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Recortes de Prensa     Domingo 19 Enero  2003
El paso atrás del nacionalismo
EL CORREO 19 Enero 2003

Gesto testimonial y golpe de efecto
Editorial ABC 19 Enero 2003

Ridikulo
Javier AGUILAR La Razón 19 Enero 2003

Zorro-González y erizo-Aznar
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 19 Enero 2003

Muy requetebién
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital  19 Enero 2003

Aviso para navegantes
JAVIER ROJO  El Correo 19 Enero 2003

El fantasma del comando París
FERNANDO ITURRIBARRIA, PARIS El Correo 19 Enero 2003

El paso atrás del nacionalismo
Onaindía saca a la luz una edición ampliada de su 'Guía para orientarse en el laberinto vasco', que incluye un nuevo capítulo, 'Desde la ruptura de la tregua al plan Ibarretxe', del que se ofrece un extracto
EL CORREO
19 Enero 2003

Título: 'Guía para orientarse en el laberinto vasco'. Edición revisada y ampliada. Incluye un nuevo prólogo y un último y extenso capítulo titulado 'Desde la ruptura de la tregua al plan Ibarretxe'.
Editorial: 'Temas de Hoy',  Salida a la venta: 21 de enero, Páginas: 294. Precio: 15 euros.

Mario Onaindía analiza en este artículo el momento histórico que dio paso al surgimiento del proyecto de cosoberanía del lehendakari Juan José Ibarretxe. Una iniciativa que el autor destripa en profundidad y que, a su juicio, representa un «paso atrás en la libertad ciudadana». El texto, que presenta EL CORREO en exclusiva a sus lectores, es parte del último y extenso capítulo de la edición revisada y ampliada de la 'Guía para orientarse en el laberinto vasco', un libro publicado en el año 2000, que agotó todas las ediciones anteriores y que se adentra en el laberinto peligrosamente enmarañado en el que se ha convertido Euskadi. La reedición incluye un prólogo inédito y se detiene con detalle en los últimos acontecimientos: 'Desde la ruptura de la tregua al plan Ibarretxe'.

Mario Onaindía (Bilbao, 1948) es una de las figuras más relevantes y respetadas del mundo político e intelectual vasco. Condenado a muerte en el franquismo por su pertenencia a ETA, fue el primer secretario general de Euskadiko Ezkerra. Hoy milita en el PSE-EE. Doctor en Filología Inglesa y en Filología Hispánica ha escrito varias novelas, ensayos y un libro de relatos breves, además de 'El precio de la libertad', primer tomo de sus memorias.

Mientras el nacionalismo gobernante renunciaba a defender el sistema democrático de la persecución de los terroristas, a pesar de querer mostrarse solidario con los que lo defienden aun a riesgo de su vida, el peso de la defensa de la democracia caía sobre los hombros de los concejales de los partidos constitucionalistas.

Afortunadamente, el Parlamento español tomó cartas en el asunto y aprobó por una abrumadora mayoría la Ley de Partidos Políticos que permitiría la ilegalización de Batasuna. Numerosos dirigentes nacionalistas habían insistido sobre la falta de autonomía o emancipación de esta coalición electoral respecto a ETA y en el momento en que tuvieron que pactar en Estella con el Movimiento Vasco de Liberación no lo hicieron tomando como interlocutor a Herri Batasuna, sino directamente a ETA. Se trataba de ser coherente con esta actitud. Lo mismo ocurría con el auto de Baltasar Garzón que consideraba que Batasuna era una organización más del entramado terrorista.

Estos tres pasos se dieron sin el acuerdo del PNV, que mantenía el pacto con Batasuna en los ayuntamientos vascos. Cada vez aparecía con más fuerza que la batalla en Euskadi era entre las libertades cívicas y, por tanto, la defensa del Estado de derecho y el terrorismo. El PNV se vio obligado a poner toda la carne en el asador y a presentar su propia alternativa a la situación para no perder la marcha de la historia. Así fue como surgió el Plan Ibarretxe.

Para cualquier observador que haya seguido con interés el curso de los acontecimientos en Euskadi, resulta sumamente sorprendente la presentación de un documento con estos contenidos, tan alejados del Documento Ardanza. Un salto de posiciones de estas dimensiones en otros parámetros ideológicos, por ejemplo en el seno de la izquierda, significaría que un partido socialista se había convertido en comunista. Y todo sin que haya habido por medio un congreso ni una asamblea del partido.

La única coincidencia entre el Documento Ardanza y el Plan Ibarretxe es que son proyectos personales que carecen del apoyo explícito de su partido, que sigue defendiendo la independencia y la soberanía originaria, y del Gobierno, pues tanto EA como Izquierda Unida han anunciado que presentarán sus proyectos respectivos, tanto sobre la autonomía basada en la autodeterminación, como el federalismo de libre adhesión. De manera que, en caso de que los partidos constitucionalistas apoyaran el Plan Ibarretxe, éste no comprometería al PNV a dar por resuelto el problema vasco, como ocurrió con todos los partidos salvo, precisamente, el PNV, tanto en el debate constitucional como en el autonómico.

El Plan Ibarretxe parte de dos falacias y ofrece tres propuestas que representan un paso atrás en la libertad ciudadana.

La primera es que la autonomía represente más bienestar para los vascos. El autogobierno de los vascos es un bien en sí mismo como parte de la lucha de la democracia y no necesita de ninguna otra justificación. Si se inventan mitos o teorías diferentes es, simplemente, porque se quiere manipular para consolidar el poder que gozan los nacionalistas. Ésta es una idea que defendía en 1980 y en la que me ratifico estos días.

