AGLI

Recortes de Prensa     Miércoles 19 Marzo  2003
La bolchevización de Zapatero
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 19 Marzo 2003

La soberbia del tirano
JAIME CAMPMANY ABC 19 Marzo 2003

Brindis
ALFONSO USSÍA ABC 19 Marzo 2003

Derechos contra emboscadas
AGAPITO MAESTRE ABC 19 Marzo 2003

La droga nacionalista
Gabriel Albendea es catedrático y escritor La Razón 19 Marzo 2003

Votos vascos huérfanos
Editorial El Ideal Gallego 19 Marzo 2003

Acabar con la impunidad
JOSÉ MARÍA CALLEJA La Voz 19 Marzo 2003

Savater sostiene que se ha ilegalizado HB porque era una demanda social
J. P. ABC 19 Marzo 2003

Francia redoblará su cooperación contra ETA pese a las discrepancias por el ataque a Iraq
Efe - Santa Cruz de Tenerife.- La Razón 19 Marzo 2003

El Gobierno vasco impone en el plan de estudios de Bachillerato la «Historia de Euskal Herria»
D. Mazón - Madrid.- La Razón 19 Marzo 2003

Las condiciones de la democracia
RAFAEL ITURRIAGA El Correo 19 Marzo 2003

De torturas y penas de muerte
IÑAKI PIERRUGUES BARBERÁN El Correo 19 Marzo 2003

La bolchevización de Zapatero
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 19 Marzo 2003

Una tradición cumplidamente secular del PSOE cuando está lejos o no advierte un acceso inminente al Poder es la de identificarse con la extrema izquierda, echarse al monte y convertirse en fuerza antisistema frente a los gobiernos de derechas. Frente a Maura como frente a Aznar, con Largo Caballero o con Zapatero, diríase que para el socialismo español no hay nunca diferencia entre Gobierno y régimen: si están en el Gobierno hacen suyo el régimen, hasta apropiárselo, pero si están fuera del poder se consideran fuera del régimen y no distinguen entre Gobierno y estado a la hora de atacarlo. Esa castiza tendencia extremista que, del brazo de Llamazares, reverdece ahora Rodríguez Zapatero tuvo su apogeo en lo que Besteiro bautizó como la “bolchevización del PSOE”, que llevó a su partido al golpe de Estado contra la República en 1934 y la deriva totalitaria del Frente Popular en 1936, tanto antes como después del 18 de Julio.

Besteiro y sus seguidores (como Gabriel Mario de Coca en “Anticaballero”) culpó a Largo y Prieto de buscar conscientemente la Guerra Civil en 1934 y en 1936 como vía para implantar una revolución de signo totalitario y bolchevique, corriendo el riesgo de perder la guerra y hundir a la nación después de haberse cargado la República. Los hechos dieron puntualmente la razón a Besteiro, pero una de las características del PSOE, compartida con los Borbones según el dicho popular, es que ni aprende ni olvida. El PSOE nunca ha pedido perdón a España por llevarla a la guerra civil y tampoco se ha arrepentido de su extremismo oportunista, que reitera una y otra vez cuando el poder parece escapársele o tardar en acercársele. La democracia que trajeron los franquistas (con la oposición de un PSOE rupturista) le ha brindado en el último cuarto de siglo ocasión sobrada de curarse de esa tentación totalitaria que parece anidar en su origen ideológico marxista. Ha estado más tiempo en el poder que en la oposición, pero nadie lo diría.

Hoy, el PSOE está en línea con las fuerzas de la extrema izquierda parlamentaria y el discurso de Zapatero ha pasado en sólo un año del consenso con el PP en la lucha contra el terrorismo y el separatismo, de la comprensión de la economía de mercado y del consenso occidental en materia de política exterior a las movilizaciones callejeras contra Bush y Aznar, así como al respaldo a Maragall y a Odón Elorza en su política de pacto incondicional con el nacionalismo y contra el PP. La “bolchevización” de Zapatero es un hecho. Que sea un episodio más en la historia de su partido o una tragedia más en la política española sólo el tiempo lo dirá. Pero, de momento, el tiempo no puede estar más revuelto.

La soberbia del tirano
Por JAIME CAMPMANY ABC 19 Marzo 2003

TIENE la misma soberbia que cegaba a Hitler. La respuesta arrogante de Sadam Husein al ultimátum de Bush no deja mucho resquicio a la esperanza. La paz parece ya imposible, y sabemos que el tirano de Bagdad no se rendirá, no abandonará su país y que se dispone a luchar hasta la última resistencia de su pueblo esquilmado, esclavizado y enardecido para la guerra. Incluso se ha permitido una bravata chulesca. Lo que podría haber sido el anuncio de un digno y numantino suicidio, lo ha convertido en una fanfarronada de fantoche. Sadam Husein se dispone a luchar contra el ejército más poderoso del mundo con una tropa de sacrificados bausanes.

Un mínimo sentido de la realidad, un último resto de responsabilidad política y algún vestigio de amor a su pueblo tendrían que haber impulsado a Sadam Husein a buscar un lugar donde refugiarse y dejar el paso libre a un régimen político en Iraq más cercano al sistema de libertades que propicia la democracia. La locura belicista y anexionista han hecho de aquel país un peligro para sus vecinos y para el equilibrio político del mundo actual. Su protección al terrorismo y su recurso a esa forma terrible de la guerra moderna, lo convierten en una indeseable fábrica de criminalidad organizada y amenazante para todo el mundo civilizado.

El terrorismo no conoce ninguna clase de fronteras, ni geográficas ni morales. Alguien tenía que acabar con esa doble amenaza, y Norteamérica, la víctima dolorosa del más espectacular ataque del terror, ha tomado sobre sí esa penosa obligación. La Organización de las Naciones Unidas, incapaz de hacer cumplir a Iraq sus propias resoluciones para lograr un desarme completo y efectivo de Sadam, ha dejado en soledad a la nación americana ante ese deber oneroso y abnegado. No sólo eso, sino que ha dado pie para que algunos países y algunos partidos políticos intenten convencer al mundo de que la actuación de Norteamérica en su presión militar sobre Iraq y en último término su intervención armada, quedaba fuera de la legalidad internacional.

