AGLI

Recortes de Prensa     Viernes 14 Marzo  2003
Ibarreche y Castro
Editorial La Razón 14 Marzo 2003

Una sentencia sólida y convincente
Editorial ABC 14 Marzo 2003

La calle
ALFONSO USSÍA ABC 14 Marzo 2003

Gallardón y los despotillas
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital  14 Marzo 2003

Iraq y el interés de España
JOSÉ MARÍA LASSALLE ABC 14 Marzo 2003

La libertad de Sadam
Miguel Ángel Rodríguez La Razón 14 Marzo 2003

El sospechoso tesón del PNV
Editorial El Ideal Gallego 14 Marzo 2003

La Fundación para la Libertad transmite a Aznar la necesidad de que PP y PSE sean alternativa al PNV
EFE Libertad Digital  14 Marzo 2003

Con todas las de la ley
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz 14 Marzo 2003

Fuera de lugar
IÑAKI EZKERRA/ La Razón 14 Marzo 2003

Garzón equipara a los nacionalistas con los nazis por su indiferencia con las víctimas
EFE Libertad Digital  14 Marzo 2003

Uriarte anima a Aznar a que consiga que el PP y el PSOE concurran juntos en las elecciones municipales en Euskadi
EFE Madrid La Estrella Digital

Ibarreche y Castro
Editorial La Razón 14 Marzo 2003

No importa que el Gobierno regional del País Vasco haya entregado últimamente a la dictadura castrista más de 2.000 millones de pesetas de las de antes, junto a otras grandes cantidades de dinero y material en concepto de ayudas. El carcelero de Cuba siempre necesita más, y sabe a quién pedírselo: el nacionalismo vasco no lo ha dudado y acaba de abrir nuevas líneas de crédito a la isla por valor de 156 millones de euros (cerca de 26.000 millones de pesetas). Ibarreche se muestra tan generoso con el dinero público porque al final serán los contribuyentes (todos los españoles que pagan impuestos, no sólo los vascos) los que tendrán que hacerse cargo de la factura, que cabe preguntarse por la razones de una generosidad, sólo equiparable, en intensidad, a la ayuda que recibe del más rancio comunismo español de IU, siempre a las órdenes del «comandante en jefe».

Y es que entre la dictadura cubana y el PNV se han forjado unos lazos incomprensibles para un partido que se suponía demócrata cristiano. Por eso cabe sospechar si no estará Ibarreche pagando una cuenta pendiente a Castro por «servicios prestados»; actuando en favor de los proetarras que tanto tienen que agradecer al tirano, o ayudando a establecer en Cuba una red de empresas con rh negativo. Sea cual sea el motivo de la lluvia de millones que caerá sobre Cuba, corresponde a Ibarreche la responsabilidad del apoyo económico a una de las últimas dictaduras comunistas del mundo.

Sobre todo cuando sus dirigentes mantienen acogidos en la isla a varios etarras huidos, uno de los cuales fue fotografiado en un acto público en La Habana junto al portavoz vasco, Josu Jon Imaz. Incluso, se sospecha que los servicios secretos castristas colaboran con la banda, como pusieron de manifiesto dos terroristas que corrieron a refugiarse en la Embajada de Cuba tras ser descubiertas por la Policía en Madrid.

Una sentencia sólida y convincente
Editorial ABC 14 Marzo 2003

LA decisión unánime del Tribunal Constitucional sobre la Ley Orgánica de Partidos Políticos es, en la situación actual de España, una aportación sustancial a la consolidación del Estado Democrático y de Derecho, que puede resumirse en la incorporación definitiva de los partidos a un régimen de constitucionalidad efectiva. Los fundamentos de la sentencia revelan, en su conjunto, la carencia de que adolecía el desarrollo del texto constitucional, sin una regulación específica de los partidos políticos, protagonistas principales, aunque no únicos, de la actividad democrática. Ni el mandato del artículo 6 de la Carta Magna -que legitima el ejercicio de la actividad de los partidos siempre que respeten la Constitución y la ley- ni la obsoleta ley preconstitucional de 1978, ni el régimen sancionador previsto por el Código Penal para las asociaciones ilícitas eran suficientes para preservar eficazmente los valores y los principios constitucionales frente a actos que, cometidos al amparo del pluralismo y la representación política y pudiendo no ser delictivos, eran auténticas agresiones a la sociedad.

Por estas razones, el Tribunal Constitucional ha desestimado todos los motivos del recurso interpuesto por el Gobierno vasco, al aceptar, como punto de partida de su decisión, que los partidos políticos no son meras asociaciones privadas ni son acreedores de margen alguno de impunidad por la tarea que desarrollan. Por el contrario, es la relevancia constitucional de esta tarea -representatividad, participación y pluralismo políticos- lo que justifica la instauración de un régimen legal específico, no su omisión. El Gobierno nacionalista de Vitoria alegaba que la Ley de Partidos carecía de fundamento constitucional, usurpaba la potestad sancionadora de la justicia penal, constituía una ley singular y vulneraba el derecho de asociación. Cada uno de estos motivos es rebatido frontalmente por el TC, con una extensa resolución que combina su propia doctrina con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos -claro sentido de anticipación- sobre los requisitos para disolver un partido político. Estaban en juego juicios muy graves sobre principios básicos del sistema democrático, del régimen de libertades y del orden constitucional. Por eso se cualifica la unanimidad de la decisión adoptada por un Tribunal integrado por doce magistrados con formaciones jurídicas heterogéneas, con notorias y conocidas diferencias de criterio, que en ocasiones han dado lugar a divisiones irreconciliables. Y también por eso los razonamientos de la sentencia huyen del rechazo en bruto del recurso del Gobierno vasco. Niega que la Ley de Partidos persiga ideas o que imponga una «democracia militante», una forma de «adhesión positiva» a un determinado sistema institucional. La sentencia resulta mucho más sólida y convincente de lo que esperaban los nacionalistas vascos. También ofrece matices y razones que deberán ser tenidos muy en cuenta por el Tribunal Supremo en la aplicación judicial de la Ley, porque la sentencia es parcialmente interpretativa, es decir, condiciona la constitucionalidad de algunos preceptos (artículos 3.1, 5.1, 9.2, 9.3 y Disposición Transitoria única, apartado 2) a que sean interpretados tal y como lo han hecho los magistrados del TC.

