AGLI

Recortes de Prensa     Miércoles 27 Agosto  2003
Matar a un hombre...
MIKEL BUESA ABC 27 Agosto 2003

Feliz aniversario
Editorial ABC 27 Agosto 2003

Fuera de la ley
Editorial Heraldo de Aragón 27 Agosto 2003

El castigo de las urnas
JAIME CAMPMANY ABC 27 Agosto 2003

Cobarde
Román Cendoya La Razón 27 Agosto 2003

Déficit democrático vasco
Editorial El Ideal Gallego 27 Agosto 2003

Las «cosas» de Maragall
Editorial La Razón 27 Agosto 2003

A la deriva
Miguel Ángel Rodríguez La Razón 27 Agosto 2003

Los borradores de Ibarretxe
MANUEL MARÍA URIARTE ZULUETA ABC 27 Agosto 2003

Incomprensible
Editorial El Correo 27 Agosto 2003

Libre y asociado
Cartas al Director El Correo 27 Agosto 2003

Denuncian la «connivencia» entre el Ejecutivo vasco y Batasuna
ABC 27 Agosto 2003

El sueño de Pascual I
D. Mazón - Madrid.- La Razón 27 Agosto 2003

El gran aumento del «spanglish» en los EE UU confirmará que no es un fenómeno temporal
Redacción - Santander.- La Razón 27 Agosto 2003
 

Matar a un hombre...
Por MIKEL BUESA. Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid ABC 27 Agosto 2003

«MATAR a un hombre no es defender una doctrina, sino matar a un hombre». Con esta sencilla aunque extraordinariamente profunda expresión sintetizó Sebastián Castellio, en 1544, su radical crítica al que seguramente fue el primer régimen de terror de la historia moderna de Europa: el establecido en la ciudad de Ginebra por Calvino para obligar a todos sus habitantes, sin excepción, a abrazar el credo y la moral de la Reforma. Aquel Contra libellum Calvini, que su autor no logró ver nunca impreso, fue escrito como reacción al horror causado por la persecución, apresamiento, tortura y asesinato del español Miguel Servet, cuyos excesos doctrinales fueron sólo un pretexto para justificar el crimen y, a través de éste, advertir a los ginebrinos de cuáles podrían ser las consecuencias de seguir, no los dictados del régimen calvinista, sino los de su propia conciencia. Matar a un hombre es sólo matar a un hombre, concluye Castellio; y de esta manera recapitula el núcleo esencial, la verdad única, que hay detrás de la utilización del terrorismo como método para la acción política. Una verdad que no es otra que la que afirma la inocencia de las víctimas; la que señala que éstas se seleccionan, no por su culpa, sino por su susceptibilidad de ser tomadas como argumento para extender el temor sobre los demás componentes de la sociedad; la que dice que esa violencia encarna el injustificable mal ejercido por quienes, en uso de su condición humana, rechazan el reino y optan por las tinieblas.

Hoy se impone la evocación del discurso de Castellio, cuando desde Bagdad llega la noticia del atentado cometido sobre la sede de Naciones Unidas en el que han perecido Sergio Viera de Mello, su máximo dirigente, y el funcionario español Manuel Martín-Oar, junto a otra veintena de personas que para nosotros son anónimas, pero cuyo nombre debería ser siempre recordado. Hay atentados que, por las circunstancias del momento y del lugar o por la personalidad de sus víctimas, ejercen un fuerte impacto emocional. Este es uno de ellos; uno de esos en los que asoma lo mejor y lo peor de los seres humanos, y también de los dirigentes políticos; uno de los que golpean nuestro ánimo y nos impelen a reclamar la acción de la sociedad para combatir la atrocidad vivida y evitar que vuelva a repetirse.

Tuve ocasión hace pocos meses de entrevistarme con Sergio Viera de Mello y de conversar con él largamente acerca de las víctimas del terrorismo etarra en España, pues a comienzos de este año, en su calidad de comisionado por la ONU para los Derechos Humanos, se interesó en este asunto y viajó a nuestro país para conocerlo de primera mano. Aquel hombre afable, de mirada inteligente y de preguntas certeras no podía ser portador de ninguna culpa ni merecedor del final que le deparó el destino. Como tampoco lo fue el capitán de navío Manuel Martín-Oar, quien, como nos ha dicho Emilia Ripoll, su esposa, «ha muerto como él siempre había querido, en acto de servicio y ayudando a los demás». Ninguno de los dos era un combatiente. Vivían en Bagdad porque su trabajo en Naciones Unidas -la más pacífica y pacificadora de las organizaciones internacionales- así lo exigía. No de otro modo podría realizarse esa labor de naturaleza esencialmente civil cuyos destinatarios son los millones de iraquíes que pasan por las penurias derivadas de la dictadura y de la contienda. El atentado no fue, por ello, un acto legítimo de guerra. No puede justificarse en la agresión precedente desplegada por los ejércitos de Estados Unidos y de Gran Bretaña sobre el régimen de Sadam. No debe ser «comprendido», aún en la condena de sus letales consecuencias, en función de las circunstancias, como desde la izquierda aflora en España. No, pues si matar a un hombre es sólo matar a un hombre, este acto terrorista, como tantos otros, se produzcan en la cercanía de nuestros hogares o en la lejanía de países ignotos, es en esencia rechazable, resulta moralmente inaceptable y debe repudiarse de una manera radical.

Para el ciudadano corriente, estas exigencias son más bien de carácter ético y se expresan en la intimidad de su pensamiento, aún cuando puedan proyectarse en la formación de la opinión colectiva o en la orientación del voto. Pero para los hombres públicos, van más allá del ámbito personal y deben encontrar una materialización real en su acción política, sea ésta de gobierno o de oposición. La impugnación del terrorismo se torna así en compromiso para buscar los procedimientos que, sin merma de los derechos individuales y sin deterioro del marco de libertades democráticas, pudieran resultar más adecuados para combatirlo.

