AGLI

Recortes de Prensa     Sábado 29 Marzo  2003
Contra ETA hasta el final
Editorial ABC 29 Marzo 2003

El odio a la libertad
IGNACIO SÁNCHEZ CÁMARA ABC 29 Marzo 2003

Razones geoestratégicas de una crisis
Gustavo de Arístegui La Razón 29 Marzo 2003

Batasuna ya es ilegal
Miguel Ángel Rodríguez La Razón 29 Marzo 2003

Batasuna, sentenciada
Editorial El Correo 29 Marzo 2003

Un paso al frente contra la impunidad
JOSÉ MARÍA CALLEJA La Voz 29 Marzo 2003

La descomposición de la Universidad

EDITORIAL Libertad Digital  29 Marzo 2003

El Supremo ordenará la disolución de Batasuna en el Parlamento vasco
J. Prats - Madrid.- La Razón 29 Marzo 2003

El Supremo avala la causa de Garzón contra la coalición abertzale
J. Prats - Madrid.- 29 Marzo 2003

Fichajes electorales
TONIA ETXARRI/ EL Correo 29 Marzo 2003

José María Michavila: «ETA no volverá a tener votos en las urnas»
N. COLLI ABC 29 Marzo 2003

Mayor Oreja, Redondo Terreros y Garzón apuestan por solidaridad ciudadana para acabar con el terror en Euskadi
Valdepeñas (Ciudad Real) La Estrella Digital 29 Marzo 2003
 

Contra ETA hasta el final
Editorial ABC 29 Marzo 2003

LA notificación de la sentencia de disolución de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna ha permitido confirmar las mejores impresiones que provocó la pasada semana el conocimiento de que la Sala Especial del Tribunal Supremo había decidido por unanimidad estimar las demandas presentadas por el Ministerio Fiscal y el Gobierno, este último a instancia del Congreso de los Diputados. El extenso y detallado razonamiento de los magistrados no se corresponde con el prejuicio político que le reprochaban los partidos demandados y el nacionalismo vasco en su conjunto. La sentencia acoge una motivación que ha discriminado los medios de prueba según su fiabilidad y objetividad, primando la prueba documental sobre la testifical. Los hechos han sido matizados en función del resultado de la actividad probatoria, quedando agrupados en un antes y un después de la Ley de Partidos, lo que ha permitido superar satisfactoriamente el riesgo de la retroactividad de la norma, al amparo de la «trayectoria histórica» de los partidos demandados, que la Ley prevé no como causa de disolución sino de definición del contexto histórico juzgado. Por eso, la sentencia se centra en veinte hechos acaecidos con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Partidos, acreditados todos ellos con medios de prueba irrefutables, como comunicados de los partidos demandados, informaciones periodísticas e informes de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Al final, los magistrados han concluido que el entramado batasuno era un instrumento de ETA, creado por la banda terrorista y dirigido por su cúpula, y a tal naturaleza instrumental respondían las conductas que han desembocado en la disolución judicial de los partidos demandados.

El Supremo ha sabido trasladar a su sentencia las consideraciones del Tribunal Constitucional para aplicar correctamente la Ley de Partidos, aportando sus propios criterios de constitucionalidad sobre el alcance de la Ley -sólo a comportamientos y no a ideas- y la finalidad de la misma -proteger el sistema democrático-. La complementariedad entre ambas sentencias se constata en la matizada aplicación del artículo 9 de la Ley de Partidos, bien visible en el relieve de los comportamientos auxiliares de la estrategia de ETA, la preferencia por los medios de prueba documentales y la selección de hechos por la notoriedad de su ilicitud. La sentencia defraudará a quienes esperaban algo parecido a un decreto ejecutivo, como el que la legislación francesa permite al presidente de la República para ilegalizar un partido, y se han encontrado con un veredicto razonado, motivado y constitucionalizado en la doble vertiente que representan la propia Constitución de 1978 y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, muy presente a través de la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo.

SIN embargo, las exigencias del Estado de Derecho no se agotan con esta sentencia. Hay que llegar hasta el final, con todas las consecuencias. Ahora hay que ejecutarla en sus propios términos, como ordena la Constitución, y eso implica la clausura de sedes y locales de los partidos demandados, la persecución del fraude de ley que puedan intentar con formaciones mutantes de urgencia, la liquidación de todo su patrimonio y la inclusión de los partidos disueltos en la lista europea de formaciones terroristas. Hay que hacerlo por principio, sin relativizar los imperativos de la legalidad por el temor a la radicalización de los grupos abertzales y de ETA. Ya no pueden radicalizarse más.

NUNCA se había llegado tan lejos en el desmantelamiento de las tramas de ETA y puede que alguien sienta vértigo al descubrir la capacidad de respuesta del Estado y caiga en la tentación de sucumbir a la teoría de la crispación. El nacionalismo siempre ha manejado con soltura el sentimiento de culpa de las víctimas, basado en la transferencia de responsabilidades de los terroristas a los asesinados, y ahora que éstas se han sobrepuesto a su resignación pretende nuevamente acallarlas con la sutil advertencia de que puede ser peor si protestan. Pero no es peor. Si hace años este esquema funcionaba, ahora las cosas han cambiado, porque ha empezado la hora de pedir cuentas. La sentencia del Supremo es la primera gran manifestación de ese cambio real, tan temido por algunos, que no ha sido otro que el del compromiso del Estado de Derecho con las víctimas del terrorismo y con la defensa efectiva de las libertades en el País Vasco. Las leyes no pueden ser árbitros neutrales en un proceso de degradación de la libertad; no pueden comportarse como apaciguadores de una riña, porque de este talante candoroso únicamente resulta beneficiado el agresor. En un sociedad democrática, las leyes sólo pueden aspirar al imperio de las libertades y de los derechos individuales, arrebatando sin contemplaciones al terrorismo cada palmo de terreno que éste ha ganado tanto por su violencia como por la pasividad de los débiles y de los cómplices.

El odio a la libertad
Por IGNACIO SÁNCHEZ CÁMARA ABC 29 Marzo 2003

DICEN que la primera víctima de todas las guerras es la verdad. No es extraño, pues la mentira es un arma poderosa y la propaganda, un efectivo instrumento bélico. Las guerras también se libran en el ámbito de las conciencias y hay quienes no dudan en incluir a la mentira entre las artes de la persuasión. En España, la primera víctima que se ha cobrado la guerra de Iraq es la libertad, al menos la de los simpatizantes, militantes y dirigentes del Partido Popular, el más votado por los españoles, el que ostenta legítimamente la mayoría absoluta y el que sustenta al Gobierno legítimo de todos los españoles. Nada de esto queda invalidado por el hecho de que su actitud hacia la guerra, unida a una fuerte manipulación de los hechos y a una intensa propaganda ideológica, haya provocado un notable rechazo ciudadano.