Es cierto que se puede acusar al PP de tener una política y una ideología próxima al neoliberalismo y no es menos cierto que la ideología neoliberal defiende el desmantelamiento del Estado de Bienestar. Pero deducir de esto que el Gobierno central representa la eliminación de derechos sociales mientras el Gobierno vasco actual los garantiza es una falacia. Porque la política española, que transcurre por unos cauces más normales que la vasca, por muy neoliberal que sea el PP, no ha podido imponer un desmantelamiento del Estado de Bienestar debido a los acuerdos de Toledo por un lado, y a la acción sindical que ha impedido el «decretazo» y ha forzado una salida negociada a los problemas sociales gracias a una huelga general. En Euskadi, en cambio, el sindicalismo nacionalista que a primeros de los años ochenta era la tercera fuerza, pero que por su presencia en la Administración vasca se ha convertido en la primera, no está tan preocupada por el bienestar de los ciudadanos sino por el poder político de la Administración o por el sindical, de manera que planteó una huelga general en un día distinto y con diferentes objetivos.

Los ciudadanos vascos recibimos los derechos sociales propios del Estado de Bienestar, desde los pensiones de jubilación a las prestaciones del paro, de manera que no es necesario que se transfieran sus servicios para que empiecen a funcionar.

Por otro lado, si el lehendakari fuera consecuente, si tuviera como objetivo el bienestar de los vascos y entendiera la autonomía como un medio para conseguirlo, en el caso de que hubiera un gobierno socialista en Madrid y un gobierno conservador en Euskadi, por ejemplo del PNV, tendría que haber pedido recortes de la autonomía para garantizar los derechos sociales.

La segunda falacia consiste en anunciar, como hizo el lehendakari, que actualmente Euskadi es una comunidad autónoma que figura en el puesto trescientos y pico del ránking del bienestar en las regiones mundiales. En el caso de que fuéramos un Estado independiente, en cambio, ocuparíamos el décimo lugar. Este planteamiento es, sencillamente, una tontería supina. No es que por el hecho de alcanzar la soberanía cada vasco vería mejorado su nivel de vida, sino que simplemente, a efectos de posicionamiento regional, dejaríamos de estar detrás de casi todos los estados de Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania y Reino Unido, ya que éstos se contabilizarían como estados y, por tanto, Euskadi quedaría el décimo de los estados nacionales.

Estas falacias tienen como finalidad justificar una «solución» a tres problemas políticos de los vascos: el terrorismo, la organización del autogobierno y las relaciones con el Estado español.

Como solución al terrorismo, el Plan Ibarretxe presenta una salida inspirada en la postura defendida por monseñor Setién en sus homilías desde principios de los años ochenta, que no es otra que la defensa de los derechos humanos. Es decir, hace abstracción del enfrentamiento entre el terrorismo, por un lado, y el Estado de derecho, por otro, que gozan de diferente legitimidad; de modo que la solución consistiría en un pacto de tipo ético que condenaría por igual a todas las instituciones que no respetaran los derechos humanos, por ejemplo a ETA, pero también al Estado español por no tener en cuenta los «derechos humanos» de los presos que deberían estar cerca de sus familias, o los de los detenidos que son torturados. Que esto lo defendiera un obispo vasco a comienzos de los años ochenta, cuando el GAL campaba por sus respetos, podía tener alguna explicación, teniendo en cuenta la historia de la Iglesia vasca y la enorme y dispar variedad de posturas que se hallaban en su seno; pero que tras veinte años de Gobierno nacionalista lo presente Ibarretxe como una solución, es un sarcasmo. En primer lugar, porque si en Euskadi no se ha erradicado la tortura, la responsabilidad corresponde al lehendakari, máximo responsable en tanto que representante ordinario del Estado, y porque la tortura sólo puede practicarla la Ertzaintza bajo su mando directo, o la Guardia Civil o la Policía Nacional. ¿De qué hablan los representantes del Gobierno vasco con los del Gobierno central en las Juntas de seguridad?

Pero la trascendencia de esta postura es mucho mayor. En Euskadi hay miles de amenazados. Una organización tan próxima al Gobierno vasco y a la filosofía que inspira el Plan de Ibarretxe, como la actual Gesto por la Paz, cifra en 42.000 los amenazados por el terrorismo etarra o por el acoso de Batasuna. Muchas de estas personas tienen escoltas y otras gozan de medios de protección prestados por el Estado en el sentido más amplio, esto es, las instituciones controladas por cualquiera de los gobiernos. ¿Por qué? Simplemente porque la Constitución ha convertido en derechos cívicos y ciudadanos lo que eran derechos humanos.

Es sabido, o debería serlo, que la Declaración de los Derechos Humanos sirve de bien poco. Es cierto que en su día, al proclamarse en 1789 en Francia, marcó un referente para la sociedad moderna, pero esta Declaración no obligaba a nadie y sólo se hizo efectiva en la medida en que fueron recogidos por la Constitución, convirtiéndose en cívicos.

Que en un país como España, en el que existe una Constitución democrática que protege los derechos ciudadanos y obliga a quien los infringe a prestar declaración ante un juez y en su caso a ir a la cárcel, se retroceda al nivel abstracto de los derechos humanos sólo se le puede ocurrir a alguien como el lehendakari, sus consejeros y los partidos que le apoyan, que no se sienten amenazados por los terroristas. En el fondo no es sino una muestra más del escaqueo que practica el nacionalismo a la hora de defender el sistema democrático frente a los terroristas, lo que les garantiza su seguridad.

