AGLI

Recortes de Prensa     Viernes  1 Agosto  2003
División es derrota
Aleix Vidal-Quadras La Razón 1 Agosto 2003

Cambio de paso
PABLO PLANAS ABC 1 Agosto 2003

El oficio sucio y otras ficciones
Cristina Losada Libertad Digital  1 Agosto 2003

Gracias, pero...
ALFONSO USSÍA ABC 1 Agosto 2003

Todas las competencias (VI)
BENIGNO PENDÁS ABC 1 Agosto 2003

Que te señale Arzalluz
Iñaki Ezkerra La Razón 1 Agosto 2003

La dictadura de Arzalluz
Editorial El Ideal Gallego 1 Agosto 2003

La Ertzaintza desactiva una bomba en una empresa de transportes de Azkoitia
JORGE SAINZ/AZKOITIA El Correo 1 Agosto 2003

Hablamos de la Justicia constitucional
JAVIER MARTÍNEZ LÁZARO El Correo 1 Agosto 2003

ETA y la BBC
Cartas al Director ABC 1 Agosto 2003

El ministro galo de Interior aboga por no renunciar nunca al diálogo para acabar con el terrorismo
Javier Gómez Muñoz/Ep Estrella Digital 1 Agosto 2003

Florentino Portero cree que Aznar era un buen gestor, pero la cuestión vasca «lo transformó en un político moral»
ANTONIO ASTORGA ABC 1 Agosto 2003

Ibarreche concede 69.500 euros al plan secesionista de Elkarri
J. Arias Borque - Vitoria.-  1 Agosto 2003
 

División es derrota
Aleix Vidal-Quadras La Razón 1 Agosto 2003

Nadie duda de que el Partido Popular y el Partido Socialista defienden programas políticos distintos. En cuestiones como la fiscalidad, la educación, la sanidad, la defensa, el déficit público, el empleo, la seguridad ciudadana o la inmigración, las propuestas de los dos grandes partidos divergen de manera perceptible. Estas diferencias de concepción y de enfoque en temas esenciales para la gestión de los asuntos públicos resultan beneficiosas para la calidad democrática del sistema porque incitan a los ciudadanos a ejercer su capacidad crítica y a evaluar las ideas de sus representantes y gobernantes en función de los resultados de su aplicación. El electorado es crecientemente pragmáticos, tal como se ha puesto en evidencia en las últimas elecciones municipales y autonómicas, donde a pesar de la fortísima ideologización de la campaña por parte de la izquierda, el reparto de votos ha mostrado una reconfortante estabilidad.

Ahora bien, a pesar de que la confrontación dialéctica pacífica reporta ventajas indudables y proporciona a las democracias modernas el motor de su progreso, existen determinados ámbitos en los que la coincidencia de las formaciones políticas con posibilidades reales de articular mayorías parlamentarias debe ser total y sin fisuras. Los principios éticos humanistas, los derechos fundamentales, la igualdad de género, las libertades civiles y políticas, la eliminación de cualquier forma de discriminación, la cohesión solidaria entre individuos y entre territorios, son pilares de la convivencia civilizada que no admiten matices a la hora de garantizarlos para proporcionar a los ciudadanos una vida digna, pacífica y próspera. Por eso José Luis Rodríguez Zapatero se equivoca al insistir en mantener una trayectoria separada a la del actual Gobierno en su oposición al Plan Ibarretxe. Su pretensión de que la panacea para frenar las ansias secesionistas del nacionalismo vasco es el ensanchamiento de la autonomía revela su bisoñez y su ingenuidad. Aznar ya hace tiempo que abandonó amargamente esta vana esperanza después de su experiencia en el período 1996-2000, en el que sus sinceros intentos de llegar a un entendimiento generoso con el PNV tuvieron como respuesta el pacto de Estella.

El nacionalismo étnico-lingüístico es una doctrina intrínsecamente perversa y la distinción entre nacionalismos moderados y nacionalismos radicales es atribuir carácter definitorio a elementos que son puramente estratégicos, lo que es metodológicamente incorrecto y políticamente suicida. Nada puede hacer más felices a los jerarcas de la Sabin Etxea que observar el temor de los socialistas a cerrar filas con el Gobierno para preservar la Constitución. La división de los demócratas ante la ofensiva secesionista significa su derrota y el hecho de que el secretario general del PSOE no lo sepa le inhabilita como alternativa.

Cambio de paso
Por PABLO PLANAS ABC 1 Agosto 2003

Pasqual Maragall ha dejado de ser un disidente en el PSOE. La retórica del federalismo y la promesa de que con los socialistas no habría las tensiones con los bloques nacionalistas vasco y catalán forman la última apuesta que el equipo de José Luis Rodríguez Zapatero ha puesto sobre la mesa para superar la inercia de la decepción. El balance, a grandes rasgos, es el siguiente: El PSOE no supo capitalizar la voluminosa contestación que ocasionaron el vertido del «Prestige» y la posición del Gobierno en la Guerra de Irak. Eso degeneró en unos resultados electorales el 25-M muy decepcionantes en comparación con las expectativas grandilocuentes de los estrategas del PSOE. Y como quiera que si algo puede ir mal, va peor, la ola de la Asamblea de Madrid se ha tragado a los surfistas de la FSM con índices de audiencia espectaculares para Tamayo (número uno en la Operación Trama de Telemadrid) y la inmanejable percepción de que no es algo lo que huele a podrido, sino todo. Debe ser difícil convivir con la deslealtad absoluta cuando la construcción periodística del escándalo salpica a tantos que no moja a ninguno.

En esas condiciones, el PSOE ha hurgado en sus contradicciones y cambia de paso, de tercio y de discurso. De paso, porque vuelve a la ofensiva tras el bofetón del Debate del Estado de la Nación y la depresión madrileña; de tercio porque gira la mirada hacia uno de los temas menos apasionantes y más importantes de la política nacional, el propio alcance del concepto nacional; y de discurso porque intenta agudizar, ni que sea en el plano dialéctico, su propio perfil, o, dicho de otro modo, renuncia al pactismo para hacer oposición. El plan Ibarretxe es la primera piedra de ese discurso, y la primera premisa convencer a sus electores y a los demás de que ese proyecto no es tanto un delirio nacionalista como una forma de llamar la atención ante la altanería, soberbia e inflexibilidad del Gobierno de José María Aznar. Con ellos, insisten, España sería una realidad menos cuestionada y más capaz de asumir las diferencias, o sea, una especie de traje a la medida, pero para todos. La Constitución es el techo del PSOE, pero hasta superar los límites de la Carta Magna queda, opinan, mucho trecho, un buen puñado de concesiones y la posibilidad de alterar formalmente los Estatutos que haga falta. Probablemente creen que el lendakari es sincero al contextualizar todo su plan de ruptura como si se tratara de un somero retoque al Estatuto de Guernica.

