AGLI

Recortes de Prensa     Domingo 8 Junio  2003
Cultura o barbarie
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 8 Junio 2003

Que no se engañe nadie
Luis María ANSON La Razón 8 Junio 2003

La tradición de Madrazo
Germán Yanke Libertad Digital  8 Junio 2003

Bono y el modelo de Estado
Editorial La Razón 8 Junio 2003

Pactos para la alternativa
Editorial ABC 8 Junio 2003

Un desafío sin precedentes
EDITORIAL Libertad Digital 8 Junio 2003

El plante
Ramón Villota-Coullaut Libertad Digital 8 Junio 2003

«Aitatxo»
ALFONSO USSÍA ABC 8 Junio 2003

La calculada tibieza de IU
Editorial El Ideal Gallego 8 Junio 2003

La gran estafa
José María Carrascal La Razón 8 Junio 2003

El fantasma del 155
 ÁNGEL COLLADO ABC 8 Junio 2003

Desobediencia judicial
José Cavero El Ideal Gallego 8 Junio 2003

Estado de derecho
Pilar Cernuda La Razón 8 Junio 2003

Viaje
JOSÉ MARÍA ROMERA/ El Correo 8 Junio 2003

Miedo y vergüenza
ENRIQUE VILLAR MONTERO El Correo 8 Junio 2003

Situación vasca
Cartas al Director ABC 8 Junio 2003

Cultura o barbarie
Por CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 8 Junio 2003

PENSABA dedicar esta crónica a la cultura. El viernes asistí a la investidura del profesor Jiménez Blanco como «doctor honoris causa» de la Universidad de Granada. El acto tuvo el perfume de la excelencia, que diría Martín Ferrand, y el discurso de Jiménez Blanco, bajo el crucero plateresco del rectorado, nos dio no sólo las claves de su itinerario intelectual sino de la resistencia cultural de la Universidad de los años cuarenta y cincuenta. Nos explicó cómo pudo salir de la perplejidad que le produjo aquella sociedad fantasmagórica gracias a su anclaje en el pensamiento español, en el del 98 y en el de Ortega especialmente, y cómo la búsqueda de respuestas a las grandes cuestiones que se le planteaban le llevó a una nueva disciplina llamada sociología, desconocida por entonces en otras Universidades españoles y recién nacida en aquellos momentos en Granada gracias a parteros tan inteligentes como Gómez Arboleya, Sánchez Agesta, Murillo Ferrol...

A estas cuestiones quería yo dedicar esta crónica sobre los actos del rectorado granadino y por supuesto al compromiso moral y estético que aún queda bajo muchos birretes y mucetas en nuestra Universidad, pero una vez más las noticias del norte venían a dominar la actualidad y a teñir de estremecimiento la vida pública de los españoles: el desafío del presidente del Parlamento vasco había sido asumido por la mesa de portavoces nacionalistas. Un desafío institucional al Tribunal Supremo. En estas circunstancias, ¿cómo podría yo no dejar constancia aquí, en este espacio, de mi repulsa, de mi espanto, ante esta última agresión al Estado y a la convivencia? Es verdad que ni a mí ni a tantos nos sorprendía este nuevo avance de los nacionalistas en el asalto al Estado (y aun me temo otros muchos que irán dando, cada vez más graves, y a los que deberán responder el Gobierno, las altas instituciones y todos si no queremos dejar en medio de la calle el Estado y la paz), pero no por previsto podría yo pasarle por alto hoy. El maestro Jiménez Blanco, que nunca ha entendido la Universidad, la cultura y la sociología ajenas a los problemas más acuciantes, no me lo habría permitido. Por otra parte, ¿acaso la actualidad no me ponía en bandeja el viernes en Granada la tensión entre cultura y barbarie que es la que está definiendo la realidad española en estos últimos años?

Porque es la cuestión de los nacionalismos etnicistas y el terrorismo que se deriva de él la que está haciendo imposible el discurso propio de una sociedad desarrollada y evolucionada como la española. De forma persistente, cotidiana, implacable, la vida pública española es asediada por la subversión de estos bárbaros; es ella la que marca nuestra actualidad humillándonos a todos y, por lo que se refiere a la cultura, oprimiéndola, condicionándola, sofocándola. El hecho de que esta crónica sobre los actos del rectorado de Granada del viernes deba ser sacrificada en buena medida responde a esta anormalidad permanente. Los medios de comunicación no pueden escapar a los estragos diarios que provoca la enfermedad nacionalista en nuestra democracia.

En estos patios del rectorado granadino en los que los magnolios rodean el bronce de Carlos I, las altísimas arcadas sostienen la rica biblioteca y los ventanales platerescos rompen la monotonía de los austeros paramentos, uno no puede dejar de sentir, más que tristeza o melancolía por las terribles noticias del norte, una aspiración a la rebelión contra la barbarie nacionalista, la peor de las barbaries, la interior, la «nuestra», a la que habrá que responder de forma coherente y suficiente.

En los jardines del viejo hospital había muchos capullos a punto de estallar.

Que no se engañe nadie
Luis María ANSON de la Real Academia Española La Razón 8 Junio 2003

Si el Tribunal Supremo, si el Tribunal Constitucional en su caso, si la Fiscalía General del Estado, si el Gobierno de la Nación, si el Parlamento español, si la Oposición democrática no reaccionan de forma enérgica e inmediata, el ciudadano medio perderá la fe en las instituciones, y el entero edificio del Estado de Derecho quedará cuarteado. La ley es ley para todos. Atucha ha cometido presuntamente un delito y debe pagar por él sin contemplaciones ni dilaciones.

