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Recortes de Prensa     Lunes 27 Enero  2003
LOS DOS MODELOS DE ESPAÑA
EDURNE URIARTE ABC 27 Enero 2003

COHESIÓN E IGUALDAD
Editorial ABC 27 Enero 2003

Constitucionalismo
FLORENCIO DOMÍNGUEZ/ El Correo 27 Enero 2003

Autonomía y bienestar
PABLO MOSQUERA La Voz 27 Enero 2003

Lapitz, el soplón de Deia

Iñaki Ezkerra La Razón  27 Enero 2003

Lazos de sangre
JAVIER GUILLENEA/SAN SEBASTIÁN El Correo 27 Enero 2003

Nacionalidades históricas
Cartas al Director ABC 27 Enero 2003

Basta ya
Consuelo Sánchez-Vicente El Ideal Gallego  27 Enero 2003

La sombra de un pacto PNV-PSE
Lorenzo Contreras La Estrella  27 Enero 2003

Antich multará con hasta 150.000 euros a las tiendas que no rotulen en catalán
Pilar Gómez - Madrid.- La Razón  27 Enero 2003
 

LOS DOS MODELOS DE ESPAÑA
EDURNE URIARTE. Catedrática de Ciencia Política de la UPV ABC 27 Enero 2003

LA fuerza de los complejos del pasado y la presión de la corrección política sobre la cuestión de la nación española son tan grandes que todavía hoy en día el debate sobre los modelos de España aparece lleno de falsedades. Fundamentalmente, una falsedad según la cual nos encontraríamos ante la discusión de si optamos por una España unitaria y homogénea o una España plural y heterogénea. Se trata básicamente de una interpretación propia de la izquierda que quedó anclada en el discurso de la Transición y que pretende que el PP ha optado por el modelo de la España unitaria y el PSOE por la España plural.

Las reuniones del PP y del PSOE de los últimos días volvieron a plantear este debate sobre el modelo de Estado y el concepto de España, y de nuevo las manipulaciones sobre la cuestión surgieron con asombrosa facilidad. Y es que este debate se sigue caracterizando todavía hoy en día por el peso y la fuerza de viejas concepciones de los inicios de la Transición democrática, por la capacidad de influencia de los nacionalismos periféricos, y por las dificultades de penetración que encuentra el discurso renovado sobre esta cuestión. Sobre ese fondo de confusión, además, la cuestión de la nación se mezcla incongruentemente con los contenidos del Estado del Bienestar, como lo hacía el PSOE con la idea de la España autonómica de los derechos sociales.

En estos momentos hay ciertamente dos modelos de España, pero el problema es que uno es constantemente manipulado y falseado y el otro está confuso incluso para quienes lo plantean. Porque el modelo del cierre del Estado autonómico y el fortalecimiento de la nación española nada tiene que ver con una concepción de la España unitaria y homogénea. Y el modelo de la apertura indefinida del modelo autonómico está lleno de confusiones y vaguedades.

Precisamente la esencia del modelo del cierre del Estado autonómico es la defensa de la pluralidad porque este modelo parte de la defensa de la España de las Autonomías que hemos construido en la democracia, con sus elementos de descentralización y de expresión de las identidades regionales y de las nacionalidades, tal como se señala en la Constitución. El eje del modelo es el Estado autonómico, el del año 2003 y no, claro está, el del Estado centralista heredado del franquismo. Es decir, se trata de la defensa de uno de los sistemas políticos más descentralizados del mundo, un sistema que muchos consideran y consideramos federal en sus elementos básicos.

¿Cómo es posible que lo anterior, que es una obviedad, pueda ser manipulado hasta el punto de que se pretenda confundirlo con una concepción centralista y homogeneizadora del Estado? Por cuatro razones. Por una primera muy simple, la electoralista, a la que se le suman otras más preocupantes como son la permanencia del discurso de la Transición en una parte de la izquierda, el miedo al concepto de la nación española, y, por último, la debilidad de convicciones de los propios sectores que están planteando el modelo del cierre del Estado de las Autonomías.