OBVIAMENTE, el Constitucional no ha entrado a valorar la finalidad política que tenía ese recurso ni la defensa oblicua que proporcionaba a Batasuna en el proceso de disolución que se sigue en la Sala Especial del Tribunal Supremo. Pero la contundencia y la unanimidad de la decisión suponen, en términos políticos, un freno a la estrategia nacionalista de deslegitimación del Estado y de auxilio directo e indisimulado a la izquierda abertzale controlada por ETA. El Gobierno vasco pretendía con su recurso -adornado con recusaciones al presidente del TC y con querella al juez Garzón- debilitar el nuevo escenario judicial en el que se está moviendo Batasuna, nada acostumbrada a ser juzgada por su condición antidemocrática. Por eso insistía el Gobierno vasco en limitar el juicio sobre la conducta de los partidos a lo dispuesto en el Código Penal, para evitar una ley que permita exigir responsabilidades a una persona jurídica por infracciones constitucionales no delictivas o no sancionadas como delitos. Esa estrategia ha fracasado.

EN todo caso, la satisfacción que proporciona la sentencia del TC no debe confundir sobre las evidentes diferencias entre el recurso de inconstitucionalidad resuelto y las demandas de disolución pendientes en el Supremo. El TC ha hecho un juicio de valor abstracto sobre la Ley y al Supremo le incumbe aplicar esa ley a unos hechos concretos. Es evidente que los magistrados del Supremo ya no tienen que pronunciarse sobre la cuestión de inconstitucionalidad que les planteaba la defensa de Batasuna, pero esto no quiere decir que la declaración de constitucionalidad de la ley conduzca de forma inevitable a una sentencia de disolución. Este argumento entraña una profunda falta de respeto a la independencia del Supremo, por que, con él, sus magistrados quedarían privados de criterio propio. Cada Tribunal ha de cumplir su cometido. El TC ya lo ha hecho y ahora corresponde el turno al Supremo.

La calle
Por ALFONSO USSÍA ABC 14 Marzo 2003

EL rector de la Universidad de Barcelona, que dio foro y cobijo a un asesino como Arnaldo Otegui, cierra las puertas de la Universidad a Goztone Mora, profesora universitaria con una trayectoria limpia e impecable en la defensa de las libertades y de la convivencia en las Vascongadas. Grupos de estudiantes regidos por ese granuja de rector usan de la violencia para callar las voces que discrepan de sus extremismos. Lo mismo hacen algunos universitarios de Madrid, que abuchean y boicotean un acto con Alberto Ruiz-Gallardón de protagonista, y a la invitación de éste para exponer libremente sus ideas, es decir, universitariamente, recurren a los rebuznos porque nada se les ocurría. Los rectores de otras dos universidades catalanas, la de Gerona y la Ramón Llull, han invitado al «torturadito» director del periódico proterrorista «Egunkaria», y han tomado la calle con pancartas y mensajes de apoyo al pájaro. La calle, siempre la calle. Goztone Mora, a la puta calle, los universitarios de Madrid, fuera de las aulas y en la calle berreando sus ignorancias, y en Cataluña, en la calle, el director de «Egunkaria» recibido con alfombras y vítores.

La consigna es ésa, la calle. Tomar la calle, arrebatar la calle a la ciudadanía como principal recurso para luchar contra los votos. En la calle, los sindicatos, los socialistas y los comunistas. Llamazares, tan demócrata como sus admirados Lenin y Stalin, proclama que la calle es soberana, más allá de las urnas. Y Zapatero, que es un parlamentario ineficaz y demagogo, también se lanza a la calle rodeado de una muchedumbre facilona e irreflexiva. Los actores y actrices en la calle. Los cantantes en la calle. Los estudiantes en la calle. Tanto grito y tanta calle y al final, la calle que no sirve para nada. Huelga General en la calle, «Gobierno asesino» en la calle, las cuarenta y siete banderas republicanas de siempre en la calle -quizá cuarenta y ocho, que últimamente me equivoco en las cuentas-, y los «intelectuales» en la calle. ¿Quiénes son los «intelectuales»? La relación es para morirse de risa, pero ellos se atribuyen la dictadura del pensamiento, y en la calle la imponen, a gritos, a insultos, a berridos. Pobre calle.

No lo han hecho durante treinta años para llorar, también en la calle, por los asesinados de la ETA. No lo han hecho en nombre de la libertad de expresión cuando se ha callado la voz a los pacíficos y los demócratas; no lo han hecho para detener las bombas sobre Kosovo, ni las torturas de Castro, ni los fusilamientos masivos en China, ni las depuraciones étnicas en el mundo, incluido el norte de España. «No a la guerra», pero jamás «No a la ETA». Para todo eso, la calle no sirve, la calle no representa, la calle no es soberana.

Y ya han preparado otra. Lo que Zapatero no sabe decir en el Parlamento, lo suelta en la calle. Manifestación y Huelga General. Nuestro Stalin de bolsillo acompañándole en la cabecera con pancarta. Detrás, los «intelectuales», los actores, las actrices, los cantantes y los Bardem. Pepiño Blanco con los de «Nunca Máis». Hay que derribar al Gobierno con la fuerza de la calle. De su calle.

