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Recortes de Prensa     Viernes 13 Junio  2003
Tormenta sobre Madrid
MIKEL BUESA  ABC 13 Junio 2003

En manos del fiscal
JESÚS ZARZALEJOS ABC 13 Junio 2003

De tránsfugas y líos
ALFONSO USSÍA ABC 13 Junio 2003

Indignidad parlamentaria
EDITORIAL El Correo 13 Junio 2003

El Supremo decide intervenir para ejecutar la disolución de Batasuna en el Parlamento
ALFONSO TORICES/COLPISA. MADRID El Correo 13 Junio 2003

Tormenta sobre Madrid
Por MIKEL BUESA. Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid ABC 13 Junio 2003

NO por sorpresivos, los acontecimientos que se han desarrollado en la Asamblea de Madrid y que han trastocado el guión previsto por todas las fuerzas políticas para la constitución de sus órganos directivos, deben ser despachados aludiendo a alguna teoría conspirativa, esparciendo sospechas de corrupción, reclamando como propios los votos no emitidos o simplemente, como los personajes de la secuencia inicial de «Campanadas a medianoche», exclamando un «¡Jesús, Jesús, las cosas que hemos visto!». Porque es evidente que, dentro del marco institucional que rige las relaciones políticas en España, esas y mucho peores cosas pueden llegar a verse. Y es evidente también que las que se acaban de ver no son ajenas a la inconsistencia ideológica y organizativa del Partido Socialista.

Señalaré por delante que, en mi opinión, no cabe misericordia ni justificación moral para el tránsfuga político, sea cual sea el signo de su desavenencia, pues, cuando ésta se hace insoportable, la más elemental ética personal debería conducirle a dimitir de la responsabilidad adquirida en el seno del partido con el que ha acudido a las urnas. Pero de ello no colijo, como tantas veces se oye en ocasiones como esta, que los escaños pertenezcan a los partidos -pues es obvio que esa no ha sido la voluntad de los que diseñaron la configuración del poder legislativo- o que quienes los ocupan deban tener limitada su libertad para ejercer la representación popular. La situación de los diputados no es envidiable, pues deben siempre mantener un difícil equilibrio entre sus posiciones personales y las de su partido, entre las convicciones políticas profundas y las conveniencias oportunistas que determina el curso inmediato de los acontecimientos, entre los objetivos perseguidos a largo plazo para mejorar la sociedad y las posibilidades siempre recortadas del momento presente. Un equilibrio que requiere diálogo, percepción de los límites propios y ajenos, y, de manera esencial, una actitud ética que impida la renuncia a lo que, para cada uno, resulta esencial y, en el momento extremo, le haga capaz de abandonar sin encono a la actividad pública para retornar a la esfera privada.

Por tanto, desde mi perspectiva, aunque pudiera comprender e incluso compartir algunos de sus argumentos, no es aceptable la postura adoptada por los diputados Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez. Una postura cuyas consecuencias todavía son difíciles de medir por la incertidumbre generada, pero que, en todo caso, no parece que vayan a desestabilizar el sistema político autonómico -incluso a pesar de las estridencias de los que, como Llamazares, creen que, a partir de un puñado de votos, son ellos, y no los demás, los que encarnan la verdadera representación de la izquierda y, por elevación, de la totalidad de la ciudadanía-, pues éste dispone de procedimientos institucionales para proporcionar una salida razonable a la situación y, afortunadamente, tanto Esperanza Aguirre como Rafael Simancas parecen capaces de liderarla sin dejarse arrastrar por las pasiones.

Pero más allá de la concreta disidencia que los dos diputados mencionados han protagonizado, se hace necesario destacar que ha sido la propia situación interna del Partido Socialista la que ha favorecido su manifestación. Una situación interna que refleja serias lagunas en su cohesión, que multiplica el discurso ideológico hasta hacerlo contradictorio y que disgrega el poder directivo debilitando la disciplina de los militantes; una situación que, en definitiva, hace dudar de la capacidad de este partido para llevar adelante la gobernación de España y también de la Comunidad de Madrid.