Respecto al factor electoralista, algunos todavía se empeñan en mantener viva un arma política ya completamente trasnochada como es la pretensión de que hay reminiscencias franquistas en cualquier planteamiento que proceda sobre todo o en parte de la derecha. Pero, sobre todo, una parte de la izquierda sigue anclada en el discurso de los inicios de la Transición según el cual España debe adaptarse eternamente a las exigencias de los nacionalismos étnicos, sean cuales sean, e independientemente de que ya hayamos acabado de construir un sistema enormemente descentralizado. Esta izquierda no tiene un concepto de España, sino que se adapta en cada momento a lo que exijan los nacionalismos étnicos, y España es en cada momento lo que los nacionalismos vasco y catalán sobre todo quieren que sea.

Pero, además, este sector de la izquierda tiene un enorme miedo al concepto de nación española. No ha podido superar el complejo del antifranquismo según el cual la idea de nación española es necesariamente franquista aunque llevemos casi treinta años de democracia. Y es que en el modelo del cierre y consolidación del Estado de las Autonomías hay un planteamiento realmente novedoso de la política española que es el del fortalecimiento de la nación española. Defensa del Estado autonómico, por un lado, y, además, fortalecimiento de la nación sobre la que se sustenta ese Estado, es decir, España, desaparecida todos estos años entre las fauces insaciables de los nacionalismos periféricos y entre los complejos antifranquistas.

Ese miedo es tan fuerte que no deja de afectar incluso a quienes se están atreviendo a plantearlo. Han sido muchos los años en los que el progresismo y la corrección política se han identificado con la aceptación de la idea de España de los nacionalismos vasco y catalán y con la fuerza de la equiparación entre franquismo y nación española. Y no es sencillo defender lo que todavía entra en España en el plano de la incorrección política.

Y lo curioso es que los críticos del cierre del Estado de las Autonomías no presentan, en realidad, ningún modelo alternativo. Porque ese modelo es una mezcla de dubitativos planteamientos sobre «el impulso federal» o la España social. El llamado «impulso federal» es en realidad una confusa amalgama de recetas de adaptación a la insatisfacción permanente de los nacionalismos, recetas que, paradójicamente, de nada sirven, porque esos nacionalismos tan sólo se conforman con el derecho a la independencia.

Y la España social que Rodríguez Zapatero ha defendido en la Conferencia Autonómica mezcla dos problemas que nada tienen que ver. Zapatero ha asumido la idea de Jürgen Habermas de que a la necesidad de fortalecimiento de sentimientos y valores asociados a la patria se le responde con más Estado de Bienestar, o, como ha traducido Zapatero, «haciendo de la España autonómica la España de los derechos sociales».

Pero una cosa es el Estado de Bienestar y otra la articulación territorial del Estado y el engarce entre Estado y la nación. Lo primero tiene sus políticas y sus recetas. Y lo segundo otras totalmente distintas, precisamente aquellas que en España no hemos acabado de resolver. Ese es el debate del presente y del futuro en nuestro país. Y ni puede seguir en manos de los nacionalismos étnicos ni tampoco en la capacidad de determinación de los complejos del pasado.

COHESIÓN E IGUALDAD
Editorial ABC 27 Enero 2003

EL debate sobre la cohesión nacional se ha planteado principalmente con una perspectiva política, que contempla, de forma excluyente, la articulación de las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Con este contenido, la cohesión parece condenada a desenvolverse entre mayores cotas de poder -pero no de responsabilidades- disputas administrativas y tensiones nacionalistas, marginando cualquier análisis que ponga luz sobre el ciudadano, su calidad de vida, su bienestar. Esta es la mejor forma de que la sociedad se sienta segregada de la acción política, centrada únicamente en el ejercicio del poder y de la oposición. La situación real de la sociedad española, sin embargo, reclama que ese debate sobre la cohesión traslade su eje a espacios más domésticos, más parcelados, pero insustituibles en la construcción de un sistema social equilibrado y justo.

