AGLI

Recortes de Prensa     Martes 4 Marzo  2003
Sadam, presionado, recobra la memoria
Editorial ABC 4 Marzo 2003

Hay armas químicas en Irak
Miguel Ángel Rodríguez La Razón 4 Marzo 2003

Realidades y apariencias
SANTIAGO GONZÁLEZ El Correo 4 Marzo 2003

Anasagasti es un fantoche
Germán Yanke Libertad Digital  4 Marzo 2003

A Anasagasti le duele la hemeroteca
EDITORIAL Libertad Digital  4 Marzo 2003

«Profesores por la libertad»: un paso adelante
Gotzone Mora La Razón 4 Marzo 2003

Los voceros de ETA
Enrique Villar Montero  La Razón 4 Marzo 2003

Que no cuenten con Álava
ENRIQUE VILLAR MONTERO EL Correo 4 Marzo 2003

Andoain, otra metáfora vasca
FRANCISCO JOSÉ LLERA RAMO  El Correo 4 Marzo 2003

El alcalde de Bilbao permite que una edil batasuna acusada de ser etarra cobre 40.000 euros al año
D. M. - Madrid.- La Razón 4 Marzo 2003

Oreja advierte de que Ibarretxe puede plantear este mismo año el referéndum por la autodeterminación
EFE Libertad Digital  4 Marzo 2003

Un testigo reconoce a cara descubierta a la etarra Gallastegi durante un juicio
ABC 4 Marzo 2003

Dudas irresponsables
Breverías ABC 4 Marzo 2003

Varapalo del Tribunal de Cuentas al Gobierno de Ibarreche al declarar alegales sus ayudas a EH
Redacción - Madrid.- La Razón 4 Marzo 2003

El nuevo centralismo
Libertad Digital Andrés Freire  4 Marzo 2003

El otro vasquismo
KOLDO BIGURI  El Correo 4 Marzo 2003

Antiespañoles
Nota del Editor 4 Marzo 2003

 

Sadam, presionado, recobra la memoria
Editorial ABC 4 Marzo 2003

Sadam, de repente, ha hecho memoria y recordado que tiene partidas de armas químicas y biológicas. Súbitamente, el régimen de Bagdad ha encontrado restos de gas nervioso VX y ántrax en unas instalaciones cercanas a la capital iraquí donde supuestamente habían sido destruidas las sustancias prohibidas y reclamadas por Naciones Unidas. Como por arte de magia, han aparecido restos de 157 proyectiles y ocho bombas R-400 prácticamente intactas. El general Amer Saadi, responsable iraquí de desarme, anunció que «han aparecido los 550 proyectiles de gas mostaza que faltaban» y que se habían extraviado por culpa de un «documento erróneo».

Ante la amenaza de un ataque militar, Sadam Husein, felizmente, ha salido de la amnesia. En el profuso informe -doce mil folios y una montaña de discos informáticos- que entregó a la ONU el pasado mes de diciembre, Bagdad olvidó mencionar la existencia de armamento químico y bacteriológico. El régimen iraquí no sólo negó reiteradamente la presencia de este tipo de armas; acusó a Estados Unidos de mentir y de inventarse pruebas para justificar el ataque. Dos meses y medio después, lo que Sadam decía haber destruido ha aparecido casualmente, mientras se afanaba en terminar con los misiles Al Samud, los mismos que en un principio cumplían con las exigencias de Naciones Unidas y que, finalmente, ha aceptado por reconocer que violan las resoluciones de la ONU.

¿Qué ha cambiado para que el régimen de Bagdad se muestre ahora dispuesto a cooperar con los inspectores? Simplemente, que la presión internacional, encabezada por Estados Unidos, Gran Bretaña y España, empieza a dar sus frutos. Ante el conflicto de Irak, y como consecuencia de la instrumentalización del legítimo sentimiento de paz de una parte sustancial de la opinión pública, se ha propagado una especie tan falaz como injusta: que la ofensiva diplomática de Aznar no tenía otro objetivo que la guerra, y que los esfuerzos de Francia y Alemania, apoyados por otras naciones como Rusia y China, estaban marcados por los anhelos de paz. Este reduccionismo, al que ha contribuido en parte el Gobierno con su incapacidad para transmitir adecuadamente las razones de fondo de su actuación en el conflicto, ha logrado generar un clima social hostil hacia el PP y el Ejecutivo.

No se trata de concluir que la repentina e interesada cooperación de Sadam hacen ahora enteramente buenas las razones de Aznar ante la crisis iraquí, pues eso sería caer en el mismo reduccionismo, pero el súbito cambio de actitud del régimen de Bagdad pone de manifiesto algo que el presidente del Gobierno ha reiterado hasta la saciedad sin lograr hacerse comprender: que la carga de la prueba correspondía a Irak y que era el dictador iraquí quien, en cumplimiento de la resolución 1441, tenía la obligación de señalar dónde estaba el armamento, químico y bacteriológico, que se sabía que Bagdad ocultaba.

El repentino hallazgo prueba una evidencia cuestionada, también por puro interés, por una parte sustencial de la izquierda: que Sadam Husein mintió en el informe que presentó a instancias de la ONU en diciembre y que su actuación de los últimos días forma parte de una estrategia perfectamente diseñada. El presidente de Irak ha vuelto a hacer trampas. Y de no ser por el acoso y la denuncia de Washington, Londres y Madrid, principalmente, a estas horas seguiría escondiendo las cartas debajo de la mesa. Su condición de hombre sin escrúpulos le lleva a eso: a empeñarse en un juego macabro. Lleva así veinte años.

Hay armas químicas en Irak
Miguel Ángel Rodríguez La Razón 4 Marzo 2003

Sorpresa generalizada entre los del «no» a Bush tras el anuncio de Irak de que han descubierto, por una súbita recuperación de la memoria, que tienen armas químicas preparadas para atacar. No ha sido la presión de Francia y Alemania, precisamente, la que ha provocado que el tirano iraquí confiese lo que negaba hace sólo una semana.
Armas químicas: esas bombas cargadas de ántrax, o similar, que dice que había destruido hace once años. No estaría demás que ahora se inventaran una pegatina diciendo «sí al desarme de Sadam». Pero eso no es «cool».

Armas químicas: esas bombas que la ONU exigió que se destruyeran como lo hizo con Sudáfrica o Kazajstán y que allí eliminaron sin problemas, sin este juego del gato y el ratón al que Sadam Husein está sometiendo a Occidente. Ahora destruye cuatro misiles cada día en vez de todos en un minuto. Ese es el «juego macabro» del que hablaron Blair y Aznar la semana pasada.

No ha sido el diálogo el que ha llevado a este tipo sin escrúpulos a la confesión. Tiene en los alrededores a 240.000 soldados norteamericanos y británicos y parece que sus cuentas no le salen. ¿O es que alguien se cree que se asusta cuando escucha uno de los mítines de Zapatero?

Sadam negocia su salida por unos cuantos miles de millones de dólares; Francia y Alemania negocian sus contratos con el nuevo Irak y con el mundo árabe; Rusia y China enarbolan su veto en el Consejo de Seguridad para no quedar fuera del desfile de la victoria ¿De verdad que Zapatero cree que hay alguien pensando en aplazar el ataque por generosidad?

Los del «no» a Bush tienen misiles iraquíes con ántrax encima de la mesa. A ver cómo mueven ficha. Estados Unidos, Gran Bretaña España ya habían movido, y parece que no estaban equivocados.

Realidades y apariencias
SANTIAGO GONZÁLEZ El Correo 4 Marzo 2003

La cautela aconseja, lehendakari, rehuir las afirmaciones tajantes, verbigracia: de esta agua no beberé, este cura no es mi padre, este policía no tortura, los periodistas no mienten o los gobernantes no prevarican. Todo lo anterior es posible, pero no debe darse por seguro hasta que se demuestre. Sin embargo, algunos de sus consejeros se han apresurado a tomar la denuncia por torturas de Otamendi como hechos probados, sin aplicar a las instituciones la presunción de inocencia reclamada por ellos mismos unas horas antes. Su consejera Anjeles (sik) Iztueta sostiene que los poderes del Estado «blindan» y «respaldan» la tortura. Hace unos meses había afirmado que Madrid practicaba el «terrorismo institucional». ¡Qué barbaridad! Me imagino que usted no se refiere a esto cuando habla de 'respeto'.