Son varios los factores que han determinado estas circunstancias. Por una parte, el PSOE no se ha quitado de encima el lastre de su pasado inmediato ni ha depurado los errores que le condujeron a perder el poder, exigiendo las correspondientes responsabilidades de naturaleza política. De esta manera, por destacar un solo caso, aunque Rodríguez Zapatero ha dado un giro radical a la política antiterrorista de su partido, en éste se sigue obviando la crítica a la orientación que esa misma política tuvo con Felipe González y a su fracaso. Y ello tiene consecuencias actuales, como por ejemplo que el militante Barrionuevo, condenado por las acciones terroristas de los GAL, pueda pasearse, en olor de multitud, por los mítines del partido. O que, recurrentemente, por dirigentes o militantes destacados se ponga en cuestión la línea oficial de la organización para apelar al diálogo y a la búsqueda de acuerdos con el nacionalismo vasco.

Por otro lado, en el terreno ideológico el PSOE carece en la actualidad de un discurso coherente que permita reconocer sus señas de identidad. En él aparecen ideas opuestas entre sí, como las que apelan a la unidad nacional de España y las que propician la disgregación de alguna de sus regiones a través del federalismo asimétrico -un concepto éste que, no por confuso, deja de reflejar las aspiraciones genuinas del nacionalismo catalán-; o también las que propician el equilibrio y la solidaridad interregional, y las que se oponen, sin ofrecer soluciones alternativas, a la transferencia de los recursos hídricos entre unas cuencas fluviales y otras. Y ello conduce a la carencia de un programa político visible en el que los ciudadanos puedan encontrar soluciones para sus problemas cotidianos. Más aún, el discurso socialista absorbe oportunistamente cualquier elemento ideológico, siempre que sobre él se puedan sostener las alharacas de una oposición, por efímera que sea, al gobierno popular. Y así van aglomerándose en ese discurso el feminismo, el ecologismo, la reivindicación de la familia, el multiculturalismo, el antimilitarismo, el multilateralismo, el aislacionismo y otros tantos ismos que se superponen unos sobre otros sin el menor orden y sin la menor crítica. Se da así la sensación de que se actúa, en cada momento, con la fe del converso, dando veracidad a aquella observación que, hace ya bastantes años, formulara el gran escritor siciliano Leonardo Sciascia: «El que se convierte siempre se convierte a lo peor, aunque parezca lo mejor. Lo peor, en quien es capaz de convertirse, siempre acaba siendo lo peor de lo peor».

Y eso peor no es otra cosa que la profunda indisciplina interna que traslucen muchas de las actuaciones del Partido Socialista, lo que no hace sino reflejar la débil posición de su elite directiva. Una indisciplina que se manifiesta de continuo en declaraciones contradictorias de sus diferentes órganos centrales, regionales y locales, y que, en el momento actual, se pone de relieve en la necesidad de dar por buenos todos los pactos que, por encima de cualquier otra consideración, para tratar de gestionar el poder municipal, se han suscrito con otras formaciones políticas, incluyendo las que representan a los elementos más reaccionarios de ciertas circunscripciones geográficas, las que practican una política antisistema y las que, como IU en el caso vasco, apoyan la insurrección nacionalista contra el Estado. Por ello, aunque hayamos sido sorprendidos por la tormenta política que se ha cernido sobre Madrid, no debería extrañarnos que, en el contexto descrito, dos diputados se hayan creído en disposición de subvertir el programa de su propio partido, pues cuando los límites ideológicos y morales de la acción política no están bien señalados, cualquier oportunista ve abierta la vía para hacer prevalecer los intereses que representa.

En manos del fiscal
Por JESÚS ZARZALEJOS ABC 13 Junio 2003

Si el Supremo ha remitido al Fiscal la respuesta de Atutxa es porque juzga que hay indicios de delito en las decisiones contrarias a la orden de ejecutar la disolución del Sozialistak Abertzaleak. Es bueno recordarlo: la disolución ya estaba acordada por el Supremo. La Mesa del Parlamento ha fabricado un conflicto donde no lo había, porque sólo tenía que incorporar a los parlamentarios batasunos al Grupo Mixto.