La musculatura de la democracia española ha sido puesta a prueba. El pulso del Parlamento vasco contra el sistema constitucional español no puede terminar en demoras, en veladuras o en derrota. O se gana pronto y bien, doblando la mano al PNV, o las consecuencias serán incalculables. La unidad de España de la que deriva la Constitución quedará fracturada de forma irremediable y estallará una carrera de reinos de taifas que políticamente nos recordará al medioevo. Que no se engañe nadie. El hedonismo de nuestros políticos, su mandanga tradicional, su cobardía indeclinable, su ávida tendencia al pasteleo más indecente deben arrumbarse en esta ocasión en los desvanes de la Historia. Nuestra clase política, tan mansurrona y lanar, no puede permanecer indiferente ni salir del paso con media docena de declaraciones retóricas. El pueblo español se merece que sus políticos y sus jueces estén a la altura de las circunstancias.

La tradición de Madrazo
Germán Yanke Libertad Digital  8 Junio 2003

Javier Madrazo pertenece a una vieja tradición: la del servilismo del comunismo al nacionalismo. No es nuevo: si se quiebra la nación se puede quebrar con ello el Estado de Derecho que ampara la sociedad abierta. El nacionalismo, también desde antaño, paga bien estos servicios.

En agosto de 1921 apareció en Bilbao el diario Las Noticias, inspirado por Oscar Pérez Solís, director del semanario comunista Bandera Roja. Se supo después que el diario estaba financiado por los nacionalistas vascos con el fin de encontrar apoyos en una izquierda que querían romper por su defensa de la unidad de España. Formalmente constituido poco antes de la revolución de octubre, el Partido Comunista de Euzkadi se convirtió también en un interesado aliado del PNV oponiéndose con él a las pretensiones autonomistas de Prieto y defendiendo “la autodeterminación del pueblo vasco de acuerdo con los postulados leninistas”.

Este sábado, tras la indecencia de ayudar con su ausencia a la protección nacionalista de ETA-Batasuna, Madrazo afirma que el PP quiere, tras la desobediencia nacionalista-comunista al Tribunal Supremo, suspender la autonomía vasca. Está claro que su adversario es el partido gubernamental, al que asocia al PSOE, y no el crimen nacionalista, que quiere seguir teniendo en su panorama político-económico. El secretario general del PP responde que la suspensión no se está ni considerando pero merece la pena señalar que es mejor un País Vasco con libertad y sin competencias coyunturales que una comunidad autónoma poderosa y dictatorial.

Y si no se va a suspender la autonomía, como estoy seguro, no estaría de más que el Gobierno y el PSOE, unidos en el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, nos indiquen la “hoja de ruta” que van a seguir para que este intento golpista que el nacionalismo ha encargado a Atutxa reciba la adecuada respuesta del Estado de Derecho.

Bono y el modelo de Estado
Editorial La Razón 8 Junio 2003

El presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, asistente voluntariamente mudo en el reciente Comité Federal del PSOE, consiguió, sin embargo, volver a ser el centro de una polémica por él provocada. El veterano barón socialista, rotundo ganador, un año más, en su feudo, había aconsejado a sus compañeros de partido que buscaran hacia su derecha, es decir, hacia el centro del espectro político español, los votos que hacen falta para que José Luis Rodríguez Zapatero pueda llegar a la Moncloa en 2004. Su opinión, que hoy reitera en entrevista a LA RAZÓN, es que a la izquierda del PSOE el espacio político es muy reducido y que cierto tipo de guiños a ese electorado pueden ser contraproducentes, más aún cuando aparece la sombra del nacionalismo. Naturalmente, la respuesta del aparato de Ferraz, con el entusiasmado apoyo de Izquierda Socialista, ha sido de rechazo a una propuesta que, sin embargo, permite a dirigentes como al propio Bono, como a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de Extramadura, o como al alcalde de La Coruña, Francisco Vázquez; mantenerse en el poder, elección tras elección, con mayoría absolutas holgadas, gracias a esos «caladeros» tan despreciados por el actual Comité Federal socialista.

Haría bien, sin embargo, Zapatero, en reconsiderar una propuesta que, en definitiva, no tiene otros ingredientes que la moderación de algunas actitudes más propias de pancarta y algarada callejera y la defensa nítida y cerrada del actual modelo de Estado, basado en la indisoluble unidad de la Nación española, tal y como recoge la Constitución.
Porque lo que plantean, y practican, esos veteranos dirigentes socialistas no es más que el mantenimiento de una política nacional sin fisuras, que recupere un sector del voto asustado por el incremento de la tensión nacionalista en el País Vasco, Cataluña y Galicia. Bono, demasiado experto como para dar bazas al PP, no arremete directamente contra nadie, pero recuerda con sencillez que el PSOE de Maragall, «miembro de una saga del catalanismo cultural y político que no asusta a la burguesía», no ha ganado nunca en Cataluña o que Odón Elorza no debería ir con Arzallus ni a misa.

Es, pues, en la firmeza de esos planteamientos, donde el PSOE debería buscar los votos que le faltan para convertirse en una mayoría suficiente en 2004. Algunos pactos, o tentaciones de pacto, que los socialistas ventilan durante estos días deberían plantearse desde esa perspectiva.

Pactos para la alternativa
Editorial ABC 8 Junio 2003

NINGÚN avance se produjo ayer en las conversaciones, ciertamente tensas, que populares y socialistas mantienen para controlar la Diputación General de Álava. La polémica de los socialistas alaveses con el PP para colocar a Javier Rojo como diputado general ha dejado un reguero de malas sensaciones sobre la colaboración constitucionalista en el País Vasco. Las formas reivindicativas empleadas por el PSE para exigir la conformidad de los populares a la candidatura de Rojo han puesto la relación entre ambos partidos fuera de las reglas mutuamente aceptadas en el mandato anterior, que son las del preámbulo del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. La lucha por los principios aunó los esfuerzos de populares y socialistas en Álava, territorio histórico que sigue rompiendo la estrategia soberanista del plan Ibarretxe y, en general, la consumación de la hegemonía del nacionalismo.

Álava ha sido la referencia del modelo constitucionalista de convivencia y el más eficaz desmentido a los argumentos catastrofistas del PNV. La firmeza y la estabilidad de las instituciones alavesas han sido premiadas por el electorado, dando a los constitucionalistas claras mayorías absolutas en las Juntas Generales y en el Ayuntamiento de Vitoria. Este valor histórico del pacto constitucional entre PP y PSE en Álava no está presente en la reclamación socialista de la Diputación General. Es cierto que los diálogos entre ambas formaciones presentan reproches desproporcionados e injustos, pero, a la hora de la verdad, el PP ha garantizado, sin esperar respuesta recíproca, que apoyará al PSE en las instituciones en que sea la lista más votada.