Mención especial merece la opinión de Anasagasti, según la cual se tortura a la gente «por el mero hecho de ser vascos». Un suponer, dos guardias se encuentran por la calle con Iñaki Urdangarin y de la misma le aplican la bañera. «Ante una denuncia de torturas sólo cabe investigar a fondo», ha dicho su consejera de Cultura. Sensatas palabras, lehendakari, aunque carentes de verdad. Un día antes que Otamendi habían denunciado torturas los detenidos por la Ertzaintza en una operación contra la 'kale borroka', sin que nadie de entre los suyos haya pedido que se investigue el tema. El mismo día, la familia Pagaza leyó un par de cartas de su familiar asesinado por ETA. En una de ellas, Joseba Pagazaurtundua escribe a su consejero de Interior algo tan terrible como: «personas a sus órdenes me amenazaron en instalaciones de la Ertzaintza, en la plaza Easo de Donostia, con pasar información a ETA a través de HB sobre mi condición de colaborador de las fuerzas de seguridad del Estado». No sé a usted, lehendakari, pero a un servidor le caben muchas menos dudas sobre el asesinato de Pagaza que sobre las torturas a Otamendi, justo al contrario de lo que parece pasarles a sus consejeros. Pero nadie de entre ustedes ha pedido que se investigue la denuncia contenida en esa carta. Deberían hacerlo, averiguar si algún mando de la Erzaintza amenazó a Pagaza con «pasar información a ETA a través de HB». No les preocupe que los amenazadores den la razón tácitamente a Garzón con esta frase. No es eso lo grave, usted me entiende.

Lo grave es que el director de su televisión pública sostenga que «en cumplimiento de su mandato legal de prestar especial atención a la cultura vasca», está obligado a emitir una parodia bertsolari, con chistecito homófobo incluido, sobre escoltas y amenazados, a los que se llama «criminales», y piense que hacer otra cosa sería «reimplantar la censura». ¿Quién 'criminaliza' el euskera, lehendakari? ¿Qué es cultura me preguntas/ clavando en mi pupila tu pupila azul?

Anasagasti es un fantoche
Germán Yanke Libertad Digital  4 Marzo 2003

"A mi me lo ha dicho Anasagasti, aunque ya se sabe", me dijo una vez, con ese aire despectivo que utiliza cuando quiere, Xabier Arzalluz. Porque Anasagasti, en Sabin Etxea, sirve para eso, para contar cosas, rumores, bulos y maledicencias. Al presidente del PNV le encantan aunque, como se ve, en ocasiones pone los mensajes (y a menudo al mensajero) en cuarentena. Pero lo grave es que Anasagasti, como el PNV, han dejado ya a un lado el empeño, casi siempre fallido, de pergeñar algo parecido a un argumento para defender su política. Como lo que debería explicar es inexplicable (que el PNV quiera defender a ETA y sus secuaces y hacer con ellos el recorrido de la "soberanía"), se dedica ahora a relacionar a Libertad Digital con el CESID, algo que ya hicieron en su momento sus amigos etarras de Ardi Beltza –la revista que dibujaba dianas–. Entonces se trataba de cambiar la cúpula del PNV con unos comentarios, ahora de utilizar información que está a disposición de todo el mundo y que procede, además, de declaraciones que los propios dirigentes del PNV hicieron en su momento.

Lo más interesante no son sus mentiras, habituales, ni su desfachatez, propia de su indigencia intelectual, ni la deriva hacia el absurdo de un portavoz más odiado en el propio PNV que fuera de él. Lo más interesante es que Anasagasti y sus colegas del PNV, que antes se quejaban de que se les relacionara con ETA de cualquier modo, ahora se irritan cuando se dice que ya denunciaron lo que ETA estaba haciendo. No, ahora son sus amigos. Se comprende que se conviertan en sus enemigos los que, en cualquier sector de la vida ciudadana, quieran defender la libertad. El PNV sabe lo que quiere, que es la independencia totalitaria de la mano de ETA y Batasuna. Anasagasti no llega ni a eso, ha perdido la cabeza, va por libre haciendo méritos, dice tonterías y ahora, qué curioso, dibuja dianas. Es un fantoche, pero un fantoche peligroso.

A Anasagasti le duele la hemeroteca
EDITORIAL Libertad Digital  4 Marzo 2003

Principal materia prima del historiador, la hemeroteca es afortunadamente insobornable e inmune a las mistificaciones. El vicio de reescribir la Historia –propio de los totalitarios, que necesitan de rutilantes mitos concordantes con sus anhelos y extravagancias para cubrir sus miserias, crímenes y traiciones– es una de las notas características más sobresalientes de los nacionalistas, especialmente de los vascos. Por ello, cuando alguien recurre a las hemerotecas para poner de manifiesto el estridente contraste entre el mito y la realidad de los hechos, los nacionalistas sólo saben responder con la calumnia, la insidia, el insulto y la descalificación. Y cuando éstas no dan resultado, recurren al más crudo cinismo, confiados en que su tradicional victimismo les exime de toda coherencia.

Cuando Carlos Iturgáiz –presidente del PP vasco– acusó al PNV el pasado 23 de febrero de olvidarse de las palabras de Juan María Atutxa –consejero de Interior en 1992, cuando relacionaba directamente al diario Egunkaria con ETA–, bastaba con recurrir a la hemeroteca para verificarlo. Libertad Digital se tomó esa molestia y pudo comprobar que Carlos Iturgáiz –y también Ángel Acebes– estaban en lo cierto: el 3 de febrero de 1992, Atutxa dijo, con motivo de la desarticulación de la infraestructura etarra dedicada a la extorsión de empresarios que “estas actuaciones demuestran con total claridad el carácter mafioso de ETA y las significativas coincidencias existentes entre esta red y entidades tan importantes para el mundo de HB como su propia Mesa Nacional el diario Egunkaria y el sindicato LAB”.

Sin embargo, Iñaki Anasagasti prefiere creer –o, mejor dicho, quiere hacer creer– que “el CNI (el nuevo CESID) suministra información a estos de Libertad Digital y al grupo de Jiménez Losantos (editor de Libertad Digital y director de La Linterna de la Cadena COPE), que es un grupo de extrema derecha y saca esta documentación”. Si no fuera porque Iñaki Anasagasti goza desde hace casi treinta años de patente de corso para lanzar insidias y descalificaciones a discreción a quienes osan contradecirle a él o a su partido, sus declaraciones probablemente habrían hundido su carrera política en el más espantoso ridículo.

Pero no contento con lanzar calumnias contra este periódico y su editor, Anasagasti no tiene empacho en admitir que “independientemente de que lo hubiera dicho Arzalluz, Egibar, Atutxa o yo mismo (la relación entre Egunkaria y ETA), estamos hablando de una cosa de hace 10 años y ahora estamos en 2003”. Es decir, en 1992 el PNV todavía era el nacionalismo “moderado” y perseguía a ETA y sus pantallas. Hoy, en 2003 y después del Pacto de Estella, las cosas son distintas y ETA es su aliado estratégico; por lo que es preciso proteger y amparar a los altavoces de ETA como Egunkaria, aunque para ello haya que ensuciar la reputación de la Justicia, de las Fuerzas de Seguridad del Estado o de los medios de comunicación.

A Anasagasti le duele la hemeroteca. Pero, afortunadamente, entre las competencias del Gobierno Vasco no se encuentra la manipulación de los archivos periodísticos. Esperemos que, en el futuro, cuando sea preciso recordarle que dio más credibilidad a las acusaciones de tortura formuladas por el director de Egunkaria que a los informes forenses, a de los de la Guardia Civil y a la palabra del ministro del Interior, antes de atribuir tan sabrosas informaciones a las filtraciones de los servicios de inteligencia –a los que, por cierto, el PNV no fue ajeno en el pasado– se tome la molestia de consultar la hemeroteca.

«Profesores por la libertad»: un paso adelante
Gotzone Mora La Razón 4 Marzo 2003

Hace escasas semanas un grupo de personas vinculadas a la Universidad del País Vasco presentamos la «Plataforma Profesores por la Libertad», sustentada por 253 firmas de docentes adscritos a dicha institución. La referida iniciativa constituía la respuesta al clima de tensionamiento que vive la Universidad en los últimos meses, cuyo exponente más reciente viene representado por la obtención de una plaza como profesor titular del presunto etarra Joseba Mikel Garmendia. Más allá del hondo significado que la creación de la «Plataforma Profesores por la Libertad» ostenta en relación con la situación de nuestra Universidad, desearía destacar su importancia en el marco de la vida político-social vasca. Y ello, porque supone la primera iniciativa coordinada en el ámbito universitario en aras a denunciar las manipulaciones políticas y el intento, desde ciertos sectores, de instrumentalizar la labor educativa en el País Vasco utilizándola para sus objetivos independentistas y soberanistas.

