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Recortes de Prensa     Miércoles 29 Enero  2003
ETA en el claustro
Editorial ABC 29 Enero 2003

¡Viva la Constitución!
JOSÉ MARÍA CALLEJA La Voz 29 Enero 2003

Menos amnesia y más autocrítica

JAIME IGNACIO DEL BURGO ABC 29 Enero 2003

Arzallus es malo
Román Cendoya La Razón 29 Enero 2003

Ayuda moral
Cartas al Director El Correo 29 Enero 2003

Asignatura pendiente
Cartas al Director ABC 29 Enero 2003

Docentes de la UPV se rebelan contra el rector y el profesor-etarra
Redacción - Madrid.- La Razón 29 Enero 2003

La federación estatal de municipios exige «igualdad de derechos» en las elecciones y apoya a los amenazados
VITORIA El Correo 29 Enero 2003

ETA en el claustro
Editorial ABC 29 Enero 2003

LA lucha contra ETA, como epígrafe de una acción de Estado y un compromiso de la sociedad, tiene muchas significaciones. Consiste tanto en derrotarla policialmente, deteniendo a sus «comandos» y desmantelando sus infraestructuras, como en recuperar todos los terrenos sociales, culturales y políticos usurpados por el miedo y la complicidad con la violencia. De lo primero se está ocupando muy eficazmente el Estado, a través de sus Fuerzas de Seguridad y de los Tribunales de Justicia. De lo segundo tienen que encargarse la sociedad civil y la clase política. En esta tarea aún queda mucho por hacer, porque si no fuera así no se entiende cómo es posible que Joseba Mikel Garmendia, en prisión provisional por integración en ETA, se haya convertido en profesor titular de Economía Aplicada de la Escuela de Empresariales en Vitoria. El problema no es de legalidad formal y sería un error insistir en lo contrario. Garmendia no está condenado ni inhabilitado y podía presentarse a la oposición. El problema es de orden social e incluso moral, pues tiene que ver con las carencias en la capacidad de una sociedad, o de una comunidad como la universitaria, que no se hace lo suficientemente incómoda, debiendo hacerlo simplemente por autoestima, para disuadir a un presunto terrorista -con flagrancia televisada, en el caso de Garmendia- de opositar a una plaza de profesor universitario y entrar en su claustro docente.

Este episodio -como el de las brillantes licenciaturas obtenidas por presos etarras- quedará registrado como uno más de las ofensas al sentido común y al sentido de la justicia, que no siempre coincide con el de la legalidad, pero la indignación social que ha producido es perfectamente explicable. Tan explicable que el rector de la Universidad del País Vasco, Manuel Montero, podía haberse ahorrado sus réplicas a alguna de las críticas por el caso Garmendia. Decir que el servicio de inteligencia del Estado -el CNI- está detrás de la publicidad dada a la oposición de este presunto etarra, se acerca peligrosamente al modelo argumental de Arzalluz, del que un buen docente universitario debería sentirse infinitamente alejado. Montero, que tan prudente fue durante la confiscación de la cátedra ganada por Edurne Uriarte -luego repuesta judicialmente en su plaza universitaria-, ha cometido la imprudencia de rebasar una explicación institucional de la actuación de la UPV, en el marco de la legalidad vigente, para entrar en valoraciones políticas que no son precisamente inocuas. Sus palabras, lamentablemente, sintetizan todo un proceso de desistimiento personal frente a la presión del nacionalismo y privan de amparo institucional a muchos docentes amenazados, que ya no pueden reconocerse en su rector.

¡Viva la Constitución!
JOSÉ MARÍA CALLEJA La Voz 29 Enero 2003

EL ACTO celebrado en Bilbao por la iniciativa ciudadana ¡Basta ya! a favor de la Constitución española, demuestra de forma empírica hasta qué punto muchos de los artículos del texto constitucional son todavía un objetivo por conquistar para decenas de miles de vascos. Veinticinco años después de que los españoles aprobáramos la Constitución, en el País Vasco sigue vigente la pena de muerte -establecida durante la dictadura de Franco-, los vascos no nacionalistas no tienen libertad para decir en voz alta y de forma pública lo que piensan, no hay libertad para circular por determinados pueblos y zonas de algunas ciudades y son miles los vascos que han tenido que abandonar su tierra por miedo a ser asesinados o, sencillamente, porque se les hace irrespirable el clima atosigante impuesto por el régimen nacionalista. Hay profesores y alumnos que acuden a sus clases en la Universidad escoltados por la policía para que ETA no los mate o no vuelva a intentar matarlos. Hay periodistas que viven escoltados y así acuden a sus redacciones, a las ruedas de prensa o a cubrir las informaciones. Se ha llegado a la redundancia estrambótica de un vigilante jurado, amenazado por ETA, que acudía a su trabajo, uniformado y escoltado a su vez por policías.