Sin un acuerdo global entre ambas formaciones para todo el País Vasco y sin un compromiso de Gobierno de coalición en las instituciones alavesas, la aspiración socialista a la Diputación de Álava parece un mero reparto de dividendos y no una distribución de responsabilidades para un objetivo común. El resultado final no medirá tanto la capacidad de negociación de ambas partes como la voluntad del PSE de promover decididamente una alternativa constitucional al nacionalismo. Este empeño no va por barrios, por lo que no sirve que Rojo acceda a la Diputación General de Álava si Elorza pacta en San Sebastián con Sudupe y López deambula sin dirección en la «margen izquierda». En este sentido, la candidatura de Rojo abunda en el efecto fragmentario de la táctica de su partido porque está desprovista de cualquier valor político añadido que reafirme la opción constitucionalista.

CABRÍA presumir, al hilo de estas contradicciones internas del PSE, que los socialistas alaveses quieren el acuerdo con el PP sobre la candidatura de Rojo con el fin de condicionar la política de pactos en Vizcaya y Guipúzcoa, conjurando cualquier tentación con los nacionalistas. Esta intención sería un ejercicio de voluntarismo a tenor de la escasa influencia que ejerce el socialismo alavés en la programación política del PSE. Si cuatro años de colaboración con el PP en Álava, con resultados más que satisfactorios, no han hecho cambiar el discurso ambivalente de la ejecutiva que dirige Patxi López, nada hace pensar que la cesión a secas de la Diputación de Álava pudiera cambiar la situación. Además, la política de pactos con los populares no es el instrumento adecuado para girar la estrategia oficial del PSE hacia posiciones netamente alternativas al nacionalismo. Esta es la responsabilidad de la Ejecutiva federal y de Rodríguez Zapatero, cuyos pronunciamientos en contra de la negociación con el PNV sólo le definen a él, pero no a sus colegas vascos.

DURANTE los doce años en los que apoyó al PNV en el Gobierno de Vitoria, el PSE no opuso tanta resistencia ni tantas condiciones a los nacionalistas como las que ahora exhibe a los pactos con el PP. Se supone que la historia del transversalismo entre nacionalistas y socialistas está saldada con un balance que destacados líderes del PSE han cuantificado con engaños y decepciones. La incomodidad del PSE a pactar con los populares es notoria, pero el resultado de no hacerlo en el trance del mayor desafío del nacionalismo al Estado, puede ser políticamente suicida para los socialistas. El PSE y la dirección nacional del PSOE no están afrontando responsablemente la situación. Pueden justificadamente pedir al PP que no exija lealtad con el dedo acusador, pero el problema de fondo seguirá siendo el mismo: saber si el socialismo vasco tiene o no voluntad de crear con el PP la alternativa constitucional al nacionalismo.

Un desafío sin precedentes
EDITORIAL Libertad Digital 8 Junio 2003

El viernes tuvo lugar la última escena –por ahora– de la farsa jurídica que el PNV-EA, con la ayuda de Izquierda Unida, está representando en el Parlamento Vasco para impedir a toda costa la disolución del grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak (antigua Batasuna, rama institucional de ETA). No de otra forma puede calificarse el hecho de que Atutxa –quizá con el objeto de eludir su procesamiento– hiciera aprobar en la Mesa del Parlamento Vasco una propuesta de modificación del reglamento de la Cámara que permitiera la disolución de “un grupo afectado por sentencia firme”, para que después fuera rechazada en la votación de la Junta de Portavoces, donde los diputados de ETA pudieron votar en contra de la disolución de su grupo e Izquierda Unida, ausentándose de la votación, dejó en minoría a PP y PSE.

Vaya por delante que la modificación del reglamento de la Cámara vasca no es ningún obstáculo real para que Atutxa hubiera procedido ya a la disolución del grupo de SA, ordenando el pase de sus diputados al grupo mixto. En su calidad de presidente del Parlamento Vasco tiene competencia suficiente para ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo –aun más, es su deber– sin necesidad de someter a debate y votación la modificación del reglamento de la Cámara; el cual, obviamente, no hubiera podido incluir en su texto la posibilidad de oponerse a una sentencia judicial firme. Así lo hizo el presidente de la Cámara navarra aun sin disponer de sentencia firme, a instancias de la suspensión de Batasuna y sus clones decretada por el juez Garzón hace ya un año.

No obstante, la trama de triquiñuelas jurídicas de las que se está valiendo el PNV-EA para eludir el cumplimiento de la sentencia del Supremo plantea con toda intencionalidad un problema que los redactores de la Constitución, preocupados por sacar adelante un texto con la suficiente holgura para que los nacionalistas vascos y catalanes se “sintieran a gusto” en España, no se atrevieron a prever del todo: la posibilidad de que un poder autonómico desafiase abiertamente al Estado de Derecho del que, precisamente, emana su legitimidad, so capa de una interpretación claramente abusiva del concepto de soberanía; la cual, tal y como recoge la Constitución, reside únicamente en el conjunto del pueblo español.

Los nacionalistas vascos han decidido llevar a efecto el “plante contra el Estado español”, ofrecido por Egibar a Otegi como una reedición del pacto de Estella, en una cuestión que, realmente, tiene escasa importancia práctica, ya que los etarras conservarían, en cualquier caso, sus actas de diputados hasta las próximas elecciones autonómicas. Esta tenacidad ante un asunto menor da una idea muy clara de que la estrategia futura del PNV-EA será la confrontación permanente con el Estado de Derecho y el recurso sistemático al fraude de ley, aprovechando las rendijas y los agujeros que la generosidad, la buena fe –y también la ingenuidad– de los constituyentes dejaron en el texto constitucional.

