AGLI

Recortes de Prensa     Martes 12 Agosto  2003
Del desafío nacionalista a la deriva socialista
Jaime Ignacio del Burgo La Razón 12 Agosto 2003

TSJPV: ¿Garantismo, parcialidad... o coacción
EDITORIAL Libertad Digital  12 Agosto 2003

La sombra de la prevaricación
Lorenzo Contreras La Razón 12 Agosto 2003

Ayudas al delito
Editorial Heraldo de Aragón 12 Agosto 2003

...y ella sola se murió
Editorial La Razón  12 Agosto 2003

¿Qué hará el Tribunal Superior vasco
Germán Yanke Libertad Digital  12 Agosto 2003

Incompetencia o mala fe
Editorial EL PAÍS  12 Agosto 2003

Los jueces vascos son responsables
Antonio Martín Beaumont La Razón 12 Agosto 2003

Más Estatuto
ANTONIO ELORZA  El Correo 12 Agosto 2003

Construcción nacional vasca
Nota del Editor 12 Agosto 2003

Maruri
Cartas al Director El Correo 12 Agosto 2003

Acción y reacción judicial
Editorial El Ideal Gallego 12 Agosto 2003

Los tribunales
Ramón Pi El Ideal Gallego 12 Agosto 2003

Crece la indignación contra los magistrados que autorizaron la marcha proetarra de San Sebastián
Diego Mazón - Madrid.- La Razón 12 Agosto 2003

Del desafío nacionalista a la deriva socialista
Jaime Ignacio del Burgo es diputado por Navarra y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular La Razón 12 Agosto 2003

El Partido Socialista fue pieza clave del consenso constitucional de 1978. Desde la desaparición de UCD, los socialistas recogieron el testigo de la Constitución. Felipe González manifestaba con frecuencia su orgullo por dirigir al único partido capaz de garantizar la cohesión de España. Su presencia homogénea en todas las comunidades españolas le permitía hacer frente con éxito a cualquier embate nacionalista.

Manuel Fraga, ponente de la Constitución en nombre de Alianza Popular, votó a favor de la Constitución. Hizo, es cierto, una reserva sobre el título VIII y el reconocimiento de las «nacionalidades» y anunció una futura reforma constitucional en el caso de alcanzar el poder. Pero todo cambió desde la llegada de Aznar para dirigir el nuevo Partido Popular, fruto de la refundación de AP y la integración en él de los partidos democristianos y liberales de la Coalición Popular.

Al asumir desde un principio el espíritu de la UCD, Aznar sentó con toda claridad y sin reserva alguna la inequívoca adhesión del Partido Popular a la Constitución española. Por eso, cuando en el actual debate político se recuerda el pasado «anticonstitucional» del PP se falta a la verdad.

En 1992, el PSOE y el PP firmaron un pacto para el pleno desarrollo autonómico de las Comunidades llamadas de «vía lenta», es decir, las constituidas al amparo del sistema ordinario de acceso al autogobierno del artículo 143. Ninguna reticencia, pues, sobre el título VIII. Todo lo contrario.

Por otra parte, la identidad de objetivos en la lucha contra el terrorismo condujo a ambos partidos a rechazar el pago de cualquier precio político para alcanzar la paz. De esta forma se demostraba la fortaleza del Estado constitucional frente a cualquier intento de romper la unidad de España.

La llegada de Aznar a la Moncloa supuso un extraordinario impulso para la culminación del proceso autonómico. El pacto de 1992, paralizado por los socialistas, quedó desbloqueado. En la actualidad, desde el punto de vista competencial ya no existen diferencias entre las diversas Comunidades Autónomas, salvo las derivadas del hecho cultural (existencia de una lengua propia), la foralidad histórica o la insularidad. España es hoy uno de los países más descentralizados en términos políticos del mundo. Es la verdad.

Incluso en el terreno tributario, donde los Estados son más celosos de su soberanía, se ha producido una auténtica revolución durante el gobierno del Partido Popular. El vigente acuerdo de financiación autonómica, aprobado por unanimidad por todas las Comunidades Autónomas de régimen común de cualquier signo político, ha pulverizado el viejo principio del poder originario estatal en materia tributaria. La fiscalidad no es ya cuestión sólo del Estado, pues los poderes regionales juegan en su definición un papel determinante, dentro a su vez de las limitaciones impuestas por formar parte de la Unión Europea.

Hoy nadie tiene duda alguna acerca de la naturaleza de la cuestión vasca. No se trata de mayor o menor autonomía, de más o menos autogobierno. El horizonte final del nacionalismo vasco de todo signo (y muchos han tardado veinticinco años en comprenderlo) es la secesión. Por eso, cuando parece vislumbrarse el fin del terrorismo de ETA y, por tanto, de la liberación de la sociedad vasca, el PNV ha decidido apretar el acelerador y ha planteado un auténtico desafío al orden constitucional para reivindicar las pretensiones históricas del nacionalismo fundado por el espíritu xenófobo y racista de Sabino Arana.

Sorprendentemente, el nacionalismo catalán ha decidido emprender idéntico camino. La propuesta formulada por Convergencia y Unión para un «nuevo Estatuto nacional de Cataluña», donde se pretende dar cobertura constitucional al nacimiento de una nación catalana soberana, titular del derecho de autodeterminación, dotada de casi todas las características propias de la estatalidad, es un calco ¬algo más suave en cuanto al desarrollo de un posible proceso de secesión¬ del proyecto de Ibarreche para la constitución de la Comunidad Libre Asociada del País Vasco.

