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Recortes de Prensa     Viernes 27 Junio  2003
Política contra el terrorismo
JOSÉ IGNACIO CALLEJA  El Correo 27 Junio 2003

El voto de los satanizados
Luis María ANSON La Razón 27 Junio 2003

En capilla para el debate
Juan Ignacio Jiménez Mesa Estrella Digital 27 Junio 2003

Mayor Oreja gana adeptos: Barreda apoya suspender la autonomía
Redacción - Madrid / Bilbao.- La Razón 27 Junio 2003

Admitida la querella de «Manos Limpias» contra Atucha
Redacción - Madrid.- La Razón 27 Junio 2003


 

Política contra el terrorismo
JOSÉ IGNACIO CALLEJA/PROFESOR DE MORAL SOCIAL El Correo 27 Junio 2003

A ver cómo lo digo breve y dignamente. No es fácil. Savater ha escrito que el futuro nos juzgará por lo que ahora hagamos contra el totalitarismo nacionalista (vasco), tan camaleónico y escurridizo, y a la postre, brutal. Javier Tusell ha dicho que las cuestiones de divergencia política radical no se resuelven por procedimientos de técnica jurídica, sofisticados o no. Merece la pena pensar en ambas direcciones. Aquél habla el lenguaje de los ciudadanos decididos a actuar sin contemplaciones contra ETA y su entorno, en el marco de la ley, de toda la ley. Éste pone el filtro de la historia para aprender del pasado, mientras dejamos que la ley sea ley y la política, política, es decir, 'pacto civilizado'. Son voces que hacen pensar.

Yo soy amigo del pensamiento sosegado y político. Sólo creo en la democracia como pacto entre distintos, tan provisional como sea necesario, pero siempre desde el respeto a los derechos fundamentales de todos: de las personas y de las personas en sus pueblos. La política siempre es un pacto 'civilizado'. Ésta es su condición. Las naciones, es cierto, no son lo que más me emociona. Prefiero gastar el afecto en otras causas. Pero si respetan un modo civilizado de vida y democracia, poco tengo que decir.

El problema es el ciudadano que no hace política, sino extorsión, violencia y terror. Frente a éste quiero leyes penales, con procedimientos y juicios individuales, y sinceridad social que denuncie su barbarie. Y si las personas se asocian para defender espacios de impunidad, y constituyen un movimiento político en torno al terror, el sistema penal tiene que juzgar a los delincuentes, individualizando cada caso; y el sistema judicial tiene que probar con rigor la trama que los unifica a todos en una organización jerarquizada y, entonces, prohibir. Son tareas distintas y ambas irrenunciables.

Y hay una tercera. El cuerpo político y social que componemos los ciudadanos 'civilizados', los que si no es por error jamás seríamos cómplices de la violencia terrorista, tiene la obligación moral de arropar a las víctimas del terror y de denunciar todo oportunismo; primero, el de los complacientes con el terror; y, de inmediato, el de los que se aprovechan políticamente de aquella aberración, sea en el País Vasco, sea en España. A mi juicio, esto es lo primero que hay en cuanto al terrorismo de ETA.

Si la política no consigue impulsar estos compromisos, es un fracaso de todos que no se puede ocultar con salidas en falso. Amenazar el sistema de libertades fundamentales de una parte de la sociedad, por más que haya muchos ciudadanos en ella que no cumplen con sus deberes igual de fundamentales, es un riesgo que no se debería correr sino tras un juicio muy riguroso y pausado. Mientras ETA exista, la primera razón moral, la que da un sufrimiento tan injusto y cruel, está de lado de las personas amenazadas simplemente por defender el vigente marco constitucional. Esto es así de claro. Pero ello no supone negar la cuestión de si están igual de claros los fundamentos jurídicos probados que la ilegalización de AuB, o de sus 'sustitutos', requiere, no sólo para ser explicada, sino justificada. Por lo que se conoce, no sé si están jurídicamente tan claros y ponderados. Lo que sucede más bien parece una expresión del fracaso de la política cuando se empeña en hacer justicia cuanto antes y a toda costa, sin reparar del todo en lo debido a una clara división de poderes y a los ritmos de la justicia. Precisamente en ese hacer justicia absoluta, 'cuanto antes y a toda costa', aparte de razones electoralistas muy tentadoras, está para mí la clave de la cerrazón de las distintas posiciones democráticas, constitucionalistas y nacionalistas, a la hora de negarse unos a otros el pan y la sal cotidianos.