Los datos que recoge el Anuario Social elaborado por la Fundación La Caixa, correspondientes al año 2001, componen una imagen socioeconómica de España anclada en los tópicos más rancios sobre los estereotipos regionales. Según el informe de la entidad catalana, Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha ocupan los últimos puestos en la relación de Comunidades ordenadas por su índice de renta, que encabezan -sin sorpresas- Baleares, Cataluña, Madrid, Navarra y País Vasco. Tópico en todo o en parte, pero cierto, este balance de desigualdades en los primeros pasos del siglo XXI reclama responsables. La Constitución de 1978 se asentó en el principio irrenunciable de la igualdad frente a la discriminación arbitraria e hizo responsables a los poderes públicos de «promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas» (artículo 9.2). El informe de La Caixa demuestra que algo está fallando gravemente, porque, en general, las fracturas sociales con las que pretendió acabar una Constitución integradora y moderna siguen abiertas veinticinco años después, y allí donde ya estaban. Junto a innegables avances en la sanidad pública o en las infraestructuras, determinadas políticas de subvención que han generado economías artificiales, sistemas de subsidio que desincentivan el trabajo, gestos de hueca asistencia que rompen el fuero de la igualdad -mejora de pensiones en Andalucía, por ejemplo-, son errores de gestión de los recursos que, unidos a otros no menos tranquilizadores, como la media de gasto por estudiante -es otro ejemplo-, ayudan a explicar los desequilibrios reflejados en el Anuario. El Estado de las Autonomías -y el Estado, a secas, tampoco- no fue diseñado por la Constitución para ser el trasunto de la vieja estratificación de España en ejes de riqueza y de pobreza, sino para superarla en el definitivo proyecto modernizador que se impulsó en 1978.

Constitucionalismo
FLORENCIO DOMÍNGUEZ/ El Correo 27 Enero 2003

La estrategia de ETA encaminada a silenciar a una parte de la sociedad vasca y la radicalización del nacionalismo institucional han provocado como respuesta la aparición de un movimiento constitucionalista organizado. No es, como pueden creer algunos, la prolongación del PP o del PSOE. Al contrario, tiene capacidad para condicionar hasta cierto punto a estas formaciones. Está por encima de estos partidos, aunque identificado con ambos. Se nutre de militantes de uno y otro, pero no sólo de ellos. Ese movimiento ha creado sus propias organizaciones, ha hecho emerger nuevos líderes sociales, está tejiendo una nueva red asociativa y muestra una capacidad notable de movilización. Esto último es algo insólito y novedoso porque hasta los adversarios del nacionalismo habían interiorizado que sin éste no había forma de sacar gente a la calle.

El constitucionalismo ha reforzado la tradicional pluralidad de la sociedad vasca y se ha convertido en un actor político cuya presencia no va a poder ser ignorada en el futuro. Las cúpulas nacionalistas se resisten todavía a admitirlo y prefieren creer que se trata de «pesebres». Pero sí se han dado cuenta de que se les ha perdido el miedo reverencial de antaño y eso les inquieta y les descoloca.

Estos nuevos agentes ratifican sin complejos la validez de la Constitución y el Estatuto. Consideran que ha habido una deslealtad por parte de aquellos que más beneficiados han salido política, social y personalmente del modelo autonómico de los últimos veintitrés años y se sienten engañados por la radicalización nacionalista. Frente al proyecto de Ibarretxe se han plantado en la defensa de las instituciones actualmente existentes porque no encuentran ningún motivo para cambiarlas. No admiten que el cambio sea el precio que haya que pagar por la paz. Creen que ese precio ya lo pagaron en 1979 y todavía no han recibido la mercancía acordada. No aceptan que deban pagar dos veces por el mismo producto y encima sin garantía de conseguirlo nunca.

El autogobierno no son sólo los símbolos, sino también concretos intereses materiales. Las lentejas, vamos, porque no sólo del fuero vive el hombre. También cuenta, más de lo que se quiere admitir, el huevo. No hay más que ver de donde salieron gran parte de los votos que PNV y EA robaron a Batasuna en las últimas elecciones autonómicas.

Ibarretxe dice que a más soberanía mayor bienestar. ¿Para quién? ¿Para quienes no pueden aspirar a entrar en el sector público o han sido expulsados de él porque sus conocimientos de euskera no estaban al nivel de lo requerido? ¿Para aquellos cuyo trabajo en la empresa privada peligra por criticar a los nacionalistas? Eso también inquieta.

Autonomía y bienestar
PABLO MOSQUERA La Voz 27 Enero 2003

DE LOS DATOS hechos públicos por la Fundación La Caixa se obtiene una foto del Estado del Bienestar en el mapa de las autonomías, y el uso del poder descentralizado para materias que impactan sobre los derechos sociales del ciudadano. Siempre sospechamos de la existencia del mapa de las desigualdades y desequilibrios, pero quisimos ver una política comprometida con el acceso a la ciudadanía integral para cualquier lugar de España.