Un sector del movimiento pacifista, para ser más exactos el habitual grupo de la extrema izquierda violenta y antisistema, se está adueñando de todo él y está imponiendo sus consignas y sus estrategias. Los hechos son conocidos. Agresiones físicas y verbales, coacciones, asaltos a sedes del PP, violaciones del derecho a la libertad de expresión son las manifestaciones de una agresividad y un odio que se encontraban latentes. Curiosa forma ésta de defender la paz a pedradas e injurias. Nada de esto le es imputable directamente a la oposición socialista. No cabe quizá decir lo mismo de la comunista. Pero, sentada sin restricciones la licitud del ejercicio del derecho de manifestación, quienes comparten cabecera y convocatoria asumen también una responsabilidad compartida. La mejor de no tener que lamentar compañías indeseables es evitarlas. Por lo demás, la violencia física suele seguir a la verbal con inexorable docilidad. Los asaltos a sedes y las agresiones a dirigentes del PP no son sino la consecuencia natural de las injurias que se exhiben en algunas pancartas. Llamar asesinos a aquellos de quienes se discrepa es método totalitario y criminal. No cabe negar la buena voluntad de muchos manifestantes, acaso la mayoría, pero tampoco cabe negar sin faltar a la verdad que lo que allí prevalece más que el pacifismo es el odio al capitalismo, al liberalismo, a la civilización occidental, especialmente angloamericana, y al Gobierno de España, y la agitación de banderas republicanas, comunistas y anarquistas. Quienes acompañan a esa marabunta y no le ponen coto se hacen responsables políticos de sus desmanes. Aquí parecen invertirse los papeles y los «belicistas», con mayor o menor fortuna, dialogan y argumentan, y una parte de los «pacifistas» agreden y coaccionan.

Si no me equivoco, todo procede en gran medida de la arrogancia de quienes se erigen en conciencia moral y destierran a los discrepantes a las tinieblas de la inmoralidad. Claro que estamos ante un debate moral. Incluso cabría admitir que la evidencia parece poner los mejores argumentos del lado de la oposición a la guerra. Pero no es lícito negar la existencia de razones morales en el otro lado. No hacerlo así es puro dogmatismo totalitario. Por lo demás, el conocimiento de los hechos decisivos para la evaluación moral de la guerra es muy difícil. Nos movemos más bien por motivos de confianza hacia países y dirigentes o incluso por prejuicios. Precisamente por eso, es preciso recurrir a la terapia correcta: inteligencia frente a cerrazón, hechos frente a medias verdades, tolerancia frente a dogmatismo, y modestia frente a arrogancia. En suma, libertad frente a totalitarismo. De momento, lo que ha generado esta catástrofe bélica en España es un renacimiento del odio a la libertad.

Razones geoestratégicas de una crisis
Gustavo de Arístegui, Portavoz de Asuntos Exteriores del Grupo Popular en el Congreso La Razón 29 Marzo 2003

Algunos analistas y políticos se empeñan en centrar la crisis de Iraq en cuestiones petroleras o de ocupación colonial, cuando en realidad se trata de razones geopolíticas y geoestratégicas que en algún caso tienen, es cierto, consecuencias económicas, que no son las más importantes. Hay que tener muy en cuenta que se trata de un régimen dictatorial que está en posesión de armas no convencionales y que está atravesando un momento de especial debilidad, por lo que, en consecuencia, está más inclinado a llevar a cabo acciones desesperadas, lo que supone una grave amenaza para la paz, estabilidad y seguridad en una de las regiones más convulsas del mundo. Los riesgos geoestratégicos que estos representan no son menores: en primer lugar una carrera de armamentos y el riesgo de la proliferación de armas de destrucción masiva en la región del mundo en el que más conflictos se han producido en los últimos 60 años. Y en segundo lugar, la posible conexión entre estos regímenes peligrosos y grupos terroristas, más que nada por la posibilidad de que se conviertan en suministradores de armas no convencionales.

El riesgo de proliferación regional no debe ser tomado a la ligera. En la guerra fría, la doctrina de destrucción mutua asegurada (MAD), que garantizaba la contención y disuasión, ya que ninguno de los dos bloques podía atreverse a usar armas atómicas porque ello habría significado la destrucción del planeta. Por el contrario, la proliferación regional supondría un altísimo riesgo de conflicto o enfrentamientos constantes que podrían desembocar en guerras regionales generalizadas no convencionales de gravísimas repercusiones para la paz y estabilidad mundial. Recientemente Irán anunció que reanudaba su programa nuclear, «con fines pacíficos» lo que parece un claro indicio de reacción ante la evidencia de existencia de arsenales de armas de destrucción masiva en Iraq y no como dicen algunos, como reacción al discurso del presidente Bush sobre el estado de la Unión de 2001 en el que hizo referencia a la existencia del eje del mal. Parece más razonable pensar en que se ha producido una reacción inmediata y no año y medio más tarde. El reciente reconocimiento por parte iraquí de la existencia de cantidades importantes de ántrax y agente nervioso VX, demuestra que ese régimen ha mentido y que no se puede confiar en su buena fe.

Por otra parte no se puede ignorar el riesgo cierto que existe de que regímenes como el de Corea del Norte o el de Iraq, se conviertan en suministradores de armas de destrucción masiva a grupos terroristas. Los que aseguran que la conexión entre regímenes que se dicen laicos como el de Iraq, o estalinistas, como es el caso de Corea del Norte y grupos terroristas es improbable, por no decir imposible, olvidan que a lo largo de la historia la coincidencia de enemigos es un factor más importante de unión y establecimiento de alianzas, que el de la coincidencia en ideología o interés. Tampoco conviene olvidar que el régimen de Sadam Husein ha financiado, ellos llaman «indemnizar», a las familias de los terroristas suicidas que han cometido atentados contra Israel, y que informes fiables hablan de la posible financiación de atentados terroristas que están siendo actualmente investigados.

Existe una clara vinculación entre la continuidad del régimen dictatorial de Sadam Husein y sus arsenales de armas no convencionales, el régimen iraquí intuye, quizá sepa con toda certeza, que su supervivencia depende, esencialmente, de sus arsenales no convencionales, ya que sin ellos no podrían someter con sanguinaria eficacia a su ciudadanía. Ésta puede ser una de las explicaciones más claras a la negativa de Sadam Husein a desarmarse, o por lo menos, lo que explicaría su intento de tratar de ganar tiempo para lograr que la presión de la opinión pública acabase neutralizando la firme determinación que ha demostrado la comunidad internacional de desarmarle. Así lo declaró él mismo a un semanario egipcio, «al-usbouh» diciendo que si «ganaba el suficiente tiempo la coalición británico-estadounidense se desmoronaría como consecuencia de la presión de la calle». Eso es exactamente lo que ha venido haciendo en los últimos doce años.