Resulta difícil de creer, pero ha sido Francia, beneficiaria tan evidente de la intervención militar de Estados Unidos en una guerra en la que se jugaba el predominio en Europa de la democracia frente a la dictadura, la nación que le ha planteado esa guerra diplomática a la gran potencia americana, su aliada tan generosa siempre. Y no se ha conformado con oponer su criterio, su voto y su veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ha ido más allá y ha arrastrado a esa posición, primero a Alemania y después a Rusia y China.

Con esa actitud, Francia no sólo rompe la tradición de inmejorables relaciones con Norteamérica, sino que divide por la mitad las Naciones Unidas y las deja prácticamente inservibles para su función. Deja igualmente malparada la Alianza Atlántica, en cuyo seno también ha sembrado la desavenencia y los recelos. Y por último pone a la Unión Europea en una situación de escisión, o al menos de falta de entendimiento en un asunto tan importante como la guerra. A la soberbia del tirano se une aquí la de Francia. Oh, la grandeur.

Brindis
Por ALFONSO USSÍA ABC 19 Marzo 2003

DESPUÉS de veinticinco años de humillación y agresión al sistema democrático, el Tribunal Supremo ha acordado de modo unánime ilegalizar Batasuna por su constante amparo, connivencia y complicidad con la banda terrorista ETA. A los lamentos nacionalistas hay que sumar el de Gaspar Llamazares, que empieza a ser conocido en España como Gaspar Husein. El partido de Llamazares, que parece ser el comunista, ha tenido de siempre una especial predilección en el Parlamento vasco por Batasuna, y de ahí su limitada satisfacción por la decisión del Supremo. Me lo recordaba Fernando Arrabal, que fue miembro del PCE, durante su noche de los Cavia, poco después de protagonizar ante el Rey el más variopinto, representado y exótico discurso de cuantos se han pronunciado en ABC en la larga historia de sus premios. «No te olvides que la ETA, antes que separatista, es comunista». Y el parentesco siempre se instala en la ternura en los momentos difíciles.

Está por ver la predisposición a la obediencia legal del Gobierno de Ibarreche y el Parlamento presidido por Atucha. De golpe, el patrimonio de Batasuna tiene que ser liquidado y los representantes de la coalición terrorista, ya sean parlamentarios o munícipes, levantados de sus asientos. La trampa de cambiar de nombre a la coalición no puede sorprender la buena fe de las leyes, se llamen como se llamen y se escondan en las siglas que se escondan. Ahora pretenden presentarse, con el apoyo de Arzallus, bajo el disfraz de una plataforma, pero aventuro que la estrategia les va a salir sapo, que en vascuence se dice «zapo» -nada original-, o «kunkun» y «konkon», que son voces más integradas en la peculiaridad lingüística. Si a Ibarreche le dicen «cuidado, lehendakari, que va a pisar un «zapo»», lo lógico es que Ibarreche protagonice un escorzo muelle con el pie y salve la vida del batracio autóctono. Pero si le advierten «lehendakari, que va a pisar a un «konkon»», espachurra al sapo, y además se resbala, y encima enfada a los ecologistas. Que ésta es una ventaja más de la ilegalización de Batasuna. Que ustedes, queridos lectores, se han enterado de que «konkon» en vascuence es sapo, con la cantidad de cartas que he recibido coincidentes en ese anhelo común y siempre con la misma pregunta. -¿Cómo se dice sapo en vascuence? Pues ya lo saben: «konkon».

Superada la fase semántica de este escrito, bueno es volver al meollo o yema -en vascuence «gorringo», y aquí hay que reconocer un sobrado mérito de adaptación a la cultura occidental cimentada en Roma y Grecia-, y aplaudir sin reservas la expulsión de la legalidad de estos terroristas. Decía, y retorno a la semántica, que lo de «gorringo» es efectivamente peculiar. Supongan ustedes que tienen ante sí un huevo frito y un pedazo de pan. La dorada yema espera sus movimientos. Cuando toman el pan y se disponen a mojarlo en la yema del huevo, alguien les dice: «Buen provecho con el «gorringo»». Inmediatamente, si usted es una persona sensata, deposita el pan sobre la mesa, se incorpora, saluda con la mayor cortesía posible y sale corriendo a toda pastilla, porque lo del «gorringo», como menos, asusta. Pero me he vuelto a ir por las ramas, o los cerros de Úbeda, porque lo fundamental está ahí, ante nuestras alegrías, y no es otra cosa que la ilegalización de una coalición terrorista amparada por el burgués y beato nacionalismo vasco y por el agnóstico y pachuchísimo comunismo español, que hay que ver los compañeros de cama tan raros que se dan en las cosas de la política.

Alcemos las figuradas copas y brindemos por la ilegalización de estos canallas y los lamentos de sus cómplices. Así sea.

Derechos contra emboscadas
Por AGAPITO MAESTRE ABC 19 Marzo 2003

Ha funcionado la legalidad, pero no podemos estar tranquilos ante la maraña tejida por el nacionalismo contra el Estado de Derecho El asunto es obvio: Porque el nacionalismo vasco es una forma de emboscadura para destruir España, es necesario perseverancia y un ejercicio permanente de imaginación para no dejarse engañar por sus perversiones. Los nacionalistas cuestionaron la ley de Partidos Políticos aprobada en junio del año pasado, pero el pasado día 13 el Tribunal Constitucional avaló su constitucionalidad. ¡Negaban lo evidente! Sin embargo, por fortuna, la exigencia fundamental de la ciudadanía, esa categoría moral y política superior de la nación española, ha sido satisfecha por el Estado de Derecho. Por fin, Batasuna, antes Herri Batasuna y Euskal Herritarrok, y todas las agrupaciones electorales «que vengan a continuarlas y sucederlas», han sido ilegalizadas por decisión unánime del Tribunal Supremo por vulnerar la ley de Partidos Políticos.