Porque la calle no está en esas. La calle vive, trabaja, se mueve, se divierte y pena. La calle en primavera sólo desea dejar de serlo para irse de fin de semana. La calle es sólo soberana cuando, los días de elecciones, se puebla de un ir y venir a las urnas y de las urnas con las buenas y libres gentes que depositan sus votos. Es soberana en el movimiento y en la actitud. Después sólo es calle, espacio, cobijo o tristeza. Nunca soberanía. Esa calle hastiada, que sirve a los violentos y acoge a los expulsados de las Universidades porque los aguerridos partidarios del pensamiento único temen la fuerza de sus palabras.

Pobre calle.

Gallardón y los despotillas
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital  14 Marzo 2003

Si hay un dirigente de la Derecha española que merece lo que le ha pasado a Gallardón en la Universidad ése es, precisamente, Gallardón. Nadie como él se ha humillado ante las izquierdas, nadie les ha entregado tanto poder, nadie se ha mostrado más genuflexo ante Polanco, nadie ha regalado tanto dinero a la maquinaria de legitimación de la progresía como el nieto de El Tebib el Arrumi, brillante cronista de Franco en África. Pero si Gallardón merece todas las fechorías y desplantes que le haga la izquierda, el PP no puede ni debe tolerar agresiones como la sufrida por Gallardón. Aunque a éste le jaleen algunos medios por haber puesto a mal tiempo buena cara, el precedente es nefasto y, dadas las costumbres de la nueva izquierda, hay que cortarlo de raíz. La derecha no tiene por qué acostumbrarse a ser linchada en público sin defenderse. Si la Izquierda juega a Batasuna, hay que utilizar la legislación vigente sin paliativos contra estos alevines madrileños de la "kale borroka".

Para ello es preciso que la Derecha crea que tiene tanto derecho o más que la Izquierda para defender sus puntos de vista, y debe montar el gran escándalo contra las organizaciones políticas, empezando por el PSOE e Izquierda Unida, que promuevan estos boicots. Sobre todo, es preciso que se les dé a los actos de estos despotillas la importancia que tienen para que los despotillas no degeneren en déspotas, provocando comportamientos tan cobardes y abominables como el del rector Tugores en la Universidad Central de Barcelona. Y puesto que la Izquierda cree muy poco en la democracia y no la respeta cuando no le sirve, la Derecha debe demostrar que sabe emplear la libertad y defenderse. Por eso, Gallardón debe denunciar ante los tribunales de justicia a los que le impidieron hablar, porque el derecho vulnerado no es suyo particular, sino del conjunto de los ciudadanos. Y porque aunque él se merezca estos sofiones de la Izquierda, la gente normal de la Derecha, amedrentada e indefensa ante tanta verbena pseudopacifista, no se lo merece. Menos sonrisitas de circunstancias, y a denunciar.

Iraq y el interés de España
Por JOSÉ MARÍA LASSALLE. Profesor de Filosofía del Derecho. Univ. Carlos III ABC 14 Marzo 2003

¿Alguien cree que un Gobierno puede buscar un enfrentamiento con la opinión pública cuando tiene unas elecciones autonómicas y municipales a la vuelta de la esquina? Comprometer la imagen de la gestión gubernamental de estos años y amenazar las expectativas del partido que ha sido su apoyo parlamentario no puede ser un capricho. Ver un millón de personas gritando «¡No a la guerra!», abrir los periódicos, escuchar las tertulias radiofónicas o asistir a los comentarios de la gente de la calle, reflejan un estado de opinión tan enfrentado con el Gobierno Aznar que ningún político responsable estaría dispuesto a tamaño desgaste si no estuviera en juego el interés de España.

El problema reside en la dificultad de comunicar éste al chocar de lleno con esa maraña de palabras que conforman el meollo del lenguaje de lo políticamente correcto y que algunos han utilizado sin pudor al lanzarse por el tobogán de la manipulación sensiblera... ¿Hay por ello que desanimarse y tirar la toalla renunciando al debate intelectual y mediático? Aquí los liberales atlantistas tendríamos que recordar los ejemplos del pasado y hablar sin complejos. De modo que si la mayoría de la opinión pública quiere la paz a cualquier precio habrá que decirla que se equivoca. En este sentido, nunca es tarde para hacer pedagogía. Sobre todo cuando se defiende el interés de España. Aquí habría que aprender de los franceses que saben cuáles son sus intereses y los salvaguardan sin importarles a dónde conducen a Europa con sus decisiones. España debería hacer lo mismo y mostrar a sus ciudadanos lo que significa colocarnos junto a los países que tratan de desarmar a Iraq combinando la presión diplomática y militar ya que el fin de la misma es evitar una guerra que nadie quiere, y menos por motivos económicos.

No, los motivos que están tras el apoyo de España a la presión que los EE.UU. lideran sobre Iraq son otros. Hay que buscarlos en la oportunidad histórica que tiene nuestro país de contribuir a sentar las bases de una política de seguridad mundial que salvaguarde la paz y la libertad en un marco planetario distinto al que surgió de la II Guerra Mundial. No nos hemos dado cuenta aún, pero ha comenzado una nueva guerra mundial que está por definirse en sus claves conceptuales y líneas estratégicas. A la Guerra Fría le sucede una Guerra Caliente. La Paz de Westfalia de 1648 queda ya muy lejos y la postmodernidad ha irrumpido también en la organización de un planeta que vive sacudido por eso que nadie se atreve a decir, pero en el que todos piensan: el choque de civilizaciones.