Existen, además, una serie de claras ventajas geopolíticas que podrían derivarse de desarmar Iraq, entre las que cabría destacar las siguientes:

En Irán se ha iniciado una importante evolución política capitaneada por el presidente de la República Mohammed Jatamí, que se enfrenta frecuentemente con la oposición de los círculos más inmovilistas y ultraconservadores, para los que la «amenaza iraquí» representa una de las mejores excusas para frenar las reformas.

Arabia Saudí, que ya ha anunciado algunas reformas políticas para el inmediato futuro, se encuentra sometida a fuertes presiones internas por parte de grupos islamistas muy radicales que pretenden derrocar la monarquía saudí e instaurar un régimen islamista radical. De ocurrir esto sería la primera vez, desde Afganistán, que los elementos más radicales que dominaran un estado soberano con la agravante de que Arabia Saudí es un país extraordinariamente importante por encontrarse allí los Santos Lugares del Islam (Mecca y Medina) además de tener las primeras reservas petroleras probadas del mundo, que producen entre 7 y 8 millones de barriles diarios. De ser así es el nuevo régimen islamista intentaría convertirse en el guardián de la ortodoxia islámica en general, o por lo menos del Islam Sunní, además de controlar el cupo que cada país tiene asignado para que sus peregrinos realicen la peregrinación anual o «Haj». Si un régimen islamista radical en Arabia Saudí decidiera reducir drásticamente el cupo de algún país que ellos consideraran corrupto o impío las consecuencias de esa decisión provocaría tal grado de irritación, descontento y frustración, que muy bien podría acabar desestabilizándolo gravemente. A la vista de este escenario no se puede negar que la evolución política en Arabia Saudí sea deseable, sin embargo ésta debe hacerse a un ritmo adecuado y con las debidas precauciones. En este contexto, es más que probable que el desarme de Iraq ayudase a aliviar la presión y la tensión interna que existe hoy en el Reino Saudí.

Las pequeñas monarquías petroleras del Golfo, que son un importante amortiguador de la tensión regional en el golfo y que han servido además como puente cultural y político entre las dos orillas del Golfo Pérsico, se encuentran hoy seriamente amenazados por el expansionismo iraquí. Sadam Husein ha amenazado a Kuwait con volver a invadirlo y a Qatar con «borrarlo de la faz de la tierra». Es muy importante destacar, además, que los emiratos de Bahrein y Qatar, han iniciado un proceso de profundas reformas democráticas, que ha sido unánimemente elogiado por analistas occidentales, y que de persistir las amenazas y el expansionismo agresivo iraquí, podría verse frustrado, sin contar con el riesgo directo a su independencia e integridad territorial.

No conviene olvidar tampoco los efectos beneficiosos que el desarme de Iraq podría tener sobre el agonizante proceso de paz de Próximo Oriente. Es sabido que los riesgos geoestratégicos han sido un freno para que ciertos sectores políticos israelíes aceptasen avanzar en las negociaciones bilaterales con palestinos y otros vecinos. Parece razonable pensar que además del impulso al proceso que algunos de los actores internacionales han prometido, entre ellos España, el que se despejen las incógnitas de amenaza y riesgo para Israel facilitaría un arreglo justo, global y duradero para uno de los conflictos más antiguos de la historia reciente. Conviene subrayar el grado de compromiso y la sensibilidad que todos los gobiernos democráticos españoles han demostrado hacia ese conflicto y hasta qué punto consideramos indispensable cerrar ese grifo de odio y frustración que está contribuyendo a llenar las filas de fanáticos e iluminados. Se ha despachado con excesiva ligereza el deseo que se ha manifestado de promover y consolidar la democracia en la región, y a estos efectos conviene leer el lúcido artículo de Fouad Ajami que, aún siendo escéptico, reconoce ese fin como lícito y legítimo para tratar de impulsar la democracia, la seguridad, la paz y la prosperidad en una de las zonas más castigadas del planeta.

Ignorar el problema no lo iba a resolver sino que lo iba a agravar hasta extremos insospechados. Sadam Husein y su régimen poco han cooperado cuando la presión internacional aumentaba, y si se lograron resultados parciales e insuficientes, fue exclusivamente porque la amenaza del uso de la fuerza legal y legítimo estaba presente. Si no abordáramos con sensatez, equilibrio y determinación crisis como ésta, estaríamos mostrando una alarmante incapacidad de afrontar las amenazas a la paz y la seguridad mundiales, al más puro estilo de los desastrosos años 30, acabaríamos en una situación similar a la provocada por la crisis de abisinia, cuando la sociedad de naciones fue incapaz de imponer sus decisiones a la desafiante Italia de Mussolini en 1935 o el apaciguamiento vergonzante y contraproducente del primer Ministro británico Chamberlain ante Hitler en Munich en 1938.

Además de todo lo anterior, es importante subrayar que el mensaje a otros dictadores peligrosos, expansivos y agresivos, armados con arsenales no convencionales, sería extraordinariamente negativo: no importa que violen la legalidad internacional, masacren a su población civil e invadan a sus vecinos, que practiquen el más peligroso y descarado de los chantajes político y militar, que si resisten el tiempo suficiente mintiendo, engañando y cediendo un poco cuando la presión internacional aumenta, pueden llegar a salirse con la suya y perpetuar así su tiranía. Ésa no es una opción, y los gobiernos democráticos, por distintas que sean nuestras posturas, estaremos de acuerdo en que no se puede permitir que un régimen belicoso y pendenciero instalado en una peligrosa espiral de caída libre y de «huida hacia delante», mantenga contra viento y marea sus arsenales de destrucción masiva, y con ellos la amenaza a la paz y seguridad mundiales.

Batasuna ya es ilegal
Miguel Ángel Rodríguez La Razón 29 Marzo 2003

Estamos preocupados y ocupados de la guerra en Iraq y conviene pararse hoy en la importancia que tiene para la vida española la ilegalización de Batasuna y la torpeza del Gobierno vasco de intentar mantenerse al margen de la legalidad.

Lo más importante es que nuestros impuestos ya no van a servir para pagar a los terroristas convictos que iban en las listas de Batasuna, ya no tendrán el listado de nombres de los electores y ya no subvencionaremos sus votos, sus mítines y su publicidad electoral.

Era una situación anómala: vivían del dinero oficial para dañar a las instituciones y a las personas que no pensaban como ellos. A partir de hoy, el chantaje de esta gente con dinero público es cosa del siglo pasado.

Pero queda como incomprensible la actitud del PNV y del Gobierno vasco. En su objetivo permanente de romper las reglas del juego de nuestra convivencia, las leyes no existen si a ellos no les gustan, lo que supone el comportamiento más antidemocrático que pueda explicarse. Ahora quieren mantener el Grupo Parlamentario de Batasuna en el Parlamento vasco y dicen que una sentencia que concierne a toda España y a todos los partidos españoles, a ellos no les afecta.

