AGLI

Recortes de Prensa     Domingo 10 Agosto  2003
Equidistancia, signo de inmadurez política
EDITORIAL Libertad Digital 10 Agosto 2003

Cuando el consenso nunca es suficiente
ÁNGEL LASO D´LOM ABC 10 Agosto 2003

El falso debate estatutario
Editorial ABC 10 Agosto 2003

La alternativa sigue en crisis
Editorial La Razón 10 Agosto 2003

El gallinero socialista
Iñaki Zaragüeta La Razón 10 Agosto 2003

Ciudadano europeo
ALFONSO USSÍA ABC 10 Agosto 2003

Preocupación en el PP por la ofensiva de Maragall y Elorza para arruinar el Pacto Antiterrorista
Libertad Digital  10 Agosto 2003

El PSOE abronca a los críticos y se define a mitad de camino entre el PNV y el PP
Libertad Digital  10 Agosto 2003

El TSJ del País Vasco permite una marcha proetarra, prohibida por Balza
ABC 10 Agosto 2003

Galleguidad (II)
José Luis Alvite La Razón 10 Agosto 2003

Equidistancia, signo de inmadurez política
EDITORIAL Libertad Digital 10 Agosto 2003

Aunque en política no es siempre fácil identificar los extremos, la Historia y la experiencia nos han enseñado lo suficiente como para saber que las tiranías y los totalitarismos –ya tengan su base teórica en la raza, en la clase, en la religión o en la nación– son la antítesis de la libertad individual; la cual, en nuestros días, sólo un verdadero Estado democrático y de derecho tiene posibilidades de proporcionar. Y, asimismo, la Historia y la experiencia también demuestran que los modelos “híbridos” entre democracia y totalitarismo suelen ser la antesala de crueles tiranías, sean del signo que sean.

Ninguna persona libre de prejuicios puede negar que, tras veinticinco años de gobierno ininterrumpido de los nacionalistas en el País Vasco, la mitad de los vascos no pueden disfrutar plenamente de todas las libertades reconocidas en la Constitución. Y si aún pueden gozar de alguna de esas libertades, siquiera precariamente, es gracias a que en el País Vasco todavía rigen las mismas leyes fundamentales que en el resto de España. Por ello, responder al desafío secesionista, marcadamente totalitario, del PNV –en el Euskorrico de Ibarretxe los no nacionalistas serían ciudadanos de segunda clase, candidatos permanentes al exilio– con reformas en la Constitución y el Estatuto para “profundizar en el autogobierno”, tal y como hacen los dirigentes del PSE y de PSOE, no es más que hacerles el juego a los nacionalistas; pues entre la plena libertad de conciencia y la servidumbre ideológica no existe ni puede existir término medio.

Si, en condiciones normales, la moderación en política suele ser signo de madurez y de responsabilidad, cuando se hallan en juego derechos y libertades fundamentales la madurez y la responsabilidad residen precisamente en huir de toda equidistancia y en nadar resueltamente hacia la orilla donde se defienda la causa de la libertad con más claridad; aun a despecho de que en esa orilla se halle también el adversario político por antonomasia. Como ya hemos repetido en muchas ocasiones, la causa de la libertad y la democracia en el País Vasco exige apartar hacia un lado cualquier diferencia política para defender junto al adversario aquello que, precisamente, hace posible que puedan coexistir pacíficamente esas diferencias políticas. Así lo entiende el PP, y así lo entienden también socialistas como Nicolás Redondo, Rosa Díez o Gotzone Mora y, en general, todos aquellos, socialistas o populares, que sufren a diario las consecuencias de la falta de libertad en el País Vasco.

El interés general justificaría sobradamente un hipotético perjuicio electoral del PSE si éste se alineara inequívocamente con el PP en la lucha sin concesiones contra el nacionalismo obligatorio. Pero es que, además, los hechos demuestran justo lo contrario: el PSE, con Redondo Terreros, logró el mayor éxito electoral de los socialistas vascos desde la transición. Por ello, acusar, como hace la dirección del PSOE por boca de Carmen Chacón, o la del PSE por boca de Javier Rojo o Rodolfo Ares, de “seguidismo” del PP a Nicolás Redondo o Rosa Díez por hacer hincapié en la necesaria unidad de acción de los demócratas en el País Vasco, es un disparate sólo compatible con una tremenda inmadurez política. Los actuales dirigentes del PSOE todavía identifican la defensa de la unidad nacional como una obsesión exclusiva de la derecha, cuando en realidad es el pilar fundamental sobre el que se asientan la libertad y la democracia en España. Así lo entiende la gran mayoría de los ciudadanos que, en lo que toca a madurez política y sentido de Estado, han demostrado estar muy por encima de los actuales dirigentes socialistas.

