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Recortes de Prensa     Viernes 4 Abril  2003
EL NACIONALISMO VASCO VUELVE A ESTELLA
Editorial ABC 4 Abril 2003

La ofensiva nacionalista
Germán Yanke Libertad Digital  4 Abril 2003

PNV y EA, fieles al pacto de Estella
EDITORIAL Libertad Digital  4 Abril 2003

Un documento de ETA, precedente de las propuestas nacionalistas
ABC 4 Abril 2003

El PP les acusa de «anteponer el nacionalismo a la democracia»
BILBAO EL CORREO 4 Abril 2003

PP y PSE sitúan la oferta de EA en la lucha nacionalista por el voto aberzale
La Voz 4 Abril 2003

Canadá incluye a ETA y a otras seis bandas en su Código Penal y podrá confiscar sus bienes
El Ideal Gallego 4 Abril 2003
 

EL NACIONALISMO VASCO VUELVE A ESTELLA
Editorial ABC 4 Abril 2003

El nacionalismo vasco tiene unas tendencias políticas que afloran de forma inexorable cuando se presenta la ocasión y siempre están relacionadas con su instinto táctico para asegurar su hegemonía, aun a costa de sacrificar los escrúpulos más elementales de la dignidad política y personal, como deberían ser los que impidieran cualquier pacto directo o indirecto con el terrorismo. En 1997 se expresó esa tendencia con un movimiento de reagrupación nacionalista que culminó en 1998 con los acuerdos con ETA y con todo el mundo abertzale en torno al Pacto de Estella. Entonces, la tregua de la banda terrorista fue el pretexto y el contexto de un frente nacionalista que, si bien se segregó tiempo después de que ETA volviera a asesinar -cinco muertos tardó Ibarretxe en renunciar al pacto de legislatura con Euskal Herritarrok-, dejó asentado un guión soberanista que ha permanecido inalterado en el plan de Ibarretxe para hacer del País Vasco una nación libre asociada. Ese mismo movimiento de reagrupación se está produciendo, ahora sin tregua, desde el comienzo de un claro ciclo descendente -y probablemente irreversible- de la banda terrorista y de sus sucursales políticas; desde el desmantelamiento progresivo de los comandos etarras, la presión internacional, la suspensión de Batasuna y su posterior disolución por sentencia del Tribunal Supremo.

De forma sorpresiva -lo que no significa imprevisión ni improvisación-, el ánimo frentista del nacionalismo se hizo patente el pasado miércoles en el Parlamento vasco, cuando los portavoces del PNV y EA ofrecieron a Batasuna un pacto político para hacer «un plante al Estado», según Egibar (PNV), y para compartir candidaturas, según Larreina (EA). Que Otegi aceptara la oferta era algo inevitable teniendo en cuenta que las condiciones puestas por los partidos nacionalistas eran perfectamente asumibles: alejarse de ETA y defender los derechos humanos son exigencias que se pueden cumplir de muchas maneras sin comprometer el alineamiento con la banda terrorista. El Pacto de Estella es la prueba de que los nacionalistas nunca pondrán a Batasuna condiciones imposibles, como la condena del terrorismo etarra y la renuncia a la lucha armada. Ahora, el método empleado es el mismo, más asimilable aún para Batasuna si la condición de EA equipara a ETA con Aznar, es decir, refleja ese conflicto político con el Estado como contexto legitimador de la violencia.

La perversión de la oferta a Batasuna es, por tanto, absoluta, en lo moral y en lo político, y rompe con los últimos restos de ambigüedad que quedaban en el nacionalismo gobernante. Supone, para los aficionados a las comparaciones, el camino inverso al de la paz irlandesa, que con la premisa de un cese definitivo del terrorismo condujo al nacionalismo violento y radical a posiciones pacíficas e institucionales.

Con este trasfondo, la oferta de candidatura conjunta sólo es relevante en lo que supone de desafío al Estado, como subterfugio para eludir la aplicación de la sentencia de disolución del entramado batasuno acordada por el Supremo. Pero ni el objetivo de la izquierda radical es diluirse en la casa común del nacionalismo, que es lo que quiere ser el PNV por absorción desde una posición hegemónica inalterable, ni el PNV quiere dar más entrada en el reparto de un poder institucional ya demasiado repartido a regañadientes con EA en una coalición de puro interés estratégico, fuertemente criticada por Arzalluz. Lo importante es el acuerdo político ofrecido.