Resulta evidente que la difusión de ideas etnicistas y en muchos casos antiespañolas se realiza en el País Vasco utilizando gran parte de los mecanismos de socialización primaria: familia, grupos de amigos, por supuesto el conjunto del sistema educativo, así como ciertos medios de co- municación social. Estas instituciones socializadoras desarrollan un papel destacado en la configuración de ese ideario colectivo que sirve a intereses políticos concretos. Desde las propias aulas se ha llegado a transmitir a los alumnos que el País Vasco no es España y que constituye poco menos que una Nación subyugada por el poder opresor y centralista español. La Universidad como culminación del proceso educativo, juega un rol fundamental en este sentido. Ello resulta especialmente grave porque una vez que sectores de nuestra juventud han sido socializados en el odio y la beligerancia hacia todo lo que significa España, es prácticamente imposible contrarrestar ese proceso. Esta manera de proceder explicaría una parte de por qué, hoy en día, la banda terrorista ETA logra reclutar masivamente a jóvenes de apenas veinte años, adolescentes que han nacido en tiempos de la democracia y en un período en el que España se ha ido consolidando como modelo y garante de las libertades a nivel internacional.

Frente a la situación descrita, determinados sectores de docentes consideramos que había llegado el momento de asumir nuestra responsabilidad, vinculándola no sólo a la transmisión de conocimientos, sino también a la defensa y difusión de los derechos fundamentales y libertades públicas proclamados por la Constitución Española. La Universidad del País Vasco sabe bien lo que supone la amenaza terrorista. Bombas colocadas en el Campus, irrupción en las aulas y paralización de las clases por el entorno radical, actos continuos de violencia e intimidación ejercidas en las clases y en el recinto universitario, profesores amenazados, etc., constituyen el siniestro legado que la banda terrorista ETA y su entorno tiene reservado para nuestra Universidad. Ello se debe en gran parte a que los totalitarios temen la respuesta ejercida desde la libertad ideológica e intelectual que caracteriza a un grupo significativo de profesores de la Universidad y que nos ha impulsado a poner de manifiesto nuestra repulsa ante realidades como las anteriores.

Sin embargo, resulta totalmente impresentable que en un escenario como el descrito, y cuando un importante número de docentes nos atrevemos a denunciar dicha situación, la única reflexión que ello merece, por parte de nuestras autoridades académicas y de distintos representantes políticos del nacionalismo, sea la de criticar con virulencia la iniciativa acusándonos de frentistas. Incluso, se ha llegado a descalificar a los promotores de la «Plataforma Profesores por la Libertad», por ocultar sus rostros durante la presentación ante los medios de comunicación de nuestro manifiesto fundacional, así como por no hacer públicas las firmas de los miembros de la comunidad docente de la Universidad del País Vasco que se han adherido a dicha iniciativa. Evidentemente, si se adoptaron dichas decisiones fue desde la más profunda responsabilidad, a sabiendas de las graves consecuencias que para dicho grupo de profesores podían derivarse de la publicidad de sus identidades. Ello no deja de ser una muestra más de que en la Universidad del País Vasco, como en el conjunto de la sociedad, hay miedo, miedo a lo más básico: a expresar opiniones, adhesiones e incluso afectos. Por evidenciar una prueba del miedo en lo personal cotidiano, tengo compañeros y alumnos que diariamente me manifiestan estar conmigo cuando soy objeto de insultos o reproches por los radicales en la Universidad, pero que no se atreven a expresarlo abiertamente por temor. Este miedo es aprovechado por ETA y su entorno para tratar de lograr que abandonemos nuestro trabajo docente, nuestras actividades cotidianas, para que permanezcamos aislados, en una palabra para que nos vayamos fuera de la Comunidad Autónoma Vasca.

Teniendo en cuenta las circunstancias en las que nos ha tocado trabajar y vivir, un grupo de docentes hemos considerado que había llegado el momento de hacer frente a dicha situación y manifestar abiertamente a la sociedad nuestra denuncia. En este contexto ha surgido la Plataforma «Profesores por la Libertad», un espacio surgido desde la Universidad que se plantea la defensa de los derechos y libertades recogidas en la Constitución Española. Hemos recibido posicionamientos contrarios a nuestra iniciativa cívica por parte de ciertos responsables académicos así como de un sector de la clase política vasca. No obstante, lejos de llevarnos a cuestionar la iniciativa adoptada, dichas críticas nos refuerzan en la idea de encontrarnos en el camino correcto.

Toda la ciudadanía debe interiorizar que sólo terminaremos con ETA cuando los constitucionalistas nos quitemos el miedo y los complejos, cuando logremos que ese entorno que constituye su oxígeno ideológico desaparezca, cuando con nuestra voz y muestra presencia ocupemos los espacios públicos. A ello se oponen sistemáticamente los partidos integrantes del tripartito vasco: PNV, EA y IU, quienes no parecen o no quieren entender que ETA no es simplemente el asesino que aprieta el gatillo o coloca el coche bomba, sino todo un entramado profundamente arraigado en la estructura política, social, mediática, económica y educativa del País Vasco, destinado a crear un caldo de cultivo para la difusión de las ideas que legitiman el terrorismo. Frente a dicha situación la sociedad vasca debe reaccionar a todos los niveles. Ahora corresponde a cada uno de nosotros asumir nuestro papel.

Los voceros de ETA
Enrique Villar Montero es delegado del Gobierno en el País Vasco La Razón 4 Marzo 2003

Definitivamente, la sociedad vasca es una sociedad enferma. No es posible en caso contrario explicar e intentar comprender por qué caminos hemos llegado a una situación como en la que ahora nos encontramos. Una sociedad en la que se han subvertido completamente los valores. Donde la lógica que inspira actuaciones, declaraciones, pronunciamientos incluso relaciones personales es, directa y absolutamente, kafkiana.

Tras la avalancha de acontecimientos generada por la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, en relación con el cierre del periódico «Egunkaria» y la detención de diez personas relacionadas con el rotativo y acusadas de pertenecer o colaborar con la banda terrorista ETA, son muchas las imágenes que, con pasmo, con vergüenza, hemos observado durante estos agitados días. Puede que una de las más significativas, de las más clarificadoras de la enfermedad a la que más arriba hacía referencia, sea la del alcalde de Andoain, José Antonio Barandiarán, trasladándose con celeridad hasta la sede del periódico clausurado, relacionado por el juez con ETA, para solidarizarse con sus trabajadores. El mismo alcalde, auténtica basura moral, que impasible, canalla, calló ante el asesinato de Joseba Pagazaurtundua, vecino de Andoain y empleado municipal.

Intentemos explicar con claridad la situación creada en torno a «Egunkaria». Destacados representantes de eso que se ha venido en llamar «nacionalismo democrático» como son el actual presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, y el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Joseba Egibar, aseguraban hace diez años lo mismo que ahora afirma la Audiencia Nacional: que la banda terrorista estaba, de una u otra forma, detrás de «Egunkaria». Estas declaraciones provocaron incluso que Pello Zubiria, el que fuera primer director del periódico y que ahora ha sido detenido y encarcelado por el juez, interpusiera una querella criminal contra el portavoz peneuvista por haber afirmado que su nombramiento como director de «Egunkaria» había sido decidido por la dirección de ETA.

Ahora, años más tarde, tras la decisión judicial, y tras el importante y sustancioso apoyo económico al proyecto de «Egunkaria», los nacionalistas se lanzan a la calle, dolidos, nerviosos, apoyando la tesis lanzada por la izquierda abertzale de que la actuación del Estado de Derecho contra ETA es, en realidad, una ataque al euskera, a la lengua y a la cultura vascas y a la libertad de expresión. A una lengua y cultura vascas que gozan de un caudal de dinero oficial que desmonta cualquier acusación, partidista e interesada, de abandono. Miembros de un Gobierno, el vasco, manifestándose en la calle contra una operación dirigida por un juez, con todas las garantías del Estado de Derecho.
«Las significativas coincidencias existentes entre la red financiera de ETA y entidades tan importantes para el mundo de HB como su propia Mesa Nacional, el diario Egin , el diario Egunkaria y el sindicato LAB», en palabras de Atutxa cuando era Consejero de Interior en 1992, se han olvidado. La estrategia actual del Partido Nacionalista Vasco hace ahora posible ver negro lo que antes fue blanco.

El cruel e indigno Pacto de Estella, el acuerdo entre ETA y los nacionalistas vascos, ha hecho posible muchas cosas. El acoso y el asesinato de inocentes y una estrategia política, suicida, que pretende por parte del PNV fagocitar el espacio (los votos en definitiva) que ocupa la suspendida Batasuna. Para conseguirlo, Ibarretxe, su Gobierno, su partido se ha embarcado en una aventura soberanista que pasa por el apoyo y la defensa a ultranza de Batasuna y de sus postulados. ¿Puede ser ésta una explicación?