¿No entiende el PNV que con la ilegalización de Batasuna tienen la oportunidad de hacer de su nacionalismo un argumento político en vez de un campo de batalla? Quizás les incomode empezar a tener las mismas reglas de juego de los demás, de aquellos que no tienen detrás a un grupo mafioso para imponer sus tesis.

El PNV debería empezar a revisar su «plan B»: El País vasco sin Eta. Y si no lo tienen pensado, debería empezar a escribirlo, pues el final del terrorismo hoy se nos antoja cada día más cerca.

Batasuna, sentenciada
Editorial El Correo 29 Marzo 2003

La sentencia por la que la Sala Especial del Tribunal Supremo ha declarado la ilegalidad del partido Batasuna y la de sus organizaciones antecesoras -HB y EH- constituye una pieza jurídica que -junto a la reciente resolución por la que el TC avalaba la constitucionalidad de la Ley de Partidos- sanciona aquellos casos en los que las libertades fundamentales son utilizadas precisamente para contribuir a su sistemática vulneración. Entre los argumentos expuestos en la sentencia cabe destacar la constatación de que, desde que se promulgó la vigente Ley Orgánica de Partidos Políticos, los dirigentes y cargos electos de Batasuna no han mostrado la más mínima disposición a evitar en sus pronunciamientos y actuaciones los supuestos de ilicitud consignados en su articulado. El hecho de que la propia sentencia del Supremo haya sido recibida por los portavoces de la organización ilegalizada con una mezcla de desacato y desdén atestigua hasta qué punto la izquierda abertzale se desvincula del marco legal que ha posibilitado su peripecia política durante todos estos años, para enfrentarse a dicho marco desde la legitimación que, a su entender, logran sus postulados en 'Euskal Herria'. Lo preocupante del caso es que, más allá de la comprensible exposición de sus discrepancias, la actitud del nacionalismo gobernante coadyuva a alimentar la sensación de que, frente a las leyes y a los tribunales, los abertzales cuentan con un marco propio de legitimidad. Con una legitimidad que, en su pretensión, sería de rango superior a la legalidad emanada de las instituciones del Estado de Derecho.

La sentencia del Supremo implica la disolución de Batasuna como organización. Es cierto que en tanto los electos de Batasuna no pueden ser desposeídos de su condición de concejales, junteros o parlamentarios, corresponde a los respectivos órganos de representación decidir cuál ha de ser su situación en las cámaras legislativas o los ayuntamientos. Pero la continuidad organizada por parte de dichos electos de aquella actividad que ha llevado al Alto Tribunal a resolver la ilegalización de Batasuna no puede ser considerada por los órganos de gobierno del Parlamento vasco o de las juntas generales de Vizcaya y Guipúzcoa como mera expresión de sus derechos políticos. De igual forma que la díscola actitud de los dirigentes de Batasuna indica la nula disposición de la izquierda abertzale a comparecer ante sus propios electores corrigiendo el comportamiento que ha desembocado en su ilegalización, el hecho de que sus actas de electos puedan ser utilizadas para proseguir ofreciendo cobertura política y justificación pública al terrorismo contribuirá sin duda a prolongar la crisis institucional que padece Euskadi.

Un paso al frente contra la impunidad
JOSÉ MARÍA CALLEJA La Voz 29 Marzo 2003

LA DECISIÓN razonada y argumentada del Tribunal Supremo de ilegalizar HB conocida ayer, plantea el interrogante de qué hubiera sido del terrorismo y de la democracia en España de haberse producido, por ejemplo, en 1980. En aquel año, los diferentes grupos terroristas que actuaban en España asesinaron a 121 personas; 121 personas asesinadas en un año. Si hace 20 años la democracia española hubiese tenido la suficiente confianza en sí misma como para haber quitado de en medio al principal problema de España después del golpismo, hoy no habríamos llegado a semajante situación de acoso a la democracia. Lo que ha ocurrido con el terrorismo en estos 30 años ha sido precisamente eso, un exceso de complacencia guiado de complejos, entre ellos aquel que nos advertía que la posible puesta en marcha de medidas contra el entramado terrorista no podía llevarse a cabo para evitar que fuera tildado de autoritarismo. Veinte años después, tenemos al nacionalismo encampanado hasta el punto de constituír un frente nacional y aplicando los mismos adjetivos con que criticaron a la democracia y a la monarquía constitucionalista española inmediatamente después de su constitución.

El Gobierno vasco, que no esperó en su día a conocer la sentencia razonada y con argumentaciones para lanzarse a la yugular de uno de los pilares de la democracia española y para hacer llamamientos a los vascos para responder con contundencia al supuesto carácter antivasco de la medida, tiene motivos para estar precocupado. Su precipitación habla de la irresponsabilidad, la falta de rigor y la necesidad de aprovechar cualquier resquicio para arremeter contra el sistema democrático y contra la Constitución española, a pesar de que ésta es la que le permite gobernar. La sentencia se emite en plena ofensiva del nacionalismo vasco contra la democracia española, en pleno delirio por separar al País Vasco del resto de España y se emite también en el momento en el que el PNV trata de rebañar el máximo posible de votos del nacionalismo radical. Paradójicamente, una decisión de la Justicia española puede perjudicar electoralmente a populares y socialistas y beneficiar al PNV.Queda por saber ahora si el Gobierno vasco insistirá en su vía de llevar la ley de partidos hasta instancias europeas, en una carrera enloquecida que le pone cada vez más en los márgenes del sistema democrático, le acerca más y más a los nacionalistas violentos y confirma, en cualquier caso, su carácter insaciable. Durante años, los demócratas españoles han hecho lo posible y lo imposible por crear un ámbito en el que los nacionalistas vascos se sintieran cómodos. Concesión tras concesión, veinte años han confirmado lo obvio: el nacionalismo vasco es intrínsecamente insaciable y no parará hasta lograr el poder absoluto y la independencia. Cualquier gesto de la democracia española para darle satisfacción se interpreta automáticamente como un síntoma de debilidad, como un mensaje que anima a seguir pedaleando y a tensar la cuerda de las relaciones políticas.

Veinte años de concesiones han moldeado una criatura despótica y eternamente insatisfecha, incapaz de valorar lo que tiene y de reconocer los esfuerzos del otro por buscar un consenso.La sentancia razonada del Tribunal Supremo acaba con un territorio de impunidad sangrante, supone un cierto bálsamo para las víctimas del terrorismo y termina con la extravagancia infantil de considerar como un partido homologable con los demás a un grupo de malhechores que aprovechan las ventajas y debilidades de la democracia para tratar de acabar con ella e instalar una dictadura tribal, étnica y antigua.Los demócratas nos temenos que sentir reconfortados con esta decisión, la Ley de Partidos no es un capricho del Gobierno, es una exigencia de los ciudadanos que hacemos a nuestros representantes para que los que matan no se cisquen encima sobre las víctimas. La ofensiva política judicial y social contra el terrorismo empieza a rendir sus frutos después de años y años de una insoportable impunidad. Queda por saber ahora si será suficiente para acabar con las arremetidas que han puesto en marcha los nacionalistas; los nacionalistas que matan y los nacionalistas que no matan, pero están siempre dispuestos a capitalizar las consecuencias de los actos violentos.