Pese a los riesgos de ese cambio, en cierto modo el PSOE no tiene muchas más opciones. La dirección del PSOE lo ha probado casi todo, le han beneficiado casi todas las circunstancias y, sin embargo, le ha salido casi todo tan mal que una nueva dialéctica sobre el Estado de las Autonomías basada en el rechazo tajante del soberanismo pero abierta a cualquier otra hipótesis no le va a quitar más votos.

En parte, se han impuesto quienes han hecho del término «diálogo» un mito purificador. Si se habla con Ibarretxe, piensan, puede que se reconduzca la situación y de poco sirve reconocer que acabar con ETA es la prioridad si no se taponan las fugas en el frente político. Es una teoría, muestra un rasgo de carácter en el PSOE pero tiene el riesgo de que Ibarretxe puede aprovechar la fisura constitucionalista para mantener la ficción de que no busca la imposición de un modelo brutal sino la convivencia entre iguales. Como en casi todo, lo de menos es el detalle.

El oficio sucio y otras ficciones
Cristina Losada Libertad Digital  1 Agosto 2003

Hace unos días, oía yo el murmullo de la conversación de una pareja en una cafetería de Vigo y si me hubieran preguntado en qué idioma hablaban, hubiera dicho sin dudar que en español. El acento y la cadencia eran inequívocos. Me llevé una sorpresa cuando descubrí, al alzar ellos la voz, que hablaban en gallego. Su gallego no era tan malo como ese francés de chiste que se hace rematando con una “e” las palabras españolas, pero por poco. Me vino a la cabeza una ocasión en que pasaba yo por un pueblo de la Costa de la Muerte y entré en una tienda a comprar. Le hablé a la tendera en mi gallego llamémosle urbano. Ella me contestó en español. Para aquella señora, o lo que yo había chapurreado no era gallego o estaba claro que no era mi lengua habitual, y ¿para qué complicarnos la vida si podíamos entendernos en español?

Un nacionalista diría que la tendera había abandonado su lengua materna en su trato conmigo por un complejo que le hace creer que su idioma es inferior al español, pero aparte de que tal cosa es discutible, dudo mucho de que la interesada estuviera de acuerdo. Y un nacionalista lo que desea es que todos los gallegos hablemos esa lengua que emplea la pareja de la cafetería y que la tendera creería que es español. Se trata de mantener una ficción. Esa pareja hace como que habla gallego, y está en su derecho, pero lo mismo hacen los políticos, los burócratas, y la mayoría de los locutores de la radio y la televisión autonómicas y de las privadas cuando les toca. Entonces, la ficción se institucionaliza y se hace coactiva.

Muchos dirigentes nacionalistas emplean ese gallego de laboratorio que suena como el español. Muestran así no ya que no lo hablaron en su infancia, cosa que no es ningún pecado, sino que no se han molestado en aprenderlo bien desde que decidieron “galleguizarse”. Y esto parece un descuido garrafal, cuando no un desprecio al idioma que dicen defender. Y es enormemente revelador. Pues cuando a uno le gusta una lengua, la aprende como Dios manda, y al menos trata de captar y reproducir su acento y su música. Al no hacerlo y contentarse con el gallego de ficción, los nacionalistas demuestran que como colectivo no aman especialmente el idioma e indican que lo que de verdad les interesa es su utilización política.

Jon Juaristi, en un artículo titulado “La lengua secuestrada”, recogido en el libro ¡Basta ya! Contra el nacionalismo obligatorio (Aguilar, 2003), dice que “el eusquera ha tenido peor fortuna con sus defensores que con sus enemigos”. Hay amores que matan. Los más intransigentes paladines del idioma son los que más lo llevan a la tumba, precisamente porque el idioma es para ellos, ante todo, un instrumento político, una argamasa necesaria para hacer realidad la ficción de una nación diferenciada y cultural y hasta étnicamente homogénea. Tienen que imponerlo como sea, pues su proyecto político, su razón de ser incluso, depende de ello. No les importa que la coerción acabe con la vitalidad del idioma con tal de que el cadáver esté de cuerpo presente en el escenario público.

Y quien se niegue a participar en la farsa, que se prepare. El nuevo alcalde de Vigo, el ex magistrado Ventura Pérez Mariño, independiente presentado por el PSOE, habla español habitualmente y ha decidido seguir haciéndolo. Ya antes de que se sentara en el sillón le habían advertido los dirigentes del BNG que “no tolerarían” tal cosa y no había cumplido ni una semana en el cargo que ya se veían pintadas que le acusaban de ser “enemigo del gallego”. Con ese afán impositivo, secundado por los partidos no nacionalistas que ceden al chantaje para que no se diga que no defienden lo nuestro, lo que se ha conseguido no es que se revitalice el gallego, al contrario, las encuestas dan fe de su declive. Lo único que se ha conseguido es que se hable un gallego de pacotilla por razones políticas y económicas, para tener acceso a los comederos de la burocracia y de la cultura oficial, y a los círculos sociales que medran en ellos. Se ha creado así una comunidad lingüística ficticia, impostada e hipócrita, alejada tanto de la realidad bilingüe como de los auténticos gallegohablantes.

Tanto se quiere galleguizar que se fabrican palabras con el único criterio, se diría, de que se parezcan lo menos posible a las que se emplearían en español. Quienes acuden, por ejemplo, a los nuevos centros de salud, dependientes de la Xunta y, por tanto, en manos del PP, se encuentran que en la sala donde antes se hacían los análisis, ahora se hacen “mostras”, es decir, muestras, y se enteran de que el rótulo de “oficio sucio” no lanza ninguna indirecta contra la profesión médica, sino que identifica el cuarto de la limpieza. Con la obsesión diferenciadora, la confusión y el disparate están servidos, y se fortalece la ficción lingüística, vehículo y preludio de otras.

Gracias, pero...
Por ALFONSO USSÍA ABC 1 Agosto 2003

LOS españoles jóvenes no recuerdan a Giscard d´Estaing en su papel de «President de la Republique». En tiempos de Giscard los terroristas de la ETA se adueñaron del sur de Francia. Vivían tranquilos y respetados, y planeaban con absoluta libertad sus atentados. En Hendaya, San Juan de Luz, Urrugne, Biarritz o Bayona era fácil topárselos en las calles, casi siempre en grupos no inferiores a cuatro cerdos. Machacaban la vida de los españoles y recibían el amparo de los franceses. Destrozaban la libertad de los españoles y eran mimados por la «liberté» de los franceses.