El intercambio de gentilezas entre los partidos nacionalistas, cualquiera que sea el resultado final del cortejo, demuestra que la prioridad del PNV es lograr una mayoría para su plan soberanista, denominador común de todos los nacionalistas, lo que requiere sumar fuerzas para asegurar un resultado muy favorable el 25 de mayo, especialmente en Álava y en las tres capitales vascas. Este es el objetivo estratégico del nacionalismo vasco, que supone una renuncia absoluta a la delimitación de espacios de acuerdo con los partidos no nacionalistas, una sonora bofetada a la tranversalidad que reclaman todavía algunos destacados socialistas, pendientes de una respuesta firme desde la sede socialista. El nacionalismo ya ha optado por una confrontación abierta en la que no hay terceras vías.

La ofensiva nacionalista
Germán Yanke Libertad Digital  4 Abril 2003

Jaime Mayor Oreja habla estos días de “ofensiva nacionalista” y se oponen a reconocerla no precisamente los nacionalistas sino unos cuantos pusilánimes. Los primeros no la ocultan: ahí está el “reto al Estado” del PNV y el proyecto de Estatuto de Artur Mas, todo ello macerado en las reuniones de la Declaración de Barcelona. Los pusilánimes son de dos tipos, todos del bando de los “apaciguadores”: unos achacan a la posición del Gobierno español ante la guerra en Irak la “oportunidad” de que ahora parecen gozar los nacionalistas; otros tienen como principio de la acción política el “encaje”, a cualquier precio, de los nacionalistas.

Pero si los nacionalistas tienen hoy una “oportunidad” es por el tipo de papel que el PSOE ha elegido en el teatro del debate sobre la guerra de Irak. La posición de los socialistas franceses, contraria a la intervención de los aliados contra Sadam Husein, no ha dado una “oportunidad” a Le Pen, aunque éste sea tan enemigo de Bush como amigo del dictador iraquí. En España, sin embargo, la opción socialista ha sido la creación de esa realidad virtual que se llama “el PP está solo”. En esa estrategia, no ha tenido reparo en ir de la mano, y a veces detrás, de los nacionalistas y de Izquierda Unida (que, hablando de nacionalismo, está en el País Vasco en el mismo bando que aquellos). No es la primera vez: en el caso del Prestige ocurrió lo mismo y fueron tras Nunca Mais, es decir, tras el BNG, después de que esos aguerridos militantes tiraran huevos a Zapatero, y con el PNV, a pesar de las advertencias del alcalde socialista de La Coruña, en la famosa manifestación de Madrid. Los socialistas navarros, para terminar con ejemplos que están a la vista de todos, votaron cerrar el Parlamento de Navarra dos días, con motivo de la huelga del 20-J, para dar satisfacción al mismo tiempo a UGT y CCOO y a los sindicatos nacionalistas. Se trata de que el PP está solo, los compañeros en ese viaje tendrán siempre su “oportunidad”.

Los otros apaciguadores prefieren el “encaje” de los nacionalistas a la defensa de la legalidad constitucional. Se trata de dar paso no ya a una nueva “transición” sino a cuantas sean necesarias hasta que los nacionalistas estén conformes, lo que, como es lógico con este procedimiento, no ocurrirá nunca. Maragall quiere ser el heredero de Pujol arrebatándole el programa nacionalista, incluyendo el control de la sociedad desde una selecta casta, en vez de aportando una opción distinta desde la socialdemocracia española. Y quiere, además, exportar el sistema al País Vasco. Ninguna “oportunidad” mejor para los nacionalistas que, una vez abierto el melón para que “encajen”, aprovechan para mantener su ofensiva. Y el PP sigue solo.

Todo esto debe producir satisfacción inconmensurable al secretario general del PSOE mientras administra las noticias de la guerra. Pero es hambre para hoy y miseria para mañana. Sus compañeros de viaje, me temo, le costarán no ser elegido presidente del Gobierno y los ciudadanos, sin su compañía, tendrán que soportar, hoy y mañana, la tan cacareada ofensiva nacionalista.

