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Recortes de Prensa     Domingo 25 Mayo  2003
Elecciones sin Batasuna
Editorial El Correo 25 Mayo 2003

De la toma de Bagdad a la defensa de Madrid
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital  25 Mayo 2003

Dignidades e indignidades
José María Carrascal La Razón 25 Mayo 2003

España elige entre dos modelos políticos
EDITORIAL Libertad Digital  25 Mayo 2003

Elecciones libres en toda España salvo en el País Vasco
J. Abenza / J. Prats - Madrid.- La Razón 25 Mayo 2003

Las cuentas bancarias y las tabernas de Batasuna serán liquidadas por tres inspectores de Hacienda
Libertad Digital 25 Mayo 2003

Elecciones sin Batasuna
Editorial El Correo 25 Mayo 2003

Treinta y cuatro millones y medio de electores, de los que casi ciento cincuenta mil son ciudadanos de otros países de la Unión Europea, están llamados a las urnas en este domingo, 25 de mayo de 2003. Las cifras de esta gran fiesta democrática española se completan con el número de candidatos a concejales, diputados regionales y miembros de diputaciones que hoy se someten a la decisión del pueblo y que superan holgadamente los doscientos mil ciudadanos. Pero en esta fiesta de la libertad hay una zona de sombra. En muchos lugares del País Vasco y del norte de Navarra, la jornada de hoy se va a vivir sin las mismas garantías democráticas, sin los mismos espacios de libertad de que disfruta el resto de la ciudadanía española.

Hay un dato que estremece, por lo revelador: sólo en las Vascongadas, 1.213 ciudadanos tendrán que acudir a sus colegios electorales bajo protección policial. Algunos son candidatos a regir unos pueblos y ciudades en donde no pueden ejercer sus derechos políticos a causa de la amenaza constante del terrorismo. No acuden, pues, a la contienda electoral en igualdad de condiciones con los candidatos de las formaciones nacionalistas. Es el continuo «debe» democrático de nuestra historia reciente que, sin embargo, en esta ocasión presenta una novedad muy positiva: la deslegalización de Batasuna elimina del juego electoral a los representantes del terrorismo etarra con todo lo que eso supone de normalización democrática. El Estado ha terminado con la grosera burla a las instituciones de los proetarras. No se ha ganado en libertad, porque aún se mantienen las amenazas y el clima de violencia de persecución por ellos propiciado, pero, al menos, se evitará que ocupen ayuntamientos y diputaciones para utilizarlos contra el Estado de Derecho. Los próximos años nos darán cabal cuenta de hasta dónde se ha conseguido neutralizar a los enemigos de la democracia, pero el primer gran paso ha sido dado.

En el resto de España la incógnita es de otra categoría diferente y feliz. Se trata de despejar, por medio del voto, la continuidad o la alternancia de las fuerzas políticas que concurren en libertad a las urnas. Los principales partidos, PP, PSOE e IU, han jugado sus cartas como si de unas elecciones «primarias» se tratara. Los socialistas creen que pueden recuperar el voto que se les fue a la abstención en las últimas generales y, en coalición con los comunistas, ganar las batallas más emblemáticas. El PP mantiene la esperanza de haber superado el bache invernal. Pero hoy deciden las urnas, hoy decidimos nosotros. Es día de fiesta.

De la toma de Bagdad a la defensa de Madrid
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital  25 Mayo 2003

La campaña de las elecciones municipales y autonómicas del 25 de mayo de 2003 se recordará como una de las más tensas y duras de la democracia española. Desde el “Maura, no” y el golpe revolucionario de 1934 no mostraba la izquierda española de forma tan descarada y violenta su desprecio por las reglas del juego democrático y su incapacidad de permanecer mucho tiempo fuera del poder, al que se considera acreedora por derecho natural (ellos
dicen popular) y al margen del veredicto de las urnas. Las dos gigantescas, avasalladoras y violentas campañas de deslegitimación del PP, el Gobierno y el sistema democrático, una con excusa del “Prestige” y otra a cuenta de la II Guerra de Irak, han mostrado la verdadera faz totalitaria del PRISOE, la secta progre, con la que resulta imposible convivir en libertad si no es
manteniéndola a raya.