Cuando el consenso nunca es suficiente
Por ÁNGEL LASO D´LOM ABC 10 Agosto 2003

La Constitución española consagró a finales de los años setenta un modelo de Estado que está funcionando y, que aunque remarca por encima de todo la unidad de España tiene, sin embargo, una irresistible tendencia a provocar ciertas disfunciones entre regiones. Esto sucede sencillamente porque esa Constitución que recibió el apoyo mayoritario de los españoles en las urnas consagra el modelo de Estado en las Autonomías y les otorga una capacidad normativa muy alta, casi con seguridad de las mayores entre las regiones europeas en estos momentos.

Sucede que han pasado los años y se ha ido desarrollando el modelo aprobado y funciona. ¡Claro que funciona! Pero, sin lugar a dudas, abre una espita de diferencias en la vida de los ciudadanos de las distintas Comunidades, en algunos casos sobre materias delicadas. Y lo que es importante, también mengua la capacidad del Estado en la puesta en marcha de determinadas políticas. En algunos casos se logra la concertación a trancas y barrancas, tras muchas discusiones, pero en otros, sobre todo cuando se trata de cuestiones de dinero o muy políticas y electorales, los acuerdos son más difíciles y a veces incluso imposibles.

Las Comunidades autónomas han ido asumiendo cada vez competencias de más enjundia. Dependiendo del color de los gobiernos regionales y del impulso nacionalista de las distintas zonas -¡que hay de todo en esta España tan plural!- la llegada de esas competencias ha sido distinta en cada región. Pero estamos al final del proceso, ¡y si no, que se lo pregunten a Ibarretxe por su última y disparatada propuesta sobre el País Vasco¡ y las competencias ya están muy homologadas. Así, asuntos como la justicia, la seguridad, las infraestructuras, la vivienda, el comercio, la fiscalidad, el medio ambiente y el turismo, y me dejo muchas, están ya muy repartidas a lo largo y ancho de las regiones y los ayuntamientos de España.

Este reparto de competencias también ha llevado a una división más vertical de la Administración, la central, la autonómica y la local. Aunque esta división siempre ha existido, tiene ahora muchos más contenidos en sus dos niveles inferiores, el autonómico y el local, sobre todo porque cobran a los ciudadanos y luego tienen que ganar elecciones, dos asuntos capitales sobre los que se basa la actividad política en todo el mundo. No tendría que haber problemas en solucionar lo que consideramos que está mal. Pero los hay, sobre todo porque las fórmulas de financiación de gran parte de estas administraciones pasan por la gestión de muchas de esas competencias.

Y aquí es donde tenemos el problema, si es que se le puede calificar así, ¡que muchos no lo verán de igual forma y es más que respetable su opinión¡ Empiezan a surgir claras diferencias entre españoles de distintas regiones y cuando digo españoles me refiero a todos, a empresarios, a trabajadores, a estudiantes, a profesores, a agricultores, a funcionarios, etc.., ya que dependiendo de la zona en la que viven pagan más o menos impuestos, tienen abiertos más o menos días el supermercado, tienen mejores o peores carreteras, les es más o menos fácil entrar en la universidad y el precio de la vivienda está más o menos disparado, entre otros muchos asuntos.

Varios de los más recientes problemas que afectan a la sociedad española en mayor o menor grado están encuadrados en estas materias. Por ejemplo, la vivienda, la fiscalidad o las aperturas del comercio, entre otros, ahora mismo de rabiosa actualidad por distintas circunstancias.

Vayamos por partes. Todos los partidos coinciden en que es necesario un pacto de Estado sobre el suelo para evitar que el precio final de la vivienda se dispare tal como esta sucediendo. Hace años que lo dicen, pero no lo hacen. El Gobierno del PP intentó solucionarlo por medio de una ley, pero el Tribunal Constitucional la descafeinó al reconocer que se trataba de competencias autonómicas y sobre todo locales. El diagnóstico del problema se conoce.Se sabe que los ayuntamientos se financian especulando con el suelo del que disponen, pero no se encuentran soluciones y va para largo. Mientras tanto y no hago demagogia, los pisos suben y suben. Menos mal que los tipos de interés, gracias a Europa, también caen y caen. Si no fuera así, la vivienda sería sólo cosa de millonarios. Sobre el comercio, se ha llegado a la paradoja que cada Comunidad se rige por unas normas de aperturas. Este nudo viene de cuando el ministro socialista Javier Gómez Navarro se quitó el problema de encima marcando un mínimo de aperturas y dejando el resto a los Gobiernos regionales, que con posteriores legislaciones llevaron el asunto a sus propios intereses. De esta forma, al final pasa que en Cataluña, por ejemplo, porque CiU siempre ha tenido claro que le votan los pequeños comerciantes, la libertad de horarios y aperturas está absolutamente restringida, y en Madrid, con excepciones turísticas y otras cosas, se abre ya casi 30 domingos y festivos al año.