Me pregunto por sus efectos a medio plazo. ¿Es que no les llega el desafecto de tantos a la democracia en cuanto tal? A veces tengo la impresión de que la solidaridad con las víctimas es el último eslabón por el que mucha gente mantiene un respeto hacia la política. ¿Es que no les llega el desánimo de tantos ciudadanos hacia la política concebida como lucha sin cuartel a través de sus burbujas mediáticas?

Ésta es mi opinión: Sí les llega. Pero la clase política vive de esto; la política es ya su oficio y, cual iglesia laica, se pueden plantear todo menos el fracaso en el cumplimiento de un encargo democrático. Sé que no debería generalizar. Sé que cada caso es único y que cada uno responde de su proceder. Hablo sin personalizar. Creo que llegan a sentirse imprescindibles, normalmente, con el pueblo y, si preciso es, sin el pueblo. La política, ya lo dijeron algunos clásicos, tiene algo de religión laica y sacerdocio. Ella no está ya para explicaciones. Tiene una misión y nada ni nadie va a impedir que la cumpla. La 'república' siempre debe subsistir. Nicolás Maquiavelo no era malo, sino listo y, seguramente, muy realista.

En nuestro caso, si la causa es hacer justicia, y el sufrimiento real viene de lejos, y de lejos viene el terror de ETA, todo parece justificado. Pues no señor, todo puede estar explicado, pero la justificación tiene su itinerario, sus referencias de valor, su procedimiento reglado, sus controles e instancias independientes, y sus tiempos jurídicos muy cuidados. Sucede con las ilegalizaciones de un 'partido' y sucede con los proyectos políticos de nuevo 'estatus'. Entender esto parece fundamental para estar en la política como lo que es, actividad vicaria o servidora de la democracia y de la moral civil en su poliédrica y legítima diversidad, y no su sustituta. Parece razonable pensar así e intentar respetarlo, pero seguramente el oficio de político aguanta más presiones y se enreda en más estrategias de las que suponemos. Verlo como servicio democrático a su pueblo, legítimamente diverso y mestizo en cuanto a su identidad, quizá sea una quimera. Tal vez. Pero podemos estar seguros de que se trata de una utopía cuyo olvido no les debemos consentir.

El voto de los satanizados
Luis María ANSON de la Real Academia Española La Razón 27 Junio 2003

La satanización de Tamayo y Sáez ha permitido al PSOE y al PC, enmascarado en Izquierda Unida, sustraer a la opinión pública el fondo antidemocrático de lo que ambos partidos preparaban en Madrid. Se ha dicho de Tamayo y Sáez que son despojos humanos, traidores con pintas, corruptos desorejados y además emputecidos, la parte más golfa, en fin, de una maniobra albañal e inmobiliaria. Se ha repetido la acusación demonizadora hasta la náusea. No entro en la cuestión. Tal vez sea verdad tanta lindeza. Los jueces lo dirán. Se comprende, en todo caso, la indignación de socialistas y comunistas que se quedaron con la miel en el arco de triunfo.