Tras ser puesto en libertad condicional bajo fianza, acusado de colaborar con la banda terrorista ETA, en cuyo nombramiento como director intervino según el juez Del Olmo y que días antes había asesinado fría y premeditadamente a un convecino suyo, euskaldun y de izquierdas, Martxelo Otamendi denunció haber sufrido torturas a manos de la Guardia Civil. Nada nuevo en las personas detenidas por su relación con ETA. Esta vez sin embargo el Ministerio del Interior ha anunciado, con agilidad y contundencia, su intención de querellarse contra quienes viertan falsas acusaciones de torturas contra la Guardia Civil. Estoy convencido en lo más hondo de mi conciencia de que la Guardia Civil, la Ertzaintza y el Cuerpo Nacional de Policía son, lejos de esas acusaciones, absolutamente respetuosos con los derechos que asisten a cualquier persona detenida.

Frente a la práctica del juicio sumarísimo y la condena a muerte que desde hace ya tanto tiempo nos tienen acostumbrados los terroristas nacionalistas de ETA, España constituye un Estado de Derecho con todas sus garantías. Los tribunales de Justicia, en todo caso, están a disposición de cualquier ciudadano que vea conculcados sus derechos. ¿Cómo no estar en contra de la tortura después de haber visto a Ortega Lara, con 23 kilos menos tras pasar por las garras de ETA durante 532 días en un agujero inmundo!

Pero con ser graves las denuncias del director de «Egunkaria», no son tan lamentables ni tan susceptibles de ser denunciadas ante los jueces como los juicios de valor emitidos por representantes del Ejecutivo autonómico. Nada menos que el Consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, una persona indigna de su puesto, ha otorgado credibilidad a estas denuncias dando por hecho que la Guardia Civil ha torturado a detenidos a ella confiados por la Justicia (también lo han hecho la Consejera de Educación y Medio Ambiente). El mismo titular del Departamento de Justicia que afirmó sin ningún tipo de sonrojo que no recurriría la Ley de Partidos, a la que se ha venido oponiendo con una devoción digna de mejor causa, ante el Tribunal Constitucional porque «no cree en su imparcialidad», aunque, eso sí, no descarta hacerlo ante los tribunales europeos, no «contaminados», supongo, por el «virus de lo español». Imparcialidad que, por otra parte, tampoco ejerce cuando, con los fondos públicos gestionados por su Departamento, subvenciona los viajes de los familiares de los asesinos de ETA tan justamente encarcelados.
Ese mismo consejero que, desde que se conoció la decisión del juez Garzón sobre Batasuna y desde que el Congreso de los Diputados instara al Gobierno a solicitar la ilegalización de los amigos de los terroristas, se lanzó a una carrera de afirmaciones contra ambas decisiones que merecieron incluso la crítica del Consejo General del Poder Judicial y que fueron puestas en conocimiento del fiscal por si pudieran ser constitutivas de delito. El mismo consejero que aboga por la independencia y la soberanía desde su despacho y su sueldo oficial fruto de la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

O qué decir del vicario de San Sebastián, Patxi Azpitarte, que se escandaliza por que se pueda «detener a las personas de noche» y concede «credibilidad» a las denuncias de torturas cuando su Iglesia está siendo permanentemente acusada de frialdad para con las víctimas del terrorismo. O de Anasagasti y su desprecio al Ministro de Interior afirmando que en la Guardia Civil «se veja, golpea y tortura a personas indefensas». O del diputado general de Guipúzcoa, Roman Sudupe. O del Gobierno presidido por el lehendakari Ibarretxe que mantiene una subvención de 1,7 millones de euros a un medio de comunicación acusado de formar parte del entramado terrorista. La acción de la Justicia, insisto, debería recaer sobre todas estas actuaciones de cargos públicos.
ETA es ciertamente nuestro enemigo. Es el enemigo de nuestra democracia. Pero ETA no es sólo el terrorista que empuña una pistola contra un inocente o hace explotar un coche bomba. ETA es también ese asqueroso batallón de chivatos que en cada pueblo señalan a la víctima y se esconden luego amparados en las sombras. ETA es también Batasuna, en eso creo y así confío que la Justicia pueda demostrarlo. Y lo es también ese conglomerado de empresas de todo tipo que contribuyen material o ideológicamente a que la bestia perviva entre nosotros. Piensen seriamente los cada vez menos democráticos partidos nacionalistas cómo están contribuyendo a mantener o a combatir este insoste- nible estado de cosas.

Que no cuenten con Álava
ENRIQUE VILLAR MONTERO/DELEGADO DEL GOBIERNO EN EL PAÍS VASCO EL Correo 4 Marzo 2003

Lo que a día de hoy conocemos con la denominación de Comunidad Autónoma Vasca no parece que colme, o lo hace cada día con menos convencimiento y entusiasmo, las expectativas de los nacionalistas vascos. Es un hecho, a cuyo desarrollo asistimos con indisimulada tristeza y a la vez con hondo pesar, que el PNV apuesta ya descaradamente por la ruptura del marco legal que supone su proyecto soberanista, superando los límites legales y el consenso democrático.

El PNV, al igual que una cremallera estropeada que a medida que avanza hacia adelante va estropeándose y abriéndose por detrás, intenta construir su ensoñación territorial provocando que las piezas que conforman el puzzle del País Vasco empiecen a desajustarse. Está provocando con su delirio que lo que antes se mantenía unido, pugne ahora por romperse. Navarra ha dado la espalda -hace ya tiempo que lo hizo- a ese proyecto falso de Euskal Herria. Los territorios ubicados en el Estado francés observan entre asombrados y asustados las soflamas nacionalistas que les llegan desde éste lado de los Pirineos. El proyecto de esa Euskal Herria ficticia a la que el Departamento de Educación del Gobierno vasco, a través de los libros de texto, y el de Cultura, por medio de los cada vez más sectarios informativos de 'Euskal Telebista' y 'Radio Euskadi', hace aguas por su propia base: ni los territorios, ni la mayoría de los ciudadanos lo avalan.

Y los alaveses, especialmente, tampoco. Es hora de decirlo alto y claro. Con la prepotencia de la que sólo es capaz de hacer gala un político en decadencia, Xabier Arzalluz ha señalado, con ese tono mezcla de ultimátum, permanente cabreo y desprecio al que nos tiene acostumbrados que «si se aplicara el principio de 'una persona, un voto' en la Comunidad Autónoma, los alaveses tendrían 13 diputados (en el Parlamento vasco) en vez de 25 como tienen en este momento».

Arzalluz sabe, cuando utiliza este argumento, que hurga en una vieja herida. Sabe donde hacer daño porque lo lleva haciendo demasiado tiempo. De hecho, los intentos de los nacionalistas por modificar la representación de los territorios históricos en el legislativo autonómico tal y como han funcionado desde su creación (75 parlamentarios repartidos a partes iguales), no son de ahora. Ya lo planteó José Antonio Ardanza en sus tiempos de lehendakari con el resultado por todos conocido.

Plantearlo nuevamente supone una bajeza y un intento por romper un consenso fundamental sobre el que se construyó la autonomía vasca. Álava, su asamblea de parlamentarios y por ende sus ciudadanos, se sumó junto a Vizcaya y Guipúzcoa a un proceso puesto en marcha por el Estado de las Autonomías que hizo posible nuestra Constitución. Y lo hizo porque se garantizó que cada territorio lo hacía en pie de igualdad. Por tanto, cualquier modificación que se pretenda introducir torticeramente en este acuerdo, y que afecte a su representación, autoriza y legitima a los alaveses, a sus instituciones, a denunciarlo. A darlo por liquidado. Esa es por lo menos mi percepción y la de muchos alaveses.

Álava entró a formar parte de Euskadi con unas condiciones, insisto, de igualdad. El intentar cambiarlas cuando los intereses son otros bien distintos, autoriza a las víctimas del engaño nacionalista a decir no a Euskadi. O para ser más exactos, no a la Euskadi que el PNV pretende construir a su imagen y a su antojo. Una Euskadi en la que tampoco están a gusto quienes defendemos puntos de vista distintos a los de Xabier Arzalluz que, por otra parte, somos muchos y con los mismo derechos.