Rato encargó un informe al Tribunal de Defensa de la Competencia sobre el asunto, con el ánimo de ir convenciendo a todas las partes de que la liberalización es lo mejor. Pero no parece que vaya a ser suficiente, por mucho que la patronal de grandes superficies (Anged) se gaste cada año millones en informes que dicen que muchas Comunidades les retrasan las licencias y que, por consiguiente, cada año se pierden inversiones millonarias y empleos.

En la fiscalidad sucede algo parecido. Al margen de los territorios del norte que por aquellas cosas de los «fueros», que a muchos convencerá pero a otros no, y que consagraron regímenes fiscales distintos, con la posterior cesión de atribuciones fiscales a los gobiernos regionales, se está llegando a un punto de clara competencia fiscal entre Comunidades ante el asombro de empresas y ciudadanos. El caso del impuesto de sucesiones, en unas Autonomías sí y en otras no, pone de relieve lo que digo.

Hay más ejemplos. También en sentido contrario. Asuntos que han mejorado porque ha dejado de gestionarlos el Estado y ahora la administración que los tutela está más cerca del ciudadano y lo hace mejor. La cuestión es si existe ánimo de abordar lo que todos reconocen que está mal. o por mucho que se tenga identificado el problema, no hay voluntad política de encararlo y se pasará la «pelota», como casi siempre, a las nuevas hornadas de políticos que salgan de las urnas....

El falso debate estatutario
Editorial ABC 10 Agosto 2003

LA necesidad de modificar los Estatutos de Autonomía se ha convertido en uno de esos lugares comunes que de cuando en vez toman el escenario político para quedarse en él a vivir. La idea se manosea desde un partido a otro, se rebaten teorías y alternativas y llega a crearse una especie de «todos sabemos de qué hablamos», casi una categoría, sin que al tiempo nadie se esfuerce en detallar hacia dónde se debe avanzar en el autogobierno, qué nuevas competencias ha de ceder el Estado a las Comunidades y, sobre todo, hasta dónde se debe llegar. Como secuela de lo anterior, también son recurrentes los comentarios sobre el retroceso autonomista que ha sufrido España en los últimos años. La idea -que no se compadece con una realidad incontrovertible que señala a España como uno de los países (si no el más) descentralizados de la Unión Europea- surgió en el seno de las distintas formaciones nacionalistas. Algo normal, de oficio, pues la reclamación de más y más competencias es una de las razones de ser del nacionalismo. Pero de tanto hablar del asunto, la órbita política de este debate se ha desplazado hasta otras formaciones políticas, que ofrecen, como decíamos al principio, su versión sobre el asunto. No se trata de hurtar a la opinión pública de este debate, sino más bien de delimitarlo, de marcar el perímetro de ese ¿hasta dónde? Lógicamente, con el referente del texto que alumbra la organización y vertebración del Estado: la Constitución.

También es importante el contexto en el que aparecen estos proyectos de reforma estatutaria. El PSOE vasco dice tener el suyo, surgido precisamente tras los movimientos tácticos de Juan José Ibarretxe, en esa Comunidad, y de Pasqual Maragall, en la de Cataluña. Aunque con distintas dimensiones, ambas propuestas son inaceptables desde el punto de vista constitucional. La primera, el proyecto de «Comunidad Libre Asociada de Euskadi» deja de la Constitución poco más que las tapas. La propuesta de Maragall -más modesta en sus pretensiones e inspirada por la proximidad de las elecciones catalanas- también presenta infranqueables obstáculos, como definir a Cataluña como nación y a los catalanes como «titulares del derecho al autogobierno que les confiere una voluntad nacional expresada repetidamente a través de la Historia».

