AGLI

Recortes de Prensa     Sábado 21 Junio  2003
Llegó la querella
Editorial ABC 21 Junio 2003

Habilidosamente...
Germán Yanke Libertad Digital  21 Junio 2003

Madrid: PRISA apunta y el PSOE dispara
EDITORIAL Libertad Digital  21 Junio 2003

Atucha, en compañía de otros
Editorial La Razón 21 Junio 2003

De Madrid a Vitoria, pasando por Estella
IGNACIO SÁNCHEZ CÁMARA ABC 21 Junio 2003

¿Cómo llamamos a los constitucionalistas
Amando de Miguel Libertad Digital  21 Junio 2003

Tribunal de turno
TONIA ETXARRI/ El Correo 21 Junio 2003

El momento delicado
Cristina Losada Libertad Digital  21 Junio 2003

IU apoya a Castro
Wenceslao Cruz Libertad Digital  21 Junio 2003

El fiscal presenta una querella criminal contra Atutxa por desobediencia
C. Calvar (Madrid) La Voz  21 Junio 2003

Mayor Oreja cree que Ibarretxe está ultimando un proyecto de ley de ruptura con España
Agencias Libertad Digital   21 Junio 2003

Nueva y vieja Europa
José Antonio VERA La Razón  21 Junio 2003

La Generalitat quiere obligar a los niños a que hablen catalán mientras juegan
EFE 04-06-03 Libertad Digital   21 Junio 2003

Llegó la querella
Editorial ABC 21 Junio 2003

LA querella del Ministerio Fiscal contra el presidente de la Cámara Vasca, Juan María Atutxa, por un delito de desobediencia al Tribunal Supremo, es la consecuencia jurídica de un comportamiento deliberadamente ilícito de resistencia a la Justicia y de encubrimiento al grupo parlamentario sucesor de Batasuna. La acción del fiscal también se dirige contra los representantes de Eusko Alkartasuna -Gorka Knörr- e Izquierda Unida -Kontxi Bilbao-, quienes apoyaron las decisiones de no ejecutar la disolución de Sozialista Abertzaleak (SA). La situación abierta es, sin duda, grave desde el punto de vista judicial y político, pero esa gravedad notoria no se convierte en argumento en contra de la querella, pues lo grave no es la acción penal del fiscal sino los hechos que han obligado a promoverla. Es seguro que la querella confundirá al nacionalismo y a quienes sin ser nacionalistas han secundado la ceremonia de la confusión liderada por Atutxa. Les confundirá porque apreciarán que el Estado ahora sí llega hasta el final y que la ficción de un conflicto no ha dado resultado. Es probable que, como sucediera con la Ley de Partidos, el PNV y sus socios creyeran que la Justicia -por tanto, el Estado- no iba a dar el paso de aplicar la ley con todas sus consecuencias. En el fondo, el nacionalismo siempre ha relativizado los principios del Estado de Derecho, como el de legalidad, en la creencia de que su impunidad tenía crédito ilimitado. Pues bien, tanto la aplicación de la Ley de Partidos como la interposición de la querella contra Atutxa demuestran que ha empezado una nueva etapa de actitudes y decisiones que dejan muy claro que la contienda política limita con el cumplimiento de la Constitución y de las leyes.

Así lo entiende el Ministerio Fiscal en una querella de gran precisión jurídica y fáctica. A la luz de las leyes, y puestas negro sobre blanco, las decisiones de Atutxa y de los otros querellados quedan despojadas de los disfraces jurídicos que tejieron para dar sensación de legitimidad a su desobediencia. La sencillez expositiva de la querella desvela la artificiosidad del conflicto urdido «bajo la hábil dirección del Sr. Atutxa». El fiscal afirma que el grupo Sozialista Abertzaleak fue disuelto por el Supremo, que la Mesa de la Cámara sólo tenía que hacer efectiva la disolución ya acordada y que no era preciso reformar el Reglamento para tomar las decisiones ejecutivas. Con estos tres argumentos, la querella trenza un planteamiento que no fuerza las conclusiones acusatorias, sino que éstas resultan inevitables por aplicación de un precepto (el artículo 410 del Código Penal) que sanciona a «las autoridades o funcionarios que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales». Los tres querellados se negaron a tomar las decisiones que hacían efectiva la disolución judicial de SA, escudándose en unas imaginarias carencias del Reglamento. El fiscal no se ha creído esta inverosímil coartada y ha actuado en consecuencia.

El tránsito de este conflicto a los Tribunales de Justicia no supone la desnaturalización de un problema político legítimo y fundado. Por aquí irán los nacionalistas. Pero el problema era estrictamente legal y, en este caso, de apariencia delictiva. Tampoco hay buena fe. Atutxa no cometió ningún error excusable de apreciación jurídica, ni le disculpaban los informes al dictado emitidos por los servicios jurídicos de la Cámara. Atutxa asumió voluntariamente ser la cabeza visible de una agresión contra el Estado de Derecho y, por eso, ha entrado de lleno en el terreno de las responsabilidades legales que ya empiezan a exigírsele.