PNV y EA, fieles al pacto de Estella
EDITORIAL Libertad Digital  4 Abril 2003

Un rasgo típico que comparten todos los totalitarios es la convicción de que su particular credo ideológico les legitima para ponerse por encima de las leyes emanadas de un Estado de Derecho democrático; o lo que en definitiva es lo mismo: el fin justifica los medios. Para los comunistas, las leyes no son más que la plasmación de la superestructura que aliena a la clase obrera y permite su explotación por parte de los burgueses. Para los nazis, las leyes son el obstáculo impuesto por los débiles y los degenerados al justo e inexorable dominio de la raza superior. Y para los nacionalistas, las leyes sólo son dignas de respeto en la medida en que contribuyan a la realización de su utopía excluyente, donde no tienen cabida quienes tengan sensibilidades y horizontes más amplios que los de la tribu.

El PNV y EA acataron las leyes –y aparentaron distanciarse de quienes no respetan, no ya sólo las leyes, sino ni siquiera los derechos humanos más elementales– mientras éstas les servían para ir recorriendo el camino que lleva a la secesión y a la utopía tribal totalitaria. Una vez que, a su entender, las leyes ya no les permitieron seguir adelante por ese camino, decidieron quitarse la careta de moderación –que les permitió servirse de las garantías del Estado de Derecho– para aliarse con ETA-Batasuna en Estella, con la que comparten fines políticos y de cuyos “métodos” siempre se han beneficiado.

Desde entonces, y especialmente desde mayo de 2001, los desplantes y las amenazas del nacionalismo vasco de saltarse las leyes y la Constitución a la torera –ellos hablan de “superar el actual marco legal”– se han venido sucediendo sin solución de continuidad; hasta desembocar el proyecto de Ibarretxe de “estado asociado” a España –la secesión “de facto”, a la que poco después seguiría la “de iure”. Sin embargo, el cierre de Egunkaria y la ilegalización de Batasuna –llevada a cabo con todas las garantías legales posibles, incluido el pronunciamiento del Tribunal Constitucional– ha obligado a los nacionalistas a desprenderse de las últimas apariencias de moderación que todavía conservaban para radicalizar su discurso y lanzarse a apuntalar a sus aliados estratégicos del entorno etarra.

Sucedió con Marcelo Otamendi –el director de Egunkaria–, a quien apoyaron en sus falsas denuncias de torturas. Y ha vuelto a suceder el miércoles con motivo de la ilegalización de Batasuna, confirmada en sentencia firme por el Tribunal Supremo hace unos días. Joseba Egibar, el portavoz del PNV y maestro de ceremonias del pacto de Estella, propuso a Arnaldo Otegi, líder de una formación política ya ilegal, un “plante conjunto” al Estado de Derecho... con el único requisito (retórico, naturalmente) de que Batasuna se desmarque de ETA.

Es decir, Joseba Egibar propone a Otegi hacer caso omiso de la legalidad de la que emanan su acta de diputado autonómico y la legitimidad del gobierno del que forma parte su partido, el cual se niega a aplicar en la cámara vasca la sentencia del Supremo que ilegaliza Batasuna. Y para mayor escarnio de la Justicia y la legalidad, lo hizo durante el debate de una moción del grupo “Socialistas Abertzales” (Batasuna) –del que los parlamentarios del PP se ausentaron como protesta por la osadía de Atutxa de permitir que una formación ilegal pueda seguir presentando mociones– donde pedían que el Departamento de Interior vasco interrumpiera las relaciones con el Ministerio y que el Gobierno vasco iniciara un diálogo con Batasuna, “reconociendo que es legal en el País Vasco”. Por si no fuera poco, Rafael Larreina, el portavoz de EA –socio de gobierno del PNV junto con Izquierda Unida– ha ofrecido a Otegi “compartir lista” electoral con él en las próximas elecciones municipales siempre y cuando Batasuna declare (de nuevo la retórica) que está en contra de la violación de los derechos humanos –cuya comisión en el Parlamento vasco, por cierto, fue presidida en la pasada legislatura por Josu Ternera, el directivo etarra prófugo de la Justicia.

No cabe duda de que los nacionalistas, con su actitud de ruptura institucional, buscan provocar una reacción firme del Gobierno –por ejemplo, la suspensión del Estatuto de Autonomía– que puedan emplear después como excusa de cara a su parroquia para declararse en rebeldía contra el Estado. Trasladada al ámbito político, la táctica del PNV-EA es la misma que la de los grupos terroristas: perpetrar masacres (políticas en este caso) para provocar la represión del Gobierno y después poder presentarse como víctimas de la intransigencia con derecho a defenderse y a tomar represalias.