Los escoltas son ya un ingrediente habitual en los actos convocados por ¡Basta ya! y otros colectivos semejantes, a pesar de lo cual no merecen la atención periodística que les correspondería como síntoma de una sociedad enferma, atravesada por el miedo y sin libertad. Los escoltas ocuparon su sitio el pasado sábado, pero el pabellón de la Casilla de Bilbao -termómetro habitual del nivel de respaldo que merece una iniciativa en el País Vasco- estaba lleno a rebosar sin necesitar de su concurso. Los integrantes de ¡Basta ya! -entre los que me encuentro, quede claro- lograron llevar más gente que Ibarretxe cuando presentó su plan para la independencia en el mismo escenario.

El caso es que un colectivo que apoya a las víctimas -del que forman parte víctimas de ETA-, que defiende la Constitución y lucha contra algo tan poderoso como es el nacionalismo obligatorio, ha conseguido tener una presencia relevante en la agenda ciudadana y política del País Vasco, ha logrado unir, en un tema esencial como es la lucha contraterrorista, a dos partidos que andan a la greña en casi todo lo demás -socialistas y populares- y cosecha significativas victorias: manifestaciones, concentraciones más numerosas que las de los que hasta ayer eran dueños de la calle, y el último éxito, Maruri. Este pequeño pueblo vizcaíno, no llega a los setecientos habitantes, no soporta tener un párroco no nacionalista y desde hace varios domingos gentes convocadas por el PNV bajo cuerda se concentran a la puerta de la iglesia para decirla a Jaime Larrínaga que se vaya, que no quieren saber nada de él. Jaime Larrínaga es miembro del foro El Salvador, un colectivo que agrupa a los poquitos curas vascos que no comulgan con el nacionalismo y que en su nombre evoca a los seis jesuitas asesinados por paramilitares en El Salvador, entre ellos el vasco Ignacio Ellacuria. Los creyentes nacionalistas han anunciado que sus hijos no harán la primera comunión en la parroquia, y, mientras tanto, se concentran, se concentraban, contra el párroco y filman en vídeo a los miembros de ¡Basta ya! que le apoyan. Pues bien, después de varias semanas y gracias a la tenacidad de los que apoyaban al párroco, los acosadores han desistido y no convocaran más manifestaciones.

Un triunfo que demuestra que, establecidos los argumentos desde hace tiempo, sólo el coraje y la tenacidad democrática pueden acercarnos a que la Constitución sea en Euskadi una realidad plena, sin los agujeros negros de la muerte.

Menos amnesia y más autocrítica
Por JAIME IGNACIO DEL BURGO. Diputado por Navarra (UPN) ABC 29 Enero 2003

EN el Partido Socialista parece haberse impuesto una corriente de opinión dispuesta a poner palos en la rueda del entendimiento básico entre el PP y el PSOE en el País Vasco, demandado por la mayoría de los militantes y electores de ambas formaciones políticas.

Algunos destacados dirigentes socialistas, encabezados por Felipe González, no se cansan de repetir, una y otra vez, que la responsabilidad de que el PNV haya decidido «echarse al monte» reside en la política de acoso y enfrentamiento practicada contra el nacionalismo por el Partido Popular. «No existe mayor estupidez que empujar a alguien hacia donde quiere ir». La frase es de José María Benegas, en un reciente artículo publicado en «El País». «Mientras el PSOE estuvo en el poder, -esta vez la cita pertenece a Manuel Chaves- la unidad de España no estuvo en peligro». El pacto de Ajuria Enea fue, dicen, la mejor muestra del buen resultado producido por la política de mano tendida al nacionalismo «moderado». La participación en el Gobierno vasco de los socialistas garantizó, por tanto, durante casi dos décadas la lealtad del PNV al Estatuto y, por ende, a la Constitución.