Se nos había casi olvidado, pero estaba viva y ahora se perciben sus frutos. Me refiero a la «Declaración de Barcelona» de 1998 suscrita por CiU, el PNV y el Bloque Nacionalista Gallego. Aquélla no fue una mera reunión de amigos para tomar café. Allí se decidió una estrategia conjunta para desarrollar sus respectivos planes soberanistas, dejando la puerta abierta a la secesión por si alguna vez se ablanda la UE y permite al Estado escindido permanecer en ella. La Ley de Partidos provocó el distanciamiento de los nacionalistas catalanes respecto al PNV, pero en julio de 2002 Pujol e Ibarreche fumaron la pipa de la paz para a continuación declarar la guerra política al PP. Desde entonces ha subido el tono de las acusaciones y descalificaciones: el PP practica una política autoritaria, España vive un proceso de regresión autonómica y el Gobierno tiene una concepción contraria a la Constitución por negarse a reconocer la existencia de la realidad plurinacional del Estado. Era la fase de calentamiento de motores para preparar la ruptura del consenso constitucional previa expedición del certificado de defunción de la Constitución y de los respectivos Estatutos.

Los nacionalistas saben muy bien de la imposibilidad de llevar a cabo sus planes con un Gobierno popular sólidamente apoyado en su mayoría absoluta. Sueñan con el descalabro del Partido Popular en las elecciones de 2004. Por eso decidieron demorar el debate parlamentario de las propuestas soberanistas ¬no su presentación¬ hasta después de las elecciones. Entre tanto, se dedicaron a cortejar al PSOE.

Resulta penoso comprobar la facilidad de la entrega del equipo de Zapatero. Anasagasti, imprudente, reveló una conversación mantenida con Zapatero al término del último Debate sobre el Estado de la Nación: Mi primera actuación en la Moncloa, vino a decirle el dirigente socialista, será tender la mano al PNV. También ha enviado señales al nacionalismo catalán. No sólo por el apoyo a las tesis de Maragall, sino por venir éste acompañado por el anuncio de una actitud de «generosidad» con Cataluña.

Alentados por esta actitud de Zapatero, radicalmente distinta a la mantenida por sus antecesores ¬Borrell y Almunia¬, Maragall en Cataluña y Elorza e incluso el propio Pachi López en el País Vasco no dudan en fustigar al PP. Lo último ha sido la imputación formulada por Maragall a Aznar de poner nada menos que en peligro la convivencia democrática en España. Como si defender la validez de la Constitución y los Estatutos como fórmula de convivencia de futuro fuera algo reaccionario o fascista y representara algo así como una resurrección del franquismo.

Veremos cómo en la próxima campaña de las elecciones catalanas las palabras gruesas se dirigirán contra el Partido Popular. Ocurrió lo mismo en las elecciones forales vascas. Se utiliza un argumento miserable: mientras gobernaron los socialistas, el nacionalismo se mantuvo fiel a la Constitución; en cambio, desde la llegada al poder de Aznar, el consenso se resquebraja a causa de la exacerbación del «nacionalismo español» practicado por el PP.
Se cumple así la profecía de Arzallus en 1998: «Estoy seguro de que el día que el PSOE vuelva al poder y necesite votos se olvida de la Constitución y se apoya en el que pueda para gobernar».

TSJPV: ¿Garantismo, parcialidad... o coacción?
EDITORIAL Libertad Digital  12 Agosto 2003

La manifestación que, por medio de un testaferro –Ainhoa Iñigo–, ETA-Batasuna convocó el domingo, se desarrolló conforme a lo que cabía esperar: vivas a ETA y sus pistoleros, proclamas secesionistas y ultrajes a la bandera de España –el símbolo que representa todo aquello que los nacionalistas (“moderados” o “radicales”) quieren erradicar: la libertad, la democracia y el pluralismo político–, todo ello “amenizado” y coordinado por Arnaldo Otegi, el líder del ilegalizado brazo político de ETA y dos encapuchados, en representación de la banda terrorista. Tan evidentes eran las intenciones de los convocantes en la sombra que Javier Balza, consejero de Interior del Gobierno vasco, no tuvo más remedio que prohibirla, en cumplimiento de lo dispuesto por la Audiencia Nacional, cuyos autos prohiben los actos, concentraciones o manifestaciones de la coalición HB o EH y sus sucedáneos o sucesores.

Sin embargo, el TSJPV, haciendo gala de un “impecable” garantismo e imparcialidad, anuló, de acuerdo con el fiscal, la disposición de Balza a petición del abogado de la testaferro de ETA-Batasuna y autorizó la manifestación, argumentando que Ainhoa Iñigo no tenía relaciones evidentes con el conglomerado etarra; aun a pesar de que, previamente, los portavoces de ETA y sus aledaños, se apresuraron a apoyar y “recomendar” la asistencia a la mascarada. Un garantismo e imparcialidad que, por desgracia, el alto Tribunal vasco no exhibió en el reciente asunto del procesamiento de los miembros de la mesa del Parlamento Vasco, Atutxa, Knorr y Bilbao, que se niegan a disolver el grupo de SA, clon de la ilegalizada Batasuna.

Manuel Zorrilla, presidente del TSJPV, Manuel Díaz de Rábago y Enrique Torres, los magistrados de la Sala de vacaciones del TSJPV que decidieron dar luz verde a la manifestación proetarra, fueron los mismos que votaron en contra del procesamiento de Atutxa, Knorr y Bilbao. Y fue también Manuel Zorrilla quien, saltándose la normativa vigente en lo relativo a constitución de Salas especiales, nombró para la Sala de la Discordia que tenía que decidir sobre el procesamiento de Atutxa y sus compañeros de Mesa precisamente a Manuel Díaz de Rábago y a Enrique Torres. El CGPJ tuvo que anular recientemente la decisión de Zorrilla y el auto de no procesamiento de la Sala que éste nombró. Fue Manuel Díaz de Rábago, presidente en funciones del TSJPV el pasado septiembre, quien se opuso a que las instituciones judiciales organicen actos de condena contra el terrorismo, pretextando que los jueces no debían tomar parte en “actos de condena, rechazo o repudio de aquellas actuaciones que ocurren en la vida social y que luego van tener que juzgar”; pues, según él, ello “no se corresponde a lo que tiene que ser la imagen de necesaria imparcialidad del poder judicial". Y fue también Manuez Zorrilla quien denegó el uso de las instalaciones del TSJPV para la entrega del premio Carmen Tagle, “por razones de oportunidad”.