Es precisamente para estos casos que está previsto el Art. 155 de la Constitución (la suspensión del Estatuto de Autonomía). Es cierto que aplicarlo en las circunstancias actuales (el nacionalismo, incluido el proetarra, alcanza una cuota electoral superior al 50 por ciento) conllevaría muy graves riesgos políticos. Pero, no es menos cierto que el Gobierno no puede cruzarse de brazos viendo cómo se vulneran las leyes y las resoluciones judiciales y cómo se hace burla del Estado de Derecho.

Un documento de ETA, precedente de las propuestas nacionalistas
ABC 4 Abril 2003

Las propuestas del PNV y EA a Batasuna, para realizar juntos un «plante al Estado», y para presentarse a las elecciones en sus candidaturas, respectivamente, son aspiraciones que ya se planteaba ETA/EH en el documento titulado «La opción de la independencia en la actual Euskal Herria» que los estrategas del terror confeccionaron durante la tregua trampa. Así, en el citado informe, la banda terrorista instaba a los partidos nacionalistas a que «rompan los compromisos que tienen con el enemigo (el Estado español) y que se comprometan seriamente». Los dirigentes de ETA hacían referencia a que se tenían que aprovechar de la tradicional «ambigüedad» del PNV, que fluctuaba entre sus aspiraciones independentistas y sus «ataduras» con el Estado.

En el mismo documento, ETA/EH proponía para las elecciones municipales poner en marcha «un frente nacionalista», junto al PNV y EA, con el objetivo de desbancar al PP y PSE. «Alcaldes españoles, fuera·, era la consigna. Para ello, «desde ya tenemos que activar en los ayuntamientos la colaboración entre las fuerzas abertzales, sin esperar a las elecciones municipales: los alcaldes españoles fuera...». «Tenemos que transformar los ayuntamientos en lugares para la colaboración práctica». Asimismo, ETA/EH se felicitaba de que a raíz de la firma del pacto de Estella con los partidos nacionalistas «todos los días se cuestione y se debata la esencia y el futuro» de España. Con esta nueva oferta se reproduce una constante: cada vez que ETA pasa apuros, el PNV le ofrece oxígeno. En 1992, tras la operación de Bidart, abrió un proceso de negociaciones con HB. En 1998, con ETA contra las cuerdas, firmó el pacto de Estella.

El PP les acusa de «anteponer el nacionalismo a la democracia»
Iturgaiz pide a los jueces que actúen si personas de la ilegalizada Batasuna integran listas de Eusko Alkartasuna
BILBAO EL CORREO 4 Abril 2003

Los dirigentes del Partido Popular en el País Vasco acusaron ayer al PNV y EA de «anteponer el frente nacionalista a la democracia». Para Carlos Iturgaiz, el nacionalismo «está situado en el desafío permanente al Estado de Derecho y se encamina hacia la política de desobediencia civil». El presidente de los populares vascos no se mostró sorprendido por las ofertas para trabajar en común que Egibar y Larreina hicieron a Otegi en la Cámara vasca -emplazamientos que ningún parlamentario del PP escuchó en el hemiciclo que habían abandonado cuando el portavoz de Batasuna se disponía a hacer uso de la palabra-, porque considera que «cuando Batasuna tiene problemas, el partido de Arzalluz sale en su defensa. Así hemos visto -añadió- que el Gobierno vasco se ha opuesto a todas las medidas políticas, judiciales y legales contra ETA».

De todas formas, pidió a los jueces que estén «atentos y actúen» en caso de que se formalicen listas conjuntas de Eusko Alkartasuna y miembros de la ilegalizada Batasuna. Iturgaiz afirmó que la Ley de Partidos y la sentencia del Tribunal Supremo impiden presentarse a las próximas elecciones «a las personas que han pertenecido» a la formación radical.

Por su parte, Jaime Mayor Oreja enmarcó el ofrecimiento de EA y PNV a Batasuna en una «ofensiva nacionalista» que tiene el objetivo de «alterar el marco político y jurídico constitucional español». Mayor estimó que este desafío podría detenerse si se cumple la sentencia del Supremo, que hace dos semanas ilegalizó a la coalición liderada por Otegi, un fallo que calificó de «excelente». Además, abogó por derrotar el reto de los nacionalistas en las urnas el 25 de mayo, con mención especial al territorio alavés.

El dirigente popular se mostró también convencido de que «esta maniobra} de PNV y EA es «un claro guiño electoral», porque el objetivo de ambos partidos es «heredar» los votos de Batasuna. En este punto marcó diferencias con la estrategia de ETA, ya que dijo, a la banda terrorista «no le importan nada las urnas; lo que quiere es mantener los guetos y territorios que domina en el País Vasco, los municipios pequeños y medianos que nutren económicamente a una organización como Batasuna».