La descomposición de la Universidad
EDITORIAL Libertad Digital  29 Marzo 2003

La larga decadencia de la educación en España comenzó en el momento en que su objetivo primordial dejó de ser la formación de ciudadanos honestos, trabajadores, responsables, con espíritu crítico y amantes de la verdad, para convertirse en instrumento fuertemente politizado al servicio del logro de caducas utopías sociales y políticas, así como en gigantesco laboratorio donde los modernos pedagogos han ensayado con absoluta impunidad las teorías educacionales más disparatadas. Para una mente libre de prejuicios, la formación media de un bachiller de hace veinte o treinta años educado en una escuela pública no resiste la comparación con los bachilleres de la actualidad. Muchos de éstos, después de quince años de estudios, no son capaces de expresarse correctamente en lenguaje hablado ni de redactar un sencillo párrafo sin cometer varias faltas de ortografía o de sintaxis; por no hablar de sus conocimientos de Geografía, de Historia, de Literatura Clásica, de Filosofía, de Física o de Matemáticas.

Petronio, procónsul de Bitinia y árbitro de la elegancia en la decadente corte de Nerón hasta que, junto con Séneca, Lucano y Afranio Burro, cayó en desgracia, también se quejaba de la educación de su tiempo en El Satiricón, afirmando por boca de uno de sus personajes que “quienes toman el estudio como cosa de juego, son la irrisión del foro en su juventud; y llegados a la edad adulta, no se atreven a confesar que fueron educados viciosamente”. Es precisamente esa viciosa educación recibida en la infancia y en la adolescencia lo que convierte a los estudiantes universitarios en presa fácil de demagogos profesionales que ponen sus cátedras –en muchas ocasiones obtenidas al amparo de las leyes promulgadas por el PSOE, que promueven la selección por filiación ideológica y que el PP, con sus complejos centristas, apenas se ha atrevido a tocar– al servicio de intereses políticos totalmente ajenos a la función docente. Buena parte de los muchos jóvenes que han engrosado las manifestaciones contra la guerra, lo han hecho impulsados –y, en no pocas ocasiones, coaccionados– por sus propios profesores.

Por ejemplo, los rectores del Instituto Joan Luis Vives, que reúne a las 18 universidades de los “Països catalans”, han aprobado un manifiesto contra la guerra en Irak animando a los estudiantes a continuar las protestas de carácter “pacífico”, como el depósito de 700 kilos de excrementos ante la sede del PP de Barcelona por parte de estudiantes de la UAB, cuyo rector, Luis Ferrer, afirma que las manifestaciones –que suelen degenerar en ataques contra las sedes y cargos del PP y, últimamente, en saqueos de centros comerciales– son “muy formativas y enriquecedoras para los estudiantes”, pues el ataque contra Irak, en opinión del rector, es “ilegal e ilegítimo”.

Sin embargo, lo verdaderamente ilegal e ilegítimo –además de inmoral– es que los rectores de las universidades Catalanas, Valencianas y Baleares utilicen sus cargos para hacer proselitismo político activo animando a los estudiantes a concurrir a manifestaciones donde se infama al Gobierno y a los cargos y candidatos del PP con el calificativo de “asesinos”. O que un profesor de Ciencia Política de la UCM y miembro de Izquierda Unida, Juan Carlos Monedero, organice una web para verter insultos y calumnias contra el Gobierno de España y sus aliados, para coordinar las manifestaciones “pacíficas” que intentaron asaltar el Congreso o la sede central del PP en Madrid, o para organizar ataques contra la web del partido del Gobierno.

Aunque lo que da, no obstante, una idea más clara del grado de degradación y descomposición moral alcanzado por una Universidad fuertemente politizada, que recibe los frutos de una enseñanza media fuertemente impregnada de relativismo moral y de sectarismo camuflados de “espíritu crítico”, es la actitud del vicerrector de la Universidad de Jaén, José Antonio Torres. En lugar de poner fin al griterío de los estudiantes, que vociferaban exaltados el pasado martes ante el aula de José Enrique Fernández Mora, profesor de ese campus y presidente provincial del PP, llamándole “hijo de puta” y acusándole de tener “las manos llenas de sangre”, lo que hizo Torres fue recriminar al escolta de Fernández Mora por llamar a la Policía Nacional –sólo llegaron dos agentes de la Policía Local– cuando vio en serio peligro la integridad física de su protegido.

Para el vicerrector –responsable del orden interno en el recinto del campus–, parece preferible que un profesor universitario sea vejado en su propia aula –como también lo ha sido Cristina Nestares, concejal de Ayuntamiento de Jaén y profesora de Filología Inglesa en la misma universidad que Fernández Mora– y que corra riesgo su integridad física antes que las fuerzas del orden “mancillen” su inmaculado campus. Después de todo, los alumnos no han hecho sino seguir los consejos, enseñanzas y exhortaciones que reciben sus profesores.

El Supremo ordenará la disolución de Batasuna en el Parlamento vasco
El Tribunal afirma que la sentencia «protege la Democracia y los derechos de los demás»
El Tribunal Supremo, que ayer notificó la sentencia de deslegalización de HB, EH y Batasuna, ordenará la disolución de Sozialista Abertzaleak como grupo parlamentario en el Parlamento vasco y el paso de sus miembros al Grupo Mixto, tal y como acordó el Parlamento de Navarra cuando el juez Garzón suspendió las actividades de la coalición, según informaron a LA RAZÓN fuentes de la Sala. El Tribunal, que constata que Batasuna es un instrumento de ETA, asegura que su decisión «protege la Democracia».
J. Prats - Madrid.- La Razón 29 Marzo 2003

La Sala Especial del Tribunal Supremo ordenará, en el periodo de ejecución de la sentencia por la que ha deslegalizado a HB, EH y Batasuna, la disolución de Sozialista Abertzaleak como grupo parlamentario en el Parlamento vasco y el paso de sus miembros al Grupo Mixto, según informaron a LA RAZÓN fuentes de la Sala. Los magistrados, de acuerdo con las mismas fuentes, entienden que, al margen de la denominación del grupo parlamentario, los diputados abertzales fueron elegidos como representantes de un partido ahora ilegalizado, por lo que no pueden formar como tal un grupo parlamentario propio que sería una «derivación» de EH o Batasuna. Lo mismo ocurrirá en las Juntas, los ayuntamientos o, por ejemplo, en el Consejo Rector de la Televisión Vasca, aunque las fuentes consultadas precisaron que, una vez la Fiscalía y el abogado del Estado presenten sus informes sobre ejecución de sentencia, la Sala decidirá de forma individualizada en cada caso concreto.