Con estos precedentes, se diría que, para el TSJPV, nunca es oportuno ni conveniente dictar autos o disposiciones que pudieran lesionar los intereses del nacionalismo “moderado” o “radical”, mientras que siempre es oportuno y ponderado dar vía libre a los fraudes de ley de los que, constantemente, el PNV y ETA-Batasuna se sirven para lograr sus fines. Pues es evidente, incluso para el más lego en materia jurídica, que la convocatoria de la manifestación por parte de ETA-Batasuna a través de un tercero reviste todas las características de un fraude de ley con el que la banda terrorista pretendía y ha conseguido sortear la prohibición de convocar actos públicos que pesa sobre Batasuna y sus sucedáneos.

La decisión del TSPV, enmarcada en su trayectoria de los últimos meses, hace sospechar que, o los miembros del Tribunal simpatizan con las tesis del nacionalismo “moderado” y “radical”, o bien la presión nacionalista o las amenazas de ETA-Batasuna les impulsan a adoptar esa actitud. Sea como fuere, el CGPJ –que, como hemos señalado antes, tuvo anular recientemente la composición de la Sala de la Discordia que decidió Zorrilla–, debería tomar cartas en el asunto y ocuparse directamente de garantizar que, en el futuro, las decisiones del TSJPV estén libres de toda sospecha de parcialidad o mediatización. Iguales medidas cabría esperar de la Fiscalía General del Estado, que debería instar inmediatamente al fiscal del TSJPV –que también dio luz verde a la manifestación proetarra– para que investigue y solicite el procesamiento de Otegi por apología y enaltecimiento del terrorismo y por ultrajes a la bandera, delitos que cometió a plena luz del día y en presencia de las cámaras de los medios de comunicación.

La sombra de la prevaricación
Lorenzo Contreras La Razón 12 Agosto 2003

La izquierda abertzale, vinculada con la ilegalizada Batasuna, ha podido desarrollar «su manifestación» en San Sebastián, bajo el lema «no apartheid-autodeterminación» gracias a la autorización de la Sala de Vacaciones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y contra la prohibición del Gobierno de Vitoria. 0 sea, el consejero Javier Balza ha sido desautorizado porque los argumentos de «la convocante» de la manifestación eran atendibles y porque la fiscal que entendió del asunto propuso anular la prohibición gubernativa a fin de evitar que se conculcara «un derecho fundamental» como el de manifestarse. El diario «Gara», órgano oficioso del independentismo proetarra, decía en su editorial del domingo, con inocultable satisfacción: «La manifestación debiera finalmente realizarse (...) con total normalidad». Y, en efecto, se realizó, pero no con «total normalidad», ya que hubo apología de ETA y quema de una bandera española, aparte de otras exhibiciones verbales en las que también debería intervenir la Investigación fiscal.

El Tribunal Superior, presidido por el magistrado Manuel María Zorrilla, alma gemela del rector de la Universidad del País Vasco, Manuel Montero, optó por no complicarse la vida. Sabía perfectamente lo que iba a suceder, lo que se iba a gritar y las apologías que se iban a producir. Todo ello fuera de la legalidad y, por consiguiente, dentro de la «normalidad» a que nos tiene acostumbrados el abertzalismo batasunero. Si la autorización correspondiente, en un marco tan previsible, no es dictar una resolución injusta a sabiendas y, por tanto, una prevaricación, ya dirán los expertos de qué se trata.

Ha sido conmovedora la resignación con que el Gobierno vasco y Balza en particular han aceptado la resolución del TSJPV. Resignación, alivio y probable aplauso íntimo, sólo íntimo, porque eso sí, nadie se arrodilla a su gusto o, por lo menos, procura que no se le note demasiado. La sinergia que se opera en las actividades de los dos independentismos, el del «plan» y el de la violencia, es maravillosamente obvia. El señor Otegui, portavoz de la «extinguida» Batasuna, ha disimulado esta convergencia de líneas. En víspera de la manifestación no sólo alabó la decisión judicial que deja «en el más absoluto ridículo político» al Gobierno del señor Ibarretxe, sino que describió al Ejecutivo vasco como «el alumno aventajado de Madrid en el objetivo de masacrar a la izquierda abertzale».

Ya quisiera «Madrid» tener un alumno tan ejemplar. El Gobierno de Vitoria acaba de expresarse a través del presidente del PNV en Guipúzcoa: la desautorización judicial fue la mera «rectificación de una decisión administrativa».

Ayudas al delito
Editorial Heraldo de Aragón 12 Agosto 2003

La quema pública, entre vivas a ETA, de la bandera española en San Sebastián, como fin de un acto autorizado por el Tribunal Superior vasco, es un acto degradante, pero previsible. ¿Quién debe dar cuentas de ese ataque a la libertad?

El consejero vasco de Interior prohibió la manifestación del domingo en San Sebastián, por ser un acto de Batasuna, como todo el mundo sabía. Pero, a diferencia de otras veces, no porque previese actos criminales. La voluntaria ingenuidad del político nacionalista, al abstenerse de señalar la probabilidad de delitos -la habitual apología del terrorismo-, dio pie a que un fiscal y tres jueces amparasen un acto que concluyó como de costumbre: con comisión pública de delitos, incluidos vivas a ETA "militar". Tan escrupuloso rigor explicaría también que, puesto que nadie preveía formalmente nada ilegal, no se habilitasen medios para detener a los delincuentes. En suma: quien prohibió el acto y quienes lo autorizaron dieron la apariencia de querer ignorar en qué sociedad viven... o de saberlo demasiado bien. En tierra vasca hay una sola clase de segregación inhumana: la que veja, aterroriza y asesina a los no nacionalistas. Ver a los batasunos condenar el "apartheid" evoca los discursos de los matones del Ku Klux Klan que se decían víctimas de los negros semiesclavizados a los que asesinaban.