La gran pregunta es: ¿Ha contribuido el desarrollo del Estado de las Autonomías a paliar la asimetría entre comunidades de ciudadanos? No, incluso la consolida como un «derecho histórico». Cataluña a la cabeza del bienestar; seguida de Madrid, Navarra y Baleares. Llama la atención el crecimiento de La Rioja y Cantabria, el despegue de la Comunidad Valenciana, y la recuperación de Canarias. Llegamos a la Euskadi conflictiva, capaz de enviar una delegación a Gibraltar para azuzar las malas relaciones con España. A los vascos se les olvida que tienen de todo, lo que les falta a las provincias de las que recibieron españoles a la búsqueda de alternativas. A los vascos de la Construcción Nacional se les olvida que la dictadura señaló a una parte del territorio nacional como receptor del ahorro que generaba la otra parte. En el mundo actual resulta imposible la independencia. Sólo cabe el cambio de dependencia. Pero algunos logran vivir mejor gracias al desequilibrio territorial.

Para que los vascos sigan en España, hay que respetarles sus derechos históricos y mejorarles las cotas de autogobierno. Esta fue la tónica de la transición. Este fue el gran fracaso de un modelo que ha provocado mayor asimetría y menos sentido de la solidaridad para tierras y gentes del mismo país. En la España de los ciudadanos, el Estado debe organizar la igualdad de oportunidades, de tal manera que no resulte más eficiente ser contendiente con el Gobierno nacional y así, por ser temido, ser atendido.

Lapitz, el soplón de Deia
Iñaki Ezkerra La Razón  27 Enero 2003

No sólo Pepe Rei se ha dedicado a señalar en Euskadi. También el nacionalismo que se autodenomina «democrático» tiene sus soplones. Xabier Lapitz, por ejemplo, es el soplón oficial de «Deia», el diario del PNV.

Sus desdichados artículos sólo pueden inscribirse en un género que no es literario: el del señalamiento. Que nadie espere ver en ellos un atisbo de ingenio, emoción, bondad, lucidez o belleza. Es un ilustrativo caso de cómo las carencias estéticas denotan otras éticas, una evidente demostración de cómo la torpeza del estilo debería tener una responsabilidad penal cuando es reflejo de una mente y un corazón infames. Xabier Lapitz hace articulitos contra una persona concreta, contra un ciudadano indefenso a ser posible, contra alguien que preferentemente vaya por libre y no represente a ninguna institución. Y en esos grises textos le difama y le calumnia. Xabier Lapitz juega con el ventajismo de que hay terrorismo. «Yo no soy de ETA ¬viene a decirte Lapitz¬ pero si ETA se entera, qué le vamos a hacer».

Al soplón del nacionalismo también autodenominado «moderado» le delata no ya su carencia de estilo sino la carencia de voluntad para lograrlo, la renuncia de antemano a la verdad y al argumento. En esas columnas se muestra sin pudor el único sentido que tienen de señalar en una tierra en la que se mata al señalado, de marcar con entusiasmo al que «debe ser considerado enemigo público» por la comunidad nacionalista de la cual vienen los tiros. El viernes pasado me tocó a mí. No era la primera vez, pero en esta ocasión ya se ha permitido algo que no pienso pasar por alto: buscarme un falso pasado etarra o filoetarra. Para una cosa que he hecho bien en la vida ¬la de experimentar una natural repugnancia no ya hacia ETA sino hacia el nacionalismo desde que era adolescente¬, no voy a permitir que nadie arroje la menor sombra sobre ese modesto mérito, aunque de sobra sé que hay quien considera mérito lo contrario y quien cree que el pasado etarra es una especie de máster moral o político.

Mire, Lapitz, siempre he sabido quiénes son ustedes. Por esa razón preferí las dificultades económicas en mi juventud antes que escribir en su repugnante periódico, y cuando sólo se me ofrecía esa posibilidad. Por esa razón me negué siempre a participar en nada que tuviera que ver con su asquerosa Fundación Sabino Arana. Por esa razón rechacé hace un par de años, sin dudarlo, la beca que se permitieron ofrecerme desde esa misma entidad siniestra a ver si así me compraban. Por esa razón le anuncio que nos vamos a ver ante los tribunales y le responsabilizo de cualquier cosa que pueda pasarme.