Pero la derecha política española, como en el “Maura, no” y como en 1934, ha mostrado una pavorosa pusilanimidad ante el jaque mate de la izquierda. El PP de Aznar, con mayoría absoluta en el Parlamento, con una brillante gestión económica y con el incontestado e incontestable liderazgo presidencial, se ha limitado a encajar los golpes sin devolverlos, se le ha visto encadenado a sus absurdos complejos históricos, se ha mostrado incapaz de crear un discurso político alternativo a la demagogia violenta de los medios de comunicación y de la calle, ha perdido después de siete años el contacto normal con su base social a través de medios de comunicación de ideología liberal-conservadora, destruidos casi en su totalidad por el Gobierno del PP, y hasta esta campaña electoral, no ha sabido o querido movilizarse contra el intento, denunciado por ellos mismos, de “sacarlos del mapa político”. Al final, en una campaña protagonizada de modo absoluto por Aznar, ha parecido recuperar el resuello y acaricia expectativas de mantener una parte sustancial de lo que tiene. Pero hasta el recuento de los votos
del domingo no sabremos si ha tenido éxito la izquierda en su
desestabilización del sistema representativo o si Aznar ha ganado su última batalla después de prejubilarse.

El único dato incontrovertible es que esta campaña de reconquista de la legitimidad política ha partido de la toma de Bagdad y se ha centrado en la defensa de Madrid. No cabe mejor prueba de lo mal que se han hecho antes las cosas. Una guerra legítima, audaz y rapidísima, capaz de aniquilar una dictadura genocida en tres semanas, en la que España ha jugado el papel que le correspondía y que le ha otorgado un merecido crédito internacional ha sido sólo la peana para intentar conservar la plaza fuerte de los populares desde hace década y media. Partir de tanto para llegar a tan poco sólo se explica por la gravísima incompetencia de una clase política que no ve más allá del poder y que tiene unas relaciones de incomodidad, a veces de abierta incompatibilidad, con la libertad de prensa y con el compromiso cívico que supone el contrato electoral. Desde un presidente que ante la campaña feroz del “No a la guerra” era incapaz de decir otra cosa que “confiad en mí”, hasta un partido que tardó tres semanas en denunciar el asalto de sus sedes en toda España, pasando por la desaparición o abierta traición de vicepresidentes y ministros que creyeron que la guerra iba a durar los meses que había calculado el PSOE y cuyo único propósito era sobrevivir a Aznar, la derecha ha mostrado unas carencias verdaderamente desoladoras. Es posible que su base social, que sólo se animó a recuperar la calle para aclamar al Papa, devuelva al PP a cuenta de Aznar el crédito y el mandato electoral que su gestión merece pero que su política de comunicación, es decir, de incomunicación, arruina con tanto miedo y tan poca vergüenza. En todo caso, si la lección de estos meses no se aprende y el PP no cambia radicalmente de costumbres, sólo cabe asegurar una cosa: aunque de momento se salve Madrid y se conserve Bagdad, la historia se repetirá. Y no tendrá siempre un final feliz.

Dignidades e indignidades
José María Carrascal La Razón 25 Mayo 2003

Que Juan María Atucha esté dispuesto a dimitir como presidente del Parlamento vasco antes de excluir de él a los representantes de la ilegalizada Batasuna no me parece mal. En una democracia, cada cual tiene derecho a sus opiniones, que pueden no coincidir con las del resto, incluidas las del más alto tribunal de la nación. Y obrar en consecuencia. Lo que me parece no ya mal, sino ofensivo es que Atucha dimita para defender, según él, la dignidad del Parlamento vasco. O don Juan María ha perdido por completo la brújula en medio del aquelarre que estremece Euskadi o se ha convertido en uno más de los muchos hipócritas que pueblan las altas esferas de su partido. La dignidad de un parlamento se demuestra acatando las sentencias de los tribunales, como ha dicho bien el ministro del Interior. Pero no es sólo eso. Un parlamento que ha sentado en su Comisión de Derechos Humanos a un asesino, como el vasco, no tiene la menor autoridad moral para tachar de indigna, no ya una orden judicial, sino cualquier opinión que se emita sobre él.