Nadie o casi nadie, sin embargo, habla del argumento inicial de la deserción de Tamayo y Sáez. La izquierda una vez más ha conseguido que el tontorroneo del PP contribuya a la humareda. Pero otorgar el 50 por ciento del poder de la Comunidad madrileña a un partido que sólo ha obtenido el 7 por ciento de los votos es una operación profundamente antidemocrática. El pueblo madrileño ha manifestado claramente dónde quiere instalar al partido comunista. Por eso lo ha reducido a la mínima expresión. La gente está contra la vieja revolución de los años treinta, la vociferación callejera, el vandalismo urbano, el asalto a las sedes de los partidos rivales, los pactos en el País Vasco con los proetarras. Convertidos en bisagra en Madrid, gracias a una ley electoral que debió reformarse en su día, los comunistas han exigido para que Simancas contara con su apoyo y alcanzar así la investidura, parcelas de poder que no les corresponden. Tamayo y Sáez han dicho a Simancas: «Si en contra del resultado democrático en las urnas, entregas a IU consejerías que se habían pactado a favor de nuestro sector socialista, entonces nos vamos y nos convertimos en bisagras». Tal vez esto sea éticamente reprobable, tal vez medien además corrupciones inmobiliarias, pero entregar al partido comunista, con su 7 por ciento de los votos en Madrid, el 50 por ciento del poder es una operación profundamente antidemocrática que el PP de forma tórpida no ha sabido denunciar ante la opinión pública.

Ahora Simancas se prepara para la investidura asegurando que no quiere el voto de los satanizados sino retrasar dos meses la convocatoria de elecciones. Tal vez haya que creerle, aunque los populares dicen que no. «Maricón el que no se aferre al poder», han gritado, sin embargo, los comunistas encantados de contar, por fin, con los dos «despojos humanos». Y ahí está el dócil Simancas, envainándose todas las vainas, dispuesto a convocar elecciones, quizás a calendas griegas.

En capilla para el debate
Juan Ignacio Jiménez Mesa Estrella Digital 27 Junio 2003

A los periodistas nos gusta creer que el debate “del estado de la Nación” es ocasión política muy importante, y de hecho lo es, o debería serlo, pero no tanto como creemos. Lo que comúnmente entienden los dirigentes de los partidos políticos como estado o situación del país responde más bien al estado en que ellos se encuentran, sus cuitas, sus peleas internas y externas, sus propósitos electorales más inmediatos y poco más. Pero aunque la gente de la calle se interese por la anécdota y el morbo político, y disfrute con los enfrentamientos verbales, la realidad es que están más preocupados por otras cosas como el empleo, la seguridad ciudadana, la garantía de las jubilaciones futuras, etc., materias que generalmente no afloran en este tipo de debates, o lo hacen si acaso en tres líneas de un discurso que ni siquiera merece la réplica del contrario. Tal vez por eso los sociólogos encuentran serias dificultades para trasladar a intención de voto las opiniones políticas vertidas por los ciudadanos. Medimos la fiebre política y la consideramos un síntoma de crisis en la sociedad, pero luego se demuestra que es algo superficial, epidérmico, y sin relieve a la hora del voto.

En el momento presente, por ejemplo, la tensión política, como el calor en la calle, desborda el nivel medio para situarse en el tercio más alto de los termómetros. Acontecimientos como el escándalo de la Asamblea de Madrid hace tiempo que no se vivían, y en cuanto al problema vasco, que es la eterna asignatura pendiente, el desafío del Parlamento de Vitoria al Tribunal Supremo sitúa la tensión en límites de conflicto institucional sin precedentes. Y para colmo, todo esto acontece cuando más incertidumbre existe sobre el liderazgo de los dos partidos más importantes, porque a Rodríguez Zapatero otra vez le quieren segar la hierba debajo de los pies, mientras que Aznar mantiene la incógnita de quien será su sucesor, dando a todos la sensación de que disfruta creando ese clima de angustia entre los candidatos.

Sin embargo, frente a ese clima enrarecido y acalorado del debate político, la verdad es que la situación económica y social del país podría definirse como de calma y fresca brisa. Hay más empleo que nunca y la conflictividad laboral brilla por su ausencia, aunque algunos nubarrones en el horizonte presagien pequeñas tormentas, como la reducción de plantilla en Telefónica y la consabida huelga de verano de los controladores aéreos. Las cuentas de las empresas indican que no termina de despegar ese índice de crecimiento del consumo que tanto esperan, pero a cambio tampoco se dispara la inflación, y ambos ratios, unidos y comparados con los de toda Europa, muestran que España sigue yendo bien, lo suficientemente bien como para no inquietarnos. Ni siquiera podemos considerar próximo el temido horizonte de las necesarias reformas en política social (jubilaciones postergadas, por ejemplo), tan presente ya en Alemania y en Francia. Aquí nos podemos permitir el lujo de esperar unos años, pocos, pero los suficientes para que ni siquiera entre en el temario de las elecciones generales del 2004. Menos aun, por tanto, en el debate de este próximo lunes que, según lo previsto, irá por los derroteros de corrupción y elecciones en la Comunidad de Madrid, secuelas de la guerra de Irak, secuelas del chapapote, conflicto institucional en el País Vasco, etc., etc.