Mientras los etarras no se conviertan a la doctrina de los derechos humanos, pues, la defensa del sistema democrático recaerá en los constitucionalistas vascos pero no en los nacionalistas, lo cual crea una situación realmente paradójica. Por un lado están quienes mandan y por tanto sacan el máximo provecho de la autonomía para ellos y sus correligionarios. Por otro lado, los constitucionalistas, marginados y perseguidos, acosados y escoltados, que no sacan tanto provecho de la autonomía y sin embargo la defienden ante el terrorismo aun a riesgo de su vida. No es raro que los nacionalistas miren con displicencia a los constitucionalistas y no comprendan su empeño en defender un sistema que permite su marginación. Es porque los nacionalistas vascos ignoran el significado de las palabras dignidad y piedad. Hablan, todo lo más, de solidaridad hacia las víctimas. Pero la solidaridad se puede practicar en el terreno económico ofreciendo lo que le sobra a uno a quien necesita unos bienes. Pero en materia de seguridad o libertad no se puede dar la que le sobra a uno. Lo que se puede y debe ofrecer es piedad, compasión, esto es, sufrir con el que sufre e identificarse con él. Pero los nacionalistas vascos, por su ideología, no se pueden identificar con los que sufren por la defensa de un sistema democrático, porque les parece absurdo que alguien se arriesgue por defender la libertad gratis et amore, cuando podía vivir tan ricamente (literalmente) simplemente lavándose las manos o mirando para otro lado.

Es tan fácil buscar excusas ante este compromiso. La vía que adopta el nacionalismo gobernante es la defensa de las instituciones que le interesan y están bajo su control, pero no el sistema que permite que se dé esa situación. Por ejemplo, el pasado 25 de octubre, aniversario de la aprobación del Estatuto, la Diputación de Álava ofreció una recepción oficial a fin de celebrar tal efemérides, a la que acudió una representación del PNV encabezada por María Jesús Aguirre, eterna concejal de este partido en el Ayuntamiento vitoriano. Entró en la sala, miró a los invitados e inmediatamente abandonó el local, no sin manifestar a la prensa presente que ni ella ni su partido tenían nada que celebrar porque el Estatuto era una ley que no se había cumplido.

Ese mismo día y a la misma hora, un frontón de San Sebastián se encontraba abarrotado de gente para conmemorar el vigésimo aniversario de la creación de la Euskadi Irratia, la radio pública vasca, emisora que existe sólo gracias precisamente a que los vascos gozamos de un Estatuto.

Pero los nacionalistas consideran como propio los distintos instrumentos que les ofrece el Estatuto, que utilizan para construir una comunidad nacionalista, la Ertzaintza (aunque la verdad es que no se deja), la radio y la televisión públicas, los conciertos económicos, el sistema sanitario, el sistema educativo, las competencias en materia de agricultura y pesca y un larguísimo etcétera, pero no defienden el sistema democrático que les concede estos derechos, ni siquiera la propia autonomía.

Pero esta extraña actitud indigna y mezquina que consiste en tomar los derechos pero no asumir las obligaciones, no es sólo para evitar enfrentarse con los terroristas, sino que es el resultado de una mentalidad de rechazo al Estado, a todo Estado liberal.

Privar a los habitantes de Euskadi de su categoría de ciudadanos para que tengan derechos humanos que no comprometen a nada y no cívicos o ciudadanos como españoles y vascos, amparados por una fuerza legítima asegurada por el Estado de derecho, es un claro retroceso del Plan Ibarretxe respecto de la situación creada por la Constitución y el Estatuto en una materia tan sensible y fundamental como la libertad.

La segunda conclusión que se extrae de la falacia de que parte el Plan Ibarretxe no es menos preocupante. El citado Plan trata de dividir a los vascos en función de sus sentimientos. «¿Qué se siente usted? ¯preguntan en las encuestas del Gobierno vasco¯. ¿Vasco? ¿Español? ¿Vasco y español? ¿Más vasco que español? ¿Más español que vasco?» Y lo mismo sobre si se es vizcaíno, guipuzcoano Una vez que se han roto los lazos cívicos entre los vascos no volveríamos a las relaciones «humanas», sino a las de pertenencia étnica.

Alguna vez que me lo han preguntado me he negado a contestar porque me parece una pregunta obscena e impertinente. No ha existido jamás ninguna sociedad moderna que se haya edificado sobre el sentimiento de identidad de sus componentes. Tratar de dividir a la sociedad vasca en función del sentimiento de pertenencia de sus habitantes entre vascos o españoles, es simplemente un disparate y un paso atrás en la historia de los vascos, ya que todos ellos tenían resuelto este problema en el Estatuto de Gernika que reconoce que son vascos todos quienes viven en cualquiera de los municipios de la comunidad autónoma.

Este principio se basa en la escisión y contraposición entre el «pueblo vasco», entendido como una comunidad étnica de 7.000 años de historia, y la «sociedad vasca», compuesta por los actuales habitantes de Euskadi. Escisión que no tiene otro objetivo que impedir que la sociedad vasca pueda resolver el llamado «problema vasco». Es el secuestro de la voluntad política de los ciudadanos que nunca podrán decidir si el nivel de autogobierno logrado les satisface o no, porque esta decisión está sólo en manos de un partido que se siente representante del «pueblo vasco» configurado en la prehistoria.

El tercer elemento del Plan Ibarretxe también representa un paso atrás respecto al Estatuto de Gernika. Lejos de basarse en la necesaria colaboración y diálogo entre las instituciones central y autonómica como se ha edificado la Unión Europea, lo hace en el principio de que las instituciones centrales deberían asumir tal cual todas las resoluciones del Parlamento vasco.