PP y PSE sitúan la oferta de EA en la lucha nacionalista por el voto aberzale
-Larreina admite dificultades para concretar su propuesta porque «los plazos están encima»
-El PNV se desmarca y afloran las disensiones en la dirección de Eusko Alkartasuna
La Voz 4 Abril 2003

La oferta de colaboración electoral realizada el pasado miércoles por el parlamentario y secretario de Organización de Eusko Alkartasuna, Rafael Larreina, a Arnaldo Otegi no ha dejado indiferente a casi nadie. En el lado constitucionalista, y desde calificativos como «barbaridad» e «ilegalidad», PP y PSE han sido bastante unánimes en su interpretación, que sitúa la iniciativa en la oportunista pugna del nacionalismo por el huérfano voto aberzale, tras la ilegalización de Batasuna.

Carlos Iturgáiz, presidente del PP vasco, criticó que PNV y EA antepongan «el frente nacionalista a la democracia» utilizando un «desafío permanente al Estado de derecho». Cuando Batasuna tiene problemas -denunció- «el partido de Arzalluz sale en su defensa y así hemos visto que el Gobierno vasco se ha opuesto a todas las medidas políticas, judiciales y legales contra ETA».Auxilio y solidaridad que el secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, no percibió «cuando PSE y PP tuvimos también dificultades para hacer nuestras listas y presentarnos a las próximas elecciones». López sostiene que PNV y EA «están obsesionados por volver a la etapa de Lizarra, de comunión nacionalista nefasta para este país», recordó. Pero «más grave» para el PSE es la proposición de Egibar (PNV), que legitimaría un plante al Estado en cuanto la izquierda aberzale se desmarque de ETA, porque supone, lamentó, «asumir» los planteamientos de la disuelta Batasuna.Mientras, Larreina se reposicionó al admitir que existen dificultades, «porque las candidaturas están en marcha, los plazos están encima y, mientras se comprueba si esto es algo más que un puro debate retórico, podemos estar fuera de tiempo». No mencionó sin embargo las disensiones afloradas en la dirección de Eusko Alkartasuna en relación a su oferta de compartir listas con Otegi. El portavoz de Sozialista Abertzaleak (SA) ya envió una carta a EA para que fije «cuanto antes el día, la hora y el lugar» de la reunión en la que habrá de concretarse el acuerdo.El presidente del PNV en Guipúzcoa, Juan María Juaristi, rechazó la oferta de Larreina a SA y abogó por «evitar dar falsas expectativas en vísperas electorales que no se corresponden con nada real».                (g.n. | redacción)

Canadá incluye a ETA y a otras seis bandas en su Código Penal y podrá confiscar sus bienes
El Ideal Gallego 4 Abril 2003

El Gobierno canadiense anunció ayer la inclusión de siete organizaciones terroristas, entre ellas ETA, en su Código Penal, medida enmarcada en la lucha contra el terrorismo que permitirá restricciones más severas y confiscar los bienes de las personas y organizaciones afectadas por esta decisión.

Además de ETA figuran en el listado la Jemaah Islamiyah del sudeste asiático, el Movimiento Islámico de Uzbequistán, las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Todas estas organizaciones ya estaban registradas en Canadá bajo la reglamentación de las Naciones Unidas para la supresión del terrorismo desde noviembre 2001. Con la ampliación de ayer se eleva a 26 el número total de entidades inscritas en la lista en virtud del Código Penal. “Desde la elaboración de las lista de organizaciones hasta la firma y ratificación de acuerdos internacionales, pasando por el envío de tropas a Afganistán, participamos plenamente en la lucha contra el terrorismo”, declaró el ministro responsable de la Seguridad Nacional de Canadá, Wayne Easter.

“El Gobierno de Canadá considera que todas estas entidades participan en actividades terroristas y que, cualquier particular o grupo inscrito en esta lista, puede ver sus bienes embargados y confiscados”, explicó el dirigente canadiense.

“Las personas y las organizaciones afectadas pueden sufrir sanciones graves en lo relativo a sus bienes o la financiación de las entidades, con penas que pueden llegar hasta los diez años de prisión. Además, el hecho de participar o contribuir conscientemente en actividades de un grupo terrorista o facilitarlas constituye un crimen”, según señaló el Gobierno canadiense.

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