Si el Sr. Atucha quiere de verdad velar por la dignidad del parlamento que preside, tendría que empezar por desinfectarlo de los elementos delictivos que hay en él, y si eso no fuera administrativamente posible, recluirlos en el redil de indeseables al que pertenecen. Pero haciendo depender de ellos la dignidad de ese parlamento no consigue más que colocar a éste en el ínfimo nivel en que han caído otras instituciones vascas desde que el PNV ocupa el poder.

Presentar a los verdugos como víctimas es una de las tácticas favoritas del nacionalismo vasco, duro y blando, ya que en esto no se diferencian. Su vocación victimista es tal que le llevan a compadecer a los que matan y a violar las normas del Estado de Derecho para ayudarles. Contribuyendo de paso a socavar ese Estado de Derecho, otro de sus principales objetivos.

La mayor indignidad que ocurre hoy en el País Vasco es que cientos de miles de personas, en realidad, la mitad de su población, se ven privadas de sus derechos más elementales sin que el partido de gobierno se indigne, ya que reserva toda su indignación para quienes están pisoteando esos derechos fundamentales, incluido el sagrado de la vida. De ahí lo hueca que suena su indignación y lo falsas, sus palabras en ocasiones como ésta.

Si el PNV es tan democrático como dice, es hora más que sobrada de que lo demuestre. Para ello, lo primero es que acate las disposiciones de los tribunales, le gusten o no, como hacen todos los verdaderos demócratas mundo adelante. Lo segundo, dejar de ponerse sistemática, predecible, invariablemente de parte los asesinos. En otro caso, esta- remos autorizados a pensar que su espíritu democrático es tan falso como sus lágrimas en algunos funerales.

España elige entre dos modelos políticos
EDITORIAL Libertad Digital  25 Mayo 2003

El clima político en que han transcurrido los últimos seis meses convierte a estas elecciones municipales y autonómicas en las más relevantes desde la llegada de democracia, y en las que los partidos nacionales, especialmente sus líderes, más se juegan. Por ello, no es extraño que el debate sobre la gestión municipal y autonómica haya quedado relegado a un segundo plano, cediendo el protagonismo a las cuestiones de política nacional propias de unas elecciones generales. Es más, en estas elecciones, los ciudadanos habrán de pronunciar su veredicto general, no respecto de dos modelos alternativos de gestión pública, sino sobre dos modos completamente opuestos e incompatibles de hacer política que, apenas sin exagerar, cabría calificar de “democracia parlamentaria” y “democracia asamblearia”.

Han sido los partidos de izquierda, PSOE e IU, impacientes por lo que consideran una excesiva permanencia del PP en el poder, quienes han planteado estas elecciones como un voto de censura al Gobierno. Pero, carentes de un programa alternativo que, al menos, no ponga en peligro los innegables logros de la gestión del PP, han basado su estrategia en el acoso, la desestabilización y la deslegitimación permanente del Gobierno. Desde la huelga general del 20 de junio, la oposición fue desviándose paulatinamente de los cauces de seriedad, serenidad y respeto hacia el adversario por los que debe transcurrir la vida política para, en la catástrofe del Prestige, alcanzar el límite de lo que puede considerarse tolerable en el seno de un régimen de democracia parlamentaria.

Un límite que fue ampliamente rebasado con la excusa del “no a la guerra”, donde el PSOE, alternativa teórica de gobierno, se alió con IU y los grupos antisistema de la nueva internacional comunista en una cacería política contra el partido del Gobierno marcada por el acoso, los insultos, las agresiones a sus cargos y candidatos y por los ataques (más de 300) a sus sedes, que recordaron en las tres semanas que duró la guerra el ambiente y las condiciones que padecen los defensores de la Constitución en el País Vasco. Paradójicamente, en un momento en que la kale borroka, gracias al endurecimiento de las penas, ha sido prácticamente erradicada; y justo cuando ETA, por primera vez desde la democracia, ya no podrá presentarse a unas elecciones.