El Tribunal no se compromete con la calificación penal de esas decisiones. Esa es tarea del Ministerio Público y así no perjudica la imparcialidad de los magistrados de la Sala Segunda que han apoyado el traslado al fiscal, por lo que pueda pasar.

Ahora, el Fiscal se enfrenta a dos problemas solubles de carácter técnico para la construcción de la querella. El primero es concretar la calificación penal de las conductas. Se manejan tres delitos distintos (artículos 410, 412 y 508 del Código Penal), pero sólo prevalecerá aquel que sea más específico.

El segundo es evitar el principio de inviolabilidad de los parlamentarios vascos por sus votos y opiniones (artículo 26.6 del Estatuto de Autonomía del País Vasco), privilegio que no ampararía en este caso a los querellados, porque sólo comprende el ejercicio de sus funciones parlamentarias, entre las cuales no se halla la revisión de las sentencias judiciales ni la suplantación de los Tribunales de Justicia.

De tránsfugas y líos
Por ALFONSO USSÍA ABC 13 Junio 2003

ENTIENDO el amargo desencanto de Simancas. También la ira de la frustración que se ha apoderado del pobre Llamazares. Pero el desecanto inspira respeto y la ira del aprovechado, algo más que una sonrisa. El Pacto del Regreso se ha hecho añicos por culpa de dos tránsfugas. También se ha hecho añicos la memoria de muchos socialistas y periodistas afines al tornatrás. Zapatero y Simancas piden al PP que no se aproveche de la situación. Llamazares lo exige, desde la debilidad moral de una mínima representación ciudadana que los comunistas pretendían utilizar como si de una mayoría absoluta se tratase. Pocos han recordado que la candidata más votada por los madrileños ha sido Esperanza Aguirre. Más de 200.00 votos que Simancas a su favor. Se ha quedado a un escaño de la mayoría absoluta. Si el Pacto del Regreso no arregla sus líos, el PP podría gobernar sin causar ni un rasguño a la decencia democrática. Pero no es lo deseable en las actuales circunstancias. Concepción Dancausa, la digna y sorprendente presidenta de la Asamblea de Madrid, tiene claro que lo conveniente es convocar unas nuevas elecciones. Pero me refería a la falta de memoria de los dirigentes socialistas y sus periodistas afines. Nadie ha querido recordar al gallego Barreiro, que traicionó a los populares para entregar el Gobierno de Galicia al socialista González-Laxe. Y González-Laxe gobernó. Nadie ha querido recordar al aragonés Gomáriz, que del PP saltó al Grupo Mixto para concederle la mayoría al socialista Marco en el Gobierno de Aragón. Y Marco gobernó. Nadie ha querido recordar a Piñeiro, que del PP se desmarcó a un escaño solitario para ofrecerle a Leguina la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid. Y Leguina, que hoy protesta tanto, gobernó con el apoyo del tránsfuga. Quien siembra vientos recoge tempestades, o eso al menos dice el refrán.