Todo ha cambiado, añaden, por culpa de la obsesión de Aznar con el nacionalismo. La cohesión nacional está en peligro y, por eso, el único camino es volver a traer al PNV por la senda constitucional y estatutaria, tendiéndole la mano. No es casualidad que, en coincidencia con estos pronunciamientos, surgiera la propuesta de un gobierno de concentración, lanzada paradójicamente desde las filas del socialismo alavés, el más proclive -según se suponía- a la permanencia del pacto con los populares. La última muestra de la actitud socialista la acaba de protagonizar el actual Secretario General del PSE al reclamar que el PP cese en su estrategia de «confrontación permanente» con el partido de Javier Arzallus y las Juventudes Socialistas vascas al arremeter contra los populares abogando por tesis muy parecidas a las de PNV.

Puesto que la primera voz en contra del supuesto «frentismo» antinacionalista del PP y PSOE fue la de Felipe González, fácil es de comprender que el ex presidente -que no acaba de digerir su derrota electoral a manos de Aznar- está al frente de esta corriente de opinión que, hasta el momento, no sabemos si acabará o no por ser refrendada por la actual dirección del socialismo español.

Pero, en cualquier caso, la «memoria histórica» -ahora que está tan en boga- revela que los años de gobierno de coalición y cooperación política entre socialistas y nacionalistas no fueron tan idílicos como se nos pretende presentar. He aquí algunos datos objetivos.

Durante los años de la transición a la democracia, los socialistas se alinearon políticamente con los nacionalistas en todo. Aceptaron la extensión al País Vasco de la bandera y el himno del PNV (la ikurriña y el «Gora ta Gora»). Dieron por supuesto que Navarra había de formar parte de Euskadi. Y aun defendieron el derecho de autodeterminación compartiendo manifestaciones y pancartas con los nacionalistas. Esto produjo una enorme alarma y confusión. El panorama comenzó a aclararse cuando el PSOE, en el Congreso en el que Felipe González consiguió la renuncia al marxismo, dejó de abogar por la concepción del Estado español como una «federación de pueblos ibéricos». También hubo rectificación en el caso de Navarra, cuando decidieron apoyar la opción del Amejoramiento del Fuero propuesta por UCD.

A la hora de redactar el Estatuto vasco los socialistas -convencidos de la necesidad de un «compromiso histórico» con los nacionalistas (alguien se habrá arrepentido de haber abogado por él)- hicieron frente común para la configuración de una Comunidad cuyas instituciones fundamentales serían el Gobierno y el Parlamento vascos, mientras los derechos históricos y, por tanto, la foralidad de los territorios de Álava, Guipuzcoa y Vizcaya, habrían de quedar vaciados de su originario contenido. Los actuales regímenes de las Diputaciones vascas nada tienen que ver con la reintegración foral, contenido esencial de los derechos históricos amparados por la Constitución. (No deja de ser cínico que el PNV invoque ahora la virtualidad de la disposición adicional nada menos que para sostener la secesión de Euskadi, cuando su insatisfactoria redacción a juicio del nacionalismo sirvió a éste como pretexto para abstenerse en el referéndum de 1978).

Pero lo peor estaba aún por venir. El socialismo participó en el Gobierno vasco (en una ocasión renunció a desempeñar la presidencia pese a haber sido la lista más votada) y ocupó algunas carteras relevantes. Es posible que para los socialistas aquella fuera una solución más que aceptable, pues les permitía ejercer, como si se tratara de reinos de taifas, de ciertas parcelas de poder y disfrutar de la respetabilidad proporcionada por el manto protector del nacionalismo.

Ocurre que mientras todo esto sucedía, el PNV tuvo manos libres para ir de modo paulatino sustentando las bases del futuro régimen nacionalista caracterizado por el férreo control ejercido sobre el conjunto de la sociedad vasca. No hay aspecto de la vida social donde el nacionalismo no esté presente de una u otra forma. El PSOE contribuyó, pues, consciente o inconscientemente, a fortalecer la idea de que ninguna opción de gobierno es posible en el País Vasco si no gira en torno al PNV. Consintió que la educación fuera plenamente permeable a las exigencias de «normalización» lingüística -imposición es la palabra correcta- y permitió que tanto el sistema educativo como los medios públicos de comunicación fueran utilizados como instrumentos clave para el adoctrinamiento de la sociedad en clave nacionalista.