Lazos de sangre
Las víctimas del terrorismo recibirán el jueves la medalla de oro de San Sebastián. Tres viudas describen «el calor» recibido de otros afectados cuando ETA mató a sus maridos
JAVIER GUILLENEA/SAN SEBASTIÁN El Correo 27 Enero 2003

Ocurrió el 11 de marzo de 1997 en San Sebastián, tras el funeral por el psicólogo de la cárcel de Martutene Francisco Javier Gómez Elósegui, asesinado un día antes por ETA. De entre los asistentes surgió una mujer que se acercó a Mari Carmen Merino, la viuda del fallecido. Le puso una mano en el hombro. Después, le alzó la cabeza tomándole de la barbilla y comenzó a hablar. La mujer era Susana Ezkurra. Hacía un mes que ETA había matado a su marido, el empresario de Tolosa Patxi Arratibel.

«Yo le decía: 'Mírame, ¿ves? No pasa nada. Hace un mes también mataron a mi marido y estoy aquí'». Susana Ezkurra recuerda que, cuando se enteró del atentado contra Gómez Elósegui, sintió «el deber» de hablar con su viuda. Hasta aquel 11 de marzo, ella era la última víctima de ETA, una etiqueta que no había dejado de pesarle. El asesinato del psicólogo de Martutene le demostró demasiado pronto que había entrado a formar parte «de una cadena», la de las víctimas nuevas y las víctimas antiguas, la del dolor y la solidaridad, una cadena en la que la fuerza para soportar la desgracia se transmite de un eslabón a otro.

«Sentía que yo era la última y que tarde o temprano me tocaría ir a la siguiente víctima porque debía ser yo quien tenía que darle fuerza». La viuda de Patxi Arratibel no oculta que aquel día, frente a Mari Carmen Merino, se sintió extrañamente liberada. «Pasé a ser la penúltima víctima, me quité la responsabilidad de ser yo la que debía dar el relevo».

El próximo jueves, el Ayuntamiento de San Sebastián concederá la medalla de oro de la ciudad a las víctimas del terrorismo. Casi todas las personas que acudirán ese día al acto de homenaje ya se conocen. Forman parte de una gran familia en la que se han trenzado lazos surgidos de la necesidad de ayuda, y que han desembocado en una profunda amistad. Es una relación que en muchos casos nació pocos días o pocas horas después de los atentados, y que para las víctimas supuso un alivio mucho mayor que el de las palabras de apoyo oficiales.

«El sufrimiento es tal que no te lo imaginas hasta que no te toca. Es tan grande que no se puede contar», dice Amaya Guridi, viuda del director financiero de 'El Diario Vasco' Santiago Oleaga. «Cada mañana, cuando me levanto, vuelvo al 24 de mayo de 2001 y veo entera la película de lo que pasó ese día, cuando mataron a Santi. Todas las mañanas regreso a ese día».

Un dolor tan intenso únicamente puede ser comprendido por otra víctima, afirma Amaya Guridi, que no recuerda lo que le dijeron las dos viudas que le visitaron meses después del asesinato de su marido. Sólo guarda en la memoria que sintió «calor humano porque supe que no estaba sola». «Sirve de mucho darte cuenta de que, antes de ti, ha habido otras personas que han sufrido lo mismo. Sabes que con una mirada o un abrazo es suficiente. Yo intento acercarme a la víctima, darle un abrazo y estar con ella. En esos momentos, sobran las palabras porque la realidad es tan cruel que no hay nada de qué hablar. Decir un 'lo siento' es una chapuza».

Amaya Guridi forma parte del foro del Ayuntamiento de San Sebastián que en los últimos meses ha organizado actos de recuerdo y apoyo a las víctimas del terrorismo. Ha conocido a otras personas afectadas por la violencia etarra, «gente fantástica» con la que de vez en cuando se cita para comer o charlar, y con la que se siente unida «porque está en el mismo barco». Sin embargo, procura no depender de estas relaciones. «Yo me apoyo más en mi familia, pero sé que, si necesito algo, las víctimas me ayudan», dice.

Necesidad de saber
ETA asesinó al sargento de la Policía Municipal de San Sebastián Alfonso Morcillo en diciembre de 1994. Caty Romero y él llevaban dos años casados y no habían tenido tiempo de tener hijos. Después de lo que pasó, ella optó por «el camino más difícil». Quedarse en el País Vasco a «defender la memoria» de Alfonso.