CELOSO quizás por estas «innovadoras» formas de ver al Estado, el socialismo vasco (o parte de él) se ha apresurado a proponer una confusa y no explicada «modernización» del Estatuto de Autonomía. La inconcreción de esta reforma propuesta por la dirección de PSE no tendría mayor relevancia si no fuera porque surge en vísperas de que el nacionalismo vasco ponga de largo su proyecto secesionista, el «Plan Ibarretxe», previsto para el mes de septiembre y que ya fue adelantado en sus líneas generales por este periódico. La confusión que genera ahora esta iniciativa de los socialistas en la ciudadanía da un respiro argumental a los secesionistas, pues viene a señalar en momento equivocado la imperiosa necesidad de «hacer algo» con el marco actual. Abrir este debate cuando el partido gobernante en el País Vasco se dispone a anunciar su declaración de independencia supone un notable error que la dirección federal del PSOE hubiera de reconvenir. No es de esperar que lo haga tras el respaldo de José Luis Rodríguez Zapatero al «Plan Maragall». Que los socialistas vascos esperen apaciguar la voracidad política de los nacionalistas con su reforma estatutaria revela un excesivo candor. El PNV no hará ningún movimiento táctico para aproximarse a la propuesta del PSE. Desde las filas socialistas se reconoce algo de esta inoportunidad y de lo mal que ha sido explicada la idea de reformar el Estatuto de Guernica. La reacción nacionalista, abrazando con gratitud la exposición de la idea, da buena cuenta del favor indirecto que se les ha hecho.

EL PSE ha errado al intentar marcar ahora distancias con el Partido Popular. El trabajo que aún tienen que hacer juntos los constitucionalista (cuando los dirigentes de ambos partidos todavía tienen que ir con escolta por las calles para que no les asesinen) no se compadece con la puesta en escena de este alejamiento, ya llevado a cabo en la Diputación de Álava. No se trata de entreguismos ni de vampirizaciones, sino de acometer conjuntamente la tarea de evitar el desvarío independentista al que se ha lanzado el PNV.

La alternativa sigue en crisis
Editorial La Razón 10 Agosto 2003

De las múltiples lecturas que pueden hacerse del sondeo y el panel de opinión realizados por Ibecom para LA RAZÓN, la más inmediata es que, al margen de quién sea el sucesor de José María Aznar, el PSOE de Rodríguez Zapatero no logra asentarse como alternativa capaz de desalojar al PP del Gobierno de la nación. En efecto, de celebrarse ahora las elecciones generales, los socialistas obtendrían el 32,4 por ciento de los votos, muy por debajo del 45,5 por ciento que lograría el PP. Además, y éstos son dos datos a tener muy en cuenta, CiU experimentaría la subida de un punto con respecto a la encuesta anterior de Ibecom, mientras que IU baja en la misma proporción, de lo cual pueden extraerse conclusiones evidentes, como que la política agresiva y errática de los dirigentes de Izquierda Unida en determinados asuntos (guerra de Iraq y alianza en el País Vasco con los nacionalistas) está llevando a esta formación a las catacumbas. Por el contrario, la moderación de Artur Mas propicia un crecimiento de Convergencia i Unió, dato cuya elocuencia hace enmudecer a Maragall y sus proclamas autonomistas medievales.

En suma, los datos de Ibecom ponen de manifiesto que Rodríguez Zapatero, además de no mejorar sus expectativas tras las elecciones municipales, es severamente reprendido por la opinión pública por la crisis de la FSM, la caótica e incoherente política de alianzas municipales y la confusión que sufren los socialistas a propósito del modelo de Estado. No ha de extrañar pues, que hasta cinco de los actuales ministros del PP ganen a Rodríguez Zapatero en un mano a mano, desde Rato (50 por ciento frente a 33 por ciento) hasta Zaplana (33,5 frente a 31,5), pasando por Rajoy, Mayor Oreja y Ruiz-Gallardón.

Los dirigentes del PP no podrían soñar un escenario mejor y más favorable que éste para llevar a cabo el relevo de José María Aznar, con una oposición a la deriva y sin capacidad para inquietar al Gobierno. A mayor abundamiento, el tiempo hacia las próximas elecciones generales corre aceleradamente y no parece que el PSOE sea capaz de recomponerse, de superar el marasmo de ideas en que se halla y de llegar con un liderazgo fortalecido a la cita con las urnas de marzo de 2004. Puede que este cuadro pintado por la encuesta de Ibecom cause regocijo entre los populares, pero en algunos aspectos no resulta tranquilizador para la mayoría de los ciudadanos, preocupados como están ante una oposición que no tiene claro el modelo de Estado, cuyo liderazgo es puesto constantemente en tela de juicio y cuyas formaciones se debaten en una lucha cainita. Los ejemplos de Madrid, Marbella, Cantabria, Navarra y Alicante son demasiado elocuentes.