Al mismo tiempo, la situación de los sectores de la población no nacionalista y que tampoco compartían las ideas socialistas distaba mucho de ser idílica. UCD y AP hubieron de pagar un importante tributo de sangre entre 1977 y 1982. Se inició así la época del éxodo o de las catacumbas para cuantos se negaban a aceptar el pensamiento único nacionalista. Un dato revelador. Cuando en 1990, José María Aznar y Jaime Mayor decidieron dar la batalla política por la libertad en el País Vasco, contaban con dos escaños en el Parlamento de Vitoria. Y si en el País Vasco está en marcha la rebelión de los demócratas, aunque éstos no hayan todavía conseguido derrotar en las urnas al nacionalismo, es gracias en gran medida a la abnegación, a la heroicidad y, por desgracia, al enorme sacrificio cruento del Partido Popular.

La ruptura del «compromiso histórico» con el nacionalismo para compartir el duro destino de los «constitucionalistas», no se producirá hasta que el PNV -a pesar de esa acrisolada lealtad a la Constitución y el Estatuto supuestamente garantizada por la presencia del PSOE en el Gobierno vasco- decide impulsar el llamado «pacto de Estella».

Se falta a la verdad cuando se afirma que el PP ha empujado al PNV a echarse al monte. Fue el espíritu de Ermua, tras el cobarde y alevoso asesinato de Miguel Ángel Blanco, el que alertó a Arzallus del peligro de que tarde o temprano el nacionalismo supuestamente democrático y el nacionalismo totalitario y excluyente de ETA acabarían por ser confundidos para la opinión pública. Y por eso, y nada más que por eso, el PNV decidió iniciar un proceso de ruptura con la Constitución y el Estatuto, cuyo último episodio es la propuesta seudo secesionista del presidente Ibarreche.

No se pueden negar los grandes esfuerzos realizados por el Partido Popular para comprometer al PNV en la tarea de gobernar a España y en la lucha contra el terrorismo. El pacto alcanzado en 1996 para la investidura de José María Aznar como presidente del Gobierno demostró hasta qué punto el Partido Popular estaba dispuesto a tender la mano. Por cierto, quienes ahora reprochan al PP su supuesta política de acoso al nacionalismo, lanzaron entonces la insidia de que, con tal de llegar al poder, Aznar estaba dispuesto a vender España a los nacionalistas.

Me atrevo a recomendar a los dirigentes socialistas algo menos de amnesia y un poco más de autocrítica. La hizo, en su día, Nicolás Redondo Terreros, pero alguien tendrá que responder de haber ofrecido su cabeza a Javier Arzallus, sin importarle la suerte de los electores vascos. Acusar de radicalización al PP y de compartir el extremismo con Batasuna, además de miserable, es proporcionar munición ideológica a la serpiente. Falta por ver si la comprensión de Odón Elorza hacia el plan separatista de Ibarreche cuenta o no con apoyos estimables dentro del PSOE. Lo que sí resultan evidentes -ocurre ya en Navarra- son los cantos de sirena del nacionalismo hacia los socialistas. Si no prevalece la cordura, la causa de la libertad en el País Vasco -y con ella la de España- habrá sufrido un duro golpe.

Arzallus es malo
Román Cendoya La Razón 29 Enero 2003

Arzallus, en su sermón dominical, dijo que considera «deseable» que la izquierda abertzale intente presentarse en las próximas elecciones municipales y forales y, por eso, les aseguró que contarán con su «ayuda moral». Añadió que le parece que «todo esto de la ilegalización es quitar el voto a tantos miles de gentes que tienen su opción política legítima». Sobre la ilegalización de Batasuna dijo que «no es sólo un abuso, sino que es un mal político para todos» y que «no nos conviene a nadie». Por ello, consideró «legítimo que ellos luchen para poder presentarse» a las elecciones. Arzallus es malo porque presta ayuda moral a Eta-Batasuna y porque consiente que desde los presupuestos del Gobierno vasco se preste ayuda material y «espiritual» a la cosa. Arzallus es malo porque le parece legítima una ideología basada en el asesinato. Arzallus es nazionalista (con z), identitario y excluyente. Por eso, cuando habla de «todos», realmente es «algunos» y cuando dice «a nadie» se refiere a los mismos «algunos». Arzallus es malo porque moralmente está siempre con los que amenazan y matan. Arzallus es malo porque le parece legítimo que los que matan sigan luchando para poder presentarse. Arzallus es malo.