Existen motivos, sin duda, para la abstención o para dar un voto de castigo al PP. Aparte incluso de quienes, por profundas convicciones personales que nada tienen que ver con el fragor de la lucha por el poder, se han opuesto a la guerra contra Irak. El incumplimiento de algunas de sus promesas electorales “estrella” (por ejemplo, la privatización de RTVE); la inexplicada marcha atrás en la reforma laboral y las tentaciones populistas e intervencionistas de algún ministro (con el trasunto de la sucesión de Aznar como telón de fondo); la política de medios de comunicación (rendición incondicional ante Polanco y la ejecución, todavía pendiente, de la sentencia del antenicidio); los injustificados fastos de la boda de El Escorial, plagada de invitados poco recomendables como “los Albertos” (condenados recientemente por estafa), eran motivos suficientes para que una parte no despreciable del electorado reconsiderase su apoyo a un partido cuya mayoría absoluta depende de su plena identificación con la defensa de los intereses, valores y aspiraciones de la clase media. A todo esto hay que sumar la práctica ausencia del presidente del Gobierno y del PP de la escena política en los meses que transcurrieron desde la huelga general hasta la catástrofe del Prestige, donde la obstinación y la resistencia de Aznar a admitir los errores cometidos dio alas a una oposición sin argumentos ni alternativas y puso en serio peligro la cohesión interna en el PP, entonces más pendiente de la sucesión que de afrontar los retos y problemas de las tareas de gobierno.

Sin embargo, Aznar –no podía ser otro, dada la rígida estructura piramidal del PP, construida a la medida del líder– supo reaccionar a tiempo e incluso tomar la iniciativa política en el apoyo a la guerra de Irak, una empresa casi personal, llena de riesgos tanto para él como para su partido, que ha redundado en beneficio de España y que le hará pasar a la historia con honor. Pero, además, el apoyo a Bush y Blair ha tenido la virtud de revelar la impronta sectaria y antidemocrática de una oposición dispuesta a romper con las reglas del juego cuando el acceso al poder se le resiste, que carece de propuestas de gobierno creíbles y que, además, tampoco tiene una postura clara respecto a la cuestión nacional y los nacionalismos exacerbados.

Si a ello se une una buena gestión municipal y autonómica en general, especialmente en la ciudad y la Comunidad de Madrid –los puntos clave de estas elecciones–, cabe esperar que el voto de castigo de los ciudadanos descontentos con la gestión del PP, así como la mayoría del de los indecisos, acabe inclinándose a favor del único partido que, hoy por hoy, es capaz de garantizar mínimamente la estabilidad política, económica e institucional de España. Por tal motivo, Aznar deberá tener bien presente que, si bien la posible victoria del PP en estas elecciones se deberá en muy gran medida a su esfuerzo personal en los últimos meses de gobierno y a su protagonismo en la campaña electoral, los votos que den la victoria a su partido (especialmente en Madrid), no son un cheque en blanco para los diez meses que aún quedan hasta las próximas elecciones generales, ni tampoco significan una plena adhesión a todos los aspectos de la política del PP. Serán, en muy gran medida, un voto defensivo contra una oposición desquiciada que ha optado por la “democracia asamblearia” de pancarta y manifestación –la antesala de todas las tiranías– y también un voto de solidaridad con un partido que, excepción hecha del ámbito vasco, ha sufrido la persecución política más violenta de la democracia.

Elecciones libres en toda España salvo en el País Vasco
Unos 1.200 ciudadanos viven a diario con escolta Los primeros comicios sin HB marcan el futuro del PNV. El destino de los 230.000 votos que obtuvo EH en 1999, clave para los planes soberanistas de los nacionalistas
Un total de 34.557.370 españoles ¬de los que más de un millón y medio son jóvenes que ejercerán por primera vez su derecho al voto¬ están convocados hoy a las urnas para elegir libremente a sus representantes en los ayuntamientos y las comunidades autónomas para los próximos cuatro años. Sin embargo, habrá un lugar, el País Vasco, donde, como ha sido desgraciadamente habitual desde la implantación de la democracia, no habrá tal libertad y la presión y coacción de los seguidores de ETA condicionarán la elección de los votantes vascos. Como han declarado en un manifiesto un grupo de intelectuales europeos y americanos, en el País Vasco, «el miedo y la vergüenza oprimen a los ciudadanos».
J. Abenza / J. Prats - Madrid.- La Razón 25 Mayo 2003