Todo ello no excluye que debamos hacer una valoración del proceso autonómico no exento de crítica. No creo que por mucho que se hubieran hecho las cosas de otra manera en materia de transferencias y de desarrollo autonómico ETA hubiera perdido su incidencia en la sociedad vasca, ni que el PNV hubiera evolucionado en otro sentido. Existen profundas razones para que los nacionalistas actúen como lo hacen. La principal de ellas, por lo que respecta al PNV, es quizá su afán de seguir manteniéndose en el Gobierno y en las principales instituciones impidiendo todo lo posible la formación de una alternancia. Pero esto no excluye que, por respeto a quienes arriesgan su vida en defensa del sistema democrático y al pueblo vasco que votó por la autonomía, no se haya hecho todo lo posible por buscar un acuerdo en tiempos más bonancibles. (...)

Gesto testimonial y golpe de efecto
Editorial ABC 19 Enero 2003

EL anuncio realizado ayer por Aznar de que cerrará la lista del PP para la Alcaldía de Bilbao ha provocado una enorme polvareda, lo que demuestra, en primer término, que el presidente condiciona, casi a su antojo, el debate político. Sin embargo, sus reflejos e impulsos pueden tener efectos mucho más allá del propósito testimonial. En primer lugar, ha desconcertado a Jaime Mayor Oreja, que tras saludar con sus bendiciones, como no podía ser de otra manera, el golpe de efecto del líder del PP tildaba de «perjudicial» el hecho de que otras personalidades relevantes de su partido hicieran de la «excepción» de Aznar una regla a seguir. El efecto de contagio que puede tener el impulso de Aznar preocupa incluso a sus incondicionales porque podría contribuir a menoscabar el papel de los concejales del PP que arriesgan cada día sus vidas -María San Gil, la candidata popular a la Alcaldía de San Sebastián insistió en que es un escándalo que los ediles no nacionalistas tengan que vivir con escoltas- y a dar argumentos a quienes aprovechan cualquier circunstancia, sean errores o aciertos de sus rivales políticos, para relativizar y despreciar la presencia, cada vez mayor, del PP en las ciudades y pueblos vascos. Si bien es cierto que hay muchos altos cargos del Partido Popular que contribuyeron con sus nombres a completar las listas, también lo es que el análisis que los constitucionalistas hicieron tras las últimas elecciones autonómicas incluía el dato de que la excesiva presencia de líderes del resto de España podría haber movilizado voto nacionalista. Todo es posible en el complejo escenario vasco y Antonio Basagoiti, el primero de la lista del PP para Bilbao, ilustraba las bondades de la idea -que se atribuye- con el dato de que su formación fue la más votada en las últimas elecciones generales y que las características sociológicas y alternativas electorales en la capital vizcaína poco tienen que ver con las de otras localidades.

Sea como fuere, es un hecho que Aznar ha tomado una decisión que ha descolocado al propio Mayor Oreja y que las críticas no se han hecho esperar. Sobre las tesis nacionalistas poco se puede decir porque insisten en lo peor de una ideología en su cariz más excluyente, incurren en el desatino absoluto y pretenden extender la especie de que el PP no existe en el País Vasco, pese a que sus víctimas y las del PSOE, los resultados electorales y tantos otros datos demuestran que lo que falta en el País Vasco no es una alternativa constitucionalista propia sino libertad. En el caso de los socialistas vascos, la proximidad de las elecciones municipales y el ambiente de confrontación política absoluta entre los dos partidos les ha llevado a ser extremadamente duros con el anuncio de Aznar. El hecho de que Mayor Oreja resida en Madrid por motivos de seguridad y que no pudiera votar cuando los nacionalistas aprobaron los presupuestos de 2003 son los ejes de una crítica que descalifica el golpe de efecto del líder popular. A juicio del PSOE, si Mayor no hubiera faltado a esa votación y dada la sentencia del Constitucional que anula los números autonómicos vascos de 2002, el lendakari Ibarretxe no habría tenido más remedio que convocar elecciones. Para ellos, por tanto, Aznar ha intentado tapar con su gesto las consecuencias de la ausencia crucial de Mayor en aquella votación. Es, en todo caso, un ejercicio de política-ficción que pretende poner en valor la autonomía respecto de Madrid de los socialistas vascos. Será difícil calibrar la influencia, buena o negativa, del anuncio de Aznar, aunque lo que está en juego en el País Vasco en las próximas elecciones es demasiado importante como para centrar la cita del 25 de mayo en una cuestión meramente testimonial, con un valor relativo y que, en su faz benéfica, sólo debe pretender resaltar la solidaridad del presidente popular con los candidatos de su partido en un ambiente tan inhóspito.

Ridikulo
Javier AGUILAR La Razón 19 Enero 2003

Al nacionalista vasco Jose Egibar se le ha ocurrido darse una vuelta por Gibraltar ¬sólo una porque el territorio que ocupa el Peñón no da para más¬, con el objetivo de «cambiar análisis» con los dirigentes de la Roca.
¿Qué falta de estilo y qué poca solidaridad la de Peter Caruana! Resulta que Egibar se recorre España para apoyar en Gibraltar el referéndum que se celebró hace dos meses y conocer el ser y la potencia del ser de los gibraltareños, y su primer ministro va y no lo recibe.