Para los nacionalistas, el Territorio Histórico de Álava es fundamental, básico para sus intereses políticos soberanistas. No es que les importen más o menos las cuestiones de los alaveses, no es que les quite más el sueño el regadío o los viñedos que la siderurgia o la anchoa. No. Pero que Álava haya apostado, a través de sus instituciones, por otros derroteros distintos a los señalados en el proyecto soberanista de Ibarretxe constituye un serio obstáculo para sus intereses. Para el PNV, Álava se ha convertido en la provincia traidora y el objetivo de 'recuperarla' a cualquier precio, prioritario. Cómo es posible si no explicar, con un mínimo de coherencia, la monumental trampa que PNV y EA han pretendido realizar al proponer a tres meses de unas elecciones el cambio del sistema electoral y anunciar a los pocos días la retirada momentánea de tamaña argucia. Se trataba indudablemente, y se tratará en su momento, de conseguir así, por esa vía escandalosa, alterar la voluntad de los ciudadanos de Álava. Frente a esta hipocresía sólo cabe la rebeldía de los ciudadanos y la actuación contundente del Estado de Derecho.

Vamos camino pues de la modificación electoral, disminuyendo la representación de los núcleos de población grandes y medianos, los menos favorables para el nacionalismo. Seguiremos con los trece representantes de Álava que indica el señor Arzalluz, proporcionales a la población, y de ahí a tener todos los vertederos de sustancias indeseables en ésta provincia hay sólo un paso, porque aquellos votos que se pierdan en Álava los recuperará el PNV gozoso y con creces en Vizcaya. Esto sólo es un aviso para navegantes. Empezamos perdiendo lo poco y acabamos perdiéndolo todo.

Andoain, otra metáfora vasca
FRANCISCO JOSÉ LLERA RAMO /CATEDRÁTICO DE CIENCIA POLÍTICA DE LA UPV/EHU El Correo 4 Marzo 2003

Conocía a José Luis López de Lacalle, el periodista de 'El Mundo' asesinado en Andoain, y compartía amistad y desvelos de partido con Juan Priede y Joseba Pagaza (para los amigos), asesinados, también, en Orio y Andoain, respectivamente. Tres socialistas de trayectorias muy distintas (comunista, ugetista y abertzale, respectivamente), pero amigos y convergentes en la lucha, primero, por sacar adelante a sus familias, después, por la democracia y la solidaridad y, más recientemente, por la defensa de la pluralidad en Euskadi o, simplemente, el derecho a esa vida, que a ellos, entre otros muchos, les negaron y tantos tienen cercenado. Tres tragedias humanas, familiares y sociales, entre miles de asesinados, heridos, secuestrados, extorsionados, exiliados, perseguidos, atemorizados o, simplemente, comprados y amordazados, que reflejan el drama de una sociedad atormentada por el fanatismo violento y por el odio que ha ido sembrando un nacionalismo etnicista durante el último siglo.

Es la sociedad vasca un mundo pequeño y casi parroquial en sus dimensiones físicas y demográficas, ha sido fundamental para la modernización industrial de España gracias al empuje de sus élites capitalistas, pero hoy es el último de nuestros viejos dramas históricos por resolver y constituye, además, la escena política más compleja de cuantas definen la rica pluralidad española. Aunque para los nacionalistas es el ombligo del mundo, en realidad, es el escenario donde la democracia y sus valores de pluralidad, libertad y tolerancia libran una de las batallas más importantes contra uno de los restos más anacrónicos del totalitarismo nacionalista. Ese es el drama en el que el nacionalismo vasco se ha metido y ha impuesto a la sociedad vasca, es decir, el del dilema entre nacionalismo o democracia. La violencia totalitaria, que mata y extermina en nombre del nacionalismo, no es un accidente, sino la quintaesencia de una ideología etnicista y excluyente, cuyos líderes se dedican a medrar utilizando los resortes democráticos, pero a base de sembrar y activar el odio comunitario desde sus orígenes ideológicos integristas y autoritarios, a los que se niegan a revisar secularizándolos y democratizándolos.

Andoain, esta pequeña e industrial localidad guipuzcoana, como Zumárraga, de mayoría nacionalista pero donde solía ganar y gobernar el PSE-EE con el apoyo del PNV, reflejaban excepciones de un pluralismo mestizo en un territorio que yo llamo 'udalbiltza', en el que la comunión nacionalista surgida en Lizarra en el año 1998 imaginaba y pretendía homogéneo y 'limpio' étnicamente. Si Ermua era metáfora de la Euskadi autonomista, Andoain, como Zumárraga, lo es de la Euskadi mestiza en la que nacionalistas moderados y socialistas autonomistas mantuvieron hasta no hace mucho un equilibrio político, que se creía necesario para la convivencia comunitaria. Sin embargo, esta realidad contribuía a la deslegitimación y a la derrota política, no sólo del totalitarismo violento, sino también de las tentaciones etnicistas de un nacionalismo mucho más extendido y de fronteras políticas y sociológicas difusas.

Contra esta dinámica democrática integradora es contra la que el complejo ETA-KAS-EKIN activó desde 1995 la llamada 'violencia de persecución' y su estrategia de 'socialización del sufrimiento'. Las primeras víctimas políticas fueron los propios nacionalistas del poder institucional de este territorio cuasirrural, en el que la mafia violenta ejerce su máximo control social y que, amedrentados, primero, por una presión violenta que sentían se cernía sobre sus propios intereses materiales y asustados, después, por la marea urbana de indignación tras los sucesos de Ermua, les llevó al ignominioso pacto de no agresión-exclusión sellado en 1998 entre ETA y el PNV, con el consabido coro de figurantes oportunistas y tontos útiles que creyeron que se podía comerciar con la tregua-trampa a cambio de la libertad y la dignidad de la mayoría. Desde 1995, pero, sobre todo, desde la fractura política de 1998 y, muy especialmente, tras la reactivación terrorista de 1999, la estrategia de limpieza ética y exclusión política por parte de la comunión nacionalista no ha hecho más que ahondar una fractura social, que puede ser irreversible y, no hay que descartar, más dramática de lo que ya está siendo. Lo puede ser, porque la propia tentación soberanista de Ibarretxe (ocurrencia más que plan) sólo es viable sobre la base de evidenciar y activar la imposibilidad de una solución democrática y sin contrapartidas políticas al problema de la violencia, sin la cual el nacionalismo gobernante perdería la ventaja antidemocrática con la que cuenta. Por eso, su estrategia convergente es la deslegitimación de nuestras instituciones democráticas, mediante el usufructo del poder que estas mismas les vienen proporcionando desde hace más de veinte años, pero descarrilándose por la vía muerta del populismo autoritario.

De todo eso es metáfora Andoain, donde la connivencia con el terror señala los objetivos, ampara su persecución, facilita su localización y eliminación, les remata con el desprecio y la insidia, se desentiende de sus consecuencias personales, sociales y políticas mirando para otro lado, se oculta por el miedo y, sobre todo, permiten que sigan gobernando los liberticidas sin mayoría, con disculpas que tratan de ocultar su miedo y su propia perversión moral y política. Pero, Andoain es también la metáfora de la resistencia democrática, como han mostrado el hecho de que José Luis López de Lacalle fuese fundador del 'Foro de Ermua' y Joseba Pagaza fuese activista conocido de 'Basta Ya', dos plataformas, entre otras iniciativas cívicas, que encarnan desde 1997 la marea creciente de la rebelión democrática pacífica (mal que le pese a Arzalluz, el predicador oficial del odio étnico) contra la intolerancia y el etnicismo nacionalistas.

El alcalde de Bilbao permite que una edil batasuna acusada de ser etarra cobre 40.000 euros al año
Marta Pérez Echeandía fue arrestada en 2001 por Garzón como presunta integrante de EKIN
Mientras en el Ayuntamiento de Bilbao se demora la discusión de la aplicación del auto del juez Garzón, el grupo de Batasuna en el Consistorio continúa cobrando su subvención. En este sentido, el alcalde de la localidad, el peneuvista Iñaki Azcuna, permite que una de las concejales de la formación abertzale cobre 40.000 euros al año a pesar de estar pendiente de juicio por pertenecer al entramado político de ETA, EKIN. En 2001, la edil fue arrestada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón como presunta integrante de esta rama de la banda terrorista.
D. M. - Madrid.- La Razón 4 Marzo 2003

La sesión del pleno del Ayuntamiento de Bilbao del pasado jueves treinta de enero, Consistorio que encabeza el peneuvista Iñaki Azcuna, dejó fuera de discusión la moción de urgencia presentada por el Partido Popular para la aplicación del auto del juez Baltasar Garzón de suspensión de actividades de Batasuna en los Ayuntamientos. Tras abandonar el PP y el PSOE la sala porque se discutía una moción de la formación abertzale, miembros del equipo de Gobierno decidieron marcharse también, por lo que en el Pleno se quedaron menos de diez personas y tuvo que ser suspendido por falta de quorum. De este modo, la moción presentada por lo populares no llegó a discutirse, ya que al no pertenecer al orden del día se debía discutir al término de la sesión. De este modo, el grupo Batasuna en el Ayuntamiento bilbaíno continuará figurando como tal, actuando como tal y cobrando las subvenciones como grupo.
Pero dentro de esta formación en el Consistorio, una de las concejales tiene pendiente un juicio por pertenencia a EKIN, parte del entramado político de ETA. Marta Pérez Echendía, que incluso ha presidido la comisión de investigación del Consorcio de Aguas de Bilbao, siempre en el punto de mira de las sospechas y denuncias de la oposición, fue detenida en la operación llevada a cabo por el juez Garzón contra el supuesto aparato político de ETA en 2001, razón por la cual estuvo en la cárcel.