La decisión judicial, fundada en la astucia leguleya de Balza y seguida del significativo silencio del Gobierno de PNV, EA e IU, si sienta precedente, puede restaurar la toma de la calle por los partidarios del terror. Una manifestación -en todas las suyas sucede- que vitorea y exculpa a ETA, cuyo método es el crimen, opone sin más el derecho de manifestación y el derecho a la vida. Algo que no han querido considerar ni el consejero ni los jueces. Preguntarse si era previsible sitúa en su justo punto las responsabilidades añadidas en este deplorable caso de grave escarnio de la libertad y el derecho.

...y ella sola se murió
Editorial La Razón  12 Agosto 2003

El problema de lo ocurrido el domingo en San Sebastián, cuando una manifestación convocada por los herederos de Batasuna derivó, como era previsible, en un acto de exaltación del terrorismo, es que trasluce un doble juego con la Ley. Todo huele a trampa y a excusas de leguleyo, a un mal disimulado retorcimiento del espíritu de la legislación, pero, eso sí, perfectamente justificado en los propios códigos de la democracia española.

Desde un punto de vista formal, será difícil reprocharle nada a la Sala de Vacaciones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que en audiencia urgente resolvió que se autorizara una manifestación que había sido prohibida por el departamento de Interior del gobierno autónomo vasco. Para hoy se espera que el tribunal haga público un auto con los fundamentos jurídicos de su decisión que, seguramente, no deparará grandes sorpresas.

Porque no era la primera vez que se representaba esta situación de conflicto, a modo de farsa escénica, entre policías y jueces. Es sencillo. El departamento de Balza prohibe una manifestación basándose en los autos dictados por la Audiencia Nacional que impiden los actos, manifestaciones o concentraciones de Batasuna y sus organizaciones herederas. A continuación, los jueces rechazan la decisión de Interior porque la manifestación ha sido convocada por una persona particular, a título individual y sin vinculación conocida con los grupos deslegalizados. Sólo en una ocasión, el gobierno vasco argumentó razones de seguridad, ya que el convocante se negaba a que efectivos policiales garantizaran el orden público, y, efectivamente, los jueces confirmaron la prohibición de la marcha.

Con estos precedentes, no nos queda más remedio que estar de acuerdo con las apreciaciones de Eduardo Uriarte que, en nombre de la Fundación para la Libertad, expresa su sospecha de que hay doble intención en las actuaciones del departamento de Balza, puesto que no se entiende de otra forma el que haya planteado una argumentación desestimada por el Tribunal en otras ocasiones.

Ahora, el mal está hecho. La manifestación se convirtió en un acto de apología del terrorismo con el insulto añadido del ultraje a la bandera española. La fiscalía de la Audiencia Nacional ha puesto la correspondiente denuncia ante los tribunales con lo que da comienzo un largo proceso de dudoso final. Pero, en el País Vasco, todos tienen garantizada su excusa. El gobierno autónomo porque prohibió la marcha. Los jueces porque hicieron prevalecer el derecho de manifestación frente a una decisión ejecutiva jurídicamente mal argumentada. Como reza el refrán: «entre todos la mataron y ella sola se murió».

¿Qué hará el Tribunal Superior vasco?
Germán Yanke Libertad Digital  12 Agosto 2003

Nos cuentan ahora que la Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha querellado contra quienes, como era fácil de prever, utilizaron la manifestación batasuna del domingo para cometer delitos. La paradoja jurídica hace que, entre las instrucciones a la Policía Autónoma Vasca para identificar a los querellados, se incluya la identificación de quien solicitó el permiso, como si sus colegas del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no hubieran tenido nada que ver en el asunto, o no hayan sido capaces de averiguar quién pedía permiso y quién estaba detrás.

Pero algunos de los que dieron vivas a ETA, quemaron la bandera de España y demás son, aunque pertenecientes a una banda ilegal, “aforados” por tener representación en el Parlamento Vasco. De que cometieron delitos no hay duda y parece que tampoco de que, por la condición citada, puedan ser procesados por tribunal distinto al Superior del País Vasco.

Veamos ahora si estos jueces reconocen, al menos, que metieron la pata, que su sumisión al ambiente nacionalista no puede estar por encima de la ley y si, a pesar de haber autorizado la manifestación en un auto indignante, inician ahora el procesamiento de quienes, amparados por esa decisión, se saltaron la legalidad como se saltan a diario el Estado de Derecho y los derechos mismos de los ciudadanos. Veamos.

Incompetencia o mala fe
Editorial EL PAÍS  12 Agosto 2003

El domingo tuvo lugar en San Sebastián una manifestación en la que se profirieron gritos a favor de ETA y al final de la cual tres encapuchados quemaron una bandera española en un estrado en el que el diputado Arnaldo Otegi llamó perros fascistas a los policías. Lo grave no sería que esa manifestación fuera autorizada por una discutible resolución judicial, sino que, una vez producidos los hechos, quedaran impunes. La fiscalía de la Audiencia Nacional ha interpuesto una querella por los delitos de ultraje a la bandera y enaltecimiento del terrorismo contra quienes resulten responsables de esos hechos.

La convocatoria había sido formalmente realizada por una particular sin especial significación política, pero la pública adhesión y llamamiento a participar en ella por parte de miembros conocidos de la ilegalizada Batasuna dejaba pocas dudas sobre el verdadero origen de la iniciativa. Batasuna había recurrido a la misma estratagema otras veces. El Departamento de Interior vasco prohibió la marcha invocando un auto del juez Garzón que consideraba ilegal cualquier manifestación convocada de hecho por Batasuna. Pero la prohibición fue revocada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en respuesta a un recurso. Ayer se supo que los motivos alegados por Interior para la prohibición, entre los que no figuraba la obvia sospecha de alteración del orden público, ya habían sido considerados insuficientes por el tribunal en anteriores recursos.