No se qué influencia habrá ejercido la chupa de cuero que vestía el dirigente del PNV ¬Trini se sigue preguntando porque a ella se lo echan en cara y a ellos no¬ a la hora de no ser recibido por Caruana. Imagino que ninguna. Pero lo cierto es que Caruana no recibió a nadie, ni a Egibar ni a los trece parlamentarios del PNV que le acompañaban. Bueno, por lo menos se vieron con el «Movimiento de Integración con Gran Bretaña», que debe representar justo lo opuesto al PNV.

Dice Egibar que el País Vasco y Gibraltar tienen muchos puntos en común. Él citó dos: sus aspiraciones por la autodeterminación y que «España no tiene nada que hacer ni en Gibraltar ni en Euskadi». Yo, por ayudar desinteresadamente, le aporto una tercera: Gibraltar se escribe igual en inglés, euskera y español. Y si me apuran, ya en un alarde ¬no el de Irún, sino de imaginación¬, apuntaría un cuarto: los perfiles del monte Igueldo y el propio Peñón.

Lo cierto es que tras el portazo gibraltareño de Caruana, Egibar aseguró que «no hay ningún problema», y cuando se dice eso es que algo hay. ¿Qué habrá querido decir Caruana al afirmar que la relación con el PNV puede «perjudicar seriamente» la causa gibraltareña? ¿Y al lamentar que la visita se organizara con 24 horas de antelación? ¿Por qué ha hablado de «manipulación»?

Tras hacer el «ridikulo» o el «barregarri», que creo que son sinónimos, animo al hijo intelectual de Arzalluz que su próxima parada sea en el «intercambiador» de Andorra, aunque dificilmente será recibido por los «copríncipes» Chirac y el obispo de Urgell.

Zorro-González y erizo-Aznar
Por CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC
19 Enero 2003

LAS actuaciones de González y Aznar estos últimos días nos han demostrado una vez más hasta qué punto son personalidades antagónicas. El primero se presentó en el Círculo de Bellas Artes de Madrid como el alma de la transición democrática y en su artículo de «El País» como un pacifista antiamericano. El segundo irrumpió en el Congreso del PP con el anuncio de su incorporación testimonial como concejal a las listas de Bilbao.

Los estilos del uno y del otro me han traído a la memoria el verso de Arquíloco que glosaría de forma tan penetrante Isaiah Berlin y que dice así: «El zorro sabe muchas cosas, pero el erizo sabe una gran cosa». Es decir, González sabe mucho pero Aznar lo fundamental.

Isaiah Berlin generaliza a partir del verso de Arquíloco y establece dos modelos antagónicos válidos para políticos, pensadores, creadores... Según esta división, las personas representadas por el erizo serían aquellas que disponen de un sistema coherente, organizado en torno a una idea central y respecto a la cual cobran sentido todas sus acciones. Por el contrario el zorro es el paradigma de las personas que persiguen fines distintos e incluso contradictorios según la oportunidad. Mientras el primero se mueve por un principio moral, el segundo se justifica por la eficacia. El zorro hace gala de maniobrero, pero el erizo termina defendiéndose mejor; a la brillantez del uno se contrapone la seguridad del otro. El relativismo moral da más posibilidades pero las creencias garantizan la que interesa.

Es obvio que Berlin se inclina por el erizo aunque no deje de ser sensible a las cualidades del zorro.

Es obvio que González está demostrando que tiene un gran recorrido político a pesar de ser un derrotado. Puede levantarse con la autoría de la transición democrática porque tiene un capital con el que no cuentan ni Suárez ni Carrillo: varios millones de personas que le siguen y cuya versión es la hegemónica a pesar de la cercanía temporal de los hechos sobre los que se discute. Pero ¿qué decir de su atrevimiento pacifista de estos últimos tiempos? Por supuesto que tiene derecho a cambiar en esta cuestión y en otras, pero tendría que explicarlo. Así que el obediente seguidor del jefe del Imperio, de Bush padre, se hace el antiamericano de toda la vida para dejar en ridículo a Aznar. En su artículo se permite el lujo de hacer juegos de palabras: «Mambush se va a la guerra», escribe. Zorro, pero tan vulnerable...

En el discurso de Aznar todo se organiza en torno a la idea de España, ya sea la propia cohesión territorial o la seguridad de las personas y de las instituciones. La firmeza moral en esa cuestión le permite una capacidad de movimientos limitada, pero también le garantiza la independencia y, como le sucedió en las últimas elecciones, hasta la mayoría absoluta. Es menos seductor que el zorro, tiene menos registros que éste, se mantiene tercamente en sus posiciones, pero todas estas deficiencias, este más recortado registro para las relaciones públicas, le dan una mayor credibilidad de tal modo que, cuando anuncia que va a ir en las listas municipales de Bilbao, puede decir que no es tan sólo un gesto. Porque, en todo caso, es el gesto de alguien a quien ETA quiso hacer saltar por los aires. ¿No iba a tener derecho por lo mismo a figurar en el lugar último de una lista electoral? Lo de menos es ser el hijo de un bilbaíno y nieto de Manuel Aznar Zubigaray, director de «El Sol».

(Posdata: Mi conocimiento de las glosas de Berlin al verso de Arquíloco no lo tengo de la lectura de «The Hedgehog and the Fox», sino del prólogo que el profesor Eloy García ha puesto a «Los genios invisibles de la ciudad» de G. Ferrero).

