AGLI

Recortes de Prensa     Lunes 21 Julio  2003
¿Se ha alegrado el PNV
JAIME CAMPMANY ABC 21 Julio 2003

El viejo inmovilismo
FLORENCIO DOMÍNGUEZ/ El Correo 21 Julio 2003

Hacia ninguna parte
Luis González Seara La Razón 21 Julio 2003

Zapatero opta por Maragall
Editorial ABC  21 Julio 2003

La política exterior de Mas
Francisco Marhuenda La Razón 21 Julio 2003

¿Se ha alegrado el PNV?
Por JAIME CAMPMANY ABC 21 Julio 2003

MIENTRAS la banda etarra siga viva, las mejores noticias para España tiene que darlas el ministro Ángel Acebes. Acaba de contarnos el desmantelamiento de la trama mejicana etarra, trama siniestra de viejos asesinos que ahora entretienen los años de su jubilación en la fabricación de armas químicas. No sabemos si aparecerán finalmente las que están buscando en Iraq, pero por de pronto han aparecido en Méjico y en poder de los etarras. Está claro que las armas químicas son un capricho de terroristas y una macabra diversión para asesinos posmodernos.

Los españoles pacíficos se habrán alegrado todos con esta consoladora noticia que llega de Méjico y con la novedad del entendimiento entre las policías de allá y de acá en la operación que ha conseguido la detención de nueve servidores del terror, dedicados al trasvase de dineros de un continente a otro y a la fabricación y almacén de las armas químicas. Ambos cuerpos de policía, el mejicano y el español, merecen felicitación y gratitud. Nuestras autoridades, Acebes y Aznar, ya han transmitido esos dos sentimientos a los gobernantes mejicanos, y dentro de esa expresión cabemos todos los españoles.

¿Todos? Claro está que quedan fuera de esa generalidad los propios etarras. Los asesinos no se alegran ni agradecen la detención de los otros asesinos, sus compañeros de crímenes. Pero yo me hago hoy una pregunta que nunca sé responder cuando se produce un buen éxito policial contra la banda etarra. ¿Habrá colaborado de alguna manera, por muy modestamente que sea, el Gobierno vasco? ¿Ha facilitado la Ertzaintza o los cabecillas del nacionalismo político algún dato o información que ayude a identificar y localizar a esos miembros huidos de la banda terrorista? ¿Les habrán tranquilizado y consolado esas detenciones, o, por el contrario, se habrán sentido de alguna forma disminuidos en sus alianzas?

Éstas pueden ser las preguntas del trillón en el País Vasco. Porque mientras los nacionalistas que gobiernan Euskal Herría (eso de Euskadi es una trampa lingüística), o Vasconia, o el País Vasco, están organizando el tiberio de la autodeterminación y del soberanismo, no se ve que desde las competencias que el Estatuto les atribuye y el Estado les ha traspasado tengan mucha diligencia en la persecución del terrorismo, ni siquiera se muestren muy contentos cuando la Policía Nacional y las Fuerzas de Seguridad estatales asestan un golpe tan significativo como éste de Méjico a la siniestra trama de los etarras. No parece sino que el lehendakari Ibarreche y sobre todo el presidente Arzalluz, lejos de felicitarse por la debilitación de la organización asesina, se duelan secretamente de que hayan disminuido los agitadores del árbol para que caigan las nueces. Y parece lógico que, siendo los vascos quienes más sufren las consecuencias del terror, fuese su Gobierno el primero en felicitar y en agradecer los esfuerzos y los éxitos policiales en la lucha contra los terroristas. Pero no, ni hacen ni agradecen que se haga. Entonces, ¿para qué querrán la soberanía: para festejarla con abrazos a los asesinos? Bien por Acebes, bien por Méjico.