Trituraban el proceso de democratización en España y en Francia eran objeto de toda suerte de comprensiones desde la «fraternité» francesa. En un inmueble de una céntrica calle de Bayona, con pleno conocimiento y permiso del ministerio del Interior de la República, se celebraban las audiencias del chantaje, eso que llaman los nacionalistas «impuesto revolucionario». Hasta allí acudían acongojados los chantajeados para discutir plazos y cantidades. Frecuentemente, los encuentros se celebraban en bares y cafeterías. España se desangraba y Francia protegía a los asesinos. Llegó Mitterrand a la presidencia de la República francesa y todo siguió igual. El «casi» lo consiguió Felipe González por su militancia socialista. Muy de cuando en cuando, siempre coincidiendo con algún contrato económico favorable a Francia, era entregado a España un terrorista.

Poco a poco, con indignante lentitud, la colaboración de Francia fue mejorando, y en la actualidad se estima digna de agradecimiento por los políticos. Al menos de cara a la opinión pública. Pero no se debe olvidar que todas las operaciones que se llevan a cabo en territorio francés para detener a los terroristas nacen de investigaciones y peticiones de las Fuerzas de Seguridad del Estado españolas. Si por las autoridades francesas fuera, no moverían un dedo. Se sienten cómodos y seguros ofreciendo amparo a unos «refugiados» que no les crean problemas. El nacionalismo vasco en Francia es una anécdota romántica. Los vasco-franceses no tienen ni territorio propio y no se reconocen departamentos vascos en aquel antipático, inmediato y muy inteligente país. Se lo confesó el que fuera ministro del Interior francés Michel Poniatowsky, con educado cinismo, a Don Juan de Borbón, que le afeó en cierta ocasión la hospitalidad que Francia brindaba a los terroristas españoles. -Señor, el problema es de España. Cuando algún vasco-francés de «Iparaterrak» saca los pies del tiesto, es probable que aparezca ahogado en una playa de Anglet o de Biarritz-. O sea, que «fraternité» y «liberté» para los asesinos vecinos, y discreto crimen de Estado para los propios.

La ETA, que hoy empieza a ser simple cortina de humo para distraer a la opinión pública del «Plan Ibarretxe», existe todavía porque así lo han querido los nacionalistas vascos, los obispos vascos y Francia. Leo que este año han sido detenidos en la nación vecina, que no hermana, veintiocho terroristas. Las relaciones han mejorado, en ese aspecto, notablemente. La época de Jaime Mayor Oreja al frente del Ministerio del Interior marcó la pauta, y Rajoy y Acebes la siguieron admirablemente. Pero veintiocho no son nada comparados con los que quedan, que se sabe dónde están, que viven en Francia tranquilamente a pesar de la presión internacional. Muchos de ellos son todavía considerados «refugiados». ¿Refugiados de quién o por qué? La ETA y Batasuna, que son la misma cosa, figuran en la lista de bandas terroristas. En Francia no se han enterado todavía. Detienen a veintiocho, pero más de dos centenares de criminales permanecen allí. Y no se esconden. Que se metan la «fraternité par le cul».

Todas las competencias (VI)
Por BENIGNO PENDÁS ABC 1 Agosto 2003

SEXTA tesis: la distribución de competencias entre el Estado y la Comunidad Libre Asociada altera de forma sustancial las previsiones del bloque de constitucionalidad y reduce al mínimo la actividad del Estado en el País Vasco. Supone la ruptura de la cohesión social y económica del territorio nacional. Anticipa, por todo ello, la segregación política; en particular, en los ámbitos de la educación y de las relaciones laborales. Ha trabajado a fondo en estos asuntos el redactor del proyecto con el objetivo de dejar irreconocibles los artículos 148 y 149 de la Constitución y el Estatuto de Guernica. No es asunto sencillo de explicar, pero el título III merece un análisis específico. Vamos a ello.

Las normas llamadas de «régimen general» son comparables al ruido del trueno que anuncia fuerte tormenta. Es muy ingenioso -por decir algo- calificar de «atribución pactada de competencias» a la derogación práctica de las leyes orgánicas del Estado en el territorio exento (artículo 33); a la cláusula residual en favor del País Vasco respecto de los ámbitos no atribuidos al Estado de forma expresa (artículo 35); a la exclusión absoluta de normas reglamentarias ajenas, dicho de otro modo, la expulsión del poder ejecutivo estatal (artículo 36). En este contexto, no importa que desaparezca la referencia -más bien parca- del Estatuto vigente al delegado del Gobierno y la Administración periférica. He aquí la distribución básica: hay pocas, muy pocas, políticas públicas atribuidas al Estado y muchas, casi todas, que conciernen a las instituciones vascas. El Estado «mínimo» de R. Nozick parece un gigante opresor cuando se compara con las políticas estatales «privativas» (legislación más ejecución) y las «exclusivas» (legislación muy recortada y poco más). Menos mal que se conserva entre las primeras la política de defensa, porque el sistema monetario o el régimen aduanero tienden sin remedio hacia la supranacionalidad. En el caso de las segundas, la Comunidad Libre Asociada avanza buenos pasos en materias ya reguladas con generosidad hacia la Comunidad Autónoma en las normas vigentes.

Pero lo más llamativo es, cómo no, la extensión y la intensidad de las políticas públicas que corresponden a las instituciones vascas. Son de tres tipos: «privativas», «exclusivas» y «exclusivas de régimen específico». Algunos ejemplos. Las «privativas» impiden de raíz cualquier acción del Estado, sea legislativa o ejecutiva: son, pues, más excluyentes que exclusivas. Para empezar, en las llamadas «políticas (privativas) de institucionalización y autogobierno» se producen avances sustanciales: se acabó, entre otras cosas, el procedimiento administrativo común. La gran apuesta afecta, sin embargo, a la educación y la cultura. Es notoria la influencia del sistema de enseñanza en la difusión de un imaginario colectivo acorde con las fantasías del nacionalismo radical. Es sabido que el Ministerio no consigue ejercer la función de «alta inspección» desde hace ya muchos años. Es fácil comprobar que la relación entre las Administraciones de cultura estatal y autonómica casi no existe. Pues bien: todo es poco para la pretensión identitaria. El artículo 41 del proyecto expulsa a España, Nación o Estado, del territorio vasco a efectos educativos y culturales. Así será más fácil convertir la extravagancia de los derechos históricos en dogma de fe para las generaciones futuras. Se trata de eliminar el último resquicio para la España constitucional y de destruir la esperanza que todavía mantienen miles de constitucionalistas que son tan vascos como españoles. Impregna el precepto un aire inconfundible de control totalitario. Es, sobre todo, un conflicto entre absolutismo y libertad. No vale ser neutral ni practicar la equidistancia.