El atentado de Bagdad, como lo hiciera hace pocos meses el de Casablanca, ha evidenciado otra vez que, más allá de nuestro ámbito doméstico, el terrorismo constituye una amenaza de carácter internacional a la que no se sustrae España. Recientemente, el World Markets Research Center, en su informe sobre el «Índice de Terrorismo Mundial 2003-2004», sitúa a nuestro país dentro del quintil que agrupa a las naciones con mayor riesgo de sufrir atentados terroristas; y ello, no sólo por la existencia de ETA, sino por la eventual acción de grupos islamistas vinculados a Al Qaida. No puede olvidarse a este respecto que, ya desde hace bastantes años, España ha sido escenario de las actividades de este tipo de organizaciones armadas. Y, por ello, entre los objetivos de la política antiterrorista ha de contemplarse, con la prioridad necesaria, la lucha contra el terrorismo internacional.

La adopción de un propósito de este tipo no sólo se expresa en el ámbito de la seguridad interior, sino que debe influir sobre el diseño de la política internacional y de la política de defensa. Y, en este terreno, no cabe, como parece desprenderse del discurso explicitado por el Partido Socialista -y, con mayor claridad, por Izquierda Unida-, una discreta retirada o una cierta voluntad de pasar inadvertidos, en la confianza de que, a través del paraguas de la OTAN o de la acción diplomática europea, podrá eludirse lo principal del riesgo -lográndose así, además, contentar a una opinión pública como la española, tradicionalmente pacifista y más bien poco interesada en los asuntos exteriores-. Dicho de otra manera, no es posible ser, como solemos decir los economistas, «un pasajero gratuito», un gorrón que viaja en al autobús de la defensa conjunta de los países occidentales. Y no es posible porque, como se ha evidenciado en los estudios teóricos y empíricos de la economía de las alianzas militares, existe una relación estrecha entre la naturaleza de las amenazas y la de las estrategias defensivas que determina, en ciertos casos, la exclusión de los gorrones. Uno de esos casos es, precisamente, el del terrorismo. Para luchar contra él, la actuación individual de cada país es demasiado costosa e ineficiente, en tanto que la cooperación internacional conduce a ganancias apreciables en lo que a la asignación de recursos se refiere.

Esto es lo que parece haber comprendido el gobierno cuando, en los últimos meses, ha propugnado un compromiso creciente de España en cuanto a su participación en acciones internacionales de defensa, así como con el anuncio de un posible incremento del presupuesto de las Fuerzas Armadas. Pero tal comprensión no ha estado suficientemente acompañada de un discurso explicativo de sus opciones, capaz de orientar a los ciudadanos en este terreno y susceptible de discusión racional entre las fuerzas políticas para modelar sus detalles. Es esta una tarea necesaria para sacar el debate sobre la política exterior y de defensa españolas de los planteamientos anclados en las viejas ideas del período de la guerra fría que, sorprendentemente, tanto gustan a la izquierda, y, definitivamente, insertarlo en las exigencias del mundo actual.

Feliz aniversario
Editorial ABC 27 Agosto 2003

CUMPLIDO el primer año de la suspensión cautelar de Batasuna, dictada por el juez Garzón en el curso de sus investigaciones sobre las tramas de ETA, pueden valorarse con mejor perspectiva las razones de aquella decisión. Su adopción se produjo el mismo día en que el Congreso encomendaba al Gobierno la presentación de una demanda al amparo de la Ley de Partidos, con la que, finalmente y junto a la interpuesta por la Fiscalía General, el Tribunal Supremo dispuso de pruebas suficientes para acordar la disolución de Batasuna y demás grupos proetarras.

La suspensión cautelar marcó el punto de inflexión en dos actitudes tradicionales, una jurídica y otra política, sobre el nacionalismo radical y violento. Jurídicamente supuso la adopción de un concepto penal de terrorismo ajustado a la realidad de ETA. La acción violenta, el atentado, ya no era la única manifestación de la actividad terrorista, sino una más de un complejo orgánico mucho más sofisticado, que comprendía la financiación, la propaganda, la movilización social, el control de los presos, la infraestructura internacional y la actividad política. Se ha tardado demasiado tiempo en entender la versatilidad del entramado etarra, beneficiado por el efecto reduccionista del término «terrorismo» y por los remilgos doctrinarios imperantes en sectores judiciales y jurídicos a la hora de ampliar la definición penal de actividad terrorista a actos no estrictamente violentos. Los autos de Garzón y de la Sala de lo Penal de la Audiencia repararon esta mutilación del Estado de Derecho y mostraron la imagen real de unos partidos -HB, EH, Batasuna- creados como instrumentos al servicio de ETA y que debían ser expulsados de la legalidad. Lo más importante es que a este resultado se ha llegado con una arquitectura legal y judicial que cuenta con un amplio respaldo social y que está superando sin problemas los filtros constitucionales.

DESDE el punto de vista político, la suspensión cautelar de Batasuna puso en evidencia algunas falsedades sobre las que discurría la vida política en el País Vasco. No todas las ideas eran legítimas ni existía un «conflicto político» que justificara el apoyo a la violencia. Esta corrección moral y jurídica hizo que la deslegalización de los grupos proetarras no haya producido ningún efecto devastador (ayer apenas unos centenares de personas asistieron a las manifestaciones ilegales batasunas) ni haya traído «sombrías consecuencias». Salvo, claro, para ETA y la nómina de cómplices a sueldo de los fondos públicos, a quienes se les hizo evidente la fortaleza de un Estado que ya no contemporiza. Frente a este cuadro de evidencias, sólo está fallando el nacionalismo gobernante. Batasuna quedó al descubierto como lo que era (una prolongación de ETA), pero el PNV y el Gobierno de Ibarretxe no asumieron la decisión judicial como un avance en la lucha antiterrorista, sino como una agresión contra el nacionalismo. Por ello, el PNV hizo todo lo que pudo para salvar a Batasuna de la criminalización que merecía. El Ejecutivo vasco se querelló contra Garzón, Atutxa desatendió la orden de disolver al grupo parlamentario y la Consejería de Interior dilató cuanto pudo el cierre de las sedes batasunas. Para el PNV, el problema no era tanto el debilitamiento de sus socios de Estella, a los que siempre ha querido fagocitar, sino evitar el fortalecimiento del Estado y la apertura de una expectativa razonable de derrotar a ETA. Desde 1998, el PNV no ha apoyado una sola medida legislativa o política contra el terrorismo, temeroso de que sucediera lo que ya ha sucedido, que entre el Estado y ETA no haya empate sino un progreso constante de la acción antiterrorista, dentro y fuera de España.