Nadie, pues, ponga en duda la actuación escrupulosa de la justicia. El Estado de Derecho no ilegaliza un partido político por razones de ideología, sino porque ha incurrido hasta en nueve conductas prohibidas expresamente por esta ley. La ilegalización no es porque esas «formaciones políticas» no condenen a ETA, por cruel que nos parezca, sino porque hay pruebas suficientes que muestran la vinculación entre ETA y las formaciones políticas ilegalizadas.

Sin embargo, los ciudadanos, a tenor de las reacciones destempladas y chulescas del nacionalismo vasco, temen que los ilegalizados utilicen cualquier resquicio del Estado de Derecho para seguir destruyéndolo. Esperemos, pues esta misma ley les impida presentarse a las próximas elecciones. Pero sobre todo hagamos votos porque el Estado de Derecho, presupuesto y conquista de libertad, consiga que estos «ilegales», en algunos casos, criminales confesos y convictos, no burlen la esencia de la democracia, más aún de la política, la negación de la violencia.

La droga nacionalista
Gabriel Albendea es catedrático y escritor La Razón 19 Marzo 2003

Si para combatir a esa mafia carente de ideología que vive de la sangre ajena, a esa hidra de múltiples tentáculos que es ETA, se está viendo lo insustituible de la eficacia policial y jurídica para combatir, en cambio, con las armas dialécticas a quienes de modo más o menos consciente abanderan el nacionalismo y obstaculizan las leyes antiterroristas o dudan de la democracia española, no queda más remedio que tomarse con humor las crispadas sentencias, los zafios alegatos, amenazas y homilías e incluso los conatos racionales de los Arzalluz, Ibarretxe, Egibar, Anasagasti y demás de los pronacionalistas y compañeros de viaje de toda índole, como los Maragall, Elorza, Llamazares... El humor puede evitar muchos infartos a los españoles preocupados por el llamado problema vasco. Con humor y pena a un tiempo siempre he echado de menos la intervención de especialistas en sociopsiquiatría en el debate sobre el asunto. Porque es mucho más difícil explicar que el invento de un maniático acomplejado, arrepentido para más inri, de apellido Arana, haya drogado a supuestos intelectuales, políticos, asesinos y masas que el ascenso de Hitler al poder. Tan difícil que creo que nadie lo ha explicado todavía. Si no fuese porque el olvido de las víctimas anega las ideas más inofensivas en los abismos de la inmoralidad, tendríamos la obligación de leer con humor los dislates de tanto articulista que hace el juego al nacionalismo, supuesto alimento de los terroristas. La defensa cerrada del nacionalismo por parte de algunos que se dicen demócratas sin decirse nacionalistas, hace un flaco favor a la democracia y presta una ayuda inestimable a los supuestos demócratas nacionalistas y peor aún a los que carecen de toda credencial democrática. Sobre todo es preocupante cuando esa defensa parte de quienes debieran ser conocidos por sus sentencias más que por alardear de posiciones políticas. Aludiré a un hecho insólito. Me refiero a la agrupación de quienes tienen que impartir justicia en una especie de banderías partidarias con denominaciones tan extemporáneas y excéntricas como «jueces para la democracia». Como si hubiera jueces no demócratas.

Me limitaré a comentar aquí tres artículos que habría que tomarse más con humor que con irritación. El primero es uno del magistrado del Tribunal Supremo Martín Pallín, como ejemplo de que la ideología puede hacer estragos a la hora de razonar personas normalmente razonables. El artículo de marras se titula Democracias sin complejos (El País, 18/1/2003) y se refiere a la reforma del Código Penal pergeñada por el Ejecutivo popular. El mismo magistrado explica su título. «Con el pretexto de que no se deben tener complejos democráticos ante sangrientas actuaciones de las bandas terroristas se quiere transmitir a la opinión pública que las leyes son insuficientes, porque con ellas matar sale muy barato». Es curioso que sin más discusión el articulista defienda el Código del 95, terminado deprisa y corriendo por el PSOE, y que el mismo partido se ha prestado ya a corregir. Pues, sí, aunque el señor Martín Pallín no lo crea, lo reciente de la democracia española persigue a algunos hasta el punto de sentirse demócratas acomplejados, entre ellos él mismo. Porque lo que caracteriza al demócrata acomplejado es pretender ser más demócrata que nadie.

Para el magistrado «una regla de oro del sistema democrático exige que la respuesta penal sea proporcional a la gravedad de los hechos que sanciona y que el delincuente es una persona que tiene unos derechos». ¿Cuál es la pena proporcional al asesinato, por ejemplo? ¿La pena de muerte, la cadena perpetua, treinta o cuarenta años de reclusión que con los beneficios penitenciarios se reducen a diez? ¿EE UU no es una democracia porque lo sanciona con la pena de muerte, ni Francia, ni Alemania o Italia que lo hacen con cadena perpetua, a veces, tampoco? ¿Prefiere el magistrado que el Código Penal reformado introduzca la pena de muerte «nominativamente», como dice que ocurre en las democracias citadas? Seguro que si la reforma lo hiciera pondría el grito en el cielo. Porque no es sólo nominativa la cadena perpetua en los países citados, sino real mientras el delincuente no dé muestras de arrepentimiento, la única actitud que puede llevar a la reinserción social. Pero no es ninguna muestra de arrepentimiento del terrorista asesino dedicarse a «actividades culturales, laborales u ocupacionales». Eso es algo exigible a todo ciudadano simplemente para ganarse el pan con el sudor de su frente.

En cuanto al reconocimiento de derechos del asesino, pues las penas se agravan sobre todo para él, es una cuestión filosófica que Martín Pallín ni siquiera se plantea. ¿De dónde derivan esos derechos? ¿Son naturales, innatos o dependen de una sociedad concreta? La cita que hace de Kant me hace pensar que el magistrado cree en derechos naturales, como cree en la justicia abstracta kantiana. Como si las cárceles no existieran por su utilidad social, como defensa de la sociedad, sino para que se encame el concepto de justicia. Eso es platonismo puro.