El Gobierno y los portavoces de los grupos parlamentarios están en capilla, preparando sus intervenciones, pero lo que buscan con más ahínco es la frase llamativa y contundente que impacte como un misil en la credibilidad del adversario. Quieren que las crónicas los consideren ganadores de la batalla puntual en el Congreso, aunque la experiencia demuestre que este tipo de escaramuzas no tiene relación directa con las urnas. Esa es quizás la razón de que a los periodistas nos gusten a rabiar estos debates. Aquí somos nosotros quienes ponemos las notas y no el censo electoral. j.i.jimenez@estrelladigital.es

Mayor Oreja gana adeptos: Barreda apoya suspender la autonomía
Rafael Larreina (EA) cree que si se rechaza el «plan Ibarreche» se debería recurrir al modelo de Quebec
Redacción - Madrid / Bilbao.- La Razón 27 Junio 2003

El portavoz del PP en el Parlamento vasco, Leopoldo Barreda, declaró ayer que «todos los instrumentos contemplados por la Constitución», incluido el artículo 155, que prevé la suspensión de la autonomía de una comunidad autónoma, «están vigentes y, si se dan las circunstancias, habrá que aplicarlos». Barreda manifestó a la Cadena Cope que «es el nacionalismo vasco el que tiene que decidir hasta dónde quiere tensar la cuerda y hasta dónde quiere forzar las cosas». «Hoy en día la respuesta la están dando los tribunales, el Tribunal Supremo, el fiscal general del Estado, pero es evidente que hay supuestos en los que se contemplan otros instrumentos y que el Estado no puede rechazar de antemano», añadió.

El dirigente popular señaló que «no puede ser que el PNV tenga patente de corso y que el Estado renuncie de antemano a utilizar instrumentos que están contemplados en la Constitución».

En el polo opuesto, el secretario de Organización y portavoz parlamentario de EA, Rafael Larreina, afirmó ayer que el texto articulado sobre el «plan Ibarreche» que se planteará el próximo mes de septiembre en el Parlamento vasco tendrá «carácter de Ley» y, de llegar a aprobarse, irá al Congreso.

Además, señaló que, si el Estado no admitiese «la modificación del marco jurídico-político», habría que recurrir a un proceso similar al de Quebec.

«El señor Mayor Oreja tendría que ser coherente porque, él que habla tanto de Constitución y Estatuto, debería saber que, según la Constitución y el Estatuto, la reforma del marco jurídico-político debe tener carácter de Ley», aseguró el dirigente de Eusko Alkartasuna, socio del PNV.

Madrazo recuerda a los GAL
Por su parte, el coordinador general de IU-EB y consejero del Gobierno vasco, Javier Madrazo, consideró que la eventual aplicación del artículo 155 de la Constitución, «al amparo de las sucesivas sentencias del Tribunal Supremo, es un acto de terrorismo de Estado». Madrazo opinó que «la simple referencia» a ese asunto es «un acto de terrorismo de Estado; es un acto de guerra sucia como guerra sucia fue el GAL».

Admitida la querella de «Manos Limpias» contra Atucha
Redacción - Madrid.- La Razón 27 Junio 2003

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha admitido a trámite una querella del sindicato colectivo de funcionarios «Manos Limpias» contra el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atucha.
La querella fue presentada por el secretario general del sindicato, Miguel Bernard, por un presunto delito de desobediencia, relacionado con la negativa del presidente de la Cámara regional a disolver el grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak, antigua Batasuna, tal y como ha ordenado el Tribunal Supremo.
La querella, tal y como anunció en su momento el líder sindical, podría dirigirse también a otros miembros de la Mesa del Parlamento vitoriano.

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