LOS resultados de la lucha antiterrorista confirman que las decisiones judiciales tomadas y la determinación política del Gobierno y de la oposición socialista han acertado el diagnóstico y el tratamiento. La violencia callejera se ha reducido al mínimo, muchos «comandos» son desarticulados antes de que estén operativos, la cooperación internacional se extiende a países que eran guaridas etarras y los gobiernos municipales del País Vasco están libres de representantes del terrorismo. Si este balance de la lucha contra ETA es percibido por el nacionalismo como un incremento de la crispación, aparte de una inmoralidad, se debe a un análisis sólo comprensible en una escala de prioridades entre las que no se halla la derrota incondicional de la banda, sino el deseo de que el Estado esté en jaque y entrampado por el terror. Por eso, lo que el nacionalismo llama crispación es la confirmación de la mejor de las predicciones, un año después de la suspensión de Batasuna: el Estado se ha hecho más fuerte frente a ETA.

Fuera de la ley
Editorial Heraldo de Aragón 27 Agosto 2003

LA CUESTIÓN es si la democracia y la libertad deben pagar peaje a la violencia. Y cuánto, y hasta cuándo. Al año justo de la ilegalización del complejo etarra, los términos no han variado. Hay menos episodios violentos, la altanería que callejeaba apoyada en las pistolas ha bajado no poco, como el chorro de dinero obtenido de negocios legales y de las arcas públicas. Y ETA está en mayor dificultad que antes. Pero eso es, en cierto modo, irrelevante. Los jueces y el parlamento han establecido que Batasuna era parte activa de la trama terrorista y que en España no son constitucionales partidos que, independientemente de sus objetivos políticos, invoquen o apoyen la violencia -o el racismo, o la xenofobia- como método. Los hay en España que pretenden la independencia de una región, el régimen republicano o ambas cosas y se expresan sin cortapisas, desde un estatus legal que nadie pone en cuestión.

Cuando el Parlamento y la Justicia sopesan un conflicto entre derechos básicos -los de expresión y asociación- y libertades esenciales -la seguridad y la vida de las personas- han de resolver, aunque encierre dificultad, cuál ha de prevalecer en último extremo. Tras veinticinco años de democracia, plagados de dificultades que pusieron en peligro al Estado mismo, y con experiencias tan generosas como la excarcelación de todos los presos etarras, la valiosa y dramática experiencia ha servido a la razón y la propia Unión Europea -que también es una instancia moral- ha asumido como suyas las tesis de la joven democracia española. Algo que aún no han hecho el Gobierno vasco, encabezado por el PNV, ni su mayoría parlamentaria. La ilegalización de Batasuna -amparo orgánico de ETA y que no es idéntica a su electorado- no limita ninguna vía democrática. Limita a Batasuna y, por ende, a ETA. Y si hay dirigentes nacionalistas que temen más a la España de hoy que a ETA, ése es su problema.

El castigo de las urnas
Por JAIME CAMPMANY ABC 27 Agosto 2003

EL presidente de Castilla-La Mancha, José Bono (Pepe para los amigos, entre los que me cuento) suele decir cosas sensatas, deporte no demasiado practicado por muchos de sus compañeros de partido. Así les va. Pepe Bono dijo aquella sensatez, tan sagaz y tan oportuna, de que el socialismo haría bien en intentar pescar en los caladeros de la derecha, y es que se ve muy claro que allí, según se navega en la política, virando un poco hacia la derecha, hay más bancos de votos que de sardinas en el Golfo de Vizcaya.

No sólo es que la cúpula socialista (mi suegra los llama la «cópula») no le hizo caso a Bono, sino que los sociatas vascos se fueron a faenar a los caladeros nacionalistas y los catalanes se remontaron a los caladeros medievales, cuando hasta los peces, para nadar por el Mediterráneo, necesitaban llevar en el lomo las barras de la Corona de Aragón. O sea, el Estado asociado y la región europea franco-española. Los vascos, con tal de no ir de acuerdo con el PP, caen en el aplauso de Arzalluz, que suena como un tableteo de tiros en la nuca. Y lo de Pasqual Maragall I y su Corona de Aragón a un lado y a otro de los Pirineos, no es que sea una utopía y una extravagancia, que lo es, sino sobre todo es una gilipollez. Y como hay metidas en ese saco dos regiones francesas, se puede decir incluso, en homenaje a Tip, que es una gilipolluá.

Ahora, Pepe Bono ha hecho sonar la alarma y ha dado un aviso muy razonable a sus correligionarios catalanes. Ha pronosticado que las urnas castigarán estas veleidades que se trae Maragall con el concepto de España, el modelo de Estado y la resurrección de la Historia. Entre López en Vasconia y Maragall en Cataluña han armado un zipizape histórico-político-estatutario-electoral-separatista donde ya nadie sabe quién es el otro, y donde ninguno acierta a reconocer si es de los suyos o de los de más allá. De pronto, los votantes socialistas se han encontrado con un socialismo nacionalista, y es lo que dice Bono: que las bases no perdonan a ningún socialista, ni a Maragall ni a Pablo Iglesias, que cambie de chaqueta.