Es decir, el PNV-EA pretende hacer desde la esfera institucional lo mismo que ha intentado ETA con las pistolas y los coches-bomba: fabricar un conflicto para poder vender a su parroquia después las legítimas reacciones del Estado de Derecho en defensa de la legalidad como una voluntad, por parte del gobierno de España, de reprimir sistemáticamente cualquier manifestación de autogobierno vasco y de humillar sus instituciones. Las palabras de Egibar el viernes confirmarían esta tesis: “Quisiera trasladar a la ciudadanía un mensaje de alerta: que esto –la disolución de SA– es un aperitivo con lo que tienen preparado (...) en este país hay algo que se recoge en la vida y también en el diccionario: Dignidad, dignidad política (...) hoy le toca al Parlamento Vasco, mañana a ETB, al sistema educativo. Aznar tiene una idea muy clara: atacar a las instituciones de autogobierno”.

El plazo de cinco días otorgado por el Tribunal Supremo para que Ibarretxe disuelva SA finalizará la próxima semana. Y aunque previsiblemente el Fiscal General del Estado inste al Fiscal del TSJPV para que procese a Atutxa (y quizá también a los miembros de la Junta de Portavoces que votaron en contra de la modificación del reglamento de la Cámara vasca), lo más probable es que, de momento, el grupo parlamentario de los etarras siga sin ser disuelto. Pues, en última instancia, quien debe ejecutar la sentencia del Supremo es precisamente el presidente del Parlamento Vasco, que quedaría inhabilitado para el ejercicio del cargo en el caso de que fuera condenado por desobediencia.

Quizá la única vía –sin precedentes en España ni, probablemente, en Europa– para disolver el grupo de SA es que el propio Tribunal Supremo asuma las competencias de Atutxa en esa actuación concreta. Sin embargo, cuando se trata de un poder elegido democráticamente, la cuestión no es tan sencilla; ya que, al menos sobre el papel, cabría interpretar esa hipotética actuación del Supremo como materia de un conflicto de competencias que tendría que resolver el Tribunal Constitucional y que los nacionalistas no dudarían en presentar como una agresión a su “soberanía”. Conviene, pues, tener muy presente que el Estado de Derecho se enfrenta a un desafío sin precedentes, con el horizonte del ilegal referéndum separatista que Ibarretxe pretende convocar en otoño. Por ello, una vez más, es preciso armarse de paciencia y serenidad, dejar que la Justicia siga su curso y reservar energías para confrontaciones futuras que, a no dudarlo, tendrán mucho más calado.

El plante
Ramón Villota-Coullaut Libertad Digital 8 Junio 2003

Este viernes se ha consumado el peor de los presagios. El Parlamento vasco, su Junta de Portavoces, ha decidido entrar en la ilegalidad, incumplir el auto del Supremo de 20 de mayo. El alto tribunal posiblemente espere a que se cumpla el plazo de cinco días que dio esta misma semana para que el grupo político sucesor de Batasuna sea ilegalizado y no pueda actuar como tal en el Parlamento vasco. A partir de ahí, notificará a la Fiscalía la situación y si los integrantes de la Junta de Portavoces o el presidente del Parlamento vasco han incurrido en un delito de desobediencia. Este delito tiene una sanción prevista de inhabilitación de hasta 2 años y conlleva una multa. Teniendo en cuenta que los posibles encausados son aforados, el órgano competente para conocer de esta cuestión será el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Lo fundamental no es esta posible sanción —tampoco tan gravosa—, sino el que una resolución del Tribunal Supremo se incumpla porque un Parlamento autonómico se niegue, sin más, a cumplirla. Porque excusas puede haber muchas, pero al final está claro que el Tribunal Supremo no ha invadido las competencias de nadie y menos la autonomía organizativa del Parlamento vasco: sólo desea cumplir el mandato constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

Un asunto que en la práctica tiene hasta casi poca importancia, el mantenimiento como grupo parlamentario propio de Sozialista Abertlzaleak, se ha convertido en un tema fundamental para nuestra democracia. Evidentemente los efectos más importantes de la sentencia de 27 de marzo de la Sala del 61 del Tribunal Supremo ya se han cumplido: Batasuna no se ha podido presentar a las elecciones municipales y forales, como tampoco se podrá presentar a las próximas autonómicas. Pero resuelto este punto el problema ha surgido en un tema mínimo: el Parlamento vasco se niega a ejecutar un auto del Tribunal Supremo que casi no va a tener efectos prácticos, a menos que se entienda como esencial el que el grupo parlamentario sucesor de Batasuna se integre en el grupo mixto y tenga menos tiempo para participar en los debates de la Cámara vasca.

Un hecho tan mínimo lo ha convertido Atutxa en un enfrentamiento con la cúspide del Poder Judicial y va a obligar al Tribual Supremo a actuar contra el presidente del Parlamento vasco. Además, si el incumplimiento, en la práctica, se mantiene, no sería descartable que el Gobierno tuviera que convocar al Senado para utilizar la vía del artículo 155 de la Constitución, un precepto pensado para cuando una Comunidad Autónoma no cumpla las obligaciones que la propia Constitución o las leyes le impongan, y que daría lugar a que fueran las propias instrucciones del Gobierno las que obligaran a cumplir esta resolución judicial.

En cualquier caso, espero que el nacionalismo vasco tenga los suficientes reflejos para recapacitar y entienda que las consecuencias de este choque con el Poder Judicial, poniendo en juego no sólo la estructura autonómica de España, también su división de poderes, tiene que traer consecuencias gravísimas, que incluso pueden significar la supresión de la autonomía vasca, una autonomía que, como el resto, proviene de la Constitución, y que, como es natural, debe acomodarse a las exigencias de un Estado de Derecho en donde las decisiones judiciales se cumplen, no se votan en los Parlamentos.