El gallinero socialista
Iñaki Zaragüeta La Razón 10 Agosto 2003

Discutía ayer con mi amigo Rogelio sobre el asunto a comentar en esta periferia y, finalmente, se llevó el gato al agua. La perspectiva incomparable del Peñón de Ifach desde el Portet de Moraira invitaba a la agilidad. Ni la pantomima judicial entre Juan Muñoz y Jesús Gil, alcaldes de Marbella, ni el culebrón de la Asamblea de Madrid en el que la frustración de Rafael Simancas se confunde con el pelotazo inmobiliario, ni «esta calor» que ha calentado el Mediterráneo a nivel del Caribe, ofrecían especial interés para nosotros ni para ustedes.

En estos casos afirmaba Rogelio, los lectores prefieren fáciles explicaciones y relacionadas con su vida. A modo de ejemplo, sacó a relucir el calvario actual del secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, diseñado en una cuesta abajo con batacazo irremediable como final de trayecto. Me lo contaba a mí, que lo llevo anunciando desde su elección como «mandamás» cuando pregonó como «eureka político», aquello del cambio tranquilo.
 
¿Cómo va a ofrecer un proyecto común a la sociedad española quien se muestra incapaz de mantener a su partido unido en el concepto del Estado y en una misma línea ideológica?. En plenas vacaciones aparece impotente para apaciguar su organización y dotarla de la tranquilidad necesaria para afrontar en septiembre una nueva campaña electoral, quizás para él definitiva por última.

El mapa político del PSOE ofrece en la actualidad una idea de España defendida por su líder que nada tiene que ver con la pregonada por Pasqual Maragall desde Cataluña o la diseñada por Patxi López y Odón Elorza desde Euskadi. Su autoridad orgánica se resquebraja en la Comunidad de Madrid por el éxodo de Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, en la Comunidad Valenciana donde concejales y diputados alicantinos se ciscaron en las directrices de su secretario general Joan Ignasi Pla, en Navarra donde los ediles socialistas de cinco pueblos han pactado con nacionalistas y abertzales para echar de las alcaldías al PP-UPN y no quiero extenderme con el escándolo de Marbella propiciado por Isabel García Marcos, esta vez en maridaje con Jesús Gil.

Con semejante gallinero y sin garantizar la lealtad de los suyos ¿cómo va a lograr la confianza de los demás en forma de voto?

Ciudadano europeo
Por ALFONSO USSÍA ABC 10 Agosto 2003

TRES días atrás escribía que el dirigente terrorista Arnaldo Otegui había adquirido un apartamento en Comillas. Gracias a la brillante labor del corresponsal de «El Diario Montañés» Agustín Laguna, se conocen más datos de la extrañísima e indignante inversión del cabecilla del terror en la cántabra Villa de los Arzobispos. El canalla ha comprado una vivienda en la urbanización «Montesol», situada en la carretera de Comillas a Cabezón de la Sal, en pleno valle de Estrada, lengua paralela al valle de Ruiseñada. La casa le ha costado a Arnaldo Otegui ciento ochenta y siete mil euros -más o menos, treinta y dos millones de las antiguas pesetas- y la empresa inmobiliaria que ha aceptado el dinero del sinvergüenza está muy satisfecha con la operación. Cuando se confirmen los nombres y apellidos de los principales responsables y accionistas de la sociedad promotora más de uno creerá que ha leído mal y que su desatino en la lectura es consecuencia directa de la ola de calor que tanto nos agobia.

Así que Arnaldo Otegui, el portavoz de Batasuna, el defensor de la ETA, el abogado de los asesinos, el que jamás ha condenado un crimen terrorista, el separatista que pretende romper el mapa y la Historia de España con la colaboración de las pistolas y las bombas cobardes, ha invertido treinta y dos millones de pesetas para vivir en la tierra que rechaza, odia, sangra y humilla. Sorprendente inversión. Quizá el dinero venga de eso que llaman los sinvergüenzas y los tibios «impuesto revolucionario».

Pero lo más triste del caso nace en las palabras de la nueva alcaldesa de Comillas, María Teresa Noceda, que pertenece al Partido Regionalista Cántabro y gobierna gracias al pacto con el PSOE, partido del que no puede considerarse lejana. Me ha decepcionado la alcaldesa, que parecía una luz después de tantos años de sombra municipal. Su respuesta a la pregunta del periodista, además de cursi, es cobarde. Y siento en el alma tener que escribirlo y decírselo.