Muy requetebién
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital
 19 Enero 2003

¡Al fin! ¡Al fin parece que ha resucitado Aznar! ¡Al fin se ha acordado de lo que supone hacer política, de lo que supone tener gestos políticos, de lo que supone la ética en la política y de cómo la política puede favorecer una causa ética! He aquí la persona que supo convencer a mucha gente antes de llegar al poder de que había razones para intentarlo e incluso que una vez alcanzado seguía habiendo razones para conservarlo, en la idea de servir a
la comunidad nacional española. Por supuesto, el Aznar del 93 e incluso del 96 pertenece al recuerdo de la mejor política española. E incluso el Aznar del 2000, que aún podía imantar voluntades desatendidas, despistadas o más preocupadas por la vuelta del felipismo que por la corrupción del poder popular, pertenece al pasado, sin remedio. Pero hay unas pautas de acción política en Aznar que, más allá de la corrupción de su entorno personal o
político y más allá de las vicisitudes naturales —carne también de corrupción— de su poder en el PP y el Gobierno, deberían quedar como normas en la organización política de la derecha española y deberían sobrevivir a un liderazgo material que tiene ya por delante muy poco tiempo.

Probablemente, lo más duradero en la propuesta del PP de Aznar —el único PP que hemos conocido hasta ahora pero cuyo fin está próximo y cuya continuidad no está aún clara— sea la defensa de unos mínimos presupuestos liberales en materia económica y una defensa de los mínimos nacionales que garantizan la continuidad de España, mínimos que se concentran (y se limitan, por desgracia) en la defensa de la nación y la Constitución en el País Vasco. No es lo mismo que defender España, porque Aznar ha renunciado a hacerlo en Cataluña y otros sitios amenazados de separatismo político y cultural, pero es al menos la defensa de la trinchera más amenazada, donde hacer política significa jugarse la vida y donde los principios es lo único que vale la pena defender. En esa situación, los gestos son algo más que gestos, porque el gesto básico es el de jugarse la vida. Y en estas circunstancias, el gesto de Aznar vale su peso en oro. La oposición puede criticarlo cuanto quiera, pero sus militantes lo agradecerán en lo que vale. Y sus votantes también. En Bilbao y fuera de Bilbao.

El gesto no redime a Aznar de sus deleznables actitudes de los últimos meses, desde la superboda escurialense al rechazo a mancharse los pies con chapapote, pasando por la concesión del monopolio perfecto a Polanco y la negativa a cumplir la sentencia del antenicidio, así como los ribetes dinásticos de la entrada de su señora en política. Un gesto, por importante que sea, no cambia un derrotero político tan siniestro. Pero sí compensa en lo simbólico tanta claudicación y permite alentar la esperanza de que no sea totalmente irreversible. En política es precisa la ilusión y Aznar ha sabido devolverla cuando menos se esperaba. Ojalá fuera posible la recuperación de aquellos principios políticos de regeneración democrática de las instituciones nacionales que Aznar predicaba en la oposición. No es creíble. Pero al menos permite un cierto consuelo en la certidumbre de que ciertos compromisos no caducan. En otro tiempo hubiera supuesto muy poco. En estas circunstancias, supone muchísimo.

Aviso para navegantes
JAVIER ROJO /SECRETARIO GRAL DEL PSE DE ÁLAVA Y SECRETARIO INSTITUCIONAL DEL PSOE El Correo 19 Enero 2003

El día que cerraba el año 2002 Ibarretxe aprovechaba su mensaje de fin de año para reiterar su voluntad de llevar a efecto en 2003 su descabellado plan de convertir Euskadi en un nuevo Gibraltar. Una decisión más propia de un semilehendakari, dado que efectivamente ha decidido serlo de la mitad de los vascos, reclamándose a la vez acreedor al ciento por cien de un cargo que parece preferir detentar a desempeñar leal y responsablemente.

Y digo Gibraltar -que no Puerto Rico- a mayor gloria de esos 14 personajes en busca de un autor que, sacados de una obra de Pirandello, deambulaban por las calles del Peñón, despechados por el ministro principal de la Roca. Grupo errático de diputados nacionalistas que, cual peregrinos de una orden mendicante, reclaman un modelo. Aunque para ello deban soportar la vergüenza de acudir al último refugio de contrabandistas, nido de sociedades fantasma y cobijo de mercheros de la ingeniería financiera del sur de Europa. Esta imagen, a la par patética e hilarante, no debe ocultar el hecho de que nos hallamos ante un empeño personal de Ibarretxe y de su partido por echarle un órdago al proyecto de convivencia que suscribimos tras la entrada en vigor de la Constitución y el Estatuto. Caiga quien caiga y pese a quien pese. Y al precio que sea.

Porque Ibarretxe no ha alumbrado una idea, sino que ha tenido una revelación. Y es portador de una creencia, del mismo modo que Frodo lo es del anillo de poder. Por ello, y a fin de comprender la gravedad del envite, resulta oportuno recuperar al clásico que recomendaba admirar a los hombres que buscan el orden social ideal, y temer a los que creen haberlo encontrado. E Ibarretxe, sin duda, pertenece al grupo de los segundos.

Por esta razón, desde Álava y desde la sede de su soberanía institucional que son sus Juntas Generales, se lo vamos a decir alto y claro a quien ejerce de presidente de la mitad de los vascos. Los representantes de la voluntad popular de Álava, el próximo día 20, le comunicaremos con la nitidez y la contundencia que exige el momento, una respuesta adecuada, bajo el formato de una moción respaldada mayoritariamente. A saber. Si el proceso político que se ha iniciado con la propuesta del lehendakari avanzara y se materializara esa ruptura de los consensos básicos y los compromisos que todos asumimos con los refrendos de la Constitución y el Estatuto, estas Juntas Generales de Álava y con ellas los ciudadanos alaveses, quedarán igualmente liberados de los compromisos contraídos hace 23 años en la configuración unitaria de la Comunidad Autónoma Vasca.