El viejo inmovilismo
FLORENCIO DOMÍNGUEZ/ El Correo 21 Julio 2003

Hubo un tiempo en la política vasca en el que la acusación de «inmovilista» estaba a la orden del día. Los inmovilistas eran casi siempre los partidos que representaban al Gobierno central. Sus acusadores defendían que para solucionar el problema del terrorismo había que moverse y hacer algo. Generalmente, los defensores del baile de San Vito y del movimiento perpetuo no llegaban nunca a concretar hacia dónde había que moverse ni qué se debía hacer. Como mucho se indicaba que había que dialogar con ETA, aunque esa falta de concreción no impedía utilizar el término inmovilista como la mayor descalificación posible.

Pese a tener tanta tradición a sus espaldas, en los últimos años el término ha desaparecido prácticamente del lenguaje político. Quizás porque quienes más lo usaban fueron los protagonistas de la gran movida del 98 -el pacto con ETA, la declaración de Estella, el frente nacionalista, etc.- y vieron que el terrorismo no se detenía ni con todos los tumbos del mundo. Moverse, aunque fuera en la dirección deseada por ETA, no contribuía tampoco a asegurar el fin de la violencia. Tal vez por eso algunos sectores del nacionalismo han llegado a la conclusión de que no merece la pena hablar con ETA y que hay movimientos que es mejor que los haga la Policía.

La idea, sin embargo, no ha desaparecido por completo, sino que ha mutado y se presenta hoy con otras variables. El lehendakari ha asumido el principio de que hay que hacer algo para alcanzar la paz. Se expresa esto como si nada se hubiera hecho en el pasado, como si fuera igual el año 1980 con sus cien muertos que el 2002, con cinco. El plan Ibarretxe es la respuesta a esa autoexigencia de hacer algo. El lehendakari presenta su propuesta y pide a los que no están de acuerdo que den a conocer sus propios planes.

Late en el fondo la idea de comenzar siempre de cero, de empezar a trabajar en barbecho, de estar atrapados en el tiempo del primer día de la Transición. Pero no es así. La Transición sucedió hace muchos años -tantos que todavía no habían nacido los miembros del último comando etarra detenidos en Navarra- y no dejó como herencia un solar, ni un barbecho político sino un campo de cultivo que ha dado ya muchas cosechas. Por eso, si alguien quiere cambiar esa herencia debe convencer a los demás de la bondad de su proyecto y debe asegurarse más apoyos de los que tiene el marco político actual. Si no lo consigue no habremos retrocedido nada ni estaremos a cero, sino donde decidieron en su día los ciudadanos vascos. Por contra, quienes defienden lo que hay no están obligados a competir como aprendices de brujo en un concurso de ideas sino a sostener la realidad estatutaria como el mejor marco para garantizar la convivencia entre los vascos sin rupturas.

Hacia ninguna parte
Luis González Seara La Razón 21 Julio 2003

Ahogado en el exceso demagógico y la manipulación de los hechos, el PSOE no sólo se ha quedado sin vía alguna, tercera o cuarta, sino que no sabe adónde ir. Es cierto que el mal afecta, en parte, a toda la izquierda europea. La reunión de Londres, convocada por Blair, salvo algunos ticks intervencionistas, sólo alumbró pálidas copias de las reformas de centro del Estado de bienestar, incapaces de llenar el vacío creado por el hundimiento del sistema soviético y la ideología marxista. Podría decirse que la izquierda se halla en la situación que Alexis de Tocqueville diagnosticaba para los tiempos postrevolucionarios: «Como el pasado dejó ya de echar su luz sobre el futuro, la mente del hombre vaga en la oscuridad». Y, así, a tientas, se pretende redescubrir el «progreso», sustituyendo a Marx por Condorcet. Pero lo que, en la época ilustrada y el cientifismo decimonónico constituyó un camino para que se desplegaran la razón pura y la razón práctica, en nuestros días significa una antigualla inservible para albergar las necesarias ideas innovadoras que han de guiar las decisiones de la política.