Las políticas sólo «exclusivas» (es decir, algo menos que «privativas») del País Vasco se distinguen porque admiten de mala gana la transposición de principios estatales «básicos», con términos copiados de las directivas comunitarias. Aquí se integran múltiples políticas sociales y sanitarias; políticas sectoriales en materia económica y financiera; ordenación del territorio, vivienda y medio ambiente; recursos naturales, infraestructuras y transportes. Los reproches de inconstitucionalidad podrían llenar varios tomos. Elijo casi al azar, aunque no del todo, porque el asunto afecta a las «marcas» de la soberanía. El Proyecto atribuye a la Comunidad Libre Asociada, en calidad de bienes de dominio público, la zona marítimo-terrestre, las playas y el mar territorial, con flagrante vulneración del artículo 132.2 de la Constitución que declara de titularidad estatal a los bienes que integran el clásico «demanio natural». Ejemplo insólito para los estudiosos del Derecho Internacional, digno de figurar en los manuales que analizan el Convenio de Jamaica sobre Derecho del mar. Otra joya: se proclama -en tono confiscatorio- la transferencia de la titularidad de todas las obras públicas e infraestructuras , incluyendo las que tengan por objeto servir de soporte a sistemas de transportes y comunicaciones: o sea, desde puertos y aeropuertos hasta la vía del Talgo Madrid-París.

En el tercer nivel, «políticas exclusivas de régimen específico», se regulan con detalle las bases (digamos «constitucionales») del Derecho vasco del trabajo y de la Seguridad Social. Vieja reivindicación de los sindicatos nacionalistas, el Proyecto rompe sin ambages el principio fundamental de unidad de mercado. Objetivo recurrente de la Administración autonómica, destruye el principio de unidad de caja para el sistema de la Seguridad Social. Pueden sumarse unas cuantas novedades en materia de economía, hacienda y patrimonio que aporta el título IV, al trasladar materias propias de la Ley del Concierto al nuevo Estatuto Político. Pero las pruebas aportadas son concluyentes: quiebra el carácter unitario de la «Constitución económica», en contra de reiterada jurisprudencia, y se incumple el artículo 149.1.1 de la Norma fundamental: esto es, la competencia exclusiva del Estado para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales. En la práctica, es la agresión más directa contra el buen sentido jurídico y económico después de la desafortunada STC 61/1997, sobre la Ley del Suelo.

Todas las competencias para el País Vasco, pero nada nuevo en el terreno de las ideas políticas y de los principios de organización administrativa. La Comunidad Libre Asociada cumple fielmente -a tenor del Proyecto- las pautas del Estado de Bienestar, el intervencionismo de los poderes públicos y la burocracia que controla sin límite a todos los sectores. El texto tiene un regusto ordenancista y planificador que va un poco más allá de lo deseable para una sociedad «dinámica» y «abierta», según la califica el Preámbulo. Nada de liberalismo y desregulación: reproduce, en realidad, defectos ancestrales. Sólo se desliza un aire de modernidad aparente, al utilizar el concepto de «políticas públicas» y no el de «materias» competenciales: puro nominalismo. Es incluso centralista: hablaremos otro día de los territorios históricos, que se difuminan en favor del Gobierno de Euskadi, opción cargada -como es notorio- de alta densidad política. Estado mínimo, Comunidad absorbente, víctima eventual de una crisis por hipertrofia. Pero el mito se alimenta de imágenes y símbolos y la realidad no importa apenas. Bien dice J. M. Robertson, historiador británico, que el nacionalismo sólo resulta explicable como un «sueño metafísico». Aunque la independencia cueste cara y funcione todo peor que antes. Lo importante, al parecer, son las selecciones deportivas y la propaganda internacional.

Que te señale Arzalluz
Iñaki Ezkerra La Razón 1 Agosto 2003

No hay como que te señale Arzalluz para ver quiénes te dejan solo ante el peligro y desvelan su falta de sentido común al tomar en serio los argumentos que esgrime ese energúmeno de manual. El más reciente ejemplo es el de la jueza vasca Concepción Marco. Arzalluz le montó un señalamiento en toda regla atacándola en los medios de comunicación sólo por haber hecho uso privado de su libertad de expresión en un seminario de FAES donde presentó una ponencia que alertaba de los pasos estratégicos que ya lleva tiempo dando el nacionalismo para controlar la justicia en sintonía con el Plan Ibarretxe. Esta cuestión es tan vital para los herederos de Sabino Arana que han desplegado contra la magistrada todas sus baterías: desde el intento de sabotear el propio seminario publicando en sus páginas web el texto –antes adquirido con malas artes– hasta la intoxicación mediática dramatizando su juicioso, documentado y oportuno contenido. Para ponerle la etiqueta de «persona conflictiva» Arzalluz (el ser conflictivo por antonomasia) se permitió denunciarla ante el Consejo General del Poder Judicial, órgano que ha archivado la denuncia como era previsible dada la inconsistencia de ésta. Lo contrario habría sido una broma tan sangrante como una manifa contra los malos tratos que estuviera encabezada por el propio Jack El Destripador.

Sin embargo, Arzalluz ha anunciado que recurrirá ese fallo sólo con el fin de meter ruido en los medios y ya ha habido a quien le ha faltado tiempo para secundar el linchamiento de la jueza con el fin de lograr, por razones más oscuras e inconfesables que las del PNV, el mismo objetivo: tratar de cortarle a ésta el posible camino a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que hoy ocupa el pusilánime José Manuel Zorrilla, quien hace poco saltaba al estrellato nacional gracias al modo irregular y arbitrario con el que improvisó esa Sala de Discordia que debe acoger la querella contra Atutxa por su desobediencia al Supremo. Lo que Concepción Marco dijo en su ponencia ha quedado evidenciado primero con la bronca que han montado los nacionalistas al ver remodelada esa discordante sala desde el propio Consejo General del Poder Judicial y segundo con el borrador recién publicado del Plan Ibarretxe que anula las principales atribuciones al Consejo General del Poder Judicial e impone su sustitución por un «Consejo Judicial Vasco».