«Otegui es un ciudadano europeo que puede adquirir una casa donde quiera». La señora Noceda considera que el europeísmo de Otegui es especialmente respetable. No se atreve a decir -de ahí la cursilería- que Otegui, como ella y como quien firma este artículo, es europeo por ser español. Quizá a la señora Noceda no le parezca digno de precisión este pequeño detalle. Ni que Otegui, el ciudadano europeo, sea el cabecilla político de una banda terrorista que ha asesinado a mil ciudadanos inocentes, entre ellos algún vecino de Comillas. Y tiene razón la señora Noceda cuando afirma que Otegui puede comprarse una casa donde quiera. Pero le ha faltado a la señora alcaldesa de Comillas el coraje suficiente para expresar en público que la vecindad de un ciudadano europeo de esa calaña, a ella, como alcaldesa y como vecina de Comillas, le procura un rechazo y una repugnancia especial. Y eso, señora Noceda, se llama miedo políticamente correcto, cobardía institucional y «canguis» cívico. Y con todo el respeto que merece su persona y su cargo, me siento obligado a recomendarle, desde mi amor por Comillas y su gente, un aliento de valentía y sinceridad. Y aunque no sirva para nada, recordarle que los Ayuntamientos, bien por mayoría simple simple o absoluta, tienen la potestad de nombrar a un ciudadano europeo como Otegui persona no grata en sus municipios. Porque el ciudadano europeo que usted acepta en su villa sin mostrar preocupación alguna es cabeza de una banda terrorista que la Unión Europea reconoce como tal. O sea, menos «europeísmo» paleto, más claridad, menos pasteleo y más atención a la dignidad de Comillas. El ciudadano europeo que tan europeamente usted eurorrespeta es un eurocanalla muy difícil de euroigualar. Lo siento, porque usted me parece una persona muy decente. Pero excesivamente asustada.

EL PSOE ASUME SUS TESIS NACIONALISTAS
Preocupación en el PP por la ofensiva de Maragall y Elorza para arruinar el Pacto Antiterrorista
Libertad Digital  10 Agosto 2003

Ambos comparten objetivos: son contrarios al Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo y pretenden una reforma de los Estatutos y la Constitución que de respuesta a sus ansias federalistas, de uno, y vasquistas, de otro. Ya tienen el respaldo de Ferraz para acercarse al nacionalismo.

El presidente del PSC y el alcalde de San Sebastián no han ahorrado críticas al Pacto Antiterrorista entre PSOE y PP, tampoco a la Ley de Partidos, apoyada por los socialistas en el Congreso, que permitió la ilegalización de Batasuna. La estrategia que el PSOE había mantenido hasta ahora chocaba con Maragall y Elorza, partidarios de un acercamiento al nacionalismo. Ahora, asumidas sus tesis por Ferraz, comienza a dar sus frutos la campaña que, con el apoyo de Prisa y sus columnas en El País, habían lanzado Maragall y Elorza.

El primer paso ya se ha dado: la deriva nacionalista es un hecho. El resto, están sobre la mesa: el acercamiento al PNV se pretende con el “plan alternativo” al de Ibarretxe y la reforma de los Estatutos y la Constitución será uno de los ejes principales de la campaña electoral del PSOE en Cataluña. A esto se une la actitud de los socialistas navarros, que en un acto de desobediencia consentida, pactaron el gobierno de varios ayuntamientos con partidos nacionalistas e independentistas.

PNV e IU aplauden el giro nacionalista del PSOE
El PP no ha pasado por alto que todas estas circunstancias no hacen más que debilitar el Pacto Antiterrorista. Pese a que Zapatero insiste en que no hay motivos para replantearse el acuerdo, los populares temen que el líder del PSOE se vea arrastrado por esa deriva nacionalista. De hecho, el coordinador de Participación y Acción Sectorial del PP, Eugenio Nasarre, ha vuelto a advertir a los socialistas que la propuesta de estudiar una actualización del Estatuto de Guernica es “irresponsable” y no responde al “espíritu” del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo que mantienen PP y PSOE.

Desde el PNV aplauden el giro del PSOE mientras que IU, a través de su líder en el País Vasco, Javier Madrazo, insiste en que los socialistas deben romper el Pacto Antiterrorista para dejar de ser “rehenes” del PP.

El PSOE abronca a los críticos y se define a mitad de camino entre el PNV y el PP
Libertad Digital  10 Agosto 2003

El PP y el PSOE se oponen al Plan Ibarretxe, pero de forma diferente: mientras el PP busca formar un "frente común" con los socialistas, desde el PSOE definen su posición desde la equidistancia y Carmen Chacón abronca a los partidarios de la unión con el PP, como Rosa Díez. El comunista Madrazo pide al PSOE que rompa el Pacto Anti-ETA.