Además, no se dice por qué «el proyecto de ley supera los límites marcados por los principios constitucionales». ¿Qué tiene que ver el atentado de las Torres Gemelas con la nueva reforma? No es verdad que se pretenda una rígida uniformidad legal en el cumplimiento de las penas. Pero sí se pretende eliminar la arbitrariedad, que ya produce alarma social, de ciertos jueces. No es verdad que la reforma impida el derecho de reinserción anulando los beneficios penitenciarios, sino que se trata de evitar que so pretexto de la reinserción que no es el único fin de la pena, se generalicen los beneficios penitenciarios a todo el que no tenga ningún ánimo de dejar de delinquir. Es conocida la ambigua posición socialista sobre la cuestión nacional periférica, que se refleja, por ejemplo, en artículos tan dispares como los del diputado socialista J. M. Vallés y G. Peces Barba. El primero parece predicar la reforma constitucional (Cultura constitucional, cultura federal. El País, 19/11/2002), mientras el segundo parece contentarse con el federalismo funcional que hay de hecho. (Los vascos y la Constitución. El País, 15/11/2002).

No se puede ocultar el carácter de contrato político social que tuvo en la transición el pacto entre partidos, incluidos los nacionalistas, sobre la Constitución y los Estatutos. El pretender hacerlo supone una profunda deslealtad moral a los acuerdos, lealtad que constituye la base de la convivencia social. Peces Barba nos recuerda en el citado artículo la falta de lealtad del nacionalismo periférico al proclamar el Estat Catalá en la Segunda República, así como las negociaciones vascas con Mussolini y su rendición temprana ante Franco. También acusa a Ibarretxe de deslealtad con su propuesta soberanista. Esa deslealtad supone un desprecio por las conductas democráticas. Inventarse la necesidad de una segunda transición hacia la autodeterminación o la independencia significa traicionar unilateralmente aquel contrato que introdujo la pacificación en un estado larvado de guerra, derivado del franquismo.

Una sociedad no puede estar reivindicando continuamente nuevos contratos sin riesgo para su estabilidad y su progreso. La Constitución española es demasiado joven y adelantada para necesitar de revisiones profundas como la que supondría la modificación del artículo VIII. Sólo cuando las condiciones sociales cambian hasta el punto de que se hace insostenible la paz con el contrato existente puede pensarse en revisarlo. J. M.Vallés, en un artículo «divertido», aconseja la necesidad de una reforma profunda de la Constitución porque «hay un cambio acelerado de las sociedades en el orden tecnológico, político-institucional, geoestratégico». Aparte de que no se sabe en qué pueden afectar esos cambios a la Constitución, ¿en qué le afectan unos cambios políticos que dependen de la propia Constitución? Resulta que «la Constitución es tributaria de conceptos como Estado-nación, soberanía, independencia, parlamentarismo, primacía de la democracia representativa y de los partidos políticos, conceptos jurídico-políticos desgastados por los hechos». Realmente es ultraprogresista este señor, casi un profeta. Porque ¿qué hechos han desgastado esos conceptos que obligarían no sólo a cambiar la Constitución española sino las de todos los países democráticos? ¿Cómo va a decirlo el señor Vallés si no lo sabe? Y creo que él ni nadie por ahora.

Para acabar me referiré a un artículo de Joseba Azcarraga, consejero vasco de Justicia (Una ley para el Norte. El Mundo, 29/5/2002), que es más difícil tomarse con humor. Él «no se cansa de explicar que un partido que pretende acabar con la Constitución y las libertades» (olvida decir que también con la vida) «no es inconstitucional». Acude al ejemplo de Le Pen en Francia, confundiéndose evidentemente y sabedor de que el Gobierno francés acaba de ilegalizar a un partido y que Embata, lo más parecido a Batasuna, fue ilegalizado hace mucho tiempo por pretender la desintegración del territorio nacional. O sea, que un partido como el PNV o EA quizá estaba ya ilegalizado en Francia por pretender lo mismo. Por si fuera poco, añade que «el Codigo Penal es suficiente para sancionar conductas delictivas», sin saber que poco después su gobierno iba a negarse a cumplir el auto del juez Garzón. Azcarraga expone las serias deficiencias legales de la Ley de Partidos, su inseguridad jurídica. Como la famosa pastoral de los obispos vascos augura «mayor crispación y enfrentamiento entre los vascos». Sin embargo, parece que está ocurriendo lo contrario, al menos en cuanto a los delitos terroristas. De gracietas impúdicas pueden calificarse las restantes reflexiones del Consejero, si no fuera por lo trágico de la situación creada por el nacionalismo y porque rozan el delito, como que «Aznar quiere mantener la brasa de la violencia». Tan poco entiende Azcarraga la democracia que acaba su artículo diciendo que «será ley lo que plazca a Aznar». Sólo que eso que place a Aznar está respaldado por la mayoría absoluta del Parlamento.

Votos vascos huérfanos
Editorial El Ideal Gallego 19 Marzo 2003

Lamentable. Con este calificativo define el Gobierno vasco la ilegalización de Batasuna, haciendo uso del derecho a la libre expresión que ampara la Constitución, pero zarandeando otro de los principios fundamentales de la Carta Magna: el respeto a la independencia del Poder Judicial. Dada la trayectoria del Partido Nacionalista Vasco, a nadie puede sorprender la actitud de defensa de quienes hacen de la democracia un instrumento aleatorio en el que tratan de escudar a un grupo de asesinos. Lo que sí se sale del guión de la sensatez es la réplica del socialista Odón Elorza, que va más allá y defiende el derecho de la izquierda abertzale a presentarse a las elecciones en ciernes. Precisamente la inminencia de la cita con las urnas alimenta más de un argumento para la puesta en escena de la fractura política que vive Euskadi. Tras la decisión del Supremo, un buen puñado de votos se quedan huérfanos y en la lucha por esa porción de pastel nacerán actitudes al menos indecorosas. Pero hay una circunstancia que supera todo el entramado de posiciones a favor o en contra, un derecho que prevalece por encima de muchos otros: la consideración de la vida. El nacionalismo radical tiene muchas asignaturas pendientes y sólo a sus responsables les corresponde saldar dichas deudas. Es cierto que cualquier idea es defendible en la misma medida y con los mismos mecanismos que las demás. Pero lo es en la medida en que acepta las reglas del juego y el terrorismo se sitúa al margen. Mientras Batasuna o sus futuros bastardos políticos no renuncien a la violencia, no tienen sitio.