Concepción Marco no hizo más que reflejar por escrito lo que han demostrado pertinazmente los hechos y lo que está reflejado mediante cláusulas explícitas en el proyecto golpista del Lehendakari. Pero lo más increíble de este caso es que el linchamiento continúa pese a todas esas evidencias. Joaquín Giménez, viejo compañero suyo de trabajo en la Audiencia de Bilbao y hoy miembro del Tribunal Supremo, se despachaba a gusto contra ella en una entrevista recién publicada en la prensa vasca. Joaquín Giménez dijo un día que se iba a Madrid porque ya no aguantaba más vivir amenazado. Se fue pidiendo y recibiendo una solidaridad que ahora no ha mostrado con esa antigua y amenazada colega. No es la primera vez que me despierta consternación esta rara ausencia de solidaridad en profesionales que se fueron del País Vasco abrumados por las presiones precisamente. ¿Se trata de un nuevo síndrome que hay que sumar a la extensa e inexplorada patología del terror?

Sólo por haber sido señalada de ese modo esa mujer por el nacionalismo, sólo por la gravísima amenaza que implica ese señalamiento y sólo por quedarse en el mismo lugar del cual Joaquín Giménez se ha largado podía esperarse otra cosa de él. Pero ni una palabra ni un gesto de apoyo para ella hubo en sus declaraciones; sólo críticas a esa ponencia que decía lo que luego se hizo evidente. Sólo incomprensión hacia la víctima y comprensión hacia el verdugo, la misma comprensión que ha llevado a ese mismo juez a votar la anulación de varias condenas dictadas contra etarras por la Audiencia Nacional. Sólo críticas a otros jueces y la misma retórica equidistante de Elkarri: «hay que tender puentes, vías de entendimiento, evitar la confrontación, el choque de trenes...». Otro, en fin, que se nos sube al Talgo Mediático de las alegorías ferroviarias y que no quiere ver que en esta cuestión no hay vías ni trenes ni locomotoras que valgan sino la camioneta desbocada del nacionalismo radical arrollando a quien se le pone delante.

A los nacionalistas se les ha puesto ahora delante Concepción Marco y van a por ella. El mismo domingo pasado Anasagasti proseguía en el Deia el ritual del señalamiento. Están buscando a quien les haga el juego fuera de sus filas para desacreditarla. Y lo triste es que han encontrado a más de uno que se presta a ello en el campo constitucionalista. Hay hasta una periodista que estos días se ha convertido en su perseguidora oficial a base de publicar informaciones no ya sesgadas sino falsas y de llamarla «Concha» en titulares como si hablara de su prima. Hay quien todavía insiste en que la ponencia fue «desacertada» cuando aventuraba todo lo que se ha publicado sobre el Plan Ibarretxe. ¿Cómo llaman a movilizarse contra ese Plan algunos que califican de «desacertado» todo paso que se da contra él?

Siempre que el nacionalismo lincha a alguien no puedo evitar fijarme, más que en los nacionalistas, en quienes debían sacar la cara al linchado y no lo hacen, en los silenciosillos, los traidorzuelos... Siempre me acuerdo del famoso crimen de Orozco y de un vecino que decía que no debía esclarecerse para salvar la imagen del pueblo. En la tasca donde se cometió aquella fechoría hubo quien le tenía ganas a la víctima y quien dejó hacer. Y hubo un personaje impagable que estaba quieto, callado, y que en el último momento echó mano del atizador de la chimenea para rematarla cuando yacía en el suelo. Con los linchamientos nacionalistas pasa lo mismo. En el caso que nos ocupa sólo falta el del atizador. Saldrá un día de éstos.

La dictadura de Arzalluz
Editorial El Ideal Gallego 1 Agosto 2003

El egocentrismo es uno de los peores desarreglos mentales conocidos; no representa un peligro para la sociedad ni supone que quien lo padece esté al borde de la muerte, pero refleja que el “enfermo” es capaz de cualquier cosa con tal de que nadie le arrebate el más mínimo protagonismo. Xabier Arzalluz es la encarnación de la egolatría y hasta cuando la preocupación general es frenar la campaña de verano de ETA él tiene que erigirse en el actor principal del País Vasco. Sabe -porque la inteligencia hay que reconocérsela- que lo mejor es hacer unas declaraciones extemporáneas; si los terroristas recurren al estruendo de las bombas para asegurarse un espacio en los medios de comunicación, el presidente del PNV emplea las palabras explosivas y es capaz de proclamar solemnemente que su objetivo no es enterrar el Estatuto sino liberar al País Vasco. Sin embargo, no explica qué entiende por liberación, ya que su proyecto -aunque lleve apellido de Ibarretxe- es la mayor imposición que se ha previsto para un pueblo en la España democrática. Llega a tal límite el afán dictatorial que a través de Egibar asegura que el plan secesionista -evidentemente no lo califica así- es la expresión de la voluntad popular. No obstante, las urnas, que sí reflejan los deseos de los ciudadanos, demuestran lo contrario -sólo hay que recordar los resultados de las elecciones autonómicas y municipales- e incluso dentro del PNV hay muchos militantes que rechazan la propuesta independentista. Sólo un psicólogo o un psiquiatra podría responder a la pregunta que se desprende de la actitud de Arzalluz: ¿es la egolatría una condición inherente a los tiranos?

La Ertzaintza desactiva una bomba en una empresa de transportes de Azkoitia
El artefacto contenía entre 4 y 5 kilos de cloratita y estaba escondido en una bolsa de deportes, que fue descubierta por un vigilante de seguridad
JORGE SAINZ/AZKOITIA El Correo 1 Agosto 2003

La Ertzaintza desactivó ayer una bomba colocada por ETA a la entrada de la delegación en Azkoitia de la compañía de transportes por carretera La Guipuzcoana, en un nuevo ataque de la organización terrorista contra intereses empresariales vascos. El artefacto, que contenía entre cuatro y cinco kilos de cloratita, fue descubierto a mediodía por el vigilante de seguridad de la firma. Estaba escondido en una bolsa de deportes, según el Departamento vasco de Interior.

El guardia dio aviso a la Policía autónoma, que envió inmediatamente a los artificieros al polígono industrial de la localidad guipuzcoana, ubicado en la avenida Altzibar, en las afueras del municipio y junto al puesto local de Cruz Roja. El lugar se encuentra muy cerca de Azpeitia, población que estos días celebra sus fiestas.