«Aitatxo»
Por ALFONSO USSÍA ABC 8 Junio 2003

EL abuelo Javier, «aitatxo Xabier», apenas dos horas fuera de casa, siente la punzada de la melancolía. Su nieto, el amadísimo «semetxo», juguetón e imprevisible como todos los niños, reclama su presencia. El abuelo es la raíz y el nieto la rama tierna que ha nacido del roble. Los niños hacen milagros. La instantánea de Stalin con su hija Svetlana en brazos no deja lugar a la duda. Aquel tirano, que no tembló al ordenar más de cien millones de penas de muerte, amaba a su hija, y sonreía feliz cuando la niña corría hacia él y se tiraba a sus brazos fuertes y protectores. En la terraza de un castillo de Baviera, Eva Braun sonríe e ilumina su rostro de bellísima nibelunga. Sonríe porque le emociona lo que está viendo. Su gran amor, Adolfo Hitler, acaricia con indescriptible dulzura, sumido en el más profundo enternecimiento, a una niña alemana. Mientras la niña alemana se siente feliz con las caricias del «Fhürer», decenas de miles de niños judíos, alemanes como ella, están siendo gaseados en los campos de concentración de Buchenwald, Auschwitz, Treblinka, o cualquier otro de los muchos que funcionan y se esconden en las miserias de la tiranía nazi. Para Stalin y para Hitler, esos niños limpios, sanos y sonrientes justifican sus decisiones políticas. Representan el futuro de sus órdenes respectivos, y en ellos depositan ese rincón de amor que vive en la sensibilidad de todos los hombres, por perversos que sean. El presidente Macías de Guinea, más modesto en sus crímenes -sencillamente porque no había tantos guineanos como rusos y judíos- acuna como una madre a una niña de su tribu. La niña, de apenas un año, no se entera de nada e ignora que sus padres han muerto. Sus padres han muerto porque los ha asesinado personalmente ese hombre afable y bondadoso que la tiene en sus brazos. Está bien alimentado el hombre que le hace carantoñas mientras su estómago digiere el corazón de su padre. Pero Macías ve en esa niña el futuro de Guinea Ecuatorial, y adora su sonrisa.

El abuelo Javier, cuando juega con su nieto, cuando lleva a su nieto sobre los hombros mientras pasea por el jardín y el huerto de su caserío, lo olvida todo. La felicidad es suprema y casi completa. Le molestan los asuntos del despacho, y no le afecta la gravedad de sus decisiones. Otros niños vascos han perdido a sus padres asesinados por la ETA -«esa pandilla de patriotas equivocados»-. Esos padres muertos jamás serán abuelos, y no podrán disfrutar del amor de sus nietos. Sabe que otros niños, de la edad de su nieto, no son libres, y no pueden hablar, y si algo dicen que quiebra las normas de disciplina que él ha impuesto en todo un territorio, serán insultados y despreciados. Y que los padres de esos niños estarán marcados para siempre con el estigma del antivasquismo. El nieto sonríe y el abuelo Javier siente cómo todo un paisaje de luz ilumina su capacidad de cariño. Hace unas horas ha ordenado a sus subordinados que apoyen sin vacilaciones a la banda de los asesinos. Sin ellos su proyecto no tiene futuro, y su nieto no viviría el mañana que le está tejiendo. Sin los asesinos -sus errados patriotas-, sus planes de trabajo carecen de sentido. Él quiere lo que quiere y no le importa nada el sufrimiento de los demás para conseguir sus propósitos. El niño le señala un caracol. Después del chubasco ha salido el sol y el caracol asciende confiado por el pequeño muro que separa la huerta del jardín. Y el abuelo captura al caracol, y el nieto ríe abiertamente cuando esconde su cuerpo baboso en su frágil caparazón. La risa del nieto derrumba al abuelo, que zarandea al niño, y le abraza, y le besa y achucha. Sabe que está llevando las cosas a un límite insoportable de violencia, que ha ordenado la desobediencia a la Justicia, que ha exigido la ayuda a los asesinos, que está en la última fase de un proceso destructor, pero el nieto sonríe, y le pide otros sustos al caracol, y el abuelo no puede negarse, y nada le importa fuera de la sonrisa de su nieto. Su régimen está con los asesinos, y el nieto le pide por tercera vez que asuste al caracol.

La calculada tibieza de IU
Editorial El Ideal Gallego 8 Junio 2003

Un futbolista que demuestra la misma destreza golpeando el balón con la pierna derecha que con la izquierda es una joya. Un torero ambidextro también goza de más posibilidades de llegar a ser figura. En cambio, un político que toca todos los palos no puede ser considerado como un padre de la patria modélico y más en los casos en que para repicar y estar en misa llega a recurrir a actitudes tan miserables como esconderse. El líder de IU en el País Vasco y miembro del gobierno autonómico de esa comunidad, Javier Madrazo, ha demostrado que no tiene ningún reparo en ocultarse en la madriguera cuando hay que dar la cara por el Estado de Derecho -impidió a su compañero Antton Karrera acudir a la Junta de Portavoces en la que se votaba la posible disolución de Sozialista Abertzleak- y salir de ella al día siguiente asegurando que el PP quiere suspender la autonomía de Euskadi. Esa postura merece al menos el calificativo de cínica y es la constatación de que IU ha recurrido a una calculada tibieza que piensa que le permitirá sobrevivir. Los resultados de las elecciones municipales han reflejado que los ciudadanos desaprueban esa actitud, pese a lo cual Gaspar Llamazares, que es quien da las órdenes, prefiere seguir por el mismo camino. Julio Anguita estuvo a punto de enterrar a la coalición, pero sus actuales dirigentes están cavando una tumba aún más profunda.

La gran estafa
José María Carrascal La Razón 8 Junio 2003

Una de dos: o los nacionalistas vascos aceptan las instituciones, leyes, normas, poderes y procedimientos del Estado español o no los aceptan. Si los aceptan, los parlamentarios de PNV y EA no tienen más remedio que cumplir la sentencia del Tribunal Supremo y expulsar de su cámara al grupo en que se ha metamorfoseado Batasuna. Si no los aceptan, ese parlamento, que forma parte de las instituciones del Estado español, no tiene poderes, ni funciones ni siquiera razón de ser. Sería un parlamento ficticio, una mera entelequia. Negando al Estado del que emana, se niega a sí mismo.