Todas esas conclusiones a las que llega Pepe Bono quizá sean fáciles de alcanzar, pero son difíciles de decir para quien las ha dicho, pues, aunque luego Bono echa bálsamo sobre las heridas que abre, suponen una crítica muy dura a los de la «cópula», que han rendido las banderas clásicas del socialismo ante el inconsciente nacionalismo de vascos y catalanes y han quedado ante los demás españoles con el rabel a la intemperie. Bien es verdad que en esas críticas no está solo Bono, y que el primer hachazo en la selva para abrir camino lo pegó una mujer. Y ahí están las palabras de Cristina Alberdi, que todavía esperan una respuesta a su petición de celebrar un Congreso extraordinario para que el Partido Socialista aclare de una vez el modelo de Estado que defiende. Hasta ahora lo único que le han respondido es que lo que dice lo dice a título personal. ¿Y cómo lo iba a decir, a título de portavoz de la Internacional Socialista o de la Unión Europea? Y es que yo creo que la «cópula» da gatillazos.

Cobarde
Román Cendoya La Razón 27 Agosto 2003

Zapatero ni entiende ni sabe lo que dice la Constitución. Parece que con el diccionario le sucede lo mismo cuando busca un adjetivo para descalificar al presidente del Gobierno. Si algo no es Aznar es cobarde. Ni en lo personal, ni en lo político. En lo personal lo demostró el día que sufrió su brutal atentado. Jamás un cobarde se baja de su reventado coche como lo hizo Aznar. En lo político, mantener su firme posición ante la Guerra de Iraq y el problema disgregador de España será cualquier cosa, menos una actitud propia de un cobarde. Si alguien no puede utilizar ese adjetivo en España es José Luis Rodríguez Zapatero, también conocido como Bambi. No tiene legitimidad para descalificar así quien desde su debilidad avala y ampara la enajenación de Maragall, quien no cesó a su portavoz que manipuló documentos para mentir en el Parlamento y quien es incapaz de que le obedezcan los concejales de su partido de cualquier sitio como Tafalla y Marbella. No puede llamar cobarde a Aznar un Bambi que baila al son del Tambor (gracias Disney) que le tocan desde Cataluña, Euskadi, la SER, Andalucía, El País o cualquiera que pase por allí. Ojalá Zapatero fuera la mitad de «cobarde» que Aznar. Qué bueno sería para España.

Déficit democrático vasco
Editorial El Ideal Gallego 27 Agosto 2003

Ayer se cumplió el primer año de la ilegalización de Batasuna. 365 días de normalización y en los que, además, se ha conseguido la salida de los proetarras de los ayuntamientos gracias a que no se pudieron presentar a los comicios locales. Sin embargo, no todo fue bueno a lo largo de estos doce meses. De un lado, está el espectáculo montado por el Parlamento vasco, con su presidente a la cabeza, que, en un claro pulso al Poder Judicial, se ha negado hasta el momento a la disolución del grupo que encabeza Otegi, convirtiendo a la cámara de Vitoria en una especie de circo al servicio de los terroristas y su brazo político. Del otro, la permisividad de la Ertzaintza, que por órdenes de sus superiores, sigue consintiendo que los abertzales sean los dueños de la calle, organizando concentraciones y manifestaciones cada vez que les viene en gana y sin que nadie se lo impida. Esto fue lo que sucedió ayer. Grupos de radicales pudieron corear sus consignas sin que nadie hiciera nada por evitarlo, lo que demuestra que en Euskadi aún hay un claro déficit democrático.

Las «cosas» de Maragall
Editorial La Razón 27 Agosto 2003

Habrá que esperar al próximo cónclave del PSOE, al Consejo Territorial que se celebrará el domingo en Santillana del Mar, para encontrar una concreción en la confusa propuesta de Pascual Maragall de conformar una «eurorregión» con los antiguos territorios de la Corona de Aragón y parte del sur de Francia. En principio, las explicaciones dadas por el político catalán hacen pensar en un proyecto de carácter netamente económico de integraciones regionales, previsto por la Unión Europea desde hace muchos años, por el que se atraerían inversiones comunitarias. Una «eurorregión» como la que ya existe, por ejemplo, entre Galicia y el norte de Portugal, a través de acuerdos interfronterizos específicos y sin que para ello haya sido preciso reeditar el reino de los suevos.

De ahí que haya que pensar en clave electoral para entender que Maragall venda una propuesta en nada extraordinaria y de difícil articulación, ya que las prioridades inversoras francesas no coinciden con las españolas, como demuestran las reticencias galas al desarrollo de las comunicaciones transpirenaicas, bajo los ropajes del viejo pancatalanismo.

La experiencia nos dice que los resultados electorales del Partido Socialista de Cataluña tienen un comportamiento muy desigual según se trate de elecciones nacionales o municipales y autonómicas. Se suele atribuir a la alta abstención de un sector de la sociedad catalana el descenso del voto socialista en las convocatorias autonómicas. Es un sector amplio de origen inmigrante, no nacionalista, que no se considera concernido por esa llamada a las urnas y que, sin embargo, sí acude a votar en las demás ocasiones. Parecería lógico que Pascual Maragall hubiera centrado sus esfuerzos en la movilización de esos votantes en lugar de entrar en la batalla planteada por el candidato convergente, Artur Mas, que ha centrado la campaña en el terreno nacionalista proponiendo la reforma del Estatuto de Autonomía. Y parecería más lógico si pensamos que ya existe en Cataluña una oferta nacionalista de izquierdas que, además, está en un momento de expansión.