Es posible que los jueces hilaran demasiado fino al considerar que no había pruebas de la conexión entre la convocatoria por una particular y Batasuna, a la vista de los antecedentes. Sin embargo, entra en el marco de lo interpretable, y, tal como están las cosas en Euskadi, más vale no echar más leña al fuego y dar por buena la decisión judicial. Mucho más inquietante sería que se confirmase la hipótesis de que la Consejería de Interior no hiciera lo debido para evitar la revocación judicial de su prohibición. Porque sólo hay dos posibilidades: incompetencia o mala fe. Durante años en el País Vasco se ha tendido a calificar como "sin incidentes" cualquier manifestación en la que no se apedreasen escaparates, aunque en ellas se gritase "Gora ETA", se quemaran banderas o se amenazara abiertamente. Para evitar esa adaptación perversa a las expectativas de los terroristas y sus amigos, se modificó el Código Penal. Que se aplique.

Los jueces vascos son responsables
Antonio Martín Beaumont La Razón 12 Agosto 2003

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco es el gran responsable de que el domingo las calles de San Sebastián fuesen tomadas por los terroristas. Ver una manifestación tras una pancarta con el lema: «No al apartheid. Autodeterminación»; presidida por los parlamentarios de la ilegalizada en toda Europa Batasuna; entre vivas a ETA y con el colofón de la quema por tres encapuchados de símbolos españoles con el etarra Arnaldo Otegi escupiendo su odio con ¿qué mal huele la bandera española!, es un escándalo sin paliativos que mancha a la Justicia en general y muy especialmente a los jueces vascos Manuel María Zorrilla, Enrique Torres y Manuel Díaz de Rábago que tomaron la decisión de autorizar la manifestación prohibida inicialmente por el Gobierno vasco.

La utilización que el nacionalismo terrorista hace de la Justicia no es de recibo. Corresponde al propio Estado de Derecho tomar medidas adecuadas y contundentes para combatir tal dislate si de verdad quiere representar a los ciudadanos de paz.

Que jueces vascos actúen como instrumento político al servicio de la independencia y contra el Estado al que sirven y contra la Ley que deben aplicar es una deshonra, pero ver a esos mismos jueces amparando a quienes matan, extorsionan y jalean al terrorismo es un delito desde todo punto perseguible.

Como muy bien ha dicho el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, los que pusieron recientemente las bombas en Benidorm, Alicante y Lejona, los que vitorean a esos que ponen bombas, los criminales y pistoleros, todos esos juntos, estuvieron el domingo en la marcha de San Sebastián y los tres jueces de la sala de vacaciones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en lugar de colocarles entre rejas les dieron abrigo legal.

¿Y qué casualidad!, la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se escudó en que el consejero de Interior vasco, Javier Balza, se olvidó de alegar a la hora de prohibir la marcha el que pudieran producirse alteraciones del orden público, exaltaciones a ETA o riesgo para las personas y bienes, por lo que ¬según la representante del Ministerio Fiscal¬ no se podía vulnerar un derecho fundamental como el de manifestación.

Más Estatuto
ANTONIO ELORZA /CATEDRÁTICO DE PENSAMIENTO POLÍTICO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE El Correo 12 Agosto 2003

Tanto la historia de las revoluciones sociales como la de los grandes cambios políticos viene a probar que el éxito alcanzado por los grupos que promueven unas y otros es debido casi siempre más a la acumulación de errores y vacilaciones por parte de los encargados de organizar la resistencia que a éxitos de los promotores de la revolución o del vuelco político. Nicolás II y Luis XVI hicieron más por favorecer el fin de los respectivos antiguos regímenes que Lenin y Mirabeau o Robespierre, del mismo modo que Milosevic impulsó la destrucción de Yugoslavia con mucha más eficacia que los nacionalistas croatas o eslovenos.

Algo de esto va cobrando forma en la crisis provocada por el lehendakari Ibarretxe con la presentación de su plan soberanista. Un componente de violencia resultaba desde el principio inevitable, dada la pretensión explícita de llevarlo adelante por encima de todos los datos sociológicos relativos a las expectativas de los ciudadanos vascos y en contra de ese mismo marco legal, fijado por la Constitución y el Estatuto, gracias al que ejerce sus funciones de gobierno. Dicho de otra manera, antes o después se alcanzará un punto de no retorno en el cual la violación del orden legal vigente será tan manifiesta que el Ejecutivo de Ibarretxe pase desde entonces a convertirse en un Gobierno faccioso que pone en práctica una subversión radical de las instituciones fundamento de su propia existencia legal.

La filtración del borrador no ha hecho sino confirmar tales previsiones pesimistas, con la circunstancia agravante de que no es ya sólo el Gobierno vasco, sustituyendo a los ciudadanos vascos, el que se atribuye por decisión propia las facultades de redactar una Constitución para la CAV, sino que ello implica según el articulado el deber de subordinación para el sistema normativo y el comportamiento de las instituciones del conjunto del Estado. Así, nada menos que en la eliminación de todas las trabas que la Constitución hoy impone al establecimiento de la soberanía vasca en el plano judicial, o en «el compromiso» de proceder desde el Estado a las modificaciones en su ordenamiento que hagan posible una segregación vasca «de común acuerdo». Te quito la cartera y me das las gracias, viene a ser la filosofía de un proyecto soberanista en cuyos artículos el Estado vasco que por prudencia renuncia aún a llamarse así cuenta con la complicidad forzosa del Estado de Derecho cuya estructura se propone subvertir.

Los derechos históricos, forma mitificada de la supuesta soberanía originaria de un pueblo vasco prehistórico, que por su antigüedad de ocho mil años -Ibarretxe dixit en París- hace palidecer de envidia a Egipto y a China, son el primer agente de legitimación del golpe en curso. Una ceguera guía a otra ceguera, incluyendo el supuesto aval de la adicional primera de la Constitución para tal invocación tramposa de la historia. El segundo es un derecho de autodeterminación «reconocido internacionalmente y aprobado por el Parlamento vasco en febrero de 1990». Esto último es cierto, pero en cuanto al reconocimiento internacional de la autodeterminación en la Europa de hoy, sobradamente saben el lehendakari y sus asesores que sucede todo lo contrario, de forma especial en el recién anunciado proyecto de Constitución Europea que literalmente consagra la integridad territorial de los Estados miembros. Por otra parte, conviene advertir de que no es menos falsa la referencia a su pretensión ingenua y sincera de conocer «la voluntad de los vascos» mediante un procedimiento de autodeterminación.