El plan secesionista del lehendakari, Juan José Ibarretxe, pondrá al País Vasco al borde de la quiebra económica, según ha explicado el catedrático Mikel Buesa, de la Universidad Autónoma de Madrid. Buesa ha echado las cuentas y, en los Cursos de Verano de El Escorial, ha explicado que que, como poco, el futuro “Eusko-Rico” de Ibarretxe tendrá que pagar unos 1.500 millones de euros para financiar su nueva administración como “estado libre asociado” y que, además, el paro repuntará del 9 al 19 por ciento y los costes empresariales se multiplicarán. Por supuesto, el PNV se calla todos estos dramáticos efectos económicos del Plan Ibarretxe, como denuncia Mikel Buesa, mientras sigue agitando su plan como el único proyecto de futuro válido para el País Vasco. (Ampliación)

Mientras, desde el Partido Socialista del País Vasco se ha abierto una campaña para que simpatizantes y militantes aporten ideas para formalizar un proyecto alternativo al Plan Ibarretxe, que contemple dar más autonomía a la Comunidad Vasca dentro de los límites del Estatuto de Guernica y de la Constitución, aunque el PSOE no descarta acometer la reforma constitucional para ampliar dichas competencias, según el Proyecto para España acuñado por José Luis Rodríguez Zapatero al dictado de Pasqual Maragall. En este contexto, algunos críticos del Partido Socialista, como Rosa Díez o los partidarios del destituido Nicolás Redondo Terreros, critican el Plan Ibarretxe abiertamente y piden a su partido que se alíe nuevamente con el PP para hacer un frente común contra dicho proyecto. En el mismo sentido se ha expresado el presidente del Partido Popular del País Vasco, Carlos Iturgaiz.

Por su parte, el secretario de Política institucional del PSOE y secretario general de los socialistas alaveses, Javier Rojo, ha dejado muy claro que su partido “no va a ser tibio” en contra del Plan Ibarretxe, pero sin embargo ha exigido al PP que “nos dejen en paz, porque no vamos a ir a sus posiciones”. En una línea muy similar, la secretaria federal de educación del PSOE y miembro de la Ejecutiva, Carmen Chacón, a quien le ha tocado esta semana protagonizar las ruedas de prensa de su partido, ha dicho que el Plan Ibarretxe es “inaceptable” pero, a continuación, ha expresado su “extrañeza” por el hecho de que algunos miembros del PSE, como Rosa Díez o los partidarios de Nicolás Redondo Terreros, hagan declaraciones “que siempre están en consonancia con aquello que dice y que quiere el PP”. (Ampliación)

Desde el punto de vista de Javier Rojo, el PP intenta “confundir” y “asustar” a la opinión pública, porque “ni el PSE va a apoyar el Plan Ibarretxe, ni va a pasar absolutamente nada, porque la Constitución y el orden legal que tenemos funciona y no lo va a permitir”. Según el secretario de los socialistas alaveses, el PSE no va a formar un “frente” común en contra de la propuesta del lehendakari, para definir a continuación que la postura de su formación será la equidistancia entre el PP y el PNV. Según Rojo, PP y PSOE “hemos legislado conjuntamente sobre la Ley de Partidos, sobre el cumplimiento íntegro de las penas, para dar más garantías constitucionales a lo que está pasando y tenemos el pacto contra el terrorismo y por las libertades, pero de ahí a sostener que somos iguales hay mucho terreno”. (Ampliación)

En este sentido, el coordinador de Izquierda Unida en el País Vasco, Javier Madrazo, ha sido de nuevo el más radical al observar la fisura que se ha abierto entre el PP y el PSOE al definir sus respectivos proyectos para España. Según Madrazo, lo que tiene que hacer el PSOE es “romper” el Pacto por las Libertades y contra el terrorismo, ya que se está convirtiendo en un “rehén del PP”. Desde su punto de vista, el PSOE también tendría que sumarse al proyecto de “federalización” que su partido presentará el próximo mes de octubre, se supone que como alternativa al Plan Ibarretxe. A juicio de Madrazo, si el PSOE se sumara a su proyecto, podría “volver a recuperar sus señas de identidad”. (Ampliación)

El TSJ del País Vasco permite una marcha proetarra, prohibida por Balza
El PP considera «un escándalo y una irresponsabilidad que se permita una convocatoria de ETA». El parlamentario de SA Arnaldo Otegi aplaude la decisión del Tribunal
ABC 10 Agosto 2003

BILBAO. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha decidido permitir la manifestación que, convocada por la izquierda abertzale, recorrerá hoy varias calles de San Sebastián bajo el lema «No al apartheid-Autodeterminación». La Consejería de Interior del Gobierno vasco había decidido prohibir la marcha, que contó con el respaldo público de la ilegalizada Batasuna, por medio de ex ediles y parlamentarios de esta formación. El departamento que dirige Javier Balza no permitió la manifestación tras escuchar al ex concejal donostiarra de Batasuna Iñigo Balda y a la parlamentaria de Sozialista Abertzaleak Araitz Zubimendi respaldar públicamente la mancha. Interior recordaba en la prohibición que Baltasar Garzón, en autos dictados el 26 de agosto y el 6 de septiembre de 2002, señala que Batasuna, EH o HB no pueden celebrar actos públicos. La convocante de la marcha, Ainhoa Iñigo, presentó el pasado viernes un recurso contencioso-administrativo en materia de reunión y manifestación contra la prohibición de Interior.