Habilidosamente...
Germán Yanke Libertad Digital  21 Junio 2003

Cardenal es bondadoso y Atutxa, solo o acompañado de otros, es lo que durante el nazismo se llamaba un “colaboracionista”. Cardenal es bondadoso porque afirma en su escrito que los querellados han tratado de enmascarar habilidosamente su negativa a dar cumplimiento a una resolución judicial del Tribunal Supremo. La habilidad de los nacionalistas (comunistas deglutidos, como en los tiempos de Hitler tan apasionadamente relatados en el magnífico libro de Kempeler, ahora traducido al español) se dirige a la protección de los criminales de ETA y sus secuaces, no a la ocultación de este objetivo político de colaboración que está más que claro. Lo que quiere Atutxa es formar, antes o después, una mayoría nacionalista que incluya sin reparo el totalitarismo violento en su seno y, así, salirse con la suya. Es lo que hacían los colaboracionistas del nazismo.

Perdonará el lector que me siga mi insistencia, pero creo que algunos conceptos claros y distintos son importantes para juzgar la actualidad política y exigir responsabilidades a los políticos. ETA-Batasuna es una organización terrorista en la que el terrorismo no es sólo un instrumento sino parte fundamental de su ideología. Los partidos nacionalistas e Izquierda Unida, protegiéndoles, asistiendo a los criminales presos, olvidándose voluntariamente de los agredidos, vulnerando la ley y contraviniendo la democracia, son colaboracionistas que quieren sacar tajada ahora, converger con los anteriores y, si pueden, dirigirlos, ya que afirman tener los mismos fines.

¿Cree alguien que si el PSOE supiera que algunos de sus concejales han sido elegidos alcaldes con los votos de unos imitadores de los nazis se contentaría con darles audiencia? ¿Cree alguien que si el PSOE supiera que algunos de sus alcaldes desean formar gobiernos municipales con los nuevos colaboracionistas apelaría a la libertad de pactos? El drama de España es que no llamamos a las cosas por su nombre, como ahora se habla de “golpe” en la Asamblea de Madrid, banalizando el mal y soportando su indignidad. Y lo saben, aunque prefieran, también en este caso, salirse con la suya. Si alguien quiere llamarlo habilidad…

Madrid: PRISA apunta y el PSOE dispara
EDITORIAL Libertad Digital  21 Junio 2003

La extraña insistencia de Simancas por dilatar el mayor tiempo posible la convocatoria de nuevas elecciones en la Comunidad de Madrid no tiene, a primera vista, mucho sentido. Después de que el candidato socialista a la presidencia haya afirmado con rotundidad que, al igual que Esperanza Aguirre, no se servirá en ningún caso de los diputados disidentes, la convocatoria de elecciones es inevitable, dada la voluntad de Tamayo y Sáez de conservar sus escaños. Y poner obstáculos a la pronta celebración de esas elecciones es contraproducente de cara a la opinión pública, que ve con desagrado el crudo espectáculo de una lucha desesperada por el poder.

Sin embargo, para Zapatero, que lidera un PSOE desgarrado por tensiones centrífugas –sobre todo en el País Vasco y Cataluña– y con síndrome de abstinencia de cargo y coche oficial –véase Navarra–, la “pérdida” de la Comunidad de Madrid –altamente probable en unas nuevas elecciones– sería un golpe verdaderamente letal. Por ello, la única esperanza que le queda al actual grupo dirigente de los socialistas es conseguir por cualquier medio que Tamayo y Sáez renuncien a sus actas de diputado; o al menos poner en entredicho la honorabilidad de los cargos y candidatos del PP para erosionar sus posibilidades de victoria en la inevitable convocatoria electoral.

A tal fin, el grupo PRISA, brazo mediático del PSOE, y sus terminales institucionales han puesto en marcha la temible apisonadora polanco-felipista que ha aplastado a casi todos aquellos que se han atrevido –desde Manuel García Pelayo, pasando por Marino Barbero y por Javier Gómez de Liaño, hasta Nicolás Redondo Terreros e incluso el propio Zapatero, por citar sólo algunos ejemplos– a desafiarla, a denunciar sus desafueros o simplemente a resistirse a sus pretensiones. La traición de Tamayo y Sáez –un episodio que, a todas luces, no es sino un jalón más, quizá el más destacado y decisivo, de la larga y sorda guerra intestina entre las facciones de la FSM–, en lugar de abrir un periodo de reflexión y regeneración –prometido y nunca cumplido por Zapatero– en el PSOE, ha resucitado las tácticas felipistas de intoxicación y de judicialización de la vida política como medio de hurtar a la opinión pública sus graves problemas internos y transferirlos a sus adversarios políticos del PP.

Y la expresión material de esa táctica son los desesperados intentos de vincular al PP con Tamayo y Sáez a través de una fantasmagórica trama de corrupción inmobiliaria, en cuyo diseño los medios de PRISA no han vacilado en formular graves acusaciones sin pruebas que después ha secundado el PSOE, ni tampoco en vulnerar derechos fundamentales. Hasta tal punto que, después haberse desinflado el impacto inicial de la supuesta trama –por su endeblez e inconsistencia, así como por revelaciones tan chuscas como la asociada al chalet de Simancas en Arroyomolinos, que relaciona al ex alcalde socialista de esta localidad precisamente con los constructores Bravo y Vázquez–, la maquinaria polanco-felipista ha puesto en marcha otro montaje destinado a relacionar al PP con Tamayo y Sáez, de nuevo a través de Bravo y Vázquez.