Tal vez, la penuria ideológica podría facilitar el examen desapasionado de la realidad social y de los problemas urgentes, liberándonos de servidumbres que distorsionan la práctica de los gobiernos y de los líderes políticos. En este sentido, Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, que presidió el Consejo de Asesores Económicos de Clinton, nos cuenta que él pudo comprobar como, en la Casa Blanca y en el Banco Mundial, las decisiones solían adoptarse en función de criterios ideológicos y políticos, lo que originaba, una y otra vez, malas medidas y soluciones. Y lo más grave no era que los políticos no analizaran seriamente los hechos de la realidad y los datos científicos, dejándose llevar en sus decisiones por intereses ideológicos y partidistas. Lo peor, dice Stiglitz, ocurría cuando los profesores, expertos y académicos, que formulaban recomendaciones y propuestas sobre las medidas y las decisiones a seguir por los gobernantes, se politizaban de modo partidista, procurando torcer la realidad para ajustarla a los intereses y a las ideas de las autoridades políticas. Con lo cual, se persistía en las malas medidas y en el agravamiento de los problemas. Esta circunstancia se halla bastante generalizada, a izquierda y derecha.

Pero, en el caso del PSOE, las cosas se agravan, porque no hay ideas rectoras de un programa ideológico consistente, sino meras estrategias de conquista y ocupación del poder. Con lo cual, tampoco sus académicos y publicistas orgánicos pueden acomodarse a una ideología inexistente ­salvo la antigualla del «progreso»­ limitándose a jalear la estrategia para lograr el éxito electoral, más por los errores ajenos que por méritos propios. Lo que está ocurriendo en Cataluña, en el País Vasco, en la Federación Madrileña, es una muestra de que el PSOE de Zapatero camina hacia ninguna parte. Ello es grave, pues la buena salud democrática requiere alternativas de gobierno sólidas y coherentes. El griterío no es un sucedáneo acertado.

Zapatero opta por Maragall
Editorial ABC  21 Julio 2003

EL apoyo explícito de Rodríguez Zapatero a las bases de la reforma del Estatuto catalán presentadas por Maragall sitúa al secretario general del PSOE en unas coordenadas mucho más explícitas sobre el modelo de Estado que defiende. Hasta ahora, las tensiones internas en el PSOE sobre la relación con los nacionalismos soberanistas se estaban resolviendo con un discurso heterogéneo de Zapatero, acomodado a las circunstancias del lugar, oscilando entre el diseño constitucional establecido en 1978 y el federalismo asimétrico de Maragall. Este equilibrismo ha resultado estéril porque no ha conducido a un consenso interno del PSOE sobre el modelo de Estado y tampoco ha impedido que el PSC impulsara su proyecto como si no existiera la ejecutiva federal ni la secretaría general. Zapatero se ha encontrado hecho y en marcha un plan de reforma estatutaria y sólo le cabía la alternativa de apoyarlo o resignarse a la indiferencia hacia su autoridad. Es razonable dudar de que el respaldo de Zapatero sea, en estas condiciones, un ejercicio de liderazgo. Más parece un intento de prevenir la fuga definitiva del socialismo catalán, a pocos meses de las elecciones catalanas, y de evitar que su figura política se descomponga con un nuevo episodio de crisis interna.

El coste político de esta decisión puede ser, sin embargo, muy alto, poco rentable para las aspiraciones de gobierno del PSOE en su conjunto y menos útil para forjar un discurso homogéneo sobre la cuestión nacional. Zapatero se ha limitado a dar el visto bueno a Maragall, pero no ha habido una contraprestación del líder catalán en los asuntos de Estado que incumben a los socialistas, como la respuesta al desafío permanente del nacionalismo vasco. Y el apoyo a la propuesta del PSC lo merecía porque las bases de la reforma del estatuto catalán implican un revisión sustancial del pacto constituyente de 1978. Zapatero, haciendo de la necesidad virtud, puede interpretar que la propuesta del PSC no vulnera la Constitución y que no tiene que ver con las propuestas nacionalistas. Es una forma de hacer digerible un documento político que realmente afecta de lleno al Título Preliminar de la Constitución desde el momento en que se define a Cataluña como nación y a los catalanes como «titulares del derecho al autogobierno que les confiere una voluntad nacional expresada repetidamente a través de su historia».