A pesar de esto, Pérez Echeandía recibe al año en concepto de retribución anual bruta en régimen de dedicación exclusiva 39.847 euros de los contribuyentes bilbaínos.

Mientras en el Ayuntamiento de la capital vizcaína no se aplique el auto dictado por el juez Baltasar Garzón, la formación abertzale seguirá cobrando las subvenciones que recibe como grupo, que ascienden a 6.000 euros al mes. Asimismo, mientras la Justicia no procese definitivamente a la concejal de Batasuna, esta seguirá cobrando su sueldo como tal, a pesar de haber sido arrestada por pertenencia a ETA. Dada esta situación, fuentes de la oposición en el Ayuntamiento que lidera Iñaki Azcuna se preguntan «a qué destinará esta concejala ese dinero».
En total, Batasuna recibe de los bilbaínos en concepto de sueldos, dietas y subvenciones 173.755 euros al año. En caso de que el alcalde decida aplicar el auto de suspensión de actividades de la coalición proetarra, tal y como ya se ha hecho en Vitoria y Pamplona, los concejales de la formación seguirán cobrando su retribución como concejales pero no podrían percibir la subvención que reciben como grupo ya que pasarían previsiblemente a formar parte del grupo mixto.

La aplicación del auto de Baltasar Garzón ya la había intentado discutir el Partido Popular en anteriores ocasiones encontrándose con la negativa del alcalde Azcuna, por lo que han convocado un pleno extraordinario en el que a la fuerza se tendrá que discutir.

Oreja advierte de que Ibarretxe puede plantear este mismo año el referéndum por la autodeterminación
EFE Libertad Digital  4 Marzo 2003

Jaime Mayor Oreja afirma que PNV y EA quieren heredar los votos de ETA para que un buen resultado en las elecciones municipales les permita tener "el horizonte de un referéndum por la autodeterminación". Para el líder del PP vasco, el lehendakari Ibarretxe podría plantear el referéndum este mismo año.

El líder del grupo Popular en el Parlamento vasco, Jaime Mayor Oreja, ha advertido de que el referéndum por la autodeterminación puede ser planteado este mismo año por el Gobierno de Ibarretxe. En declaraciones a Radio Nacional, Mayor Oreja consideró que para ello se debe dar la condición de que la coalición PNV-EA obtenga unos buenos resultados electorales. El político vasco explicó que "hay que sumar la vanguardia del mundo de Batasuna con la retaguardia del PNV" y que "el movimiento nacionalista en su conjunto tiene que concentrarse en una única opción, en la coalición PNV-EA".

En opinión de Mayor Oreja, "hay que saber heredar ETA, hay que saberlo llevar todo al PNV-EA, todo para las elecciones municipales". En este sentido, afirmó que todo es "una estrategia para las elecciones municipales y que el resultado permita el horizonte de un referéndum por la autodeterminación, que puede ser planteado este mismo año por el Gobierno Ibarretxe".

Por su parte, el presidente del PP del País Vasco, Carlos Iturgaiz, considera que el nacionalismo del PNV busca llegar a la independencia sin importarle las libertades del resto de los ciudadanos vascos. Iturgaiz, que impartió en la Facultad de Derecho de Córdoba una conferencia sobre la situación en el País Vasco, denunció, en declaraciones a los periodistas, que el PNV, para conseguir sus objetivos, se ha convertido "en el abogado defensor de Batasuna".

Apuntó que los nacionalistas "encubren" a ETA "apoyando a un periódico que un juez ha dicho que es un panfleto etarra, lo que queda demostrado por el hecho de que seis de sus directivos están en la cárcel", en referencia a "Egunkaria".

Un testigo reconoce a cara descubierta a la etarra Gallastegi durante un juicio
ABC 4 Marzo 2003

El alcalde de Motrico, de EH, entrega a Garzón documentación sobre las «herriko tabernas» después de ser multado por desobedecer un requerimiento judicial

MADRID. Un testigo identificó ayer a cara descubierta a la miembro de ETA Irantzu Gallastegi como uno de los miembros del «comando Donosti» que el 6 de febrero de 1996 asesinaron al abogado socialista Fernando Múgica.

La Audiencia Nacional celebró el juicio contra Gallastegi y contra José Luis Aguirre Lete -para los que el fiscal solicitó una pena de 72 años de cárcel-, que han sido entregados temporalmente por Francia. Ya fueron juzgados por este asesinato Francisco Javier García Gaztelu, Valentín Lasarte y José Luis Geresta, éste último ya fallecido.

Ninguno de los dos terroristas quisieron estar presentes durante el juicio, por lo que fueron expulsados. Al abandonar la sala de vistas, Gallastegi lanzó gritos de «gora ETA-militar» (viva ETA).

El testigo que identificó a Gallastegi fue abordado el 6 de febrero de 1996 por los etarras, que le robaron el coche. Tras el asesinato, los miembros del «comando» emprendieron la huida y fueron seguidos por una patrulla de la Ertzaintza. El vehículo que inicialmente utilizaron quedó inservible como consecuencia del tiroteo que se produjo entre los terroristas y los agentes, por lo que decidieron sustraer otro. El propietario de este segundo coche reconoció a Gallastegi, de quien dijo que ocupó el asiento trasero de su vehículo. Al denunciar el robo, justo después de los hechos, había reconocido en fotografía también a los otros tres miembros del «comando».

En sus conclusiones, el fiscal pidió al Tribunal que condenara a Lete como «instigador» del atentado y a Gallastegi como autora material. El decano del Colegio de Abogados de Madrid, Luis Martí Mingarro, que representa al Colegio de San Sebastián, tuvo palabras de homenaje para la víctima.

Un batasuno multado
Por otra parte, el alcalde de la localidad guipuzcoana de Motrico, José Agustín Elezgarai Flores, de Euskal Herritarrok, acudió ayer a la Audiencia Nacional para hacer entrega al juez Baltasar Garzón de la documentación que éste le requirió en relación con el sumario de las «herriko tabernas».

El alcalde se había negado a remitir esos documentos al juez alegando que el requerimiento no estaba redactado en euskera, sino sólo en castellano. El magistrado le impuso entonces una multa de 150 euros por haber desobedecido un requerimiento judicial, teniendo además en cuenta que el castellano es el único idioma oficial de Madrid, Comunidad Autónoma en la que se ubica la Audiencia Nacional.

La documentación aportada ayer personalmente por el alcalde es la solicitada en su día por las defensas y con ella se pretende demostrar que las «herriko tabernas» colaboraban antes de su clausura en actos culturales organizados por distintos ayuntamientos del País Vasco y que nada tienen que ver con la red de financiación de la banda terrorista ETA.

La Audiencia Nacional dictó ayer una segunda sentencia condenatoria contra los miembros de ETA Aratz Gómez Larrañaga y Arkaitz Sáez Arrieta, a cada uno de los cuales impone 18 años de cárcel por delitos de pertenencia a banda armada, tenencia ilícita de armas así como robo con violencia y detención ilegal en grado de tentativa.

El pasado 22 de enero, el Tribunal Supremo estimó el recurso interpuesto por la defensa de los acusados y anuló por falta de fundamento la primera sentencia de la Audiencia. La segunda resolución mantiene el fallo y condena a los dos etarras por el intento de robo en un concesionario de automóviles en Irún, de donde, siguiendo instrucciones de ETA, debían llevarse una troqueladora y placas de matrícula. En el plan figuraba retener al propietario.

Dudas irresponsables
Breverías ABC 4 Marzo 2003

El presidente del PSC, Pasqual Maragall, aseguró ayer tener «la impresión personal» de que el director de «Egunkaria» decía la verdad al denunciar presuntas torturas. Las palabras del dirigente socialista -pese al tono «personal» que quiso darle a su reflexión- son de extrema gravedad. La irresponsabilidad de Maragall ha tocado un nuevo techo al cuestionar la labor y la palabra de las Fuerzas de Seguridad frente a la de quienes son investigados por su relación con ETA.