De momento, según informó ayer el ministro de Justicia, José María Michavila, la Fiscalía y la Abogacía del Estado ya han creado sendos grupos de trabajo para velar por el cumplimiento de la sentencia. En este sentido, el TS advierte que «serán ineficaces cuantas relaciones deriven de aquella relación de pertenencia o representación de los partidos disueltos». A pesar de ello, el PNV, EA e IU anunciaron ayer que se opondrán a la disolución de SA en la Cámara vasca. En su resolución, la «Sala del 61» asegura que «la medida de disolución (...) no sólo puede ser calificada sin violentarla como necesaria para una sociedad democrática, sino que, precisamente, se halla encaminada a la preservación de una sociedad en la que ese mismo sistema político impere en su plenitud». En este sentido, subraya que «el beneficio que se obtiene ¬con la deslegalización¬ es una inmediata protección a la Democracia y a los derechos fundamentales de los demás».

El TS, que expone 20 hechos que, por sí mismos, justifican la deslegalización, concluye, tras valorar la evolución de los tres partidos, que éstos ejercen «una actividad de complemento político, consciente y reiterado, de la actividad terrorista a través de la política». Por último, la Sala advierte que los efectos de la sentencia se proyectarán sobre las formaciones que intenten continuar la labor de Batasuna o que «pudiera servir de complemento político a ETA».

El Supremo avala la causa de Garzón contra la coalición abertzale
El Tribunal deberá pronunciarse sobre los diputados implicados por el juez, entre ellos Otegui
El Tribunal Supremo, que se pronunciará en los próximos meses sobre los aforados de Batasuna investigados por Garzón por su presunta vinculación a ETA, avala de manera absoluta en su sentencia de deslegalización las tesis que ha mantenido el juez para actuar contra los miembros de la coalición.
J. Prats - Madrid.- 29 Marzo 2003

La sentencia del Tribunal Supremo de disolución de HB, EH y Batasuna representa un aval absoluto a las tesis que ha mantenido el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para actuar contra la coalición abertzale y sus miembros. Aunque se trate de un procedimiento especial juzgado por la «Sala del 61», los hechos probados de la sentencia no dejan lugar a dudas, ya que confirman punto por punto los argumentos esgrimidos por Garzón en sus múltiples resoluciones contra el entramado de ETA, en el que se encuentran los partidos que conforman el Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV).

En la sentencia, de 254 páginas, la Sala Especial concluye, tras realizar un minucioso análisis de la evolución histórica de los partidos deslegalizados, que, «con independencia de las distintas personificaciones instrumentales que la función ha ido asumiendo, el liderazgo sobre la misma en modo alguno dependía de las dinámicas de poder (internas) propias de los distintos partidos políticos u organizaciones (HB, EH, Batasuna), sino que siempre ha quedado confiado a aquel grupo de personas que gozaban de la confianza estricta de la banda terrorista ETA y, como su delegada, de la ilegal organización KAS, hasta el punto de participar ETA en la selección de los miembros de sus Mesas Nacionales».

Consejo de Euskal Televista
A este respecto, la Sala recuerda que, de acuerdo con una nota intervenida al cabecilla de ETA «Kantauri», la banda ordenaba lo que debían cobrar los parlamentarios por razón de su presencia en comisiones y consejos. «Parece oportuno resaltar a este respecto ¬dicen los magistrados¬ que la propia defensa de la parte demandada ha venido dando por hecho que los Consejos y Comisiones a los que la nota se refiere son el Consejo Rector de la Televisión Vasca o el Consejo Asesor del Euskera».

Respecto a las personas que lideran presuntamente el entramado abertzale, el Supremo, dando la razón a las conclusiones del juez Garzón, destaca como prueba del «desdoblamiento estratégico» y de la «sucesión operativa» de las organizaciones «el mantenimiento de un grupo significativo y constante de responsables políticos a lo largo de la vida de los tres partidos, no dependiendo esa presencia de las vicisitudes y dinámicas de poder partidarias sino de las relaciones de confianza que en cada caso y momento concurrían con la organización terrorista ETA o con su organización instrumental KAS».

Entre esas personas más «significativas» el Tribunal cita a Arnaldo Otegi, Joseba Permach, Jon Idígoras y Juan José Petricorena, entre otros.

Una nueva prueba de la continuidad es el mantenimiento de candidatos electorales, entre quienes figuran en la sentencia, además de Otegui, Jone Goiricelaya, Kepa Gordejuela o «Josu Ternera».

Precisamente, el juez Baltasar Garzón elevará en las próximas semanas una exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigue a varios diputados batasunos por su presunta pertenencia a la banda terrorista. Al disfrutar de aforamiento, el magistrado no puede imputarles, como sí hizo en el caso de Permach o Idígoras.

El Gobierno insta al PNV a cumplir la sentencia
El vicepresidente primero, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, José María Michavila, destacaron ayer la unanimidad del fallo del TS sobre la deslegalización de Batasuna. «Refleja el compromiso de la sociedad para mantener la lucha contra el terrorismo hasta su derrota política, social y judicial», indicó Rajoy. A renglón seguido, advirtió, en clara alusión al PNV, que este compromiso tiene que ser asumido «por todos y especialmente por los que tienen responsabilidades de Gobierno, ya que todos tienen que ser conscientes de su responsabilidad en la aplicación estricta de la ley y de las sentencias judiciales sin subterfugios, sin maniobras dilatorias y sin que nadie extienda mantos protectores sobre los que han aprovechado las posibilidades de actuación legal de una democracia para sostener, apoyar y amplificar la acción de una banda terrorista».

Calificó de «preocupante» que la radiotelevisión pública vasca haya anunciado que cederá espacios gratuitos para el grupo que ha sustituido a Batasuna. Michavila señaló que la sentencia del TS es el «golpe más fuerte que la estructura de ETA ha recibido de la Justicia». Sobre sus consecuencias, explicó que de inmediato serán canceladas las inscripciones de HB, EH y Batasuna en el Registro de Partidos.

Fichajes electorales
TONIA ETXARRI/ EL Correo 29 Marzo 2003

A medida que se prolonga la invasión bélica en Irak crece la indignación de la ciudadanía. Desde el PP, los dirigentes con pensamiento propio dicen que confían en que Aznar sepa lo que está haciendo, pero confiesan que ésta es la baza más antielectoral con la que tendrán que sortear en los próximos comicios. Un papel nada fácil, desde luego, para los candidatos del partido de Mayor en Euskadi, que ven que el «espíritu constitucionalista» que unió a su partido con los socialistas en la última contienda, se ha difuminado por arte de chapapote, Irak y el consiguiente interés electoral.