Decisión, como puede obviarse, que sólo se plantea como consecuencia indeseada de su plan de segregar Euskadi de España y de Europa. Los alaveses somos vascos y miembros constituyentes de la Euskadi constitucional, articulada en torno a la Comunidad Autónoma Vasca. Y vamos a seguir siéndolo. Por tanto, los términos de la moción que los socialistas llevamos a las Juntas alavesas constituyen una seria advertencia y un aviso para navegantes que Ibarretxe no debiera tomar a humo de pajas.

Álava, como territorio histórico, se integró voluntariamente, por acuerdo unánime de sus representantes políticos, en el proyecto autonómico vasco. Entre las razones que avalaron esa decisión se encontraban, sin duda, la defensa de las peculiaridades forales del territorio alavés y, sobre todo, la garantía de pertenencia al Estado Español y a la Unión Europea -tras la posterior incorporación-, a través de la Comunidad Autónoma Vasca en el marco autonómico y constitucional.

La Comunidad Autónoma Vasca tiene reconocida su identidad nacional en el Estatuto de Autonomía, que nace de la Constitución española, así como en la Ley de Territorios Históricos, que preserva la identidad foral de cada uno de los territorios vascos. En definitiva, Álava, en coherencia con una historia secular compartida con el resto de los vascos, apoyó un marco jurídico y político que contiene los instrumentos necesarios para producir una doble cohesión social de su ciudadanía: en el seno de la Comunidad Autónoma Vasca y dentro de España. De una España autonómica, plural, abierta e incluyente. De un Estado que reconoce la diversidad e impulsa y protege la singularidad y los hechos diferenciales. De un Estado unitario, pero configurado por nacionalidades y regiones en régimen de autogobierno.

Hoy nos encontramos con una ofensiva nacionalista liderada por el lehendakari y su Gobierno, acompañada de una campaña institucional sin precedentes para explicar su proyecto independentista, plagada de inexactitudes, de manifestaciones tendenciosas que también exigen una respuesta por quienes legítima y mayoritariamente no compartimos los postulados independentistas, porque no somos nacionalistas o porque siendo nacionalistas no son independentistas.

El País Vasco nunca fue un Estado independiente, nunca fue sujeto de anexión alguna provocada por la fuerza. Y constituye, por tanto, una grave irresponsabilidad insinuar o promover una desanexión de carácter unilateral con base en supuestos derechos históricos falsos. Ibarretxe y los responsables del PNV saben que nuestro compromiso con este marco jurídico-político incluye los mecanismos para su propio desarrollo, fruto del diálogo institucional. Así lo prevé nuestro Estatuto, desde el principio de lealtad institucional y con el absoluto respeto a las reglas democráticas.

Por eso reclamamos un compromiso para perfeccionar el modelo autonómico diseñado en nuestra Constitución, haciendo posible tanto su adecuación a las nuevas realidades surgidas en estos últimos veinte años, como su profundización en la idea del autogobierno de las nacionalidades y regiones. Rechazamos, por tanto, la propuesta del lehendakari de un 'nuevo pacto político' para con la sociedad vasca, enmarcado en el proyecto «un nuevo estatus de libre asociación con el Estado español», ya que la consecución de dicha propuesta conduciría a la irreparable quiebra de la convivencia en la sociedad vasca. Más aún, los socialistas consideramos que esa propuesta no puede ni debe ser planteada en el contexto de violencia que sufren quienes no compartimos los fines de ETA. Hay una grave distorsión de las reglas del juego democrático y no se dan las mínimas condiciones de igualdad política para abordar una propuesta de semejante calado.

Nos preocupa seriamente el plus de legitimación política que puedan extraer los terroristas de esta nueva propuesta y las argumentaciones añadidas que obtendrán en ese debate, para la persecución y aniquilamiento de quienes no piensan como ellos. No compartimos principios esenciales de esta propuesta. Concebimos Euskadi como una comunidad de ciudadanos de hoy, no como un pueblo irredento desde el principio de los tiempos. Sobre la base del Estatuto de Gernika, y no sobre la de supuestos derechos originarios, sobre la que se configura un nuevo sujeto político, que sólo existe en virtud de la voluntad de los ciudadanos y en tanto en cuanto este pacto estatutario no se rompa. Admitimos la existencia de pluralidad de interpretaciones históricas, pero esa pluralidad es consustancial al ser vasco. No queremos un país homogéneo que convierte en extranjeros a una parte sustancial de sus ciudadanos.

No podemos admitir que se imponga el proyecto nacionalista a los que no lo somos. Del mismo modo que rechazamos siempre cualquier proyecto para Euskadi que niegue su identidad. Defendemos un Estado plural que incluye la diversidad como signo fundamental de su organización política. La sociedad alavesa, mayoritariamente, no quiere cuestionar nuestra pertenencia a Euskadi, a España y a Europa. Y ambas pertenencias son gravemente cuestionadas en esta propuesta del lehendakari. La simple definición de la propuesta sitúa en una supuesta libertad de asociación nuestro futuro. El lehendakari tiene que saber que, si somos libres para asociarnos, también lo somos para no hacerlo.

Por eso proclamamos que esta propuesta rompe los consensos básicos que todos los vascos aceptamos al aprobar la autonomía constitucional y los compromisos que, como alaveses, consensuamos en ese gran concierto de voluntades que fue el Estatuto. Y por eso las Juntas Generales instan a realizar una campaña institucional en el territorio histórico de Álava para difundir los valores de la inclusión, la lealtad y la convivencia, frente a la pretensión de la segregación, la unilateralidad y la intolerancia.

