, ésta supo transformar su propia debilidad en fortaleza; en un señuelo atractivo para un nacionalismo gobernante que vería cómo Euskal Herritarrok se convertía en polo de atracción de la comunidad nacionalista no encuadrada en torno al PNV. La venganza parecía definitiva. La izquierda abertzale no sólo resultaba beneficiada electoralmente por el alivio suscitado tras el anuncio de la tregua unilateral de ETA. Además, obligaba al nacionalismo tradicional a desplazarse de su ya centenaria posición, como si el planeta jeltzale hubiese terminado por situarse en órbita respecto a su propio satélite.

Sin embargo, fue precisamente la ruptura del alto el fuego lo que desbarató aquella venganza. El lento y exasperante regreso del planeta al centro del sistema político vasco -lugar habitualmente reservado a aquél que gobierna- se produce mientras el satélite radical va dejando de atraer la atención general y su declive, precipitado por medidas legislativas y judiciales que amenazan con situarle fuera de la órbita legal, no despierta más que una queja leve y en buena medida fingida por parte del nacionalismo democrático.

Lo ocurrido denota que hay algo que no cambia. Pero demuestra también que hay algo que ha cambiado. No han cambiado ni ETA ni la izquierda abertzale organizada. Cuando menos no en lo sustancial. A lo largo de la historia de ETA y de la izquierda abertzale han sido muchos los episodios de disidencia y escisión. Todos ellos se han producido en relación a la utilización de la violencia y el terror, entre quienes han tratado en cada caso de reivindicar la identidad de ETA en torno a las armas y quienes han preferido desembarazarse de ellas por diversas razones y en virtud de distintos propósitos. Pero lo característico de esa historia de periódicas rupturas es que nadie ha pretendido nunca acabar con la violencia de ETA desde dentro de ella misma. A lo sumo se ha conformado con desentenderse de la espiral para ponerse a salvo de la quema o adentrarse por un camino distinto.

Es verdad que ni siquiera el revisionismo más conspicuo podría hoy demostrar que en algún momento fuera posible acabar con el terror etarra desde dentro de la organización. Pero en todo caso ésa es una parte de la verdad. Sobre todo ahora que la otra parte de la verdad adquiere especial relevancia: la carencia de voluntades orientadas claramente a acabar con la violencia de ETA desde su propio seno. Porque probablemente ha sido esta parte de la verdad la que ha acabado influenciando no sólo al conjunto de la comunidad nacionalista; también a la sociedad vasca. En tanto que los etarras que decidían dejar de serlo protagonizaban una doble renuncia -renunciaban a ETA pero también a acabar con ella- el resto de la ciudadanía terminaba siendo afectada por la existencia del terror percibida como un hecho ineluctable.

Lemas como el de 'ETA kanpora', o frases repetidas como 'ETA sobra y estorba' reflejan en parte un determinado estado de ánimo y hasta una ideología. Reflejan el malsano pudor y hasta el fatalismo presentes en una sociedad en la que los emplazamientos públicos no osan penetrar en el interior de la trama terrorista. Muestran la convicción de que los citados mensajes no serán tenidos en cuenta porque para eso se ha evitado señalar un destinatario distinto al fetiche de unas siglas. Todo esto es lo que no cambia.

Pero hay algo que sí ha cambiado. Mientras ETA y el núcleo duro de la izquierda abertzale denuncian la 'traición' de Ibarretxe y su partido a la palabra dada durante los meses de la tregua, el nacionalismo gobernante se halla en condiciones de acaparar la comunidad nacionalista precisamente porque ha cambiado. Es usual que las referencias a dicho cambio se ciñan a la orientación soberanista de la estrategia jeltzale. Pero, desde el punto de vista de su incidencia en las bases sociales radicales, resulta igualmente significativa la mutación ideológica experimentada por el nacionalismo tradicional: su expulsión-abandono de la internacional democristiana, su distanciamiento respecto al atlantismo, su disposición a solidarizarse con causas respecto a las que antes el nacionalismo jeltzale mantenía cuando menos una prudente distancia. La facilidad de combinar una gestión socialdemócrata de la cosa pública en Euskadi con la proyección de un discurso más bien ecosocialista en relación a una buena parte de los problemas y conflictos del mundo, de gobernar y manifestarse a la vez, de afianzarse en el poder mientras realza su perfil reivindicativo, tiene que ver también con esta particular venganza que el nacionalismo tradicional está urdiendo respecto a la izquierda abertzale. Una forma instintiva de recomponer políticamente la comunidad nacionalista transformando la casa del padre para acoger entre los muros de siempre una creciente prole desamparada y desnortada.

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