La Fiscalía de Madrid, dirigida por Mariano Fernández Bermejo –notorio felipista impuesto en el cargo por Eligio Hernández contra el criterio de sus compañeros fiscales y recalcitrante opositor al gobierno del PP (querella contra Michavila) y al Fiscal General del Estado– ha buceado en los archivos judiciales para encontrar algún asunto que pudiera reiniciar el ciclo de acusaciones contra el PP para dar nueva munición a PRISA y al PSOE. Y lo encontró en una querella presentada por el que ahora es el nuevo alcalde de Alcorcón contra su antecesor, que ya fue sobreseída y archivada –por falta de fundamento– en 2002. Esta vez, el personaje del PP en el punto de mira es Pablo Zúñiga, el anterior alcalde, a quien pretenden implicar junto con otros dos empresarios inmobiliarios –además de Bravo y Vázquez– en una supuesta recalificación fraudulenta de terrenos con una querella calcada de la que fue sobreseída hace un año. Y lo más grave es que la querella con la que ahora se pretende implicarlos ha sido filtrada a la SER y El País sin siquiera haber sido firmada aún por el fiscal responsable del caso –Emilio Valerio Martínez de Muniain, subordinado de Bermejo– y, por supuesto, sin haber sido notificada previamente a los querellados, vulnerándose de nuevo derechos fundamentales.

Simancas, sobre la base de esta nueva querella, se ha apresurado a pedir el próximo martes a la Mesa de la Asamblea de Madrid la creación de una Comisión de Investigación, pues según él, “es parte del porqué de la trama”. De la trama que, según todos los indicios, han montado PRISA-PSOE para evitar la disolución de la Asamblea y retrasar la convocatoria electoral. El objetivo es ganar tiempo –según Simancas y Fernández, se trata de cumplir el reglamento y el Estatuto al pie de la letra– para ensuciar todo lo posible la reputación del PP y restarle credibilidad de cara a las elecciones. Y, de paso, intentar “convencer” a Tamayo y Sáez para que renuncien a sus escaños.

Atucha, en compañía de otros
Editorial La Razón 21 Junio 2003

Como no podía ser de otra forma, ya que España se rige por un Estado de Derecho, la Fiscalía ha presentado una querella por desobediencia contra el presidente del Parlamento autónomo vasco, Juan María Atucha; el vicepresidente, Gorka Knorr, y la secretaria de la Mesa de la cámara regional, Conchi Bilbao. Se les acusa de incumplimiento de una resolución judicial firme, dictada por un órgano jurisdiccional competente, y, de ser considerados culpables, serán inhabilitados para desempeñar cualquier cargo público durante un período máximo de dos años.

La Fiscalía, que no entra en las razones de fondo, considera que existe una abierta negativa concluyente, aunque hábilmente enmascarada bajo la dirección de Atucha, a cumplir la sentencia del Tribunal Supremo de disolución del grupo parlamentario heredero de Batasuna. Pero si la Fiscalía no entra en el fondo de la cuestión, sí lo ha hecho la propia Sala 61 del Supremo con una claridad meridiana. Porque, como señalan los magistrados, estamos ante una serie de actos «contrarios al principio de lealtad constitucional». Pero lo que los jueces califican de «artificios» para obstaculizar el cumplimiento de la sentencia tiene una lectura mucho más trascendente, ya que al resistirse al acatamiento de la legalidad, Atucha y sus socios del tripartito han planteado un pulso al Estado, intentando que la opinión pública vasca identifique en términos de igualdad soberanía con autonomía.

La situación se mantiene, por el momento, dentro de la vía judicial y ya han sido apercibidos otros funcionarios y diputados de la cámara regional vasca por el propio Tribunal Supremo, pero el desafío de los nacionalistas al ordenamiento constitucional español va mucho más allá y debe ser enfrentado con medidas de carácter político. Medidas que exigen, al menos en este caso, la total colaboración entre los dos grandes partidos de España.

De Madrid a Vitoria, pasando por Estella
Por IGNACIO SÁNCHEZ CÁMARA ABC 21 Junio 2003

LA actualidad es caprichosa, pero importante es lo que importa. No creo que lo más relevante que haya acontecido ayer en el mundo sea ni el procesamiento instado por el Fiscal General del Estado contra Atutxa, ni siquiera el avance del proceso constitucional europeo o los obstáculos en el camino hacia la paz en Oriente Medio. Sólo los sabios saben lo que verdaderamente importa. Sigamos los demás el dictado de la actualidad, en este caso, española, es decir, local.

A mí me parece que los árboles madrileños ocultan el bosque navarro. Lo de Madrid es inquietante, y quizá también un poco risible, pero no es ni nuevo ni más grave que otros episodios precedentes. Y, sobre todo, aquí lo relevante no es la existencia de un improbado, hasta ahora, golpe inmobiliario contra la democracia y la presunta voluntad progresista de los madrileños. Aquí lo único probado hasta ahora es el inmenso caos y las reyertas internas que vive el PSOE. De momento, lo demás es tinta de calamar y proyección en el otro de los males propios. Y no puede ser un mal muy profundo aquél que tiene tan fácil solución como sustanciar las eventuales responsabilidades criminales ante los Tribunales y convocar cuanto antes elecciones generales para que el pueblo dicte su veredicto político.