LA Constitución sólo reconoce a la nación española y al pueblo español como titular de la soberanía nacional y estas bases del pacto constituyente no admiten excepciones, ni siquiera por una reescritura de la Historia que legitime a España como nación sólo desde 1978 gracias a un pacto multilateral que, por su coyunturalismo, es permanentemente revisable. Este es el fundamento de la propuesta de Maragall, que sí contradice el espíritu y la letra de la Constitución, la cual, como todo texto constituyente, expresa el resultado final de un acuerdo social y político y no el punto de partida para un proceso de revisión inacabable. Las palabras tranquilizadoras de Maragall y Zapatero sobre el alcance de la propuesta estatutaria no se corresponden con la letra de la reforma, que se mueve en la misma órbita que la propuesta soberanista de Ibarretxe o de CiU. Las dosis de intensidad o las opciones de procedimiento sólo marcan diferencias de autoría, pero el denominador común es la configuración de España como precipitado de una agregación voluntaria de naciones, «rebus sic stantibus», y no como una realidad histórica nacional consolidada. Llámese a esto libre adhesión o federalismo asimétrico.

SI Zapatero ha valorado más o menos el respaldo de todos los sectores de su partido a su decisión de apoyar a Maragall es algo que afecta sólo al PSOE, pero lo que trasciende a toda la sociedad es que el socialismo ha bendecido un proceso de discusión sobre el modelo de Estado, con unos planteamientos centrífugos y extraconstitucionales, para el que carece, en estos momentos, de una suficiente autoridad central y de un discurso común mínimamente coherente. Además, el mensaje puede reverberar en el País Vasco de forma muy confusa. La envergadura de lo que desde ahora estará en juego en los próximos años -la cohesión de España- necesitaba una izquierda con sentido nacional, con vocación de unidad, coherente, por tanto, con el principio igualitario de ciudadanía, tan arraigado en el ideario progresista. Una izquierda que exigiera lealtad definitiva a los nacionalismos con la Constitución de las autonomías, matriz de unos desarrollos autonómicos superiores a cualquier modelo federal continental.


La política exterior de Mas
Francisco Marhuenda La Razón 21 Julio 2003

Las autonomías gastan a manos llenas en su proyección internacional. Hay más de un centenar de oficinas, con nombres diversos, que cuestan cada año miles de millones de las viejas pesetas. Un ejemplo de este despilfarro, al estilo de un nuevo rico, lo tenemos en Bruselas, donde todas tienen un «chiringuito» montado que permite buenos sueldos y sinecuras para políticos o funcionarios afines al partido en el Gobierno autonómico. Lo normal sería aunar esfuerzos, pero esto iría en menoscabo de la «grandeur» de nuestras comunidades autónomas. Todas tienen sedes en Madrid, por cierto algunas bastante lujosas. Este panorama, en ocasiones grotesco, no se puede criticar porque te acusan de centralista. En el sagrado altar del autonomismo hemos de incinerar cualquier criterio de racionalidad y eficacia.

A este aparato institucional estable se une la obsesión viajera de nuestros presidentes y consejeros, hasta el extremo de que algunos parecen herederos de Marco Polo. Es una fiebre que afecta por igual a todos, desde socialistas a populares pasando por nacionalistas. Todos quieren que el mundo les conozca. Lo habitual es enmascararlo con la actividad empresarial, ya sea comercial, industrial o turística, pero también es consecuencia, en muchos casos, de la vanidad de algunos políticos ávidos de alcanzar su pequeña gloria diaria en los medios de comunicación.

Mas lleva un buen ritmo viajero, que hace presuponer que si alcanza la Presidencia de la Generalitat dejará corto a Pujol. Los viajes tienen un cierto aire electoralista así como las propuestas que lleva bajo el brazo. La obsesión viajera es un problema irresoluble, porque todos caen en ella amparándose en que es bueno para sus comunidades. Lo peor es que pretenda llenar el mundo de innecesarias y costosas oficinas donde colocar a políticos de tercera, siendo generoso, como el tránsfuga Colom. Cataluña no las necesita, aunque le vayan bien a CiU.

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