No es lógico ni legal, por no hablar ya de ético, tomar del Estado aquello que nos conviene y rechazar lo que nos disgusta. No puede hacerse..., pero es lo que viene haciendo el nacionalismo vasco de forma habitual. Ocupan gobiernos, parlamentos, diputaciones, alcaldías, todo lo que puedan conseguir gracias al ordenamiento administrativo y jurídico de un Estado que al mismo tiempo están negando. Lo que no les impide considerar legítimos sus poderes y funciones. En lo que hay una contradicción básica. El Sr. Atucha, la junta de portavoces, el entero Parlamento Vasco son lo que son gracias a esa Constitución que no admiten.

Aunque eso no es una contradicción. Es pura y simplemente una estafa. La gran estafa que los nacionalistas vascos vienen practicando en el marco institucional y político español, con tanta desfachatez como descaro desde hace veinte años. «No se puede estar en misa y repicando», dice el refrán. Los nacionalistas vascos están en misa, repicando y, algunos, con las pistolas. Que no se sientan ofendidos. El viernes, quedó bien claro. Quienes están ayudando a quedarse en el Parlamento Vasco a miembros de una organización que las instancias tanto nacionales como internacionales han catalogado como terrorista son ellos. Una cierta ambigüedad está permitida en política, e incluso a veces es necesaria. Pero esto no es ambigüedad. Es trampa lisa, llana y, además, burda. «Las sentencias judiciales son de obligado cumplimiento», aparece en el frontispicio de todo Estado de Derecho. La legalidad, como la moralidad, no es divisible ni elegible, como si se tratara de un cesto de frutas. Hay que estar a las duras y a las maduras. Aunque vayan ustedes con refranes a unos señores que, presumiendo de demócratas, se pasan la ley por el arco del triunfo.
En cuanto a Izquierda Unida, su papel en este drama es casi peor. O por lo menos, más triste. Ni siquiera se presentaron a la votación. O sea que, aparte de traidores, cobardes. Tal vez crean que así colará su apoyo a los batasunos. Pero los españoles saben perfectamente que con su voto, el brazo armado de ETA ya no estaría en el Parlamento Vasco. Su ausencia es exactamente igual que si hubieran votado por mantenerlos.

El fantasma del 155
Por ÁNGEL COLLADO ABC 8 Junio 2003

AMadrazo, que actúa de chico de los recados en el gobierno nacionalista vasco, le han encargado esta vez sus jefes del PNV que agite el fantasma de la suspensión de la autonomía. El viejo juego nacionalista de desafiar al Estado y luego hacerse la víctima suele correr a cargo de los Egibar y Anasagasti, pero ya están tan vistos que han delegado en el último que se ha apuntado a la partida. Los auténticos tahúres han puesto sobre la mesa la provocación al Estado de Derecho con su negativa a cumplir la sentencia del Supremo y ahora, provocado el conflicto, desean que se amplíe. El artículo el 155 de la Constitución, tan aludido, no aborda expresamente el procedimiento para la suspensión de estatutos de Autonomía, pero sí la intervención del Ejecutivo para hacer cumplir la ley. «Si una Comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan. o actuare de forma que atente gravemente al interés de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en caso de no ser atendido, con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado, podrá obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general». La Constitución añade: «Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas». Que Ibarretxe y Atuxta hayan decidido saltarse la ley no quiere decir que el Gobierno vaya a saltarse los procedimientos del Estado de Derecho. Eso es lo que querrían los nacionalistas. Faltan aún algunos pasos para llegar al 155.

Desobediencia judicial
José Cavero El Ideal Gallego 8 Junio 2003

Poco a poco, han conseguido los nacionalistas vascos que la cuestión de disolver el grupo parlamentario batasuno, hoy Sozialista Abertzaleak, se haya convertido en una historia de suspense por capítulos, además de ser una demostración manifiesta y bien apreciable de un pulso que ese nacionalismo que gobierna Euskadi mantiene con el Estado español y, en particular y en concreto, con sus poderes Judicial y Ejecutivo.

Al Judicial, por cuanto es una orden estricta y precisa dada en sentencia firme y para ser cumplida en el plazo estricto de cinco días. Al Ejecutivo, por cuanto han sido varios los ministros que han explicado, con reiteración y con detalle, que no se trata de una mera disquisición ni de un debate teórico sobre a quién competen esas responsabilidades, sino que, simple y lisamente, se trata de hacer cumplir una sentencia del más alto tribunal intérprete de la legislación vigente, contra el que no cabe ni discusión ni dilación.

Hasta ahora han podido adivinarse los pasos que realizarían Juan María Atutxa y su grupo nacionalista en el parlamento de Vitoria. Al trasladar Atutxa su propia responsabilidad a la Junta de Portavoces, y al negarse éstos a disolver el grupo batasuno, vuelve a fijarse la mirada en la administración de la Justicia: ¿Qué harán ahora el Tribunal Supremo, que ve desobedecida su decisión, y qué hará el fiscal general del Estado, defensor de la legalidad, frente a quienes, con prerrogativas de aforados, se niegan a aceptar una decisión firme del Tribunal Supremo?

Todo esto cuando Batasuna ha pasado a ser organización terrorista incluida en las listas de la Unión Europea, y cuando el único europarlamentario batasuno, Koldo Gorostiaga, pasa a ser individuo en condiciones de ser perseguido por las policías de los quince países de la Unión. Pero aún queda un núcleo resistente, Sozialista Abertzaleak, en el Parlamento vasco, con la complicidad y desde las “barricadas” que han dispuesto para él sus “compañeros de viaje”, PNV y EA.

Cuando menos hay que celebrar una “deserción”: la ausencia de la Izquierda Unida de Javier Madrazo a la hora de votar los portavoces de la cámara vasca... Pero es seguro que aún quedan más capítulos a este formidable y escandaloso serial-pulso-reto-insubordinación-desobediencia que el nacionalismo vasco viene manteniendo con el estado español y sus poderes, hasta ahora jamás desobedecidos.