Varapalo del Tribunal de Cuentas al Gobierno de Ibarreche al declarar alegales sus ayudas a EH
El Tribunal de Cuentas cifra la deuda del PSOE en 43,52 millones y la del PP en 12,03
Euskal Herritarrok (EH) recibió en 2000 más de dos millones de euros en concepto de subvenciones procedentes del Gobierno vasco, el Parlamento de Vitoria, las diputaciones forales y los ayuntamientos, según consta en el último informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, que considera alegales buena parte de estas ayudas. El mismo texto informa de que la deuda del PSOE es de 43,52 millones de euros, a los que hay que añadir otros 18,59 del PSC, mientras que la del PP es de 12,03. Los partidos recibieron en 2000 casi 200 millones de euros en subvenciones públicas.
Redacción - Madrid.- La Razón 4 Marzo 2003

El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas correspondiente al año 2000, y al que tuvo acceso Ep constata que la coalición abertzale EH obtuvo un total de 1,99 millones de euros en subvenciones para su funcionamiento ordinario. De ellos, 665.280 euros salieron del Gobierno vasco, 653.969 del Parlamento autonómico y 675.041 de varios consistorios vascos. A estas cifras se suman los 31.686 euros que recibió de las diputaciones forales en concepto de subvenciones electorales.

Según el Tribunal de Cuentas, la vigente Ley de Financiación de Partidos Políticos de 1987 no contempla como recursos ni las subvenciones de ayuntamientos ni las de gobiernos autonómicos, por lo que parte de las ayudas recibidas por EH y otros partidos serían alegales.

El Ejecutivo vasco, que en el año 2000 otorgó subvenciones para funcionamiento ordinario a todos los partidos representados en el Parlamento de Vitoria por valor de 3,546 millones de euros, argumenta que estas ayudas se derivan de la partida mediante una enmienda que se incorpora anualmente a los Presupuestos autonómicos y cuyo único fin es la concesión de estas ayudas, a repartir por el propio Gobierno según los criterios fijados por la Ley de Financiación de Partidos y tomando como base los resultados de las últimas elecciones autonómicas.

Ayudas del Estado
El órgano fiscalizador destaca en su informe que esta subvención del Ejecutivo vasco supera, en lo que se refiere a algunas formaciones políticas, los importes recibidos del Estado para su actividad ordinaria en aplicación de lo previsto en la Ley de Financiación de Partidos. Este es el caso del PNV y EA, que reciben más ayudas del Parlamento vasco que de las Cortes Generales.

El Tribunal de Cuentas también cifra en su estudio la deuda global del PSOE en 43,52 millones de euros, a los que habría que añadir otros 18,59 millones que se atribuyen al PSC. En concreto, la entidad fiscalizadora señala que la deuda consolidada con entidades de crédito suma 43,52 millones de euros, de los que casi 38 millones están contabilizadas en las sedes regionales. En los estados financieros de la Ejecutiva Federal figura una deuda de 30,74 millones. También se indica la existencia de un saldo de deuda vencida por un importe de 6,75 millones de euros correspondiente a cuatro operaciones formalizadas antes de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, de 1987. De ese importe, 2,51 millones son capital principal y el resto son intereses vencidos y no pagados.

El Tribunal fiscaliza en otro apartado al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), al que imputa una deuda con entidades de crédito por un importe global de 18,59 millones de euros, de los que la mayor parte corresponden a la Comisión Ejecutiva Nacional. También se detectan 14,15 millones de dos pólizas de crédito vencidas desde 1994, que en este tiempo no ha registrado movimiento alguno.

Por su parte, el PP tenía en 2000 una deuda consolidada con entidades de crédito de 12,03 millones de euros, de los que 11,21 millones se contabilizan en las sedes territoriales analizadas por el órgano fiscalizador. Las deudas, tanto de capital como de intereses, facilitadas por el partido ascienden a 6,91 millones. La contabilidad declarada por el PP no incluye la actividad desarrollada por la mayor parte de las organizaciones locales ni de los grupos políticos en los ayuntamientos. Según los datos a los que ha tenido acceso el Tribunal de Cuentas a través de estos órganos, los grupos del PP en las corporaciones locales han recibido subvenciones al menos por un importe de 10,4 millones de euros, aunque en las cuentas anuales consolidadas figuran integrados ingresos correspondientes a este concepto por importe únicamente de 353.118 euros.

Subvenciones públicas
Los partidos políticos con representación parlamentaria se repartieron en 2000 un total cercano a los 200 millones de euros en concepto de subvenciones públicas, tanto para cubrir gastos ordinarios como electorales, y tanto procedentes del Estado como del otras administraciones, según consta también en el informe. En concreto, se entregaron 51,23 millones de euros en concepto de subvenciones electorales, aportados mayoritariamente por el Estado (39,02 millones), habida cuenta que ese año hubo elecciones generales. Otros 12,01 millones fueron otorgados por Gobiernos autonómicos y 127.991 euros por Diputaciones Forales. Para gastos ordinarios de los partidos se destinaron 142,44 millones de euros, de los que 56,06 millones los proporcionó el Estado y 11,71 millones los aportaron las Cortes Generales (Congreso-Senado). Además, los Parlamentos autonómicos concedieron 37,20 millones y los Gobiernos autonómicos otorgaron 3,54 millones, mientras que las Corporaciones locales facilitaron los otros 33,92 millones.

El nuevo centralismo
Libertad Digital Andrés Freire  4 Marzo 2003

Paco Vázquez, irritado por el favoritismo del presidente Fraga hacia Santiago, ha acusado a Don Manuel de comportarse como “alcalde” de esa ciudad. Ha ido más lejos, y ha afirmado que en Galicia hay ciudadanos de primera división (los santiagueses) y de segunda (el resto). La respuesta ha sido la habitual: el alcalde de La Coruña es un “localista”. La polémica esconde, sin embargo, una disputa de fondo sobre el modelo territorial de Galicia.

Los galeguistas, que controlan la dirección de los tres partidos gallegos, han apostado desde el principio de la autonomía por un remedo de estado nacional, con una ciudad-capital que concentre todas las sedes institucionales y los (infinitos) organismos dependientes, e incluso centralice las redes de comunicaciones. Un ejemplo evidente de esto último: en la polémica sobre el trazado del tren rápido gallego, el gobierno de la Xunta prefería que las Rías Bajas se conectaran con Madrid a través de Santiago, a pesar de que ello implicaba 100 kms. más. Se entendería esta preferencia por parte de Fomento –el tramo Orense-Vigo es caro y arduo–, pero cuesta comprenderla en una Xunta que no ha de pagarlo ni construirlo.

El centralismo santiagués ha sido recientemente oficializado con la Ley de Capitalidad, que es lo que tiene a Paco Vázquez indignado. Hasta ahora, Santiago no era oficialmente la capital, sino la sede de las instituciones autonómicas. La nueva ley consagra de iure la realidad de facto. Apenas ha supuesto escándalo en Galicia esta decisión –La Coruña ya se ha hecho a la idea de que Santiago sea la capital autonómica–, pero la gente desconoce sus implicaciones. Y es que Santiago va a recibir, ¡válgame Dios!, compensaciones económicas por su capitalidad.

¿Compensaciones por los muchos miles de puestos de trabajo allí creados?, ¿por sus infraestructuras capitalinas?, ¿por los museos, auditorios y fundaciones construidos y financiados ad maiorem Xuntae gloriam?, ¿por el entramado de empresas que, nacidas en torno a la burocracia de la Xunta, suelen ganar las contratas gubernamentales? Eso parece. La cantidad a recibir por Santiago no es conocida. Los partidos prefieren no hablar del tema hasta después de las elecciones municipales.

Hay algo de esta nueva ley que a mí, particularmente, me reconcome: Ha sido aprobada por unanimidad del parlamento gallego, con el voto a favor de diputados de Vigo o Coruña –sé que las circunscripciones electorales son provinciales, pero en la campaña nos aseguraban que eran los candidatos de nuestras ciudades– que sabían bien que votaban en contra de la voluntad de sus electores. Ello demuestra que nuestros representantes en Santiago no están en condiciones de defendernos; les costaría el puesto.

Lo más paradójico de todo este impulso neocentralista es que parece extraído de un manual de construcción nacional del siglo XIX: Ciudad capital a la que se transfieren rentas para “dignificarla” y donde se toman todas las decisiones, estructuración viaria que parte radialmente de la capital, concienciación nacional y lingüística a través de un aparato educativo y cultural... ¡Qué arcaico, qué anacrónico suena todo eso en el siglo XXI, cuando el mundo se organiza cada vez más en redes de ciudades interconectadas!

“El aire de la ciudad nos hace libres”, afirmaban los alemanes del medioevo. Me temo que, en cambio, la autonomía trae consigo un rancio aroma a cacique rural y cortesano capitalino.