Ayuda moral
Gonzalo Zorrilla-Lequerica/Bilbao Cartas al Director El Correo 29 Enero 2003

Después de leer las últimas declaraciones de Xabier Arzalluz me pregunto si es que este hombre no va a dejar de mentir alguna vez. Ahora resulta que Arzalluz manifiesta que Batasuna tendrá la ayuda moral del PNV para las próximas elecciones municipales. Esto es una mentira más del nacionalismo vasco. ¿Y por qué es mentira? Porque la ayuda moral la está dando el PNV desde hace tiempo. Porque ayuda moral es no poner todos los medios para acabar con el terrorismo. Porque ayuda moral es oponerse a todas las medidas que el Gobierno central lleva a cabo para que el terrorismo desaparezca. Porque ayuda moral es negarse a suscribir mociones de censura contra los diecisiete alcaldes de Batasuna que gobiernan en minoría. Porque ayuda moral es negarse a cumplir resoluciones judiciales que van en contra del entramado etarra. Con todas estas ayudas morales el señor Arzalluz tendrá que reconocer que las ayudas de su partido están en el día a día desde hace tiempo y que no se limitan a la celebración de las próximas elecciones.

Asignatura pendiente
Cartas al Director ABC 29 Enero 2003

Consideran los fratricidas culturales que la condición de terrorista no impide enseñar en una Universidad pública. No nos garantizan que el aprobado de los alumnos de Garmendia no dependa del carné político, de la etnia, del miedo o de otras psicopatologías del pensamiento. ¿Cómo puede demostrarnos vehemencia y criterio en el respeto a las capacidades de sus alumnos si es incapaz de respetar sus vidas si ellas no se desarrollan desde, por y para el nacionalismo? Sin embargo, aseveran los fratricidas culturales que están desprotegidos del marco constitucional porque el magistrado de turno saca la lengua a pasear con ensoñaciones sobre las fuentes de Granada. ¿Qué acción de recusación les asiste a los alumnos del fratricida y vasquísimo patriota? Son básicamente cuatro: el suspenso, la migración, el silencio o el féretro.   Álvaro García Gutiérrez    Palma de Mallorca.

Docentes de la UPV se rebelan contra el rector y el profesor-etarra
Un manifiesto pedirá responsabilidades a Manuel Montero y cambios en la Justicia
Un grupo de profesores de la Universidad del País Vasco presentarán un manifiesto en el que piden que Mikel Garmendia, presunto etarra que obtuvo la pasada semana la plaza de profesor titular de Economía Aplicada, sea declarada persona «non grata» para mantener la dignidad de la Universidad.
Redacción - Madrid.- La Razón 29 Enero 2003

Profesores de la Universidad del País Vasco (UPV) están ultimando un manifiesto para que su institución declare «persona non grata» a su nuevo compañero Joseba Garmendía Albarracín, presunto miembro de ETA que el viernes logró una plaza como titular de Economía Aplicada en el centro. Según han indicado fuentes de la Universidad a LA RAZÓN, el comunicado pretende además pedir responsabilidades al rector, Manuel Montero, y cambios en la Justicia, porque «si en vez de tardar diez meses en juzgar a este hombre se hubiese ido más rápido, no se hubiese dado esta stuación»

Fuentes de la universidad vasca informaron de que diversos profesores, algunos de ellos próximos a la plataforma ciudadana «¿Basta Ya!», han trabajado este martes en la elaboración del escrito en el que cuestionan que Garmendia Albarracín entre a formar parte del claustro.

Los profesores que quieren declarar «persona no grata» a este presunto etarra entienden que ésta es la única forma que tienen de defender la dignidad de la universidad, después de que, según este colectivo, el rector haya «mirado para otro lado» en este asunto. El manifiesto hará referencia a que es una «indignidad» que un presunto miembro de la banda terrorista, que está acusado de ser uno de los cerebros de su trama financiera, pase a ser profesor titular de la Universidad del País Vasco cuando esta pendiente de juicio.

En este sentido, estos docentes afirman que los responsables de la UPV no tenían que haber convocado la plaza que ha ganado este presunto miembro de ETA, puesto que en la universidad «no hay que enseñar a los alumnos sólo conocimientos, sino también valores éticos». Las fuentes consultadas indicaron que el escrito será dado a conocer hoy y se pondrá a disposición de aquellos docentes que quieran suscribirlo.