Pero, además, es que tanta insistencia con Madrid ha producido el efecto de relegar a un segundo plano lo que, a mi juicio, es mucho más grave: la política general de pactos postelectorales del PSOE, especialmente en Navarra. Con tal de que el PP pierda poder vale todo, hasta la alianza con los separatistas. Entre otras poblaciones, Estella -Estella tuvo que ser- vio consumado el agravio socialista al Pacto contra el Terrorismo y al entendimiento entre las fuerzas políticas antiseparatistas. Y, en este caso, la dirección, es un decir, del PSOE no exige la devolución de actas ni proyecta la caja de los truenos contra sus diputados rebeldes. Al parecer, para Ferraz sólo son rebeldes quienes dificultan la confortable tarea consistente en hacer caja presupuestaria. Las ideas poco importan; lo que importa es el poder.

Mas el Fiscal General del Estado ha corregido el punto de mira y ha vuelto a ponerlo mirando a Vitoria, al Parlamento vasco. Mientras Atutxa consumaba su desobediencia al Tribunal Supremo (por lo visto hay una instancia por encima de la suprema: el interés del nacionalismo vasco), el Fiscal General del Estado lo imputaba por la comisión de un delito de desobediencia. La aceptación depende del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, mas los hechos parecen claros como un mediodía de verano. Ahí está el problema institucional, ahí sí que existen intentos de golpes contra la democracia. Lo demás, lo madrileño, es sólo disidencia partidaria, ajuste de cuentas interno, o, si acaso, un caso más de corrupción política. Pero mientras las fanfarrias se concentran en Madrid, pasan a un discreto segundo plano las traiciones a la unidad nacional y las deslealtades de un gran partido, imprescindible para la estabilidad institucional y que representa las preferencias de millones de españoles, y que sigue, desgraciadamente para España, malviviendo horas políticas bajas. Porque, en el hipotético supuesto de que las acusaciones socialistas fueran ciertas, quedaría por encima de ellas un hecho indisputable: dos diputados madrileños de la lista confeccionada por Zapatero, Blanco y Simancas habrían sucumbido a la corrupción. Nada nuevo bajo el sol del socialismo español. Mera actualidad superficial.

¿Cómo llamamos a los constitucionalistas?
Amando de Miguel Libertad Digital  21 Junio 2003

La distinción es útil. En el País Vasco hay dos tipos de partidos y de personas. Más o menos se distribuyen mitad por mitad. Por un lado están los nacionalistas, esto es, los que consideran que la nación vasca debe ser independiente y constituir un Estado propio. Por otro lado, están los vascos que se saben españoles y quieren seguir con la actual Constitución de España. Las etiquetas podrían ser nacionalistas y españoles. En el uso corriente, ante el tabú de todo lo español, se prefiere decir que los que no son nacionalistas, son “constitucionalistas”. El palabro resulta forzado. Será mejor reservarlo para los expertos en Derecho Constitucional. Lo que tienen de común el PP y el PSOE en el País Vasco es que son partidos españoles, como en el resto del país. Se es español si se quiere serlo. No es incompatible ser vasco y español, como ser andaluz y español. El problema es que hay españoles que evitan esa etiqueta, como si fuera un insulto o un baldón. De ahí que digan “ciudadanos”. Una vez más, mi queja va a servir de poco. Los “constitucionalistas” seguirán siendo los no nacionalistas en el País Vasco. Qué le vamos a hacer.

Tribunal de turno
TONIA ETXARRI/ El Correo 21 Junio 2003

La próxima vez que el lehendakari convoque a las urnas para elegir a los representantes autonómicos habrá que exigir a los candidatos que expliquen qué quieren hacer con el Parlamento. Qué entienden por el respeto a las instituciones. Qué esperan de una Cámara en donde la minoría que gobierna sólo quiere cumplir las leyes que le convienen. Cómo piensan potenciar el poder de una institución tan bloqueada por la falta de diálogo democrático que las escasas iniciativas legislativas han tenido que depender de Batasuna para obtener el recuento necesario. Y, sobre todo, si creen que el Parlamento es el órgano legislativo o, más bien, una burbuja que permite aislar de sus obligaciones a quienes no respetan las normas. Parece una pérdida de tiempo pero este test, desde la deriva del 98 (cuando ETA exigió que se reforzara el bloque nacionalista y se deshizo el camino del consenso democrático), resulta necesario. Para Azkarraga, este pulso del tripartito con el Alto Tribunal, sólo significa que «discrepar de la Justicia no es tan grave» y para Egibar (diputado y alcalde a la sazón) el Parlamento no puede estar sometido «al tribunal de turno».

Si dicen esto cuando la Justicia está tratando de impedir que quienes justifican a ETA hagan vida parlamentaria como si tal cosa, es que algo falla por la base. Si Atutxa hubiera facilitado el pase del grupo de Otegi al Mixto, ahora estaríamos hablando de otros problemas (los de IU, por ejemplo, que no quiere competencia en sus espacios y emolumentos en el Grupo Mixto), pero el clima institucional estaría más apaciguado. La actitud de los nacionalistas sosteniendo que no piensan facilitar cauces para resolver este conflicto, porque no es su problema, no puede durar mucho tiempo. Se está trazando un panorama insostenible. Ellos se enrocan y la Justicia va avanzando. En democracia, las leyes se acatan y luego se recurren.