A pesar de las coincidencias formales, no estamos ante una reedición del procedimiento seguido hace ocho años en Quebec, ya tramposo en su formulación al mencionar unos tratos con los restantes Estados canadienses, previos al acceso a la soberanía, cuyo resultado negativo los nacionalistas conocían de antemano. Pero en Quebec esos intentos de acuerdo en torno a la realidad diferente de Quebec con los demás habían existido, en las reuniones de Lake Meech y Charlottetown entre 1990 y 1992. Aquí el proyecto soberanista es estrictamente de fabricación propia. Y, en la misma línea, no pone sobre la mesa un referéndum de autodeterminación, que requeriría unas opciones claras y definidas ante el electorado, sino la ratificación por éste mediante plebiscito de una Constitución vasca, resultado de un proceso constituyente que ha tenido lugar de modo exclusivo en torno a la mesa del lehendakari. La manipulación y el engaño harán lo demás. No nos encontramos ante la expresión de la posible voluntad política de la sociedad vasca, sino ante la concepción política del lehendakari, derivada de sus ideas sabinianas acerca del pueblo vasco, y transformada en falso pacto o Estatuto , Constitución en realidad, con la ayuda de un equipo de juristas. Ahora se presentará a ratificación del Parlamento vasco, como si fuera un esbozo de acuerdo y no la premisa de una ruptura, y luego a un plebiscito a la sombra imaginaria de las presuntas agresiones venidas de Madrid y de la muy real del terror de ETA. Así que de procedimiento democrático, nada, a no ser que consideremos como tal la convicción central de Juan José Ibarretxe en estos momentos, y que puede resumirse como caricatura de la vieja expresión del absolutismo en un Euzkadi soy yo .

La ventaja para que semejante despropósito progrese sin demasiados obstáculos es que, en el Gobierno de Madrid, José María Aznar piensa con la misma seguridad al abordar la cuestión vasca que España soy yo . No parece equivocado suponer que la actitud, antes que los hechos, del presidente del Gobierno constituye hoy por hoy la mejor contribución al avance de las tendencias centrífugas en Euskadi y en Cataluña. Lo más grave del asunto es que, como ha probado el constitucionalista Eliseo Aja, para nada hay un retroceso autonómico provocado por un centralismo visceral. En todo caso, hay reformas pertinentes bloqueadas y en primer término un discurso siempre ofensivo que incluso cuándo el contenido es razonable en el fondo -así en el anuncio de remitir eventualmente el proyecto Ibarretxe a examen del Tribunal Constitucional- no lo es en la forma (para empezar, pobre idioma español: «Las posibilidades del plan Ibarretxe es (sic) cero», dijo y repitió Aznar). Nada de explicación, cuando hay tanto y tan fácil de explicar. Sólo ejercicio de la autoridad, justo la imagen del Estado español que Ibarretxe y Arzalluz necesitan para poner desde esa plataforma en marcha el efecto mayoría, ya ensayado en los rifirrafes en torno a la ilegalización de Batasuna y al caso Atutxa .

La agresividad contra el PSOE, desde la polémica sobre Irak al caso Madrid , ha hecho el resto, favoreciendo las tendencias dentro del socialismo a jugar una carta indeterminada, siempre que se tenga la Constitución en los labios y se acabe por decir y hacer lo contrario que el PP. Si Aznar anuncia el día, tiene que ser noche, y tan contentos. El resultado ha sido el hallazgo maragalliano de proponer a escala del Estado, y con particular referencia a Cataluña y a Euskadi, la panacea de una reforma general expansiva de las autonomías. De este modo, el PSOE otorga parcialmente la razón a Ibarretxe y a los nacionalistas catalanes, pues al parecer este Estatuto y los demás estarían agotados y los componentes de España tienen que «sentirse cómodos». De manera que si Aznar es el muro, con esta perspectiva nos adentramos en un oportunismo, pues su única racionalidad reside en preparar el terreno para alianzas poselectorales con los nacionalismos, sin que cuente el coste de tal operación para el Estado democrático.

Una cosa es el razonable propósito de avanzar hacia la federalización, partiendo de la reforma del Senado y de regular la participación de las comunidades en las instancias europeas, lo que ya marca distancias con el inmovilismo del PP, y otra bien distinta ignorar que el gran problema de Estado, que está ahí y de forma inmediata, es la amenaza de disgregación que parte de Ajuria Enea y que puede suscitar efectos miméticos en Cataluña. Pensar que resulta posible abrir aquí y ahora la caja de Pandora con las reformas de un Estatuto tras otro, dando por buenas las de Maragall sin el menor examen previo, y poniendo la carreta por delante de los bueyes para llenar la consigna de ¿Más Estatuto! , no puede tener otro efecto aquí y ahora que acentuar la convicción ya consolidada en el lehendakari de que él es el único con un proyecto político para este país. De ahí que haya sido muy pertinente la confirmación por Patxi López de la validez que a su juicio mantiene el Estatuto de Gernika. Ya era hora de que a una fuerza política constitucionalista se le ocurriese recordar y probar que el Estatuto sólo está agotado si lo dinamita la insensatez del radicalismo abertzale y, last but not least , que bajo el Estatuto, en un marco constitucional con las mencionadas reformas federalizantes, puede perfectamente avanzar la construcción nacional vasca hoy sometida a un riesgo de fractura irreversible.