Puede que tenga razón el candidato Basagoiti a la Alcaldía de Bilbao, que ha decidido tirar la casa por la ventana al presentarse arropado por Aznar y los profesionales de reconocido prestigio como Juaristi, Ezkerra y Yanke, cuando dice que es la «única alternativa posible al nacionalismo». Porque se refiere, exclusivamente, a Bilbao en donde están en juego 7.000 votos para que el PP pueda sentarse a la misma altura que el alcalde Azkuna. Un plantel que, desde luego, no lo tiene el socialista Sañudo pero que, no por eso, los socialistas están dispuestos a admitir que el PP se adjudique el título de la exclusividad de la alternativa en la comunidad autónoma.

Existen otras, dicen. En Álava, los foralistas de Enriqueta Benito, una vez estudiada la encuesta oficial, dicen que se encuentran más animados que nunca para presentar su proyecto alavesista a las urnas. La otra alternativa para todo Euskadi, la socialista, tiene fuerza en Álava, aunque su futuro electoral se dibuja con incertidumbre en Guipúzcoa, donde la inclusión de dos hijos del nacionalista crítico Arregi en las listas de Orio y Zarauz , además de haber dado un balón de oxígeno a los simpatizantes, revela el sentimiento de solidaridad y sensibilidad democrática con que estos dos jóvenes han sido educados. Habrá más incorporaciones a las listas de quienes tienen dificultades, no con la justicia sino con los terroristas, para presentarse como candidatos.

De los que tienen problemas con la justicia por colaborar con ETA, según la sentencia, se ocupa el Gobierno tripartito. El Parlamento aprobó que los interventores para las próximas elecciones puedan estar censados en otras comunidades. Y al hilo electoral, el PP de Barreda quería otra reforma para impedir que los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, terrorismo o contra las instituciones del Estado, pudieran ser candidatos. Pero al Gobierno tripartito, que contó con la ilustre ayuda argumental del nacionalista Rubalkaba (porque Balza es otro nivel), que sigue sin saber quiénes delinquen contra las instituciones, no le pareció oportuno. Sencillamente, que no tocaba, que no tenía nada que ver con lo que se estaba discutiendo. Y la rechazó. Se aproximan las elecciones. Se nota ¿ no?

José María Michavila: «ETA no volverá a tener votos en las urnas»
N. COLLI ABC 29 Marzo 2003

«Ejemplar» es el calificativo que para el ministro de Justicia merece la sentencia del Tribunal Supremo; una decisión con la que «la democracia salda su deuda con las víctimas de ETA»

- ¿Es la ilegalización de Batasuna el golpe más duro que ha recibido el entramado de ETA?
- Es el golpe más fuerte que la Justicia le ha dado a ETA. Vamos a dejar de financiar a ETA con nuestros impuestos, los altavoces de la democracia van a dejar de ser voces de ETA... A partir de ahora, va a haber una raya legalmente infranqueable entre la democracia y el terrorismo.

- ¿Se ha adoptado algún tipo de medida para la ejecución material e inmediata del fallo de la sentencia?
- Los cinco ejes del fallo tienen un efecto inmediato: ilegalización; disolución; cancelación de la inscripción de HB/EH/Batasuna en el registro de partidos políticos; cese inmediato de la actividad del partido político en todas sus manifestaciones, incluidos los grupos parlamentarios; y liquidación de todo el patrimonio. Esos son efectos inmediatos de la propia sentencia. Pero hay un factor importante:esta sentencia, sin duda, salda la deuda que nuestra democracia tenía contraída con las víctimas del terrorismo. Y, por eso, el patrimonio de Batasuna se destinará preferentemente a estas víctimas.

- ¿Qué consecuencias tendrá para la organización terrorista?
- Con esta sentencia hemos limpiado de terroristas la democracia, los terroristas no van a pasearse impunemente por las instituciones democráticas y esto supone para ETA dejar de tener un instrumento de acoso sobre los demócratas; dejar de tener una de sus principales fuentes de financiación; dejar de tener uno de los intrumentos logísticos fundamentales de la acción terrorista; dejar de tener un portavoz institucional con rostro democrático, aunque con contenidos terroristas, ante todas las instituciones europeas. Hoy, a partir de esta sentencia, todas las democracias y todos los demócratas tienen muy claro que ETA es sólo una organización terrorista y no puede mantenerse esa confusión entre política y terrorismo que ha sido uno de los principales activos de la estrategia terrorista y uno de los instrumentos que más fuerza han dado a ETA en los últimos 25 años.

- Y los ciudadanos...
- Es una sentencia que amplía la libertad de tantos ciudadanos en el País Vasco que se sienten acorralados, asustados por ETA y por el instrumento de ETA, que es Batasuna. Es una sentencia en favor de la libertad de tantos ciudadanos que no pueden expresar libremente lo que piensan, que no pueden ir a dar clase por miedo a que les pongan una bomba en el ascensor... Y por eso quiero expresar mi agradecimiento a los que han declarado el pasado mes de diciembre en el proceso de ilegalización y a todas las víctimas del terrorismo, a todas las fundaciones y asociaciones que dijeron lo mismo: Batasuna apunta y ETA dispara. Todas esas personas que no pueden llevar a sus hijos al colegio sin temor, que no pueden ir al mismo quiosco a comprar la prensa porque tienen miedo a que ETA los mate, no pueden ir todos los días al mismo bar porque tienen miedo de que Batasuna «legalmente» les vigile para después decírselo a ETA... Esas personas van a ganar libertad.

- Batasuna y AuB han suscrito un acuerdo en el que la plataforma se compromete a «no acatar» la sentencia. ¿Cómo se puede no acatar la sentencia?
- ETA/Batasuna no va a volver a reírse del Estado de Derecho. Es evidente que esta sentencia, la acaten o no, liquidará el patrimonio de Batasuna; que ese patrimonio se entregará a las víctimas y que Batasuna no podrá volver a presentarse a las elecciones ni con alguno de los gorros que ha tenido antes ni con cualquiera de los gorros que pretenda ponerse en el futuro.

- ¿Es entonces una simple amenaza, una pataleta?
- Es un acto de desafío a la democracia. Quizás sea una manifestación de debilidad, de pura impotencia. El Estado de Derecho, la democracia, la ley y la Constitución están demostrando que son el camino más eficaz para acabar con ETA.

- ¿No teme que se pueda profundizar aún más la fractura entre nacionalistas y no nacionalistas en el País Vasco?
- Lo que creo es que cuando la democracia actúa, los únicos que tienen temor son los terroristas. Lo que me sorprende es que haya quienes se oponen a que el Estado de Derecho ilegalice a Batasuna y me sorprende todavía más que haya quien nos pida a los demócratas que sigamos financiando con nuestros impuestos a los que nos asesinan. Eso me llama extraordinariamente la atención. Y, sinceramente, creo que el que la democracia llame a las cosas por su nombre es el paso más importante de regeneración democrática que se ha hecho en la lucha contra el terrorismo. Me parece que eso no es una fractura del País Vasco. En ese sentido, todo lo que hagamos por generar libertad es también algo que hacemos por generar convivencia. Gobierno, PP y PSOE están apostando en el País Vasco por un proyecto de convivencia, tolerancia y respeto mutuo. Y me gustaría que, en esta línea, José Luis Rodríguez Zapatero les diga a Pasqual Maragall y a Odón Elorza que acaten la sentencia.