No fue nada sencillo. Caty Romero se encerró en si misma. «Intentaba imaginar cómo era la cara del asesino y me preguntaba si pensó que en un segundo todo nuestro futuro estuvo en sus manos». La caída hacia la oscuridad se frenó una noche, cuando recibió la visita de Cristina Cuesta, hija de Enrique Cuesta, delegado de Telefónica asesinado por ETA en 1982 y una de las fundadoras de Denon Artean. «Tenía tanta necesidad de saber qué sentía una persona que había pasado por lo mismo », recuerda Caty Romero. «Le pregunté a Cristina cuántos años llevaba su madre así de mal, quería pensar que lo que yo estaba sufriendo tenía que tener algún final porque, de lo contrario, no podría aguantarlo».

Aquella visita le abrió una puerta que le permitió conocer a más víctimas, con las que acabaría creando el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite). Pero, sobre todo, le ayudó a relativizar su dolor. «Vi que había gente que perdió a su familiar en épocas mucho peores y que, sin embargo, había salido adelante».

Su soledad inicial ha desaparecido. «Con otras víctimas salgo a tomar café y hemos hecho excursiones». «Pero no pasamos el día lamentándonos y tenemos amigos aparte», recalca para negar que corra el riesgo de acabar encerrada en un mundo creado alrededor de un mismo recuerdo. «A veces, cuando he hablado con víctimas enfermas, me han preguntado si han enfermado por el odio que sienten, y me doy cuenta entonces de que no se puede vivir con odio».

Nacionalidades históricas
Cartas al Director ABC 27 Enero 2003

En torno a lo manifestado por el presidente del Tribunal Constitucional quisiera decir que comparto su opinión por ser veraz, aunque a algunos no les guste. La Constitución sólo habla de nacionalidades y de regiones, nunca de nacionalidades históricas. Si el hecho de que en la II República las Provincias Vascongadas, Cataluña y Galicia hubiesen aprobado su Estatuto (en Galicia no entró en vigor), no les da, a mi juicio, rango histórico.

Más rango histórico tenían y tienen -y enumero de Oeste a Este- el Principado de Asturias, el reino de León y los reinos de Castilla, Navarra y Aragón, que lo fueron desde el fin de la dominación árabe hasta que, pasadas diversas vicisitudes y anexiones, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, con su matrimonio y tras echar al moro, forjaron la unidad de España.

Vean que han desaparecido dos «nacionalidades históricas». Como el Condado de Barcelona había muchos en España: Andrade, Lemos y un largo etcétera. Y como el Señorío de Bilbao, muchos más.

Y respecto a lo del aseo, el profesor hablaba del año 1000. Pasaron varios siglos para que supiésemos lo agradable y saludable que es, sin contar su aspecto higiénico. Hay aún hoy en España lugares, en el medio rural, donde no conocen el agua corriente.    Ángel del Castillo.   Madrid.

Basta ya
Consuelo Sánchez-Vicente El Ideal Gallego  27 Enero 2003

Ante actos como el que “Basta Ya” convocó el sábado pasado en el bilbaino Pabellón de La Casilla -miles de personas como usted y como yo pidiendo y gritando libertad- el primer sentimiento es la compasión. ¡No hay derecho!, nos decimos. Pero, inmediatamente después, lo que muchos sentimos es una profunda vergüenza. No por no haber podido hacer lo que como simples ciudadanos no está a nuestro alcance hacer (derrotar a ETA) sino porque, tal vez, no hemos hecho lo que podíamos como debíamos. Con la intransigencia que debíamos.

Todos sabemos que la derrota del terrorismo, es decir, acabar con los ladrones de vidas y haciendas de Euskadi, con los asesinos y extorsionadores de ETA, precisa, además de firmeza y paciencia, suerte y mucho, muchísimo tiempo. En ellos estamos. Y los avances son notables. Pero (de ahí la vergüenza), por venir de donde venimos, de una dictadura, algunos o muchos de nosotros tal vez hemos sido más tolerantes de lo que el simple sentido natural de la justicia aconseja con otros aspectos del “problema vasco” también intolerables. Por ejemplo, con el oportunismo de los partidos políticos y los agentes económicos y sociales vascos que han medrado social y políticamente al calor del brutal déficit de libertad y democracia de Euskadi. Y con la falta de coraje cívico de esa (casi) mitad acomodada de vascos que, por preservar su propia tranquilidad, se tapan un ojo o los dos en las calles y en las urnas ante la exclusión social y política de la (casi) otra mitad perseguida por sus ideas.