Mientras, nuestro Parlamento virtual sigue con la ficción. Con unos parlamentarios que hablan pero que no existen jurídicamente. Barreda quiso que constara que se daba voz a una portavoz cuyo grupo está disuelto, y Atutxa contestó que no le constaba tal circunstancia. La oposición se indigna con quienes se pasan la legislatura más pendientes de Batasuna que de reforzar las mayorías democráticas. Ares dice que se acabó el tiempo de las triquiñuelas. Pero queda la pregunta cumbre: Si el Supremo ordena disolver al grupo que está sometido a ETA, una denuncia que hizo el PNV hace años, ¿está atacando al Parlamento vasco, como dice Arzalluz , o está impidiendo que los cómplices del terrorismo se refugien en las instituciones? La respuesta es sencilla, aunque, para algunos, dura de admitir.

El momento delicado
Cristina Losada Libertad Digital  21 Junio 2003

Jueces para la Democracia y la Unión de Fiscales Progresistas, con plaza en el limbo antifranquista, dictaminaron en su primer congreso conjunto, celebrado hace unos días, que las libertades públicas atraviesan “un momento delicado”. No se referían a los lugares donde el terror impide el ejercicio de la libertad, verbigracia el País Vasco, sino a aquellos donde unos gobiernos democráticamente elegidos tratan de luchar contra el terrorismo. Su juicio nace de la misma perversión moral e intelectual que asomó en aquel titular de El País del 12 de septiembre de 2001: “El mundo en vilo a la espera de las represalias de Bush”, de cuya ingenuidad es de las pocas cosas de las que no me ha convencido Arcadi Espada en “Diarios”.

Esta fórmula del “momento delicado” se ve que ha hecho fortuna en las estribaciones de Izquierda Unida. Ya la utilizaba el profesor Monedero, de noalaguerra.org, en una carta que comenté la semana pasada. Pero el trastorno que subyace a la expresión afecta a casi toda la fauna del dorado estanque “progresista”. Si al día siguiente del 11-S, cuando los restos de miles de personas bajo los escombros obligaban a cierto respeto a los muertos y cierto horror al crimen, el gran peligro era Bush y no Ben Laden y sus émulos, desde entonces, la gran amenaza para la democracia no proviene de los terroristas, ¡por favor!, sino de los recortes de las libertades que aplican los gobiernos con la excusa de combatirlos. Los gobiernos democráticos, se entiende, pues los demás, que son la mayor parte, no pueden recortar lo que no dan ni reconocen. Con ellos no ha lugar para “momentos delicados”.

Las normas de seguridad más estrictas que empezaron a aplicarse en aeropuertos y fronteras tras el 11-S indignaron sobremanera a estos defensores de las libertades según y dónde. ¡Cómo protestaron por “la humillación” de hacer cola en las aduanas norteamericanas! Y si iban a Israel, donde ya regían antes medidas extraordinarias, no digamos. No vuelvo más, tituló un enrabietado Manuel Leguineche. ¡Es intolerable!, aullaron todos esos soberbios botarates que, sin embargo, suelen tolerar como pintoresquismo o mal inevitable las tropelías que se infligen al viajero en países donde la democracia o es palabra hueca o no es palabra: las esperas de días en puestos fronterizos, los sobornos necesarios, las mordidas inevitables, la zozobra permanente, los interrogatorios, los registros, los robos.

Amigo, pero en la frontera de un país democrático no pasan una. Ángela Vallvey, ganadora de un premio Nadal, se quejaba de un modo prototípico en su columna del Cultural de ABC (7-6-03): “El único inconveniente (del viaje) es la Police (suiza a italiana) que aborda el tren armada de perros y caras largas. Reconozco que tiemblo ante la policía (…)”. La frontera entre Suiza e Italia viene a ser el momento delicado para la señora Vallvey. ¡No traga ni las caras largas! Si hubiera cruzado la frontera polaco-soviética in illo tempore y observado el rostro, el ceño y los modales de la polizonte que sacaba a empellones del tren a dos ancianas con sus bolsas de baratijas compradas en París, la cara del suizo le parecería maravillosa. O por lo menos, un detalle accesorio al lado de la certeza de que ahí, en esa frontera, tiene unos derechos y que el poli tiene el deber de respetarlos y hasta de protegerlos. Para eso trabaja.

Pero estos niñatos del Mundo Feliz sin Pasma prefieren que por las fronteras entren y salgan terroristas, narcos o mafiosi, antes que aguantar el malhumor de un aduanero o el olfateo de un perro. Pues con esas gentes del crimen creen compartir si no el mantel, la mesa y dan por sentado que a ellos, que tan bien los comprenden, no les harán nunca daño. Tal vez por esa querencia los jueces “progresistas” apoyan a los magistrados que dejan salir de la cárcel a los capos del narcotráfico antes del juicio. Vive y deja vivir, más escuelas menos policía, tó er mundo es güeno, y el que no, es por culpa del capitalismo.

El auténtico momento delicado para la democracia resulta del hecho de que, en los países donde está más arraigada, haya millones de personas dispuestas a salir a la calle para apoyar a un tirano asesino con tal de oponerse a Estados Unidos y poquísimas que muevan un dedo por los que piden democracia y libertad y son perseguidos por ello en Cuba, Venezuela, China, Tibet o Irán. Que haya tantos preocupados por los posibles sufrimientos de los islamistas presos en Guantánamo y tan pocos a los que repugnen las condiciones infrahumanas en las que malviven los presos de Castro. Que haya, en definitiva, tantísimas personas que se las arreglen para defender casi siempre a las dictaduras y no defender casi nunca a los que las combaten. Y cuyo enemigo no es el maleante que puede ir en el tren en el que viajan, sino el policía que no sonríe como es debido.