- Estamos cerca de una convocatoria electoral y el PNV va a intentar captar al electorado de Batasuna...
- Es tan miserable la posibilidad de que alguien pretenda beneficiarse electoralmente de la acción de los terroristas, que no quiero ni pensar que quien se llama demócrata pretenda hacerlo.

- Pero el voto de Batasuna deberá canalizarse por alguna vía y el PNV es una posibilidad.
- La ilegalización de Batasuna es una gran victoria ética de nuestra democracia y creo que no debemos valorar una decisión como esta en términos de estrategia electoralista a corto plazo. Lo que está claro es que ETA no volverá a contar con votos en las urnas.

- Jon Idigoras ya le ha tendido la mano al PNV...
- El PNV tiene que aprovechar la oportunidad que le da esta sentencia para romper con ETA. Y espero que la aproveche.

- ¿Y cómo valora la postura de IU?
- IU es un partido claramente irresponsable, y por eso tiene pocos votos. La única Comunidad en la que gobierna es el País Vasco y lo hace con la connivencia de Batasuna, que les tiene lógicamente secuestrados. Y eso hace algo tan inexplicable como que IU no quiera que los terroristas cumplan las condenas o como que vote en contra de todas las medidas que hemos puesto en marcha para asfixiar a ETA.

- ¿Cómo se plantean los siguientes escalones que tendrá que superar la sentencia, Constitucional y Estrasburgo?
- Después de dos decisiones unánimes de nuestros Constitucional y Supremo, es clarísimo que en las altas instituciones internacionales esta sentencia va a recibir todo el respaldo que viene recibiendo nuestra democracia en la lucha contra el terrorismo. Se trata de una sentencia ejemplar.

Mayor Oreja, Redondo Terreros y Garzón apuestan por solidaridad ciudadana para acabar con el terror en Euskadi
Recibieron el premio 'Defensores de la Libertad' que concede el Ayuntamiento de Valdepeñas
Valdepeñas (Ciudad Real) La Estrella Digital 29 Marzo 2003

La defensa del País Vasco y de las libertades centraron ayer los discursos del presidente del Grupo Parlamentario del PP en el País Vasco, Jaime Mayor Oreja; el juez Baltasar Garzón y el ex secretario del PSE-PSOE Nicolás Redondo Terreros, en la entrega del Premio "Defensores de la Democracia y de la Paz", que tuvo lugar en Valdepeñas. Los tres galardonaron coincidieron en apelar a la solidaridad ciudadana para acabar con el terror y el miedo que se vive en el País Vasco.

Mayor Oreja señaló que el premio que el Ayuntamiento de Valdepeñas, a través de la concejalía de Educación y Juventud le ha concedido, tenía que compartirlo, por una cuestión "elemental de justicia", con los cientos de concejales populares y socialistas del País Vasco, con los miembros de "Basta Ya", del Foro de Ermua y de la Fundación por La Libertad, entre otros foros e instituciones que "anteponen la libertad a las siglas". Pero, sobre todo, quiso compartirlo "con las víctimas del terrorismo, de la crueldad y del miedo", cuyas muertes -dijo- "no han sido inútiles, porque nos han enseñado a ser mejores, han sacado de nuestras conciencias lo mejor de nosotros mismos y nos han hecho menos hipócritas y cobardes al abordar un problema tan cercano como era el terrorismo en el País Vasco y en España".

Añadió que la lucha contra el miedo y el terror no tiene secretos, "es simplemente una suma de esfuerzos y de conciencias limpias, actitudes generosas, de confianza, de lecciones ejemplares y democráticas individuales que protagonizan los concejales vascos y de las fortalezas morales que han creado en España una conciencia colectiva capaz de enfrentarse y combatir el terrorismo".

En este sentido, destacó los cuatro grandes esfuerzos que los españoles han hecho juntos durante estos últimos años, como la rebelión democrática de las víctimas, el fortalecimiento democrático del Estado de Derecho, el proceso para finalizar con la "impunidad de los verdugos" y el esfuerzo en el País Vasco de presentar una alternativa constitucional y democrática para su futuro.

Estos cuatro proyectos, en opinión del ex ministro, "son, han sido y seguirán siendo indispensables para combatir el crimen y la mentira, los dos grandes enemigos de la libertad y de la paz en el País Vasco y España".

Añadió que con el "Defensores de la Democracia y de la Paz" Valdepeñas ha demostrado que "ha sabido abrazarse a la justicia, a las víctimas y a sus familias, porque Valdepeñas hoy es Ermua y un patrimonio común de todos los españoles".

Redondo defiende la Constituciónpor encima de las ideas
En términos similares se expresó el ex secretario del PSE-PSOE Nicolás Redondo Terreros, quien defendió la Constitución, porque "por encima de las ideas y de los proyectos políticos, de las siglas y de las ideologías, esta sociedad decidió construir un ámbito de libertad, en el que cada cual pudiera expresarse según creyera, sintiera y considerara".

Redondo Terreros que huyó de adjetivos para definir España, reclamó el apoyo y la solidaridad de los ciudadanos "ante la frialdad, la insolidaridad y la espalda que muchos han dado allí" a los distintos foros, porque "queremos ganar la batalla de la paz, la libertad en paz y la solidaridad en el País Vasco".

El ex secretario de los socialistas vascos también se refirió a quienes reclaman la legalidad internacional para oponerse a la guerra en Irak y, sin embargo, no aceptan la sentencia del Tribunal Supremo que ha ilegalizado Batasuna.

Añadió que, "cuando el Estado de Derecho ha hecho presencia en el País Vasco, los que vivimos allí nos hemos sentido mejor y más seguros", en contra de lo que han dicho algunas personas del propio Gobierno Vasco.

El francotirador de la ley
Por su parte, el juez Baltasar Garzón, al que Redondo Terreros calificó de "francotirador de la ley", señaló que el premio con el que ha sido distinguido suponía una responsabilidad y la defensa a ultranza de la libertad y rindió un homenaje a todas las víctimas del terrorismo.

Despreció a quienes desconocen la libertad o se muestran indiferentes, dejando que ciudadanos vivan "amedrentados" en un país como España, en el que la Constitución proclama la libertad como uno de los derechos esenciales y se preguntó dónde está la defensa de aquellos que no pueden defenderse en un Estado de Derecho, Garzón dijo que era un "día grande" para los derechos constitucionales, pues, aunque no hay que "alegrarse de que se ilegalice ninguna organización, hay que tener presente que nunca debemos de dejar de hacer aquello que supone establecer la legalidad, porque no hay caminos intermedios para la democracia".

Recortes de Prensa   Página Inicial