Pese a las decisiones judiciales que han llevado a la deslegalización del brazo político de ETA, Batasuna, y a los que pretendían ser sus seguidores, AuB, la jornada electoral de hoy en la comunidad vasca será igual de conflictiva que en ocasiones precedentes, debido a las presiones que ejercerá el entorno de la banda terrorista sobre los electores para intentar condicionar su voto en contra de las opciones constitucionalistas representadas por el PP y el Partido Socialista. Como denunció un grupo de intelectuales europeos y americanos hace unas semanas en un manifiesto, en este rincón de Europa «el miedo [del que se sirven los proetarras] y la vergüenza oprimen a los ciudadanos», por lo que reclamaron que hoy los ciudadanos europeos declaren «el estado de indignación general en memoria de las víctimas que en el País Vasco mueren por la libertad».

Dos datos, no obstante, llevan al optimismo en estos comicios vascos. El primero, que el Partido Popular y el PSOE, las dos formaciones cuyos concejales están amenazados de muerte por la banda terrorista y deben desarrollar su actividad política fuertemente escoltados ¬ casi 1.200 personas viven con protección en esta comunidad, según un informe del Gobierno vasco¬, han logrado presentar más candidaturas que nunca en la historia de las elecciones municipales en el País Vasco desde la democracia.

Ausencia de Batasuna
Y el segundo que, por primera vez en la historia democrática, el entorno proetarra no tendrá representación en las instituciones públicas, circunstancia ésta que tendrá unos efectos muy relevantes, ya que los constitucionalistas podrían recuperar varios feudos abertzales.

La importancia de estos comicios radica, además, en que estas elecciones pueden suponer una reválida a los planes secesionistas del PNV. Javier Arzallus y el «lendakari», Juan José Ibarreche, podrán comprobar el estado real de su electorado y si su giro a la izquierda radical, en busca del voto abertzale, ha dado resultado. El destino de los 230.000 votos que obtuvo Euskal Herritarrok en 1999 marcará en gran medida la estrategia de los nacionalistas vascos en los próximos meses.

En los últimos comicios municipales, en 1999, el Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna obtuvieron en el País Vasco un total de 397.049 votos, frente a las 432.344 personas que apoyaron las candidaturas del PP, PSE y Unidad Alavesa. La Izquierda Unida de Madrazo consiguió cerca de 50.000 votos y Euskal Herritarrok obtuvo un total de 228.147 votos.

En las elecciones generales de 2000, PNV y EA consiguieron 434.000 votos, frente a los 590.000 de PP y PSE. Izquierda Unida-Ezker Batua logró 62.000 votos. En cambio, en las autonómicas de 2001 la coalición PNV-EA obtuvo 600.000 votos, frente a los más de 580.000 de populares y socialistas. En dichos comicios, EH consiguió 143.000 votos e IU-EB 78.000.

Así, nacionalistas y constitucionalistas han obtenido la mayoría del voto vasco según el tipo de elecciones y, aunque el dato no es por sí mismo concluyente, los de Ibarreche no plantarán batalla, en forma de consulta en favor de la autodeterminación, si no saben de antemano que la ganarán.

Por este motivo, y al margen de los efectos que tendrá en los ayuntamientos y juntas y en el reparto de escaños la ausencia de EH, los comicios de hoy representan un verdadero test matemático para los planes secesionistas de Javier Arzallus y Juan José Ibarreche.

Además, el destino de los casi 230.000 votos de EH serán vitales para el PNV, que podrá constatar si su estrategia de radicalización hacia posturas abertzales ha surtido efecto y ha arrastrado el voto proetarra a sus filas. De hecho, al pedir la dirección de EH el voto nulo, será relativamente fácil hacer las cuentas conociendo los resultados precedentes.