Estado de derecho
Pilar Cernuda La Razón 8 Junio 2003

Si la Justicia no consigue que una institución cumpla una sentencia, es que algo no funciona en esa Justicia. Si el Estado de Derecho no es capaz de lograr que una institución acate las leyes, es que existen lagunas en ese Estado de derecho.

No vale aprobar una ley aplaudida por la inmensa mayoría de los españoles, si luego no es posible aplicar esa ley con todas sus consecuencias. Ya está bien de cargar las tintas contra la presidencia rebelde de una institución que desde luego no merece presidir esa institución y cargar las tintas también contra los partidos que le hacen el juego a la rebeldía. Miremos enfrente, miremos hacia los que están obligados a defender la justicia, las leyes, el Estado de derecho. Hay que exigirles que encuentren salidas a la situación, para que no nos llene de vergüenza y de preocupación esta burla infame que protagonizan los señores Arzallus, Ibarreche y Atucha y a la que se ha sumado Izquierda Unida. Sí, señor Llamazares, también Izquierda Unida, con su cobardía de no acudir a la cámara. IU, así, se ha colocado en el bando de los partidos antidemocráticos que se pasan las leyes por el arco de triunfo.

Viaje
JOSÉ MARÍA ROMERA/ El Correo 8 Junio 2003

Un buen tratamiento para una parte de la población del País Vasco y de sus dignatarios consistiría en el suministro masivo de billetes de tren a otra parte con estancia de un mes incluida. Pero no en grupos sino por separado, no fuera que a la primera estación los vagones ya estuvieran atufados por el humo de los cigarros de siempre, esos que llevan grabado en la vitola el signo del victimismo. Tal vez en unos días sin batzokis, sin herrikotabernas y sin televisión especular e identitaria, algunas de estas personas de carne y hueso acabasen preguntándose si los raros no son ellos, y no el resto del universo mundo que conspira contra sus imaginarios.

El nacionalismo vasco ha hecho de la perplejidad un estilo de vida. Lo que a otros les parece una broma, un disparate o el delirio de un mal sueño, para sus comulgantes es la cosa más natural. Antes, cuando las parcelas del globo estaban separadas por fronteras montañosas o marítimas, la etología humana presentaba fenómenos de curiosa diversidad, pero las diferencias fueron esfumándose conforme el hombre dominaba la naturaleza. Eso provocó el nacimiento de una especie de sentido común universal al que ya no se sustraen más que algunas tribus amazónicas y pequeños asentamientos esquimales cuyas leyes y costumbres siguen siendo un poco raras. Las irreductibles aldeas galas sólo tienen cabida en los cómics. En ese viaje en tren, el vasco respetaría religiosamente su número de asiento y atendería al aviso de ventanilla que dice 'Es peligroso asomarse' para no jugarse el cuello.

No necesitaría ir muy lejos para caer en la cuenta de que en todas partes sus semejantes, sea cual sea la bandera con que se cubran, atienden las indicaciones de los guardias de tráfico. Los primeros días quizá se sorprendiera de que los periódicos del lugar de destino no mencionan ni una sola vez a su país, pero pronto repararía en que Ibarretxe no está en la lista de los cien hombre más influyentes del planeta y en que el nombre de Atutxa no le suena a nadie, ni siquiera a los especialistas en Derecho Constitucional. Más que un baño de humildad, cada uno de estos vascos y vascas recibiría unas friegas de sensatez. Quienes más notarían el efecto de choque serían los aficionados al juego, viendo cómo en las mesas de póker nadie les permitiría jugar con varias barajas a la vez aunque jurara que así se hace en su tierra. De puertas adentro, cualquier hijo de vecino está en su perfecto derecho de actuar según las reglas que le vengan en gana. Pero este principio sólo es válido para las familias monoparentales. Cuando se convive en sociedad, por reducida que ésta sea, es menester no andar desconcertando a la gente. Prueben a viajar un poco y lo verán.

Miedo y vergüenza
ENRIQUE VILLAR MONTERO/DELEGADO DEL GOBIERNO EN EL PAÍS VASCO El Correo 8 Junio 2003

Los privilegios de los que los asesinos de ETA encarcelados gozaban a la hora de cursar sus estudios universitarios han constituido hasta hace bien poco una burla, no sólo al sistema democrático, que también, sino a cientos de personas que veían y sufrían tal circunstancia como una afrenta más, directa, a su dolor. El Consejo de Ministros del pasado 2 de mayo vino a establecer nuevos criterios para el acceso de los internos a la enseñanza superior, firmando convenio con universidades públicas que garanticen los estándares de calidad y rigor académico. Para ello ha sido preciso reformar el artículo 56 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, reforma sancionada por el Congreso de los Diputados.

La iniciativa que han aprobado nuestros representantes parlamentarios (con los votos en contra de la coalición de los nacionalistas vascos que, una vez más, se han opuesto a cualquier medida legal que pretenda hacer menos impune la actividad terrorista), entrará en vigor en el próximo curso 2003-2004. En dicho periodo lectivo, y en los siguientes, ninguna universidad que carezca de acuerdos con Instituciones Penitenciarias podrá impartir a los reclusos. De esta forma se acabará con una situación anómala que se traducía en el hecho de que el 96% de los presos de la banda ETA que estaban matriculados en enseñanzas universitarias lo hacían en una Universidad, la del País Vasco, que no había suscrito convenio alguno con la Administración Penitenciaria y que no estaba especializada en la educación no presencial.

Dicho de otra forma, el Gobierno pretende acabar con los privilegios de los cerca de 300 presos de ETA que cursan en la actualidad estudios universitarios (mayoritariamente en la Universidad del País Vasco a pesar de encontrarse internos en centros de otras comunidades autónomas) obligándoles a hacerlo en la UNED. No podía ser por más tiempo que la UPV fuera un instrumento al servicio de los condenados por terrorismo que, como ha sido insistentemente denunciado en diferentes instancias y por distintos portavoces, han disfrutado de claras situaciones de privilegio. No se trata evidentemente de que las personas privadas de libertad no puedan cursar estudios superiores. Se trata de que el hecho de estar preso y de pertenecer a ETA no se convierta en una suerte de premio fin de carrera.

