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Recortes de Prensa     Sábado 19 Julio  2003
La guerra de sucesión
IGNACIO SÁNCHEZ CÁMARA ABC 19 Julio 2003

Sin credibilidad
Cartas al Director EL Correo 19 Julio 2003

Rajoy insta al empresariado vasco a plantar cara al PNV
C. M. - Madrid.- La Razón 19 Julio 2003

El Gobierno arremete contra la reforma estatutaria de Maragall
R. GORRIARÁN COLPISA. MADRID El Correo 19 Julio 2003

Seis meses más de clausura para Egunkaria por nuevos indicios de su relación con ETA
EFE Libertad Digital  19 Julio 2003
 

La guerra de sucesión
Por IGNACIO SÁNCHEZ CÁMARA ABC 19 Julio 2003

CASI nadie discrepa de la decisión de Aznar de no presentarse a la reelección. Al menos, una cosa parece clara. Las demás son discutibles y problemáticas. La única cosa clara es la ejemplaridad del abandono voluntario del poder y de la autolimitación de los mandatos. Se diría refutada la tesis de la tendencia del poder a permanecer y a convertirse en abusivo. Nada de esta ejemplaridad quedaría refutada por la eventual decisión, quizá inconveniente, de mantenerse en la presidencia del partido. A pesar de las ridículas acusaciones de cesarismo, Aznar posee un notable patrimonio político sustentado en tres pilares: la defensa de la unidad de la España constitucional frente el separatismo y al terrorismo, los buenos resultados de su política económica y la seriedad y la coherencia. El capítulo de vicios y errores, menor que el de virtudes y aciertos, puede quedar para otra ocasión. No es infrecuente que la honradez produzca dividendos. Como dijo Franklin, la honradez es la mejor política. Lo que no se hace por fidelidad a los principios quizá deba hacerse por interés. El vicio sólo cotiza al alza en el corto plazo.

A partir de aquí, se entra en el terreno de lo problemático. No es fácil decidir si la designación del sucesor debió hacerse antes. Si la indeterminación del próximo candidato despista a la oposición, también puede abrir la puerta a ambiciones y zancadillas. Lo decisivo será el respeto a los estatutos del partido y a la libertad de los militantes. En cualquier caso, las imputaciones de secretismo cesarista carecen de sentido. Más aún las sórdidas acusaciones de larvado franquismo. Las luchas internas por el poder en el seno del PP son homologables, si no más benignas, que las que se sustancian en otros partidos y democracias. Las miserias de la Asamblea de Madrid no son imputables a la «guerra de sucesión» sino a viejos problemas internos y turbios intereses en el seno de la Federación Socialista Madrileña.

En cualquier caso, los problemas nacionales no residen ni en los arcanos de la sucesión de Aznar ni en las miserias políticas regionales madrileñas, sino en los desafíos a la unidad nacional y al espíritu y la letra de la Constitución. No nos dejemos desorientar por nieblas políticas ni por cortinas de humo o tintas interesadas de calamar. El problema de España no reside ni en Génova ni en la Asamblea de Madrid. Consiste en el jaque al Estado constitucional y a la unidad de España. Los síntomas de la perturbación nacional se encuentran en los planes del nacionalismo vasco que libra su batalla en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, bajo el fuego del plan secesionista de Ibarretxe y los crímenes de ETA, y también en la carrera «soberanista» emprendida en Cataluña. En este caso, lo grave no es tanto la actitud nacionalista, desleal pero natural, como las propuestas de Maragall avaladas por Zapatero. Bajo una apariencia de fidelidad constitucional, se encubre un ataque a los principios de convivencia rubricados hace cinco lustros. El federalismo no cabe en la Constitución. El asimétrico no cabe en el sentido jurídico común. Menos aún caben nociones como las de soberanía compartida o Estado libre asociado. El progresismo se vuelve regresivo y busca sus raíces en la tergiversación histórica y en fatuas nostalgias de la Corona de Aragón. Se proclama la solidaridad con Andorra y el sur de Francia y se omite la solidaridad con Galicia o Extremadura. Se invita a los catalanes a optar entre alternativas sólo discernibles por su retórica. Por fortuna, hay otras. El nacionalismo es el problema, no la solución. Lo peor es que el socialismo «zapatista» parece alejarse de la moderación y compite con el nacionalismo.