Pero aun si la apuesta de Maragall diera resultado, ya que no hay que desdeñar el desgaste sufrido por Convergencia i Unió después de largos años de gobierno, el discurso de la «Corona de Aragón», que no es más que la reedición con nueva semántica del de los «Países Catalanes», no es algo que vaya, precisamente, a favorecer a José Luis Rodríguez Zapatero en las próximas elecciones generales. Ni la Comunidad Valenciana, ni Baleares, ni mucho menos Aragón, se sienten cómodos en la idea de un eje mediterráneo centralizado desde Barcelona.
Habrá, pues, que esperar al Consejo Territorial socialista para saber cuál es el modelo de Estado que plantea el PSOE. Porque la última intervención de Zapatero, afirmando que su modelo es «el de la modernización de España», no nos lo aclara nada.

A la deriva
Miguel Ángel Rodríguez La Razón 27 Agosto 2003

Ahí tienen el mapa de la nueva Cataluña. Éste es el nuevo mapa de España, según el PSOE de Rodríguez Zapatero. Flaco favor a la historia socialista. El PSOE está a la deriva y no hay modo de entender por qué han tomado la decisión de hacer de España un cúmulo de propuestas locales. Quizás Cristina Alberdi tiene razón en que en el partido hace falta un Congreso en que se diseñe una idea de España. Maragall rompe los esquemas y no se sabe si ha estudiado a quién favorece este error. En las últimas elecciones municipales, con una campaña bajo este mensaje regionalista, fueron beneficiados los votos de Esquerra Republicana de Catalunya y el PSOE perdió cinco concejales en Barcelona ¿Ésta es la fuerza que quiere Zapatero? Es incomprensible que el PSOE haya decidido que el debate nacional se instale en este disparate a siete meses de las generales, salvo que hayan dado ya por perdida esa batalla y crean que los votantes de ERC se pasarán a Maragall porque pide más nacionalismo que ellos. Más bien parece que, para pedir lo mismo, los votantes nacionalistas preferirán una subida del radicalismo de ERC que el nosesabebien del PSC. Pero el PSOE está a la deriva y nadie tiene un manual de calidad que dé el alto a los despropósitos: si usted tiene una idea rara, afíliese al PSOE y dígala. Le darán publicidad.

Los borradores de Ibarretxe
Por MANUEL MARÍA URIARTE ZULUETA. Senador del PP por Álava ABC 27 Agosto 2003

El 27 de septiembre del año pasado, el lendakari presentó ante el parlamento vasco un documento sin nombre, al que, en la última de sus 44 páginas, calificaba simplemente como «un instrumento para la convivencia». Había que leer atentamente la página 38 para descubrir que se intentaba crear «una nación o una región asociada» al Estado Español, que no se sabía exactamente en qué iba a consistir. En todo caso, se trataba de una fórmula transitoria, porque la meta final podía y debía ser la independencia del País Vasco, según se apresuró a dejar claro el señor Arzallus. Aún así, para calmar posibles impaciencias, Ibarretxe se comprometió a presentar un «borrador de texto articulado», en el improrrogable plazo de 12 meses (página 42). Pero texto articulado ¿de qué?

El lendakari ha mantenido su promesa y el 23 de julio, a punto de cumplirse 10 meses del plazo señalado, se ha publicado el primer «borrador de texto articulado». No se sabe si este documento ha sido descubierto por la prensa, o filtrado por el propio Gobierno vasco, como parece probable, aunque la Lehendakaritza haya tratado de quitarle importancia, hablando de otros 7 borradores sobre los que se está trabajando. Una forma de trabajar que sería infantil, si no pretendiera ser maquiavélica. Tal vez Batasuna, que ha recibido las primeras confidencias del lendakari acerca del borrador, podría ilustrarnos sobre este tema.

El ministro de Justicia ha declarado que el Plan Ibarretxe «no es nada», que es «como poner una caja de zapatos en los colegios electorales» y que, si es necesario, el resultado será impugnado por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional. Esta afirmación ha levantado las iras del diputado, y al parecer autor del proyecto, Sr. Olabarría quien, con la finura jurídica que le caracteriza, ha manifestado que la opinión del señor Michavila «es una melonada». Y sin embargo, nada más cierto que lo afirmado por el ministro. Si el proyecto no llega a impugnarse, no será porque no incurra en múltiples inconstitucionalidades, sino porque ni siquiera sea una norma jurídica.

El estatuto proyectado no es el de una Comunidad Autónoma, sino el de una «Comunidad libre asociada». A pesar de ello, el nuevo Estatuto deroga el vigente del País Vasco, de 18 de Diciembre de 1.979 (Disposición derogatoria del proyecto). Para que se produzca ese efecto derogatorio habrá que cumplir lo dispuesto para estos casos en el artículo 46 del Estatuto vigente, y así lo reconocía el documento del año pasado (páginas 39 y 41), aunque en la página 43 establecía una tramitación que rompía totalmente con el actual estatuto. Basta señalar que se dejaba en el tintero el pequeño detalle de que el nuevo Estatuto tenía que ser aprobado por las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica (artículo 46.1.c). El borrador intenta resolver alguna de estas contradicciones. Por una parte, su artículo 69 prescinde totalmente del 46 del Estatuto vasco, y por otra se mantiene la intervención de las Cortes Generales, pero como una posibilidad de la que se podría prescindir, si no se consiguiera la conformidad de las Cortes «en el plazo previsto». Previsto ¿por quién? Es evidente que los requisitos para la derogación de una norma jurídica no pueden quedar al arbitrio de quienes pretendan derogarla.

Hay dos puntos esenciales en los que la claridad o la desvergüenza del borrador nos liberan por lo menos de muchas ambigüedades.