IU apoya a Castro
Wenceslao Cruz Libertad Digital  21 Junio 2003

El extremismo de la organización comunista española es archiconocido por todos, pero que aún no quieran bajarse del tren del que ya descendieron personas “ilustres de Izquierda” como Saramago, Trueba, Susan Sontag, etc., es una terquedad totalitaria que los delata como los revisores al servicio del maquinista Castro, un tirano que prefiere descarrilar el tren aunque haya llegado el final de vía. Me remito a la prueba: en la pagina inicial de su periódico personal Granma, Castro exhibe con orgullo el apoyo incondicional de los casi “co-presidentes” de la Comunidad de Madrid. Llamazares, que sólo gusta desinformarse por boca de Castro, y que desea agradecer un postgrado de medicina otorgado por la escuela que lo adoctrinó, apoya nueva e “incondicionalmente” a su ídolo.

El PSOE, en voz de Caldera, se ha desmarcado, al menos un poco, del contubernio que tiene con esta izquierda extremista, y se ha puesto al lado del gobierno español en este caso, aunque tal vez sea el producto de la desavenencia coyuntural reciente entre el dictador y Felipe González. En cambio, el nuevo pseudo-Stalin ibérico, Llamazares, quiere estar al lado de su amo cubano, y prefiere arriesgar en esta aventura el mínimo prestigio democrático que le queda, con tal de conservar el apoyo a su partido político por parte del gobierno cubano, el único aliado oficial de la ETA que existe en el mundo.

Izquierda Unida es el comunismo disfrazado de oveja, pero como lobo sangriento que es, no puede evitar acudir a la llamada del jefe de la manada, pero esta vez no para “cazar” (o incendiar contenedores), sino para apuntalar la dictadura antillana en su peor momento. Zapatero, Caldera y Simancas deberían examinar con mucho cuidado la alianza que están forjando con los comunistas. La sociedad española ve con gran repugnancia a la dictadura de Castro y a sus simpatizantes.    Wenceslao Cruz, cubano, es ingeniero de sistemas y reside en Madrid.

El fiscal presenta una querella criminal contra Atutxa por desobediencia
Extiende su acusación a Gorka Knörr (EA) y Kontxi Bilbao (IU) y pide al Tribunal Superior vasco que les interrogue
Los tres políticos se exponen a una pena de inhabilitación de dos años
C. Calvar (Madrid) La Voz  21 Junio 2003

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ordenó ayer la presentación ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de una querella criminal contra Juan María Atutxa, presidente del Parlamento de Vitoria. La Fiscalía le acusa de un delito de desobediencia por negarse, mediante una maniobra que califica de «subterfugio», a cumplir la orden del Tribunal Supremo e impedir la actuación autónoma en la cámara autonómica del grupo Sozialista Abertzaleak (SA), sucesor de Batasuna.

La querella, elaborada por el teniente fiscal jefe del Supremo, José María Luzón, extiende esta imputación al vicepresidente del Parlamento vasco, Gorka Knörr (de EA) y a la secretaria segunda de la Mesa del legislativo autonómico, Kontxi Bilbao (de IU). Entiende que ambos parlamentarios auspiciaron con su actuación, «bajo la hábil dirección del señor Atutxa», la maniobra de dejar la decisión última sobre el futuro de SA en manos de la Junta de Portavoces en lugar de defender su expulsión inmediata, como hicieron los representantes del PSE y del PP.

En su querella, el Ministerio Público explica que los querellados se escudaron en una pretendida laguna jurídica en el reglamento que exigiría modificaciones para eludir su responsabilidad y «enmascarar o justificar» su «abierta negativa» a obedecer una decisión judicial. Resolución que -puntualiza el fiscal- era «clara y carente de ambigüedades», ejecutiva y ante la que no cabía ningún recurso.

De ello resulta, según las tesis de Luzón, que Atutxa, Knörr y Bilbao cometieron «un fraude de ley» para eludir el mandato judicial, lo que podría acarrearles, según establece el artículo 410 del Código Penal, multas de tres a doce meses y penas de inhabilitación de entre seis meses y dos años para cualquier empleo o cargo público.

La Fiscalía coincide con la tesis del Supremo en que es la sala especial del artículo 61, y no el Parlamento vasco, la que establece de forma directa e inequívoca la disolución del grupo de SA. Por ello, a los querellados les corresponde sólo «materializar» la decisión sin entrar a valorarla.

No hubo error
La Fiscalía desecha la posibilidad de que lo acontecido sea fruto de un «error» de los querellados, pues considera «inverosímil» que éstos pudieran albergar verdaderas dudas sobre la legitimidad del Supremo y la ejecutividad de su requerimiento. Por ello, solicita al máximo tribunal vasco que interrogue, en calidad de imputados, a Juan María Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao. También pide que se tome declaración, como testigos, al vicepresidente segundo de la Mesa del Parlamento vasco, Carmelo Barrio y al secretario primero, Manuel Huertas, parlamentarios del PP y el PSE, respectivamente.

Por gozar los querellados de la condición de aforados, corresponde al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco hacerse cargo de las actuaciones. La Fiscalía no ignora que el Estatuto de Gernika establece que los miembros de la Cámara vasca son «inviolables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo». No obstante, argumenta que esa ausencia de responsabilidad no puede ampliarse a sus «actuaciones» , y por eso interpreta que en este caso «no puede invocarse la inviolabilidad» que reclaman los nacionalistas.