Sin credibilidad
José María Iturri/California. Estados Unidos  Cartas al Director EL Correo 19 Julio 2003

Soy vasco residente en el extranjero e intento mantenerme al tanto de lo que sucede en mi país. Me sorprendió gratamente la 'Carta abierta al Tribunal Supremo' del grupo de subalternos del señor Atutxa por sus buenos argumentos y objetividad, teniendo en cuenta la cantidad de pelotas que hay en el Gobierno vasco. El problema que tienen los firmantes, como Atutxa, Ibarretxe, Arzalluz o Anasagasti es el cinismo que advertimos en ellos la mayoría de los ciudadanos y que muy pocos se atreven a denunciar. Aunque la decisión del Supremo sea errónea, los señores antes mencionados no tienen credibilidad para argumentar sobre ella. Las razones por las que el nacionalismo vasco ha perdido toda credibilidad son evidentes: No ha hecho nada por eliminar el terrorismo etarra en los veinte años que lleva al frente del Gobierno autónomo.

La manera como se usa a la Policía autónoma es de chiste, al permitir todo tipo de atropellos e insultos contra los no nacionalistas. Su continuo victimismo no tiene sentido; los ciudadanos vascos no se sienten víctimas de nada o de nadie. ¿Qué credibilidad pueden tener personas que equiparan a los terroristas con las víctimas? ¿Cómo se pueden considerar iguales a Basta Ya y a ETA? Por todas estas razones expuestas y por muchas más, a los nacionalistas y al Gobierno vasco en particular se les ve el plumero y han perdido toda credibilidad con los ciudadanos que todavía, aún siendo nacionalistas, no han sucumbido ante la esclavitud de la ideología.

Rajoy insta al empresariado vasco a plantar cara al PNV
C. M. - Madrid.- La Razón 19 Julio 2003

El vicepresidente primero, Mariano Rajoy, aseguró ayer compartir la preocupación del empresariado vasco por las consecuencias económicas de la puesta en marcha, tras el verano, del plan del «lendakari», Juan José Ibarreche.
Una encuesta que está realizando el Instituto de Análisis Industrial y Financiero de la Universidad Complutense, del que es director el economista Mikel Buesa, ofrece precisamente datos que apuntan a que las grandes empresas vascas están ya estudiando abandonar la comunidad si prospera la estrategia soberanista que comanda el PNV.
«Evidentemente, la situación actual no es la mejor para que se produzca el trabajo de los empresarios, que requieren de estabilidad, confianza y reglas de juego conocidas y válidas para mucho tiempo», manifestó Rajoy durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

Una vez explicitada su solidaridad con este colectivo, Rajoy llamó a sus integrantes a liderar una estrategia activa para frenar la ofensiva nacionalista: «Es muy importante que los empresarios le digan al Gobierno vasco que lo que está haciendo no se puede hacer. Entiendo su preocupación con Ibarreche y ahora hay que hacer ver al Gobierno vasco que no puede seguir fijando unilateralmente las reglas del juego». Preguntado sobre si el Ejecutivo de Aznar está dispuesto a aceptar la intermediación de Confebask, agrupación del empresariado vasco, para acercar posiciones con Vitoria en cuestiones como el Cupo, el vicepresidente se limitó a dejar claro que Madrid «quiere hablar» del conflicto abierto por la decisión de descontar de forma unilateral unos 30.000 millones de pesetas de la cantidad a abonar a la Administración central por ese concepto. «Y también hay disposición a dialogar sobre las transferencias pendientes», según recalcó Rajoy, antes de puntualizar que lo que no cabe aceptar es que un Gobierno autonómico deje de «comportarse de manera seria y civilizada» y decida por su cuenta no pagar lo que le corresponde. «Eso no es de recibo», afirmó.

El Gobierno, en todo caso, «no tiene ningún interés en acudir a los tribunales» por este asunto ya que su deseo es resolver el problema de manera «civilizada y seriamente». En este esquema, el vicepresidente primero insistió una y otra vez en su llamamiento al empresariado vasco y, por extensión, al conjunto de la sociedad civil, a hacer ver al Ejecutivo de Ibarreche que lo que está haciendo «no se puede hacer». Recordó que Confebask ya protestó cuando Ibarreche le presentó su proyecto de libre asociación con España, por la incertidumbre que iba a crear; y que también hizo ver su preocupación durante la negociación del concierto económico. «Ahora debe hacer ver al Gobierno vasco que lo del Cupo no es de recibo. Es preciso que reflexione», reiteró.