El documento contra Garmendia Albarracín, que los promotores de la iniciativa no descartan dar a firmar también a los alumnos, será finalmente entregado al rector de la universidad vasca, Manuel Montero, para que se pronuncie al respecto. El rector ya declaró el pasado lunes que en su opinión, la Universidad del País Vasco cumplió «escrupulosamente la legalidad» en «aplicación» de la Constitución en el examen para obtener una plaza fija de profesor de Economía Aplicada.

La plataforma ciudadana «¿Basta Ya!», con una significada presencia entre los profesores de la Universidad del País Vasco (UPV), reclamó ayer cambios legales que impidan casos como el de Joseba Mikel Garmendia. El portavoz del colectivo, Carlos Martínez Gorriarán, dijo a Servimedia que las «instituciones con responsabilidad», como el Parlamento, deben tratar de solventar las lagunas legales que permiten que personas como Garmendia se conviertan en docentes de la universidad vasca. A su juicio, los diputados «deben tomar cartas en el asunto y ver si puede hacerse algo» para evitar que los integrantes de ETA se aprovechen de los vacíos legales para entrar en la Universidad del País Vasco.

Martínez Gorriarán hizo estas afirmaciones al referirse a las palabras pronunciadas sobre lo sucedido por Garmendia por Manuel Montero, rector de la universidad vasca, quien ha asegurado que su institución cumplió «con su deber» al asignar la plaza al presunto etarra. A este respecto, el portavoz de «¿Basta Ya!», que también es profesor de la UPV, rechazó referirse expresamente a las manifestaciones de su rector, y dijo que si el procedimiento fue «escrupuloso y legal», lo que hay que hacer es cambiar la ley. Por último, aseguró que debe estudiarse si unos cambios legales impedirán que los etarras a la espera de sentencia se conviertan en profesores, ya que en la actualidad esto no puede evitarse al tener estas personas todos sus derechos civiles «intactos» hasta que haya una condena.

La federación estatal de municipios exige «igualdad de derechos» en las elecciones y apoya a los amenazados
VITORIA El Correo 29 Enero 2003

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) exigió ayer en Vitoria que se adopten las medidas necesarias «para garantizar la igualdad de condiciones en el ejercicio de los derechos y libertades de todos», en especial para poder concurrir a las elecciones municipales que se celebrarán el próximo 25 de mayo.

La comisión ejecutiva de la federación se reunió ayer por primera vez en la capital alavesa con el objetivo de «lanzar un mensaje de apoyo y solidaridad» con los alcaldes y concejales «que sufren cada día para ejercer su función», aseguró Rita Barberá, alcaldesa de Valencia y presidenta de la FEMP. «Hemos venido a escucharles y a decirles que tienen todo el derecho a presentarse en unas listas con la opción política que deseen. Tienen que perder el temor a ir en una lista, aunque sabemos que es muy fácil decirlo», subrayó la política popular.

Los miembros de la comisión ejecutiva elaboraron una declaración institucional tras reunirse con representantes del PP, PSE y UA, entre los que se encontraban el diputado general, Ramón Rabanera; el alcalde de Vitoria, Alfonso Alonso; el teniente de alcalde foralista de Vitoria José Antonio Pizarro; la concejala popular de San Sebastián María San Gil y el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Bilbao, Dimas Sañudo.

En el texto se hace un especial llamamiento a los partidos «que no viven bajo la amenaza y la coacción permanente» a que muestren «su solidaridad activa» porque, advirtió Barberá, «la defensa de la libertad y de la democracia ha de ser tarea de todos, compromiso de la totalidad del municipalismo en el País Vasco y en el resto de España».

Víctimas del terrorismo
La FEMP tuvo un recuerdo especial para las víctimas del terrorismo. En su declaración, los ediles pertenecientes a la federación estatal les recuerdan «que no están solos, y su ejemplo constituye para todos una motivación especial para preservar los valores democráticos y en el afán de convivencia y paz en que el conjunto de la sociedad española está empeñada».

La primera autoridad municipal de Vitoria recordó, en nombre de los concejales vascos, que «nunca hemos pedido compasión, y no queremos que el problema se reduzca sólo a la falta de libertad. De lo que estamos hablando es de una clara falta de libertad», enfatizó Alfonso Alonso.
 

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