Pero la cuestión tiene ya cierta solera. Tanta que ha permitido que diferentes equipos rectorales y decanales haya pasado por ella 'de puntillas'. La mayoría del profesorado, duele decirlo, ha dejado hacer durante mucho tiempo y se ha sometido a todo tipo de presiones, llegando a un nivel de indignidad difícil de comprender en el ambiente universitario.

Porque en el fondo, de lo que, como en el resto de la sociedad vasca, estamos hablando es de miedo. Miedo en ocasiones difuso, en otros momentos bien tangible. Miedo a interponerse y a denunciar que una parte del profesorado de la Universidad del País Vasco es la que gestiona este asunto con la decidida intención de facilitar las cosas a los presos de ETA, a quienes se considera merecedores de algún tipo de compensación. El resto, salvo honrosas excepciones, ha dejado hacer. Y lo ha hecho por miedo o por algo peor como la colaboración activa o pasiva.

En febrero de 2001, un miembro del equipo rectoral se dirigía por carta a todos los centros de la UPV reconociendo los problemas derivados del elevado número de alumnos presos, apostando por que fuera la UNED la que se hiciera cargo de esos alumnos. El mismo rectorado que se ha lanzado ahora a la yugular del Gobierno por atreverse a aprobar la disposición legal a la que me refería al inicio de este artículo.

Conviene también destacar la casi nula reacción que se ha producido en la Universidad tras la medida adoptada a instancias del Ministerio de Interior. A pesar de las llamadas a la revuelta formuladas por dirigentes del Partido Nacionalista Vasco y de la indignación del rector de la UPV, Manuel Montero, únicamente se ha producido un manifiesto firmado por 60 profesores de entre una plantilla de cerca de 3.000.

Por el contrario, se trata de una cuestión de alivio. Lo que se percibe en el profesorado es una clara sensación de empezar a ver el final del túnel, de poder olvidar un capítulo negro de esta novela negra. A pesar de ello, el profesorado que ha podido tener una postura activa y de denuncia sigue estigmatizado por quienes quieren que las cosas se mantengan en el equilibrio previo. Tendrán que seguir ofreciendo ruedas de prensa encapuchados como reos de muerte si no quieren que una bomba, una garrafa de gasolina o un disparo acabe con sus ilusiones. Con sus vidas.

Considero que, en términos generales, debería afrontarse con valentía una investigación sobre este tema que permita saber con certeza lo que de verdad ha venido ocurriendo. No es conveniente cerrar la herida en falso ni sería admisible olvidar el nivel de indignidad al que ha llegado una parte o, quizá, toda la Universidad. Y la única manera de hacer justicia y de que se llegue en el futuro a un cierto nivel de normalización es que cada cual asuma la parte de culpa que, por acción u omisión, tiene en haber permitido lo que ha ocurrido. Aquí son aplicables los mismos criterios que los utilizados en la recuperación de la dignidad de las víctimas.

Durante años, los presos de ETA matriculados en la Universidad del País Vasco han gozado de múltiples privilegios. Han decidido cuántas veces no se presentan a los exámenes sin consecuencias negativas, mejorando así su expediente académico. Han conseguido mejores notas que otros alumnos, matriculados en la UNED, en una Universidad que no está dotada para la enseñanza a distancia. No han realizado los trabajos prácticos necesarios e imprescindibles para aprobar muchas asignaturas ni han desarrollado en los últimos años de carrera las estancias tutorizadas en empresas o instituciones. Se les ha remitido material docente de forma gratuita sin límite presupuestario y se han financiado las visitas de los alumnos tutores a los presos. Un porcentaje altísimo de asignaturas han sido evaluadas a través de trabajos sin necesidad de examen. Se ha seleccionado, en fin, a personas cercanas al mundo de los violentos para encargarse de la gestión de estos alumnos presos. Con total impunidad. Con la soberbia y la suficiencia que sólo poseen los que tienen en sus manos la vida de los demás.

Todo esto hay que investigarlo. Es necesario rastrear por documentos, firmas, ausencia de firmas, ausencia de datos, notas cambiadas, notas firmadas por profesores que no son los que tienen el encargo docente, etcétera. Hay una gran zona oculta que nunca se podrá desenmarañar, pero hay una cantidad de información que es accesible y que no se puede destruir. Y esta investigación debe ser dirigida por personas que conocen los detalles y que tienen memoria histórica de lo ocurrido.

Porque es preciso reconocer el mal que se ha hecho y para ello es necesario 'saber'. Saber implica disponer de datos irrefutables, no sujetos a demasiadas interpretaciones, y de esa forma podremos discernir la responsabilidad de cada uno de los sectores implicados.

A corto plazo la investigación puede llegar a percibirse como una agresión más. A largo plazo deberá servir para asumir lo ocurrido y poder entender la gravedad de la situación por la que pasó toda la sociedad del País Vasco y el nivel de complicidad pasiva al que se llegó en esta tierra.

Situación vasca
Cartas al Director ABC 8 Junio 2003

El Parlamento vasco tiene actualmente una composición ilegítima e ilegal al contabilizar los votos de una organización declarada criminal: la ilegalizada Batasuna. Por ello su capacidad legislativa se encuentra actualmente suspendida de hecho y de Derecho. Esta situación de interinidad será aprovechada por el Gobierno vasco para introducir de tapadillo alguna forma de subvencionar a la banda de forajidos ilegalizada y disuelta.

La estúpida maniobra del Partido Nacionalista Vasco constituye no sólo un ridículo brindis al sol sino una nueva patada a la economía vasca, que tiene la desgracia de mantener económicamente a un partido formado por la gente más irresponsable e incompetente en todos los órdenes que se puede encontrar en el País Vasco. 
J. C. Antón Nárdiz. Madrid.

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