Sobre las doce y media del mediodía, los agentes acordonaron el pabellón, que alberga un centenar de empresas y que se encontraba totalmente vacío, ya que ayer era jornada festiva en la provincia. El equipo de desactivación comprobó que, efectivamente, la bolsa contenía un artefacto explosivo, e inició los trabajos para su retirada.

Los policías autonómicos ordenaron desalojar tres edificios de la avenida de Altzibar en los que residen unas sesenta familias. Los agentes adoptaron esta medida debido a que las casas se encontraban frente a la entrada de La Guipuzcoana, tan sólo a unos cuarenta metros de donde se hallaba la bomba. Los residentes tuvieron que permanecer fuera de sus casas alrededor de una hora, según relataron varios vecinos.

Acceso vetado
Los artificieros concluyeron su tarea después de dos horas y media, y sobre las tres y cuarto de la tarde el polígono industrial recuperó la calma. Sin embargo, la prohibición de acceder a la zona se mantuvo hasta pasadas las cinco de la tarde. La única huella visible del atentado frustrado era una mancha negra en el suelo provocada por la desactivación. No hubo heridos ni daños materiales.

Fuentes de la consejería que dirige Javier Balza relacionaron este ataque con el sufrido el pasado 6 de julio por la empresa de transportes Azkar. La organización terrorista hizo explosionar una bomba en los bajos de un camión estacionado en un aparcamiento de las instalaciones situadas en la localidad vizcaína de Bedia. Un comunicante avisó de la explosión, que provocó graves destrozos materiales en tres camiones de la empresa.

Según los medios citados, ambos atentados formarían parte de «una nueva campaña de extorsión» contra los empresarios que se niegan a pagar el denominado impuesto revolucionario. El hotel Los Tamarises de Getxo y el Maisonnave de Pamplona, donde la bomba no llegó a explotar, han sido otros dos objetivos de esta espiral de violencia, que ha llevado a los empresarios a pensar que ETA trata de solventar sus problemas financieros incrementando la presión sobre el colectivo.

La acción terrorista de Azkoitia es la segunda perpetrada por ETA en Guipúzcoa en lo que va de año. La organización no actuaba en este territorio desde el 8 de febrero, fecha en la que asesinó en Andoain al jefe de la Policía Local y militante socialista Joseba Pagazaurtundua. En los dos últimos meses, ETA ha intensificado su actividad con un total de once atentados.

Hablamos de la Justicia constitucional
JAVIER MARTÍNEZ LÁZARO/VOCAL DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUIDICIAL El Correo 1 Agosto 2003

El consejero de Justicia del Gobierno Vasco, Joseba Azkarraga, titulaba un reciente artículo publicado en estas páginas con una interrogante '¿De qué Justicia hablamos?'. La pregunta invita a un diálogo sobre la Justicia en Euskadi y aunque el señor consejero a lo largo de su artículo contestaba a la pregunta que retóricamente formulaba en el titular, es de agradecer que su discurso se construya en torno a preguntas y respuestas y no se sustente exclusivamente en la descalificación, como viene siendo una práctica harto frecuente en los últimos tiempos.

Porque cuestionar el modelo judicial sitúa el debate en el terreno democrático; pero calificar desde la Consejería de Justicia al juez Garzón de prevaricador, también de prevaricadores a los magistrados del Tribunal Supremo (posteriormente aclaró que sólo supuestamente prevaricadores) y al Consejo General del Poder Judicial de mafia, en este caso ya sin ningún tipo de suposición, contribuye muy poco a ese diálogo sereno entre las instituciones que tantas veces se reclama. Por el contrario, parece que se persigue un terreno de confrontación institucional y de deslegitimación del poder judicial que es difícil no insertar en estrategias más amplias.

Suele justificarse el señor Azkarraga y así lo hacía en su artículo, alegando que altos responsables del Partido Popular, como Jaime Mayor Oreja, han criticado a algún integrante del Poder Judicial. No sé si esas críticas se produjeron antes o después de que Xabier Arzallus advirtiese sobre la «necesidad de vigilar a los jueces». Obviamente todas estas manifestaciones son igualmente rechazables, pero con todo tienen especial relevancia y gravedad aquellas que se producen por quienes forman parte de los poderes públicos y han sido elegidos por los ciudadanos para que les gobiernen y administren. Es verdad que desde el Gobierno del Estado tampoco han faltado críticas a las resoluciones judiciales, por ahí anda el caso Ruth Alonso, pero las expresiones 'prevaricadores' o 'mafiosos' añaden un plus de intensidad y barriobajería en la crítica descalificadora inéditos hasta ahora en el debate político.

De qué Justicia hablamos, se pregunta el señor consejero. La respuesta es obvia. De la Justicia que se legitima en la Constitución, de la Justicia que se legitima en el Estatuto de Autonomía. De esa Justicia que conforme a la Constitución se ejerce por un poder judicial independiente, sometido sólo a la Ley y el Derecho. De esa Justicia en la que, conforme al Estatuto de Autonomía, la Consejería de Justicia del Gobierno vasco tiene importantes competencias. En resumen, de esa Justicia que se inspira en los valores culturales y políticos imperantes en los países democráticos y que se encuentra sometida al control de los tratados y de los tribunales internacionales. Evidentemente, de la única Justicia existente hoy en el País Vasco, de la única legal, vigente y posible que todos, por imperativos mínimos de nuestra convivencia, deberíamos respetar.

Esta Justicia constitucional y estatutaria exige un marco de colaboración de los poderes del Estado, que no excluya, desde luego, el necesario contrapeso entre todos ellos y la crítica de los ciudadanos. Pero este marco de colaboración es difícilmente construible cuando los integrantes de un poder tachan de mafiosos a los que forman parte del otro o cuando se cuestiona con igual estilo las resoluciones de los tribunales

Este cuestionamiento desde la Administración vasca de las decisiones de los tribunales ha tenido un denominador común: la ilegalización de Herri Batasuna y de las organizaciones que la sucedieron.

Una primera confrontación se produjo como consecuencia de la actuación del juez Garzón al considerar que Herri Batasuna había sido una creación de ETA y, por lo tanto, como prolongación política de una organización terrorista su actuación no podía ser lícita. Nuevas descalificaciones surgieron como consecuencia de la Ley de Partidos Políticos y de su aplicación por el Tribunal Supremo.