Construcción nacional vasca
Nota del Editor 12 Agosto 2003

Uno ya está más que harto de la técnica de una de cal y otra de arena, y leyendo el panfleto de Elorza, "Mas estatuto", tenía la impresión de estar leyendo un editorial del Prisoe. Al llegar a la construcción nacional vasca, revienta todo, pues también hay contrucción nacional andaluza, española, vallecana, calagurritana y cómo no, la construccional nacional de cualquier persona alta o baja que anda por ahí. En resúmen, con tanta contrucción, no es raro que España vaya tan bien, aunque no lo parezca.

Ah, por cierto, la primera posibilidad del plan de Ibarreche mas la segunda posibilidad, mas la tercera, mas las que Ud. quiera, es igual a cero.

Maruri
Ignacio Martínez/Vitoria-Gasteiz Cartas al Director El Correo 12 Agosto 2003

Acaba de dimitir o abandonar su parroquia el cura de Maruri. ¿Por qué?, ¿por falta de valentía ante las amenazas de ETA? No. Por falta democracia de esos que de boca siempre están condenado a ETA, pero que en la realidad con su comportamiento antidemocrático la están abonando para que crezca más. Todo el día están repitiendo, con la boca nosotros, el nacionalismo democrático , pero con los hechos se pasan todo el día hostigando a quienes no militan en su ideología nacionalista. Aceptan a uno, mientras no exprese sus ideas disconformes. El día que las exprese está condenado. La hierba no crece bajo sus pies. Yo conocía a un valiente obispo, que se atrevió a criticar el nazismo y una avioneta vino a dejar su carga junto a su palacio episcopal. Se equivocó de lugar, y al sabio y valiente obispo no le ocurrió nada. Estos de hoy no pueden enviar un avión, porque, entre otras razones no lo tienen, pero arrojan su bomba más cruel, de efectos retardados, a base de mentiras, de aislamiento, de marginación, de falta de democracia, de odio, sobre quienes no piensan como ellos. Es el fascismo de hoy. Es curioso oír a algún político de esos que se pasan todo el día comenzando los discursos con nosotros, los nacionalistas democráticos , decir que Jaime Larrínaga no era hombre de paz, porque había tenido el valor, la osadía de expresar sus ideas distintas del nacionalismo democrático .

Acción y reacción judicial
Editorial El Ideal Gallego 12 Agosto 2003

Arnaldo Otegi, henchido porque los jueces hubiesen bendecido la manifestación proetarra del pasado domingo, se mostró tal cual es, un chulo de barrio, mientras los encapuchados quemaban la bandera española y llegó a afirmar que la enseña nacional olía mal. El portavoz de la ilegal Batasuna cometió un grave error de apreciación, pues lo más probable es que el hedor emanase de las bestias habían prendido fuego al emblema español. No se tiene noticia de animales que se perfumen cada mañana, que se echen desodorante antes de abandonar su guarida o que se duchen nada más despertarse. Por tanto, lo lógico es pensar que los “valientes” que ocultaban su rostro bajo un pasamontañas eran quienes apestaban. No obstante, la equivocación de Otegi no fue la única de la movilización, quizá ni siquiera la más importante; ese deplorable honor corresponde a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que autorizaron la marcha, prohibida previamente por el Gobierno autonómico. Es difícil que unos jueces puedan adoptar una decisión que le haga más daño a la imagen de la Administración de Justicia, ya muy deteriorada a los ojos de los ciudadanos. Ni siquiera la inmediata reacción de la Fiscalía de la Audiencia Nacional interponiendo una querella por lo delitos de enaltecimiento del terrorismo y de ultraje a la bandera lavará por completo la mancha causada por el tribunal vasco. Euskadi necesita una limpieza a fondo, pero no sólo de etarras y proetarras sino también de algunos de los jueces allí destinados.

Los tribunales
Ramón Pi El Ideal Gallego 12 Agosto 2003

La Sala de Vacaciones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco autorizó una manifestación que había prohibido el gobierno autonómico, alegando que la solicitante era una particular, y que no estaba probado que tuviera relación con la ilegal Batasuna. La manifestación acabó con un mitin de Otegui, una bandera española incendiada y gritos a favor de ETA, como todo el mundo preveía, me imagino yo que también el Tribunal, que no estará compuesto por marcianos, y hay cosas previsibles.

Los jueces es que son así. Escarmentados por las abundantes experiencias negativas y por sus tormentosas relaciones con el Tribunal Constitucional en materia de derechos fundamentales, se atienen a la interpretación más extensiva posible a favor de su ejercicio. Si luego pasa lo que pasa, que se inicien otras actuaciones.

Pero cosas de éstas no pasan sólo en España. El tribunal regional de Linz, en Austria, ha archivado un proceso contra un ciudadano que llamó “negro de mierda” a un africano, por considerar su conducta reprobable, pero ajena a los cargos de racismo y atentado contra la dignidad humana que se le imputaban. El tribunal argumenta que ese insulto no entra en el tipo preciso del racismo, que es otra cosa, y que llamarlo de ese modo puede atentar contra su honor, pero no contra la dignidad humana, porque contra ésta se atenta si se pone en cuestión el derecho a existir. El tribunal pone ejemplos: si el agresor verbal hubiera dicho “hay que gasearlos a todos”, entonces, sí; pero no dijo eso. Tenían que haberlo acusado de lo que podía ser condenado. Si lo acusaron mal, mala suerte.

Me he irritado al leer ambas noticias. Pero si me dieran a elegir entre lo que ha pasado o que los jueces se fueran plegando al discurso dominante de cada momento interpretando extensiva y aún metafóricamente las leyes, qué quieren que les diga: prefiero haberme enfadado por esto. Me dicta esta actitud un indefinible, pero muy agudo, instinto de conservación.