El Gobierno arremete contra la reforma estatutaria de Maragall
El Ejecutivo emplaza a Zapatero a que diga si apoya la propuesta de los socialistas catalanes
R. GORRIARÁN/COLPISA. MADRID El Correo 19 Julio 2003

El Gobierno central criticó ayer con dureza la reforma estatutaria de los socialistas catalanes porque, en su opinión, no tiene encaje en la Constitución y pretende borrar la presencia del Estado en esa comunidad. Mariano Rajoy sostuvo que España «no existiría» si se generalizan las propuestas de autogobierno de las autonomías como la planteada por Pasqual Maragall, porque sería imposible mantener el Estado por «razones aritméticas».

El Ejecutivo dio la callada por respuesta a la reforma del Estatuto de Cataluña que propone CiU y cargó a fondo contra la que defiende el líder del PSC. La propuesta de los nacionalistas catalanes tiene un sesgo soberanista mayor que la del PSC, pero el Ejecutivo del PP no está dispuesto a cerrarse la puerta a futuros pactos con la federación que lidera Jordi Pujol y prefiere intentar agudizar las contradicciones entre José Luis Rodríguez Zapatero y Maragall.

En esta línea, Rajoy invitó al líder del PSOE a pronunciarse y aclarar si apoya la iniciativa de su partido en Cataluña, porque «sería bueno e ilustrativo que lo dijera». Zapatero ya ha manifestado en varias ocasiones su respaldo a la reforma estatutaria que propugna el PSC, y así lo entiende José María Aznar, que hace unos días ridiculizó el aval del líder socialista a una iniciativa que «reinventa la Corona de Aragón».

El portavoz del Gobierno no se dio por enterado e insistió en que le «preocuparía» el respaldo de Zapatero a la propuesta de Maragall, porque hasta ahora los socialistas y el PP han estado de acuerdo en la organización territorial del Estado de las Autonomías, un modelo que se desvanecería, según el Ejecutivo central, si prosperan reformas estatutarias como la que defiende el PSC.

Las propuestas
Rajoy recordó que la reforma propone que Cataluña asuma competencias exclusivas del Estado, defiende que la Generalitat sea administración única en la comunidad y reclama una relación directa con la Unión Europea y la articulación de un sistema fiscal similar al Concierto Económico del País Vasco y Navarra con el pago de un cupo a la Hacienda central.

La reforma del Estatuto que defiende CiU incluye todas estas reivindicaciones y alguna más como el reconocimiento de que Cataluña es una nación. Rajoy, sin embargo, se limitó a recordar que Pujol en los 23 años que ha estado al frente de la Generalitat nunca ha planteado cambios en el Estatuto y confió en que su sucesor, Artur Mas, tenga «acierto y equilibrio» en las propuestas que formule.

Lamentó, de todas formas, que en Cataluña se haya desatado en vísperas de las elecciones autonómicas, «una carrera difícil de entender para ver quién es más nacionalista y más de izquierdas». Ante esta situación, alabó la estabilidad institucional y estatutaria que defiende el PP.

Seis meses más de clausura para Egunkaria por nuevos indicios de su relación con ETA
EFE Libertad Digital  19 Julio 2003

El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo ha prorrogado por seis meses la clausura del diario "Euskaldunon Egunkaria", decretada el pasado febrero, así como la suspensión de actividades y el bloqueo de cuentas de las sociedades vinculadas. Hay nuevos indicios de la relación del diario con la banda ETA que avalan la medida.

Según informaron fuentes jurídicas, el juez adoptó esta decisión en un auto de 64 folios en el que argumenta que la prórroga de las medidas cautelares sobre "Egunkaria" se debe a los nuevos indicios sobre la presunta relación del diario con ETA, aparecidos en las últimas diligencias practicadas. En una comparecencia celebrada el pasado martes, la fiscal de la Audiencia Nacional Olga Sánchez solicitó al juez el mantenimiento de estas medidas, al considerar que la investigación, aún pendiente de una serie de diligencias y de un informe de la Guardia Civil, así lo exigía.