En todas estas ocasiones los tribunales de justicia debieron intervenir para resolver un conflicto: el que se planteaba entre el derecho de unos ciudadanos vascos a crear organizaciones políticas y elegir sus representantes y el derecho de otros ciudadanos, también vascos, a poder disfrutar de derechos tan elementales como el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad, a la participación política. Las resoluciones de los tribunales se han limitado a establecer que conforme a nuestro ordenamiento jurídico el derecho de asociación política no puede utilizarse por quienes tienen por objetivo sostener y apoyar a organizaciones violentas que utilizan el terror para la consecución de sus fines políticos.

Creo que tal afirmación es plenamente compatible con los principios de una sociedad democrática y no es merecedora de tan durísimos ataques desde la Administración vasca. En cualquier caso, el respeto a las reglas del juego exigía el acatamiento de las resoluciones de los tribunales y no la permanente descalificación de sus actuaciones y de sus integrantes.

Obviamente junto al juicio de los tribunales sobre la legalidad y la aplicación de las normas, se producirá un juicio histórico sobre lo acertado o no de una política que determinó la promulgación de leyes tendentes a aislar a las organizaciones terroristas. Y aunque aún es pronto para conocer el veredicto histórico alguna pista podría proporcionar el que los grandes partidos políticos españoles, inscritos y respetados en las grandes corrientes de pensamiento europeas, hayan considerado, sin fisuras, legítima dicha política; y también el hecho de que el Parlamento europeo por abrumadora mayoría haya inscrito a Batasuna en el grupo de organizaciones terroristas, por muy irrelevantes que estas decisiones puedan resultar para el señor consejero de Justicia vasco.

No voy a referirme al conflicto surgido entre el Tribunal Supremo y el Parlamento vasco. Se encuentra todavía pendiente de distintas iniciativas y recursos y no es bueno que quienes tenemos responsabilidades en Justicia nos pronunciemos sobre procedimientos en curso.

Pero es obligada una referencia a la última resolución del Consejo General del Poder Judicial que anuló la decisión adoptada por el magistrado señor Zorrilla y acordó que la Sala de Gobierno siguiese el turno preestablecido. En síntesis el razonamiento es claro y al alcance de cualquier ciudadano no experto en Derecho: no es posible que si dos jueces se encuentran en discordia, es decir tienen opiniones diferentes, quién deba dirimir la discordia sea nombrado unilateralmente por uno de ellos (no es posible que la ley encomiende a la misma persona juzgar y designar a quien tiene que juzgar). Es por este motivo que el Consejo General del Poder Judicial entendió que la cuestión que se debatía era una cuestión gubernativa, no jurisdiccional y que el nombramiento de los magistrados de la Sala de Discordia debía efectuarse por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y no por uno de los magistrados que integraban la Sala en la que no existía acuerdo.

En definitiva, si la pregunta es de qué Justicia hablamos, hablamos de la Justicia constitucional, de la única capaz de salvaguardar los derechos e intereses de todos, de establecer un marco en el que los conflictos se resuelvan pacíficamente y en la que los ciudadanos encuentren la adecuada tutela a sus derechos. Todos debemos respetarla o pondremos en peligro nuestra convivencia.

ETA y la BBC
Cartas al Director ABC 1 Agosto 2003

Hace unos cuantos días fue con ocasión de la redada de etarras en México. Después, con motivo de los atentados en las playas alicantinas. Siempre, en la BBC, sin duda por consigna oficial de los éticamente gélidos directivos, se nombra a los terroristas vascos como «la banda separatista ETA». ¡Qué ética y qué moral tan peculiares se gastan esos impávidos jerarcas británicos!

Para ellos no significa nada que la UE incluya entre los grupos terroristas a ETA y a Batasuna. Supongo que sí admitirán al IRA irlandés entre los grupos terroristas, pero para España usan otro embudo. ¿Cuántos muertos necesitan para poder llamar «banda terrorista» a ETA? Entre los heridos en Alicante por la bomba de ETA se cuentan varios extranjeros, uno de ellos inglés. Si hubiera habido muertos ingleses, ¿aún no llamaría la BBC terroristas a los criminales? Es tal la náusea que produce tan repugnante conducta de la BBC, que la única solución es no oírla más.    Francisco Gómez Ortín.   Murcia.

El ministro galo de Interior aboga por "no renunciar nunca al diálogo" para acabar con el terrorismo
Sarkozy se refirió al reciente referéndum para la unificación administrativa de Córcega como una 'ocasión perdida'
Javier Gómez Muñoz/Ep Estrella Digital 1 Agosto 2003

París
El ministro francés de Interior, Nicolas Sarkozy, aseguró ayer que "la acción policial no puede por sí sola resolver la cuestión corsa", por ello apuesta por combinar "apertura y firmeza" para erradicar la violencia terrorista y "por no renunciar nunca al diálogo", en una entrevista publicada al diario Le Monde.

El titular de Interior matizó que no se trata de "ceder a la intimidación ni de transigir sobre el Estado de Derecho", pero insistió en que "una política de represión sin medida está abocada al fracaso". "Sean cuales sean la tensión, las dificultades y los enfrentamientos, no hay que renunciar nunca al diálogo", afirmó el ministro, quien admitió que esa actitud "produce resultados".

"La violencia es el cáncer de Córcega", defendió Sarkozy, que prometió en la entrevista que entregará a la Justicia "a todos aquellos que cometan actos de terrorismo" sin escatimar medios ni tiempo.

"Quien dice nacionalista no dice terrorista", aseveró el dirigente galo. El responsable de la cartera de Interior pidió que se diferencie "entre nacionalistas sinceros y los otros, los que aterrorizan y extorsionan", pero apuntó que "tras la causa nacionalista se esconden, a veces, intereses mafiosos".

En referencia a la situación de los presos corsos por delitos de terrorismo, el ministro del Interior confirmó que el reagrupamiento de presos "proseguirá desde finales de septiembre", siempre que lo permitan "los motivos de seguridad". Sarkozy explicó que ya se ha trasladado a seis condenados a Ajaccio y Borgo, y que se está mejorando la seguridad de las prisiones de la isla para poder desplazar a más detenidos.

El 'número dos' del Gobierno se refirió al reciente referéndum sobre la unificación administrativa de la isla, que se saldó con la victoria del 'no' y un fracaso para el Gobierno, como "una ocasión perdida". "Creo que la desconfianza ha vencido a la esperanza", remachó.

Los cuatro objetivos de Córcega, según el ministro, son "la seguridad y la paz pública", "el desarrollo económico", "la cohesión de una isla minada por las divisiones" y la modificación de la imagen de Córcega en la Francia continental.