Crece la indignación contra los magistrados que autorizaron la marcha proetarra de San Sebastián
El Gobierno tacha de «error» la decisión y carga contra Balza porque la prohibición estaba mal formulada «a conciencia» La AVT pide que el CGPJ abra expediente a los jueces El TSJ vasco retrasa hasta hoy la explicación de sus motivos
Reacción casi unánime de indignación tras la manifestación proetarra del domingo en San Sebastián. Tanto desde los estamentos políticos como desde las asociaciones cívicas se señala a los tres jueces que la permitieron como responsables de lo sucedido en ella. Desde el Gobierno, la decisión fue calificada ayer por el ministro de Interior, Ángel Acebes, como un «error», mientras que desde el PP y el PSOE se solicitaba que asumieran responsabilidades. Más lejos llegó la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que ayer pidió al fiscal General del Estado que estudie la posibilidad de abrir un expediente por prevaricación a los magistrados de la Sala de Vacaciones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Diego Mazón - Madrid.- La Razón 12 Agosto 2003

«No se podrá decir que no sabían lo que iba a ocurrir. No sólo lo sabían sino que era absolutamente previsible». Estas palabras de la eurodiputada socialista Rosa Díez resumen el sentir general en el País Vasco tras la manifestación de San Sebastián que degeneró en un acto proetarra. La indignación contra los tres jueces de la Sala de Vacaciones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que dieron el permiso para que se celebrara la protesta es generalizada. Desde el Gobierno, Ángel Acebes, ministro de Interior, calificó ayer la decisión de «error». Por su parte, el titular de Justicia, José María Michavila, descargó sus críticas contra la Consejería de Interior del Ejecutivo de Vitoria, asegurando que «parece muy claro que la prohibición es una prohibición con trampa, sin los requisitos legales necesarios, para que se la tumben» más fácilmente. Michavila, en declaraciones a LA RAZÓN, insistió en que la prohibición estaba mal formulada «a conciencia», sin motivaciones, lo que facilitó la posterior aprobación por parte del TSJ. «Al Gobierno vasco ¬concluyó el titular de Justicia¬ le ha faltado voluntad política para prohibir la manifestación».

En la misma línea que el ministro de Justicia se expresó la Fundación para la Libertad, cuyo portavoz, Eduardo Uriarte, señaló que las negativas administrativas formuladas desde la Consejería de Interior se «hacen mal» para que cualquier abogado de los batasunos consiga ante el TSJ la autorización.

Responsabilidades
Lo primero en lo que coinciden todos es en exigir responsabilidades a los magistrados Manuel María Zorrilla, Enrique Torres y Manuel Díaz de Rábago, que componen la Sala de Vacaciones del TSJ vasco, dado que tal y como señala Gotzone Mora en representación del Foro Ermua, «estas manifestaciones van más allá de la libertad de expresión». El secretario general de los socialistas en Álava, Javier Rojo, señaló a este diario que «en cuanto alguien te solicita una manifestación y en este caso Otegui y su banda, sabes que esto va a terminar como iba a terminar. No se puede tolerar y se tiene que actuar exigiendo responsabilidades. Los jueces se han equivocado»
En la misma línea se expresó ayer el presidente del PP en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, que aseguró que «tienen que asumir responsabilidades» quienes permitieron la marcha. El líder popular añadió que «no se puede dar permiso, cuando se sabe que detrás de esos permisos está ETA y que ETA lo va a utilizar para ir en contra del Estado de Derecho y de la democracia».

Fuera del ámbito político, la Fundación de Víctimas del Terrorismo calificó lo sucedido de «tremendo» y solicitó que se reclamen responsabilidades tanto a quienes pidieron como a quienes autorizaron la marcha.

Fraude de ley
Igualmente, el Foro Ermua, y su representante Gotzone Mora, exigió responsabilidades y aseguró que ya de antemano «resultaba claro que el objetivo de la manifestación no era otro que el ensalzamiento del terrorismo». Pero esta institución fue más allá y recalcó que «lo ocurrido el domingo constituye un verdadero fraude de ley». Además, el Foro consideró, «desde un punto de vista político, que representantes de un partido ilegalizado se permitan insultar como hizo el señor Arnaldo Otegui a los representantes constitucionalistas y a las Fuerzas de Seguridad del Estado».

Por su parte, Carlos Martínez Gorriarán, representante de la plataforma cívica «¿Basta ya!», incidió en que «me parece que han entrado en un fraude legal evidente, porque ha sido dar por bueno lo que ha sido un subterfugio bochornoso y pueril», y añadió que «hacerse el tonto cuando hay una petición de Batasuna alegando que quien la solicita es una persona desconocida es un insulto a la inteligencia».

La Asociación de Víctimas del Terrorismo pidió por su parte al fiscal General del Estado y al Consejo General del Poder Judicial que estudie la posibilidad de abrir expedientes por posible delito de prevaricación a los integrantes del la Sala de Vacaciones del TSJ del País Vasco y acusaron a los jueces y fiscales del Alto Tribunal vasco de quererse mantener «al margen de la lucha contra ETA».

La mayoría de las críticas vertidas contra los tres magistrados vascos nacen de una afirmación: «Todos sabíamos lo que iba a pasar». Y partiendo de esa base, Rosa Díez aseguraba a LA RAZÓN que «es una decisión que contribuye a dar a los malos sensación de impunidad, y más que sensación, una realidad de impunidad». Es, según la eurodiputada, «una decisión que contribuye a que los terroristas se sientan seguros». Por último, apuntilló que «si toman las decisiones mediatizados por el miedo, que se marchen, porque nadie tiene por qué ser juez y además administrar justicia».

En el mismo sentido, el popular Carmelo Barrio señaló que «las consecuencias han sido las que han sido, lo que demuestra que la actuación no fue la mejor posible. Se podían haber tomado decisiones fundamentadas en el derecho que evitasen lo que ha sucedido».

El TSJ hablará hoy
El TSJ vasco notificará hoy a las partes los argumentos por los que el pasado sábado autorizó la manifestación. El sábado, el Alto Tribunal emitió un fallo de urgencia, y ayer se encontraban elaborando el texto de la resolución, con los fundamentos jurídicos correspondientes, por lo que se espera que hoy, el TSJ vasco notifique a las partes por qué autorizó la manifestación.

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