Imagen nacionalista
A pesar de todo ello, y aunque los resultados absolutos no determinen una gran diferencia de votos entre fuerzas nacionalistas y constitucionalistas, el Partido Nacionalista Vasco tendrá a partir de mañana, por primera vez, la oportunidad de impulsar una campaña propagandística dirigida a mostrarse como la única fuerza nacionalista consolidada en el País Vasco y en Navarra. Y esto será así por la ausencia de EH. El reparto de escaños que establece la Ley D Hont favorece a las listas más votadas y, en el caso de multitud de municipios batasunos, el vacío de los de Arnaldo Otegui será ocupado mayoritariamente por la coalición de Arzallus.

Éste será el caso, por citar municipios de relevancia, de Mondragón, Tolosa o Hernani. Hay que recordar que Euskal Herritarrok deja vacantes casi 700 concejales. Además, en los pueblos donde el PNV gobernaba con comodidad, las diferencias ahora serán mayores.

Respecto a la Comunidad Foral de Navarra, si se mantuviesen los resultados del año 1999 y los batasunos realizasen un voto nulo, los nacionalistas mantendrían tres escaños en el Parlamento autonómico y conseguirían su primer concejal en Pamplona. Por ello, el PNV podrá vender a los ciudadanos del País Vasco, si se cumplen los pronósticos, un aumento espectacular de su presencia en las instituciones vascas, y se sentirá fuerte para continuar con sus planes secesionistas.

No obstante, la «victoria» del PNV pasa por Bilbao. Las encuestas del Gobierno vasco dan como vencedora a una posible coalición PP-PSOE frente al PNV e IU-EB. Si se repitiesen los resultados de 1999, sin Batasuna y aun sumando al candidato nacionalista, Iñaki Azkuna, los votos que obtuvo José María Gorordo, el PNV perdería el Ayuntamiento, lo que significaría que los constitucionalistas gobernarían todas las capitales vascas, es decir, un serio revés para sus planes publicitarios.

Otro de los reveses que podría sufrir el partido de Juan José Ibarreche sería la victoria de la coalición PP-PSOE en Guecho y Basauri. Los constitucionalistas también podrían vencer en varios feudos tradicionalmente abertzales como Llodio, Pasajes o Andoain. Asimismo, en Rentería el Partido Socialista gobernaría con mayoría absoluta.
Respecto a las Juntas Provinciales, el partido de Ibarreche quiere ganar a toda costa en Álava, pero los pronósticos favorecen a los constitucionalistas.

Por todo ello, aunque la balanza se inclina claramente hacia las filas de Arzallus, la pérdida de Bilbao o de alguna plaza importante podría empañar sus planes y dar confianza al votante que, en su fuero interno, no desea una «guerra política» contra el Estado español y la Unión Europea.

ILEGALES, DISUELTOS Y SIN FONDOS
Las cuentas bancarias y las tabernas de Batasuna serán liquidadas por tres inspectores de Hacienda
Libertad Digital 25 Mayo 2003

Tres inspectores de Hacienda elegidos al azar procederán a liquidar el patrimonio que hasta ahora disfrutaba el partido de ETA. Las tabernas en las que lavaban dinero y más de cien cuentas corrientes en el País Vasco y Navarra se destinarán ahora a actividades de interés social. La banda se ha quedado también sin el dinero que le pagaba Batasuna.

Según informa la agencia Europa Press citando fuentes del Tribunal Supremo, el pasado miércoles se escogió mediante el procedimiento de insaculación (papeletas o números extraídos de un saco), a tres inspectores de entre una lista de seis que había propuesto Hacienda. Los jueces no conocieron la identidad de los profesionales designados ya que fueron identificados mediante números profesionales.

Según establece el artículo 12.1.c de la Ley de Partidos Políticos que ha posibilitado la ilegalización de Batasuna una de las consecuencias de la ilegalización de un partido es el proceso de liquidación patrimonial. En el mismo artículo se explica que el patrimonio neto resultante se destinará por el Tesoro a actividades de interés social o humanitario.

Entre los bienes que serán liquidados figuran 109 cuentas bancarias de Batasuna en las tres provincias vascas y Navarra, y 75 "herriko tabernas", las sedes donde los ingenieros financieros de la banda –entre ellos el etarra profesor de la UPV, Joseba Garmendia– lavaban el dinero procedente de las extorsiones y chantajes.

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