En mi opinión, el problema es otro. La gravedad del caso que nos ocupa y a muchos divierte, no radica en la actitud de dos militantes con escaso sentido de la lealtad. Se cimenta en el batiburrillo que es hoy el Partido Socialista. En su dependencia vergonzosa e infantil de un partido comunista que no ha abandonado aún el trasanteayer más oscuro de su nada edificante historia. Es la incoherencia clamorosa de sus dirigentes. ¿Cómo puede esperar disciplina y lealtad un partido como el socialista, que cambia de rumbo y de prioridades en cada una de las Autonomías? En las Vascongadas se cargó a los defensores a ultranza de la Constitución. Se los cargó a sabiendas de lo que hacía y pasando por encima de las tumbas de sus propios muertos. Allí, Pachi López ronea con los nacionalistas, con quienes se siente cómodo y feliz. Hasta Rojo, que parecía un hombre sensato, ha amenazado con no apoyar al PP en Vitoria y Álava y dar por finalizado el pacto constitucional. Odón Elorza va por libre. Es uno de los pocos socialistas vascos que puede permitirse el lujo de la libertad en su tierra, porque sabe que nada le puede suceder. Consulta más con Arzallus que con Zapatero. En Baleares, Antich es amigo y, hasta ahora, socio de independentistas y partidarios de los «Paissos Catalans». En Cataluña, Maragall está a un paso de abrazarse definitivamente a Esquerra Republicana. En Castilla-La Mancha, Extremadura y La Coruña, con Bono, Rodríguez Ibarra y Vázquez, tiene a sus tres columnas más firmes y prestigiosas. Sus votos son de ellos, y muchos de ellos sociológicamente distantes del socialismo. Y en Madrid tiene a diecisiete familias y, como se ha demostrado, a más de una oveja negra. No ofrece el PSOE ahora ni coherencia ni seriedad ni confianza. Y para colmo, abandonan su posición de un partido grande y fundamental para entregarse al chantaje de una IU retrógrada, resentida y más antigua que el baúl de la Piquer. ¿Deseable? Una nueva convocatoria de elecciones en Madrid. Lo que no hicieron los socialistas cuando gobernaron gracias a tránsfugas. Y de eso saben mucho Leguina, Laxe y Marco, y más que ellos, mi amigo Alfredo Pérez Rubalcaba. El Pacto del Regreso ha fracasado.

Indignidad parlamentaria
EDITORIAL El Correo 13 Junio 2003

Las dos resoluciones adoptadas ayer por la Sala Especial del Tribunal Supremo vienen a demostrar que el cumplimiento de la sentencia de disolución del grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak no sólo constituye una obligación insoslayable para los órganos de gobierno de la Cámara vasca. Además era la conducta más sensata que podrían haber adoptado especialmente aquellos que han manifestado su discrepancia respecto al contenido de la citada sentencia en nombre de la independencia del legislativo vasco. La negativa a aplicar una sentencia firme ha llevado al Alto Tribunal a dar cuenta de sus actuaciones al ministerio fiscal para que éste emprenda aquellas acciones penales que considere necesarias. Junto a ello, el hecho de que el Tribunal Supremo considere la sentencia de disolución de SA como una realidad vigente desde el momento de su notificación y se disponga a adoptar por sí mismo las medidas pertinentes para su ejecución hace que sea la actitud insumisa de los responsables nacionalistas del Parlamento vasco la que obliga al poder judicial a intervenir directamente en el ámbito propio del legislativo.

Como ya ocurriera en el período inmediatamente anterior, la actividad parlamentaria de esta VII Legislatura -que dio inicio tras las elecciones del 13 de mayo de 2001- está resultando más que exigua; y su producción legislativa, prácticamente nula. Ello se debe a la inexistencia de una mayoría suficiente en el Gobierno de la Comunidad y a la expresa renuncia del Ejecutivo a propiciar el consenso preciso para activar la autonomía, debido, sin duda, a su obsesiva pretensión de poner en marcha el proceso soberanista. Sobre ese panorama de fondo, las dos últimas resoluciones que el Supremo se ha visto obligado a dictar pueden terminar anulando del todo la propia función parlamentaria. Si los órganos de gobierno de la Cámara vasca acaban procesados y en tanto las actuaciones institucionales de la misma corren el riesgo de ser legalmente suspendidas porque de ellas es partícipe un grupo parlamentario judicialmente disuelto, el resultado final de la escalada de despropósitos que el presidente Atutxa y su partido han decidido animar en nombre de la «dignidad parlamentaria» no será otro que la indignidad parlamentaria. El PNV y Atutxa deben recapacitar ahora que están a tiempo. Porque de lo contrario demostrarán que lo que hasta ahora han pretendido defender no era la dignidad parlamentaria, sino la supuesta dignidad de un nacionalismo obsesionado con alcanzar la meta soberanista a costa de la autonomía estatutaria.