El primero es la posición del nuevo texto en el ordenamiento constitucional español. ¿ Va a modificar, mediante un sistema de excepciones para el País Vasco, las normas generales de nuestra Constitución? El informe de Ibarretxe parecía suponerlo, ya que en su página 41 hablaba de la aplicación de las normas sobre reforma constitucional, sin entrar en mayores detalles. El borrador no menciona para nada esta reforma, a pesar de que ha sacado a la luz muchas de las contradicciones que aparecían latentes en el texto del año pasado. El proyecto dispone expresamente que determinados artículos de la Constitución, entre ellos el 155, no se aplicarán en lo sucesivo al País Vasco (Arts. 3.2, 66.2 y 68.5). El reparto de competencias entre el Estado y la Comunidad libre asociada no tiene nada que ver con lo que disponen los artículos 148 y 149 de la Constitución. Por ejemplo, se priva al Estado de toda competencia en materia de terrorismo en el territorio vasco( Art. 37, en relación con el 50.2 del Proyecto). ¿ Puede alguien, medianamente sensato, pensar que las Comunidades Autónomas contiguas al País Vasco van a renunciar a la protección del Estado en esta materia, o que va a consentirlo la Unión Europea? Un disparate como este no se había propuesto nunca, por lo menos desde que, a mediados del siglo XVIII, el jesuita Padre Larramendi planteaba la incorporación de Guipúzcoa al Imperio Otomano, como medio para rebajar el precio del tabaco.

Pero la gran ventaja del borrador es que, por fin, deja claro cuál va a ser nuestro futuro, que hasta ahora teníamos que deducir de las puntualizaciones de Xavier Arzallus. Estaremos asociados con el Estado español mientras nos sea necesario para estar en Europa. Si algún día, si algún bendito día, dirían probablemente los redactores del borrador, podemos seguir en Europa sin contar con España, ese mismo día nos largaremos a gozar de nuestra bien ganada independencia y retornaremos tal vez al Neolítico, que tanto gusta a alguno de nuestros burukides. Así resulta del artículo 2.4 del borrador.

El proyecto exige una reforma expresa de la Constitución, que no puede eludirse mediante una invocación genérica de los derechos históricos, y esa reforma afecta a su artículo 2, ya que compromete la «unidad de la Nación Española». Por lo tanto, solo puede hacerse con arreglo al artículo 168, y no al 167 de la Constitución, pasando por el trámite de la disolución anticipada de las Cortes.

¿Más difícil todavía? Pues claro que sí. No hay problema, por intrincado que sea, al que no estén deseosos de enfrentarse los autores de este borrador, por lo menos en esta primera versión, cuyo parecido con la realidad tal vez sea pura coincidencia. El artículo 5.2 regula la agregación a Euskadi de los enclaves situados dentro de su territorio, o sea básicamente Treviño. Para ello trata de modificar dos Estatutos vigentes, el artículo 8 del Estatuto de Autonomía del País Vasco y la Disposición Transitoria Séptima del de Castilla y León, de 25 de febrero de 1.983. Esta Disposición representa un serio obstáculo para la incorporación de Treviño a Álava, ya que exige el informe favorable de la provincia de Burgos y de la Comunidad de Castilla y León pero, ni estos obstáculos son insalvables, ni la solución puede consistir en utilizar el Estatuto vasco para modificar otros Estatutos. ¿ Qué diríamos nosotros si los castellano-leoneses pretendieran modificar el Estatuto de Gernika? Con estos aliados tan entusiastas que nos han salido de repente, los alaveses no vamos a tener necesidad de otros competidores y tal vez tengamos que resignarnos a ver a Treviño fuera de Álava durante otros 500 años.

Incomprensible
Editorial El Correo 27 Agosto 2003

Las convocatorias con las que los dirigentes de Batasuna quisieron protestar por la suspensión judicial de las actividades de dicho partido, hace ahora un año, dieron lugar a una ínfima movilización de sus bases y a una actuación contradictoria por parte del Departamento de Interior del Gobierno vasco. El hecho de que prohibiera la cita de Vitoria -la única que fue notificada a dicha Consejería- y tolerara las concentraciones de Bilbao y San Sebastián, invitando a los participantes a situarse a una cierta distancia de sus antiguas sedes, jalona una trayectoria de actuaciones administrativas e institucionales incomprensible. Dicha trayectoria sólo puede explicarse por la coexistencia en el seno del Gobierno Ibarretxe de distintas posiciones políticas en relación a la actitud a mantener hacia la formación ilegalizada o, lo que sería peor, porque el nacionalismo gobernante alberga el propósito de alimentar la confusión general respecto al problema.

En cualquier caso, todo indica que el Departamento que dirige Javier Balza varía de posición ante cada convocatoria rebuscando argumentos que en realidad contribuyen a subrayar la errática orientación de sus actuaciones. En esta ocasión, a pesar de la polémica precedente, la Consejería de Interior ni siquiera se ha sentido obligada a dar cuenta pública y oficial de las razones que le llevaron ayer a impedir una y permitir las otras dos concentraciones convocadas en las capitales vascas. Es probable que sus responsables hayan acordado sortear cada nuevo reto planteado por la iniciativa radical con una actitud en apariencia flexible y cambiante. Pero en realidad están entrampándose en el enredo dispuesto por quienes han hecho de la burla a las instituciones y del fraude a la legalidad una de sus tácticas favoritas para tratar de horadar los fundamentos de la democracia y aprovecharse de la confusión resultante.

Libre y asociado
Aurelio Sáenz de Buruaga/Vitoria-Gasteiz Cartas al Director El Correo 27 Agosto 2003

¿A qué libertad se refiere el PNV en su Plan? ¿Con quién pretende asociarse? Todo ciudadano vasco que no comulga con las tesis independentistas y lo exprese, sin duda, está condenado a vivir sin libertad y se incorporará a la lista de los amenazados, perseguidos, extorsionados e incluso asesinados. La libertad exigida por los acosados y deseada por la mayoría de los vascos, ¿es la libertad a la que se refiere el plan Ibarretxe , Arzalluz, etc? Si consideran que este pueblo no es libre mientras tenga que acatar leyes o mandatos de fuera de Euskadi (España), ¿por qué son tan dóciles al acatar las leyes de Europa? ¿No será verdad lo que dice el socialista Bono de que los independentistas creen que comiendo en mesa aparte comerán más? Tras todo el Plan, ¿no estará la más detestable insolidaridad con los pueblos más pobres de España?