De ahí que cueste actualizar los registros mentales y aceptar que estamos ante un escenario de tensión radicalmente distinto al que rigió la política internacional desde 1945 a 1990. El ínterin que marcó la caída del Telón de Acero fue superado el 11-S al desvelar un sector radicalizado del Islam que quiere una guerra fanática con Occidente. La causa de ella no es la miseria sino el deseo de organizar internacionalmente el odio y el temor que los integristas islámicos sienten hacia la expansión del modo de vida y la forma de pensar occidentales. Dentro de este difícil contexto internacional, Sadam Husein posee un polvorín de armas químicas y bacteriológicas que puede poner en manos de cualquiera que comparta su longitud de onda antioccidental. Lo despreciable de su régimen justifica cualquier recelo hacia él ya que confiar en su palabra es tanto como darle alas para que siga haciendo lo que hasta ahora, olvidando que al hacerlo se crea, además, un peligroso precedente que muchos verán como un ejemplo a imitar si quieren obtener un status de inmunidad internacional y de perdurabilidad interna en el ejercicio tiránico del poder. Estos motivos avalan por sí solos la necesidad de intervenir en Iraq desde que el 11-S descubrió que existe un integrismo musulmán que tiene planes de atentados masivos contra los EE.UU. y Europa.

Aunque no guste reconocerlo España es consumidora de seguridad: interior en su lucha contra ETA y exterior en una zona geográficamente inestable. La información antiterrorista es difícil de conseguir y desde 2001 los norteamericanos contribuyen a suplir las lagunas de la colaboración francesa contra ETA. A esto se añade una circunstancia más grave: el norte de África es sensible a la expansión del integrismo por las tensiones demográficas y económicas que padece. La seguridad exterior que necesita España no la producimos del todo con un gasto en defensa como el nuestro. La alternativa es compartirla con otros y la crisis de Perejil demostró que Europa no es fiable ya que Francia bloqueó el apoyo europeo a nuestro país al defender sus intereses económicos en Marruecos. Ahora, España debe hacer lo propio y obtener una seguridad que no puede proporcionarse por sí sola, resolviendo, de paso y si fuera posible, sus querellas con ingleses y marroquíes bajo los auspicios de unos EE.UU. que necesitan pacificar las aguas del Estrecho de Gibraltar dentro de un despliegue militar para Oriente Próximo que está subordinado al uso de la base de Rota.

Por otro lado, las crecientes dudas que plantea el futuro de una Europa que carece de diseño preciso -especialmente en política de seguridad- justifican un cierto distanciamiento respecto de políticas que nos ensimismen en el Viejo Continente. Y no sólo porque Francia y Alemania se hayan declarado unilateralmente el centro de gravedad de Europa, sino porque la reunificación alemana ha sido una durísima digestión que ha dejado maltrecha a la economía más fuerte de Europa; de modo que a nadie se le escapa lo difícil que será para todo el continente la integración económica y social de los antiguos países comunistas.

La geoestrategia impone su lógica y España debe estar en Europa, por su puesto, pero sin dejar de potenciar sus lazos atlánticos con Norteamérica e Iberoamérica ya que no podemos tener todos los huevos en la misma cesta. En este sentido, es necesario replantear el papel exterior de España al tener que «iberoamericanizarse». Primero, porque nuestra debilidad demográfica necesita incorporar un modelo de inmigración que no puede imitar al francés. Segundo, porque la experiencia cultural de una España iberoamericanizada puede ser ejemplo y, al tiempo, un puente de comunicación entre una Europa necesitada de vitalidad y una América joven y dinámica. De ahí que haya que pensar en convertir los lazos trasatlánticos en los mimbres de un proyecto más ambicioso que unifique los márgenes de una misma civilización unida por el Atlántico.

Por eso, España tiene que mantener la postura que conocemos en la crisis iraquí: porque es la culminación de una apuesta exterior en la que viene trabajando desde 1996 y que el 11-S aceleró. Debemos abrirnos al Atlántico aunque sin renunciar a Europa. Ésta es una prioridad en el mundo que ha emergido para nosotros después del 11-S. De un lado, porque los EE.UU. son la única potencia democrática capaz de afrontar una empresa de seguridad planetaria. De otro, porque dentro de ella los norteamericanos necesitan encontrar un común denominador cultural con el que salvaguardar su estabilidad interior mientras se produce su creciente e irreversible «hispanización»: 40 millones de hispanos ahora y 60 millones en dos décadas están transformando la faz norteamericana. Y si los EE.UU. se hispanizan, España puede ser de ayuda en ese proceso; especialmente si al mismo tiempo nuestro país experimenta un profundo proceso de mestizaje iberoamericano.

Lo que emerge de todo este rediseño es el interés de una España comprometida con Occidente, es decir, con América y Europa al tiempo. Entender estos argumentos es comprender dónde están el interés de España y su responsabilidad. De ahí que el asunto de Iraq exija que la moderación reflexiva y las convicciones sean las únicas protagonistas. Los equilibristas de opinión están de más en estos momentos. Estamos en un escenario complejo que exige un argumentario que debe desterrar el oportunismo de las pancartas y la búsqueda de una rentabilidad electoral a corto plazo. Quien trate de vestir la política con la máscara del oportunismo tarde o temprano será devorado por ella. Una democracia puede tener un pueblo instalado en la equivocación, pero nunca podrá permitirse gobernantes irresponsables. Sobre todo porque sería terrible que en el futuro tuviéramos que hacer nuestras de nuevo las palabras de aquel Raymond Aron que, en L´homme contre les tyrans, dejó dicho que tuvo que producirse el horror del hitlerismo para que la gran mayoría de los pacifistas descubrieran que había un mal mayor que la guerra misma: la servidumbre...

La libertad de Sadam
Miguel Ángel Rodríguez La Razón 14 Marzo 2003

A Teresa Bó le dieron diez horas para salir de Iraq porque a los tipos que leen los periódicos españoles les parece mal lo que escribimos en éste. Como dice ella en su crónica, el régimen del tirano no está bien visto ni por Bó ni por la redacción de «La Razón», y «a Dios gracias es verdad».