Suscribo lo que en ese acto dijo Gregorio Peces Barba: nadie que pretenda convertir a sus vecinos en extranjeros se puede considerar demócrata. Y añado: ningún demócrata puede callar ante quienes pretenden convertir a sus vecinos en extranjeros; en Bosnia... o en España. De ahí que mi tercer sentimiento ante las imágenes de La Casilla sean de indignación. No con los nacionalistas vascos sino con la institución legal y legítimamente llamada a velar y garantizar en primera instancia a todos los vascos sus derechos constitucionales: con el Gobierno vasco. Qué, casualmente, es nacionalista. Las personas, no las ideas. No el marco: el cuadro. Que el Lehendakari y los dirigentes del PNV no antepongan los derechos humanos y políticos de todos los vascos a sus intereses partidarios. Su concepción totalitaria del poder, no que sean nacionalistas. Ese, en mi opinión, es el verdadero “problema vasco”.

La sombra de un pacto PNV-PSE
Lorenzo Contreras La Estrella  27 Enero 2003

Es significativo que los nacionalistas vascos, en sus dos ramas actuales —PNV y EA— discutan en el seno de sus respectivas direcciones la decisión de ir o no ir juntos a las próximas elecciones municipales. La desconfianza entre ambas formaciones está relacionada con la sospecha, al menos para EA —el partido que fundó el ex lehendakari Carlos Garaikoetxea—, de que el PNV esté sopesando la conveniencia política de acercarse al Partido Socialista (PSOE) tras los comicios de mayo. Por consiguiente, ir del brazo del PNV a las bodas del poder municipal parece que repugna a los "alkartasunos" hasta extremos de ruptura de la coalición que venían manteniendo con los nacionalistas de Ibarretxe, es decir, de Xavier Arzallus. EA respalda una opción radical, lo que sus dirigentes llaman, en términos políticos, "apuesta soberanista de fondo", más allá incluso de lo que el PNV de Ibarretxe, con todo su famoso plan, pueda representar. El secretario de organización de EA, Rafael Larreina, lo ha dicho con gran claridad a la prensa abertzale: "Nosotros estamos en la apuesta política de superación del marco y de poner todo el entramado institucional vasco a trabajar en esa dirección. Si alguien se desmarca será otro, no nosotros".

O sea, desmarcarse del marco, si por marco se entiende el sistema de entendimientos y aspiraciones que unían a los dos partidos nacionalistas en la lucha por la conquista del poder, en este caso el poder local. Larreina, en sus declaraciones, ha reiterado lo que con anterioridad manifestó públicamente en el sentido de que el PNV podría estar preparando "un giro estratégico" para reanudar relaciones de poder con el PSE. Considera el secretario de organización de EA que se trata de juicios de valor, pero que las opiniones recelosas existen porque ya ocurrió en el pasado, y si ocurrió en el pasado puede volver a suceder en el futuro. Larreina, evidentemente, se refiere a los tiempos de la primera etapa de la autonomía vasca, cuando nacionalistas y socialistas estaban menos divorciados de lo que ahora se encuentran.

La impresión es que los dos partidos nacionalistas quieren probar fuerzas por separado tras la ilegalización de Batasuna. Este proyecto ha sido ya calificado por Arnaldo Otegi como "vergonzoso" porque implicaría el intento de "conquistar la hegemonía abertzale pescando en las aguas de una Batasuna ilegalizada". Por supuesto, el PSE trata de quitarse de encima la sombra de un entendimiento con el PNV y así se ha manifestado su dirigente Javier Rojo. Es una negativa que puede ser sincera o simplemente táctica. Cada partido ha de entenderse con sus clientelas, y los socialistas, lógicamente, depositan sus esperanzas en la división del voto nacionalista en forma de castigo. Preguntado por este riesgo, Larreina ha expresado su esperanza de que tal castigo no se produzca por la circunstancia de que PNV y EA vayan separadamente a las urnas. Reconoce, sin embargo, que una parte del electorado nacionalista se encuentra desilusionada en "una especie de desazón", pero estima que podría tratarse de una impresión meramente inicial y superable. El dirigente de EA insiste en la letanía del "nuevo marco". Dice que es preciso seguir apostando por él y que el electorado habrá de sufrir "la incomodidad de tener que elegir ante las urnas". Ya veremos para quién es la incomodidad.