Con Machado, me permito recomendar a Ibarretxe que huya de escenarios, púlpitos, plataformas y pedestales. «Nunca perdáis contacto con el suelo; porque sólo así tendréis una idea aproximada de vuestra estatura».

El fantasma del 'comando París'
El 'Plan Esqueleto' de ETA para matar a la juez Le Vert dispara las alarmas en Francia por el riesgo de atentados. «Desde hace años decimos que va a golpear aquí; tal vez ese día ha llegado», dice un policía
FERNANDO ITURRIBARRIA/CORRESPONSAL. PARIS El Correo 19 Enero 2003

El fantasma del 'comando París' planea por Francia. El proyecto de matar a la juez antiterrorista Laurence Le Vert ha sido su espectral tarjeta de visita. De momento es informativo. Sus integrantes han elaborado el informe más detallado sobre vigilancias a una personalidad gala jamás intervenido a ETA. El documento estaba en poder de Ibon Fernández Iradi, 'Susper', capacitado para dar la orden de pasar a la acción en su calidad de jefe del aparato militar.

El plan, descubierto en el cuartel general de 'Susper' en Tarbes (suroeste de Francia), se titula 'Esqueleto', apelativo otorgado a Le Vert por su constitución delgada. Todas las personas conocedoras del proyecto consultadas coinciden en señalar que es la primera vez que se encuentran indicaciones tan precisas sobre un potencial objetivo francés. Dirección, coche, escoltas, costumbres, itinerario cronometrado, presencia policial, croquis con el lugar propicio para un atentado: el segundo semáforo a partir del domicilio de la magistrada Ningún detalle relevante es pasado por alto.

«Antes ya había habido amenazas, contra mí misma. Pero jamás se habían encontrado vigilancias tan minuciosas», resalta Irène Stoller, ex-jefa de la Fiscalía antiterrorista francesa. El nombre y localización de la pizzeria donde suele acudir a almorzar con Le Vert y otros colegas también figuran en el informe, redactado en euskera. A su juicio, el comité ejecutivo había dado luz verde a los seguimientos y la decisión final correspondía al jefe militar. «Evidentemente, estaban dispuestos a hacerlo», opina.

En círculos judiciales galos de la lucha antiterrorista se atribuyen los preparativos para asesinar a Le Vert a «la impresión justa de ETA de que la represión en Francia es muy eficaz». «El año 2002 ha sido extremadamente positivo», apostillan en alusión a las 63 detenciones y 49 encarcelamientos registrados en el ejercicio. «Pero ETA tiene la impresión falsa de que la represión está personalizada. No es obra de una persona, sino de todo un sistema de policías y magistrados. Es una política de Estado. Francia se lo toma así», puntualizan estas fuentes.

En una entrevista publicada el pasado miércoles por el diario 'Gara', un portavoz de ETA eludió comentar el 'Plan Esqueleto' porque «no contestamos a informaciones que llegan a los medios de comunicación a través de la policía». «No lo desmiente», observa Stoller, que insiste sobre la veracidad del informe, incorporado al 'sumario Susper' bajo precinto judicial. El documento «muestra la peligrosidad de esta organización y su determinación para eliminar a la gente que se cruza en su camino, que es exactamente lo que hace en España», expone.

Seguridad reforzada
Un experto policial francés ha recordado esta semana en el diario 'Sud Ouest' que «desde hace algunos años, nos decimos que ETA va a acabar por golpear en Francia y ese día tal vez haya llegado». Otro policía galo plantea en el rotativo bordelés que «ETA quizá considere que un atentado incitaría al Gobierno a levantar el pie» del acelerador represivo. Michel Gaudin, director general de la Policía Nacional gala, ha objetado que «no tenemos la sensación» de un cambio de estrategia.

Las fuentes judiciales citadas no creen en la hipótesis de un futuro 'comando París'. «Los GRAPO lo intentaron y dos veces en dos años terminaron en la cárcel», ironizan. Desde su óptica, esa idea «querría decir que, a un nivel inferior de la jerarquía, se quiere atacar al Estado francés». «Si hacen eso, va a haber una saña del Estado francés aún mayor. El año 2003 sería mejor que el 2002 en el plano represivo. Y el 2004, mejor que el 2003», advierten.

La juez Le Vert sigue al frente de los sumarios contra ETA, que instruye desde 1989. El pasado martes inculpó a los tres presuntos integrantes del aparato político detenidos en Dax (Las Landas), los primeros arrestos de este año. Su escolta, formada por dos guardaespaldas del servicio de seguridad del Ministerio del Interior, ha sido reforzada con dos policías entrenados en la unidad de operaciones especiales.

«Objetivos vulnerables»
Stoller, a quien no ha sorprendido ver a su colega en el punto de mira, permanece sin protección personal desde su jubilación hace dos años. Objeto de amenazas públicas en juicios y con escolta durante doce años, se inquieta de que «cuando se conoce a ETA se sabe muy bien que no olvida y elige objetivos vulnerables».

Por su parte, el Gobierno francés maniobra con cálculo en el caso vasco. El primer ministro acaba de oponer su veto rotundo a la creación de un departamento en el País Vasco francés, una reivindicación mayoritaria percibida como un riesgo de contagio secesionista. De otro lado, Jean Pierre Raffarin lleva tres meses sin firmar el decreto para la extradición de Juan Mari Olano, ex-portavoz de Gestoras pro Amnistía, validada en octubre por el Tribunal Supremo.

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