El otro vasquismo
KOLDO BIGURI /MIEMBRO DEL CONSEJO DE EUSKARA DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA El Correo 4 Marzo 2003

La serie de acontecimientos que han rodeado el cierre de 'Egunkaria' plantean la urgencia de que emerja a un primer plano un discurso en defensa del euskara que, a pesar de existir desde siempre, se ha visto tapado por el activismo más radical del vasquismo lingüístico y por la contraimagen que muchas veces se proyecta desde sectores sociales poco favorables a la normalización social de la lengua vasca. Es necesario que se abra paso el otro discurso euskaltzale, menos marcado ideológicamente, desligado de la habitual liturgia lingüística del nacionalismo vasco, pero que a la vez reclama a los partidos llamados no nacionalistas una postura distinta al distanciamiento e incluso hostilidad (pues no otra palabra se puede utilizar en el caso de muchas de las disposiciones del Gobierno de Navarra) que en demasiadas ocasiones parecen mostrar hacia este idioma; un discurso que plantea una 'apasionada defensa' de la lengua vasca y, por ende, del bilingüismo, pero desde postulados igualmente apasionados de defensa de la legalidad democrática y del Estado de Derecho; y que afirma que el euskara es un elemento de extraordinaria importancia para la construcción social de nuestra comunidad, pero advirtiendo de los diferentes riesgos que amenazan su existencia.

Este otro vasquismo reconoce que el nacionalismo vasco puede apuntarse con razón el mérito de haber salvado a la lengua vasca de su desaparición durante el siglo pasado; pero, a la vez, considera que su pervivencia en el presente siglo dependerá de que también la ideología no nacionalista adopte como propia la tarea de garantizar el futuro de dicho idioma y de la extensión de un bilingüismo integrador; pero no ve que los partidos que representan esa ideología den muchas señales en esa dirección. Algunos creemos que, de hecho, éste es un factor que lastra las perspectivas electorales de quienes democráticamente plantean una alternativa de gobierno para la CAV: difícilmente conseguirán esos partidos atraer a una parte de la población, minoritaria pero numéricamente importante, muy concienciada sobre la precaria situación del euskara, si no percibe en ellos la expresa voluntad de garantizar el futuro de un idioma en situación precaria, al que emocional o identitariamente se siente fuertemente unida.

Quienes así pensamos, creemos que los partidos no nacionalistas deben ofrecer a esta sociedad una alternativa de política lingüística distinta a la que han mantenido hasta ahora, dirigida exclusivamente a la población monolingüe castellana y centrada en la denuncia más o menos fundada de lo que sienten como excesos; la reiterada crítica que, con fundadas razones, realizan a la patrimonialización nacionalista del euskara tendría, desde luego, mayor credibilidad si fuera acompañada de una propuesta alternativa activamente comprometida en la defensa y promoción de la normalización del euskara, con un discurso paralelo, dirigido a la comunidad bilingüe, más en sintonía con las inquietudes que ésta siente en relación a la situación de la lengua vasca, no sólo en la CAV, sino también en Navarra y en el País Vascofrancés. Lamentablemente, la única política lingüística alternativa planteada en la práctica es la del Gobierno de Navarra, paradigma de lo que muchas personas bilingües temen, con o sin razón, en caso de que el nacionalismo vasco pierda el gobierno de nuestra Comunidad. La febril reacción suscitada por el cierre de 'Egunkaria' muestra ese temor que alimentado por unos y realimentado por otros puede ofrecer no pocos réditos electorales, pero a la vez ser fatal para la cohesión de nuestra sociedad; lo mismo que la reacción de los otros partidos ha vuelto a mostrar la habitual frialdad hacia cuestiones muy sensibles para la población bilingüe.

Creo que somos muchos los hombres y mujeres que, situados en diferentes ámbitos de lo que se suele llamar 'el mundo del euskara', vemos con gran preocupación que la tensión política que sufre nuestra sociedad está ya siendo gravemente perjudicial para este idioma, en una inacabable 'sokatira' entre posiciones políticas, en la que el euskara puede convertirse en el golpe final que rompa la cuerda que une a unos y otros. Por ello es necesario que públicamente todos hagamos esfuerzos de distensión, empezando por quienes creemos necesaria otra forma de vasquismo. Personas que generalmente nos sentimos incómodos entre quienes, en un extremo de la cuerda, plantean a veces una estrategia de defensa del euskara que amenaza con convertirlo en un idioma antipático para la mayoría monolingüe de nuestra sociedad y que raras veces realiza una contundente condena del terrorismo (alguien debería hablar algún día de la autocensura que muchos creadores culturales vascos se imponen ante un público con amplia predominancia nacionalista); y, en el otro, quienes a pesar de denunciar esa patrimonialización, a menudo se valen de ella para renunciar a una actuación mucho más activa en el desarrollo del bilingüismo, dirigiendo siempre a su parroquia imágenes y noticias negativas sobre ese mundo del euskara. Como señala Euskaltzaindia en su último pronunciamiento, «tanto el euskara como la cultura vasca son patrimonio de toda nuestra sociedad, sin distinción de ideología alguna», y los responsables de su patrimonialización por parte de una ideología son tanto los que así actúan desde esa ideología, como quienes desde la opuesta se mantienen en una postura distante, permitiendo y fomentando con su absentismo el monopolio nacionalista en el mundo cultural vasco.

Eso mismo sucede con un Estado que parece erigirse en garante únicamente de la integridad y pujanza del idioma común, destinando un presupuesto escaso a la promoción de los otros idiomas oficiales y que muestra el mínimo interés en incorporarse a la realidad plurilingüe del Estado español, y ello a pesar de que ese Estado tiene una evidente deuda histórica con esos idiomas por su responsabilidad en la penosa situación en que se han encontrado en tiempos no tan lejanos.

Los partidos no nacionalistas, lamentablemente, se ven obligados a dedicar buena parte de sus esfuerzos a la defensa de su propia integridad física, y merecen por eso un apoyo y una comprensión mucho mayor de lo que esta sociedad, y especialmente la sociedad euskaldún, por desgracia les está ofreciendo; pero con todo, también tienen mucho positivo que aportar en la dirección señalada para propiciar la difusión de ese otro vasquismo lingüístico, menos identitario, que defienda a la lengua vasca de los exclusivismos de unos y de otros y busque distensionar la cuerda, propugnando también un porvenir lingüísticamente cohesionador y atractivo para la gran mayoría de nuestra sociedad, y que haga suyo el sufrimiento de quienes más están padeciendo los embates de la violencia política.

Antiespañoles
Nota del Editor 4 Marzo 2003

En el artículo "El otro vasquismo" el autor, utilizando las típicas falacias y medias verdades nacionalistas, trata de vender gato por liebre, pero el avezado lector no se deja engatusar, y sólo como ejemplo voy a refutar el primer párrafo.

"La serie de acontecimientos que han rodeado el cierre de 'Egunkaria' plantean la urgencia de que emerja a un primer plano un discurso en defensa del euskara que, a pesar de existir desde siempre, se ha visto tapado por el activismo más radical del vasquismo lingüístico y por la contraimagen que muchas veces se proyecta desde sectores sociales poco favorables a la normalización social de la lengua vasca."

Denomina serie de acontecimientos a los virulentos ataques que los padrinos de los terroristas han realizado contra el acto judicial, que es lo importante: se ha cerrado un periódico que señalaba objetivos a los terroristas.

Dice que hay un discurso en defensa del euskara, cuando en realidad lo que hay es una imposición lingüística anticonstitucional y una utilización  de enormes recursos públicos para lavar el cerebro a todo tipo de ciudadano, especialmente niños.

Denomina activismo más radical del vasquismo lingüístico a los terroristas que en nombre de la pureza de la raza  vascohablante,  aterrorizan y matan a la población hispanohablante y a algunos vascohablantes que se atreven a criticarles.

Denomina normalización social de la lengua vasca, no a la posibilidad de hablar vasco cuando sea conveniente, sino a la obligación de que  todo el mundo sea vascohablante, atropellándo los derechos constitucionales de los hispanohablantes, a los que denigra como sectores poco favorables, cuando son padres de familia que simplemente pretender tener el derecho a elegir el idioma de sus hijos, que casualmente es el idioma común español y no el vascuence, y se quejan de que una buena parte de sus impuestos se dilapide en contra de sus intereses lingüísticos y sociales, pues como hispanohablantes no pueden optar al empleo público, actividades sociales, y demás asuntos que se reservan los vascohablantes, como portadores de la esencia nacionalista, el idioma utilizado para clasificar a los ciudadanos en dos clases, la primera con derecho a todo y la segunda sin derecho alguno, salvo a ser eliminado si  se atreve a defenderse.

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