Esta es la libertad que defienden los que defienden a Sadam: diez horas para escapar o el número de su habitación del hotel, se supone que para ofrecerle alguna guarrada. ¿Están los de la pancarta del «no» de acuerdo con estas prácticas? Pues, si no lo están, deberían decirlo.

Es insensato que los políticos españoles de la Oposición comparen a Occidente con Iraq. Anasagasti se ha atrevido a decir que lo que hace España en este conflicto es terrorismo de Estado. Un día se muerde la lengua y se mata del veneno que tiene, y mientras le salen espumarajos echará la culpa a este Estado opresor. ¿Está de acuerdo Anasagasti en que expulsen de Iraq a una periodista porque no les gusta lo que escribe? Se supone que sí: él hace lo mismo en el País Vasco.

Los «escudos humanos» se están volviendo a casa porque la represión del régimen iraquí es insoportable hasta para ellos; los periodistas son chantajeados o expulsados; el tirano se enriquece mientras tiene a la población muerta de hambre Que una cosa es defender la paz y otra es tener tragaderas para soportar todo esto. Es incomprensible que los de la pancarta del «no» guarden silencio sobre estas cosas.

Teresa Bó ha sido expulsada de Iraq, pero los del «no» acusan a Estados Unidos, a Gran Bretaña y a España de reprimir la libertad y están encantados con el anuncio del veto de China en el Consejo de Seguridad: activistas de diseño y políticos oportunistas con los papeles cambiados.

El sospechoso tesón del PNV
Editorial El Ideal Gallego 14 Marzo 2003

Tal como se presenta el futuro será necesario establecer una línea aérea entre el País Vasco y Estrasburgo, pues al menos el gobierno Ibarretxe y Batasuna ya preparan una excursión a esa ciudad francesa para presentar un recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos. El del brazo político de ETA incluso puede colarse en la categoría de los hechos lógicos, pues parece normal que apele hasta donde sea para intentar evitar que entre en vigor la sentencia en la que el Supremo dictaminará su ilegalización. En cambio, la decisión del ejecutivo de Vitoria de impugnar la Ley de Partidos sólo despierta sospechas; no es fácil de entender ese empeño en defender a los abertzales, salvo que a través de esa táctica pretenda seguir sacudiendo el árbol para ver si caen más nueces. Ésa es la impresión que se saca del desmedido afán de litigar por litigar del que está preso el gabinete de Ibarretxe, en el que, pese a que representantes de Eusko Alkartasuna e Izquierda Unida ocupen algunas carteras, el que manda es el PNV, es decir, Arzalluz por encima de todos y en un segundo escalón Anasagasti, Egibar y el lehendakari.

Por supuesto que el gobierno vasco tiene todo el derecho del mundo a recurrir ante el Tribunal de Estrasburgo, pero hacerlo como “abogado defensor” de los proetarras no es, desde luego, la mejor forma de demostrar que es verdad que está en contra del terrorismo, porque el fin que persigue la Ley de Partidos no es otro que golpear a ETA declarando ilegal al engendro que ha parido para tener voz en las instituciones públicas. Sólo Batasuna y el PNV no han sido capaces de entender esa idea. ¿Será por algo?

La Fundación para la Libertad transmite a Aznar la necesidad de que PP y PSE sean alternativa al PNV
EFE Libertad Digital  14 Marzo 2003

Una representación de la Fundación para la Libertad, encabezada por su presidenta Edurne Uriarte, se reunió este jueves con Aznar en La Moncloa. Le han trasmitido la necesidad de presentarse a las elecciones municipales y de conseguir un entendimiento entre PP y PSOE como alternativa al nacionalismo.

Uriarte dijo que el martes se reunirá con José Luis Rodríguez Zapatero para transmitirle este mismo mensaje y añadió que Aznar "nos ha dicho que está totalmente de acuerdo con esta reflexión y que va a trabajar y está trabajando en la defensa de la libertad en el País Vasco y también en la búsqueda de entendimiento entre los partido constitucionalistas". La presidenta de la Fundación, que se reunió durante más de 45 minutos con el presidente del Gobierno, subrayó la "gravedad" de la situación en el País Vasco y demandó el entendimiento de PP y PSOE "más allá de sus estrategias electorales y frente al nacionalismo gobernante" y "sus planes soberanistas e independentistas" de "amparo a Batasuna y al entramado terrorista".

En relación a si el presidente se decantó por alguna fórmula de entendimiento con el PSOE, como las listas conjuntas, Uriarte señaló que "el presidente no habló de fórmulas concretas" y "nosotros, como asociación cívica no queremos dar fórmulas a los partidos, ni interferir en sus estrategias electorales pero queremos insistir en el entendimiento, con las fórmulas que ellos consideren más adecuadas".

Uriarte subrayó que en ambas entrevistas "queríamos comunicar, tanto al presidente de Gobierno como a José Luis Rodríguez Zapatero, nuestra reflexión cara a las elecciones municipales" y decir que aunque "en el País Vasco no hay condiciones de libertad e igualdad para los constitucionalistas" y la situación es de "enorme gravedad", es "necesario presentarse a las elecciones".

Sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que convalida la Ley de Partidos y que permitirá la ilegalización de Batasuna, Uriarte dijo que esa decisión "nos alegra enormemente" y recordó que desde la Fundación "desde hace muchos meses defendimos la necesidad de esa Ley de Partidos y la acción decidida y sin complejos del Estado de Derecho para sacar de la legalidad a todos los grupos que no sólo apoyan el terrorismo sino que, además, están introducidos en el entramado terrorista, en este caso Batasuna".