Señor Arzalluz, ¿cómo es posible que afirmara no hace mucho que una Euskadi independiente se tendría que dedicar a plantar berzas y ahora diga todo lo contrario? ¿Qué anclaje tiene su Plan en la futura Constitución Europea? ¿A qué estado pretende asociarse para no perder el tren de pertenencia a la UE? ¿Tendrá el valor de asociarse a las enemigas y malditas España o Francia? ¿No será mejor asociarnos a estados de alta renta per cápita como Luxemburgo? Si la pérdida de libertad proviene de tener que acatar normas o leyes que no nos gustan, ¿cuántos nacionalistas como los señores Arregui o Cuerda estarán perdiendo su libertad siendo obligados a caminar por el camino hacia la segregación? ¿Cuando tendremos los vascos debates en televisión sobre el polémico Plan?

Denuncian la «connivencia» entre el Ejecutivo vasco y Batasuna
ABC 27 Agosto 2003

El PSE critica la «actitud hipócrita» del Departamento del Interior que, por una parte, quiere aparentar firmeza y, por otra, permite a los proetarras concentrarse

BILBAO. Tanto el PP como el PSE criticaron la actitud del Departamento del Interior que, una vez más, ha permitido que Batasuna celebre actos públicos, pese a estar ilegalizada.

Así, el portavoz del PP del País Vasco, Leopoldo Barreda, tras destacar la «limitada capacidad de convocatoria de ETA-Batasuna», denunció «la connivencia o el chalaneo» entre el Ejecutivo vasco y los proetarras. En este sentido, lamentó que «los portavoces de ETA-Batasuna, de una banda terrorista, pudieran lanzar mensajes y celebrar el acto previsto en las proximidades del lugar de convocatoria». En su opinión, «el traslado del lugar no justifica la actuación del Departamento de Interior», porque «seguimos entendiendo que ha habido un chalaneo, un compadreo, una reiteración de la conducta que está caracterizando» a la Consejería que dirige Javier Balza.

En similares términos se expresó el PSE, que calificó de «hipócrita» la actitud el Departamento del Interior. «Con esta actitud, el Gobierno vasco sigue con su estrategia de dar una de cal y otra de arena al mundo radical. Por un lado, se muestra como el más firme defensor de la legalidad y, por otro, concede el suficiente margen para que Batasuna y sus acólitos realicen sus actividades», afirmó un portavoz de los socialistas vascos.

En su opinión, es evidente que «no hay una voluntad clara y decidida» por parte del Ejecutivo de Ibarretxe y del PNV «de impedir las actividades de una organización suspendida por formar parte del entramado de una banda terrorista».

«Aquí, nadie está hablando de conculcar derechos de manifestación o de libertad de expresión, sino de impedir que haya en democracia grupos políticos que se amparen en la legalidad democrática para dar cobertura al terrorismo», añadió este portavoz del PSE.

El PNV, a favor de los proetarras
Por el contrario, el presidente del PNV de Guipúzoa, Juan María Juaristi, dijo que la Ertzaintza actuó «con acierto», ya que «la ilegalización de facto» de Batasuna «es una vulneración de los derechos básicos de reunión, manifestación y expresión llevada a cabo sin pruebas». Por ello, se congratuló de que los batasunos puedan manifestarse contra el «atropello sistemático» de los «poderes jurídico-políticos».

El sueño de Pascual I
La propuesta de Maragall ha caído como una bomba en su partido y ha abierto un duro enfrentamiento con el PP
Crear una euro-región a partir de la Corona de Aragón, añadiendo a ésta parte del sur de Francia. Esta propuesta lanzada por el líder del PSC, Pascual Maragall, ha levantado ampollas dentro y fuera de su partido. El PSOE, dividido entre los que le apoyan e imitan y los que hasta proponen «reírse» de semejante propuesta, se halla enfrascado en una discusión casi sin precedentes. El PP, ajeno a la pelea interna del PSOE por la cuestión territorial, ha aprovechado la situación para abrir otro frente de lucha con el partido de Zapatero, quien se ha enfrentado al mismo presidente del Gobierno con tal de defender a su candidato catalán, en un debate tenso y duro como pocos se habían vivido entre ambos líderes.
D. Mazón - Madrid.- La Razón 27 Agosto 2003


Ha conseguido que sólo se hable de él, ha eclipsado momentáneamente el Plan Ibarreche y ha exaltado los ánimos de los suyos y de los otros hasta límites poco usuales. Nostálgico o estratega feroz, loco o guerrero, Pascual Maragall, desde el condado de Barcelona y con su sueño de una euro- región basada en el medieval Reino de Aragón, ha logrado que desde el País Vasco hasta Sevilla, desde las Islas Baleares a Extremadura, todos desenvainen las espadas y se lancen a una batalla encarnizada que sobrepasa los límites de Cataluña. A pocos meses de las elecciones catalanas, la bomba lanzada por Maragall ha abierto heridas en sus filas y en las de los otros, que inmediatamente se han lanzado al contraataque, aprovechando un PSOE herido que trata de cerrar filas en torno al candidato catalán mientras se defiende de los ataques del PP como puede.

Cataluña, Aragón, Valencia y Baleares en España; el Rosellón y los pirineos medios en Francia. Así es la ansiada euro- región con la que sueña Maragall. Del medieval Reino de Aragón elimina Cerdeña, Sicilia y el Reino de Nápoles, pero mantiene la esencia, la parte española. Desde las Islas Baleares y desde Valencia, feudos populares, ya han preparado sus levas, y han advertido a Maragall que por allí no se acerque, que no cuente con ellos para «refundar» la Corona. En Aragón, territorio socialista, silencio total. Y fuera del antiguo reino, las defensas armadas, las lanzas cruzadas y la división de los hermanos socialistas.