Florentino Portero cree que Aznar era un buen gestor, pero la cuestión vasca «lo transformó en un político moral»
ANTONIO ASTORGA ABC 1 Agosto 2003

El analista Florentino Portero examinó cómo la opinión pública británica supo valorar en Wiston Churchill una política de firmeza y de riesgo al enfrentarse a Hitler

SANTANDER. No todo político está dispuesto a asumir riesgos. Hacía falta un tipo humano capaz de darle la vuelta a una opinión pública de 30 millones de personas cuando Hitler amenazaba al mundo. Florentino Portero, profesor de Historia Contemporánea de la UNED, analista del Grupo de Estudios Estratégicos y uno de los más preclaros conocedores de la situación internacional, planteó desde su brillantez habitual -que conocen perfectamente los lectores de ABC- un caso paradójico, paradigmático y actual del siglo XX: cómo Sir Winston Churchill se opuso a la inmensa mayoría de la opinión pública británica partidaria del «apeacement» (la paz). Fue en la primera sesión del curso con el que ABC celebra su centenario en la UIMP sobre «La invención de la opinión pública».

Cinco días de mayo que cambiaron el mundo. «Gentes raritas son capaces de dar la vuelta a un país», apuntó Potero. Churchill supo ver en Hitler una amenaza real para la libertad y la democracia. En los años 30, Churchill era una político que había acabado su siglo. No tenía ninguna opción de ser dirigente del Partido Conservador. El desprestigio del liberalismo era enorme y Sir Winston sentencia: «No es lo mismo negociar con un «gentleman» que con un dictador. Cuando se habla con Hitler y Stalin no hay concesiones que valgan. Las concesiones no ayudan. Frente a la amenaza soviética sólo cabe la firmeza». El tiempo jugó a favor de Churchill. Se hizo con el control del Gobierno y fue elevado a «semidios». Los pacificadores fueron considerados traidores y denigrados por la opinión pública. ¿Está vigente Churchill hoy? Responde Portero: «Sí, pero sólo en algunos sitios. La política exterior norteamericana es un legado puramente churchilliano, así como la política que el Gobierno laborista de Tony Blair ha llevado estos años».

Florentino Portero observa que la posición de José María Aznar es claramente churchilliana: «Pero su caso es distinto. Llegó como un inspector de Hacienda que iba a lograr que la Administración funcionara. Era un político poco ideológico; un thatcheriano clásico. De ahí que su imagen política durante los primeros años fuera la de un buen gestor. La cuestión vasca transforma a Aznar de un clásico conservador en un político moral, que entiende el ejercicio del poder en claves morales. Encontramos a un Aznar churchilliano en las crisis balcánicas, donde al nacionalismo le añade el concepto de excluyente. El nacionalismo puede ser un problema cuando excluye al contrario: los serbios, por ejemplo, excluyeron a los kosovares de la patria común». La posición de Aznar con respecto a Irak -prosigue Portero- es la misma que en 1998, cuando Clinton quiso atacar dos veces a Sadam. Lo fundamental para entender a Aznar es el País Vasco. ¿Y Zapatero? ¿Sería churchilliano? Portero explicó en febrero que el voto de las elecciones de mayo estaba en el PSOE, pero en los dos meses posteriores el votante percibió en la dirección socialista una actitud «no sincera».

¿Hay churchillianos en la democracia europea? Para Florentino Portero, «los democristianos han tenido la tentación aislacionista y no han practicado el deporte de enfrentarse a la opinión pública. Los socialistas continentales tienen una fractura ideológica que vimos en el periodo de entreguerras. La posición de la Alianza Atlántica es absolutamente churchilliana».

Ibarreche concede 69.500 euros al plan secesionista de Elkarri
El PP pedirá que los ayuntamientos cancelen las ayudas a familiares de presos de ETA
El «lendakari» mantiene su estrategia de llevar a cabo una táctica rupturista y por ello, tras hacer un guiño a los socialistas para que apoyen el Plan Ibarreche, decidió dotar de presupuesto la iniciativa secesionista alternativa a su plan que ha ideado la plataforma nacionalista.
J. Arias Borque - Vitoria.-  1 Agosto 2003

El Gobierno que dirige el «lendakari» Juan José Ibarreche volvió a dar ayer un paso más para afianzar la deriva soberanista que abrió hace unos meses al anunciar su Plan e hizo público ayer que concederá 69.500 euros de subvención al plan secesionista alternativo que presentará a la sociedad vasca la plataforma ciudadana Elkarri, que pretende someter a voto su iniciativa entre los ciudadanos vascos tras las elecciones generales de 2004.

En una resolución de la consejería vasca de Justicia, que dirige Joseba Azcárraga, y en la que también se aprueban subvenciones para otros colectivos, se acordó destinar a Elkarri un total de 69.500 euros para llevar a cabo una serie de iniciativas relacionadas con sus proyectos de pacificación, basados en una alternativa soberanista para llevar la paz a la región vasca.

En concreto, la asociación dispondrá de 25.000 euros para costear la «fase de preparación y participación social en la III Conferencia de Paz» y otros 18.500 para financiar una «iniciativa social a favor del pluralismo», según informa Servimedia. Al mismo tiempo, recibirá 10.000 euros para una «red internacional y estatal a favor de la no violencia y el diálogo» en la comunidad autónoma vasca, 10.000 euros más para «publicaciones para el proceso de paz» y 6.000 euros para un «fondo de consulta para el proceso de paz en internet».

Este montante económico convierte a la plataforma cívica nacionalista en una de las asociaciones que más dinero recibirá dentro de esta resolución para financiar actividades en favor de la paz y los derechos humanos. También obtendrá una cantidad importante Gesto por la Paz, que dispondrá de 81.055 euros, cuya partida principal serán 50.000 euros para su proyecto «contra la violencia de persecución».

Por otra parte, el «lendakari» también aprovechó para lanzar un guiño a los socialistas. Ibarreche celebró la disposición del PSOE a reformar los estatutos y les invitó a demostrarlo el próximo septiembre, cuando lleve su plan ante la Cámara vasca, en lo que a su juicio será «una oportunidad maravillosa».
Por su parte, el PP pedirá en los ayuntamientos en los que tiene representación que se suspendan las ayudas que localidades gobernadas por Batasuna concedían a familiares de presos de ETA y a colectivos relacionados con sus reclusos. Carmelo Barrio, secretario general del PP vasco dijo ayer que «allá donde existan esas ayudas, serán denunciadas y se pedirá que se supriman».

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