El Supremo decide intervenir para ejecutar la disolución de Batasuna en el Parlamento
Baraja anular las decisiones de las que participe SA
El tribunal comunica la desobediencia de la Cámara al fiscal general para que estudie acciones penales
ALFONSO TORICES/COLPISA. MADRID El Correo 13 Junio 2003

El Tribunal Supremo adoptará la semana próxima medidas concretas que impidan que Sozialista Abertzaleak funcione como grupo en el Parlamento vasco, ante la negativa del Legislativo autonómico a ejecutar esta medida. La Sala Especial, que ilegalizó a Batasuna, recordó ayer que desde el 20 de mayo «SA es ya un grupo disuelto a todos los efectos», y decidió intervenir directamente en el funcionamiento de la Cámara: sólo permitirá que los parlamentarios radicales cuenten con las prerrogativas correspondientes al grupo mixto.

La Sala Especial se reunirá a partir del lunes para dictar medidas, aún sin decidir, que ejecuten la orden de disolución. Según fuentes del Alto Tribunal, los magistrados barajan distintas iniciativas, entre ellas declarar la nulidad de aquellas decisiones tomadas por el Parlamento vasco desde el 20 de mayo en las que Sozialista Abertzaleak haya participado como grupo, como el mismo acuerdo de la Junta de Portavoces de desechar la disolución de SA. Si el Supremo opta por esta vía, se abriría la puerta a la impugnación de futuras actuaciones de la Cámara.

Otra medida puede ser el embargo inmediato de la subvención que el colectivo heredero de Batasuna cobra del Parlamento para el funcionamiento del grupo.

La Sala considera que está totalmente legitimada para ejecutar las sentencias de forma directa -y más si la institución que debe auxiliarle a ello le niega su obligada colaboración-, por ser una potestad que le otorga el artículo 117 de la Constitución Española, que obliga a los tribunales a juzgar y a ejecutar lo juzgado.

A la espera de que se concreten las medidas de ejecución de la sentencia, el único acuerdo adoptado ayer por la Sala Especial fue la remisión al fiscal general de las actuaciones que describen el incumplimiento por el Parlamento vasco de la orden de disolver SA, derivada de la ilegalización de Batasuna y de la suspensión de sus actividades políticas. El Supremo le pide a la Fiscalía que analice si con este comportamiento se ha cometido algún hecho delictivo y por quién. De ser así, solicita al ministerio público que interponga la correspondiente querella.

La providencia que el tribunal enviará hoy a la Fiscalía no cita posibles delitos ni autores, aunque todo apunta al presidente del Parlamento vasco, José María Atutxa, y los miembros de la Mesa, que son a los que la sala requirió con un ultimátum que cumpliesen su orden de inmediato y a los que apercibió de la comisión de un delito de desobediencia si no lo hacían.

Junta de Portavoces
La Fiscalía tendrá que decidir si los posibles delitos se extienden también a los representantes de PNV, EA y SA en la Junta de Portavoces, que fueron quienes el viernes rechazaron con sus votos la disolución del grupo parlamentario proscrito.

Fuentes de la Fiscalía General señalaron que, una vez que se reciba el escrito del Alto Tribunal, el fiscal general, Jesús Cardenal, se reunirá con sus colaboradores y con el teniente fiscal del Supremo, José María Luzón, para determinar si hay base para una querella y para decidir contra quién iría dirigida y por qué presuntos delitos. Las conclusiones serán transmitidas al fiscal jefe del País Vasco para que inicie el proceso ante el Tribunal Superior de Justicia, el órgano encargado de estudiar la presunta comisión de delitos por aforados vascos, como son los miembros del Parlamento.

Entre los delitos que se barajan para esta querella, además del de desobediencia -artículo 410 del Código Penal, penado con inhabilitación para cargo público de seis meses a dos años-, figuran la denegación de auxilio a la Justicia -artículo 412, castigado con suspensión para cargo público de dos a tres años- e, incluso, la usurpación de funciones jurisdiccionales -artículo 508, que incluye pena de prisión de seis meses a un año-. Según otras fuentes de la Fiscalía, ninguno de los tipos delictivos que se podrían aplicar lleva aparejada pena de cárcel.

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