Acabar con la impunidad
JOSÉ MARÍA CALLEJA La Voz 19 Marzo 2003

LA ILEGALIZACIÓN de Batasuna, por decisión unánime del Tribunal Supremo, repara tardía y parcialmente a las víctimas del terrorismo nacionalista, achica los espacios de los que han vivido del crimen durante tantos años y da satisfacción a decenas de miles de demócratas, hartos ya de estar hartos ante tan reiterado espectáculo de impunidad.

Los órganos de agitación y propaganda del nacionalismo radical, mate o no mate, están en pleno rasgado de vestiduras. Unos, los que no matan, el PNV-EA, por esa querencia irreparable que tienen por el victimismo y con el que pretenden encubrir la alegría íntima que les provoca la certeza de que el cierre de la barraca nacionalista violenta les dará más votos. Otros, los que matan, ex Batasuna, porque perciben que las prerrogativas se acaban y que el aprovechamiento de los intersticios que ofrece del estado de derecho para la destrucción de la democracia, toca a su fin. Incluso dentro del campo democrático hay quien siente un cierto temor de que la medida enfade a la bestia. Lo cierto es que la bestia ha asesinado a novecientas personas sin estar ilegalizada, lo innegable es que el terrorismo asesina en democracia infinitamente más que en dictadura -datos cantan-, y lo irrebatible es que el terrorismo ha asesinado más cuando más impunidad ha tenido, cuando más debilidad ha percibido en el campo democrático.

La ilegalización se produce como consecuencia de una ofensiva combinada de Gobierno -ley de partidos-, Congreso -aprobación mayoritaria- y Justicia -sentencia del Supremo-, que ponen a las instancias fundamentales del sistema democrático al servicio de una demanda ciudadana planteada desde hace tiempo: acabar con la impunidad.Lo cierto es que Batasuna era una apariencia de partido. Los partidos son una especie de pacto para evitar el enfrentamiento a garrotazos. Digamos que creamos los partidos para mantener la democracia y para que las diferencias no acaben en guerra civil. Pero resulta que este partido ilegalizado es pura guerra, es pura violencia, encubierta con manto de partido para aprovechar todas las ventajas de la democracia, sin asumir ninguno de sus inconvenientes: autocontrol, renuncia a objetivos máximos, vocación de convivir civilizadamente con los otros, que serían adversarios y no enemigos.

Los nacionalistas dicen solemnemente que es el primer partido prohibido desde la transición. Claro, de la misma forma que es el único que apoya la producción de muerte en régimen industrial, el único que nutre miembros a ETA, el único que decide la estrategia con los que asesinan, el único que sirve de reposo a etarras quemados que luego vuelven a delinquir; léase Josu Ternera.A partir de ahora muchos de los que se apuntaban a este partido, para ponerse a salvo de sus atentados, para alardear por estar con los chulos del pueblo y, sobre todo, espoleados por la impunidad, van a tener más de un motivo para pensarse su eventual incorporación a este entramado criminal en el que hasta ahora resultaba gratis acampar. Se acaba un espacio más de impunidad, a este paso, el frotar se va a acabar.

Savater sostiene que se ha ilegalizado HB porque era una demanda social
J. P. ABC 19 Marzo 2003

MADRID. El portavoz de ¡Basta ya! Fernando Savater declaró ayer que la Ley de Partidos que ha posibilitado la ilegalización de Batasuna no ha sido consecuencia de una «idea brillante» que se le ocurrió al Gobierno, sino la respuesta a una demanda que muchos ciudadanos vascos venían realizando desde hace tiempo.

Savater comentó que el terrorismo «no es cosa de un grupo de individuos a los que les ha dado un ataque de ferocidad», sino «una trama mafiosa, formada por empresas, partidos, periódicos..., que está instalada en la sociedad vasca y contra la que se ha empezado a actuar». «Por eso dura tanto», sentenció. En opinión del filósofo donostiarra, «es una estupidez eso de que todas las ideas son legales y por tanto hay que respetarlas», como sostienen los nacionalistas. Por ejemplo, «si se considera una idea que hay que exterminar a los convecinos, pues habrá que decir que esa idea es ilegal». Y en este sentido, Batasuna, cómplice del terrorismo de ETA, «está fuera de la legalidad». Según el portavoz de ¡Basta ya!, esa «idea ilegal, que defiende la violencia o que sostiene que España es un país invasor, enemigo de los vascos, no debe enseñarse en las escuelas, ni propagarse a través de los medios de comunicación, ni recibir subvenciones» por parte del Gobierno vasco.

En la presentación en Madrid del libro «¡Basta ya!. Contra el nacionalismo obligatorio», Savater recordó que esta plataforma cívica no se limita a proclamar en la calle «no a ETA», sino que además está a favor del Estado de Derecho, de las víctimas, de la Constitución y el Estatuto. Y a lo largo de su trayectoria, dijo, ha ido consiguiendo «hitos»: salir a la calle para gritar «ETA fuera», cuando a lo más que se llegaba era a concentrarse en silencio. y, más recientemente, manifestarse contra el «nacionalismo obligatorio».

Savater rechazó que en el País Vasco no haya alternativa al nacionalismo. Más bien al contrario, existe, respaldada con más votos y con «un mayor consenso», en torno a la Constitución y al Estatuto de Autonomía.