A la entrevista con el presidente Aznar asistió una representación de la Fundación para la Libertad, encabezada por su presidenta Edurne Uriarte e integrada entre otros por Germán Yanke, Teo Uriarte y Javier Elorrieta.

Con todas las de la ley
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz 14 Marzo 2003

LA DECISIÓN de ilegalizar un partido político es una de las más graves que pueden adoptarse en democracia. Por eso resulta imprescindible que se rodee de las garantías necesarias para eliminar de plano la sospecha de que la ilegalización atenta contra las libertades sin las que desaparece el pluralismo. ¿Han existido esas garantías en el largo procedimiento que podría, finalmente, conducir a la ilegalización de Batasuna? Sin ningún género de dudas.

El proyecto de ley de partidos presentado en su día por el gobierno del PP con la finalidad de crear un marco legal que permitiese a nuestros jueces decidir sobre la eventual ilegalización de las organizaciones partidistas fue sometido a dictámenes jurídicos del Consejo de Estado y del órgano de gobierno de los jueces (su Consejo General), que plantearon diversas discrepancias con el texto.El debate parlamentario posterior lo modificó en aspectos sustanciales, eliminando los problemas que podrían haber dificultado su encaje en nuestra ley fundamental. Tras la oportuna votación, el proyecto fue aprobado en el Congreso por 304 de sus 350 diputados, pertenecientes a partidos que representan al 85% de los votantes españoles y al 94% de los escaños de la Cámara.

Después de la entrada en vigor del nuevo texto y una vez constatado con elementos de prueba apabullantes que Batasuna podría haber incurrido en su actuación en varios de los supuestos de ilegalización previstos en la ley, el Congreso de los Diputados aprobó, otra vez por inmensa mayoría, (295 votos a favor, 29 abstenciones y 10 votos en contra) una proposición instando al Gobierno a solicitar la ilegalización de Batasuna. Paralelamente el Gobierno vasco decidía presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que debe servir al Tribunal Supremo para adoptar su decisión favorable o contraria a la ilegalización. Pendientes de momento de la misma, el Tribunal Constitucional sentenció por unanimidad que la ley de partidos es perfectamente compatible con la Constitución.

Queda por conocer la sentencia del Supremo. Pero si la misma fuera favorable a ilegalizar a Batasuna, todavía podría ese partido recurrir en amparo ante el Constitucional; y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con posterioridad. ¿Caben más garantías? La verdad es que resulta difícil imaginar otras que pudieran añadirse a las que han protegido el derecho de Batasuna a la justicia. El derecho de un partido, no se olvide, que ha considera legítimo una y otra vez el que ETA le pegue un tiro en la cabeza a quienes, sin juicio ni posibilidad alguna de defensa, son declarados reos del delito de no nacionalismo.

Fuera de lugar
IÑAKI EZKERRA/ La Razón 14 Marzo 2003

En una de las cartas dirigidas a Jaime Larrínaga que este periódico publicó durante el pasado verano hubo una en la que alguien decía conocer el carácter simpático y bromista del párroco de Maruri, lo cual le llevaba a deducir acto seguido: «Tú no eres un hombre de escolta». Esta frase me sigue martilleando en la memoria al cabo de los meses porque sintetiza, sin proponérselo, el dramático despropósito que vive la Euskadi actual y revela la clave de su insólita prolongación en el tiempo, el abismo que separa a una parte de la población que vive fáctica o potencialmente amenazada por ETA y, por la 'socialización del dolor' diseñada por ETA, de otra parte de esa misma población que no es ya que amenace o se beneficie políticamente de que otros amenacen -que sería a fin de cuentas un modo de vivir esa amenaza aunque del otro lado del espejo- sino que no se entera siquiera de que la amenaza existe para beneficiarle o perjudicarle políticamente y vive instalada en un limbo de extraordinaria inocencia, en un País Vasco 'normal' anterior a Lizarra y a ETA inclusive.

Al parecer, el angélico firmante de la carta no se había percatado todavía de que lo que caracteriza precisamente a la sociedad vasca de hoy es que en ella tenemos que ir escoltados cientos de individuos que 'tampoco somos de escolta'. ¿Es un hombre de escolta un poeta, un magistrado, un periodista, un concejal o un 'profe' de universidad? ¿Es un hombre de escolta un escolta? ¿Es que pensaba el firmante de esta carta que los amenazados no podemos ser simpáticos, ni bromistas además de amenazados? ¿Es que, además de negársenos el derecho a llevar una vida normal, se nos van a negar también esas cualidades que humanizan al individuo y lo socializan? ¿Se daba cuenta ese buen hombre de lo que estaba diciendo al negarnos a los ya privados de libertades civiles la simpatía o la capacidad de bromear? ¿No ha caído en la cuenta de que lo que define a la Euskadi de hoy es que está llena de Jaimes Larrínagas? ¿No lee la prensa ese hombre y no ve la televisión? ¿No se ha informado aún de que en el País Vasco ya cualquiera puede necesitar protección si tiene la mala pata de pertenecer a ciertos colectivos profesionales o da determinados pasos irreversibles en el uso de la libertad de expresión? ¿Es que piensa que los miles de amenazados son 'gente de escolta', gente que tiene una vocación y una predisposición naturales para vivir protegida? ¿Insinúa que hay niños que dicen 'yo de mayor quiero ser hombre de escolta' como otros dicen 'yo quiero ser bombero' o 'yo quiero ser lehendakari'? ¿Creen en el fondo que hay gente que merece ser amenazada?