Tras una vista celebrada ayer en el Palacio de Justicia de Bilbao ante la Sala de Vacaciones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la prohibición de la Consejería quedó revocada, según los jueces, porque no está ajustada a Derecho. La Sala de Vacaciones está presidida por el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Manuel María Zorrilla, y formada por los magistrado Enrique Torres y Manuel Díaz de Rábago. La Fiscalía pidió que se anulara la resolución de la Consejería vasca de Interior, al considerar que no había prueba alguna que demostrara que la convocante de la marcha fuera la formación ilegalizada y no una ciudadana particular llamada Ainhoa Iñigo. Considera, asimismo, que el Departamento que dirige Balza no ha podido acreditar que la marcha pudiera provocar alteraciones del orden público y riesgos para las personas y los bienes, por lo que no se podía vulnerar un derecho como el de manifestación.

La decisión ha causado gran malestar en los partidos constitucionalistas. El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, aseguró que es «un escándalo y una irresponsabilidad» que se celebre esta manifestación. «Lo que está claro es que mañana \ ETA se va a manifestar impunemente por las calles de San Sebastián», dijo, convencido de que asistirán a la marcha «los que pusieron las últimas bombas en Alicante, en Santander o en Lejona, así como los que vitorean a los criminales y a los pistoleros». «La manifestación servirá para darle más cancha a ETA», lamentó el dirigente popular. De la misma opinión se mostró Rodolfo Ares, portavoz parlamentario del PSE, quien consideró «evidente» que la manifestación ha sido convocada por «los herederos de Batasuna». Ares aseguró que la decisión de Interior era correcta y cumplía la Ley.

Para el portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, la decisión de los jueces «deja en el más estrepitoso de los ridículos políticos» a la Consejería de Interior. Acusó al Ejecutivo vascos de «generar más crispación y enfrentamiento».

Galleguidad (II)
José Luis Alvite La Razón 10 Agosto 2003

A la derecha gallega se le atragantó tradicionalmente la lengua autóctona, que durante un largo periodo histórico se consideró un recurso de mal gusto impropio de las clases acomodadas. En sus momentos de mayor altura artística, daba la impresión de que incluso el Ballet Gallego de Rei de Viana bailaba en castellano. Sólo un reducido grupo de intelectuales afrontó históricamente la penosa tarea de reivindicar el idioma como un ingrediente de la personalidad cultural gallega antes de que del resurgimiento se hiciesen cargo los nacionalistas del 68, que tuvieron el acierto de resucitar el orgullo de la lengua aunque cometieran el error de convertirla en un proyectil. En el tardofranquismo lo que se hablaba no era el gallego sereno, erudito y emocional de Pedraio o de Blanco Amor, sino un lenguaje agresivo cuya sonoridad parecía a mitad de camino entre Saraiva de Calvalho y la artillería soviética.

En su honesta intención de rescatarla de las cunetas, los nacionalistas metieron la lengua gallega en las pancartas, que a menudo no son otra cosa que el sudario de las ideas. Para no quedarse al margen del renacimiento cultural gallego, la derecha se sacó luego de la manga un galleguismo electoralista en el que el mayor peso cultural no lo constituye una nómina de intelectuales adictos, sino el menú populista de la romería de Monte Faro. A la derecha se le fue la mano, como le ocurre siempre con sus apariencias, y ahora resulta que, para librarse del complejo histórico de su lucha contra 1a lengua gallega, en la televisión gubernamental, incluso, se doblan al gallego los culebrones venezolanos.

Soy de los que opina que se puede ser gallego en cualquier idioma, incluso si eres Juan Pardo o Julio Iglesias, que se expresa en un gallego más fácil de entender para un búlgaro que para un lucense. En el lado opuesto, sectores del nacionalismo de pancarta se resisten a considerar gallego a Valle Inclán porque escribió en castellano, aunque admitan la galleguidad del bocio, que no es una manera de escribir, sino una patología.

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