«Intelectuales intempestivos»
El presidente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, Mikel Azurmendi, recordó cómo no hace mucho los familiares de las víctimas tenían que decir «era una buena persona», como forzados a justificarse y a demostrar su inocencia. «Del silencio se pasó a la eclosión de intelectuales intempestivos, a la energía literaria», con lo que «la característica ya no era el silencio, sino la energía de la voz» para denunciar los crímenes de ETA. Según Azurmendi, esa etapa «se focaliza en Ermua». Pero, en su opinión, tras el asesinato de Joseba Pagazaurtundua había que «quemar etapas» y ahora muchos vascos piden responsabilidades al Gobierno nacionalista.

El periodista José María Calleja dijo que ¡Basta ya! «ha permitido a muchas víctimas y ciudadanos vascos salir del armario del miedo». Antes, según recordó, «en un macabro reparto de papeles, el régimen nacionalista permitía llorar a los familiares de las víctimas durante las 72 horas posteriores al asesinato, musitar un poco, a poder ser algo del estilo de «espero que la sangre de mi hijo sea la última derramada» y después, guardar silencio». Calleja denunció que durante aquellos años, «la muerte hacía gracia a mucha gente».

«Miserable de guardia»
Hasta el extremo de que cuando en un atentado resultaban muertos tres guardias civiles y heridos dos agentes, «siempre había un miserable de guardia para decir algo así como «tres goles y dos postes»». Pero, según dijo, ¡Basta ya! «pretende que los asesinatos de ETA no salgan gratis y por ello denunciamos al régimen nacionalista en el que se producen». «Somos muy tercos, nos están matando ordenadamente, pero no nos vamos a callar».

Por su parte, la profesora de la Universidad del País Vasco Edurne Uriarte destacó la «pluralidad ideológica» que hay en ¡Basta ya!. No obstante, se lamentó que «hay todavía mucha gente en el silencio, y lo estará hasta que ETA desaparezca». También «hay una enorme presión del nacionalismo que no quiere escuchar la denuncia». Llegado a este punto, Edurne Uriarte ve, pese a ello, motivos para el optimismo al constatar que existe una «revolución lenta, pero en marcha».

Francia redoblará su cooperación contra ETA pese a las discrepancias por el ataque a Iraq
Efe - Santa Cruz de Tenerife.- La Razón 19 Marzo 2003

El embajador de Francia en España, Olivier Schrameck, dijo ayer que ninguna forma de cooperación entre ambas naciones está en peligro por las discrepancias ante la guerra en Irak, y afirmó que su país reforzará la cooperación en la lucha contra el terrorismo y la inmigración ilegal. Olivier Schrameck señaló en conferencia de prensa con motivo de la visita que realiza a Canarias, que el hecho de que precisamente se produzca su viaje en un contexto «muy difícil» debe aparecer «como un símbolo de la amistad muy profunda e íntima entre Francia y España». Aseveró que «la crisis de ahora no es de las relaciones» entre los dos países, pues «aunque nadie puede negar que hay discrepancias entre los gobiernos español y francés» debido al conflicto de Irak, no se trata de un problema bilateral, sino de una percepción diferente del mundo y del desarme de un país.

El embajador francés en España añadió que «no está en juego» ninguna forma de cooperación entre los dos países y, especialmente, en el ámbito de la lucha contra el terrorismo, asunto en el que Francia «es el principal aliado de España» y tiene la intención de reforzar su colaboración en este terreno «cada año y cada mes, por encima de las discrepancias sobre Irak». Además, apuntó que Francia también tiene la pretensión de reforzar su presencia policial en la lucha contra la inmigración irregular en España, y calificó de «realmente excelentes» las relaciones entre los ministerios de Interior de ambas naciones.

Olivier Schrameck se mostró optimista ante las relaciones franco-españolas y expresó su convencimiento de que la crisis actual se debe superar dentro de Europa, porque ambos países son «líderes en la construcción europea», y en el contexto mundial, porque Francia y España «son modelos de democracia frente a los países que pueden amenazar la estabilidad internacional».

Preguntado por la actitud de Washington ante el rechazo francés a la guerra en Irak, el diplomático reconoció que ha habido «presiones» por parte de Estados Unidos y advirtió de que esta postura no ha provocado cambios entre los empresarios franceses. Detalló que el comercio galo está convencido de «la enorme importancia» de su cooperación con España, ya que Francia es el segundo suministrador, el primer cliente y el tercer inversor en el mercado hispano, lo que constituye una realidad «que la crisis no puede cambiar de ninguna manera».

El Gobierno vasco impone en el plan de estudios de Bachillerato la «Historia de Euskal Herria»
D. Mazón - Madrid.- La Razón 19 Marzo 2003

El Gobierno de Juan José Ibarreche ha decidido incluir la «Historia de Euskal Herria» entre las asignaturas que los alumnos de Bachillerato podrán elegir «para completar la Historia de España» que aprenden obligatoriamente. Tal y como aparece en el Boletín Oficial del País Vasco del pasado dieciséis de enero, la consejera de Educación, Ángeles Iztueta, dispone la inclusión de la asignatura de «Historia de Euskal Herria» como materia optativa común a todas las modalidades de Bachillerato. La oferta de esta nueva materia pretende «colaborar para lograr la madurez personal y ética de los alumnos». El Partido Popular ya ha demandado ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la iniciativa del Ejecutivo de Vitoria porque «han sobrepasado su competencia, que es la de la Comunidad Autónoma».

Para aprender la nueva asignatura ofertada, los alumnos contarán con una serie de procedimientos tales como «juegos de simulación, comentarios de texto, debates, mesas redondas y los análisis de proyecciones de todo tipo» que complementarán el programa diseñado. Entre los objetivos planteados que busca la nueva materia se incluye el «fortalecimiento del diálogo razonado y ayuda para debatir las ideas en un clima de libertad» o «la capacidad de ver que ante los problemas que tenemos hoy en día, las vías más adecuadas para superar los conflictos son el diálogo y la participación activa».