No insistiré en hacer preguntas incómodas a un alma tan cándida que quizá no este preparada para ellas. Simplemente me quedaré de su carta con una idea que sí es válida una vez hecha la anterior puntualización. En efecto, en Euskadi hay muchas personas (no una como decía ese buen hombre) que no 'son de escolta' pero que la llevan. En efecto, el fenómeno terrorista nos saca a muchos de nuestro contexto habitual, nos sitúa 'fuera de lugar'. Pero ese desplazamiento es de una índole mucho más profunda de lo que se pudiera sospechar a primera vista. Va más lejos de la necesidad de ir protegidos y de la propia amenaza de ETA. Además y al margen de ETA, yo sentí que me desplazaba de mi sitio el Pacto de Estella, la alianza del nacionalismo autodenominado democrático con el abiertamente totalitario para lograr ese objetivo que se daría en llamar 'soberanismo' o 'construcción nacional vasca'.

Me desplazaba de mi sitio porque mi sitio no era ni el nacionalismo español ni siquiera ese constitucionalismo que los 'no nacionalistas' hemos tenido que terminar asumiendo como mínima referencia ante el zarandeo nacionalista, como boya elemental a la que agarrarnos ante la marea de la falta de libertades constitucionales. Me desplazaba de mi sitio porque mi sitio era el de una perezosa aceptación de la grata fatalidad de la nación española. No hay que ser nacionalista para asumir como propia una nación que ya está hecha. Hay que serlo para crear otra, pero el hecho de que te venga ya regalada desde que naces te permite librarte de ese rollazo macabeo que es siempre el nacionalismo 'venga de donde venga'. No hay que ser un nacionalista español, en fin, para ver en el nacionalismo vasco lo que es: un sujeto que te regala lo que ya tienes -Euskadi- y te quita Andalucía, Galicia, Castilla..., una encantadora y moderna nación europea, a cambio de nada. No hay que ser nacionalista español para rechazar una oferta tan poco sugerente, para ver en el nacionalismo aranista una gratuita renuncia absolutamente desventajosa e innecesaria.

Uno sigue sin ser nacionalista español por todo lo que he explicado, pero el nacionalismo aranista me ha sacado fuera de mi lugar, me ha obligado a reformularme esa condición española que antes daba por indiscutible y por hecha. Me ha violentado hasta el punto de tener que redefinir mi amor a una comunidad nacional a la que antes pertenecía igualmente pero permitiéndome el silencio y hasta el despego afectivo, haciéndome el remolón hacia los ciudados y carantoñas del Estado, dejándome, en fin, 'querer por la Historia'. Ése es el privilegio que hoy se nos niega a los vascos después de tanto desearlo y luchar por conquistarlo, el privilegio de disfrutar de la condición europea y de una vieja nación desarrollada que ya ha hecho todos sus deberes históricos, de un país que ha dejado atrás el subdesarrollo, el desarrollismo y el aislamiento secular; el privilegio, sí, de 'poder dejarnos querer por la Historia' tras tantos años de memorizarla y embellecerla para no sentirnos en sus afueras, en aquel extrarradio al que nos llevaron la pobreza, el atraso y luego el régimen de Franco.

Gracias al terrorismo y a la ofensiva nacionalista que se sirve de él, aquí estamos todos fuera de lugar. Está fuera de lugar un partido católico y burgués como el PNV jugando a revolucionario y a comecuras constitucionalistas como está fuera de lugar una oposición forzada a plantear la alternancia en el poder no como una opción saludable sino como una necesidad dramática. Están fuera de lugar unos políticos conservadores jugando a descamisados como lo está una fauna de la cultureta anarcoide y marxistoide clamando por el Estado de Derecho y unos ateos cumpliendo con la misa dominical de Maruri y unos sindicalistas históricos que ya no pueden contar batallitas de la lucha antifranquista a unos críos del PP que van escoltados y se juegan la vida hasta para ir a la facultad.

Fuera de lugar estamos todos en Euskadi porque Euskadi está fuera de lugar en la Unión Europea. Naturalmente que un párroco 'no es un hombre de escolta', como decía aquel ser perplejo en esa carta que no se me ha olvidado. Y es que en el fondo sospecho que él tampoco era un hombre de cartas.

Garzón equipara a los nacionalistas con los nazis por su indiferencia con las víctimas
EFE Libertad Digital  14 Marzo 2003

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha criticado en San Sebastián a los "altos responsables políticos", en alusión a dirigentes del PNV y EA, que "desafían a las instituciones" cuando, "en clara rebeldía con decisiones judiciales", defienden la concurrencia de Batasuna a las elecciones.

Garzón recibió en la capital donostiarra el premio de la Fundación Gregorio Ordóñez por "representar la vanguardia de la lucha contra el terrorismo", en un acto al que asistieron numerosos representantes políticos y familiares de víctimas de ETA. A la entrega del premio también acudieron el vicesecretario general del PP, Jaime Mayor Oreja, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Enrique Villar, el secretario general del PSE de Guipúzcoa, Manuel Huertas, el ex secretario general de este partido, Nicolás Redondo Terreros, la europarlamentaria socialista Rosa Díez y numerosos cargos electos y orgánicos del PP.

El magistrado fue presentado por Ana Iríbar, la viuda de Gregorio Ordóñez, edil del PP de San Sebastián asesinado por ETA en enero de 1995, quien agradeció al juez su labor en la lucha contra el terrorismo y pronunció un discurso en el que abogó por "volver a labrar" en el País Vasco "la raya que separa a los demócratas de los fascistas". En su intervención, Garzón arremetió, sin citarlos, contra los partidos nacionalistas que gobiernan en el País Vasco, cuya actitud "propicia el deterioro de la convivencia pacífica, ayuda a que se produzcan zonas de impunidad en la lucha legal y democrática frente al terrorismo y contribuye a la desprotección de las víctimas, a las que incluso se les descalifica cuando aún el dolor está caliente", dijo.