Mayor Oreja cree que Ibarretxe está ultimando un proyecto de ley de ruptura con España
Agencias Libertad Digital   21 Junio 2003

Mayor Oreja ya alertó de que la tregua de ETA era una trampa. No se equivocó. Ahora advierte que el lehendakari está ultimando una ley que supondrá la “ruptura política con España”. El texto especificará que el País Vasco, a través de un referéndum, puede “desgajarse unilateralmente”. El debate será en septiembre y Batasuna volverá a ser arbitro.

El presidente del Grupo Popular en el Parlamento vasco ha desvelado, en una entrevista concedida a Europa Press, los planes del Gobierno vasco en su escalda separatista. En ese se enmarca ya la manifiesta desobediencia del Parlamento vasco hacia las sentencias del Supremo, también la negativa a abonar a la Administración central parte del cupo. Otro de los pasos a dar llegará en septiembre. En esa fecha, Mayor Oreja cree que el lehendakari presentará en la Cámara de Vitoria un proyecto de ley con el que justificar sus ansias independentistas. Será, dice el ex ministro del Interior, un proyecto de ley de ruptura con España que incluirá la soberanía popular vasca.

Un plan asequible con una victoria del PSOE en 2004
El dirigente popular considera que el gran dilema del PNV será decidir el momento en el que aprueba ese proyecto de ley, si lo hacen antes o después de las generales. De haber ganado los socialistas los comicios del 25-M, es muy probablemente que el debate se hubiera adelantado. Como no ha sido así, es previsible que los nacionalistas vascos esperen a la celebración de las elecciones generales de marzo de 2004 para someter a votación el texto. Confían en una victoria del PSOE ya que ven más “dudas y vacilaciones” en los socialistas.

El análisis de la situación que hace el dirigente popular es que en el mundo nacionalista ha ganado el proyecto de ETA, el de la ruptura y un instrumento, el del PNV, con el plan Ibarretxe. Ahora, explica, está intentando articular una ley que incluirá la explicación de “cómo, a través de un referéndum, el País Vasco puede desgajarse unilateralmente de España o cómo podrán ser consultados los vascos a favor del derecho de autodeterminación a través de un referéndum”.

Un derecho nuevo
Se tratará, precisó, de “algún nuevo derecho”, el derecho “unilateral de secesión, que estará expresamente recogido en el articulado”. Para el dirigente popular, este proyecto estará apoyado “explícita o implícitamente por ETA” y los diputados de Batasuna “o se abstendrán, y con ello saldrá el proyecto, o votarán a favor y con ello todavía explicitarán más el acuerdo”.

Mayor Oreja no descarta que Ibarretxe pueda convocar elecciones anticipadas, pero cree que eso sólo lo harán “si hay otro proyecto de coincidencia con ETA y el PNV como el de Estella” porque, argumentó, si no lo hay y se mantiene el proyecto de “convergencia”, unas elecciones significarían “la expulsión de ETA del Parlamento vasco”, es decir, que “el PNV legitimara la ilegalización de Batasuna” en la Cámara autonómica. En cualquier caso, el dirigente vasco está convencido de que el PNV “está en un laberinto, pero sin salida”, se encuentra “encerrado en su propia mentira” pero “no tiene otra fórmula” que escenificar la ruptura.

Nueva y vieja Europa
José Antonio VERA La Razón  21 Junio 2003

Llevamos más de medio siglo dándole vueltas a la cosa de Europa y, hombre, hemos avanzado mucho, pero aún seguimos ahí, atascados, estancados, absorbidos por un montón de gastos con una burocracia creciente que no genera eficacia política, pues la alta política aún le está vedada a la UE, la tienen secuestrada para sí las viejas naciones de la vieja Europa. Esa Europa arcaica e insolidaria, dividida y enfrentada, es la que está impidiendo que nazca ya la nueva Europa que muchos queremos, y que no tiene nada que ver, por cierto, con la que propugna el vetusto secretario de Estado de Defensa de Estados Unidos, el patético Rumsfeld, que sólo concibe a Europa como un apéndice sumiso del imperio americano. La nueva Europa debe ser una Europa nueva de verdad, unidad de verdad, que hable con una sola voz ante el mundo, que tome decisiones que afecten a todos sus miembros sin que ninguno de ellos pueda vetar o contestar sus decisiones. Esa Europa parte con una sólida base económica y se levanta sobre los pilares del mercado único y la unión monetaria. Pero necesita avanzar, y para avanzar debe superar la actual dispersión y atribuirse competencias políticas que aminoren el poder de los estados.

Está bien la Constitución europea que ahora se alumbra como primer paso de lo que debería ser pronto una auténtica Unión (política) Europea. Está bien que se fortalezca al Parlamento, que se cree la ciudadanía europea, que se otorgue personalidad jurídica a la Unión, que se anuncie la desaparición de la toma de decisiones por unanimidad sustituyéndola por la muy razonable mayoría cualificada. Está bien que, por vez primera, creemos la figura de un presidente europeo y un ministro de Exteriores, pero estará mejor si estas figuras llegan a ostentar poder real y no se convierten en meros floreros que nada aportan y en nada intervienen en la toma de decisiones. ¿De qué sirve el comisario de Exteriores de la Comisión Europea? ¿De qué está sirviendo mister pecs, el alto comisionado para la política exterior y de seguridad común, nuestro querido paisano Javier Solana? En ninguno de los recientes conflictos internacionales se ha logrado que la UE hable por sí misma. Hemos dado un espectáculo lamentable con ocasión de la guerra de Iraq. Alemanes, franceses y belgas por un lado, los demás por otro, los españoles promoviendo cartas, los ingleses a su bola, los americanos frotándose las manos ante el bochorno de la vieja Europa de verdad, dividida, ineficaz, incompetente, inconsencuente.