Pero la parte que más críticas ha levantado entre los expertos consultados por LA RAZÓN la ocupan los contenidos, en los que se incluyen varias referencias a Navarra, algo que para las fuentes citadas es como «si en Extremadura estudiaran la historia de Huelva». El desarrollo de la nueva materia comienza en la Prehistoria, donde se incluye el estudio de «el modelo de protovasco ejemplar» o «dónde y cómo se creó el euskera». Más adelante, los alumnos podrán estudiar la «creación del Ducado de Vasconia» y «la creación del reino de Navarra». Dentro del apartado de «Euskal Herria en la Edad Contemporánea», el programa incluye «el Estatuto de Guernica», «la Ley de Territorios Históricos» y «la Ley de Amejoramiento de Navarra». Asimismo, se incluyen entre los contenidos «los problemas originados por las tendencias demográficas modernas» y un capítulo dedicado exclusivamente a «el nacionalismo vasco. Creación y desarrollo del nacionalismo. Del vasquismo de Larramendi al posterior a Arana».

Entre los contenidos actitudinales, el Ejecutivo de Ibarreche valora que «los puntos de vista e interpretaciones son provisionales y relativos, y que por ello las consecuencias deben ser rehechas constantemente. Revisar las consecuencias y corregir los prejuicios y estereotipos». Asimismo, el plan de la nueva asignatura incluye «valorar que con vistas a solucionar los problemas y los conflictos, las actitudes más adecuadas resultan las del diálogo y la discusión».

Por último, entre los criterios de evaluación, el programa incluye «tener conocimiento de los diversos territorios de Euskal Herria y tener en cuenta las especificidades de cada territorio», «el conocimiento de los acontecimientos políticos, jurídicos e institucionales de la historia de Euskal Herria», «saber valorar la aportación que ha realizado la cultura de Euskal Herria a la cultura humana universal» y «ver que ciertas actitudes discriminatorias pueden dar lugar a conflictos. Otras actitudes, por el contrario, pueden ser una vía de solución, por ejemplo el diálogo».

Las condiciones de la democracia
RAFAEL ITURRIAGA /PROF. DEL DPTO. DE Cª POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN UPV/EHU El Correo 19 Marzo 2003

El concepto de democracia ha dejado de constituir la referencia de un sistema concreto de gobierno para convertirse en lo que el profesor Lucas Verdú denomina un «principio de cultura». Para nosotros, democracia es sinónimo de civilización. Ni se nos pasa por la cabeza que un país desarrollado tenga un régimen político no democrático, por lo que pierde importancia su morfología concreta, lo fundamental será, ahora, la 'sustancia', la calidad democrática del sistema político en que se viva, sea republicano o monárquico, unitario o federal, etcétera. Desde esta perspectiva interna, material y no formal de la democracia, la cuestión consistirá en evaluar la medida en que se hacen presentes unas condiciones 'canónicas' indicadoras del grado de calidad democrática, tanto, por ejemplo, de una norma constitucional, como de una situación dada.

El politólogo Adam Przeworski ha determinado con acierto y sencillez que estas condiciones son la representación, el mandato y el control. Representación señala la necesidad de que el poder político, que reside en la ciudadanía, sea ejercido de modo delegado por representantes libremente elegidos por el electorado. El mandato supone que el poder ejecutivo no sea autónomo y esté constreñido al desarrollo de políticas determinadas por el pueblo a través de los procesos electorales y de sus representantes electos. El control, en fin, implica que el titular de la soberanía tenga la seguridad de que las posibles desviaciones respecto de sus mandatos puedan ser detectadas y corregidas eficazmente, tanto a través del control del gobierno por el órgano representativo como mediante una suficiente separación e independencia del poder judicial, etcétera.

La representación necesita, por su parte, de sufragio libre, potestad legislativa y presupuestaria y supremacía política respecto del poder ejecutivo. Y, para que se pueda hablar de sufragio democrático, encontramos, asimismo, los clásicos requisitos de que éste sea universal, libre, igual, directo y secreto. Sólo un sufragio de este tipo garantiza el derecho fundamental de todo ciudadano a participar en los asuntos públicos tal y como, por cierto, señala el artículo 23 de nuestra Constitucion. Condiciones que, evidentemente, son exigibles en cualquier proceso electoral.

La pregunta que se plantea, entonces, es: ¿podemos afirmar que en todos y cada uno de los municipios de Euskadi se producen las condiciones de universalidad, libertad, igualdad y secreto que hacen que el sufragio -activo (elegir) y pasivo (presentarse para ser elegido)- pueda ser considerado válido?

La cuestión tiene una enorme importancia para la democracia misma en Euskadi y en España, porque si las fuerzas políticas presentan sus candidaturas y los electores acuden de modo suficiente a las urnas en el día de los comicios, el proceso electoral queda legitimado y de nada sirven lamentaciones ni comentarios posteriores que vayan a echar sombras indemostrables sobre la validez del proceso electoral. 'Vox Populi Vox Dei'. No pueden sostenerse simultáneamente dos discursos tan radicalmente contrarios y excluyentes como que en determinadas zonas del País Vasco (si no en todo él) buena parte de los ciudadanos viven amenazados y faltos de libertad y, por otro lado, que los partidos van a comparecer a las próximas elecciones, 'por encima de todo'.

Si somos conscientes de que esa falta de libertad y ese clima de opresión coacciona severamente la igualdad política es nuestro deber cívico denunciarlo, impidiendo que el atentado se consolide y otorgue a unos u otros un poder político ilegítimamente obtenido. Si no se dan las condiciones de la democracia, no queda otro camino que suspender su trastornado ejercicio y recuperar, antes que nada, la garantía de los derechos fundamentales.

¿Cómo hacerlo? A mi juicio, es necesario pasar de una argumentación filosófica y generalista sobre la falta de libertad a una impugnación concreta ante la Junta Electoral, organismo cuya finalidad no es otra que la «garantía de la transparencia y objetividad del proceso electoral» (art. 8.1 de la L.O. 5/1985 del Régimen Electoral General) y que tiene, entre otras, la misión de «resolver las quejas, reclamaciones y recursos de los ciudadanos» (art. 19.h).