El juez calificó de "muy desalentador" que, "en clara rebeldía frente a decisiones judiciales, algunos altos responsables políticos desafían a las instituciones" cuando defienden, "a pesar de que ello quebrante la legalidad", la participación en las elecciones de "formaciones políticas que están fuera de ella", mientras que "no luchan" para que lo puedan hacer los candidatos del PP y PSE amenazados por ETA. También censuró que dirigentes nacionalistas "desconozcan otras resoluciones firmes sobre la suspensión de actividades de organizaciones y exijan, o peor aún, conminen al poder judicial a tomar las decisiones que ellos reclaman", lo que, en su opinión, atenta "contra la independencia judicial".

Abogó por la aplicación de la justicia y el Estado de Derecho como única vía para lograr la paz en el País Vasco y proclamó que "la indiferencia con los perseguidos y las víctimas, sobre todo si esta es institucional, es el cáncer de la democracia", ya que "fue lo que permitió que el régimen nazi acabara con millones de vidas". Garzón añadió que "cualquier pulso a un Estado de Derecho, cualquier negociación entre instituciones y una organización terrorista sin que ésta abandone su actividad criminal y si exigencia de responsabilidad, es contraria a la idea misma de una paz justa".

Al comienzo del acto, Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio, leyó una carta remitida por la presidenta del Parlamento Europeo, Nicole Fontaine, galardonada en el año 2001 y que no pudo asistir en persona a la entrega del premio. Fontaine denunció que ocho años después del asesinato de Ordóñez, de quien recordó que se iba a presentar a las elecciones municipales, "muchos de los candidatos" que lo harán en los comicios del próximo mes de mayo "no pueden presentarse libremente sin temer por su vida".

Además de en Nicole Fontaine, el premio de la Fundación Gregorio Ordóñez recayó en anteriores ediciones en el filósofo Fernando Savater (2000), las víctimas del terrorismo (1999), el municipio vizcaíno de Ermua (1998), el guipuzcoano de Hernani (1997) y los profesores universitarios que suscribieron un manifiesto contra el terrorismo (1996).

Uriarte anima a Aznar a que consiga que el PP y el PSOE concurran juntos en las elecciones municipales en Euskadi
Representantes de la Fundación para la Libertad se reúnen con el presidente del Gobierno y lo harán el próximo martes con Rodríguez Zapatero
EFE Madrid La Estrella Digital

La presidenta de la Fundación para la Libertad, Edurne Uriarte, transmitió ayer al presidente del Gobierno, José María Aznar, la necesidad de presentarse a las elecciones municipales y de conseguir un entendimiento entre PP y PSOE, que les permita ser alternativa en el País Vasco. Uriarte, que adelantó que el próximo martes se reunirá con José Luis Rodríguez Zapatero para transmitirle este mismo mensaje, añadió que Aznar "nos ha dicho que está totalmente de acuerdo con esta reflexión y que va a trabajar y está trabajando en la defensa de la libertad en el País Vasco y también en la búsqueda de entendimiento entre los partido constitucionalistas".

La presidenta de la Fundación, que se reunió durante más de 45 minutos con el presidente del Gobierno, subrayó la "gravedad" de la situación en el País Vasco y demandó el entendimiento de PP y PSOE "más allá de sus estrategias electorales y frente al nacionalismo gobernante" y "sus planes soberanistas e independentistas" de "amparo a Batasuna y al entramado terrorista".

En relación a si el presidente se decantó por alguna fórmula de entendimiento con el PSOE, como las listas conjuntas, Uriarte señaló que "el presidente no habló de fórmulas concretas" y "nosotros, como asociación cívica no queremos dar fórmulas a los partidos, ni interferir en sus estrategias electorales pero queremos insistir en el entendimiento, con las fórmulas que ellos consideren más adecuadas". Uriarte subrayó que en ambas entrevistas "queríamos comunicar, tanto al presidente de Gobierno como a José Luis Rodríguez Zapatero, nuestra reflexión cara a las elecciones municipales" y decir que aunque "en el País Vasco no hay condiciones de libertad e igualdad para los constitucionalistas" y la situación es de "enorme gravedad", es "necesario presentarse a las elecciones".

La presidenta de la Fundación para la Libertad insistió en que "hay que acudir a las elecciones para conquistar espacios de libertad", para mostrar "el auténtico pluralismo del País Vasco que los partidos nacionalistas muchas veces quieren ocultar" y para defender "el Estado de Derecho, las instituciones fundamentales y la Constitución".

Uriarte también se refirió al "heroísmo" de "todas esas gentes que se van a presentar en las distintas listas del Partido Popular y del Partido Socialista" y reiteró que "es muy importante que PP y PSOE consigan ser una alternativa y consigan llegar a las distintas instituciones municipales y forales".

Sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que convalida la Ley de Partidos y que permitirá la ilegalización de Batasuna, Uriarte dijo que esa decisión "nos alegra enormemente" y recordó que desde la Fundación "desde hace muchos meses defendimos la necesidad de esa Ley de Partidos y la acción decidida y sin complejos del Estado de Derecho para sacar de la legalidad a todos los grupos que no sólo apoyan el terrorismo sino que, además, están introducidos en el entramado terrorista, en este caso Batasuna".

Sobre el anuncio de cuatro sacerdotes de la diócesis de Vizcaya para ir en las listas del PSE-EE o del PP, Uriarte señaló que su valoración era "muy positiva" y además quiso expresar el agradecimiento de la Fundación "al resto de España por la enorme preocupación y solidaridad con el País Vasco que muestra constantemente".

A la entrevista con el presidente Aznar asistió una representación de la Fundación para la Libertad, encabezada por su presidenta Edurne Uriarte e integrada entre otros por Gernám Yanke, Teo Uriarte y Javier Elorrieta.

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