Europa se está convirtiendo en un cuento de nunca acabar. Cada día tiene más miembros, cada día más funcionarios, cada día son más las instituciones que debemos pagar, sin que avancemos en lo que de verdad importa: eliminar parte de la autoridad de los Estados miembros para trasladarla a un ente de gobierno único para todos, cuyas decisiones, acertadas o equivocadas, tengan que ser asumidas conjuntamente por los gobiernos nacionales y por los ciudadanos. No seremos nada los europeos si no tenemos un ejecutivo único que nos represente y decida por sí mismo, un presidente elegido por todos en unas elecciones comunes en toda la UE, un Ejército único con mando central único, una política exterior propia que esté por encima de los intereses puntuales de cada una de las naciones de la vieja Europa. Tampoco seremos nada si no avanzamos en eliminar la burocracia que hoy supone tener que hacer oficial cada una de las lenguas que se hablan en los diferentes Estados. Sin una lengua común, la unión es complicada. Eso lo sabe todo el mundo, pero nadie se atreve a plantearlo y, mucho menos, a buscarle solución. No se trata de que obliguemos a los griegos o a los húngaros a hablar en alemán, claro. Se trata de reconocer que cada idioma debe seguir siendo el oficial y propio de cada país, por supuesto, pero que junto a él, junto a ellos, debe haber una lengua oficial para toda la Unión, en la que se escriban los documentos de la Unión, que sea la lengua obligatoria del Parlamento y las instituciones comunes, cuya enseñanza y aprendizaje sean igualmente obligatorios en todas las escuelas y universidades de la Unión. Tal y como están las cosas, ese idioma sólo puede ser hoy el inglés, pues cualquier otra opción sería verdaderamente absurda en un escenario en el que ni el francés, ni el alemán, ni el español, ni ningún otro, serían aceptados por los demás.

La UE no tiene más remedio que avanzar en el ámbito político si no quiere perecer. Tampoco se trata de crecer a lo loco. Antes de crecer más, sería mejor solventar los problemas que ya están planteados. Las aportaciones que ahora hace la Constitución europea valen para empezar, pero no son suficientes. Hay que acabar con los vetos, con las votaciones por unanimidad, con las presidencias rotatorias, con una comisión europea constituida por comisarios nacionales que velan más por los intereses nacionales que por los generales, con las traducciones simultáneas a quince o veinte idiomas que generan costes y gastos sin parar, que son un freno al funcionamiento ágil y eficaz.
La Constitución europea que ahora nace está bien. Pero no es suficiente. Europa, la vieja Europa de la división, debe dar paso a una Europa nueva sobre la base de unas instituciones nuevas que gobiernen a unos ciudadanos nuevos. Que gobiernen de verdad, no como ahora, que no sabemos qué hacen. Si esto no es así, el sueño de Shumann y Monnet será al final un sueño frustrado.

La Generalitat quiere obligar a los niños a que hablen catalán mientras juegan
EFE 04-06-03 Libertad Digital   21 Junio 2003

El martes fue Jordi Pujol quien se empeñaba en que los inmigrantes sudamericanos tenían que aprender catalán porque eran los culpables de la regresión de ese idioma. Este miércoles, la consejera de Educación ha ido más allá y ha dicho que los niños deben dejar de hablar en castellano en el patio del colegio.

Carme-Laura Gil afirmó que la amplia utilización del castellano entre los escolares no obedece únicamente a la nueva inmigración, sino que radica en que la "realidad" es que la mitad de las familias catalanas utilizan el castellano como lengua social. En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlament, la consejera ha matizado así las afirmaciones de ayer de Jordi Pujol, quien alertó de una posible "regresión" del catalán ante la actitud de nuevos inmigrantes como los de origen suramericano, y se ha referido también al estudio de la Universidad de Barcelona que subraya que el 60% de los alumnos de primaria de Cataluña habla en castellano en el patio.

Gil, que ha dejado claro que "el catalán está en una forma extraordinaria", ha explicado que "la realidad no es muy conocida, y es que el castellano es la lengua familiar del 50% de la población catalana", lo que también se refleja luego en el patio de la escuela, ha señalado. "La realidad existe y es difícil de cambiar", ha reconocido Gil, quien cree que después de haber conseguido, con el consenso de todos los partidos, que el catalán sea la lengua vehicular de la escuela, "ahora el segundo objetivo es fomentar la extensión de su uso social, en lo que el patio forma parte".

Por este motivo, la consejería de Educación impulsa la subvención de actividades extraescolares de niños de colectivos de inmigrantes y de áreas sociales desfavorecidas para que el catalán sea utilizada por los alumnos fuera del colegio. Gil ha aprovechado para recordar también que "la Constitución no incluye el deber de conocer el catalán", mientras que sí lo hace con el castellano.

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