Los dos bandos del PSOE
Mientras la Ejecutiva federal intenta minimizar el escándalo provocado y arropar al candidato catalán, otros socialistas no se muestran tan conformes con la propuesta. La ex ministra Cristina Alberdi, que la consideró «ridícula», ha clamado para que se reúna la cúpula del partido en un congreso extraordinario que respalde o rechace la propuesta. A su lado se ha alineado la corriente más crítica del socialismo vasco, y especialmente Gotzone Mora, que respaldó a Alberdi, mientras Redondo Terreros aseguraba que ante semejante plan sólo cabía «reírse». Pero no es gracia lo que le ha hecho al presidente de Castilla La-Mancha, José Bono, que como «barón» del partido ha lanzado un mensaje a Maragall: «el electorado socialista no le consentirá que actúe como nacionalista».

En el otro bando, el alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, que deseó que hubiera un plan semejante para el País Vasco. Manuel Chaves, ante el «atrevimiento» de Maragall, pidió un nuevo Estatuto para Andalucía y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que desde su feudo extremeño permanecía en silencio, apoyó ayer, a través de su portavoz en la Junta extremeña, el proyecto de su compañero de partido en Cataluña.

El PP, al ataque
División servida en el seno socialista, el PP no ha dudado en atacar a Maragall, acercándole al Plan Ibarreche y calificándole de «riesgo para Cataluña», preparando el terreno para que el presidente, en la apertura del curso político, diera un repaso al candidato y al Partido Socialista. Y así fue, desde Menorca, Aznar, antes de partir de uno de los antiguos territorios de la Corona de Aragón, criticó que el líder del PSC interpretara la Constitución como «de usar y tirar». Y lanzada la flecha contra el líder catalán, a por Zapatero. «Este PSOE camina a toda marcha hacia la inconsistencia política, hacia la irrelevancia política de quienes no tienen ninguna posición política propia, sino tan sólo ambición de poder».

Y Zapatero, a escena, abrigando bajo sus alas de secretario general a su hombre en Cataluña y enseñando las garras al presidente del Gobierno. La reacción de Aznar, dice, «es de lo más rancia e ignorante del mundo en que vivimos».

Con estas declaraciones de ambos, se inicia la batalla entre los dos grandes líderes. Y mientras tanto, Izquierda Unida, ajena al tumulto entre los dos partidos y a las divisiones internas del PSOE, ve con «normalidad democrática» el proyecto Maragall, que según Llamazares, responde a las necesidades de Cataluña y al nuevo modelo de Estado soñado por la izquierda de nuestro país.

Y mientras tanto, una vez lanzada la bomba, Pascual I ha conseguido que nadie hable de su gran contrincante, Artur Mas, de cara a las elecciones catalanas que se avecinan. Es más, desde Convergencia i Unió han aplaudido la idea del líder del PSC, que no se aleja mucho de la planteada por ellos. Y ha conseguido que se hable de Cataluña más allá de los límites de la comunidad autónoma, y que su proyecto cope los titulares no sólo de la prensa catalana, sino de todos los periódicos de norte a sur y de este a oeste.

El gran aumento del «spanglish» en los EE UU confirmará que no es un fenómeno temporal
Una investigadora sostiene que, en contra de lo que se cree, su expansión favorece también al español
Raquel León, tutora de la UNED en Cantabria, es la autora del libro «Identidad multilingüe. El cambio de código como símbolo de la identidad en la literatura chicana» editado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Rioja (Logroño, 2003), que analiza el habla en múltiples lenguas (español, inglés, nábuatl) de la comunidad chicana en Estados Unidos y el fenómeno del «spanglish», sobre el cual prepara su tesis doctoral en la universidad riojana. La autora prevé que el «spanglish» seguirá extendiéndose en los próximos años a costa del inglés y, no, como se cree, del español.
Redacción - Santander.- La Razón 27 Agosto 2003

El «spanglish», la lengua que habla la comunidad chicana de Estados Unidos en la que se mezclan palabras de español y de inglés, continuará expandiéndose por este país en los próximos años, debido a la versatilidad sintáctica que posee. Ésta es una de las principales conclusiones del libro «Identidad multilingüe. El cambio de código como símbolo de la identidad en la literatura chicana», que ha escrito la investigadora Raquel León y que ha editado la Universidad de La Rioja. «Las lenguas tradicionales a veces restringen nuestras posibilidades lingüísticas. El spanglish , sin embargo, ha demostrado que es capaz de adaptarse a todas las novedades que estamos teniendo, principalmente en el campo tecnológico, sin por ello perder de vista la tradición», afirmó León. La investigadora no cree que el «spanglish» sea un fenómeno pasajero, como ha afirmado el director de la Real Academia Española, Víctor García de la Concha, y le augura un gran porvenir, que incluso en el futuro podría convertirle en una lengua culta.

Cada vez más extendido
«Cada vez hay más páginas en internet, programas de radio y televisión, se han hecho diccionarios, se ha intentado traducir El Quijote e incluso algunas universidades, como la de Tejas, han ofrecido cursos», aseguró. León calcula que los cuarenta millones de hispanos que existen en Estados Unidos hablan en mayor o menor medida este idioma y que lo hacen como una manera de integrarse.
Su crecimiento ¬se ha extendido con las recientes migraciones interiores por todos los estados¬ no cuenta sin embargo con el visto bueno de los anglosajones, ni de los propios responsables lingüísticos españoles. «Desde España, se piensa que el spanglish puede impedir que el español sea la segunda lengua de Estados Unidos, cuando no hace sino reforzarlo. Desde la comunidad anglosajona estadounidense, acostumbrada a imponer sus criterios al mundo, se muestra un rechazo aún más profundo, porque cree que pone en duda su poder», manifestó.

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