Los representantes legales del periódico y de las dos sociedades mercantiles, también presentes en dicha comparecencia, se opusieron por su parte a la propuesta de la fiscal, al entender que el mantenimiento de tales medidas sólo se justificaría por la continuación del "hipotético delito" de servir a los fines de ETA a través de la edición de "Egunkaria", lo que sería imposible, dada la situación actual del diario. Según las defensas, ese riesgo de supuesta reiteración delictiva se encuentra "neutralizado" por el procedimiento judicial, al haber quedado desvelados los presuntos vínculos de ETA con "Egunkaria" y al carecer actualmente el diario de plantilla después de que los trabajadores instaran la rescisión de sus contratos, petición que fue asumida por el gobierno vasco.

Del Olmo acordó en febrero la clausura temporal del diario Euskaldunon Egunkaria, al estimar que "nos encontraríamos presuntamente ante un proyecto terrorista de la organización ETA desde su inicio u origen (en 1990) hasta el momento presente" y aseguraba que la banda "ha utilizado como vía de canalización del mismo (proyecto) la creación de un periódico íntegramente en euskera".

Ello supuso la clausura del diario y de las mercantiles "Egunkaria Sortzen S.L." y "Egunkaria S.A.", de sus locales, sedes y establecimientos, así como la suspensión de sus actividades y la puesta a disposición del Juzgado de "todos los bienes, elementos y enseres de su titularidad y uso". En esta misma resolución, Del Olmo ordenó el bloqueo, embargo e inmovilización de cuentas relacionadas con el periódico y las dos mercantiles, a las que también revocó los poderes de administración.

Tras prorrogar la clausura y la suspensión de actividades, el juez debe ahora decidir sobre la administración judicial de las empresas a las que afectan estas medidas y como paso previo a esta decisión, Del Olmo decretó esta semana el embargo de los bienes de las dos sociedades mercantiles vinculadas al diario.

Un sondeo analiza la influencia negativa del 'plan Ibarretxe' en las empresas
O. B./BILBAO El Correo 19 Julio 2003

Una encuesta elaborada bajo la dirección del catedrático de Economía de la Universidad Complutense Mikel Buesa analiza las repercusiones negativas que el 'plan Ibarretxe' ha tenido o tendrá en el futuro sobre las empresas vascas. El sondeo, aún en fase de realización, ha tomado como universo muestral un total de 480 empresas de más de 75 trabajadores pertenecientes a todos los sectores productivos excepto el financiero, «las más significativas de Euskadi». Alrededor de medio centenar de ellas accedieron a contestar el cuestionario, según explicó Buesa, que constató las «dificultades» que encontró a la hora de obtener las respuestas.

De las industrias consultadas, un 39,4% asegura haber sufrido efectos «desfavorables» en sus ventas en el resto de España desde que el lehendakari anunciara hace ya casi un año su proyecto soberanista. Además, el 16,7% dice haber registrado un efecto negativo en las exportaciones, un 42,4% ha experimentado una influencia «desfavorable o muy desfavorable» en la relación con los clientes y el 30,2% cree que ha afectado a su relación con los proveedores.

La encuesta, que se planteó a raíz de las críticas de la patronal vasca a la iniciativa de Ibarretxe tras la ronda de contactos del jefe del Ejecutivo, arroja también datos sobre las expectativas de futuro que el plan genera en los empresarios vascos. Seis de cada diez consultados opina que, a corto plazo, el proyecto traerá consecuencias «negativas o muy negativas» a su compañía, mientras que sólo un 6% considera que los efectos serán positivos. El tercio restante opina que el 'plan Ibarretxe' no les afectará en modo alguno. Los resultados oscilan ligeramente cuando se pregunta por las consecuencias a largo plazo. El porcentaje de los que creen en las bondades del proyecto asciende en este caso hasta el 24,2%, mientras que aquellos que mantienen una opinión negativa no llegan al 55%.

Además, casi la mitad de las empresas consultadas -un 45,4%- estaría estudiando formalmente «medidas» para contrarrestar las posibles consecuencias del plan. De ellas, un 27,3% dice estar considerando la posibilidad de trasladar la producción fuera de Euskadi y otro 24,2% habla de situar la sede central de la firma en algún otro punto de España.

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