Antich multará con hasta 150.000 euros a las tiendas que no rotulen en catalán
El Gobierno balear concederá ayudas a los comercios que fomenten esta lengua
Francesc Antich sólo ha necesitado cuatro años en el Gobierno de Baleares ¬ frente a los 23 de Jordi Pujol¬ para poner en marcha una Ley de Comercio que obligue a los establecimientos de las Islas a rotular en catalán. Pese al fracaso de la Ley de Política Lingüística de Cataluña, Antich ha apostado por una norma que exige a los comercios con más de tres empleados que atiendan a sus clientes en catalán siempre que éstos lo soliciten y que establece sanciones de entre 150 y 150.000 euros para quien la incumpla.
Pilar Gómez - Madrid.- La Razón  27 Enero 2003

Desde el pasado 1 de enero todos los comerciantes de Baleares están obligados por ley a poner en catalán todos los carteles de información y ofertas que aparezcan en sus establecimientos. Así lo establece la Ley de Comercio aprobada en 2001 por el Parlamento de las Islas en cuyo artículo 8 sobre derechos lingüísticos de los consumidores recoge que «la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios para los consumidores de los establecimientos abiertos al público deben ser redactados, al menos, en catalán».

Además esta norma ¬que entró en vigor a principios de año¬ establece que los comercios de las Islas donde trabajen más de tres empleados deberán atender a sus clientes en catalán siempre que éstos lo soliciten. Concretamente, la Ley de Comercio recoge que «en los establecimientos regulados en esta ley, los consumidores tienen derecho a ser atendidos en alguna de las lenguas oficiales de las Islas Baleares, y no podrán ser discriminados o atendidos incorrectamente por razón de la lengua oficial que utilicen».
«En los establecimientos al por menor explotados por empresas que disponen de una plantilla laboral de más de cinco trabajadores, los consumidores tienen, además, el derecho a ser atendidos en la lengua oficial de las Islas Baleares que escojan», concluye la citada ley.

Sanciones
En el apartado de sanciones por el incumplimiento de alguno de los apartados de la Ley de Comercio aparecen multas que van desde los 150 euros a 150.000 euros en función de la gravedad de la infracción que se cometa. Así, se considera falta muy grave las actuaciones que impidan o dificulten los ejercicios de los derechos lingüísticos reconocidos en esta ley.

A esta iniciativa legislativa hay que añadir las subvenciones que la Consejería de Economía que dirige el vicepresidente del Gobierno, Pere Sampol, concederá a los comerciantes que «fomenten» el uso del catalán en las actividades comerciales.

El Pacto de Progreso invertirá inicialmente 120.200 euros (cerca de dos millones de pesetas) de las arcas públicas para su campaña de promoción del catalán en el comercio. Entre las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo que preside el socialista, Francesc Antich, destacan los cursos de catalán que se impartirán a todas aquellas personas que atienden al público y que tienen un conocimiento nulo o escaso de la citada lengua así como la edición de carteles, etiquetas y rótulos en catalán que se pondrán a disposición de los empresarios.

Además en esta campaña dirigida a comerciantes, clientes y productores se habla del catalán como «una lengua que constituye un factor diferenciador».

El mal antecedente de Cataluña
La Ley de Comercio que acaba de entrar en vigor en las Islas Baleares tiene como precedente la Ley de Política Lingüística aprobada hace cinco años en la Generalitat de Cataluña y que en los últimos día ha vuelto a estar de actualidad por el afán de CiU de radicalizar su mensaje nacionalista antes de las elecciones. La Ley de Política Lingüística se aprobó en un clima político similar al actual: el momento previo a las elecciones autonómicas; sólo que entonces las encuestas eran mucho más favorables a CiU de lo que son en estos momentos.

Cinco años después de su entrada en vigor, tanto desde CiU como desde la oposición se ha visto que la Ley de Política Lingüística ha sido un fracaso, pues las cuotas de catalán en el cine o en los comercios -dos de sus grandes objetivos- son mucho menores a las deseadas. Sonado fue el plante de las «majors» norteamericanos cuando desde la Generalitat intentaron introducir un decreto para establecer las cuotas de catalán en la gran pantalla, y sonados han sido los comentarios cuando el president Pujol anunció que retirarán las ayudas a los comercios que no rotulen en catalán ya que los comerciantes afirman que el castellano es lengua oficial en Cataluña.

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