Las fuerzas políticas o grupos de electores que consideren coaccionada gravemente su libertad de sufragio deben hacerlo constar mediante el correspondiente recurso electoral, muy particularmente al inicio del procedimiento, recurriendo la proclamación de candidaturas, manifestación primera del derecho a ser elegido, que ha de ejercerse con plena libertad para que pueda ser considerada válida (arts. 44 y 49 de la LOREG).

Es importante constatar que la resolución de proclamación que dicta la Junta Electoral puede ser recurrida en unos plazos brevísimos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo y, en su caso, en amparo ante el Tribunal Constitucional, obligando de este modo a que la cuestión abandone el mundo puramente especulativo y tome cuerpo allá donde se ventila la seguridad jurídica de los ciudadanos: los tribunales de Justicia.

Así pues, si consideramos que existe una coacción inaceptable, nuestro deber es invocar la intervención del Estado de Derecho para que se restablezcan las condiciones democráticas (art. 24 CE) y someternos, disciplinada y esperanzadamente, a sus designios.

En caso contrario, lo que debemos hacer es callar, pues mantener incoherentemente ambos discursos desmoraliza gratuitamente al ciudadano que presta oídos a un mensaje catastrófico para ver como luego los partidos se hacen trampas a sí mismos.

De torturas y penas de muerte
IÑAKI PIERRUGUES BARBERÁN/MIEMBRO DEL COMITÉ NACIONAL DEL PSE-EE El Correo 19 Marzo 2003

Mi inicio en la política comenzó en el año 1975, cuando tenía 17 años. Fue con motivo de las cinco últimas penas de muerte de la dictadura franquista; tres miembros del FRAP: Baena, Sánchez-Bravo y García Sanz, y dos miembros de ETA: Txiki y Otaegi. Fui detenido por echar propaganda en contra de los fusilamientos que firmó el Generalísmo unos meses antes de morir. Pasé ocho días en la antigua Comandancia del barrio del Antiguo, en San Sebastián. Ocho días de torturas de todo tipo hasta pasar a la cárcel de Martutene, acusado de asociación ilícita, con una pena de tres años y un día. Que luego fueron tres meses ante el indulto por la muerte de Franco.

La pena de muerte estaba vigente en España desde la Ley franquista del 5 de julio de 1938, que defendía la 'generosa' implantación de la misma y criticaba la abolición llevada a cabo por la 'nefasta República'. Para Franco y sus políticos la abolición de la pena de muerte «no se compaginaba con la seriedad de un Estado fuerte y justiciero». Algunos historiadores han hablado de unos 30.000 fusilamientos autorizados por aquel general superlativo después del 1 de abril de 1939, una vez terminada la guerra 'incivil'. Y si esto fue así, ¿cómo no iba a ser la tortura una práctica habitual del régimen franquista?

Una vez que se hizo la transición a la democracia, ambas cuestiones, la tortura y la pena de muerte, quedaron abolidas con la Constitución española de 1978. Tanto en lo dispuesto en su artículo 10 por los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España, como por su artículo 15, donde dice que, «todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra». Y si se produce tortura, es un delito tipificado en el Código Penal.

Estos derechos fundamentales vienen garantizados por la Constitución por medio de la tutela judicial ordinaria y por el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Porque no hay derecho en plenitud si su titular no puede pedir protección (amparo) para tal derecho. Y protege a cada titular de un derecho fundamental o libertad pública frente a cualquier violación que contra ellos hayan producido con sus acciones u omisiones los poderes públicos. En eso se basa esa creación cultural y civilizadora que llamamos Estado democrático de Derecho. Todos debemos contribuir a su conformación exigiendo su respeto y su profundización democrática. De hecho, ha sido así con las sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo.

Sin embargo, casi 25 años después de la aprobación de la Constitución, los únicos que, amparándose en la impunidad, han continuado torturando sistemáticamente (secuestrando, extorsionando, atentando contra las personas, los bienes públicos y privados, obligando a una parte importante de la población a irse de su tierra y a protegerse mediante escoltas, condenando a la pena de muerte a la mitad de la población y asesinando a más de 900 personas, sin juicio previo y sin ningún tipo de garantías), ha sido precisamente ese reducto que quedó del franquismo en nuestro país: el nacionalismo étnico, totalitario y fascista de ETA y su entorno. Un movimiento totalitario que utiliza el terror y su propaganda para destruir la pluralidad de los individuos, y para hacer de todos nosotros uno.

Porque, a fin de cuentas, el nacionalismo etnicista y excluyente -que es la base del fascismo-, en una actitud restauradora, quimérica y reaccionaria, nos quiere retrotraer a épocas precedentes a la creación de los Estados-nación, al Antiguo régimen. Y tiene la misma teología que la que apoyaba al Santo Oficio de la Inquisición, censor y juez de la ortodoxia, brazo teocrático de la monarquía absoluta. Y al igual que los teólogos de aquellos siglos, 'desde la cumbre de su sabiduría', justifica sin titubeos la pena de muerte y sostiene que ETA debe imponer y ejecutar la pena capital, bajo el pretexto de salvar nuestra alma, incluso aunque sepan, por revelación divina, que «el malhechor por ellos condenado va a descender derecho a los infiernos».

Un ejemplo de lo que estoy diciendo fue el asesinato de Francisco Tomás y Valiente, presidente del Tribunal Constitucional, que en el año 1977, cuando ya se estaba discutiendo el borrador de la Constitución española y aún no había aparecido en él la abolición de la pena de muerte, estuvo tratando de constituir con toda legalidad una asociación contra la pena de muerte, para mover a la opinión pública y a los partidos políticos para que la declarasen ilegítima en el texto mismo de la Constitución. O cuando, en febrero de 1994 prologaba por segunda vez su libro sobre la tortura en España, decía que: «siempre he pensado que si hay alguno de los derechos fundamentales que es absoluto, ése es el derecho a no ser torturado. Nunca. Nadie. Sin excepciones casuísticas ni límites difusos: en ningún caso». ¿Por eso lo asesinó ETA? ¿Por eso nos asesina ETA? ¿Por eso algunos dirigentes del nacionalismo gobernante temen más a España que a ETA?

Recortes de Prensa   Página Inicial